Introducción

Las condiciones, la cantidad y la calidad del acceso humano al agua dependen del modelo de gobernanza hídrica, y este resulta de la opción frente a la bifurcación conceptual del agua: bien común o mercancía. El antagonismo de esos caminos está relacionado con la forma ideológica de comprender la relación de la humanidad con la naturaleza.

Para los adeptos de la visión “bienes comunes”, la naturaleza, incluyendo el agua, debe ser comprendida y respetada, pues la sobrevivencia de todos los seres, principalmente los humanos, depende de la calidad de la integración de la sociedad con esta.

En otro orden, los adeptos de la visión “mercancía” consideran que la naturaleza es insumo del proceso productivo. Ello quiere decir que debe tener su utilización maximizada en la generación de riqueza y las acciones de mitigación de los impactos ambientales no pueden afectar la rentabilidad de las organizaciones. En ese caso, la naturaleza, o recurso natural, como cualquier otro recurso, debe ser agotada para maximizar el retorno del capital invertido en su obtención. Esas diferentes visiones sobre el agua son materializadas en la disputa de su gobernanza.

Históricamente, la percepción de la sociedad civil sobre la gravedad de los riesgos socioambientales de esa disputa fue perjudicada por la falsa creencia en la infinitud hídrica; es decir, la ilusión de su inmensidad, su capacidad inagotable de proveer alimentos y disolver la contaminación. Su disponibilidad para el consumo humano contradice ese credo: las reservas de agua están distribuidas de forma desigual. El 98 % corresponde a agua salada y el 2 % restante, dulce.

Al considerar que el 87 % del volumen del agua dulce están presos en los casquetes polares y glaciares y el restante está distribuido en las aguas subterráneas, en la atmósfera, en los organismos vivos y en la superficie. Así, la humanidad tiene solamente 0,26 % del total hídrico mundial accesible a su consumo con distribución geográfica desigual en las regiones del planeta (^{Dowbor, 1998}, 204).

No obstante, así como el escenario de recursos infinitos generó una ilusión que ampara el productivismo, el ideario de escasez ha sido utilizado en el último tiempo para atemorizar a la población sobre una catastrófica falta “natural” de agua que afecta al mundo. Luego del surgimiento del discurso ambiental en espacios institucionales (club de Roma, informe Brundlant, etc.), es notorio cómo el propio capital captura este discurso y comienza un trabajo de “terrorismo hídrico” en el que utiliza estos datos para afirmar que vivimos un momento de “escasez”, motivo por el cual es necesario que el agua sea considerada un bien económico para valorizarla y regular su utilización.

Se concuerda con Polanyi (2012), cuando identifica que la definición del principio de la escasez es el fundamento para que se vuelva susceptible de ser valorizado económicamente en la teoría económica neoclásica. Los datos presentados anteriormente sobre la disponibilidad de agua serían parciales si no los complementamos con el flujo constante de agua a lo largo del planeta.

Como señala Porto-Gonçalves el agua dulce disponible para los seres humanos y el resto de los seres vivos “es en gran parte, fruto de la evaporación de los mares y océanos -cerca de 505 000 km³- o sea, una capa de 1,4 metros de espesor que se evapora anualmente de los océanos y mares y que, aunque sean salados, no transmiten la sal en la evaporación” (2006, 2).

De esta forma, “el agua disponible para la vida es, por lo menos desde el retroceso de la última glaciación entre 12 000 a 18 000 años atrás, la misma desde entonces hasta nuestros días, con pequeñas variaciones” (^{Porto-Gonçalves, 2006}, 3). Por tal motivo, no existe escasez natural, lo que está en curso se trata de una “escasez” políticamente producida y económicamente conveniente (^{Machado, 2010}).

En este sentido, la gran cuestión de la gobernanza del agua es que, “excepto en las regiones del planeta en que hay una severa limitación natural, en la mayoría de los casos el problema no es la cantidad, pero sí la calidad del agua, cada vez peor debido al mal uso y la gestión inadecuada” (^{Whately, 2016}, 8).

El “agua” es un tema ambiental importante por ser esencial para la reproducción de la vida en el planeta y por su relación con los demás elementos de la Naturaleza, pues influencia y, al mismo tiempo, es influenciada por las transformaciones de esos elementos. En ese ciclo recursivo, la interacción de la humanidad con el aire, el suelo y la propia agua interfiere en la estructura ambiental yo sufre el impacto, voluntario e involuntario, de los cambios promovidos por su interacción con la naturaleza, incluyendo el agua.

La elección del camino de la bifurcación en la relación humanidad y agua definirá las condiciones de la sociedad para atender sus necesidades básicas para su reproducción. Para debatir esta cuestión, la investigación es orientada por la siguiente cuestión: “¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de la disputa Bienes Comunes x Mercancía en la gobernanza de la Agua en el siglo XXI?”

La hipótesis que se somete a análisis es la gestión del agua como mercancía proporciona un gran riesgo a toda sociedad, pues la apropiación de ese recurso por las corporaciones no considera las fronteras en la reproducción hídrica, lo cual provoca el rompimiento de su ciclo con contaminación o agotamiento de sus fuentes.

La otra opción, la apropiación social de la gobernanza del agua. Su rescate, como uno de los bienes comunes, posibilita una gestión democrática y participativa y no una respuesta del “mercado” o la administración central. Ese camino, con justicia social y responsabilidad ambiental, proporciona la esperanza de una relación perenne entre la humanidad y la riqueza hídrica por generaciones.

La hipótesis de este artículo es fundamentada por la inserción de la crisis hídrica en un conflicto socioambiental. La sociedad vive una grave crisis socioambiental, sea por los ataques a los derechos sociales conquistados, sea por las alteraciones climáticas, hídricas y de fertilidad del suelo. Se trata de cambios que colocan en riesgo la posibilidad de la Tierra de proporcionar condiciones de sustentar la vida, principalmente la humana.

El resultado social de esa crisis es el aumento dramático de concentración de renta y poder en las manos de una minoría. La ^{OXFAM (2017}, p. 2) confirma ese resultado en sus informes: 1 % de la población posee más del 50 % de la riqueza mundial, un escenario todavía más pesimista del presentado en la obra Crisis y Oportunidades de que “estamos destruyendo el planeta, para el provecho de un tercio de la población mundial” (^{Sachs, 2013}, p. 6).

Incluso, el Estado tuvo su capacidad de regulación reducida drásticamente, pues el Capital, representado por las transnacionales, tiene movilidad global más allá de los Estados nacionales. La sociedad de ese dominio es paradójica, porque al producir solamente en granos, un kilo por persona por día, hay 800 millones de personas que pasan hambre.

Ladislau Dowbor alerta de otra contradicción: la concentración de renta. Es generado, por año, un total de 70 trillones de dólares, montante del PIB mundial. Ese montante, dividido de una forma justa, proporcionaría una renta de 3600,00 dólares norteamericanos para cada familia de cuatro personas (Dowbor, 2017, p. 22). Una situación bien diferente de los números apuntados por los informes de OXFAM.

El escenario de injusticia se ha agravado con la preponderancia del sector financiero. El reino del Capital Productivo se metamorfoseo en Capital Rentista, el dios dinero se liberó de la dependencia del trabajador para multiplicarse. El consumo de mercancías perdió su influencia en las decisiones económicas, pues el dinero almacenado en cuentas bancarias genera rendimientos sin pasar por el ciclo inversión-producción-venta de productos.

El capital aprendió que, escondido en paraísos fiscales, genera dividendos sin la preocupación de contribución social, liberados del pago de impuestos. Ciertamente, fue ese el atractivo que llevó a que un tercio de la riqueza mundial esté aprisionado en paraísos fiscales, lo cual generó un rendimiento totalmente improductivo a nivel social.

Brasil ilustra el dominio de la lógica rentista. En 2017, aún con la situación económica crítica, apenas tres de los mayores bancos privados brasileños, Itaú, Bradesco y Santander, tuvieron crecimiento de 15 % al confiscar R$ 53,8 billones de los R$ 6,51 trillones producidos en el país, proyección del PIB de 2017 por la Fundación Getulio Vargas en febrero de 2018. Apenas tres instituciones se apropiaron de 1 % de toda la riqueza nacional.

Inclusive, la producción de alimentos no consigue huir del rentismo. Para el capital financiero, esos son commodities y su importancia seduce a los grandes grupos. Por eso, ese “mercado” es controlado por apenas 16 conglomerados (Dowbor, 2017, p. 56). Ese selecto grupo mundial domina el volumen de derivados de 540 trillones de dólares, bastante superior a los 70 billones de dólares producidos en bienes y servicios no mundo (Dowbor, 2017, p. 46).

Al mismo tiempo en que hay un ataque a la construcción de una sociedad que proporcione una vida digna para todas las personas y grupos, ese modelo de civilización degrada la base que sustenta la vida en la Tierra, la naturaleza, la que el capital está reducida a su papel de insumo, recurso natural y que debe ser agotada para maximizar el retorno de inversión en su captura de las “reservas naturales”.

La vinculación de la deforestación resultante de ese rastro con la dependencia de combustibles fósiles en el actual modelo económico provoca los cambios climáticos. La crisis ambiental, producida por este nuevo estado climático, aumenta el proceso de desertificación, reduce la fertilidad de los suelos y quiebra el ciclo hidro-social; es decir, se elimina la capacidad del planeta para soportar la vida, inclusive la humana. Este riesgo vuelve la transformación socioambiental urgente y fundamental.

La elite busca imponer la percepción de que esta crisis es temporal, la concentración de la riqueza es fruto del merecimiento de una minoría privilegiada y la tecnología resolverá todos los problemas generados por las crisis socioambientales. En este proceso, el principal argumento hegemónico consiste en que no hay alternativa y de que llegamos al fin de la historia.

En este escenario de crisis socioambiental, la disputa por la gobernanza hídrica es una de las controversiales arenas. Existe, por un lado, la versión defendida por las corporaciones que entiende que la naturaleza, incluso el agua, pueden ser tratadas como mercancías y ser sometidas a la lógica del mercado.

Por otro lado, están los movimientos que defienden que el agua es un bien común, así como los demás aspectos de la naturaleza. En este caso, el bien común es entendido como una riqueza compartida por una comunidad. Puede ser un barrio, una aldea o un país. El concepto de bien común será mejor explicado en los apartados sobre gobernanza de los bienes comunes.

Uno de los principios éticos importantes para la gobernanza hídrica es que todos los seres humanos deben tener su acceso en cantidad y calidad suficientes, pues “el ser humano necesita de 50 litros de agua por día para beber, cocinar y hacer su higiene” (^{Barlow, 2009}, 19). Esa disponibilidad perenne depende de la comprensión e interacción responsable de la sociedad con el ciclo de la reproducción hídrica, pues su ruptura provoca un escenario de falta de agua con baja condición de adaptación.

En este sentido, el agua como mercancía, que solo mira el lucro, no garantiza ese acceso para todos, apenas constituye un servicio para aquellos que pueden pagar. La demanda de acceso amplio al agua será conquistada y compartida democráticamente por la sociedad al ser fruto de la incorporación del agua como bien común en su cultura y la ruptura de la dependencia y el poder de las corporaciones.

Agua, reproducción hídrica

En una visión simplificada, el ciclo hídrico ocurre con la incidencia de la energía solar en la superficie del planeta. Sus aguas en los ríos, lagos y, principalmente, en los mares se calientan y parte de ellas se evaporan para formar las nubes que son desplazadas por los vientos hasta volverse lluvias y retornar para la superficie cerrando el ciclo.

El agua de lluvia al caer en el suelo fluye hasta encontrarse con los cuerpos de agua. Esta se infiltra en el suelo permeable y queda almacenada en la región porosa del suelo o son acumuladas en regiones más profundas, aguas subterráneas o acuíferos (^{Nobre, 2014}, 13). Las aguas subterráneas, así como los glaciares, tienen el importante papel de reserva hídrica, porque el agua acumulada en esas regiones en los períodos lluviosos alimenta los ríos y los lagos en los períodos secos. Así, mantiene su perennidad.

Las florestas cumplen un papel fundamental en ese ciclo. Su interacción ocurre por la transpiración, proceso por el cual los árboles retiran agua y nutrientes del suelo y los transportan por el tronco hasta las hojas. Al llegar a las hojas, esa composición propicia que estos árboles abran sus microportales (estomas) para la atmosfera provocando el intercambio del vapor de agua y gases orgánicos por el nutriente gaseoso esencial, el CO₂ (^{Nobre, 2014}, 12); la humedad transferida por un gran árbol puede llegar a más de mil litros de agua para la atmosfera en un día (Nobre, 2014, 13).

En dicho proceso es importante para los árboles, pues promueve la absorción de nutrientes importantes y mantiene su temperatura amena al proporcionarles bienestar (^{Nobre, 2014}, 12). Además, esta dinámica interfiere en las condiciones de lluvia, vientos y clima del continente, porque el bosque utiliza el aire limpio para lanzar substancias volátiles precursoras de semillas y vapor de agua “cuya eficiencia en la nucleación de nubes resulta en lluvias abundantes y benignas” (Nobre, 2014, 1).

La preservación de los bosques es vital para el ciclo de las lluvias y, consecuentemente, la reproducción del agua. ^{Nobre (2014}, 13-14) ilustra esa relevancia con el estudio publicado en el periódico Nature al afirmar que “en el proceso de transferencia de agua para la atmósfera: casi 90 % de toda el agua que llega a la atmósfera oriunda de los continentes llegó allá a través de la transpiración de las plantas, y solamente poco más de 10 % como simple evaporación sin mediación de las plantas”.

La bomba biótica es la transpiración abundante de los árboles asociada a la fuerte condensación en la formación de nubes y lluvias. Genera el rebajamiento de la presión atmosférica sobre el bosque. Esta dinámica provoca atracción del aire húmedo del océano y la seguida migración para el continente (^{Nobre, 2014}, 2). Así, la eliminación del bosque provoca la inversión del movimiento del aire húmedo, dejando la tierra árida (Nobre, 2014, 22).

El gran ejemplo brasileño de este proceso es el Amazonas, conocido como océano verde. El flujo hídrico, generado por su transpiración, ríos aéreos, fluye hacia dentro del continente, pasa por el estado de Acre en dirección al este de los Andes, abastece los glaciares y posteriormente viaja para el centro-oeste y sudeste de Brasil (^{Nobre, 2014}, 18) y lleva lluvias a las sabanas en la parte meridional del continente, Pantanal y el Chaco, regiones agrícolas en Bolivia, Paraguay y Argentina (Nobre, 2014, 10).

El volumen diario de los ríos aéreos amazónicos es de 20 billones de toneladas de agua o 20 trillones de litros. La estimación es que en 1500, ese volumen era de 25 billones. Para ilustrar la amplitud de este volumen, se le puede comparar con la cantidad de 17 billones de toneladas de agua del Río Amazonas que desemboca en el Océano Atlántico en un día (^{Nobre, 2014}, 13).

La deforestación del Amazonas provocará secuelas a todo el continente. Las consecuencias inmediatas de la deforestación son reducción drástica de la transpiración amazónica, la modificación en la dinámica de las nubes y lluvias y la prolongación de la estación seca. El agravante de este proceso es que basta la remoción de 40 % del bosque océano-verde para provocar el colapso de la actual dinámica hídrica, liquidando incluso, la parte del bosque no deforestada (^{Nobre, 2014}, 2-3).

En el caso de que ocurra el colapso amazónico, hay duda sobre su resultado: si la región amazónica se volvería sabana o desierto. En ese caso, la sabana sería un escenario menos severo por la posibilidad de lluvia y agricultura, pero la opinión de ^{Nobre (2014}, 27) es que la eliminación del bosque provocaría la desertificación del Amazonas y sequía al interior del continente, fallando las condiciones hídricas de este.

Por su relevancia para el clima y el ciclo hidrosocial¹, la histórica deforestación de la selva amazónica es preocupante. En ese sentido, la alerta de ^{Nobre (2014}, 6) debe ser orientadora de políticas públicas y acciones de la sociedad civil. Es necesario estancar la destrucción de la selva, acabar con la deforestación, la degradación selvática y el fuego ya, con todos y cualquier recursos y medios éticos posibles, en el interés de la vida. Al mismo tiempo, en vista del diagnóstico de que deforestación y degradación acumuladas se configuran en los más graves factores de daño al clima, se vuelve necesario e inevitable desarrollar un amplio esfuerzo para replantar y restaurar la selva destruida.

Para Nobre, la planificación de los sectores públicos no atiende la urgencia necesaria, la “deforestación cero, que ya era urgente hace una década, todavía es colocada como una meta a ser realizada en futuro distante. Muy diferente por tanto de los quince días usados para salvar a los bancos” (Nobre, 2014, 35).

La actual situación amazónica requiere mucha preocupación, porque la deforestación todavía persiste y está creciendo en el escenario actual, siendo 7.989 mil km² entre agosto de 2015 y julio de 2016, un aumento en relación con los 5012 km² deforestados en 2014 (^{INPE, 2016}). La expectativa es de agravamiento de este escenario: la asociación del “Arco de Fuego” y los “clústeres” de poder están cada vez más agresivos en la deforestación amazónica.

El “Arco de Fuego” es iniciado por la captura de las maderas por las madereras que “limpian la tierra” con las quemas para incorporación de los intereses de los productores y comercializadores de soja, que después de años de monocultivo agotan el suelo y lo transfieren para la pecuaria extensiva (^{Dowbor, 2015}, 24-25). Este Arco tiene como sustento el clúster político formado por, además de los propios sectores “productivos” involucrados, fuerzas hegemónicas en el Legislativo, Judicial y Ejecutivo (Dowbor, 2015, 25). Este escenario justifica la preocupación de ^{Nobre (2014}), debido a que la perspectiva creada proyecta un futuro trágico.

El modelo de relación entre la sociedad y el agua debe ser evaluado y reestructurado para garantizar la perennidad de su ciclo reproductivo, porque de este depende la continuidad de la vida en el planeta.

Relación humanidad y el agua

El agua es vital para la reproducción social. Los seres humanos la utilizan para “atender cuatro demandas: producción de alimentos (agricultura y pecuaria), generación de energía, abastecimiento de industria y el consumo de las personas” (Whathely, 2016, 38). Además de esas funciones, está también el transporte fluvial de personas y mercancías. Su uso para consumo humano está fuertemente relacionado a la salud de la humanidad con alimentación, higiene, turismo, esparcimiento y estética urbana (^{Dowbor, 2015}, 61).

El consumo del agua está influenciado por la estructura socioeconómica de cada país. La agricultura es su mayor consumidor con 85 %, mientras la industria consume 10 % deja al 5 % restante para las familias (^{Dowbor, 1998}, p. 204). Estos índices se alteran según la región, porque África y América Latina emplean respectivamente 86 % y 70 % de su consumo hídrico en la agricultura, mientras Europa y Estados Unidos apenas 32 % y 39 %. En contrapartida, la participación del consumo hídrico por las industrias se invierte: en África, el consumo es de apenas 4 % y 10 % en América Latina. Este indicador llega a 50 % en Estados Unidos y Europa (^{Whately, 2016}, 38).

El agua utilizada en los procesos productivos, industrial y agrícola, es denominada agua virtual. Se trata del volumen de agua necesaria en todas las etapas, para generar un producto, sea commodities agrícolas, industrial o cualquier otra (^{Allan, 2003}, 11). Por ejemplo: son utilizados 4 mil litros de agua para producir 1 kg de arroz y 20 mil litros para 1 kg de café (^{Dowbor, 2015}, 61).

En términos sociales, además de la generación de productos, la salud hídrica es relevante en la formación y la mantención de los empleos. Conforme el informe de 2016 UN World Water Development Report, “Water and Jobs” (UNESCO, 2016a), 78 % de los empleos mundiales dependen directamente del agua, principalmente en los segmentos alimenticio, energético y sector industrial.

Sin embargo, el desafío está en el uso doméstico del agua, porque su acceso, en la cantidad y la calidad necesarias no está disponible a todos. El embajador boliviano en la ONU, Pablo Sólon defendió el derecho al agua potable en la Asamblea General de la ONU de 2010 con el argumento que “los seres humanos son compuestos de aproximadamente dos tercios de Agua y que nuestra sangre fluye como una red de ríos para transportar nutrientes y energía a lo largo de nuestros cuerpos. Agua es vida” (^{Barlow, 2015}, 13).

El reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas ocurrió con la definición de la disponibilidad del agua potable y al saneamiento como un derecho humano en su resolución de julio de 2010 y en el documento The Equitable Access Score-card supporting policy processes to achieve the human right to water and sanitation (^{UN, 2013}, 10).

Para ^{Barlow (2015}, 16), el “agua no es un recurso colocado aquí solamente para nuestra conveniencia, placer y lucro; ella es la fuente de toda vida”. No obstante, el acceso a esta fuente no está disponible a todos, según la revista Nature, 80 % de la población humana mundial está viviendo en áreas cuyos ríos están amenazados con la extracción excesiva de los ríos y del agua subterránea; esta amenaza es exacerbada con el avance de los cambios climáticos. Esta coyuntura está provocando un proceso de desertificación, lo que puede generar centenas de millares de “refugiados ambientales” (Barlow, 2015, 25).

La perspectiva hídrica no es alentadora, porque hay proyecciones de que 70 % de la población mundial corre el riesgo de vivir sin saneamiento adecuado (^{Barlow, 2015}, 19) como consecuencia no solo de la distribución desigual de las aguas, sino también del mal uso de este bien común. Además del consumo, las “aguas” han sido repositorio de residuos industriales y domésticos (“el ser humano produce en las ciudades del mundo más de 2 millones de toneladas de excrementos, de los cuales arroja 98 % en los ríos sin tratamiento”). Los contaminantes químicos utilizados en la agricultura son otras fuentes agresivas de contaminación en los ríos (^{Dowbor, 1998}, 204-205). Las consecuencias sociales de esta contaminación son trágicas, porque “el agua contaminada es responsable por 80 % de las enfermedades y 33 % de las muertes. Cerca de 15 % de los niños nacidos mueren antes de 5 años de diarrea causada por el agua contaminada o transmitidas por saneamiento inadecuado” (Dowbor, 1998, 205).

Apropiación del agua como mercancía

La definición del agua defendida por las corporaciones es de “mercancía”, un bien de consumo como cualquier otro. La visión empresarial del agua puede ser ilustrada por la sugerencia de Willem Buiter, economista del Citibank, para que los inversionistas llevasen sus recursos a la industria del agua, debido a que su proyección es que el agua se tornará el único y más importante de los activos con base física-mercancía, superando el petróleo, cobre, commodities agrícolas y metales preciosos. Así, el agua como cualquier otra mercancía proporcionará grandes lucros a sus inversiones (^{Lubin, 2011}).

La voracidad del capital en relación con el agua es estimulada por la construcción social del escenario de escasez y por no existir substituto. Esta escasez producida es agravada por la lógica del lucro, porque mientras más raro es el bien natural más sus precios se elevan, el resultado social de esa búsqueda “irracional” de lucro es que mientras más el recurso es amenazado, “más las empresas intentan extraerlas… y su destino probable hacia la extinción” (^{Dowbor, 2015}, 25 - 26).

Esto se relaciona con el debate sobre la renta monopolista elaborada por Marx en El Capital, que Bartra retoma para pensar la cuestión de la escasez; “el capitalismo rentista gana más cuanto mayor es la rareza de lo monopolizado. A los rentistas les conviene que se profundice la escasez de bienes vitales, que ven como una “ventana de oportunidad” para los negocios” (Bartra, 2016, 187). En palabras sencillas, este razonamiento nos lleva a entender que un mundo que se construye bajo la escasez es un “mundo de rentas”. En el caso del agua, su extinción provoca dramática crisis social.

El perfil económico del agua acentúa la crisis, ya que por ser fundamental para la reproducción humana, y por carecer de sustituto, tiene el comportamiento de demanda definido como inelástica. Su demanda poco se altera con las variaciones de su “precio” (^{Sandroni, 1999}, 199). En este escenario, las grandes corporaciones, atraídas por la perspectiva de autorrendimientos buscan el dominio del mercado hídrico, formando oligopolio, o monopolio, hídrico.

Esta lógica de mercado, cuyo control económico pertenece a pocas organizaciones (oligopolio) o apenas una (monopolio), concentra más riqueza a las corporaciones hídricas a costa de la precariedad de su acceso, ya que estas poseen el poder de fijar el precio al consumidor con alto margen de lucro (^{Sandroni, 1999}, 431) y excluyen sectores sociales que no poseen condiciones de pagar por sus servicios. Esta exclusión agrava la situación social, debido a que el oligopolio o monopolio tiene como característica central la falta de alternativa de consumo para las familias (^{DOWBOR, 2015}, 39).

El dominio de las corporaciones oligopólicas, con la escasez y el agotamiento de la naturaleza es como un tren de alta velocidad en dirección al abismo. El ciclo de bombear las aguas subterráneas cada vez más profundas agota la capacidad de recomponerse del ciclo hídrico, lo que aumenta el lucro por litro de agua captado. Así, vence la lógica de que “ganará más dinero quien llegue primero y explote más” (^{Dowbor, 2015}, 63) y después de la extinción hídrica, la corporación migra para otra frontera y deja el desierto como herencia a los pobres que quedarán. La característica sistémica de ese proceso puede ser ilustrada por el testimonio del profesional de la corporación de ese mercado: “Si no somos nosotros, serán otros” (Dowbor, 2015, 62).

La furia de la apropiación de la naturaleza, incluyendo el agua, no es una cuestión de capitalista competente o perverso, si no de la reproducción de una lógica estructural. Las corporaciones son dirigidas por ejecutivos que enfrentan la paradoja: o “performan” maximizan los resultados y rendimientos de los accionistas, o tienen “vida corta en la empresa” (^{Dowbor, 2015}, 31). Para obtener estos lucros, la estrategia corporativa es tener sus metas financieras definidas por el consejo, que se forma por los representantes de los “inversionistas” y el comando de la gestión es entregada a los profesionales de las áreas de finanzas, marketing y jurídico, en una relación impersonal con los accionistas, grupo formado por fondos de inversión, bancos, entre otros “inversionistas”, cuya orientación ética es apenas la búsqueda del alto retorno de su capital en el corto plazo (Dowbor, 2015, 31).

Para soportar la presión de las métricas y mantener su fidelidad, los ejecutivos son premiados con altísimas remuneraciones: “Michael Milken recibió medio billón de dólares en un año de trabajo, vendiendo acciones de alto riesgo en Wall Street, otro ejemplo es Thomas F. Frist Jr que recibió 127 millones en 1992 para ejercer la función de director ejecutivo del Hospital Corporation of America” (^{Korten, 1996}, 129).

La justificación del ex rector de la Universidad de Harvard, Derek Bok, para este piso salarial es “para tener certeza de que colocarán los intereses de corto plazo de los accionistas encima de todos los otros intereses que ellos podrían sentirse tentados a tomar en cuenta -como los de los funcionarios, de la comunidad y hasta la viabilidad de la propia corporación a largo plazo” (^{Korten, 1996}, 279).

En contrapartida, la sociedad civil ha resistido a la apropiación del capital de este bien común. La política es la arena en que esta disputa se concretiza. El conflicto está fundado en las diferencias conceptuales en relación con el agua; por un lado, la sociedad civil defiende que el agua es un bien común fundamental para la reproducción social; por otro lado, el capital argumenta que el agua es un recurso natural que debe ser gestionado por el mercado como cualquier otra mercancía,

Los desafíos de la sociedad civil son grandes, debido a que hay un profundo desequilibrio en esta disputa, ya que los representantes del capital, principalmente las transnacionales, consiguen asociación y apoyo de los poderes multilaterales y gobiernos locales. ^{Barlow (2015}, 36) denuncia que “las grandes corporaciones transnacionales del agua mantenían posiciones-clave de influencia en las Naciones Unidas y la mayoría se oponía al derecho al agua”.

La alianza entre las transnacionales y la ONU en el Pacto Global es uno de los ejemplos de las alianzas de las corporaciones con instituciones multilaterales cercenando su fundamento social. La asociación de la ONU con organizaciones como Nestlé, Suez, Coca-Cola, Pepsi-Co, entre otras, que defienden la explotación y mercantilización del Agua es incompatible con la visión social del derecho humano al Agua defendida por la ONU (^{Barlow, 2015}, 36). La Joint Inspection Unit (JIU) alertó que esta asociación está permitiendo que “algunas grandes corporaciones están usando la marca de la ONU para beneficiar sus negocios y expandir alianzas público-privadas sin conformidad con los valores y principios de la ONU” (^{BARLOW, 2015}, 36).

El Estado y su violencia ha sido aliado valioso del capital en la disputa socioambiental en algunas ocasiones. Uno de los ejemplos es la construcción de la refinería de cobre de la compañía Nikko en la península de Saganoseki en Oita, Japón. La corporación enfrentó las manifestaciones de la población temerosa de los riesgos del humo ácido de la refinería con el auxilio del poder local: la “policía puso fin a la protesta de modo brutal, golpeando y deteniendo centenas de manifestantes”, así, la Nikko construyó su refinería y la mantiene en producción (^{Alier, 2009}, 93). Este fue apenas un ejemplo de los diversos emprendimientos que las corporaciones, asociadas al poder local imponen a la sociedad su poder hegemónico en la apropiación de los bienes comunes.

El movimiento contrahegemónico, a pesar de las diferencias de fuerzas de intervención, también está presente y ha conseguido algunas victorias. La reacción de la sociedad a la apropiación agresiva del sector privado de bienes comunes provocó la expulsión de Bechtel de Bolivia y de Coca Cola de la India (^{Dowbor, 2015}, 63).

Este movimiento es auxiliado por personalidades y políticos sensibles a las cuestiones sociales, ONGs estructuradas internacionalmente, ejemplos de estas organizaciones son Amigos del Terra, Food and Water Watch, Via Campesina, PSI - Public Services Internacional entre otros (^{Barlow, 2015}, 116) enriqueciendo el aprendizaje en la acción de estos movimientos. La definición del agua como un bien común alimenta ideológicamente el movimiento antihegemónico al ofrecerle una perspectiva de una relación deseada entre la naturaleza y la humanidad.

Gobernanza de los bienes comunes por Garret Hardin

“Bienes comunes” entró en la pauta de las discusiones socioambientales a finales de la década de 1960 con el artículo “La tragedia de los comunes” de Garret Hardin, profesor de biología de la Universidad de California. El autor partió del concepto de Malthus sobre población: “tiende a crecer geométricamente, o, como podremos ahora decir, exponencialmente” en un planeta finito provocando el constante decrecimiento de la división per cápita de los bienes del planeta (Hardin, 1968, 1.243).

La obra apunta para el agravamiento de esa dinámica. La argumentación del autor se fundamenta en que las soluciones técnicas, como agricultura de los mares o desarrollo de nuevas variedades de trigo, “no resuelven los males de la sobrepoblación”, insistiendo que la solución demográfica en un mundo finito es el crecimiento de la población, eventualmente, igual a cero (^{Hardin, 1968}, 1.243).

Además de refutar las soluciones técnicas, Hardin también difiere de la política laissez-faire para la reproducción. Así, para el autor, la teoría de Adam Smith contenida en su obra La Riqueza de las Naciones, cuya confianza en la mano invisible, todos buscando decisiones atendiendo intereses individuales promueve lo mejor para la sociedad entera, debe ser reexaminada en la cuestión demográfica y cercenar la libertad individual sobre la reproducción (Hardin, 1968, 1244).

La “alerta” de Hardin fue que la tragedia de los comunes será el resultado de la falta de intervención en la política demográfica. La palabra tragedia fue definida por el autor como “inevitabilidad del destino”. Esto es, las consecuencias naturales implacables de una situación (Hardin, 1968, 1244). Para defender esa idea, el autor utilizó algunos ejemplos y metáforas en su argumentación. La “imagen de los pastizales” ha sido la más divulgada.

^{Hardin (1968}, 1244) utilizó la imagen de un pastizal colectivo para definir la tragedia de los comunes. Para el autor, en un pasto abierto a todos, lo “natural” es que cada vaquero intente mantener la cantidad máxima de ganado en ese campo para maximizar su ganancia. En esta lógica, por un lado, hay una ganancia individual del vaquero, por otro lado, ocurre la pérdida colectiva al compartir los efectos del desgaste del pasto con el incremento de más animales. En su visión, la racionalidad induce a que la mejor decisión de cada vaquero racional aumente otros en su manada. Se agota, cada vez más, el bien común. El resultado de la persecución de su propio interés en una sociedad sin control, cuyos hombres aumentan sus “rebaños” sin límite en un mundo limitado, es la tragedia de los comunes. La conclusión de Hardin (1968, 1244) es que la libertad aplicada a los bienes comunes trae ruinas para todos.

Hay otros ejemplos en su obra para ilustrar la tragedia de los comunes, como la liberación del estacionamiento en el centro en Leominster en el período navideño y la “libertad de los océanos”. En este último ejemplo, el autor anticipó el colapso de las especies de peces por la sobreexplotación humana.

Sin embargo, su ejemplo “gestión de los parques nacionales” es representativo. ^{Hardin (1968}, 1.245) reafirma la fórmula de la tragedia prevista en la disponibilidad de la visita de los parques, limitados en extensión, a todos, creciente sin límites. En este escenario, las atracciones visitadas serán cada vez más erosionadas. Para el autor, hay tres opciones en este caso: desconsiderar los parques como bienes comunes, tornarlos como propiedad privada o mantenerlos públicos con restricción de acceso (Hardin, 1968, 1.245).

El autor defendió que la existencia de “bienes comunes” solamente es posible con la revisión de la libertad demográfica. Así, el derecho de elección de cada familia sobre el tamaño del grupo familiar debe ser negado por el Estado o renunciado por ésta (^{Hardin, 1968}, 1.248).

El artículo de Hardin es muy citado como argumento sobre la mayor eficiencia de la propiedad privada en la gestión de la tierra, Agua y otros bienes. Barlow confirma este uso ideológico: el “ensayo de Hardin se tornó un grito de guerra por la privatización de la propiedad pública”, siendo que Hardin es regularmente estudiado como parte del currículo esencial en las universidades como prueba del “fracaso de la propiedad pública” (Barlow, 2015, 74).

Para ^{Harvey (2014}, 135), esta comprensión no está correcta, porque la preocupación principal de Hardin era el crecimiento de la población como factor de destrucción de los comunes globales. Esta interpretación es confirmada por el argumento de Hardin (1968, 1248) que “los bienes comunes solo son justificables bajo condiciones de baja densidad poblacional. Como la población aumentó, los comunes deben de ser abandonados en un aspecto tras otro”. El caso de los parques nacionales explicita que la gestión privada es apenas una das opciones para los bienes comunes, la otra, sería la restricción del acceso público por el Estado o el abandono de los parques como “bienes comunes”.

La esencia de su preocupación con la cuestión demográfica en esa obra puede ser confirmada por su adhesión al pensamiento eugenésico, cuya propuesta es la “mejora” de la composición genética. El involucramiento de Hardin en el movimiento eugenésico está presente en sus otras obras, en las cuales defiende el abandono de la igualdad en relación con la procreación y el fin del apoyo humanitario a los pueblos miserables, con la afirmación que “donar alimentos y remedios para países pobres es lo mismo que dar a ellos acceso a sus botes salvavidas” y los “ricos tenían un deber de ser egoístas y negar la entrada para los pobres inclusive si ellos se ahogan” (^{Barlow, 2015}, 75).

La obra de Hardin es controvertida, porque su centralidad de la cuestión demográfica en la sobrevivencia de los bienes comunes provocó debates posteriores por otros autores. Incluso, su comprensión conceptual de bienes comunes como gratuito y accesible a todos es objeto de reflexión. En este debate, la obra de Ostrom amplía la perspectiva y presentando experiencias concretas de una nueva visión para “bienes comunes”. ^{Harvey (2014}, 136) destaca que los argumentos de Ostrom superan conceptualmente a inevitabilidad de la tragedia anunciada por Hardin.

Gobernanza de los bienes comunes por Elinor Ostrom

Ostrom, en su obra Governing the commons: The evolution of Institutions for Collective Action, retoma el concepto de Bienes Comunes de Hardin, dándole otro significado. Ostrom explicitó su divergencia en relación con Hardin en algunos pasajes de su obra. Para Ostrom y ^{Hess (2007}, 11), Hardin presenta argumentos que pueden llevar a errores de comprensión, debido a que asume que había poca o ninguna comunicación entre los pastores; las personas actúan apenas por su propio interés y no consideran la posibilidad de armonizar con su medio y finalmente ofrece solo dos opciones de gobernanza de los bienes comunes: privatización o intervención gubernamental. El parecer de las autoras Ostrom y Hess (Hess, 2007, 11) sobre las ideas de Hardin fue taxativo: “Au contraire, Monsieur Hardin! Puede haber situaciones en que este modelo puede ser aplicado, muchos grupos pueden efectivamente gestionar y sustentar mecanismos comunes de resolución de conflictos y límites de grupos bien definidos”.

Para Ostrom y ^{Hess (2007}, 4), “bienes comunes” “es un término general que se refiere a un recurso compartido por un grupo de personas”, pero las autoras apuntan para otras dimensiones del término, ya que bienes comunes pueden estar restringidos a un pequeño grupo (el refrigerador familiar), o una localidad más amplia (calzadas, playgrounds, bibliotecas, etc.), o también en el nivel planetario como atmosfera, mar profundo, Internet y conocimiento científico. El escritor Jonathan ^{Rowe (2001}) ilustra la amplia posibilidad de bienes comunes: “la atmósfera y los océanos, las lenguas y las culturas, las reservas de conocimiento y sabiduría humana, los sistemas informales de apoyo a la comunidad, la paz y la tranquilidad que deseamos, los componentes genéticos de la vida son todos aspectos de los bienes comunes”.

Ostrom presenta una importante contribución sobre gobernanza de los bienes comunes, debido a que, para la autora, la dualidad privatización o estatización debe ser superada, ya que “ni el Estado ni el mercado tienen el mismo éxito en permitir que los individuos sustenten el uso productivo y duradero de los sistemas de recursos naturales” (Ostrom, 2011, 1; ^{Hess, 2007}, 4). Su propuesta para la gestión de los bienes comunes es la gestión colectiva y autogubernamental y la acción colectiva debe ser voluntaria por parte de los involucrados (Hess, 2007, 5).

La colectividad de autogestión en la propuesta de Ostrom es la clave de transformación social en la relación sociedad y bienes comunes, porque supera la bifurcación privatización versus estatización y presenta una tercera vía, gobernanza autogestora de los bienes comunes.

Para las autoras (^{Hess, 2007}, 6), esta gobernanza requiere una estructura consistente de acción colectiva, compromiso individual y alto grado de capital social. Este resulta de la combinación del conocimiento colectivo y sus inclinaciones y la participación individual constituida por su conocimiento y voluntad de contribuir con apoyo de instituciones (Hess, 2007, 6).

^{Rifkin (2016}, 32-33) traduce las transformaciones involucradas en esta nueva lógica: “mientras el mercado capitalista se basa en el interés propio y es guiado por la ganancia material, los bienes comunes son motivados por intereses colaborativos y guiados por un profundo deseo de conectarse con los otros y de compartir”.

La vivencia de la gobernanza de los bienes comunes no está restringida a los libros o a las mentes. ^{Ostrom (2011}, 90) presenta algunas experiencias con soluciones colectivas de gestión de recursos comunes en beneficio final compartido. Su análisis comparado identificó que existen algunas regularidades presentes en los casos de éxito y ausentes en las experiencias de colapso o agotamiento del bien. Ella denominó esta regularidad de design principles. Los principios son los siguientes:

Ostrom y Hess alertan que los principios no son modelos, recetas predefinidas. Otro aviso de las autoras es que estos principios fueron observados en pequeños sistemas homogéneos y su aplicación a sistemas grandes y complejos es una cuestión para futuras investigaciones (Hess, 2007, 7).

A partir de la obra de Ostrom, otros autores ampliaron el concepto de bienes comunes. En su investigación doctoral, Vieira presenta una definición sencilla y fuerte para este concepto: “bienes comunes son cosas compartidas por una comunidad” (^{Vieira, 2014}, 97). A pesar de la simplicidad y coherencia de esa definición, considerar a la naturaleza, inclusive el agua, como bien compartido de forma solidaria no es hegemónico en la actual civilización, donde la naturaleza ha sido vista como mercancía.

Explorar los significados de la expresión “bienes comunes” es fundamental para comprender los riesgos y límites de esta elección. El término “bienes comunes” fue definido en el transcurso de la historia y por los intereses ideológicos. Inclusive, fue apropiado, por un lado, por el pensamiento neoliberal para defender a reducción del papel del Estado y la eficiencia del mercado y, por otro lado, por el pensamiento ecológico más radical como una nueva lógica de relación humanidad y naturaleza.

Consideraciones finales

Pensar formas de reapropiación social del agua alternativas al modelo dominante, es el gran desafío de la civilización en el inicio del siglo XXI, porque la salud de la estructura hídrica sufre las consecuencias de los principales factores socioambientales: cambios climáticos, modelo de agricultura y pecuaria, captura de Agua para el consumo de la población en el área rural y urbana, su uso como insumo industrial, entre otros.

Al mismo tiempo en que la salud de la estructura hídrica es impactada por los factores socioambientales, sus reacciones a estas alteraciones cambian las condiciones de estos mismos factores. La definición de la civilización para los recursos hídricos determinará la perennidad y calidad de este factor vital para la sobrevivencia humana, debido a que encarar el agua como bien común o mercancía definirá el formato de democratización o restricción de su acceso.

El primer paso para construir una relación perenne entre el agua y la humanidad es la superación de la alienación de la sociedad en relación con el agua. La percepción de que para utilizar el agua basta abrir la llave (canilla) y pagar la cuenta posteriormente debe ser destruida. La sociedad civil necesita concientizar que la captura, el transporte y los riesgos involucrados en la apropiación de las aguas, forman el proceso responsable por la disponibilidad hídrica de la población y buscar corresponsabilidad de las decisiones estratégicas.

La gobernanza hídrica no debe ser dominio del mercado o un poder central y sí, fruto de la articulación de diversos sectores de la sociedad civil. Para Marussia (^{Whately, 2016}, 11), una de las creadoras de la Alianza por el agua, es necesario un cambio en la percepción de la sociedad, que lleve a ajustes profundos en la gestión del agua, de modo que el sector público desempeñe papel importante, pero no centralizador como lo hace actualmente.

Es necesario que los ciudadanos dejen la posición de meros consumidores para asumir el protagonismo inherente a su función social, porque la gestión del agua es fundamentalmente una cuestión de justicia ambiental basada en tres conceptos esenciales: equidad, justicia y acceso para las futuras generaciones; o sea, el agua exige una gestión democrática, participativa, con distribución de responsabilidad y una estructura institucional compleja.

No obstante, como alerta ^{Friedmann (1992}, 7), la articulación de la sociedad civil con los demás agentes debe involucrar también al Estado. La presencia del poder público es importante para asegurar la capilaridad del acceso al agua a cada hogar “a través de sistemas de captación, grandes cañerías, distribución intermediaria y final, después son necesarios canalización, tratamiento, eventual reutilización” con visión de largo plazo (^{Dowbor, 2015}, 46).

La participación y la articulación de la sociedad civil en la influencia en los rumbos son fundamentales para pensar más allá de la gobernanza hídrica neoliberal. En este punto, la oposición “agua mercancía” y “agua bien común” es una cuestión central, porque la apropiación del agua por las corporaciones como recurso natural a la venta como cualquier mercancía limita su acceso al poder adquisitivo de la población, además de cercenar su participación en las definiciones de su gestión.

La apropiación del agua por la sociedad civil como bien común, un bien compartido, democratiza su acceso y gestión, además de ampliar la posibilidad de la perennidad de la salud hídrica de su región. Esta cuestión es urgente, debido a que el estrés hídrico ya comenzó y es muy serio en diversas regiones de Brasil y el resto de América Latina.

La definición del agua como bien común asume que la responsabilidad de la perennidad de su disponibilidad para la satisfacción de las necesidades de la humanidad y demás seres del planeta debe ser de la propia sociedad organizada y articulada en sus diversos niveles. Así, ella no puede ser reducida a mercancía, presa de la lógica de lucro, pues en esa opción, la sociedad asume el riesgo de transferir su responsabilidad del cuidado de este elemento vital y su reproducción a las corporaciones.

La sociedad tiene el gran desafío de construir su respuesta al desafío de la reapropiación social de sus bienes comunes, porque no hay modelo perfecto y eterno de gestión de estos bienes. Cada grupo social, en su realidad, construye con sus propias formas.