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Anuario de Estudios Centroamericanos

On-line version ISSN 2215-4175Print version ISSN 0377-7316

Anuario de Estudios Centroamericanos vol.43  San José Jan./Dec. 2017

http://dx.doi.org/10.15517/aeca.v43i0.31548 

Dossier

Imaginarios sociales del empresariado en Centroamérica. Una aproximación a partir de la competitividad y la responsabilidad social

Social imaginaries of the entrepreneur in central america. An approach to competitiveness and social responsibility

Juan Pablo Pérez Sáinz1 
http://orcid.org/0000-0002-9492-0048

1Costarricense. Sociólogo. Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) desde 1981. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina (San José, FLACSO, 2015), Una historia de la desigualdad en América Latina. La barbarie de los mercados, desde el siglo XIX hasta hoy (Bueno Aires, Siglo XXI, 2016). Contacto: jpps@flacso.or.cr. ORCID: 0000-0002-9492-0048

Resumen

Este trabajo analiza las representaciones de lo social del empresariado centroamericano. Para ello, toma en cuenta dos ejemplos. El primero se relaciona con la imagen de sociedad contemplada en la agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible que elaboró, en 1999, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE). Esta agenda plantea un modelo de acción social en el cual el empresariado aparece como el actor clave. El segundo ejemplo se refiere a la denominada “responsabilidad social empresarial” y, en términos empíricos, se ha tomado como referencia el Centro de Acción de Responsabilidad Empresarial (CentraRSE) de Guatemala. Se concluye con algunas reflexiones de cómo el empresariado centroamericano, a través de sus nuevos intelectuales orgánicos, imagina lo social en la región.

Palabras clave: Empresarios; representaciones sociales; competitividad; responsabilidad social empresarial; sociedad

Abstract

This paper analyzes the social representations of Central American entrepreneurs. To do this, take two examples into account. The first is related to the image of society included in the agenda for competitiveness and sustainable development developed in 1999 by the Central American Institute of Business Administration (INCAE). This agenda proposes a model of social action in which the entrepreneur appears as the key actor. The second example refers to the so-called “corporate social responsibility” and, in empirical terms, has taken as a reference the Center of Action of Corporate Responsibility (CentraRSE) of Guatemala. It concludes with some reflections on how the Central American entrepreneurs, through its new organic intellectuals, imagines the social in the region.

Keywords: Entrepreneurs; social representations; competitiveness; corporate social responsibility; society

Imaginar el futuro de una sociedad, de manera que el resultado del ejercicio pueda ser compartido por importantes segmentos de la población, solo se puede hacer desde posiciones de poder1. En Centroamérica, hace pocas décadas, había imágenes del futuro en competencia. Así, había la de un futuro congelado que correspondía a las visiones de élites tradicionales signadas por sus valores de estirpe oligárquica. También, había visiones más dinámicas, ligadas al quehacer estatal tanto en lo económico como, sobre todo, en lo social; fue en la Costa Rica de la Segunda República que este tipo de imaginario tuvo mayor vigencia. E incluso, existieron imaginarios alternativos, surgidos desde la insurgencia e inscritos en la gran utopía que caracterizó al siglo XX; esa que tuvo una tímida y pragmática materialización en la experiencia sandinista.

Sin embargo, en la actualidad, la situación es muy distinta y, al respecto, se destacan tres cambios significativos. Primero, el peso externo en la construcción de imaginarios, especialmente de organismos internacionales entre los que descuella el Banco Mundial, es abrumador. Segundo, hay muy pocos actores con poder suficiente para generar imágenes con posibilidad de ser compartidas. Uno de esos actores es el empresariado centroamericano que ha salido fortalecido con la globalización mediante estrategias de acumulación regional. Tercero, la producción de imaginarios se está generando -fundamentalmente- a través de los denominados centros de pensamiento e incidencia (think tanks, en su expresión originaria en inglés) que se han constituido en los nuevos intelectuales orgánicos de las élites en su sentido tradicional gramsciano. Esta última observación, nos recuerda cómo, mediante la construcción de imaginarios y su aceptación por el resto de sociedad, las élites intentan ejercer su poder a través de la hegemonía.

El presente trabajo aspira a aproximarse a la construcción de imaginarios desde referentes empresariales. En concreto, interesa aproximarse a representaciones de lo social que muestra que el empresariado, a pesar de esa centralidad que ha adquirido el mercado, se ejercita en imaginar más allá de su propio mundo. Para ello, se quiere tomar en cuenta dos ejemplos. El primero se relaciona con la imagen de sociedad contemplada en la agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible que elaboró, en 1999, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), organización clave para el empresariado centroamericano, con la colaboración del Harvard Institute for International Development (HIID). Además de contener una propuesta de sociedad del futuro, la agenda plantea también un modelo de acción social en el cual el empresariado aparece como el actor clave. Justamente, esta centralidad lleva al segundo caso relacionado con la visualización del empresariado como actor social; es decir, como un actor cuyas responsabilidades van mucho más allá de su quehacer estrictamente económico. Este caso se articula en torno a la cuestión de la denominada “responsabilidad social empresarial” y, en términos empíricos, se ha tomado como referencia el Centro de Acción de Responsabilidad Empresarial (CentraRSE) de Guatemala. Cada uno de estos ejemplos se abordará en sendos apartados y se concluirá con algunas reflexiones de cómo el empresariado centroamericano, a través de sus nuevos intelectuales orgánicos, imagina lo social en la región.

La agenda para la competitividad y el desarrollo sostenible del INCAE

Los orígenes del INCAE datan de 1963, con la visita de Kennedy a Costa Rica, donde se realizó una cumbre con los presidentes de la región.2 Uno de sus resultados fue la iniciativa de crear un programa de gerencia empresarial y, al respecto, el coordinador de la Alianza para el Progreso contactó a la Escuela de Posgrado de Administración de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS) para lograr tal objetivo. La oficina administrativa de INCAE se organizó, se localizó en la ciudad de San Salvador y se constituyó su consejo de administración con Francisco de Sola, empresario salvadoreño, como presidente, porque había sido el precursor de tal idea.

En 1964, en Antigua, Guatemala, se llevó a cabo el primer programa de alta gerencia y, al finalizar, se firma el acta de fundación del INCAE. Dos años más tarde, se inauguró su sede en Managua, en el campus de Montefresco. En 1970, realizó su primera actividad fuera de la región, en Medellín, Colombia, iniciándose así su proyección en el nivel latinoamericano. A pesar de la victoria sandinista, el campus en Managua siguió funcionado y cambió su nombre al de Francisco Sola, en 1982. Pero, dos años después, se inauguró un segundo campus en Alajuela, Costa Rica, que acabaría por ser denominado Walter Kissling Gam. Durante estas décadas, no cabe la menor duda de que el INCAE ha sido la instancia clave de formación de cuadros gerenciales para Centroamérica, pero también para otros países latinoamericanos.

No obstante, la actividad del INCAE no se ha limitado a la docencia sino que también ha creado centros de estudio con la finalidad de incidir como centro de pensamiento empresarial en la región. Al respecto, se menciona el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS),3 creado en 1996 y en el que la influencia de Michael Porter fue crucial.4 Esta mención nos acerca ya al análisis de la agenda de competitividad, porque fue formulada desde ese centro.

Justamente, en 1994, se realizó en Managua una cumbre regional de presidentes, donde se suscribió la denominada Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica (ALIDES). Esta propuesta se basó en siete principios: el respeto a la vida en todas sus manifestaciones; el mejoramiento de la calidad humana; el respeto y el aprovechamiento de la vitalidad y la diversidad de la tierra de manera sostenible; la promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia humana; el respeto a la pluriculturalidad y diversidad étnica de la región; el logro de mayores grados de integración económica entre los países de la región y de estos con el resto del mundo, y la responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenible. Estos principios mostraban que Centroamérica dejaba atrás el período de conflictividad bélica y los gobiernos apostaban por el futuro.5

Se buscó concretar estos principios en una estrategia regional y, para ello, a petición de los presidentes centroamericanos, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financió un estudio que debía desembocar en la propuesta de tal estrategia. Las instituciones encargadas al respecto fueron el CLADS del INCAE y el HIID de la Universidad de Harvard. Es justamente esta propuesta de agenda lo que se quiere abordar, centrándose en las cuestiones que se plantearon en la introducción: el tipo de sociedad que se imagina y el modelo de acción social para lograrlo. Pero, antes, se piensa que resulta pertinente sintetizar la propuesta en su conjunto.

Esta propuesta parte de la identificación de una coyuntura que se considera excepcional para Centroamérica en términos tanto globales como regionales. Respecto a los primeros se señala la nueva revolución tecnológica, la apertura comercial y la propia globalización como contexto de oportunidades. En cuanto a los segundos, se enfatiza la situación de paz y democracia, con la legitimidad que conlleva, alcanzados en la región. Dada esta situación, se plantea la posibilidad de transitar desde la correspondiente a fines del siglo XIX, que es caracterizada como la de una “economía impulsada por factores” (con mano de obra poco calificada y recursos naturales abundantes, pero con bajos niveles de procesamiento y especialización), a una etapa de “economía impulsada por la innovación” (con innovación sistémica,6 factores muy especializados y estrategias globales), pasando por una intermedia donde el impulso se basaría en la inversión.

En este sentido, la estrategia se fundamenta en el desarrollo de la competitividad que es el elemento central. Este tránsito sería posible por las tres fuentes de tal recurso que tendría la región: su ubicación geográfica, su diversidad ecológica y su potencial agrícola y forestal. Para ello, se propone un doble conjunto de acciones. Por un lado, estaría el desarrollo de clústeres7 de alto potencial, entre los que se identifican cuatro: el de turismo, el de agronegocios, el de textiles y prendas de vestir y el de servicios electrónicos y de software. Por otro lado, se plantean cuatro conjuntos de programas en distintas áreas (microeconómica, ambiental, de fortalecimiento institucional y legal y macroeconómica) para mejorar el clima de negocios.

Abordando ya la cuestión de la sociedad que se imagina, es pertinente comenzar cómo esta estrategia visualiza a Centroamérica en el año 2020 que es el horizonte temporal más próximo planteado.8 Esta visión abarca tres niveles. En primer lugar, estarían los propios países, porque lograrían climas empresariales más competitivos y sociedades más integradas donde lo primero posibilitaría lo segundo. La región es también visualizada como beneficiaria en tanto que cooperaría para enfrentar más eficazmente la globalización. Al respecto, se destaca que la región debe desarrollar una imagen colectiva: “se piensa en una Centroamérica que sea percibida en la comunidad internacional como una región unificada y próspera y como un socio comercial atractivo. Se busca que todos sus países tengan una reputación de estabilidad macroeconómica, mercados eficientes y recursos productivos de clase mundial”.

Finalmente, estaría el individuo, sujeto social privilegiado, cuyo mayor bienestar económico y social se concretaría en tres aspectos: bienestar financiero personal, educación, salud y seguridad y participación democrática (INCAE/CLADS 19-23).

Por consiguiente, en esta primera imagen proyectada sobre la región predomina lo económico, entendido desde referentes típicamente empresariales. Este predominio se refuerza en términos de región porque a lo que se aspira es a la configuración de la empresa o a la marca “Centroamérica”. Lo social emerge en un segundo plano y gana mayor relevancia en el nivel del individuo. Es justamente la comprensión de lo social en la agenda lo que se quiere abordar a continuación y hay que hacerlo en un doble plano: el de las políticas sociales y el del tipo de sociedad que se aspira.

En cuanto a las políticas sociales, sorprende, a primera vista, la concepción de lo social porque parecería que se inscribe más en la tradición radical, de inspiración rousseauniana, que en la liberal.9 En efecto, dos citas confirman tal impresión. Así, por un lado, se señala, acerca de las políticas sociales, que “hoy, su papel es radicalmente distinto: el de socio en pie de igualdad con las políticas económicas, las políticas ambientales, y las políticas públicas con las que los países de Centroamérica aspiran a construir su porvenir en el Siglo XXI”. Y, en este sentido, se postula que “en la perspectiva de la Agenda, una política social audaz y vigorosa no solo tiene sentido en sí misma, en tanto eleva la calidad de vida de la población, sino que es un instrumento sine qua non para incentivar y orientar a las empresas, para que abandonen los esquemas productivos centrados en baja productividad y baja calidad de vida”. Es decir, lo que se persigue es generar un “círculo virtuoso entre remuneración y productividad” ( INCAE/CLADS 108 y 109).

Estas reflexiones dan la idea de una ciudadanía social centrada sobre el mundo de la producción y el trabajo y, por tanto, alejada de la que ha impuesto el orden (neo) liberal, el cual ha redefinido lo social en términos del hogar y del consumo. Es decir, lo social se mantiene en la esfera distributiva y no en la redistributiva, de ahí el calificativo de rousseauniana que se le atribuye. Se debe confesar sorpresa y avanzar tres posibles explicaciones sobre el porqué la concepción de lo social en la estrategia del INCAE no se ha inscrito -a primera vista- en la tradición liberal; explicaciones que no son mutuamente excluyentes.

La primera explicación se relaciona con el momento de su formulación. Esta tiene lugar en el segundo lustro de la última década del siglo pasado, cuando las políticas sociales (neo) liberales estaban en una etapa intermedia centrada sobre las redes sociales de protección social, pero no había alcanzado la etapa basada en las denominadas transferencias condicionadas. Son estas últimas las que representan la expresión más depurada de la nueva ciudadanía social propuesta por el (neo) liberalismo, a partir de la invención de la “pobreza”.10 La interrogante que surge es la siguiente: si el INCAE hubiera formulado esta estrategia diez años después, ¿mantendría su inclinación rousseaniana o se habría inscrito inequívocamente en la propuesta (neo) liberal?

Por su parte, la segunda explicación tiene que ver con los antecedentes his tóricos de la región respecto a la política social previa a la crisis de los años 1980. Centroamérica ha sido una región de modernización capitalista tardía en América Latina, y el desarrollo de una ciudadanía social basada en el empleo formal no fue relevante. Al contrario de países de modernización temprana (los del Cono Sur) o rápida (Brasil, Colombia y México), no cabía la crítica hacia ese tipo de ciudadanía por su cobertura limitada y las exclusiones que generó. O sea, desde los argumentos (neo) liberales, la ciudadanía social previa tuvo un carácter corporativo favoreciendo a ciertos grupos socioocupacionales (empleados públicos y trabajadores sindicalizados) y marginando a los más necesitados. Distinto fue el caso de Costa Rica, más cercano a esos seis países, donde sí hubo un desarrollo de tal tipo de ciudadanía, pero que representó, probablemente, el caso latinoamericano de mayor cobertura. Talvez si los formuladores de la estrategia del INCAE hubiesen tenido una visión más amplia en términos geográficos e históricos, hubiesen planteado de otra manera el círculo virtuoso entre remuneración y productividad.11

En tercer lugar, la supuesta radicalidad es posible porque no se especifica compromiso alguno. Como se señala en el primer apartado del capítulo dedicado a la política social: “a diferencia de capítulos que están dedicados a los otros componentes de la Agenda, en este capítulo no se proponen programas específicos” (INCAE/CLADS 105). Es decir, las generalizaciones permiten planteamientos atrevidos que muy probablemente se verían cuestionados si tuviesen que concretarse en acciones determinadas.

Pero hemos mencionado la expresión “a primera vista” en varias ocasiones. Una mirada más profunda denota la presencia de elementos propios de una comprensión liberal “desradicalizando” la propuesta. Al respecto, es interesante destacar algunos elementos presentes en una matriz muy interesante que postula cómo diferentes bases de competitividad generarían distintos tipos de sociedad. Así, esta matriz combina las tres etapas de la competitividad (las impulsadas por las condiciones de los factores, la inversión y la innovación) con cuatro tipos de políticas sociales (asistencialista, para la productividad, para la calidad de vida y para la integración social) que reflejarían un cierto gradiente de desarrollo de lo social (INCAE/ CLADS). La interpretación de estos elementos lleva, justamente, a identificar qué tipo de sociedad ha imaginado la propuesta del INCAE.

Se mantiene la crítica a las políticas sociales correspondientes a la etapa donde la competitividad es impulsada por las condiciones de los factores. Así, se considera que la política social es eminentemente asistencialista, porque la cobertura y la calidad de acciones para promover productividad son limitadas y las que contribuyen a la calidad de vida se reducen a saneamiento en zonas urbanas. Lo más importante: existe ausencia de políticas de integración social, por lo que el orden social vigente se reproduce. Es, justamente, en términos de esta columna de la matriz que se puede entender mejor el tipo de sociedad al que aspira la propuesta del INCAE, al centrarse en las dos siguientes etapas de competitividad.

En la etapa impulsada por la inversión, se señala que “se pretende una amplia clase media, se mantienen diferencias amplias ‘hacia arriba’ y ‘hacia abajo’ pues la movilidad social no logra beneficiar al 20 % o 30 % de la población más pobre, ni da acceso significativo hacia las condiciones de vida del 20 % más rico. Se trata, básicamente, de una integración al interior de la clase media, antes casi inexistente”.12 En la etapa superior, donde la innovación es el fundamento de la competitividad, se:

Abren canales de integración y movilidad social muchos más altos que en ningún otro contexto… Se reducen las brechas sociales, se mantiene en la pobreza un 10 % de la población que sigue requiriendo asistencia, y aumenta el poder económico del 10 % más alto (INCAE/CLADS).

En las citas de este último párrafo aparecen ya elementos interpretativos que pertenecen inequívocamente a una concepción liberal de la sociedad. El desarrollo de la competitividad, a través del cambio de sus fuentes en diferentes etapas, tendría como resultado el incremento de la movilidad social. Esta es la dinámica social privilegiada en la propuesta y, por tanto, se inscribe en un análisis clásico de estratificación social. En efecto, el objetivo es generar una sociedad como un edificio de tres pisos. En el intermedio se ubicaría el 80 % de la población y las diferencias serían de orden individual. Aquí, surge otro elemento clave en la comprensión: el individuo como el sujeto social central. Se admite la existencia de un sótano de un 10 %, pero asistido congruentemente con la idea (neo) liberal de “pobreza” que reflejaría integración deficiente pero no exclusión. Lo más importante, el piso superior, otro 10 %, pero que acrecentaría su poder económico; un porcentaje que insinúa cierta apertura del poder y, por tanto, posibilidades de elitización para sectores medios altos. Por consiguiente, se estaría ante un orden social desigual, pero legítimo.

En consecuencia, se está ante una visión estratificadora de la sociedad, donde la movilidad social en términos individuales es la dinámica clave y donde cabe la desigualdad, porque se considera legítima, con un polo “empobrecido” y una élite empoderada. Esta ya sería una imagen liberal de la sociedad donde la impronta rousseauniana previa se ha difuminado.

La segunda cuestión por abordar involucra el modelo de acción social y, en cuanto a esto, se trata de identificar los tipos de acciones que se privilegia, pero, sobre todo, cuáles son los actores protagónicos. Al respecto, la propuesta del INCAE es inequívoca: la acción social central es el logro de la competitividad y el actor para lograrlo no es otro que el empresario.13

No cabe la menor duda sobre la centralidad otorgada a la competitividad: “con la Agenda se aspira a que, por primera vez, el tema de la competitividad y la productividad de las empresas ocupe un lugar de primer orden en el marco de los esfuerzos regionales” (INCAE/CLADS 2). El locus de desarrollo de la competitividad son los clusters. Siguiendo la propuesta de Porter, el gran referente teórico de la agenda, cuatro serían las fuentes de tal competitividad que representan, justamente, los cuatro vértices del denominado “diamante”:14 las condiciones de los factores; la estrategia que siguen las empresas, a través de sus patrones de inversiones, para afrontar a sus rivales, o sea a otras empresas; las condiciones de la demanda local, y los encadenamientos con proveedores y otras empresas de apoyo. Es decir, las acciones son fundamentalmente económicas por el tipo de fuentes de competitividad que representa este espacio.15 No obstante, en el último vértice y en el documento del INCAE se insinúa las “entidades de apoyo” que parecería no se limitarían a meras empresas. Por consiguiente, la acción social para lograr competitividad es entendida, fundamentalmente, como acción económica con apenas referencias a su posible incrustamiento (embeddedness) social, política y cultural.

Esta contextualización no económica de la acción económica emerge en relación con algunas de las áreas para mejorar el clima de negocios que, conjuntamente con el desarrollo de clusters con potencial, constituyen los dos mecanismos para lograr competitividad. Dos de estas, la referida a la microeconomía y a la macroeconomía, se mantienen en el ámbito de lo estrictamente económico, pero no parecería ser así en la otras tres a las que merece la pena hacer referencia. La primera es el ambiente que se le considera como base natural para el progreso sostenible. Mejora de la calidad ambiental del clima de negocios, potenciación de la base ambiental de los clústeres de turismo y agronegocios e inserción en los mercados de servicios ambientales son las líneas de acción planteadas. La segunda es el desarrollo institucional para un clima empresarial superior. Si bien se señala que las áreas de intervención son múltiples, se enfatizan tres: mejora de los sistemas de propiedad (material e intelectual), solución alternativa de conflictos comerciales y desarrollo de la capacidad institucional para llevar a cabo las reformas requeridas. Finalmente, estaría la política social, a la cual se ha hecho ya referencia, pero en la que habría que señalar el énfasis en el fortalecimiento del denominado “capital humano”.

A pesar de esta proyección hacia lo ambiental, lo institucional y lo social, las acciones propuestas siguen teniendo, no obstante, una fuerte impregnación económica. Así, se podría discutir si el abordaje del medio ambiente no se hace en términos de su mercantilización. En cuanto a la dimensión institucional, parecería que el énfasis es sobre la ciudadanía civil, por la importancia otorgada a los derechos de propiedad.16 Respecto a lo social, ya se mencionó párrafos atrás.

Por consiguiente, si bien no se puede afirmar que, en la propuesta del INCAE, se plantea que la competitividad se alcanzaría a partir de acciones estrictamente económicas, sí se puede concluir que estas acciones tienen solo un barniz no económico. El corolario de ello consiste en que el actor central para llevar a cabo tal modelo de acción no es otro que el empresariado. Al respecto, hay dos cuestiones que merecen ser abordadas.

Este protagonismo se expresa sea por la ausencia de otros actores o por su subordinación. Lo primero acaece con actores sociales como sindicatos o campesinado y lo segundo con el Estado. Las organizaciones gremiales de sectores subalternos, como sindicatos u organizaciones campesinas, están ausentes en la propuesta. Incluso, merece la pena señalar que entre las principales acciones para impulsar el cluster de agronegocios se plantea que “se aspira a transmitir el concepto de ‘agroempresario’ como sustituto del de ‘agricultor’” (comillas en el documento original) (INCAE/CLADS). Es decir, no solo el término por sustituir está socialmente vaciado (se habla de agricultor y no de campesino), sino que se le busca resignificar en términos del actor privilegiado.17

La imagen sobre el Estado queda proyectada de manera más nítida al tratarse la política macroeconómica para la competitividad. El punto de partida no permite equívocos al respecto:

La excesiva interferencia gubernamental en las transacciones privadas desestimula el comercio y la inversión, y promueve una economía informal, donde grandes sectores de la población siguen siendo económicamente vulnerables. El papel del gobierno es más bien supervisar el proceso de desarrollo y ser un facilitador en la provisión de bienes y servicios sociales y de infraestructura básica (INCAE/CLADS 113).

Para el INCAE, este no parece haber sido el papel del Estado en Centroamérica cuando señala que:

La historia intervencionista de la región ha dejado a los gobiernos ocupándose demasiado en lo que no deben y muy poco en lo que deben. En general, los gobiernos deben tratar de ser reguladores competentes y eficientes, y asegurarse de que los servicios sociales se provean apropiadamente en cantidad y calidad. En otras palabras, deben fomentar la acumulación de capital físico y humano, y abstenerse de interferir y de perturbar artificialmente los mercados. Los precios deben reflejar las oportunidades del mercado, no las opciones políticas (INCAE/CLADS 113).

A partir de este principio y del diagnóstico se postula que:

Los objetivos prioritarios de la política macroeconómica en Centroamérica son muy claros. Ante todo, los actores públicos y privados deben concentrarse en una visión a largo plazo que movilice a la sociedad y obtenga apoyo consensual más allá de las vicisitudes de los ciclos electorales y de negocios. Segundo, las políticas macroeconómicas deben brindar las señales apropiadas a los mercados, es decir, evitar las intervenciones distorsionantes que afectan indebidamente la distribución del mercado. Tercero, se debe mantener un marco para el funcionamiento eficiente de la economía, mediante la liberalización de mercados internos y del comercio internacional. Finalmente, el objetivo es crear y fomentar una base de recursos amplia y diversificada que pueda sostener el crecimiento económico, reforzando las fortalezas competitivas internacionales de la región (INCAE/CLADS 113).18

Las tres citas del párrafo precedente son elocuentes por sí mismas. Se está ante un Estado supeditado al mercado que debe garantizar que este funcione sin distorsión alguna. El corolario de esta centralidad del mercado es el protagonismo otorgado al empresariado como el actor central.

En este sentido, es interesante remitirse a los seis imperativos que la propuesta del INCAE plantea a los empresarios centroamericanos para que sean competitivos en la globalización, los cuales mezclan tanto propuestas de acción social como estrategias empresariales. El primero es la mentalidad competitiva que debe trascender “… desde la cúpula gerencial hasta los empleados de base”. El segundo imperativo tiene que ver con la reconfiguración de la industria que plantea “el ocupar el lugar más rentable dentro de su industria”. Efectividad operacional representa el tercer imperativo que, como dice el propio texto, “significa, sencillamente, dirigir bien la empresa”. “Conseguir una posición estratégica nueva, única y sostenible” reflejaría un posicionamiento distintivo y este sería el cuarto imperativo. El quinto incluye la capacidad de competir en el nivel regional y global y el último remite a replantear la diversificación en términos de “las relaciones entre empresas individuales y de los conglomerados a los que pertenecen, para evitar que las políticas corporativas constituyan obstáculos netos para su desarrollo competitivo” (INCAE/CLADS).

Este es el perfil del actor social protagónico que propone el INCAE para que la región transite por la senda del crecimiento y el desarrollo. Todo un Prometeo que traería a Centroamérica el fuego de la competitividad. Pero, esta propuesta de conducta del empresariado encuentra una expresión mucho más depurada en el tema de la denominada “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE), que es el que concierne en el siguiente apartado.19

La responsabilidad social de la empresa: La propuesta metodológica de CentraRSE

El tema de la RSE, en el sentido de que las empresas tengan una proyección social más allá de acciones filantrópicas puntuales, surge con fuerza en el segundo lustro de la última década del siglo pasado. Entre los múltiples factores que han podido contribuir a que este tema se posicione con gran vigorosidad, se quiere enfatizar dos. El primero es de naturaleza global y tiene que ver con el fin del siglo XX, en el sentido no formal del término, sino de finalización de la gran utopía de ese siglo mediante su perversión con el denominado “socialismo realmente existente”. Se inauguraba así el siglo XXI, con el capital como el gran vencedor, pero, justamente por esa condición, sus “responsabilidades” se proyectaban más allá de la esfera de lo estrictamente empresarial. En este sentido, en 1999 y en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el espacio de encuentro más importante de personeros del capital global (empresarios, políticos, funcionarios, ideólogos, etc.), se firmó la Iniciativa de Pacto Global entre el empresariado mundial y las Naciones Unidas.20 El segundo factor por destacar tiene que ver más con la especificidad latinoamericana. Desde el Banco Mundial, se empezó a explorar una estrategia para reducir la pobreza a través de alianzas que incluían gobiernos, instituciones de la sociedad civil y empresas.21 En este sentido, “the new consensus regarding the primacy of the market as the driving force of economic development also creates new challenges for the business community. Business, it is increasingly recognized, has a role to play in poverty reduction beyond that of job creation” (Fizbein y Lowden 9). Esta propuesta implicaba el superar la filantropía tradicional e involucrar a las empresas en actividades más allá de sus prácticas tradicionales, configurándola en un nuevo tipo de ciudadanía que calificaron de corporativa.

Guatemala fue uno de los alumnos aventajados de la región y, ya en 1998, el propio Banco Mundial, conjuntamente con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, reconocía a FUNDAZUCAR, fundación de los azucareros de ese país, como un ejemplo por seguir en la región en el establecimiento y desarrollo de este nuevo tipo de alianzas. Es importante destacar que, además de tratarse de uno de los sectores más poderosos de las élites de esta nación, los ingenios tuvieron que afrontar -a inicios de los años 1980- una dura huelga que representó una de las coyunturas más álgidas del conflicto bélico que asoló a ese país. En este sentido, como señala Oglesby (559): “the ways in which labor conflict was perceived by leading mills provoked a reevaluation of production strategies that first led to debate and differentiation within the industry and then to the creation of a new hegemonic bloc”. Es decir, el conflicto y la amenaza de clase supusieron que los poderosos azucareros tuvieran que repensar sus estrategias de acumulación y proyectarse más allá del espacio estrictamente empresarial buscando legitimidad.

En este mismo sentido, en 1998, el Banco Mundial y el Consejo de Fundaciones Privadas de Guatemala plantearon a un conjunto de empresarios el introducir y promocionar la idea de la RSE en el país. Este grupo fue diseñando una estrategia basada en experiencias de otras latitudes, especialmente del Instituto Ethos de Brasil, y en diálogo con empresas ya conocedoras del tema, así como con organizaciones empresariales. A inicios del 2003, se crearon los estatutos de CentraRSE y comenzó a operar con ocho empresas afiliadas. A fines de ese mismo año, ya eran veinticuatro las empresas afiliadas y en la actualidad cuenta con más de cien empresas pertenecientes a una veintena de ramas que estiman contribuyen a casi un tercio del PIB de esa nación y que darían trabajo a algún miembro de unas ciento cincuenta mil familias.22 CentraRSE es la institución representante en Guatemala del World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD);23 además, pertenece a CSR360, a la Red Interamericana de RSE y a la Integración Centroamericana por la RSE (IntegraRSE) que incluye organizaciones en cada país de la región.24

CentraRSE entiende a la RSE como “una cultura de negocios basada en principios éticos y firme cumplimiento de la ley, respetuosa de las personas, familias, comunidades y medio ambiente, que contribuye a la competitividad de las empresas, el bienestar general y desarrollo sostenible del país”. En este sentido, “ser responsable socialmente” supone tres características: competitividad a través de mayor productividad, lealtad con los clientes y accediendo a los mercados mediante el cumplimiento de estándares y certificaciones; simetría por una visión holística integral que asume siete principios a los que se hará referencia más adelante, y reflexividad reconociendo el impacto en cascada (desde la persona al desarrollo sostenible del país) que se puede tener (Leguizamón et al.).25

En esta definición y caracterización están todos los elementos de la propuesta metodológica que se va a intentar, a continuación, desgranar para ver qué nuevo tipo de relaciones sociales y políticas se está imaginando que el nuevo empresariado debería promover.

La estrategia de configuración de este nuevo conjunto de relaciones sociales se plantea como gradual, moviéndose desde “lo interno” a “lo externo”, a través de cinco escalones de lo que CentraRSE denomina la “pirámide de RSE”. “Lo interno” contiene dos peldaños: el primero es el del cumplimiento del régimen legal vigente, el cual se complementa con la responsabilidad con los trabajadores a los cuales se les interpela como “colaboradores”. Proyectarse a las familias de los “colaboradores” es el primer escalón de “lo externo” que se completa con las relaciones con las comunidades en las que se ubican la empresa y finalmente con la interacción con el propio Estado.

Si bien la “pirámide de RSE” proyecta una imagen estilizada de este nuevo quehacer empresarial, su concreción tiene lugar a través de lo que CentraRSE ha identificado como áreas o ejes de acción que serían siete. De hecho, la “métrica” de la RSE se expresaría en una matriz que combina, en sus filas los cinco escalones de la “pirámide”, con estos siete ejes (Leguizamón et al.).

El primero de estos ejes es el de “gobernabilidad” entendida como “principios y fundamentos éticos en cada uno de los aspectos concernientes a la operación de la empresa, su transparencia interna y externa, así como su cumplimiento con el régimen legal”. Se llama la atención sobre el aspecto de transparencia externa y se aplica al propio CentraRSE. Como se ha mencionado previamente, en la página web de esta organización no aparece memoria anual alguna que muestre cuáles han sido las actividades realizadas. Esto resulta, por decir lo menos, curioso de una institución que pretende erigirse en el referente de una nueva ética empresarial de carácter transparente.

Otros dos ejes se refieren al quehacer empresarial definido de manera estricta. Así, en términos de “proveedores” se plantea una selección adecuada y la “construcción de una relación responsable y sostenible. Una empresa responsable en su operación también exige los mismos criterios a toda su cadena productiva”. En cuanto a los clientes:

Es la responsabilidad de la empresa con sus clientes y/o consumidores en términos de mejor servicio al cliente, claridad en sus transacciones comerciales, mejores productos, cumplimiento con estándares de calidad, mercadeo responsable y mejor respuesta a sus exigencias y necesidades. Esto fortalece la marca y da una mayor lealtad del cliente.

Estos dos ejes se inscriben en los mismos parámetros del quehacer empresarial definido en la agenda de competitividad del INCAE que hemos analizado en el apartado anterior. De hecho, se puede decir que se está ante dos de los vértices del “diamante porteriano”; es decir, la nueva acción empresarial se ajusta a las estrategias para afrontar la globalización a través de la competitividad.

“Respeto y cuidado del entorno natural, en la forma como se hacen negocios, logrando mejor uso de sus insumos, reduciendo emisiones y residuos, generando mayor eficiencia, y produciendo más con menos” es otra área de acción y se inscribe en el desarrollo sostenible. Esta propuesta podría ser discutida desde la ecología política, pero desborda las capacidades analíticas en cuestión y, para los intereses de este documento, concierne los tres restantes ejes de acción.

El primero de ellos sería el de “actores internos” que consistiría en la generación de “condiciones óptimas y adecuadas en términos laborales, para lograr mayor productividad y desarrollo personal”. Para Leguizamón et al. (14) implica que debe ofrecerse “las condiciones óptimas y adecuadas, excediendo lo requerido por ley, para que estos tengan un mejor rendimiento que beneficiará al funcionamiento de la empresa haciéndola más competitiva. Implica respeto al colaborador y compromiso con sus familias; involucra diálogo y participación de los trabajadores dentro de la toma de decisiones”. Este eje parece clave, ya que, en el fondo, representa la verdadera base a partir de la cual se desarrolla la RSE.26 Al respecto, hay tres temas importantes involucrados.

El primero incluye la interpelación mixtificadora de los trabajadores de la respectiva empresa como “colaboradores”. El término colaboración implica voluntariedad por parte de los trabajadores, ocultando el hecho fundamental que hace que la relación salarial sea, por definición, asimétrica: la impostergable necesidad para la persona trabajadora de vender su capacidad laboral para garantizar así su supervivencia y la de su familia. Es el viejo tema de la libertad implícita al intercambio simple, pero que la lógica del capital, al generalizar el intercambio y especialmente con la configuración de mercados de trabajo, subvierte. El discurso de la RSE parece recuperar esa vieja idea liberal la cual conlleva deshistorizar la relación salarial haciéndola ver como natural en términos de cooperación entre capital y trabajo y desprovista, por tanto, de conflictividad alguna. Esta ausencia de conflicto hace que la relación salarial se despolitice.27

El segundo tema, corolario de lo anterior, remite a la imagen de horizontalidad al interior de la empresa que se proyecta. En este sentido, se puede decir que se está apostando por modelos postayloristas donde la organización del trabajo sería resultado del involucramiento de los trabajadores y del consenso. Al respecto, habría un par de comentarios por destacar. Por un lado, hay suficiente perspectiva histórica para poder afirmar que las promesas de democratización del despotismo empresarial, a raíz de la crisis del fordismo, no parece haberse concretado.28 De hecho, la que puede considerarse como la empresa “insignia” del capitalismo postindustrial, Walmart, no es precisamente un ejemplo de entorno laboral democratizado.29 Por otro lado, en el caso de América Latina, hace ya tiempo que, tomando como referente las experiencias más avanzadas de innovaciones organizativas en la región, se señaló que tales innovaciones no se habían hecho de manera sistémica, ya que han sido resultado de iniciativas individuales de firmas; se habían impuesto unilateralmente a los trabajadores sin mayor negociación al respecto; y, como corolario de lo anterior, el involucramiento de la mano de obra había sido limitado (Carrillo).30

De hecho, las experiencias más promisorias se inscriben en lo que De La Garza Toledo (2000) ha denominado “pactos neo-corporativos”. No obstante, estos involucran la organización de los trabajadores, lo cual lleva al tercer tema: la ausencia y la negación de la organización y acción colectiva de los trabajadores.31 Es decir, la relación imaginada es la de la empresa con el/ trabajador, de manera individualizada lo cual es fundamento de asimetría que contradice el supuesto espíritu de colaboración.32

Las relaciones con las comunidades es la segunda área que nos concierne. Al respecto, CentraRSE plantea contribuir al desarrollo de las comunidades donde opera la respectiva empresa. Esta es una acción que debe ser compartida logrando la confianza de la comunidad. El tema de la confianza introduce la problemática del capital social que, en el planteamiento del Banco Mundial, fue erigido como elemento central en función de las alianzas público-privadas en los términos conocidos de que su ausencia incrementaría los costos de transacción generando “fallas del mercado” (Fizbein y Lowden 10). No se desea entrar a discutir este concepto tan manoseado, solo destacar su caracterización intrínsecamente positiva que lo desposee de toda connotación en términos de poder y de conflicto y, por consiguiente, lo despolitiza.33 Lo que queremos plantear son otras dos cuestiones.

La primera se relaciona con la territorialidad. La posibilidad de esa interacción entre empresa y su entorno comunitario acaece solo en cierto tipo de territorialidades, en concreto, las denominadas comunidades de vecindad, cuya pertenencia se define fundamentalmente por la residencia y el compartir una actividad económica principal; o sea, es un tipo de territorialidad en la que coinciden los espacios de trabajo y vida (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff). En las grandes urbes, la separación de tales espacios no permite el desarrollo de este tipo de comunidades y, por tanto, no es un área de acción para la RSE. Pero es importante señalar que se está ante una situación en la cual la relación entre empresa extralocal y comunidad se establece, primordialmente, por la provisión de mano de obra.34 En este sentido, lo señalado en los párrafos precedentes sobre los “actores internos” influye en las relaciones empresa y comunidad; es decir, son relaciones asimétricas que se intentan presentar como horizontales.

La segunda cuestión involucra la provisión de ciertos servicios sociales básicos (educación, salud, vivienda, etc.) de la empresa a la comunidad; o sea, la situación no sería la de un típico enclave porque habría cierta socialización del excedente hacia la comunidad. La cuestión es si ello conlleva la generación de ciudadanía social que podría ser también calificada como local. La respuesta es negativa porque el referente y garante de la ciudadanía no puede ser otro que el Estado. De hecho, lo que acaecería sería una sustitución por la empresa que llevaría a la configuración de una “seudociudadanía”, en la cual la reivindicación de derechos es espuria.

El último eje de acción que nos interesa es el que tiene que ver con “participar en el diseño de políticas estatales y establecer alianzas para ejecutar proyectos conjuntos con gobiernos locales o centrales, con el propósito de ampliar el impacto de buenas prácticas a nivel nacional”. En relación con esta última área, emerge la problemática de las alianzas. Desde el Banco Mundial se argumentó que, en modelos anteriores donde el Estado tenía un papel central, la relación público-privada venía condicionada por dos tipos de problemas: la cercanía entre Estado y ciertos grupos empresariales privilegiados por las políticas públicas y, como corolario de lo anterior, la exclusión de otros grupos económicos. En este sentido:

Liberalizing and privatizing policies, therefore, have tended to generate a change in the statebusiness relationship. This change has made the relationship less antagonistic and paternalistic. In essence, the economic reform programs undertaken in the region have allowed the emergence of a new, autonomous private sector, one that has become a key protagonist in national life. These transformations are beginning to create the conditions for a new sharing of social responsibility between the public and private sectors, because the presence and weight of the private sector in national affairs grows in direct inverse proportion to the presence of public sector, and the recognition by the private sector of the need to contribute to social development shows corresponding signs of increasing (Fizbein y Lowden 8).35

La gran cuestión que surge es si verdaderamente este nuevo contexto económico implica una apertura de las oportunidades de acumulación, especialmente para los pequeños propietarios que históricamente han sido excluidos. Dependiendo del tipo de respuesta, si hay apertura, o, por el contrario, hay un cierre más marcado por las mayores exigencias de acumulación que impone la globalización, depende de si la RSE se puede considerar una estrategia que abarcaría todo el tejido empresarial o sería el privilegio de unas pocas. La respuesta se quiere dar en las conclusiones del presente trabajo.

Conclusiones

La competitividad, tema estructurador de la agenda del INCAE para que la región afronte la globalización, ofrece una imagen de cómo se percibe, desde referentes empresariales, la sociedad centroamericana en el futuro. En esta imagen hay varios elementos por destacar.

Lo primero es la reafirmación de la centralidad de lo económico, entendido como mejoramiento del tipo de competitividad, lo cual otorga centralidad al empresariado como el actor clave en la construcción de un nuevo orden social.

Segundo, a pesar de ciertas veleidades radicales en el discurso del INCAE sobre la naturaleza de la política social, su visión de sociedad se enmarca en una mirada liberal. Se postula una sociedad que se podría considerar mesocrática36 desde una visión estratificadora porque la movilidad social en términos individuales sería la dinámica societal clave.

Tercero, a pesar del protagonismo asignado a los sectores medios, en el tipo de sociedad imaginada tienen cabida los extremos. Así, habría polo “empobrecido” que debería ser atendido por las políticas sociales. Pero, más importante, habría una élite empoderada legítimamente, probablemente por su contribución a la mejora del modelo de competitividad, lo que implica la aceptación de las desigualdades sociales. No es difícil imaginar quiénes configurarían esa élite.

No obstante, debemos preguntarnos qué ha acaecido con la implementación de la utopía porteriana en Centroamérica después de más de una década en la que las élites empresariales han podido desplegar su poder sin mayor cortapisa. Recordemos lo mencionado al final del primer apartado: no se ha encontrado documento alguno que señale el grado y la forma de cumplimiento de la agenda de competitividad. Esto hace sospechar que los logros no han sido muchos. Sería interesante conocer las explicaciones al respecto que se formularían desde el mundo de los negocios.

Por su parte, la propuesta sobre RSE muestra también cómo se imaginan las relaciones sociales desde referentes empresariales. Al respecto, las ideas importantes por destacar son las siguientes:

En primer lugar, se está ante una propuesta de nueva ética empresarial que debe generar un nuevo tipo de empresariado. Esto sería resultado de la primacía que ha adquirido el mercado en el nuevo modelo de acumulación que desplaza el protagonismo previo del Estado e implica que el empresariado debe tener una proyección social y política.

Parece, en segundo lugar, que en la base de la RSE se encuentra la visualización de las relaciones laborales. Estas se entienden bajo tres premisas. La primera consiste en que los trabajadores son “colaboradores”. Segundo, como corolario de lo anterior, esa “colaboración” reflejaría un mundo de horizontalidad al interior de la empresa. Las relaciones son individualizadas y se ignora cualquier referencia a la acción colectiva de los trabajadores, especialmente si es sindical. Por consiguiente, se está ante una concepción mixtificada de la relación capital-trabajo entendida como “natural”, porque ha sido deshistorizada e implica su inevitable despolitización, puesto que las referencias al poder y al conflicto han desaparecido.

Las relaciones con las comunidades en las que se ubican las empresas plantean el tema de cierta socialización del excedente a favor de la población local. Dicha socialización suele materializarse en programas sociales que remiten a los pilares básicos de la ciudadanía social (educación, salud, vivienda, etc.). No obstante, lo crucial de este componente de la RSE es que no está ante una verdadera ciudadanía social, porque lo que se generan son derechos sociales espurios. Este sería el resultado de la sustitución del Estado por la empresa.

Finalmente, está la pregunta planteada al término del apartado precedente: ¿es la RSE una propuesta generalizable al conjunto del empresariado? Se cree que la respuesta es negativa y se sustenta en la idea de que no se opina que la globalización haya supuesto menor acaparamiento de oportunidades de acumulación abiertas a los medianos y pequeños empresarios, sino lo contrario. En este sentido, se postula que en la actualidad habría una dualización del empresariado. Por un lado, estaría una élite de empresas que, debido a su monopolio de oportunidades de acumulación, podían desarrollar “comportamientos políticamente correctos” enmarcados en la nueva ética propuesta por la RSE. Pero, por otro lado, en la gran parte del tejido empresarial, acumular es sinónimo de precarizar trabajo, irrespetar el medio ambiente, evadir impuestos, etc. Es decir, la otra cara de la élite de las empresas RSE sería la de un amplio “lumpenempresariado” que es el que genera, no obstante, la mayoría de la ocupación. Esta dualización del empresariado responde a una articulación perversa de los campos de desigualdades de excedente.37 Por consiguiente, la RSE, incluso asumiendo de manera ingenua sus supuestos efectos positivos, tendría un impacto social limitado.

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25Estos autores, pertenecientes al CLADS del INCAE, han evaluado seis experiencias concretas de RSE a partir de la metodología de CentraRSE. Por su parte, López Ramírez y Valverde Chaves han hecho un ejercicio similar con seis empresas pero enfatizando el componente ambiental. Y Solórzano et al. han considerado cinco casos exitosos en Centroamérica.

1Este texto es una versión modificada del documento del mismo título que se elaboró para el proyecto “Elites, States, and Reconfiguration of Power in Central America, 1990-2011”, dirigido por Eric Herhsberg del Center for Latin American and Latino Studies de la American University, Washington, D. C.

2Estos datos están tomados de la propia página web del INCAE y, en concreto, de su sección de Historia del INCAE y “Línea de tiempo”.

3Además, el INCAE cuenta con un segundo centro (el del Liderazgo de la Mujer) y tres cátedras: la de responsabilidad social empresarial financiada por BATCCA (British American Tobacco Caribbean and Central America), la de superación de la pobreza con fondos de la Fundación Poma y la de Steve Aronson sobre estrategia y agronegocios.

4Este economista estadounidense visitó, por primera vez, Centroamérica en 1995 a instancias del INCAE, que le organizó también una reunión con presidentes de la región.

5A inicios de 1990, los sandinistas habían perdido las elecciones y tuvieron que ceder el gobierno. En 1992 se lograron los acuerdos de paz en El Salvador y los de Guatemala se conseguirían cuatro años más tarde.

6El texto en español utiliza el adjetivo “sistemática” (INCAE/CLADS), al parecer es una mala traducción del término en inglés “systemic”. No se encontró una versión en inglés de la estrategia para cotejar.

7Como se podrá apreciar más adelante, el autor de referencia clave de la propuesta es Porter y su propuesta de competitividad basada en el desarrollo de clusters a partir de su entonces famoso “diamante”.

8Este horizonte coincide con otro ejercicio de imaginación sobre el futuro de la región realizado por Bulmer-Thomas y Kincaid, desde premisas muy distintas. De hecho, hubo contraste de interpretaciones entre estas dos miradas (Pratt y Monge).

9Si bien lo social aparece a lo largo de todo el documento, aunque de manera tangencial, es abordado de manera explícita en el capítulo VII que lleva como título “Una política social para la competitividad y el bienestar”.

10Al respecto hemos argumentado que el enfoque de pobreza, desarrollado por el Banco Mundial con el aval de la CEPAL, ha supuesto una comprensión no relacional de las carencias. O sea, “pobres” y “no pobres” se definen en términos de estándares fijados por expertos. De esta manera, se ignora toda referencia al poder y al conflicto, despolitizando así la cuestión social y configurando un sujeto social inexistente: los “pobres” (Pérez Sáinz).

11No obstante, en el esquema sobre el diseño de una macroeconomía que facilite la competitividad, una de las bases de eficiencia tiene que ver con el incremento de la flexibilidad en los mercados de trabajo (INCAE/CLADS). Este tema de la flexibilidad laboral, que podría cuestionar esta visión de la ciudadanía social centrada en el mundo del trabajo, no aparece en el texto.

12En términos centroamericanos, Costa Rica correspondería a este tipo de sociedad, mientras que los restantes países se inscribirían en la etapa previa.

13La agenda plantea otro objetivo clave: el desarrollo sostenible. No obstante, este no tiene la centralidad que se le otorga a la problemática de la competitividad. Hay un tema de gran interés en el documento, que se relaciona con la imaginación de la naturaleza y hasta qué punto se la mercantiliza. Este tema crucial desborda los alcances del presente texto y se debe destacar que no se ha encontrado documento alguno que evaluara esta agenda desde la ecología política.

14Geométricamente, la figura es un simple rombo, de ahí que se hable de sus vértices. No obstante, la metáfora porteriana es pretenciosa: una gema valiosa.

15Hay otras propuestas sobre este fenómeno de las aglomeraciones que relativizan ese predominio de lo económico. Así, las formuladas a partir del Institute of Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex con su propuesta de eficiencia colectiva (Schmitz; Schmitz y Nadvi). Por supuesto, la de Becattini en términos de socioterritorialidad referida a los distritos industriales italianos que es donde se generó, hace décadas, este tipo de reflexión.

16Al respecto, véase la propuesta sobre las principales acciones para mejorar los derechos de propiedad (INCAE/CLADS).

17Es interesante constatar que los términos “emprendimiento” o “emprendedor/a” y los de “microempresa” o “microempresario/a”, interpelaciones propias del discurso (neo)liberal sobre los sectores subalternos, no aparecen en el documento del INCAE.

18Hay un esquema que sintetiza la configuración que debe adquirir el contexto macroeconómico para contribuir a la competitividad (INCAE/CLADS).

19Se señalará que se ha intentado, a través de la propia página web del INCAE, ver qué tipo de seguimiento se hizo a la agenda, pero no se ha encontrado documento alguno.

20Este Pacto contiene nueve principios. Los seis primeros remiten al respeto de los derechos humanos, y en concreto a los laborales, en el seno de las empresas, mientras los tres restantes involucran el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Se destaca que el tercer principio insta a apoyar la libertad de asociación de los trabajadores y el reconocimiento de las negociaciones colectivas. Más adelante se verá, en el caso centroamericano seleccionado, cómo este principio se ignora.

21El texto de referencia es el de Fiszbein y Lowden. Recuérdese, como ya se mencionó en el apartado precedente, que la década de los años 1990 representó un segundo momento del diseño de políticas sociales del (neo)liberalismo caracterizado por las redes de protección social

22Si se observan los logos de las empresas asociadas, se puede identificar empresas poderosas, entre ellas multinacionales

23Esta sería una de las dos organizaciones paraguas en la región; la otra es EMPRESA (Nuñez).

24Existe una página web (http://www.centrarse.org) de donde se ha tomado la escasa información al respecto. En esa página no aparece memoria anual alguna de las actividades desarrolladas en el respectivo año. En este sentido, contrasta con la ya mencionada FUNDAZUCAR, que elabora una memoria anual de actividades.

26Recuérdese que el tema de las relaciones laborales, en términos del cumplimiento de la regulación internacional vigente, había sido ya objeto de preocupación en Centroamérica a partir del auge de la industria de la maquila en los años 1990. En ese contexto surgieron iniciativas de monitoreo independiente (Quinteros).

27Como señala Monedero, de la misma manera que si no hubiera escasez no existiría economía, sin conflicto desaparece la política.

28Recuérdese que ese tipo de promesas estaba contemplado en uno de los textos más influyentes, décadas atrás, sobre el surgimiento de un nuevo tipo de empresa distinta de la fordista tradicional. Se hace referencia, obviamente, al texto de Piore y Sabel.

29Walmart Centroamérica es uno de los socios de CentraRSE.

30En Guatemala, el caso de los ingenios azucareros resulta paradigmático. La reorganización del proceso de zafra se ha hecho con base en principios tayloristas. Además, el control computarizado de la historia laboral de cada cortador de caña, fundamentado en criterios de productividad, calidad y “actitud”, no insinúa mucha horizontalidad de las relaciones laborales. Como concluye Oglesby: “the mills are engaged in an effort to reengineer their policies of labor recruitment to gain a deeper control over labor-market flexibility” (562).

31Leguizamón et al. (26), al considerar el caso del ingenio Pantaleón, señalan “que la Costa Sur de Guatemala hace 30 años era una zona conflictiva, enfrentamientos armados, lucha de clases con fuertes tendencias sindicales, siendo los sindicatos utilizados como un instrumento para la guerrilla, por lo que el ambiente laboral era difícil, con fuertes presiones y huelgas que debilitaban las relaciones y la actividad productiva de la zona”.

32En un estudio reciente sobre RSE en Centroamérica, se señala que las dos dimensiones más deficitarias serían las referidas a las relaciones laborales y a la gobernabilidad. Señalemos que en este texto se utiliza el término “gobernanza” que parecería ser más adecuado (Solórzano et al.).

33Es conocido que el único autor quien, habiendo elaborado seriamente este concepto y además señala la existencia de formas de capital social “negativo”, es Portes.

34Combinando si la inserción en el proceso de la globalización de la localidad es exógeno (impuesto por algún actor externo) o endógeno (resultado de dinámicas locales) con el tipo de recurso local movilizado (fuerza de trabajo o capacidad empresarial), resultan cuatro tipos de situaciones: enclave, migración, subcontratación y desarrollo local (Pérez Sáinz y Andrade-Eekhoff).

35Solórzano et al. advierten de la asimetría de actores en la formulación de políticas públicas y cómo las agendas resultantes pueden decantarse por beneficiar a los más poderosos, en este caso a los grupos empresariales.

36Es interesante traer a colación que esta imagen de sociedad estructurada en torno a amplios sectores medios es la se está intentando imponer, actualmente, en el imaginario social a partir de las interpretaciones de organismos internacionales. Al respecto, véase Franco et al. y Ferreira et al.

37En efecto, el cierre de oportunidades de acumulación en el campo de acaparamiento de tales oportunidades conlleva que en el campo de condiciones de explotación de la fuerza de trabajo tienda a prevalecer la precarización de las relaciones salariales.

Recibido: 16 de Noviembre de 2016; Aprobado: 21 de Enero de 2017

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