Introducción

La materialización de la sociedad ordenada por normas jurídicas, éticas y morales genera un entramado de relaciones que coadyuvan al bienestar de sus integrantes, siendo el elemento básico del desarrollo socioeconómico y la convivencia armoniosa, debido a la garantía de cumplimiento de los derechos humanos. Las instituciones sociales fomentan las relaciones funcionales entre los individuos y se esfuerzan por garantizar un entorno de igualdad, justicia y transparencia. Como se ha planteado con antelación, “las ciencias sociales desempeñan un papel medular para los estudios de las condiciones actuales y futuras de existencia humana, proponiendo alternativas que garanticen la transformación de la situación actual y la adaptación a las nuevas condiciones, garantizando el bienestar individual y social” (^{Pérez y Rodríguez 2020}, 509). La sociedad requiere la comprensión y explicación de los mecanismos y dinámicas de su funcionamiento; para ello, las ciencias sociales tienen que asumir la ineludible misión de aportar conocimientos, estrategias, políticas, metodologías, hallazgos y evidencias científicas para este fin.

Para ^{Schultze-Kraft (2016, 26)} : “Hoy en día existe en el mundo una gran preocupación de los gobiernos, las organizaciones multilaterales, la sociedad civil y diversos grupos académicos sobre el creciente alcance de las actividades criminales y el daño institucional y violencia que generan”. Se coincide con este autor que el conocimiento científico sobre estas actividades desviadas es aun escaso, lo cual es un reto para las ciencias sociales: desarrollar investigaciones que expliquen estos comportamientos de impacto negativo para la sociedad. Las actividades criminales realizadas por determinados sujetos y organizaciones delictivas constituyen una línea de investigación transversal de las ciencias sociales por su impacto en el bienestar integral de la sociedad, afectando diversos ámbitos de la cotidianidad como el comercio, las finanzas, las relaciones interpersonales.

Actualmente, existen 4620 millones de usuarios en redes sociales equivalentes al 58% de la población mundial (^{We Are Social y Hootsuite 2022}). El auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el internet y las redes sociales ha generado un conjunto de criterios científicos contrapuestos, que van desde las bondades y beneficios, hasta los riesgos y vulnerabilidades que ocasionan. Por ejemplo, Desmurget (2020) considera que la exposición sistemática a las pantallas ha ocasionado que la actual generación tenga un coeficiente de inteligencia inferior al de sus padres, fenómeno que no se había evidenciado con anterioridad en ningún momento de la historia de la humanidad.

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, resulta una tarea muy compleja y extenuante identificar las oportunidades y amenazas que representa el uso de las TIC y las redes sociales para el desarrollo y funcionamiento de la sociedad. Un elemento importante es el desplazamiento de la vida en sociedad a la vida en red (^{Acurio 2016}), lo cual genera un área novedosa para la investigación social. Actualmente, es posible que estemos conectados en las redes sociales con personas ajenas a nuestra familia por más tiempo que el que estemos comunicándonos con nuestros padres, hermanos, abuelos, etc., lo cual influye en las dinámicas y roles de los agentes de socialización, aspecto que debe ser igualmente indagado. Es altamente probable que los denominados nativos digitales sepan muy bien cómo utilizar Facebook, Twitter e Instagram, pero constituyan una amenaza a la democracia porque no son competentes para analizar la información (^{Desmurget 2020}).

Previo a la pandemia de SARV-CoV-2 (en lo adelante COVID-19) ya se mostraban valores de criminalidad alarmantes en diversos países; casi la totalidad de las infracciones que se realizan en la vida cotidiana se han replicado en las redes sociales, el internet, el comercio electrónico, etc. (^{Alcívar, Blanc y Calderón 2018}). El empleo de las TIC, el internet y las redes sociales han creado “la configuración de nuevas conductas no aceptadas incluso moralmente por la sociedad y otras que configuran delitos, que ya se encuentran tipificados en algunas legislaciones a nivel global, regulando los distintos hechos jurídicos que conllevan al cometimiento de delitos con el uso de las tecnologías” (^{Cajamarca y Ramírez 2023}, 1732).

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 se convirtió en el escenario de confinamiento y restricciones ideal para que aumentaran exponencialmente los delitos en línea en todo el mundo. En este contexto los delitos en línea o ciberdelitos se convierten en un fenómeno a estudiar. “Los ciberdelitos son considerados como aquellas actividades delictivas que se efectúan a través de medios tecnológicos como un pc, una laptop, un dispositivo móvil o internet” (^{Salvador 2022}, 46).

Este breve recorrido por las condiciones sociales internacionales, la realidad y los peligros sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el internet y las redes, y las características de los delitos en línea permiten identificar una brecha de conocimiento en las ciencias sociales sobre estos aspectos. Es necesario proveer suficiente conocimiento que permita explicar estos delitos y su impacto en la dinámica social. Sobre este aspecto gira el interés del presente artículo que tiene como objetivo analizar las implicaciones para las ciencias sociales que presentan los delitos en línea, específicamente la estafa y la pederastia en Ecuador.

Desarrollo

^{Rojas y Yepes (20229} plantean que el rápido avance de la tecnología y las condiciones de la pandemia de COVID-19 han ocasionado el aumento de las ciberadicciones, uso problemático del internet, material pornográfico, estafas, robo de identidad, robo de datos, pederastia digital, etc. Por otra parte, ^{Bartolomé y Monteiro (2021)} reconocen el papel que han jugado las condiciones sociales durante la pandemia de COVID-19, en relación con el aumento de la ciberdelincuencia. El confinamiento, las medidas de distanciamiento social, el auge del comercio electrónico y por redes sociales se han convertido en un magnífico caldo de cultivo para la proliferación de nocivos comportamientos en línea. Adicionalmente, ^{Miró (2021)} reveló que en los cien primeros días de confinamiento por la pandemia de COVID-19 se detectó un aumento del 26,3% de correos spams, 30,3% de suplantación de identidad, 35,2% de detección de malware, así como 55,8% de bloqueos de URL peligrosas.

La nueva peculiaridad en los delitos en línea radica en que las personas y grupos delictivos operan en el anonimato y el distanciamiento físico. Ha quedado atrás la cercanía o influencia directa de una persona sobre otra. Para algunos investigadores sobre todo de la jurisprudencia (^{Acurio 2016}), el tema de los delitos cibernéticos debiera abordarse únicamente en el entorno legal, desde la perspectiva de la culpabilidad, vulnerabilidad e indefensión; sin embargo, se considera que las ciencias sociales deben encargarse de investigar las condiciones de su comisión, políticas públicas para su erradicación o mitigación, la construcción de una sociedad de paz, segura, colaborativa, cooperativa, altruista, etc.

Este tipo de delitos son una problemática que escapa a los límites del conocimiento disciplinar, por tanto, requiere un abordaje interdisciplinario, complejo y transformador. Los retos que plantean a la sociedad los delitos en línea superan las fronteras de conocimientos disciplinarios y establecen áreas de investigación integradas por las ciencias jurídicas, conductuales, formativas, políticas, económicas, comunicacionales, etc.

Algunos datos pueden generar una mejor idea de la magnitud de este tipo de delitos. Según el ^{BID (2020)} en 2019 los daños económicos por delitos cibernéticos alcanzaron los 6 billones de dólares. En el caso de Ecuador, como registran ^{Alcívar, Blanc y Calderón (2018)} solo en 2015 se registraron 1026 delitos en línea. La prensa ecuatoriana reconoce el aumento de los delitos informáticos dentro de la sociedad, siendo afectado tanto los individuos, como las pequeñas empresas, empresas públicas, etc. (^{El Universo 2021}, ^{El Comercio 2022}).

Aunque existe una amplia variedad (tipificación) de delitos en línea en la legislación ecuatoriana actual, en esta investigación se abordan la estafa y la pederastia. El interés por estos se debe al impacto en la sociedad y el aumento de las denuncias en Ecuador. Siendo los mayores afectados en estos tipos de delitos las niñas, niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores. Además, afectan derechos humanos fundamentales, menoscaban la integridad y la salud física y mental de las personas víctimas y perturban a quiénes les rodean (víctimas indirectas). El entramado social se estremece ante hechos de esta naturaleza porque sus miembros se han visto afectados y no han existidos suficientes políticas, mecanismos y estrategias para mitigar o erradicar los mismos.

La estafa ha sido analizada por el nivel de afectación patrimonial que genera, siendo las más estudiadas las que afectan al Estado, al sistema financiero o a grupos significativos de personas. Según ^{Cáceres (2021, 7)} “solo el hombre defrauda al hombre, para obtener, mediante el arte del engaño, un bien patrimonial ajeno”. Por lo tanto, se entiende por engaño hacer cometer errores a otra persona utilizando información incompleta, fraudulenta u ocultando la verdad.

Dentro de los casos más conocidos de estafa, de tipo piramidal, se encuentran los de Carlo Ponzi (^{Zuckoff 2005}), Bernard Madoff (^{Weitmann 2009}), TelexFree y Afinsa y Fórum Filatélico (^{Parejo-Pizarro 2017}). De manera particular en Ecuador resaltan los eventos siguientes: Caso Publifast, Caso TelexFree, Caso Telares, Big Money (El Universo 2021, El Comercio 2022).

Sobre los delitos de naturaleza sexual, Pérez (2022) plantea que los delitos sexuales son una problemática social que se refleja cotidianamente en el contexto de la familia, en muchas ocasiones los agresores son individuos que conforman el grupo familiar o allegados, pueden ser padres o padrastros, hermanos, tíos, quienes cometen el delito utilizando la fuerza y en contra de la voluntad de la víctima.

Metodología

La metodología utilizada para la realización de esta investigación, se justifica en la concepción de las revisiones sistematizadas de ^{Grant y Booth (2009)} y las aproximaciones sistematizadas de ^{Booth, Sutton y Papaioannou (2016)}, por su aplicación y relevancia en las ciencias sociales. Este diseño de la investigación se centra en el análisis de áreas y ámbitos de conocimiento, sirviendo para identificar tendencias y corrientes principales desde una concepción del carácter acumulativo de la ciencia. Permite que cada revisión se ajuste a criterios específicos y se aplique un método científico, la ausencia de sesgos y la transparencia al presentar los resultados (^{Codina 2018}).

Para realizar el diseño de la investigación se empleó el marco analítico ReSiste-CHS, acrónimo de Revisiones sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales. Como reconocen ^{Codina (2018}) y Codina y Lopezosa (2020) se centra en el ámbito de las ciencias sociales para realizar estudios cualitativos y conceptuales; consta de cinco fases: búsqueda, evaluación, análisis, síntesis y presentación. En la tabla 1 se muestran las principales categorías metodológicas de la presente investigación.

En la fase de búsqueda se procedió a seleccionar bases de datos de reconocido prestigio académico para obtener garantías de rigor, sistematicidad y transparencia. Se utilizaron bases de datos como Google Scholar, SCOPUS, Web of Science (WOS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (REDALYC), así como repositorios universitarios. La estrategia de búsqueda utilizada, restringida a los campos de búsqueda de título, resumen y palabras clave (en dependencia de la base de datos), fue: (estafa en línea) OR (pederastia en línea) AND (víctimas AND (afectaciones)). Con la finalidad de obtener la mayor calidad, amplitud y actualización en los estudios, no se limitó la búsqueda por año.

Para la fase de evaluación se procedió a identificar los artículos que cumplieran criterios de calidad metodológica y reconocimiento académico. El procedimiento empleado propone realizar la búsqueda de la información desde la delimitación de los criterios de la consulta y la discriminación de fuentes (^{Saúl, et al. 2012}). Dentro de los criterios de inclusión-exclusión seleccionados se encuentran los que aparecen en la tabla 2.

En la fase de análisis se procedió a realizar una ficha bibliográfica que incluye los siguientes criterios: título, autor, palabras clave, fecha, metodología, resultados. Se empleó el programa ENDNOTE X7 para almacenar la información. Se extrajo información relacionada con unidades de análisis que se fueron estableciendo en la medida que se analizaba la información.

En la fase de síntesis se realizó una síntesis narrativa de los principales hallazgos y evidencias, apoyado en fuentes teóricas previamente seleccionadas. Lo cual permitió identificar las afectaciones individuales y colectivas derivadas de la estafa y pederastia en línea. Este trabajo de síntesis contribuyó a promover dos ideas científicas de este estudio: en primer lugar, el estudio de los efectos psicológicos y sociales en víctimas los delitos en línea; en segundo lugar, las implicaciones para las ciencias sociales de estos resultados.

En la fase de presentación se realizó la sistematización de los resultados. Esta presentación de resultados se realiza de forma descriptiva y crítica. Para lo cual se elabora este artículo científico utilizando la metodología de la revisión sistematizada y el marco analítico ReSiste-CHS.

Resultados

Según ^{CSIRT (2021)}, en Estados Unidos el 90% de las instituciones de salud han recibido ataques informáticos, el 43% de los ciberataques afectan a pequeñas y medianas empresas, los ataques con malware en 2020 aumentaron un 435% con respecto a 2019 (el 93% de estos son polimórficos). En 2019, el costo total del cibercrimen representaba el 1% del producto interno bruto mundial, y se estima que para 2025 el daño económico rebasará los 10 trillones de dólares.

^{Antunez (2020)} propone una clasificación de ciberdelitos, integrada por las estafas en línea y phishing, bulos y fake news, malware y apps maliciosas, ciberacoso, incitación al odio, injurias y calumnias, delitos de desórdenes públicos, falsas alertas de seguridad, pederastia digital o grooming, sexting, y pornografía (^{Posada 2021}). La heterogeneidad de estas conductas transgresivas hace que sea muy difícil su tipificación y a la vez, que se desarrollen metodologías, procedimientos y herramientas para su detección por parte del sistema judicial. Por ello es ineludible un papel más comprometido desde las ciencias sociales para comprender dinámicas, roles, aspectos socioculturales, etc., que influyan de manera efectiva en la disminución de estos crímenes en línea.

El área geográfica latinoamericana es rica en recursos, patrimonio y cultura, también es la región con mayor desigualdad económica del planeta. Como plantea ^{Chinchilla (2016}) en este territorio el tema de la paz es atravesado por problemas de seguridad que amenazan el óptimo funcionamiento de la sociedad, ampliando el límite de las acciones de violencia, no solo a aquellas que afectan y desestabilizan los gobiernos. “Son disímiles los hallazgos que posicionan al fenómeno delictivo como el principal problema en la región latinoamericana.” (^{Piña-Osuna 2022}, 196)

El ciberespacio es un área de intercambio, comunicaciones, transacciones e interacciones, similar al mundo físico, donde se desarrolla una parte significativa de las relaciones económicas, políticas, sociales y personales (^{Ron, et al. 2018}, ^{Salazar 2021}). El uso del internet y las redes sociales se ha arraigado en la sociedad latinoamericana, y Ecuador no ha sido la excepción. Según datos aportados por ^{INEC (2021)} en 2020, el 53.2% de la población ecuatoriana tiene acceso a internet, evidenciando un aumento de 7.7% con relación a 2019. El 58.0% tiene un celular activado, y el 44,6% utiliza redes sociales desde el celular.

Este crecimiento ha propiciado el aumento de los riesgos y vulnerabilidades sociales asociados a los delitos en línea. La lenta respuesta del sistema de justicia y la escasez de recursos para enfrentar estos nuevos delitos provocan que aumente la cantidad de sujetos que se dedican a estas actividades ilícitas, así como el número de víctimas. En Ecuador se registraron 15 847 ataques informáticos en 2021 y 7 292 en los cuatro primeros meses de 2022 (^{Prensa.Ec 2022}).

Según ^{Chávez (2021)} en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, aprobado en el año 2014, se tipifican 22 tipos de delitos cibernéticos. Dentro de estos, el artículo 186 se refiere a la estafa, mientras que el 173 a la pederastia digital. Este propio autor, según su análisis de la información obtenida del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF) de la Fiscalía General del Estado entre 2017 y el 31 de agosto de 2021, contabilizó 829 casos de pederastia digital y 79 784 casos de estafas, representando este último el 76.15% de los 104 765 casos de delitos cibernéticos de todo tipo denunciados.

Los delitos como la estafa digital y la pederastia digital han sido abordados con sistematicidad en el ámbito jurídico y las ciencias forenses, tanto a nivel internacional (^{Morán, Arandia, y Del Pozo 2022}), como en el Ecuador (^{Cajamarca y Ramírez 2023}). Por su parte, ^{Macías-Lara et al. (2022)} reconocieron como los tipos más frecuentes la interceptación no autorizada, el fraude informático, la pornografía infantil, sabotaje informático o piratería, infracción a la propiedad intelectual y derecho de autor, y el acoso o espionaje informático. La estafa es el delito más común en Ecuador durante 2021 con 14 328 denuncias, mientras que en 2020 se realizaron 21328 denuncias; mientras que la pederastia digital en 2020 y 2021 fue denunciada 315 y 220 veces, respectivamente (^{Salvador 2022}).

Conclusiones

Como nunca antes en la historia de la humanidad, las ciencias sociales se encuentran en el centro del debate sobre la importancia del conocimiento científico para el mantenimiento de las condiciones de existencia de la especie humana. Como se ha planteado anteriormente, “las ciencias sociales tienen que fomentar el análisis crítico de estas condiciones y proyectar los mecanismos, que garanticen una existencia en el nuevo entorno, basado en la interdisciplinariedad y el enfoque complejo en el análisis de la realidad.” (^{Pérez y Rodríguez 2020}, 513). Este rol compromete los recursos científicos, investigativos, morales y éticos de aquellos que se dedican al estudio de las condiciones de vida, pretendiendo mejorar el bienestar de todos los seres humanos y la sostenibilidad del planeta.

Si bien las ciencias sociales juegan un papel preponderante en la explicación de conductas negativas como la violencia, la criminalidad y la delincuencia, lo cierto es que se han ocupado en mayor medida en el narcotráfico (^{Piña-Osuna 2022}, ^{Pontón 2013}), la migración (^{Herrera y Nyberg Sorensen 2017}, ^{Parrini Roses y Flores Pérez 2018}), la prostitución (^{Blázquez y Liarte 2018}, ^{García Díaz 2017}), desapariciones (^{Robledo 2016}, ^{Velasco-Domínguez y Castañeda-Xochitl 2020}) y el tráfico de personas (^{Dammert Guardia, Dammert y Sarmiento 2020})

El acceso a gran cantidad de información y la capacidad de comunicación simultánea entre muchas personas requieren un aumento en la confianza de la información y la tecnología. La diversidad de criterios y opiniones que se consume diariamente hacen que los juicios de las personas estén influenciados por éstos, recurriendo a la búsqueda significativa del criterio propio (^{Arenas 2021}). Actualmente, el concepto de verdad relativa depende más del consenso de percepciones y posiciones de las personas que de los hechos y las evidencias externas. Este punto debe constituir un punto de partida para el debate constructivo de las ciencias sociales que demanda el momento actual que vive la humanidad.

El abordaje teórico en las ciencias sociales de la ciberdelincuencia es insuficiente. En la actualidad predominan enfoques teóricos que provienen de experimentos sociales desarrollados en la segunda mitad del siglo XX. Se emplean referentes como la teoría de la unión traumática (^{Dutton y Painter 1981}), la teoría del castigo paradójico (^{Long y McNamara 1989}), la teoría de la intermitencia (^{Dutton y Painter 1993}), el ciclo de la violencia (^{Walker, 2012}; ^{Palop, 2019}), y la teoría de la violencia simétrica (^{Stemple, Flores y Meyer 2017}, ^{Mgolozeli y Duma 2019}).

Si se realiza un análisis crítico, todas estas teorías se sustentan en modelos descritos en las ciencias sociales para identificar las causas de las conductas, los factores sociales que las condicionan y las características favorecedoras del delito en el entorno social. Un ejemplo de ello es la teoría sistémica de la violencia de género, que emplea como soporte el modelo de sistema social (^{Giles-Sims 1983}). Para los delitos como la pederastia y estafa en líneas no existen referentes teóricos explicativos de estas conductas y sus determinantes. Otros conocimientos propios de las ciencias sociales que son tomados como referencias para explicar las conductas desviadas son la cultura patriarcal, las relaciones de poder/dependencia y el aprendizaje social. Este es un primer elemento que se resalta como resultado de este estudio: la necesidad de aproximaciones teóricas más actualizadas y adecuadas a este tipo de conducta delictiva.

El desarrollo de una perspectiva fenomenológica en la investigación social de los delitos en línea es un acierto que brindan las ciencias sociales; sin embargo, no es totalmente aplicado por otras áreas de conocimiento como son las ciencias forenses. Las características metodológicas del enfoque fenomenológico de la investigación brindan, a criterio de estos autores, una alternativa legítima para el estudio de estos hechos y la construcción de teorías válidas.

El tercer elemento se encuentra relacionado al estudio de los juicios compartidos sobre los delitos en línea. Existen falsas creencias sobre la seguridad en entornos virtuales que desvirtúan las medidas que puedan tomarse, tanto a escala individual como colectiva. También, se considera que las víctimas son propiciatorias y responsables de lo que les ha ocurrido y los victimarios, seres anónimos imposibles de capturar. Las ciencias sociales están convocadas a esclarecer y derribar estos mitos, a partir de la construcción de un conocimiento explicativo con sólidos basamentos en la realidad, fundado en hallazgos y evidencias donde se establezcan las verdaderas características de los agresores, sus víctimas y el entorno donde se desarrolla el delito en línea.

La realidad mostrada en los resultados de esta investigación muestra que existe un mayor alcance de los delitos en línea en Ecuador, trasladándose del entorno físico al ciberespacio; una mayor escalada de estos; y varias peculiaridades estructurales en la comisión de los mismos, que van desde los recursos que utilizan con mayor frecuencia los perpetradores, hasta los factores de vulnerabilidad y riesgo, así como el escaso apoyo social. El combate frente a estos tipos de delitos requiere establecer respuestas con enfoque global y sostenible, que incluya las instituciones sociales, del estado, la sociedad civil, etc. Para lograr estos niveles de coordinación y gobernanza en línea las ciencias sociales tienen que generar datos y teorías que justifiquen la toma de decisiones de los organismos encargados, además de articular la medición del impacto real de los mecanismos de control en las instituciones que se encarguen de los delitos de esta naturaleza.

La evolución hacia la sociedad de la información y el conocimiento es un proceso indetenible. Para ello se requiere que la sociedad alcance niveles de comunicación e interacción con una nueva dimensión, la seguridad. La seguridad en función del bienestar social, de la protección de datos y de los derechos humanos requiere de la construcción y justificación de nuevas relaciones y roles dentro del modelo de sociedad interconectada contemporánea. El análisis de la realidad ecuatoriana ha demostrado que existen bajos niveles de confianza en los organismos públicos y privados, por lo que es necesario un trabajo transformador desde la ciencia y la política para combatir esta tendencia, por tanto, coadyuvar al desarrollo de un grado superior de coordinación, colaboración y confianza para combatir la ciberdelincuencia (^{al Azzam 2019}).

Un aspecto significativo, a criterio de los autores, que requiere la atención de las ciencias sociales en este contexto es promover la permeabilidad de todas las fronteras de las ciencias en el abordaje de los ciberdelitos, particularmente la pederastia y la estafas en líneas. Ubicando al ser humano y sus interrelaciones en el centro de análisis, promulgando claros principios éticos, estableciendo mecanismos para abordar el fenómeno, la articulación científica interdisciplinaria permitirá una mejor comprensión de los delitos en línea. Generar espacios de debate interdisciplinarios contribuirá, de manera positiva, a la comprensión de la magnitud, naturaleza, características, determinantes, relación espacial, factores de riesgo, vulnerabilidad y protección, entre otros. Descubrir los patrones conductuales que sirvan para identificar los perpetradores y las víctimas no debe ser tarea, únicamente, de las ciencias forenses. Además, para reconocer los espacios digitales que ofrecen mayores oportunidades de cometer estos delitos se requiere de un estudio y mapeo de las relaciones sociales.

Si bien es cierto que en materia de jurisprudencia se debe agilizar más la normatividad que penalice este tipo de delitos (^{Granja 2021}), desde las ciencias forenses y la criminología es importante desarrollar herramientas investigativas que contribuyan al esclarecimiento de estos delitos. En el ámbito de las ciencias sociales es significativo aportar explicaciones a las determinantes psicosociales del comportamiento de los agresores, las condiciones sociales que favorecen este tipo de hechos punitivos.

Las políticas públicas son un elemento determinante en la prevención, promoción y enfrentamiento a estos delitos analizados. Además, debe protegerse a las víctimas y garantizar la atención de salud integral, así como la creación de un entorno desarrollador.