Introducción

La seguridad pública en América Central demanda soluciones oportunas, efectivas y con un enfoque de derechos humanos. Esto se manifiesta de manera particular en las estrategias adoptadas por los líderes de El Salvador y Costa Rica. Se aprecian dos enfoques notoriamente distintos liderados por Nayib Bukele en El Salvador y Rodrigo Chaves en Costa Rica. Por un lado, Bukele apuesta por el encarcelamiento masivo y la militarización como medidas principales; y por otra parte, Chaves ha delegado sus responsabilidades constitucionales en los poderes Legislativo y Judicial, enfrentándose así al período más violento de la historia costarricense.

El siguiente trabajo explora y analiza estas estrategias opuestas. En primer lugar, examina las políticas de seguridad implementadas por ambos mandatarios, así como sus discursos autoritarios y las consecuencias de estas decisiones en la percepción pública. Mediante este análisis comparativo, se busca examinar la efectividad y sostenibilidad de tales enfoques en la mitigación de la violencia, ofreciendo una visión integral de cómo estos líderes abordan el desafío común de proteger la seguridad de sus ciudadanos.

En El Salvador, la administración de Bukele se ha caracterizado por políticas marcadas por el encarcelamiento masivo y la militarización como estrategias fundamentales para abordar la creciente ola de violencia en el país. En el caso costarricense, Chaves ha optado por una estrategia de evasión de responsabilidades y promesas de campaña, atribuyendo la crisis de seguridad nacional a las periferias. A través de este análisis comparativo, se pretende arrojar luz sobre las diferencias en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador y Costa Rica, evaluando su impacto en la sociedad, la percepción pública y la efectividad en la contención de la violencia.

Estrategias De Seguridad: Un Vistazo A Las Políticas De Bukele En El Salvador

En la búsqueda incansable por garantizar la seguridad pública, Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador ha optado por un enfoque que ha capturado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Su administración se ha caracterizado por la implementación de políticas audaces, marcadas por el encarcelamiento masivo y la militarización como estrategias fundamentales para abordar la creciente ola de violencia que ha afectado al país. Este apartado se adentrará en las políticas de seguridad de Bukele, analizando de cerca la lógica detrás del encarcelamiento masivo y la presencia militar, así como sus implicaciones en términos de efectividad y repercusiones en la sociedad salvadoreña. En este contexto, se explorarán las medidas específicas adoptadas por el presidente Bukele y cómo estas han dado forma al panorama de la seguridad en El Salvador.

De acuerdo con ^{García (2020}), el proceso de paz en El Salvador contó con el apoyo y la participación significativa de actores externos, mientras que el rol decisivo de las élites y la política local y nacional no fue considerado en su magnitud. Entre los actores locales, destaca la influencia de las élites en la construcción de paz. Serán sus preferencias las que determinen cómo mantener el status quo. Como afirma García, el atrincheramiento de las élites para hacer frente a reformas que pueden afectar sus intereses es una característica de muchas sociedades posconflicto, lo cual puede generar un incremento de la polarización o, en el peor de los casos, al retorno de la confrontación armada. Además, plantea cómo en la mayoría de los casos, la interacción entre los sectores en favor de la paz y las élites es una “construcción de paz comprometida”, donde ciertas reformas son aceptadas a cambio de la protección de los intereses de la élite.

En las dinámicas posconflicto, se desarrolla una nueva lógica de seguridad que implica deconstruir un grupo social y criminalizarlo, de manera que se legitime su opresión y sea justificable su exclusión social y política. Sin duda, las pandillas juveniles, con todos los males estructurales que les otorgaron poder, se convirtieron en el grupo criminalizable que personifica la inseguridad en un contexto social donde las desigualdades estructurales engendran violencia. (^{García, 2020}).

Las políticas de “mano dura” y “súper mano dura” adoptadas por Bukele no han hecho más que enardecer el conflicto social y exacerbar la violencia como una forma de resistencia y de radicalización ante un Estado que busca eliminar a estos grupos criminalizables de forma sistemática.

Desde la perspectiva de Bukele, las maras van más allá de una estructura conformada exclusivamente por los miembros formales, se trata más bien de una estructura que vincula a miembros de las comunidades en diferentes roles, desde los niños y jóvenes hasta adultos mayores. En palabras de ^{García (2020}), esta visión carente de cualquier análisis social sobre las maras y sus miembros justificaría la violencia indiscriminada contra los pobladores de comunidades controladas por pandillas. Las lágrimas tatuadas no son el único identificativo del marero. El simple hecho de residir en uno de estos territorios, vestir cierto tipo de pantaloneta, tener tatuajes, basta para ser visto como sospechoso por las autoridades.

La política de seguridad del bukelismo se afianzó con un falso balance entre represión e inclusión social. ¿Inclusión social para quiénes y en qué condiciones? Fuertes (2020) profundiza sobre la bandera de supuesto éxito que ondea Bukele en cuanto al declive de los homicidios. Señala que el entonces ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el propio Gobierno, atribuyeron la reducción de los homicidios de 2019 al Plan Control Territorial. No obstante, varios analistas conceden la disminución a los acuerdos entre pandillas. Valencia (citado por Fuentes, 2020) afirma que la baja en la tasa de homicidios se debe a un intento de los pandilleros de evitar conflictos con el gobierno. Por su parte, Martínez (citada por Fuentes, 2020) enfatiza en que la política de Bukele no es un plan de seguridad pública, sino más bien una muestra de la ambición de poder del mandatario, respaldado por su ejército.

Efectivamente, las políticas de seguridad autoritarias no son una solución efectiva para contener el flagelo de violencia y criminalidad que ha acompañado al pueblo salvadoreño como su sombra. Quizás Bukele sufre del mismo vicio que el mandatario costarricense, que pretende resolver problemas sociales sin conocer a los actores involucrados.

Como expone ^{Rocha (2022}), Bukele prometió un cambio, pero en su lugar, optó por la remilitarización como camino. Debido a que se trata de una guerra y de un enemigo tan extremo como solo el terrorismo puede serlo, Bukele declaró un estado de excepción que les permitiera a la PNC y a las Fuerzas Armadas un uso irrestricto de la fuerza, olvidarse de los derechos humanos que los Acuerdos de Paz los comprometieron a respetar y escudarse en la impunidad.

Desde esta lógica, conviene cuestionar quién ejerce el terrorismo. ^{Rocha (2022}) problematiza cómo Bukele ha logrado que todo prisionero tema por su vida y que cualquier joven de un barrio popular sepa que en cualquier momento puede ser capturado sin motivo alguno, solo por el imperativo de que la utopía carcelaria del bukelismo podrá concretarse hasta que rebose de presos y las metas de detenidos sean finalmente alcanzadas. Del mismo modo, Rocha (2022) resalta la gravedad de permitir que las fuerzas coercitivas del Estado tomen decisiones sin ser objeto de observación crítica y denuncias eficaces. Esto implica abordar un problema social con una solución de naturaleza militar, un enfoque que plantea serias implicaciones y preocupaciones para el tejido social y político de una nación.

Delegación De Responsabilidades: El Enfoque De Rodrigo Chaves En Costa Rica

Mientras El Salvador experimenta una política de mano dura liderada por Nayib Bukele, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chaves ha adoptado un enfoque notablemente distinto para enfrentar los desafíos de seguridad. En lugar de abogar por medidas de fuerza directa, Chaves ha apostado por la delegación de responsabilidades, confiando en los poderes Legislativo y Judicial para abordar el persistente problema de la violencia. Este apartado aborda la estrategia de delegación de responsabilidades de Chaves, explorando las razones detrás de esta decisión y evaluando cómo ha influido en el afrontamiento del país ante el año más violento de su historia.

Desde su pomposidad y estilo populista de dar su mensaje semanal, Chaves decidió solicitarle a su ministra de la Presidencia que retire de la agenda la estrategia de seguridad propuesta por el Ejecutivo, quizás de forma preventiva ante la incompetencia e incapacidad de su gestión para brindar una solución pronta y eficaz ante la ola imparable de violencia que enfrenta Costa Rica (^{Chacón, 2023}).

Posiblemente, se percató de que a un porcentaje elevado de sus votantes se le terminó su período de “luna de miel”. ^{Cortés (2023}) se refiere al concepto de “luna de miel” como el período inicial de gran aprobación y apoyo que experimenta un presidente o gobierno recién elegido. Se caracteriza por una percepción pública positiva, unidad y optimismo hacia la nueva administración. La duración de este periodo varía, y en él pueden influir factores como las coaliciones minoritarias, la unión en torno a la bandera, las variables económicas y el impacto de guerras o conflictos militares. Concretamente en el caso costarricense, no se teme por la militarización, sino más bien por la conformación de un narcoestado, de no ejecutar acciones oportunas en materia de seguridad. En esa línea, ^{Rocha et al (2023}) definen narcoestado como un país en el cual el tráfico de drogas ilegales tiene una influencia significativa sobre el gobierno, las instituciones y la sociedad en su conjunto. En un narcoestado, la producción, el tráfico y la distribución de drogas ilegales suelen estar entrelazados con el poder político, lo que lleva a una situación en la que los cárteles de la droga o los traficantes tienen una gran influencia en las políticas, la economía y las estructuras sociales del Estado. El término implica un alto grado de connivencia entre los agentes estatales y las organizaciones de narcotraficantes, y el Estado patrocina directamente el tráfico de drogas o se beneficia de él.

Otro aspecto por destacar en la actual crisis de seguridad nacional que enfrenta Costa Rica se asocia a la repartición de culpas por parte del mandatario, muy propia de un gobierno populista, según Kaiser y Álvarez (2016). Su abordaje de la crisis social con complejidades estructurales profundas es tan laxo como el de Bukele, carece del conocimiento necesario para comprender el crimen organizado más allá de proyecciones estadísticas.

^{Nicaso y Danesi (2021}) profundizan en los factores estructurales del crimen organizado y lo definen como el conjunto de actividades delictivas llevadas a cabo por un grupo altamente estructurado y jerarquizado, a menudo denominado grupo delictivo organizado (GDO) o sindicato criminal. Estas organizaciones delictivas operan como empresas, tratando de obtener el control exclusivo de mercados delictivos específicos para ganar poder y beneficios económicos. El objetivo último de la delincuencia organizada es el poder, más que el simple beneficio monetario. En esta búsqueda de poder confluyen muchas variables sociales, económicas, culturales, educativas y políticas que no pueden dejarse de lado para concretar una estrategia que vaya más allá de revictimizar a quienes habitan en zonas marginales. ¿Ha sido insuficiente el gobierno de Chaves en la comprensión del país y la descomposición social que lo afecta? ¿Es posible equiparar terrorismo y crimen organizado para proponer estrategias de combate para este último? De acuerdo con Nicaso y Danesi (2021), la delincuencia organizada es diferente de las organizaciones terroristas, aunque comparte muchos de sus métodos. La principal diferencia es que los terroristas tienen una agenda basada en la ideología (religiosa, política, social, etc.); las bandas criminales no se basan en ideologías. Desde esta perspectiva, está claro que los esfuerzos deben dirigirse al fortalecimiento institucional del Poder Judicial y sus instancias, así como al aparato estatal que debe respaldar a los grupos más vulnerables del país.

El contraste entre las estrategias de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador y Rodrigo Chaves en Costa Rica revela dos enfoques opuestos para abordar la compleja problemática de la violencia en América Central. Mientras Bukele ha optado por medidas de mano dura, como el encarcelamiento masivo y la militarización, con el objetivo declarado de restaurar la paz y la seguridad, las consecuencias de estas políticas son evidentes. El aumento del autoritarismo y la creciente preocupación por los derechos civiles son resultados tangibles de un enfoque que, aunque ha logrado disminuir ciertos indicadores de violencia, ha generado tensiones significativas en la sociedad salvadoreña.

En contraste, la estrategia de delegación de responsabilidades de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha buscado abordar el problema desde una perspectiva más equilibrada, confiando en la colaboración entre los poderes Legislativo y Judicial. La dicotomía entre estas dos naciones vecinas destaca la complejidad inherente a la gestión de la seguridad pública y subraya la importancia de estrategias que no solo busquen la contención de la violencia, sino también la preservación de los derechos fundamentales y la estabilidad social a largo plazo. Como sostienen ^{Hochmüller & Müller (2023}), la percepción de un aumento en la inseguridad en Costa Rica ha generado un clima de pánico moral. Este fenómeno es fundamental para comprender el surgimiento del enfoque populista en materia de seguridad y la creciente popularidad de soluciones políticas en línea con la mano dura, una variante centroamericana de la política de tolerancia cero. Los líderes políticos han atribuido la escalada de violencia y desorden en el país a los sectores socialmente marginados de la sociedad costarricense. De manera similar a lo que ocurre en El Salvador, Guatemala y Honduras, los jóvenes de bajos recursos en áreas urbanas, frecuentemente marginados por pertenecer a las periferias, son los más afectados por este cambio discursivo. Algunos analistas del panorama de seguridad en Costa Rica argumentan que el país siempre ha mantenido una especie de “ejército encubierto”. Esto sitúa a Costa Rica como un ejemplo destacado del concepto de “continuo policial-militar” propuesto por el académico Stuart Schrader, que insta a los estudiosos de seguridad a considerar la militarización en sus análisis. Hochmüller & Müller (2023) plantean que la idealización de la abolición militar y la autodefinición de Costa Rica como una nación pacífica han ocultado la naturaleza híbrida de su fuerza policial. Esto ha desviado la atención de muchos observadores de los procesos subyacentes de militarización que han sido posibilitados por la cooperación internacional en materia de seguridad. Esta perspectiva lleva a cuestionar las dinámicas políticas y sociales que influyen en las estrategias de seguridad de los gobiernos.

Conclusiones

Se observa una marcada diferencia entre las estrategias de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador, basadas en el encarcelamiento masivo y la militarización, y las estrategias de delegación de responsabilidades de Rodrigo Chaves en Costa Rica, que buscan una colaboración entre los poderes Legislativo y Judicial. Esta divergencia refleja la complejidad en la gestión de la seguridad pública en la región.

Asimismo, es evidente que las políticas de “mano dura” y “súper mano dura” adoptadas por Bukele en El Salvador han generado conflictos sociales y exacerbaron la violencia como forma de resistencia. La criminalización de ciertos grupos sociales, como las pandillas juveniles, ha llevado a una justificación de la exclusión y opresión de estos sectores. Por otra parte, es apremiante evaluar críticamente el papel de las políticas de mano dura y la militarización en la mitigación de la violencia y la criminalidad. Lo anterior implica considerar las dinámicas políticas y sociales que influyen en las estrategias de seguridad de los gobiernos, cuestionando la efectividad y sostenibilidad de dichas medidas.

Es fundamental analizar si el gobierno costarricense continuará adoptando una estrategia pasiva en materia de seguridad, la cual ha contribuido a un aumento preocupante en las tasas de homicidios. ¿Persistirá esta actitud de complacencia o, por el contrario, el poder Ejecutivo asumirá un compromiso más activo y asumirá las responsabilidades que le corresponden en términos de seguridad nacional? Las respuestas a estas interrogantes serán determinantes para el futuro de Costa Rica y su capacidad para mantenerse fiel a su imagen de ser una sociedad pacífica, en medio de desafíos cada vez más complejos.

La evaluación de las políticas de seguridad en Costa Rica y El Salvador ofrece una perspectiva reveladora sobre los enfoques gubernamentales para abordar la violencia y la criminalidad en la región centroamericana. Mientras Costa Rica ha mantenido una tradición de desmilitarización y enfoques más centrados en lo civil, El Salvador ha optado por estrategias más militarizadas y coercitivas. Sin embargo, las críticas hacia estas políticas sugieren la necesidad de una evaluación más profunda de su efectividad y sostenibilidad a largo plazo.

El concepto de narcoestado es polifacético y requiere una comprensión profunda de sus dimensiones políticas, sociales, económicas y de seguridad. Al desentrañar las complejidades de los narcoestados, las partes interesadas pueden abordar mejor los retos que plantea el narcotráfico y trabajar para construir estructuras de gobierno más resistentes y responsables, que vayan más allá de la criminalización de poblaciones vulnerables y se orienten a comprender las especificidades de cada país.

La desigualdad socioeconómica, la corrupción institucional y la influencia de organizaciones criminales transnacionales son solo algunos de los aspectos que deben abordarse de manera integral para promover sociedades más seguras y justas en América Central. Ciertamente, hay una urgente necesidad de adoptar enfoques más amplios y colaborativos para enfrentar los desafíos complejos y multifacéticos de la violencia y la criminalidad en la región