Introducción

El 10 de junio de 1959, fue promulgada la ley que creó la Editorial Costa Rica, cuyo propósito fundamental fue definido como “el fomento de la cultura del país mediante la edición de obras literarias, artísticas y científicas costarricenses y de extranjeros en casos de mérito especial” (^{Asamblea Legislativa, 1959}, p. 323). Casi inmediatamente, el abogado y escritor, Mario Alberto Jiménez Quesada (1911-1961), publicó un artículo en la revista cultural Brecha, en el que expuso:

la idea de gran moda es una editora (editorial) nacional. Mejor dicho, de otra editora nacional, porque ya teníamos la Imprenta Nacional, antes Imprenta de la Paz [sic: véase más adelante]. Lo que ahí se ha editado durante más de un siglo verdaderamente asombra por su gran cantidad. Son toneladas de papel. También son toneladas lo que han editado por su cuenta los particulares (^{Jiménez Quesada, 1959}, p. 1).

Al fundamentar su rechazo a la creación de la nueva editorial, Jiménez incurrió en una imprecisión histórica, puesto que no diferenció debidamente entre imprentas estatales o privadas y casas editoras. En las primeras, la publicación dependía de que los escritores ajustaran el contenido de sus textos a directrices oficiales previamente definidas, en especial de tipo político, escolar o nacionalista, o de que dispusieran de los fondos indispensables para financiar la producción de sus obras. Las segundas, en contraste, dieron origen a una nueva cultura institucional caracterizada por la recepción de manuscritos, su evaluación en términos de calidad, pertinencia y viabilidad comercial; con base en tales criterios, se decidía si se corría el riesgo financiero de publicarlos.

Los estudios históricos sobre la producción, circulación y consumo de libros en América Latina, dados a conocer en las últimas décadas, tienden a concentrarse en el análisis de la época colonial, el siglo XIX e inicios del XX (^{Castañeda y Cortés, 2002}; ^{Abreu y Schapochnick, 2005}; ^{Gómez Álvarez, 2011}; ^{Aguirre y Salvatore, 2018}), por lo que su cobertura temporal abarca períodos en los cuales predominaba una cultura de la publicación basada en las imprentas, más que en las editoriales. En contraste, quienes indagan acerca del origen y desarrollo de la industria editorial prestan especial atención a los últimos cien años, aproximadamente (^{Cobo Borda, 2000}; ^{Guzmán Méndez, 2018}; ^{Sorá, 2018}; ^{Reyes Pérez, 2018}; ^{Rivera Mir, 2018}; ^{Petra, 2018}). Al no existir todavía las suficientes conexiones entre ambos campos de investigación, la diferenciación entre impresores y editores, y sus cambiantes relaciones a lo largo del tiempo, pese a su importancia, han solido quedar al margen, con pocas excepciones (^{Subercaseaux, 2010}).

De manera similar al resto de América Latina, en Costa Rica hay una profunda brecha entre las investigaciones históricas que, centradas en el período 1750-1914, analizan las imprentas, la cultura impresa y la producción, el comercio y el consumo de textos (^{Meléndez Chaverri, 1990}; ^{Vega Jiménez, 1995}; ^{Molina Jiménez, 1995}), y las que, circunscritas a los siglos XX y XXI, tienen por objeto de estudio la industria editorial, ya sea que abarquen el proceso en su conjunto (^{Vargas Villalta, 1971}; ^{Calderón Salas, 2009}) o que consideren editoriales específicas, estatales y privadas (^{Cuevas Molina, 1995}, pp. 90-98, 178-181; ^{Montecinos Cisternas, 2007}; ^{Rojas Mejías, 2016}, ²⁰¹⁸; ^{Chavarría Camacho, 2017}; ^{Carballo Villagra, 2020}). Incomunicadas y distantes, debido principalmente a una cobertura temporal diferenciada, esas dos corrientes de investigación dejaron de lado o minimizaron el desplazamiento de los impresores por los editores como actores fundamentales de una nueva cultura de publicación de libros.

Precisamente, el objetivo de este artículo es analizar ese cambio, para lo cual parte de 1906, cuando una incipiente industria editorial empezó a diferenciarse de la actividad tipográfica, y finaliza en 1989, después de que la breve y profunda crisis económica de 1980 transformó abruptamente las condiciones en que producían las casas editoras establecidas en las décadas previas. La información de base procede de cuatro fuentes básicas: el Índice bibliográfico de Costa Rica, elaborado por Luis Dobles Segreda y publicado por él de 1927 a 1936, y por la Asociación Costarricense de Bibliotecarios en 1968, y los catálogos en línea de WorlCat, del Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi) y del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (Sibdi) de la Universidad de Costa Rica.

Los primeros editores

Luego de independizarse de España en 1821, Costa Rica se insertó al mercado mundial como exportadora de productos agrícolas (primero café y más tarde banano) e importadora de bienes industrializados (^{Araya Pochet, 1982}). A finales del siglo XIX, era una sociedad predominantemente rural y campesina, con una población escasa: poco más de 250.000 habitantes en 1899, de los cuales solo una tercera parte residía en espacios urbanos (^{Perez Brignoli, 2010}, pp. 14-46, 192; ^{Dirección General de Estadística y Censos, 1974}, pp. xix-xlix). En 1886, la educación pública fue secularizada, centralizada y expandida –en particular la enseñanza primaria–, proceso que favoreció una creciente alfabetización popular que, en la década siguiente, colocó al país en la tercera posición en este campo a escala de Hispanoamérica, solo por detrás de Argentina y Uruguay (^{Matarrita Ruiz, 1986}; ^{Newland, 1991}, p. 359).

Miguel Carranza Fernández (1780-1841) introdujo en 1830 la primera imprenta a Costa Rica, a la que denominó La Paz. Su iniciativa rápidamente fue imitada por otros particulares, uno de los cuales fue Joaquín Bernardo Calvo Rosales (1799-1865), dueño de la empresa La Merced. Al quebrar en 1835, su patrimonio fue adjudicado al Poder Ejecutivo, con lo que el Estado empezó a incursionar en la actividad tipográfica. Al analizar la producción de estos tempranos talleres, se constata que, aparte de periódicos, volantes y documentación oficial, publicaban por su cuenta y riesgo algunos libros que tenían un mercado favorable, en particular obras de índole religiosa y escolar: por su pequeño formato y escaso número de páginas, se vendían a precios muy bajos (^{Vega Jiménez, 1995}, pp. 19-50).

Simultáneamente, a partir de la década de 1830 se intensificó la comercializacióny el consumo de libros importados, principalmente de Europa. Algunos de estos textos eran de carácter filosófico y científico, y fueron la base para constituir la primera biblioteca pública que hubo en el país, la de la Universidad de Santo Tomás (1843-1888); otros, en cambio, eran poemarios, dramas y especialmente novelas, que encontraron a sus principales consumidores entre los jóvenes de ambos sexos pertenecientes a familias acomodadas urbanas. La pequeñez del mercado, sin embargo, demoró la apertura de la primera librería: inaugurada en 1856, se llamaba El Álbum y era parte de una empresa más amplia, que combinaba un taller tipográfico y la publicación de un periódico, propiedad del inmigrante inglés George F. Cauty y de Bruno Carranza Ramírez (1822-1891), hijo de Miguel Carranza (^{Molina Jiménez, 1995}, pp. 103-130).

Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, la industria de la impresión experimentó una modernización decisiva al inmigrar al país varios tipógrafos europeos, especialmente de origen catalán. Las principales empresas fundadas en esta época tendieron a seguir el modelo de El Álbum, al integrar el taller tipográfico con una división de librería y la publicación de un periódico para promocionar las novedades literarias, en particular las europeas. Si bien algunos de estos establecimientos recibían manuscritos y los sometían a evaluación, tal práctica era excepcional, por lo que las personas interesadas en dar a conocer sus obras debían financiar la publicación de su propio peculio o encontrar un patrocinador que aportara el dinero (^{Molina Jiménez, 2010}, pp. 73-106).

Para los intelectuales, científicos, escritores y profesionales de entonces, inmersos en los procesos que condujeron a la primera construcción de la identidad nacional costarricense (^{Palmer, 1993}), las revistas y los periódicos se convirtieron en los medios fundamentales para lograr que sus textos circularan, dada la falta de editoriales (^{Ovares Ramírez, 2011}). Además, en caso de poder aportar o conseguir los fondos necesarios para financiar la publicación de sus manuscritos, enfrentaban una dificultad posterior: comercializar los libros. Tal tarea era complicada no solo por la pequeñez y la poca diversificación del mercado cultural, limitaciones que fueron acentuadas por la clausura de la Universidad de Santo Tomás en 1888 (^{González Villalobos, 1989}), sino porque las librerías importadoras formaron el gusto de las audiencias de lectores en función del consumo de obras extranjeras, especialmente en el campo de la literatura.

Joaquín García Monge (1881-1958), proveniente de una familia de pequeños comerciantes rurales del sur de San José, fue uno de los escritores que lidió con las limitaciones de una cultura de la publicación basada en las imprentas. Graduado del Liceo de Costa Rica en 1899, en 1900 empezó a laborar como maestro en una de las principales escuelas josefinas. Ese mismo año, presentó el manuscrito de su novela El moto a la Librería Española, fundada en 1884 por el catalán Vicente Lines Borrás (1853-1897) y administrada por su viuda María Canalías Xaus (1860-1932) (^{Vicente Lines Borrás, 1897}; ^{Parroquia del Carmen, 1932}; ^{Registro Civil, 1971}). Rechazada la obra con base en el criterio del novelista guatemalteco entonces residente en el país, Máximo Soto Hall (1871-1943), García Monge, gracias al apoyo financiero del poeta José María Zeledón Brenes (1877-1949), pudo publicar su obra en la imprenta de Alfredo Greñas Greñas (1857-1949), otro inmigrante, en este caso colombiano (^{Herrera Villalobos, 1999}, pp. 29-30).

Todo indica que para el joven escritor su primera incursión en la producción de libros fue extraordinariamente formadora, en términos de familiarizarse con los límites y las posibilidades del mercado cultural de entonces. Impulsado por el interés mediático que despertó su publicación, El moto se vendió rápidamente y García Monge no solo pudo financiar un segundo tiraje de ese título en 1901, sino que ya en 1900 publicó otra novela similar, Las hijas del campo y, en 1902, una tercera obra: Abnegación. (^{Dobles Segreda, 1930}, pp. 16-17, 21-24, 30-31). Sin embargo, a diferencia del primero, los dos textos posteriores fueron poco exitosos comercialmente y todavía en 1922 algunas librerías tenían ejemplares disponibles de las ediciones originales (^{Trejos Hermanos Librería, 1921}, p. 65).

En mayo de 1901, García Monge partió con una beca a Chile para realizar estudios en el Instituto Pedagógico de Santiago. Regresó en 1904 y empezó a laborar en el principal plantel público de segunda enseñanza del país: el Liceo de Costa Rica. Además, se integró al círculo de jóvenes intelectuales radicales –identificados con el anarquismo y el socialismo– liderado por el poeta Roberto Brenes Mesén (1874-1947), también graduado de la educación superior chilena. Poco después de su retorno, García Monge editó junto con Brenes Mesén la revista Vida y Verdad, la cual escandalizó a la sociedad costarricense de entonces. Debido a un conflicto con el Secretario de Educación Pública, José Astúa Aguilar, García Monge fue despedido de su puesto docente; pero casi de inmediato fue contratado como profesor de Castellano en el Colegio Superior de Señoritas (^{Capellain, 1905}, p. 70; ^{Morales García, 1993}: 116-177; ^{Herrera Villalobos, 2007}: 60-66).

Al evidenciar su vulnerabilidad laboral, la experiencia del despido parece que motivó a García Monge a procurarse fuentes adicionales de ingreso en el sector privado, para no depender exclusivamente de un puesto que podía ser afectado por las controversias políticas (en esa época, no existía el servicio civil). Ya en 1905 dirigió un suplemento literario en dos tomos financiado por el periódico La Prensa Libre (^{Dobles Segreda, 1930}, p. 59), con lo cual amplió la experiencia adquirida con la publicación de sus novelas, y en 1906 inició una prolongada y activa carrera como empresario editorial. Su incursión en este campo se materializó en las siguientes colecciones: Ariel (1906-1917), El Convivio (1916-1928), Ediciones de Autores Centroamericanos (1917-1921), Ediciones Sarmiento (1918-1921), Ediciones del Repertorio Americano (1921-1929), El Convivio de los Niños (1921-1923), Cuadernos de Pedagogía y otros Estudios (1923) y Ediciones del Convivio (1928-1929) (^{Dobles Segreda, 1930}, pp. 364-375; ^{Oliva Medina, 2019}). Alrededor de 1919, comenzó a operar bajo la razón social García Monge y Cía. Editores.

Lejos de ser una excepción, la experiencia de García Monge fue parte de una tendencia más amplia que condujo a algunos intelectuales latinoamericanos –especialmente de izquierda– a fundar editoriales: entre otros, el mexicano Rodrigo García Treviño (1902-1986), dueño de la Editorial América (1936) (^{Rivera Mira, 2018}), y los argentinos Carlos Dujovne (1903-1973) y Arnaldo Orfila Reynal (1897-1998), vinculados respectivamente con las editoriales Problemas (1939) y Siglo XXI (1965) (^{Petra, 2018}; ^{Sorá, 2018}). Aparte de por empezar más tempranamente, García Monge se diferenció de esos casos porque, falto de un amplio círculo de apoyo y carente de un estratégico respaldo institucional, implementó sus iniciativas individualmente, en un mercado cultural pequeño y limitado. Por tanto, no logró capitalizar lo suficiente para adquirir una imprenta ni para consolidar una editorial estable.

García Monge (¹⁹⁰⁶, p. 2) basó su estrategia empresarial en publicar obras de corta extensión y en pasta suave (al inicio, un título por mes), que podían ser comercializadas a muy bajo precio mediante la combinación de un sistema de suscripción y la venta de ejemplares sueltos. Si bien no se dispone de datos precisos, el costo de producción de cada cuaderno podía fluctuar entre 30 y 60 colones, un rango de inversión que resultaba manejable para el editor que, como docente en el Colegio Superior de Señoritas, tenía un salario mensual que podía oscilar entre 180 y 300 colones (^{Molina Jiménez, 2016}, p. 249). Además, su sueldo aumentó cuando se desempeñó como director de la Escuela Normal (1917-1918), Secretario de Educación Pública (1919-1920) y tuvo a su cargo la Biblioteca Nacional (1920-1936) (^{Garrón Orozco, 1989}, pp. 16-21).

Dado el conocimiento que tenía del sistema educativo, los contactos de que disponía en ese medio y el prestigio acumulado como novelista y profesor de Castellano, García Monge organizó sus colecciones en función de atender las demandas del mercado escolar. Predominantemente, satisfizo las de alumnos y docentes de escuelas y colegios, y secundariamente las de los jóvenes que cursaban estudios normales y universitarios (antes de 1926, de Derecho y Farmacia) (^{Fischel Volio, 1991}), y las de quienes impartían lecciones en esos niveles de enseñanza. Inicialmente, los contenidos de las publicaciones que editó eran antológicos, puesto que reunían poemas, ensayos y relatos breves de diversos autores, pero después prevalecieron los números dedicados a un solo escritor.

Si bien no se dispone todavía de un catálogo completo, García Monge publicó entre 1906 y 1929 unos 240 títulos, de los cuales por lo menos 160 (66,7 por ciento) correspondieron a textos de un solo autor. De estos últimos, 126 (78,8 por ciento) eran de extranjeros y 34 de costarricenses, y en términos de género, solo 8 obras fueron escritas por mujeres (5 por ciento). Al priorizar a los foráneos y la autoría masculina, ajustó su oferta a los condicionamientos que experimentaba el consumo de libros en el país desde el siglo XIX, pero innovó al seleccionar escritores españoles y latinoamericanos, incluidos centroamericanos y caribeños, y al abrir un espacio –por limitado que fuera– para la producción femenina (^{Dobles Segreda, 1930}, pp. 364-375).

Como se observa en la Figura 1, la actividad editorial de García Monge pasó por cuatro etapas claramente definidas: una fase de rápido ascenso que finalizó con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), conflicto que supuso el cierre del mercado europeo para el café costarricense, con el consecuente impacto sobre la economía; un nuevo incremento a partir de 1916, que terminó en 1918, año en que el editor estuvo algunos meses fuera del país, al profundizarse el descontento popular contra la dictadura de Federico Tinoco Granados (1917-1919), con la cual él había colaborado inicialmente (^{Garrón Orozco, 1989}, p. 17; ^{Fischel Volio, 1992}, pp. 129-140); un último aumento entre 1919 y 1922, que fue seguido por un derrumbe abrupto en 1924; y una recuperación modesta con tendencia al descenso de 1925 en adelante.

Fuente: ^{Dobles Segreda, 1930}, pp. 364-375.

Figura 1 Libros de autor único editados por García Monge según la nacionalidad del escritor (1911-1929). 

Aparte de las colecciones indicadas, García Monge también probó suerte, sin éxito, con tres revistas: Boletín de Educación Pública (1912), editado junto con Brenes Mesén; Universo (1917), una antología de textos periodísticos; y La Obra (1918), dirigida a los estudiantes y profesores de la Escuela Normal (^{Herrera Villalobos, 2007}, pp. 73-74). Sus iniciativas en este campo culminaron al fundar el Repertorio Americano (1919-1958), con el cual alcanzó una proyección continental (^{Pakkasvirta, 1997}, pp. 139-165), logro favorecido por los contactos adquiridos durante sus experiencias empresariales previas. Al concentrar sus esfuerzos cada vez más en esta última publicación, cuya periodicidad pasó de 28 a 48 números por año entre 1920 y 1925 (^{Biblioteca Elecrónica Scriptorium, 2015}), García Monge invirtió cada vez menos recursos en sus otras actividades editoriales: su ciclo comercial, ya en descenso, terminó de agotarse en el contexto de la crisis económica mundial que inició con el colapso de la Bolsa de Nueva York en 1929. Entre 1931 y 1958, publicó 13 títulos más, la mayoría de escritores de Costa Rica.

Ricardo Falcó Mayor (1880-1952) y Andrés Borrasé Solina (1866-1940), dos inmigrantes catalanes dueños de una imprenta, una librería y de una revista para promocionar su establecimiento denominada Lecturas (1918-1919), fueron los únicos competidores conocidos de García Monge, al inaugurar dos colecciones de obras breves y baratas: Renovación (1916-1918) y Ediciones Minúsculas (1918). Entre esos años, publicaron 50 títulos, 3 de carácter antológico y 47 de autores únicos: 35 de extranjeros (74,5 por ciento) y 12 de costarricenses (de los cuales solo uno fue escrito por una mujer) (^{Dobles Segreda, 1930, pp. 364-375}; ^{Parroquia del Carmen, 1940}, ¹⁹⁵²). Pese al esfuerzo realizado, su incursión editorial fue poco exitosa, quizá por la tendencia anarquista o socialista de algunos de los textos –Falcó fue parte del círculo de intelectuales radicales de inicios del siglo XX–, en un país donde esas corrientes políticas eran marginales (^{Morales García, 1993}, pp. 153-156; ^{Llaguno Thomas, 2012}); además, no lograron posicionarse favorablemente en el estratégico mercado educativo.

Expansión inicial de la industria editorial

Entre finales del siglo XIX e inicios del XX, Costa Rica se sumó a la primera oleada democrática global (^{Huntington, 1993}, p. 12), un proceso que condujo a que los recursos estatales fueran invertidos crecientemente en educación, salud e infraestructura (que incluía también obras escolares y sanitarias), a costa de los gastos policíacos y militares. Paralelamente, los trabajadores urbanos, los productores agrícolas y las mujeres se incorporaron a las actividades políticas y a la esfera pública, al tiempo que se fundaban instituciones especializadas para atender diversas demandas de la población. Aunque la dictadura de Tinoco la detuvo brevemente, esta modernización se profundizó en las décadas de 1920 y 1930, promovida por los partidos Reformista (1923) y Comunista (1931), y culminó con la reforma de 1940-1943, que creó la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), estableció el Código de Trabajo e introdujo las Garantías Sociales como un capítulo constitucional. En 1948, los conflictos asociados con esta transformación de la sociedad condujeron a una guerra civil cuyos vencedores, en vez de frenar o revertir los cambios, los impulsaron todavía más, al abolir el ejército, ampliar la intervención del Estado, reforzar la orientación socialmente reformista de la democracia costarricense y promulgar una nueva Constitución en 1949. (^{Román Trigo, 1995}; ^{Botey Sobrado, 2005}; ^{Díaz Arias, 2015}).

De todas las modificaciones referidas, la más importante, en términos de la industria editorial, fue la ampliación y la diversificación del mercado cultural, favorecidas por el rápido crecimiento de la alfabetización popular, tanto urbana como rural. Según los datos del censo de 1927, de las personas de 9 años y más, sabía leer y escribir el 85,7 por ciento en las ciudades, el 66,8 por ciento en las villas y el 56,4 por ciento en el campo (^{Dirección General de Estadística y Censos, 1960}, pp. 44-53). Adicionalmente, entre 1928 y 1949, la cobertura en la enseñanza primaria, medida con base en los niños de 7 a 12 años, subió de 61,7 a 80,1; en la secundaria, calculada a partir de los jóvenes de 13 a 17 años, ascendió de 4,6 a 7,3 por ciento; y en la universitaria, estimada como proporción del grupo de edad de 18 a 24 años, se elevó de 0,3 a 1,3 por ciento (^{Molina Jiménez, 2016}, p. 239; ²⁰¹⁷, pp. 25, 29, 38). Todos estos incrementos ocurrieron, además, en un período en el que la población total pasó de 506.625 a 859.908 habitantes (^{Pérez Brignoli, 2010}, p. 128).

Al demostrar que era posible dedicarse a las actividades editoriales sin ser propietario de una imprenta, la experiencia de García Monge fue de extraordinaria importancia, porque se convirtió en un modelo a seguir en el futuro inmediato. La Tabla 1 sintetiza la información sobre este proceso en el período 1920-1949, a partir de una clasificación que diferencia cuatro modalidades básicas, las tres primeras según sector público o privado: editoriales que fueron creadas como tales, editoriales establecidas con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos y las funciones de las instituciones de las cuales formaban parte, e instituciones que empezaron a utilizar su nombre como una forma de identidad editorial. La cuarta variante corresponde a organizaciones, entidades o empresas de carácter internacional establecidas en el país que incursionaron en la producción de libros. En las tres últimas categorías, prevaleció un interés compartido por disociar las publicaciones de las imprentas y construir distinción institucional a partir de las propias editoriales o del uso del nombre de la entidad como responsable de lo publicado.

Como se observa en la Tabla 1, de las iniciativas dirigidas a la publicación de libros, únicamente 12 (23,5 por ciento) correspondieron a editoriales sin vinculación institucional, todas en el sector privado. Resulta fundamental precisar esta diferencia porque, con algunas excepciones, tanto las editoriales institucionales como las instituciones editoras no estaban abiertas a la libre recepción de manuscritos, sino que consideraban únicamente los textos que por su especialización temática o su enfoque ideológico se adecuaban a sus fines. Estos condicionamientos limitaban en particular las oportunidades de publicar de quienes se dedicaban a la creación literaria, sobre todo en los campos de la novela, el relato, la dramaturgia y la poesía; en contraste, las personas que cultivaban el ensayo disponían de mayores opciones.

Según sus características, de esas 12 editoriales privadas, 5 fueron creadas por círculos de escritores de literatura, 3 para atender la demanda de textos académicos asociados con la fundación de la UCR y 4 respondieron a iniciativas personales (en algunos casos de inmigrantes o exiliados). Poco se conoce del funcionamiento de estas empresas, excepto que fueron efímeras, su producción no fue abundante (algunas publicaron solo un título) y priorizaron los libros de corta extensión. En 4 de esas editoriales por lo menos, el financiamiento de la obra corrió a cargo del autor-editor y, como mínimo, en 7 editoriales los fondos fueron aportados por el grupo que las creó. Por tanto, únicamente 1 editorial operó de manera más profesional, con sus propios recursos y sin previos compromisos cenaculares.

La organización de escritores con el propósito de fundar sus propias editoriales inició en 1921, cuando se estableció el Centro Intelectual Editor de Costa Rica, que publicó una revista mensual denominada Sparti y varios libros en los años siguientes, según el modelo de colecciones de García Monge. El poeta Carlos Luis Sáenz Elizondo (¹⁹⁵⁸, p 23), integrante de ese círculo, al evocar su experiencia en él, indicó en 1958: “ahora no sé qué milagro nos permitió realizar la parte económica de esas publicaciones” (este documento fue originalmente localizado por ^{Ovares Ramírez, 2011}, p. 172). Casi treinta años después, su declarado asombro estaba lejos de ser simple retórica, puesto que tal empresa procuró operar sin suscripciones previas y con independencia de la demanda escolar, dos innovaciones que explican por qué fue tan efímera como modernizadora.

Dichas rupturas, tendientes a procurar una conexión más libre y directa entre libros y lectores, fueron incorporadas por las editoriales privadas fundadas posteriormente, aunque el modelo de publicación implementado por García Monge mantuvo vigencia. En diciembre de 1949, la revista puntarenense Costa Rica de Ayer y Hoy, propuso crear una cooperativa de lectores basada en las escuelas del país, con el objetivo de afiliar 5.000 lectores. Cada una de estas personas pagaría una cuota anual de 40 colones, lo que permitiría recaudar 200.000 colones al año, dinero con el cual

…esperamos financiar la impresión y el trabajo completo de la publicación de unos tres o cuatro libros anuales de autores costarricenses, publicación que distribuiremos entre los cinco mil lectores asociados. Las ventajas especiales de este plan es que logramos darle facilidades y estímulos a esa pléyade de poetas y escritores noveles, para que su producción no se malogre y quede arrinconada pare siempre en la mezquina indiferencia del medio (^{Empujamos el carro, 1949-1950}, p, 19; documento originalmente localizado por Cuevas Molina, 1995, p.94).

Inspirada por el entusiasmo inicial que despertó el cooperativismo en el país (^{Cazanga Solar, 1987}, pp. 22-64), la propuesta precedente no solo estaba orientada al pasado en términos de insistir en sistemas de publicación basados en la suscripción, que limitaban la libertad de escogencia de los lectores, sino que perdía de vista las tendencias, entonces en boga a escala continental, de popularizar el acceso a los libros a partir de reducir los precios (^{Gras, 2001}; ^{Ixba Alejos, 2013}). En efecto, de acuerdo con la información brindada por la revista puntarenense, las obras publicadas, en tirajes de 5.000 copias, valdrían en promedio entre 10 y 13 colones, sumas muy altas en comparación con lo que solía costar un libro costarricense en esa época, entre 5 y 6 colones (^{Gentes y gentecillas, 1949}, p. 381; ^{Consejo Universitario, 1950a}, p. 12). Consecuentemente, dicha iniciativa no se materializó.

Por lo concerniente a las 17 editoriales institucionales, 11 (64,7 por ciento) correspondían a imprentas que establecieron un sello editorial con el propósito de competir mejor con las nuevas empresas editoriales al financiar, en algunos casos, la producción de libros que les parecían comercialmente rentables, y al ofrecer a los autores, dispuestos a aportar los fondos necesarios para la publicación de sus manuscritos, el prestigio de un sello de ese tipo. Las 4 editoriales restantes en el sector privado fueron creadas por organizaciones políticas y culturales. De estas iniciativas cabe destacar en particular Ediciones Vanguardia (1945), la primera editorial comunista que se fundó en Costa Rica ^{(Hemos tenido, 1945}, p. 3).

Ya en 1942, la UCR empezó a publicar con su propio nombre y, a partir de 1943, estableció la que puede ser considerada la primera editorial institucional pública que hubo en el país: Publicaciones de la Universidad de Costa Rica. Aparte de textos oficiales, publicó obras para cursos universitarios y tesis; en diciembre de 1952, fue convertida en un departamento especializado (^{Consejo Universitario, 1952,} p. 7). Paralelamente, en noviembre de 1946 la UCR creó la Editorial Universitaria, que se ajustó inicialmente al modelo de García Monge, pero con una variante, ya que se basó en un sistema de suscripción parcialmente compulsivo, que obligaba a todos los docentes y autoridades de la institución, a los estudiantes y a los egresados a aportar una cuota anual máxima de 36 colones para financiar la producción de libros (únicamente los profesores y altos funcionarios tenían derecho a ser excluidos de tal contribución). Además, personas ajenas a la institución también podían ser socias, siempre que lo solicitaran por escrito (^{Consejo Universitario, 1946}, pp. 3-4).

La Editorial Universitaria fue la primera instancia de su tipo que, pese al expediente al que se recurrió para financiarla y motivó resistencia de parte de docentes y alumnos (^{Consejo Universitario, 1950b}, p. 6), se aproximó a una editorial profesional, tanto en términos de la recepción de manuscritos, como de la promoción y la comercialización de sus obras, la fijación de una comisión para las librerías que las vendían y el pago de derechos de autor (^{Consejo Universitario, 1953a}, pp. 28-29). Entre 1947 y 1958, publicó 26 títulos, 25 escritos por costarricenses y 1 por un extranjero, 23 de varones y 3 de mujeres, y 24 de temas científicos, históricos, económicos y sociológicos, y solo 2 de literatura (cuentos y poesía) (^{Editorial Universitaria, 1958}). Aunque dispuso de una colección específica para publicar tesis de grado, esta editorial no pudo canalizar toda la producción académica de la institución, por lo que algunos de sus profesores y estudiantes empezaron a publicar en editoriales privadas o establecieron empresas de ese tipo (^{Sagot Alfaro, 1948}; ^{Consejo Universitario, 1953b}, p. 7). Además, la Escuela de Pedagogía, intentó desarrollar su propia línea editorial bajo su antiguo nombre: Escuela Normal (^{Bejarano Rivera, 1948}); fundada en 1914, esta institución desapareció formalmente en 1940, al integrarse a la UCR (^{Dengo Obregón, 1995}, pp. 139-153).

En el sector privado, las 5 instituciones que empezaron a publicar con su propio nombre estaban compuestas por 2 academias, 1 colegio profesional, 1 club social y 1 compañía eléctrica. Por su parte, las 14 instituciones estatales que hicieron lo mismo tenían el siguiente perfil: 5 entidades descentralizadas creadas antes de la Constitución de 1949, 4 ministerios, 2 planteles de secundaria, 1 institución autónoma, 1 municipalidad y 1 escuela universitaria (antes referida). Al reivindicar su identidad institucional frente a las imprentas, como una forma de reforzar su presencia en la esfera pública, estas instituciones –algunas de las cuales crearon sus propias editoriales más adelante– contribuyeron a expandir la industria editorial después de 1950.

Finalmente, una entidad internacional también empezó a publicar con su propio nombre al finalizar el período: el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). Inaugurado en el cantón de Turrialba en 1943, inicialmente estuvo adscrito a la Unión Panamericana, pero a partir de 1948 pasó a depender de la Organización de Estados Americanos y en 1979 cambió su denominación a Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (^{Castillo Araya, 1998}, pp. 198-207). A su vez, en 1949 se fundó la Editorial Caribe que, en un principio, operó como una casa distribuidora más que productora de textos religiosos, al servicio de la Latin American Evangelization Crusade y como parte de la Latin America Mission Publications (^{Holland, 2017}, p. 18). Democracia y estabilidad política, pese al estallido de la guerra civil de 1948 y sus secuelas, fueron dos condiciones que jugaron a favor de que, en la segunda mitad del siglo XX, más entidades internacionales empezaran a operar en el país e impulsaran el desarrollo de la actividad editorial.

La consolidación de las editoriales

Durante los treinta años posteriores a la guerra civil de 1948, Costa Rica experimentó un importante proceso de crecimiento y diversificación de la economía, liderado por los vencedores de la guerra civil de 1948, organizados en el Partido Liberación Nacional (PLN), fundado en 1951. Tales cambios fueron acompañados por una expansión sin precedente del Estado, una industrialización sustitutiva de importaciones y una mejor distribución del ingreso. Al tiempo que los sectores medios se ampliaban, producto de procesos de movilidad social ascendente, el porcentaje de hogares pobres se redujo de 51 a 25 por ciento entre 1961 y 1977, en un contexto de rápida expansión demográfica: la población del país ascendió de 888.745 a 2.249618 habitantes entre 1950 y 1979. Sin embargo, desde inicios de la década de 1970 este modelo desarrollista empezó a agotarse, en un contexto en el cual disminuían los precios de los productos agrícolas y se incrementaba la deuda externa del país. Una breve bonanza en la cotización del café, debido a las heladas que afectaron la producción de ese grano en Brasil entre 1976 y 1977, retrasó el inicio de una crisis largamente anunciada, que estalló por fin en septiembre de 1980 (^{Rovira Mas, 1982}, ¹⁹⁸⁷; ^{Céspedes Solano y Jiménez Rodríguez, 1995}, pp. 50-51; ^{Pérez Brignoli, 2010}, pp. 113, 128).

Como resultado de una inversión sostenida en educación, entre 1950 y 1979 la cobertura en la enseñanza primaria se elevó de 80,6 a 99,1 por ciento de la población de 7 a 12 años; la de la secundaria subió de 8,6 a 62,1 por ciento de los jóvenes de 13 a 17 años; y la de la universitaria pasó de 1,3 a 14,5 por ciento de las personas de 18 a 24 años (^{Molina Jiménez, 2017}, pp. 25-26, 29-30, 38-39). Al crecer cuantitativamente, el mercado cultural posibilitó que se ampliara la demanda de libros de texto para los distintos niveles educativos; pero también lo hizo cualitativamente, como resultado de la fundación de tres universidades públicas más: el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) en 1971, la Universidad Nacional (UNA) en 1973 y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en 1977; y de una privada: la Universidad Autónoma de Centro América (UACA) en 1976. Estas instancias ampliaron y diversificaron los círculos de intelectuales, artistas, científicos y profesionales (^{Pacheco Fernández, 2004}, pp. 117-158). A este proceso también contribuyeron el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD), creado en 1971 (^{Cuevas Molina, 1995}), y varias oleadas de inmigrantes y exiliados, por lo general con formación universitaria, que llegaron al país procedentes del resto de América Latina.

Según se observa en la Tabla 2, un primer cambio relevante, en relación con los modelos de publicación prevalecientes en los años 1920-1949, fue el incremento en el número de editoriales establecidas como tales: 54 (28,3 por ciento) de todas las entidades que debutaron en la publicación de libros entre 1950 y 1979, para un aumento de 5,5 puntos porcentuales con respecto al período precedente. De las 53 editoriales privadas, 21 estaban asociadas con círculos de escritores (de poesía y narrativa, principalmente) y 12 con partidos políticos (7 de ellas con organizaciones de izquierda); además, 10 se especializaron en la difusión de estudios académicos (algunas específicamente en el campo del Derecho), 6 en la producción de libros de texto y 4 en la divulgación de obras religiosas. Con pocas excepciones, la mayoría de estas editoriales publicaron pocos títulos, dado que su existencia fue efímera.

Rápidamente, la única editorial pública creada en el período, la Editorial Costa Rica (ECR) se convirtió en la principal entidad de su tipo en el país. De acuerdo con la Figura 2, experimentó un crecimiento moderado en sus primeros años, que se aceleró a partir de 1966 y empezó a decaer en 1968. Tal descenso, el cual se profundizó entre 1969 y 1970, probablemente estuvo relacionado con que la editorial incrementó sus tirajes en esos años de 2.000 a 3.000 ejemplares (^{Chavarría Camacho, 2017}, p. 112), por lo que acumuló existencias que no pudo colocar en el mercado. Frente a ese desafío, la respuesta institucional consistió en establecer alianzas con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y algunas dependencias de la UCR para que parte de sus publicaciones fueran de lectura obligatoria para los estudiantes de secundaria y de la enseñanza superior (^{Chavarría Camacho, 2017}, pp. 125-126), en una época en que las coberturas de esos dos niveles educativos se ampliaban sostenidamente.

Fuente: ^{Editorial Costa Rica, 2019}.

Figura 2 Títulos publicados por la Editorial Costa Rica por año (1961-1979)*. 

Fueron precisamente esos arreglos institucionales los que, al crear una demanda cautiva, permitieron que la ECR expandiera su producción en una escala sin precedente. De hecho, los títulos que publicó entre 1970 y 1973 alcanzaron un tiraje total superior a los 100.000 ejemplares (^{Chavarría Camacho, 2017}, pp. 112-113). El ascenso iniciado en 1971, se acentuó a partir de 1975 y alcanzó un máximo en 1977, en el contexto de la bonanza que vivía el país por el aumento en los precios internacionales del café. Finalizado dicho auge en 1978, el número de títulos publicados anualmente por la ECR comenzó a descender, una tendencia que se profundizó en 1979, cuando el deterioro de la economía se intensificó.

Aunque se posicionó estratégicamente en el mercado del libro, la ECR no podía satisfacer toda la demanda resultante de la extraordinaria expansión de los distintos niveles educativos, una condición que jugó a favor de la creación de editoriales privadas que empezaron a incursionar sistemáticamente en esos campos. Tampoco la ECR logró atender adecuadamente las solicitudes de publicación de manuscritos específicamente literarios, no solo porque esa producción excedía sus capacidades, sino porque sus procesos para dictaminarlos estaban dominados por una visión limitada de lo que debía ser la literatura costarricense, afín con las identidades ideológicas de los intelectuales del PLN y del Partido Comunista que hegemonizaron la institución desde sus inicios (^{Cuevas Molina, 1995}, pp. 90-98).

En contraste con el período 1920-1949, entre 1950 y 1979 fueron creadas menos editoriales institucionales: de las 8 de carácter privado, 1 correspondió al PLN que, en emulación del Partido Comunista una década antes, creó la Editorial Liberación Nacional en 1953; 1 fue fundada por la única universidad privada que había en el país; 1 por la proempresarial Asociación Nacional de Fomento Económico; 1 por el Seminario Bíblico Latinoamericano, cuyos orígenes en el país se remontan a 1923 (^{Holland, 2017}, p. 18); y 4 correspondieron a imprentas que, en el quinquenio 1950-1954, incorporaron un sello editorial para mejorar su competitividad. Conviene destacar que esta fue la última vez en que se presentó un fenómeno de este tipo, ya que a partir de entonces la industria tipográfica concentró sus esfuerzos en satisfacer la demanda de servicios de impresión generada por las editoriales, más que en competir con ellas

De las editoriales institucionales públicas, 5 fueron creadas por las universidades estatales y 1 por el MCJD en el decenio de 1970, y 1 por el MEP a inicios de la década de 1950. La fundación de las editoriales académicas fue una respuesta tanto a la expansión de la matrícula universitaria, dado que era preciso producir libros de texto para los cada vez más numerosos y diversos cursos de la educación superior, como a la creciente demanda de publicación proveniente de investigadores y tesiarios. Enfrentadas con estos desafíos, la UNA estableció tres editoriales: la Editorial Universidad Nacional en 1976 y en 1977, el Departamento de Publicaciones y la Editorial Fundauna (privada); la UCR, que a finales de la década de 1950 eliminó la Editorial Universitaria, fundó una nueva editorial en 1976: la Editorial de la Universidad de Costa Rica; y la UNED fundó en 1977 la Editorial Universidad Estatal a Distancia, que operó mediante dos modelos de producción: libros de texto que los estudiantes adquirían automáticamente con el pago de sus matrículas, y libros dirigidos al público general comercializados mediante librerías. Combinó así la suscripción compulsiva con la venta libre de obras.

La tendencia de las instituciones públicas y privadas a publicar libros con sus propios nombres se profundizó y se diversificó todavía más entre 1950 y 1979. De las 57 entidades estatales, 17 eran ministerios o dependencias ministeriales especializadas, 17 unidades docentes, de investigación o administrativas de las universidades públicas (un indicador de la insuficiencia de las editoriales académicas para canalizar toda la producción generada por las entidades a que pertenecían), 15 instituciones autónomas, 3 museos, 3 poderes de la república y 2 municipalidades. En el caso de las 28 instancias privadas, 7 correspondían a organizaciones no gubernamentales, 7 a gremios de trabajadores de cuello blanco y a cámaras empresariales, 5 a organizaciones políticas, 3 a círculos de escritores, 2 a academias, 2 a organizaciones académicas o culturales y 2 a colegios profesionales.

Si en el período 1920-1949 solo una entidad internacional produjo libros en el país (el IICA), de 1950 a 1979 ese número aumentó a 37 instituciones, un indicador de cómo la estabilidad democrática convirtió a Costa Rica en una sede estratégica para los nuevos procesos de institucionalización a escala regional y global. De esas entidades, 11 eran de alcance centroamericano, 10 de cobertura latinoamericana, 5 globales (pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas) y 3 de carácter interamericano. Las restantes 8 entidades eran editoriales extranjeras que incursionaron en el cada vez más atractivo mercado del libro costarricense: 3 regionales (centroamericanas), 1 estadounidense, 1 argentina, 1 venezolana, 1 mexicana y 1 colombiana. La participación de 6 de esas editoriales fue solo esporádica, pero hubo 2 que alcanzaron una inserción más duradera.

Fundada en Colombia en 1960, la Editorial Norma se alió a inicios de la década de 1970 con la imprenta Lehmann para incursionar en el mercado de libros de texto para la enseñanza primaria (^{Befeler Teitelbaum, 1972}), con lo que inauguró la participación de editoriales extranjeras en ese campo, una tendencia que se profundizaría después de 1980. A su vez, la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), adscrita al Consejo Superior Universitario Centroamericano (1948), inició labores en 1969 con un capital de 130.000 dólares y el compromiso de producir 138 títulos en un plazo de cinco años (^{Noticias, 1969}, p. 86). Aunque publicó esporádicamente en algunos de los otros países del istmo, EDUCA concentró su actividad en Costa Rica, una decisión motivada por las mejores condiciones institucionales que ofrecía este país para una industria editorial no sometida a presiones o persecuciones políticas. De esta manera, la principal editorial académica de la región, creada para atender particularmente la producción de textos de ciencias sociales (en esa época, muy influenciadas por las corrientes marxistas), tuvo por asiento el territorio costarricense.

Las editoriales y la crisis de 1980

Con el inicio de la crisis económica de 1980, el país experimentó un incremento en la pobreza y el desempleo, un retroceso en el Producto Interno Bruto y una devaluación monetaria sin precedente. Pronto esta situación se agravó a medida que iniciaron ofensivas guerrilleras en El Salvador y Guatemala, mientras el triunfo de la Revolución sandinista en Nicaragua empezaba a ser combatido por fuerzas irregulares, apoyadas por Estados Unidos. A partir de 1982, Costa Rica se sumó ideológicamente a la cruzada estadounidense para derrotar al comunismo en la región a cambio de un apoyo económico sistemático, que contribuyó a reestructurar la economía en función de exportar productos no tradicionales a terceros mercados y promover la industria turística (^{Rovira Mas, 1987}).

Pese a que la economía fue estabilizada alrededor de 1985 y empezó a recuperarse poco después (^{Rovira Mas, 1987}), los efectos de la crisis en el sistema educativo perduraron por mucho más tiempo. En la enseñanza primaria, la asistencia de la población de 7 a12 años, disminuyó de 97,1 a 95,3 por ciento entre 1980 y 1983, y se elevó a 98,4 por ciento en 1985. Contrastantemente, en la secundaria, la proporción de jóvenes de 13 a 17 años que concurría a las aulas descendió de 62,6 a 42,7 por ciento entre 1980 y 1989, y solo recuperó el nivel alcanzado previamente hacia el año 2000. A su vez, la participación de las personas de 18 a 24 años en la educación universitaria prácticamente se estancó en 15,2 por ciento entre 1981 y 1990, debido a que la expansión de la matrícula en las universidades privadas apenas compensó la pérdida de cobertura en las públicas, que se redujo de 14,1 a 12,4 por ciento en dicho período (^{Molina Jiménez, 2017}, pp. 26-27, 30-31, 39).

Aunque las condiciones económicas eran muy desfavorables, la creación de editoriales, en el sector privado, en vez de menguar, se intensificó: entre 1950 y 1979, se fundaron 1,8 editoriales por año (véase la Tabla 2), mientras que de 1980 a 1989, ese promedio ascendió a 5,1 editoriales anuales (véase la Tabla 3). Las 51 editoriales establecidas en dicha década representaron el 38,9 por ciento de todas las entidades que incursionaron por primera vez en la producción de libros, un incremento de 10,6 puntos porcentuales con respecto a la proporción alcanzada en el primer período. De esas 51 editoriales, 31 (60,8 por ciento) priorizaron la publicación de estudios académicos, 12 la de obras literarias, 4 la de textos religiosos, 2 la de textos políticos y 1 de la libros de texto para la enseñanza primaria y secundaria.

En comparación con los años 1950-1979, el principal cambio fue el desplazamiento de las editoriales dedicadas a publicar literatura (poesía y narrativa, principalmente) por las especializadas en dar a conocer textos universitarios, sobre todo de ciencias sociales. A favor de esta modificación jugaron tanto el debate político entonces vigente sobre el nuevo modelo de desarrollo que debía seguir Costa Rica para superar la crisis económica, como la dimensión cultural que caracterizó la reactivación de la Guerra Fría en América Central. Del mismo modo que se fundaron editoriales cuyas publicaciones cuestionaban el capitalismo y la intervención de Estados Unidos en la región, se crearon otras dominadas por un definido anticomunismo, como la Asociación Libro Libre, que recibía financiamiento estadounidense, gracias al cual pudo llevar a cabo un activo programa de publicaciones subsidiadas (^{Rojas Mejías, 2018}).

También favorecieron ese desplazamiento tres procesos estrechamente relacionados, que tuvieron por escenario las universidades públicas, en particular la UCR y la UNA: el crecimiento de las actividades de investigación financiadas por esas instituciones, dado que algunos de los responsables de llevarlas a cabo tenían como meta publicar los resultados de su trabajo en forma de libro; la expansión de la matrícula de los posgrados, que amplió el mercado para las obras académicas más especializadas; y el incremento en el número de graduados de esos programas, puesto que una proporción de estas personas aspiraba a publicar su tesis para conseguir empleo o mejorar sus condiciones laborales.

Fuente: ^{Editorial Costa Rica, 2019.}

Figura 3 Títulos publicados por la Editorial Costa Rica por año (1980-1989)*. 

Finalmente, también contribuyó a dicho desplazamiento la crisis de la ECR: con la contracción del mercado de libros de textos para secundaria, por la baja en la cobertura, tal entidad comenzó a acumular existencias muy rápidamente, al tiempo que enfrentaba un incremento en sus costos de operación y de planilla, y se le dificultaba cumplir con el pago de derechos de autor (^{Chavarría Camacho, 2017}, p. 147). Como se observa en la Figura 3, la producción de libros disminuyó entre 1980 y 1982, experimentó una breve recuperación entre 1983 y 1985, y a partir de 1986 descendió abruptamente. Aunque logró crecer nuevamente en 1989, estaba muy lejos de los niveles alcanzados a finales de la década de 1970. La pérdida de protagonismo de la ECR, tanto en el mercado de manuscritos como en el de la comercialización de las obras impresas, benefició particularmente a las editoriales universitarias públicas, a las editoriales privadas que publicaban textos académicos, a las editorialesinteresadas en incursionar en la venta de libros de texto y a una nueva generación de editoriales privadas dedicadas a la publicación de obras literarias de manera más profesional y sin el trasfondo cenacular de sus predecesoras, de las cuales la más importante fue Uruk Editores, fundada hacia 1983.

Mientras de 1950 a 1979, se crearon 0,5 editoriales institucionales por año, entre 1980 y 1989 esa cifra ascendió a 0,7 editoriales anualmente. Aunque mínimo en términos cuantitativos, este incremento es significativo cualitativamente porque evidencia que el promedio, en una época de graves dificultades económicas e implementación inicial de las políticas neoliberales, superó al que prevaleció durante un período de crecimiento económico sostenido y expansión sistemática del Estado. Dos factores fueron decisivos para que un contraste de tal índole fuera posible: la existencia de un mercado cultural cada vez más amplio, diverso y demandante en el decenio de 1980, como resultado de los cambios educativos acumulados en los treinta años previos; y la intensificación de los debates públicos por el impacto que tuvo en Centroamérica la reactivación de la Guerra Fría.

Entre 1980 y 1989, crearon sus propias editoriales en el sector privado la Alianza de Mujeres Costarricenses, fundada en 1952 y relacionada con el Partido Vanguardia Popular (^{Alvarenga Venutolo, 2005}); el Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), inaugurado en 1968 con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert y vinculado con el PLN (^{Monge Álvarez, 1988}); y la UACA. Esta última, que captó recursos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (^{Pacheco Fernández, 2004}, p. 147), trató de constituir su editorial en una opción política e ideológica frente a las editoriales universitarias estatales, cuyas publicaciones de ciencias sociales estaban más influidas por el marxismo; sin embargo, esa función pronto fue concentrada por la Asociación Libro Libre. Por lo que respecta a las editoriales institucionales públicas, 2 fueron constituidas por el MEP y la CCSS, 1 por el Poder Judicial y otra por el programa de Asignaciones Familiares, establecido en 1974 y dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (^{Trejos Solórzano, 1983}).

De 1950 a 1979, el promedio anual de instituciones que publicaron libros con sus propios nombres fue de 1,9 en el sector público y 0,9 en el privado; entre 1980 y 1989, las cifras respectivas fueron de 1,6 y 2,2. El descenso en el sector público se explica, en parte, porque ya numerosas entidades estatales, especialmente las de carácter autónomo, habían empezado a publicar en el período previo, porque las editoriales universitarias estatales mejoraron su posición en el mercado de manuscritos, y por la expansión en el número de editoriales privadas que publicaban estudios académicos. Así, de las 16 instituciones públicas que publicaron libros, 7 eran dependencias ministeriales, 6 centros o institutos de investigación de la UCR y la UNA, 2 municipalidades y 1 ministerio.

Por su parte, el ascenso en el número de entidades del sector privado que incursionaron en la publicación de libros estuvo asociado con el crecimiento en el número de organismos no gubernamentales. De esta índole fueron 13 de las 22 entidades privadas que publicaron libros. Las restantes 9 se distribuyeron entre 2 gremios,uno de trabajadores de cuello blanco y otro de campesinos y agricultores, 2 organizaciones políticas, 2 entidades de carácter económico, 1 instancia académica, 1 colegio profesional y 1 imprenta que empezó a publicar libros con su propio nombre en 1989. Este último caso es de particular interés porque dicha empresa, en vez de seguir el modelo de las imprentas del período anterior a 1955, que establecieron sellos editoriales para competir en mejores condiciones con las nuevas editoriales, prefirió mantener su razón social como imprenta, como una estrategia para diferenciarse de las editoriales.

Si entre 1950 y 1979 el promedio anual de entidades internacionales que se establecieron en el país y publicaron libros fue de 1,2, esa cifra se elevó a 3,5 en el período 1980-1989. De las 35 entidades respectivas, 10 eran de cobertura latinoamericana, 8 de alcance global (incluida una agencia de la ONU), 6 de carácter centroamericano, 5 de índole interamericana, 1 nicaragüense, 1 panameña y 1 holandesa. Las tres restantes fueron editoriales, dos españolas (una de ellas la reconocida casa Ariel/Seix Barral que trató de incursionar en el mercado académico sin éxito) y otra colombiana (Farben), perteneciente al Grupo Norma, que sí logró posicionarse favorablemente en el campo de la literatura infantil.

Indudablemente, lo más sorprendente de la década de 1980 fue que la crisis económica no condujo a un retroceso de la industria editorial en el país, pese a que algunas editoriales fueron especialmente afectadas, como la ECR. Desde ese año y hasta 1989, se fundaron proporcionalmente más editoriales que entre 1950 y 1979, y más instituciones y entidades, costarricenses y extranjeras, publicaron libros que en el período previo. Tal logro fue especialmente significativo porque la actividad editorial debió enfrentar la competencia creciente del fotocopiado, un servicio que comenzó a desarrollarse en el país desde mediados del decenio de 1970. Esa proliferación de productores de libros parece haber sido posible porque ya para entonces existía en el país un segmento de consumidores habituados a la adquisición sistemática de obras y con el suficiente poder de compra para permitírselo, liderado por docentes y estudiantes universitarios y de colegios privados, y por profesionales en distintos campos.

Conclusión

La transición de las imprentas a las editoriales en Costa Rica inició aproximadamente en la misma época en que un proceso similar se daba en otras partes de América Latina (^{Cobo Borda, 2000}), incluida la región centroamericana. Según la información disponible en WorldCat, las primeras editoriales empezaron a operar en el resto del istmo según la siguiente cronología preliminar: en El Salvador (Centro Editorial Meléndez, San Salvador) y Panamá (Casa Editorial Diario de Panamá, Panamá) en 1910, en Nicaragua (Editorial San Rafael, Managua) en 1913, en Guatemala (Centro Editorial, Guatemala) en 1918 y en Honduras (Editorial José Trinidad Reyes, San Pedro Sula)en 1935. Sin duda, falta más investigación sobre este tema para identificar con mejor precisión los puntos de partida, las características de las empresas que lideraron el cambio y las etapas por las que pasó esta modernización de la cultura de la publicación.

Dos factores estructurales condicionaron fuertemente el desarrollo de la industria editorial en Costa Rica: ante todo, la escasa población del país, que limitaba el número de lectores potenciales, especialmente en una sociedad predominantemente rural y campesina; y un sistema educativo que logró importantes avances en la alfabetización, pero no en promover el acceso a la segunda enseñanza y a la educación superior. Como resultado de esta situación, el mercado cultural permaneció pequeño y poco diversificado, por lo que el éxito de las actividades editoriales dependía decisivamente de que las obras publicadas pudieran ser comercializadas en el sistema educativo preuniversitario.

Al fundarse la UCR en 1940 y empezar a expandirse la cobertura de la educación secundaria, las condiciones para la producción y comercialización del libro comenzaron a mejorar; pero el cambio decisivo solo ocurrió después de 1950. Fue entonces cuando el país experimentó una extraordinaria modernización en todos los campos, la cual favoreció el incremento general de la población y de la proporción representada por quienes habitaban en los espacios urbanos, y amplió decisivamente el acceso a la enseñanza media y la universitaria. En este contexto, la industria editorial se expandió de una manera sin precedente, a partir de cuatro modalidades fundamentales: editoriales creadas como tales, editoriales adscritas a instituciones, instituciones y organizaciones que comenzaron a publicar libros, y entidades internacionales que también incursionaron en ese campo.

En vez de ser detenida por la crisis económica que estalló en 1980, la expansión de la industria editorial se intensificó en dicha década, un fenómeno que fue resultado tanto de factores internos, asociados con el cambio de modelo de desarrollo de Costa Rica, como externo, vinculados con la reactivación de la Guerra Fría en América Central y la dimensión cultural de ese conflicto. En este marco, el proceso de creación de editoriales, que en el período 1950-1979 estuvo liderado por quienes estaban interesados en publicar literatura, comenzó a ser hegemonizado por personas que priorizaban la publicación de estudios académicos, dirigidos a satisfacer la demanda del mercado universitario.