Feminismos de la “cuarta ola”, nuevas derechas y acciones colectivas en América Latina

En esta sección se presenta un breve esbozo conceptual sobre los feminismos de “la cuarta ola” y las “nuevas derechas” en la región latinoamericana, ya que se parte de que las acciones colectivas en torno al género en Costa Rica forman parte de tendencias sociales, políticas y culturales identificables en América Latina.

En este sentido, diversas autoras han planteado la existencia de una nueva etapa u “ola” del movimiento feminista internacional, surgida a partir del año 2015. Esta ha sido denominada como el “feminismo de la cuarta ola”, una vertiente del feminismo que se caracteriza por llevar adelante protestas y acciones de carácter plural, masivo y transnacional, el uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a la par de las acciones de calle o en el espacio público e institucional y la presencia masiva de mujeres jóvenes y nuevos colectivos u organizaciones. Esta habría surgido en el 2015 con el movimiento “Ni una menos”, en Argentina.

América Latina es uno de sus epicentros. Se ha expandido con el paro internacional de mujeres del 8 de marzo del 2016 y el movimiento #MeToo originado en el 2017 en Estados Unidos. Sus demandas han trascendido el énfasis en la representación y la identidad, para ubicarse en el plano de la materialidad, en especial para combatir la violencia estructural y sistemática en contra de las mujeres y sus cuerpos (^{Cerva 2020}a; ^{Larrondo y Ponce, 2019}; Souza, 2019; ^{Rovetto, 2019}; ^{Cobo, 2019}; ^{Gil, 2019}).

De acuerdo con ^{Larrondo y Ponce (2019)}, la primera ola del feminismo corresponde al movimiento sufragista que actuó desde el siglo XIX hasta la década de 1940. La segunda se ubica a mediados del siglo XX y engloba las demandas y movimientos por las libertades sexuales y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en las instancias de representación. La tercera arranca en la década de 1990 con las demandas centradas en la visibilidad de la diversidad cultural, social, religiosa, racial y sexual y la exigencia de más derechos para las mujeres y población sexualmente diversa (p. 25). La cuarta ola arranca en el 2015 con el movimiento “Ni una menos” e incluye además a los nuevos colectivos y activistas LGBTIQ (p. 26).

Para Souza (2019), los movimientos feministas latinoamericanos de la cuarta ola están redefiniendo las prácticas democráticas y el sentido de colectividad en la región. Al construir una resistencia frente a la “guerra en contra de las mujeres en América Latina”, permiten comprender el funcionamiento de una necropolítica del género, al vincular la muerte y el asesinato de las mujeres con el orden político y subjetivo moderno. Así, politizan las vidas, las muertes y el cuerpo de las mujeres, lo cual permite trascender los límites de las reivindicaciones y activismos que se instalaron únicamente en el plano legal e identitario. Con esto, han creado las condiciones para un feminismo de masas en la región y las posibilidades para pensar en una rearticulación de la resistencia y el marco político contra el statu quo.

Según ^{Cobo (2019)}, estas movilizaciones, realizadas de forma casi simultánea en distintos continentes, convirtieron nuevamente al feminismo en un movimiento de masas, de manera que han propiciado una conciencia social crítica sobre la explotación económica y sexual de las mujeres, han vinculado nuevamente a los feminismos con la discusión sobre la redistribución, la articulación entre capitalismo neoliberal y patriarcado, y han posicionado un feminismo antineoliberal. En ese sentido, la violencia sexual se presenta como un problema sistémico y global de las mujeres, el cual funciona como un fuerte mecanismo de control social que les impide apropiarse del espacio público y hacer uso pleno de sus libertades (pp. 136-138).

Finalmente, luego de una revisión (no exhaustiva) de la literatura reciente sobre las acciones colectivas de la cuarta ola feminista, se identifican las siguientes líneas de investigación. La primera se enfoca en el análisis de los usos de las tecnologías y redes sociales, ciberactivismos, ciberacciones, discursos y repertorios de acción digitales, así como la incidencia de este recurso en convocatorias regionales y globales como el “8 de marzo” y “Ni una menos” (^{Accossatto y Sendra, 2018}; ^{Acosta y Lassi, 2020}; Ávalos, 2019; ^{Sosa et al., 2019}; ^{Cerva, 2020}a, ^2020b; ^{Laudano, 2018}; ^{Molpeceres y Filardo, 2020}; ^{Olmedo, 2020}; ^{Rosales, 2018}; ^{Rovetto, 2019}; ^{Sánchez y Fernández, 2017}).

En esta dirección, ^{Cerva (2020}a, p. 144) indica que el uso de las nuevas tecnologías por parte de los colectivos de mujeres permite desafiar la escala- espacio de la acción política, así como la circulación global, regional e instantánea de consignas, discursos, estrategias, acciones y símbolos, esto a partir del reconocimiento de la violencia como experiencia común desde el cuerpo de las mujeres. Para ^{Rosales (2018}, p. 83), el uso de las redes le ha permitido al movimiento sortear la dinámica de expropiación de la palabra en los espacios públicos, de dominio masculino, para compartir sus experiencias comunes. ^{Sánchez y Fernández (2017)} consideran que los repertorios de acción digitales han amplificado, potenciado y democratizado la divulgación feminista. No obstante, ^{Laudano (2018)} precisa que el proceso de apropiación feminista de las tecnologías de la información y la comunicación habría iniciado en la década de 1990, además, advierte sobre la existencia de brechas digitales de género que hacen que esta apropiación excluya a amplios sectores de mujeres.

La segunda línea de investigación se enfoca en la participación masiva y protagónica de mujeres jóvenes dentro del feminismo de la cuarta ola y sus protestas en el ámbito universitario (Ávalos, 2019; ^{Cerva, 2020}a, 2020b; ^{Larrondo y Ponce, 2019}; ^{Mingo, 2020}). Sobresale el trabajo de Larrondo y Ponce (2019), quienes estudian la acción colectiva y política de las personas que se definen como jóvenes activistas feministas; se entiende la juventud como una construcción sociohistórica. Las autoras identifican la existencia de un activismo más independiente y móvil, en comparación con las militancias clásicas del siglo XX, el cual gira en función de demandas específicas antes que de agrupaciones rígidas o estables (p. 25). Asimismo, señalan que la juventud de aquellas que, de forma masiva, se suman a los movimientos y acciones feministas de la cuarta ola ha tenido un impacto en otras organizaciones, como las estudiantiles, donde las mujeres asumen, cada vez más, puestos de conducción y liderazgo político. Ellas despliegan acciones que cuestionan las formas de actuar y pensarse a sí mismos (de los varones jóvenes), lo cual ha producido una fuerte crisis en ellos (p. 28).

Aunado a lo anterior, se presenta una breve discusión sobre la “nueva derecha” y su rol en la región latinoamericana. De acuerdo con ^{Gómez (2020)}, esta surgió en Estados Unidos en la década de 1960 como una respuesta conservadora a la “nueva izquierda”. Desde su inicio estuvo integrada por militantes cristianos que organizaron movimientos antiaborto y en defensa de la familia. Bajo la forma de “protestas morales”, llevaron adelante una política pasional que interpelaba a las emociones, a través del uso de medios de comunicación y del trabajo en las comunidades. En medio del avance de la desregulación neoliberal, el nuevo conservadurismo apeló a los valores tradicionales, por ejemplo, la familia, la moral y el nacionalismo, como elementos cohesionadores de las sociedades, ahora gobernadas por el libre mercado, de manera que se articula el conservadurismo religioso con el orden neoliberal, cuyo fin común era el combate al socialismo (pp. 291-292).

Esta corriente ha utilizado como mecanismos de construcción de sentidos “la emocionalización, la estigmatización, la moralización, el estilo conspirativo paranoico, la manipulación identitaria y el aprovechamiento de los sistemas de creencias y fondos culturales”, de manera que se pasa de una credibilidad empírica a una fidelidad narrativa, el shock moral y el compromiso identitario (^{Gómez, 2020}, p. 286).

Estas “nuevas derechas” entienden la necesidad de movilizar a la sociedad civil, de dirigir, resignificar y reorientar el descontento y la frustración social, para explotar de forma hegemónica el descontento social y ponerlo en función del orden establecido (^{Gómez, 2020}, p. 312). Para esto, ponen atención a eventos o momentos críticos que les permitan capitalizar las amenazas (percibidas) a las identidades relevantes (de género, nacionales, etc.), de las cuales se posicionan como sus máximos defensores. En América Latina y Estados Unidos, el movimiento “en contra de la ideología de género” en las escuelas, a partir de una supuesta amenaza de la educación sexual a la identidad de “padres”, es parte de este fenómeno. Asimismo, demandas como la legalización del aborto o el matrimonio igualitario, se construyen como amenazas a las personas creyentes o “moralmente rectas”. En términos generales estas organizaciones agitan emociones, sin mayor esfuerzo argumentativo (Gómez, 2020, pp. 306-307).

Las organizaciones evangélicas neopentecostales han sido un pilar de las nuevas derechas en América Latina, especialmente a través del crecimiento de partidos políticos neopentecostales, surgidos en las décadas de 1980 y 1990, con una creciente capacidad de influencia en la agenda pública, así como de agrupaciones “provida” o “profamilia”, surgidas en el siglo XXI. En general, promueven consignas en contra del avance de la “agenda gay”, la “ideología de género”, en contra de la despenalización del aborto y del matrimonio igualitario. Estas se articulan a nivel local, regional y global con élites que difunden discursos “teológico-políticos”, surgidas originalmente en Estados Unidos con la “nueva derecha cristiana”, en la década de 1960. Para la década de 1970 sus discursos ya empezaban a circular hacia América Latina, a través de la radio y la televisión. De esta forma, estos fueron asimilados y apropiados por los sectores evangélicos locales (^{Córdoba, 2015}).

Dos factores ayudaron a que estos sectores asumieran el discurso de defensa de la familia promovido desde Estados Unidos: el primero, la violenta crisis de la década de 1980 y las iniciativas dirigidas a “restaurar la estabilidad familiar”; el segundo, el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en las agendas políticas y educativas de los gobiernos de la región durante la década de 1990, en medio de la transición de los países latinoamericanos hacia democracias liberales. Las élites evangélicas locales mantienen desde entonces fuertes vínculos con organizaciones y líderes de la derecha cristiana estadounidense. A lo largo del siglo XXI, han logrado frenar de forma efectiva en diversos países de la región el avance de iniciativas en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y la población sexualmente diversa (^{Córdoba, 2015}).

En cuanto al estudio de las acciones colectivas protagonizadas por las nuevas derechas y los sectores conservadores en la región, Quiroga y Juncos (2019) advierten que la protesta no siempre tiene un carácter emancipatorio o contrahegemónico, ni será protagonizada únicamente por la izquierda social. La realidad latinoamericana, en ese sentido, muestra que esta puede utilizarse para oponerse a cambios progresistas (pp. 55-56).

Las autoras utilizan el concepto de “protestas sociales de derecha” para analizar este fenómeno. Un elemento común de estas protestas es la construcción moral, antes que política, del adversario y la conversión de las disputas políticas en disputas morales entre el bien y el mal, lo cual tiende a promover discursos de odio en contra de poblaciones específicas. Entonces, la protesta social no asume contenidos a priori, y siempre resulta fundamental interrogarse sobre quiénes se movilizan, sus repertorios, demandas y objetivos (^{Quiroga y Juncos, 2019}, pp. 65-67).

Por su parte, ^{Lucca e Iglesias (2020)} utilizan el concepto de “movilizaciones sociales antiigualitarias” al estudiar las acciones colectivas de sectores de la derecha latinoamericana frente a gobiernos o iniciativas progresistas, dirigidas en contra de principios articuladores de la democracia. Ante esto, consideran necesario dejar de circunscribir la protesta a las demandas en pro de la igualdad y a sectores progresistas o de izquierdas, para poder estudiar las protestas de las derechas latinoamericanas, las cuales encuentran un fuerte asidero en las demandas en torno a la homogeneidad, en detrimento de la diversidad o el pluralismo, la identidad religiosa, la familia, la propiedad privada y la vida. Asimismo, incorporan dentro de “las nuevas derechas” latinoamericanas a aquellas que abogan por la tradición, las costumbres, la religión y el patriotismo como fuentes de autoridad y jerarquía (Lucca e Iglesias, 2020, p. 70).

En cuanto al vínculo entre las agendas de género y las protestas, para Correa y Parker (2020) existe hoy una nueva configuración de las disputas en torno al género y la sexualidad en América Latina, surgida a partir del año 2015. En este periodo, las movilizaciones “antigénero” se han intensificado, se han expandido y han dejado ver su carácter transnacional (p. 8).

Con respecto a la región centroamericana, ^{Sagot (2019)} indica que existen vínculos entre grupos religiosos de carácter neointegrista y los gobiernos centroamericanos, que en los últimos años se han traducido en un debilitamiento del carácter secular de los Estados, así como en un impedimento para el avance de las agendas feministas, tales como la eliminación del aborto terapéutico en Nicaragua, El Salvador y Honduras (p. 125).

Para el caso costarricense, ^{Arguedas (2020)} considera que, desde finales del siglo XX, el movimiento integrista católico y el fundamentalismo neopentecostal han impulsado luchas sociales y políticas, por medio de las cuales han obtenido importantes victorias que han provocado un retroceso en la secularización del espacio público. El uso del concepto de “ideología de género”, sin duda, ha jugado un rol central en el discurso conservador de este siglo (p. 19).

Género y acciones colectivas en Costa Rica desde el AEP

En este apartado se presenta un breve esbozo de las formas en las cuales se han abordado las acciones colectivas alrededor del género en Costa Rica en las publicaciones del Programa del Estado de la Nación (PEN) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde utilizan la metodología del AEP.

En primer lugar, es necesario destacar que, hasta el momento, no contamos con un estudio específico de la protesta (con motivos de género) que utilice la metodología del AEP, para el periodo de estudio de esta investigación. En este sentido, las acciones colectivas alrededor del género han sido abordadas únicamente dentro de reportes o informes cronológicos y periódicos de la protesta en general.

En el caso del PEN, se llevó a cabo un seguimiento con las características antes mencionadas, bajo la categoría de actor de “grupos de género”, en sus informes anuales de la protesta. En estos ha prevalecido un enfoque más cuantitativo, tendiente a medir el peso de las acciones de este tipo de actor dentro de la protesta general en cada año. Para el periodo comprendido entre 1995 y el 2011, este se ubicó en un 1,6 % del total de acciones, con una tendencia creciente (^{Ramírez, 2012}, p. 8). El 2010 es el año donde estas tienen un mayor peso, con un 2,06 % del total (^{Ramírez, 2011}, p. 9); mientras que, en el 2015, este fue de un 1,2 % (^{Guillén, 2016}, p. 20).

De acuerdo con ^{Alvarenga (2007}, pp. 14-15), entre el 2000 y el 2003, si bien las movilizaciones por la defensa y ampliación de derechos de las mujeres, grupos indígenas, minorías sexuales, afrodescendientes, etc., apenas sumaron en su conjunto un 1,6 % del total de las acciones del periodo, destaca que las organizaciones feministas mostraron la capacidad de flexibilizar los espacios institucionales para negociar parte de sus agendas. Asimismo, rescata la capacidad del “movimiento gay” de construir espacios de reflexión y lucha en defensa de las identidades no heteronormadas, así como de moderar la represión y los discursos de violencia en su contra, característicos de la segunda mitad del siglo XX.

Para este mismo periodo, ^{Franceschi y Zamora (2002}, pp. 16-22) rescatan los alcances del movimiento de mujeres en la gestión de políticas públicas, a través del análisis de las demandas del movimiento y su canalización institucional, donde la apertura del Foro de Mujeres del INAMU es la mejor expresión de esta dinámica.

Como indica ^{Mora (2005}, p. 5), el poco peso de las acciones de este tipo de actor, en el seguimiento anual de la protesta, en parte puede obedecer a un sesgo metodológico, provocado por un subregistro de las acciones de estos colectivos en la prensa nacional, fuente primaria de la metodología del AEP. En cuanto a las demandas, el PEN las desglosa en “derechos de mujeres”, “derechos de hombres” y “minorías sexuales” (^{Mora, 2004}, p. 11).

Ahora bien, para el 2015, ^{Guillén (2016}, p. 14) identifica un crecimiento en las acciones realizadas por actores “no tradicionales” de la protesta, ubicados dentro de “otras formas organizativas”, entre los cuales sobresalen las colectivas feministas. Para el 2016, ^{Cerdas (2017}, p. 9) destaca las protestas ciudadanas a favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ y en contra de la discriminación hacia las mujeres.

Sin embargo, es en el informe del 2018 donde ubicamos un mayor abordaje de las acciones colectivas en torno al género, cuando se incluye en el recuento de las principales acciones del periodo las protestas conservadoras en contra de los programas de Afectividad y Educación Sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP). Estas fueron protagonizadas por madres y padres de familia, así como por organizaciones como Despierta Costa Rica, la Iglesia católica, el entonces diputado y candidato presidencial del PRN, Fabricio Alvarado Muñoz, el candidato presidencial liberacionista, Antonio Álvarez Desanti, entre otros.

Su repertorio principal fue el bloqueo en la entrada de distintos centros educativos y su demanda era la eliminación de los contenidos de la malla curricular. Estos enarbolaron un discurso “en defensa de la vida y de la familia”. De acuerdo con ^{Cerdas (2018)}, estas protestas marcan una crecida en la confrontación entre actores que defienden distintos valores alrededor del género y la sexualidad. Además, coinciden con el cierre de la contienda electoral 2018, lo cual a su vez llevó a algunos partidos a ajustar su discurso electoral en función de sus demandas (pp. 10-11).

Así pues, la protesta protagonizada por “grupos de género” incrementó de un 0,9%, en el 2016, a un 1,7 %, en el 2017 (pp. 22-26). El PEN señala que la acción política de este sector conservador supone el desarrollo de estrategias para relacionarse con el Estado, los grupos de poder y las estructuras políticas formales. Su irrupción en la escena pública, y en el debate de la democracia institucional, suele ir de la mano con la crítica a grupos feministas y LGBTIQ (pp. 26-27).

La obligación del Estado de atender las demandas de grupos históricamente excluidos y marginados, para cumplir con acuerdos ratificados internacio- nalmente, hace que los grupos conservadores identifiquen al Estado como un aliado de los sectores y las agendas que confrontan, lo cual se convierte en condición suficiente para propiciar la organización y canalización de su malestar a través de las protestas (^{Cerdas, 2018}, p. 27). La agenda conserva- dora se hizo presente nuevamente en las acciones colectivas de julio de 2019, cuando la oposición a la política de “baños neutros” se convirtió en uno de los detonantes de las protestas que desembocaron con la destitución del ministro de Educación, Édgar Mora Altamirano, (Cerdas, 2020, p. 9).

De manera similar, el IIS-UCR incluyó el recuento de las acciones colectivas vinculadas con grupos o demandas de género dentro de la publicación de los Informes de Coyuntura publicados en conjunto con el OSPAL. Para el 2008, estas fueron registradas como “conflictos por el reconocimiento de la diversidad sexual” y “conflictos de género” (^{Mora, García y Alvarado, 2008a}, ^2008b, ^2008c). Posteriormente, en el 2009, se agruparon en “conflictos por los derechos de las mujeres” y “conflictos por los derechos sexuales” (^{Alvarado, García y Mora, 2009}; ^{Mora, 2009}). En el 2010, se señaló la presencia de protestas a favor de los derechos de las personas sexualmente diversas (^{Alvarado, Álvarez y Mora, 2010}).

Por su parte, en su estudio sobre la protesta social durante la administración Solís Rivera (2014-2018), ^{Alvarado y Martínez (2018)} identifican un crecimiento de las protestas de corte conservador, potenciadas por un apoyo institucional de parte del gobierno de turno hacia las demandas de la población LGBTI. Los discursos y la ética religiosa fueron un pilar de este tipo de movilizaciones, cuya tendencia creciente fue capitalizada al final del periodo, en el marco de la contienda electoral 2018, por algunos partidos políticos en la disputa electoral (pp. 30-31). Para este periodo, el peso de las acciones colectivas llevadas a cabo por grupos de género fue de un 3,3 % (p. 15).

Finalmente, si bien no se enmarcan en la metodología del AEP, se rescatan dos tesis recientes que incursionan en el estudio de los feminismos de la cuarta ola en Costa Rica. En la primera, ^{Morales et al. (2017)} exploran los repertorios de acción colectiva de los nuevos movimientos feministas en el país a partir del estudio de caso de seis agrupaciones. Estas indican que, junto con repertorios más tradicionales como marchas, paros y huelgas, recurren también al uso de videos y al performance, como nuevos repertorios. En la segunda, ^{Díaz (2018)} estudia el uso de la red social Facebook en las acciones colectivas desplegadas por las organizaciones feministas en contra del acoso callejero en el periodo 2015-2016, donde también reconoce las influencias de las colectivas argentinas en las estrategias y discursos de las feministas en Costa Rica (p. 111).

Las acciones colectivas sobre el género Costa Rica (2008-2020)

En este apartado se presentarán las principales tendencias ubicadas en las acciones colectivas que giran en torno al género en Costa Rica en el periodo 2008-2020, de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos de las Cronologías del Conflicto Social y la Base de Datos de Acciones Colectivas del proyecto PROTESTAS.

En total se ubicaron 243 acciones colectivas a favor del avance de una agenda progresista en materia de derechos de las mujeres y de la población sexualmente diversa, agrupadas bajo la categoría de “Progresistas”, y 73 acciones colectivas con el objetivo de frenar o retroceder su avance, agrupadas bajo la categoría de “Conservadoras”. A continuación, se presenta su distribución por años (Figura 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Acciones Colectivas y las Cronologías del Conflicto Social del proyecto PROTESTAS.

Figura 1 Acciones colectivas en torno al género en Costa Rica 2008-2020 

En primer lugar, a nivel metodológico, es necesario recordar que únicamente se registran aquellas acciones que obtuvieron cobertura por parte de los medios de prensa nacional monitoreados en el proyecto PROTESTAS. En segundo lugar, solo se registraron las que protagonizaron actores no institucionales, aclaración especialmente relevante para la protesta de actores conservadores, ya que no se incluyeron aquellas protagonizadas de forma exclusiva por la Iglesia católica o la Conferencia Episcopal.

Sobresale que el periodo de mayor crecimiento en la protesta de los sectores progresistas se ubica entre 2008 y 2015, periodo que cubre los últimos dos años del segundo gobierno de Óscar Arias Sánchez (2006-2010), los cuatro años de gobierno de Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), ambos del Partido Liberación Nacional (PLN), y el primer año de la administración Solís Rivera (2014-2018), del Partido Acción Ciudadana (PAC). El 2013 se presenta como el año más conflictivo para este sector.

En este sentido, como indica ^{Arguedas (2020}, p. 29), la liberacionista Laura Chinchilla Miranda concretó una alianza con grupos conservadores neointegristas desde el momento mismo en que asumió su candidatura presidencial, basada en el impulso a una agenda contraria al Estado laico, a los derechos sexuales y reproductivos, al matrimonio igualitario y a la educación sexual, a tal punto que fue nombrada “Hija Predilecta de la Virgen de los Ángeles” por parte de la Iglesia católica costarricense. De esta forma el gobierno de Chinchilla supuso un freno efectivo al avance de los derechos de las mujeres, de la población sexualmente diversa, entre otros. No obstante, las alianzas entre sectores neointegristas y el PLN se venían presentando desde el gobierno de Arias, en especial por la urgencia de contar con los votos de las bancadas legislativas conservadoras para aprobar la agenda de implementación en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (p. 21).

Entre otras conquistas conservadoras de este periodo, el diputado evangélico Justo Orozco presidió la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa en el periodo 2010-2011, se bloqueó la anticoncepción oral de emergencia, se archivó el proyecto de reforma constitucional para un Estado laico, y la Sala Constitucional avaló el derecho de los padres y madres de familia a impedir que sus hijos e hijas recibieran educación sexual en las escuelas y colegios públicos, entre otras (^{Arguedas, 2020}, p. 22).

Siguiendo con la Figura 1, es notable que las acciones de protesta de los actores progresistas tendieron a disminuir en el periodo 2015-2020, el cual abarca los gobiernos de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y de Carlos ^{Alvarado Quesada (2018}-2020), ambos del PAC. En este sentido, ambos gobiernos se han caracterizado por acoger y canalizar institucionalmente algunas demandas del movimiento feminista y de la diversidad sexual, entre las que destacan la implementación de la fertilización in vitro, la aprobación del matrimonio igualitario, el reconocimiento legal a las identidades trans, así como de la norma y el protocolo para implementar el aborto terapéutico, el acceso a la anticoncepción de emergencia en los centros de salud pública del país, entre otras.

En cuanto a las acciones colectivas de corte conservador, el periodo de mayor crecimiento se ubica entre 2017 y 2018, en el marco de la campaña electoral presidencial, tal como lo han señalado Guillén (2018) y ^{Alvarado y Martínez (2018)}. En este periodo, el discurso del candidato del Partido Restauración Nacional (PRN), Fabricio Alvarado Muñoz, de corte neopentecostal, giró en torno al combate a la “ideología de género” y a la amenaza que el gobernante PAC suponía para la familia tradicional (^{Arguedas, 2020}, pp. 23-27). Es visible así, que el PRN recurrió, entre otras cosas, a la movilización “moral” de su base electoral en el marco de la campaña.

Resalta que, a excepción del año 2018, las protestas por parte de actores conservadores de la sociedad civil en torno al género suelen ser pocas. Esto puede deberse a que muchas de las acciones que sí registró la prensa han sido protagonizadas por actores de tipo institucional, especialmente por la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal, así como por partidos políticos neopentecostales. La gran influencia política e institucional de la Iglesia católica puede repercutir en que las organizaciones conservadoras de la sociedad civil mantengan un perfil público más bajo, al igual que la presencia de actores conservadores en otras instituciones y poderes de la República, desde donde también han impulsado con éxito sus demandas, tal como lo han señalado de forma reciente ^{Arguedas (2020)} y ^{Sagot (2019)}.

En este sentido, siguiendo la teoría del entorno político (McAdam, McCarthy y Zald, 1999; Tarrow, 1999), podemos vincular el crecimiento cuantitativo en las protestas del sector progresista con la existencia de un entorno institucional mayoritariamente cerrado para la canalización de sus demandas, durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda, así como con una disminución de estas en los dos gobiernos del PAC, cuando la institucionalidad acogió una serie de demandas civiles e identitarias en torno al género.

En cuanto a la protesta conservadora, el peso de instituciones como la Iglesia católica, los partidos políticos neopentecostales y conservadores, representantes políticos neointegristas, entre otros, en la canalización de las demandas de los sectores conservadores de la sociedad, explica en parte por qué la protesta de este sector es menor a la de los grupos progresistas. El incremento que se registra en el 2018 estaría asociado a la percepción de una amenaza institucional, encarnada en la candidatura de Carlos Alvarado Quesada, y en los planes de educación sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP) del gobierno de Luis Guillermo Solís.

Finalmente, aunque es posible ubicar demandas de tipo conservador en las protestas estudiantiles de secundaria del año 2019, en contra del entonces ministro de Educación, específicamente en contra de la existencia de baños individuales o “unisex” en los centros educativos del país, estas no se incluyeron en la base de datos construida para esta investigación, ya que el movimiento incluyó una mayor diversidad de demandas estudiantiles, como la no aprobación del proyecto de Ley de Educación Dual y la no aplicación de las pruebas FARO, de manera que no podría calificarse como un movimiento o protesta exclusivamente conservador.

Las demandas progresistas y conservadoras

En esta sección, se presentan las principales demandas que han motivado las protestas, tanto de los sectores progresistas como conservadores, en torno al género en Costa Rica. La Figura 2 nos muestra las demandas progresistas.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Acciones Colectivas y las Cronologías del Conflicto Social del proyecto PROTESTAS.

Figura 2 Demandas Progresistas 2008-2020 

Como se puede ver, la defensa de los derechos de la población sexualmente diversa registra un 24 % de todas las acciones del periodo, esta incluye distintas acciones en contra de la discriminación y a favor del avance de los derechos identitarios de la población LGBTIQ en el país. En segundo lugar, con un 21 %, se ubican las acciones en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres, incluidas las protestas en contra del femicidio. En tercer lugar, con un 18 %, destacan las acciones a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas se presentan de forma separada por el peso que tienen en este periodo e incluyen las acciones a favor de los diversos proyectos de ley que desde el año 2006 se presentaron en esta dirección, bajo la forma de uniones civiles y sociedades de convivencia.

En cuanto a las acciones en contra de políticos conservadores, las cuales concentran un 11 % del total, estas incluyen acciones en contra del nombramiento de diputados neopentecostales en la Comisión de Derechos Humanos y en la presidencia de la Asamblea Legislativa, de candidatos presidenciales y en general representantes populares o aspirantes que promueven abiertamente una agenda y un discurso contrario a los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la población LGBTIQ, especialmente, y de las mujeres.

En términos generales, es posible identificar en el análisis de las demandas de este periodo la transición experimentada en el resto de la región latinoamericana con el llamado feminismo de la cuarta ola, ya no centrada en las demandas de representación (las cuales abarcan apenas un 2 % del total), sino en una agenda más amplia que incluye las acciones en contra de la violencia, la defensa de la vida y del cuerpo de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de la población sexualmente diversa.

No obstante, es visible la escasa o nula presencia de demandas de tipo redistributivo o económicas, aun cuando son las mujeres y las personas jóvenes, especialmente de los estratos económicos más bajos, las más afectadas por las reformas neoliberales y la desregulación creciente del mercado laboral a nivel nacional. Por lo anterior, no se podría afirmar aun la existencia mayoritaria de un feminismo de corte antineoliberal, tal como se propone en el feminismo de la cuarta ola. Si bien es posible que exista dentro de este movimiento amplio, convive a la par de corrientes de tipo liberal y neoliberal que, como indican ^{Fraser (2017}) y ^{Martínez (2019}), a la par del impulso de demandas progresistas en torno al género, apoyan y promueven agendas de privatización y desregulación de la economía y del mercado laboral, así como el individualismo, la meritocracia, la subjetividad del “emprendedor de sí mismo”, entre otros ejes claves del proyecto cultural neoliberal. La Figura 3 muestra las demandas conservadoras en torno al género.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Acciones Colectivas y las Cronologías del Conflicto Social del proyecto PROTESTAS.

Figura 3 Demandas conservadoras 2008-2020 

Como se puede notar en la Figura 3, la mayoría de las acciones colectivas registradas en esta categoría tienen como móvil oponerse a la educación sexual en el sistema de educación pública nacional. Tal como se mencionó anteriormente, los sectores conservadores han posicionado a la educación sexual como una amenaza a las identidades tradicionales masculinas y femeninas, así como a las de padre y madre de familia. En este sentido, como veremos más adelante, han sido precisamente padres y madres de familia quienes han encabezado las protestas en esta dirección.

Seguidamente, aparecen las protestas en contra del aborto, esto frente al surgimiento de iniciativas de ley y movimientos para avanzar en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente en la primera década del siglo XXI. Las acciones a favor de los derechos de los hombres reclaman en general una supuesta pérdida de derechos masculinos en la sociedad costarricense, en la medida en que se ha avanzado en la consecución de derechos para las mujeres. Incluyen acciones en contra de las pensiones alimenticias y de una supuesta pérdida de derechos de los hombres sobre sus hijos e hijas.

Luego, se encuentran las acciones de “defensa de la familia” tradicional heteronormativa frente a diversas amenazas percibidas, por parte de la educación sexual, el feminismo, el matrimonio igualitario, etc. Las ya recurrentes “marchas por la familia” forman parte de estas acciones. Asimismo, encontramos acciones específicas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y la defensa de una concepción religiosa y no legal de esta institución.

Repertorios y distribución geográfica

La Figura 4 expone el tipo de repertorios de acción a los que han recurrido los actores progresistas y conservadores en el periodo de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos de Acciones Colectivas y las Cronologías del Conflicto Social del proyecto PROTESTAS.

Figura 4 Repertorios de acción de organizaciones progresistas y conservadoras en torno al género 2008-2020 

Destaca, a simple vista, una tendencia inversa. Mientras los sectores progresistas han privilegiado las acciones de tipo “institucional”, es decir, que no llegan al espacio de la calle, los actores conservadores han recurrido en su mayoría a acciones “no institucionales” a la hora de protestar.

Específicamente, los actores progresistas han recurrido, en un 54,3 %, a acciones institucionales y, en 45,7 %, a acciones de tipo no institucional. Entre las primeras destacan comunicados públicos, reuniones con autoridades y denuncias en diversas instancias. Sobre las segundas, marchas y concentraciones, estas se han llevado a cabo principalmente en la provincia de San José (83,3%), las provincias de Puntarenas (7,4 %) y Cartago (3,7 %). Por su parte, Heredia, Alajuela y Guanacaste concentran cada una un 1,7 % de las acciones.

En cuanto a los actores conservadores, estos han recurrido en un 64,4 % de las veces a acciones no institucionales, y apenas un 35,6 % a acciones institucionales. En las primeras destaca fundamentalmente el uso del bloqueo como acto de presión, específicamente el cierre de centros educativos, acciones concentradas en su mayoría en el año 2018. En las segundas, sobresalen el uso de comunicados, denuncias ante instancias nacionales y reuniones con autoridades. De esta forma, podría advertirse una mayor “radicalidad” en las formas de protestar de los sectores conservadores. Estas se han presentado en San José (56,5 %) y en la provincia de Alajuela (37 %), específicamente en el cantón de San Carlos, en la zona norte del país. Guanacaste, Limón y Puntarenas concentran cada una un 2,2 % de las acciones registradas.

Actores demandantes e instancias demandadas

Finalmente, se presentan los actores que de forma más recurrente han protestado alrededor de demandas vinculadas al género. En cuanto a los sectores progresistas, el 49,8 % de las acciones han sido protagonizadas por organizaciones de la diversidad sexual, el 44 % por organizaciones de mujeres y feministas, el 3,7 % por activistas a favor de la fecundación in vitro (FIV) y un 2,5 % se agrupa bajo la categoría de “otros”, donde destacan grupos juveniles y organizaciones religiosas progresistas.

Dentro de las organizaciones feministas, destaca una gran diversidad de colectivos y organizaciones, mientras que, en las organizaciones de la diversidad sexual, se observa un mayor protagonismo del Movimiento Diversidad, en un primer momento, y luego del Frente por los Derechos Igualitarios (FDI). Estos han interpelado principalmente a los gobiernos en general, en un 24,7 % de las acciones, en segundo lugar, al Poder Legislativo, en un 14 % de las acciones, para presionar por la aprobación de diversos proyectos de ley, y, en tercer lugar, a la población en general, en un 10,7 % de las acciones.

En cuanto a los sectores conservadores, un 35,6 % de las acciones han sido protagonizadas por organizaciones religiosas de la sociedad civil, principalmente católicas y evangélicas, un 34,2 % por padres y madres de familia, quienes han estado al frente de las acciones en contra de la educación sexual, un 12 % por grupos de hombres, específicamente la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (FUNDIAPHO), un 8 % por grupos de ciudadanos y ciudadanas y un 2 % por profesionales, específicamente por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, quienes se han manifestado en contra del aborto en diversas ocasiones.

Estos han interpelado principalmente a “Ministerios” en un 43,8 % de las acciones, mayoritariamente al MEP. Su principal demanda es la cancelación de la educación sexual en el país. En un segundo plano han interpelado a los gobiernos en general, en un 19,2 % de las acciones, y en tercer lugar a la Presidencia de la República, en un 9,6 % de estas.

Conclusiones

En las páginas anteriores se ha realizado un análisis de las acciones colectivas que han girado en torno al género en Costa Rica, de acuerdo con las cronologías del conflicto social y la Base de Datos de Acciones Colectivas del proyecto PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales, bajo la metodología del Análisis de Eventos de Protesta.

El análisis realizado, en primer lugar, nos permite ubicar las demandas más recientes, en el periodo 2008-2020, de los colectivos de mujeres y de la diversidad sexual en el país. Los datos arrojados sirven como parámetro para comparar dichas demandas con periodos anteriores y dar cuenta de las continuidades y novedades en las agendas de los movimientos feministas y de la diversidad sexual.

El peso mayoritario de las acciones dirigidas a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo muestra que, si bien la aprobación del matrimonio se logró por medio de una consulta realizada desde la Casa Presidencial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el gobierno de Solís Rivera, hubo una acción sostenida por parte de los colectivos LGBTIQ que combinó acciones de tipo institucional y no institucional. De igual forma fue relevante la inserción de activistas de la diversidad sexual, especialmente del FDI, dentro de ese gobierno.

En la agenda feminista destaca una mayor relevancia de la lucha en contra de la violencia estructural hacia las mujeres y a favor del aborto, por sobre las demandas centradas en la representación, que hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI aún eran mayoritarias. Esta transición se enmarca en el avance de la llamada nueva ola del feminismo en América Latina. El cruce con otras metodologías y fuentes, tanto de prensa, imágenes, redes sociales, etc., es necesario para profundizar en el estudio de la presencia e influencia de esta ola feminista en Costa Rica. En ese sentido, los movimientos Ni Una Menos, Aborto Legal y el Paro de Mujeres del 8M han tenido una amplia difusión a nivel nacional, con una notable presencia de nuevas organizaciones, formas de activismo y de mujeres jóvenes.

En relación con las formas en que el entorno político ha incidido sobre este tipo de protestas, podemos señalar un crecimiento cuantitativo en las protestas del sector progresista en momentos de un entorno institucional mayoritariamente cerrado, durante el gobierno de la liberacionista Laura Chinchilla, así como una disminución de estas en los dos gobiernos del PAC, cuando la institucionalidad acogió una serie de demandas civiles e identitarias en torno al género.

En cuanto a las protestas de los sectores conservadores sobre el género en Costa Rica, en primer lugar, hay que rescatar que la acción de actores institucionales, como la Iglesia católica y representantes políticos neointegristas, en la efectiva canalización de estas, pareciera haber actuado como contenedor de la protesta de las organizaciones conservadoras de la sociedad civil. No obstante, el año 2018 marca un punto de inflexión en términos cuantitativos y cualitativos, es decir, en cuanto a la cantidad y radicalidad de las acciones colectivas de estos sectores, vinculadas al crecimiento político de los partidos neopentecostales. En términos metodológicos, no es descartable un subregistro de estas acciones, tanto por la no cobertura de los medios de prensa, así como por el protagonismo de actores institucionales, como la Iglesia católica y los partidos políticos, lo que las deja por fuera de este análisis.

Es evidente la presencia de acciones colectivas “anti igualitarias” en Costa Rica, como vimos, propias de la praxis política de las nuevas derechas cristianas y fundamentalistas en la región latinoamericana, en las que las consignas en contra de la educación sexual, bajo el combate a la supuesta “ideología de género”, en contra del aborto y en contra del avance de los derechos de las mujeres en general, tienen un potencial movilizador importante, apelando a las emociones y a identidades fuertes supuestamente amenazadas. Resalta, además, la acogida de este tipo de movimientos y consignas en el cantón de San Carlos, en la zona norte del país, fenómeno que sin duda alguna requiere un análisis más pausado en futuras investigaciones sobre las protestas conservadoras costarricenses.

Esta agenda de investigación puede decirnos mucho sobre las tensiones presentes no solo en el ámbito económico, sino también en el plano cultural e ideológico, y el rol que estas juegan en los proyectos políticos y sociales en disputa en la Costa Rica del siglo XXI.

Lejos de ser un debate marginal, la literatura sistematizada en este trabajo, así como la más reciente contribución de Pablo ^{Stefanoni (2021}), muestra que la movilización y canalización de las identidades sexuales está en el centro de las batallas culturales, políticas y económicas de este siglo: por un lado, las izquierdas y progresismos y, por el otro, las nuevas derechas, en todas sus formas y combinaciones.