El funcionamiento global del capitalismo agrario-exportador

Los estudios académicos más relevantes sobre la historia de Centroamérica coinciden en señalar que en esta región el capitalismo surgió en la segunda mitad del siglo XIX con la introducción y desarrollo del cultivo, procesamiento y exportación de café –y posteriormente del banano– y que esta agroindustria fue un factor fundamental para lograr la incorporación de los países a la economía mundial, para cohesionar a las sociedades alrededor de un proyecto nacional y para completar la formación de los Estados nacionales, los cuales hasta ese momento eran sumamente débiles y desarticulados (^{Torres-Rivas, 1981}; ^{Mahoney, 2011}; ^{Bértola y Ocampo, 2013}). Además, concuerdan en que los procesos de construcción de los Estados y de edificación del capitalismo tuvieron lugar en el período de las revoluciones liberales, las cuales sentaron las bases económicas y sociales del capitalismo mediante la privatización de las tierras y la creación de una fuerza laboral –mal remunerada– que pudiera encargarse de las nuevas tareas agrícolas vinculadas con la producción, procesamiento y exportación de café. Posteriormente, los Estados –generalmente, aunque no siempre, controlados por las élites– se encargaron de proveer la infraestructura física, económica e institucional necesaria para desarrollar la agricultura de exportación (Bethell, 2001). Como resultado de estos procesos, en las primeras décadas del siglo XX, el capitalismo agrario en sus distintas variantes se había establecido en Centroamérica –primero en Costa Rica, El Salvador y Guatemala y posteriormente en Honduras y Nicaragua– y la economía agroexportadora era el eje principal de toda la vida económica y social de la región.

A lo largo del siglo XX, particularmente en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo agrario centroamericano registró una modernización importante a través de la adopción de nuevas técnicas de producción, mediante la introducción de nuevos productos de exportación y a través de un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. Sin embargo, todos estos cambios no alcanzaron para transformarlo ya que fueron incapaces de alterar de manera sustancial el modelo agroexportador tradicional y la matriz de poder sobre los cuales se sustentaba.

Por lo anterior, califico al capitalismo centroamericano que estuvo vigente desde 1870 hasta finales de la década de los setenta como agrario-exportador porque desde su surgimiento hasta su reemplazo definitivo estuvo estructurado completamente alrededor de la economía agrícola de exportación y porque las élites agrarias que controlaban el sector agroexportador y las empresas extranjeras que controlaban los enclaves bananeros y mineros –y posteriormente buena parte del sector industrial y actividades relacionadas– eran los actores capitalistas dominantes y ambos tenían un control monopólico y oligopólico de la economía y una influencia –la mayoría de la veces decisiva– sobre los Estados nacionales, los cuales eran utilizados para ejercer su hegemonía y para asegurar y ampliar el proceso de acumulación de capital.

El capitalismo agrario-exportador se sustentaba en un modelo económico controlado totalmente por las élites agrarias en el cual el excedente económico que se utilizaba para la acumulación de capital era de origen interno y provenía mayoritariamente del sector agroexportador que era donde se localizaban los principales ejes de acumulación, es decir, el cultivo, procesamiento, comercialización y exportación de café y posteriormente de caña de azúcar, algodón, y en algunos países la carne vacuna. A partir de la década de los sesenta el excedente proveniente del exterior en forma de inversión extranjera directa (IED) cobró alguna importancia en el financiamiento de la inversión en la industria y actividades relacionadas; sin embargo, nunca pudo competir con el abundante excedente interno generado en las actividades agroexportadoras.

En aquellos países donde había enclaves bananeros (o mineros), el proceso de acumulación de capital era realizado por las compañías extranjeras quienes controlaban totalmente sus distintas fases debido al control monopólico que les confería la ley y a la influencia directa que tenían sobre los Estados. En estos casos, la producción se dedicaba a la exportación, la gerencia empresarial y la tecnología utilizada eran importadas y la transferencia de su dinamismo económico a las economías nacionales era generalmente escasa ³ y los países centroamericanos proveían una fuerza laboral poco cualificada y mal remunerada que minimizaba los costos de operación de dichas empresas. En los enclaves la mayor parte del excedente generado salía hacia el exterior en forma de repatriación de capitales debido al poder de las transnacionales y a la ausencia de regulaciones que impidieran la transferencia de renta desde Centroamérica hacia EE. UU.

En el capitalismo agrario-exportador la mayor parte del excedente económico se realizaba en los mercados internacionales a través de las exportaciones, lo cual convertía a las actividades agroexportadoras en la principal fuente de divisas y, consecuentemente, en el principal determinante de la actividad económica interna y de la estabilidad financiera y cambiaria (^{CEPAL, 1992}; ^{Segovia, 2002}, ^2004b). Esta dependencia extrema de las economías de las actividades agroexportadoras le confería un enorme poder e influencia a las élites agrarias, lo cual era reforzado por el hecho de que el excedente externo jugó en general un papel limitado en el proceso de acumulación de capital.

En este tipo de capitalismo la distribución del excedente económico se canalizaba fundamentalmente a través de los sistemas financieros locales, los cuales eran poco desarrollados y estaban compuestos por bancos que en su mayoría pertenecían o eran controlados por las mismas familias agroexportadoras, por lo que en la práctica funcionaban como sus brazos financieros. También existían bancos estatales de desarrollo en donde las élites agrarias tenían influencia suficiente para incidir en el destino del crédito, por lo que en su mayoría también se utilizaba para financiar las actividades agroexportadoras.

De esta manera, gran parte del excedente económico volvía al sector agropecuario en forma de financiamiento bancario privado y público para financiar capital de trabajo de corto plazo y para ampliar la capacidad productiva agroexportadora, mientras que otra parte era utilizada para invertir en otros sectores rentables de la economía, en consumo suntuario y en menor medida para financiar al Estado mediante los impuestos a las exportaciones, que constituían la principal fuente de ingresos del Estado, lo que a su vez volvía a los ingresos fiscales altamente vulnerables a las fluctuaciones de los precios internacionales de los productos primarios. Esto a su vez hacía coincidir los déficits fiscales con los déficits comerciales, lo cual complicaba el manejo económico (^{World Bank, 1989}, p. 17). Además, el nivel de otros impuestos directos e indirectos también era en parte determinado por el sector agroexportador, ya que dependía de la evolución de la actividad económica estaba en función de dicho sector.

Este control tan abrumador del proceso de acumulación de capital por parte de las élites agrarias, sumado al hecho de que su espacio de acumulación era fundamentalmente el territorio nacional y a la naturaleza productiva de los ejes de acumulación, es lo que explica el estrecho vínculo que existía en el capitalismo agrario-exportador entre la generación del excedente económico, las estructuras productivas vinculadas con la agroexportación y el sistema financiero.

En el capitalismo agrario-exportador, la tierra constituía el principal factor de producción y la acumulación de capital dependía de manera crítica de ella, razón por la cual su posesión y control fue una prioridad por parte de las élites agrarias y de las compañías transnacionales, quienes utilizaron a los Estados para apropiársela mediante el despojo de tierras a los campesinos y a las comunidades indígenas y a través de la expansión de la frontera agrícola. Como resultado de estos procesos se conformó en la mayoría de los países una estructura agraria dual (binomio latifundio-minifundio) altamente concentrada y polarizada conformada por grandes fincas agroexportadoras y pequeñas propiedades para fines de subsistencia.

Esta situación, junto a los bajos salarios pagados en el campo, explica en buena medida el carácter concentrador y excluyente del capitalismo agrario-exportador y la existencia de una extensa pobreza y exclusión social en las zonas rurales. En tales condiciones, las posibilidades de reducir las desigualdades sociales y de impulsar una industrialización basada en el dinamismo de la demanda interna simplemente no existían, razón por la cual en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, algunos gobiernos intentaron sin éxito ampliar el mercado interno mediante la realización de reformas agrarias y a través del aumento de los salarios reales.

La existencia de una estructura agraria dual sumada al carácter intensivo y estacional de los monocultivos, influyó decisivamente en la división del trabajo ya que provocó una escasez de empleos permanentes en el agro, configuró una estructura de inserción laboral agrícola en pequeñas parcelas como trabajadores familiares e incidió en que la remuneración del trabajo permanente en las fincas no estuviera asociada al desarrollo de la productividad sino a las condiciones del mercado influido por la sobreoferta de trabajadores eventuales (^{Pérez-Sáinz et al., 2003}, p. 28). Además, el mercado laboral estaba altamente regulado con el objetivo de mantener los salarios reales a los niveles más bajos posibles con el propósito de reducir los costos de producción de las haciendas y de los enclaves bananeros (^{Bulmer-Thomas, 1987}; ^{Sánchez-Ancochea y Martínez Franzoni, 2015}).

A diferencia de las empresas transnacionales que controlaban los enclaves bananeros y la industria y de algunas élites industriales locales que tenían como espacio de acumulación el territorio centroamericano, en el caso de las élites agrarias dicho espacio era fundamentalmente el nacional, el cual cuidaban celosamente de la competencia extranjera. Para ello, utilizaron su poder e influencia sobre los Estados, a fin de que se establecieran barreras arancelarias y no arancelarias a la importación de productos primarios que competían con los producidos localmente; como resultado en todos los países se conformaron monopolios y oligopolios en la agroindustria del café, azúcar y algodón y en otras actividades industriales en donde dichas élites tenían inversiones. Este carácter monopolista del capitalismo agrario-exportador reforzó la concentración del ingreso y de la riqueza en pocas manos.

En el capitalismo agrario-exportador el Estado jugó un papel central en el proceso de acumulación de capital y, como veremos más adelante, su forma de intervención marcó la diferencia entre sus diferentes variantes. Inicialmente el Estado procedió a la privatización de la tenencia de la tierra y a la aplicación de leyes para regular y controlar la oferta de fuerza laboral que requería el cultivo del café, y posteriormente creó las condiciones legales e institucionales que posibilitaron la consolidación de la agroindustria del café y del banano y la introducción de la caña de azúcar, el algodón, el banano y la ganadería. En términos más generales, el Estado se aseguró de preservar la estabilidad financiera y cambiaria y de proporcionar crédito a las actividades agroexportadoras a través de los bancos estatales, de otorgar subsidios para los nuevos rubros de producción y de impulsar la mecanización y la investigación tecnológica, así como de construir la infraestructura económica que necesitaban dichas actividades para su expansión.

En el período posterior a la segunda guerra mundial en todos los países –aunque de manera diferenciada– el Estado asumió nuevas funciones y su intervención se amplió a nuevos ámbitos como la planificación, la regulación del mercado a través de la creación de empresas públicas. En el ámbito social hubo un aumento del gasto social –particularmente en educación, salud y seguridad social–; sin embargo, con la excepción de Costa Rica, la inversión social nunca fue prioridad, razón por la cual la política social tuvo un carácter residual ya que solamente cubría a una minoría, tenía bajos niveles de suficiencia y reforzaba la pauta de estratificación social (^{Sánchez-Ancochea y Martínez Franzoni, 2015}, p. 16).

En la esfera política con excepción de Costa Rica, el Estado desempeñó un rol central en el mantenimiento de un orden social injusto mediante la utilización de métodos autoritarios y represivos, en el que la democracia simplemente no tenía lugar. De hecho, en buena parte del siglo XX, en la mayoría de los países el sistema político amplió y profundizó el carácter excluyente del modelo económico y hubo un intento continuado por limitar las posibilidades de protesta y las demandas sociales; además se restringió la competencia electoral, aún en los casos en los que se mantuvieron los partidos políticos legales y hubo elecciones periódicas (^{Sánchez-Ancochea y Martínez Franzoni, 2015}, pp. 32-33). Como ha señalado CEPAL (²⁰¹²), en estos países la relación simbiótica entre grupos económicos dominantes –agroexportadores y comerciales– y gobiernos, y el legado de corrupción de la Colonia, los métodos represivos utilizados históricamente para asegurar la disponibilidad de mano de obra, contribuyeron a la consolidación de sistemas políticos autoritarios y no participativos (^{CEPAL, 1992}, pp. 10-11).

Las variantes del capitalismo agrario-exportador

Pese a las similitudes en su funcionamiento general, desde su surgimiento hasta su consolidación y desaparición definitiva, el capitalismo agrarioexportador centroamericano nunca fue homogéneo ya que se estructuró de acuerdo con las características específicas de cada uno de los países. Se pueden distinguir tres tipos: el capitalismo agrario-estatal de Costa Rica, el capitalismo agrario-oligárquico de El Salvador y Guatemala y el capitalismo agrario, tradicional de Honduras y Nicaragua (Tabla 1).

El capitalismo agrario costarricense es la variante más diferenciada del capitalismo centroamericano y lo hemos denominado agrario-estatal porque muchas de sus particularidades tienen que ver con la existencia de un Estado centralizado e intervencionista con autonomía suficiente de las élites agrarias para implementar políticas redistributivas a favor de la mayoría de la población y para jugar un rol protagónico en la economía. Este tipo de Estado se consolidó en la década de los cuarenta, particularmente a partir de la revolución de 1948 con el fortalecimiento de su papel en el ámbito socioeconómico y con la eliminación del Ejército Nacional, y principalmente a partir de 1953, cuando la hegemonía de los sectores progresistas que buscaban profundizar el desarrollo capitalista bajo la enseña de “un desarrollo económico socialmente orientado” se impuso (^{Rovira Mas, 2005}, p. 118).

A partir de ese momento el capitalismo costarricense tomó un sello claramente estatal que se expresó en la conformación de un sistema de protección y seguridad de carácter universal y en la construcción de una economía fuertemente intervenida por el Estado, quien asumió un papel rector y participó directamente en la producción de bienes y servicios y a través de la nacionalización del sistema financiero influyó en el proceso de acumulación de capital mediante el control del crédito el cual a diferencia del resto de países centroamericanos no solo fue dirigido a los sectores agroexportadores, sino también a los pequeños y medianos productores. De esta manera el Estado costarricense se convirtió en un poderoso jugador en el ámbito económico y en el elemento cohesionador de la sociedad.

La existencia en Costa Rica de este tipo de Estado tiene directamente que ver con el sistema político democrático, moderno y consistente, construido de manera temprana en ese país, el cual estaba plenamente consolidado desde mediados del siglo XX (^{Acuña Ortega, 2018}, p. 250), que permitió la construcción de un Estado democrático donde sectores profesionales y políticos emergentes tenían una incidencia importante y servían de contrapeso a las élites agrarias (^{Acuña Ortega, 2018}, pp. 270-271). De este modo, en Costa Rica se abrió la posibilidad de construir un tipo de capitalismo más inclusivo socialmente, con un Estado más democrático y menos desarrollado en la parte militar. En suma, el capitalismo agrario-exportador de Costa Rica fue distinto porque el desarrollo democrático temprano permitió construir un Estado democrático con suficiente autonomía para construir modelos de redistribución basados en el universalismo. Por ello no es casualidad que, a lo largo del siglo XX, solo la versión costarricense del capitalismo agrario fue capaz de producir desarrollo social para la mayoría de la población y de apuntalar la democracia y convivir con ella, pese a que los niveles de concentración del ingreso y de la riqueza eran elevados. ⁴

Además de su carácter estatal, la forma distinta que asumió el capitalismo agrario-exportador en Costa Rica tiene que ver con otras características propias del desarrollo histórico de ese país, particularmente con el hecho que el proceso reformista que culminó con la inserción internacional mediante la exportación de café fue gradual, comenzó mucho antes que en el resto de países y se realizó sobre la base de una estructura agraria menos desigual y menos polarizada, fundamentada en la pequeña propiedad de la tierra. En esta estructura agraria el trabajo familiar fue fundamental y lejos de ser excluyente respecto del trabajo a jornal, se combinó y complementó con él en forma permanente o estacional (^{Samper, 2003}, p. 101).

Ahora bien, la existencia de la pequeña propiedad evitó que las élites agrarias tradicionales tomarán el control de la producción cafetalera y las obligó a concentrarse en las fases de procesamiento y comercialización del grano (Sojo, 2009). Como resultado de estos procesos el capitalismo agrario-estatal costarricense contó desde el mismo inicio con una burguesía agrícola con poder político significativo que sirvió de contrapeso a las élites agrarias, quienes si bien tuvieron una influencia importante en la construcción y formas de intervención del Estado, su control no fue hegemónico ni permanente como en el resto de los países.

Este rasgo resultó crucial para asegurar una mayor inclusión social ya que por una parte permitió que los beneficios de la expansión cafetalera se distribuyeran de mejor manera; y por otra, posibilitó construir una sociedad democrática y más cohesionada. La mejor distribución de la tierra y del control de la producción cafetalera por parte de pequeños y medianos propietarios, sumado a la existencia del Estado social y del aumento del empleo público propiciaron que el capitalismo agrario costarricense generara procesos de movilidad social ascendente que se tradujeron en el surgimiento de una importante clase media que se convirtió en un contrapeso al poder empresarial dentro y fuera del Estado, lo que a su vez fortaleció la autonomía de este último y consolido la democracia.

Por otra parte, debido a que el proceso de transformación de la agricultura comercial y de exportación fue gradual y menos radical que en el resto de los países, Costa Rica evitó que el Estado en general, y el ejército en particular recurriera a métodos coactivos y represivos como fue el caso en el resto de la región. Contribuyó también el hecho de ser una provincia pobre, con poca población y alejada de la capitanía general de Guatemala, lo cual le permitió a Costa Rica no verse tan involucrada como el resto de los países en las guerras que se registraron en la región en el período posterior a la independencia, y por tanto le posibilitó dedicar los pocos recursos públicos al desarrollo de actividades más productivas y no a los esfuerzos bélicos.

Conviene señalar además que la influencia de las empresas transnacionales en Costa Rica fue menor que otros países debido a que la inversión extranjera en la agroindustria del banano ocurrió tardíamente, por lo que cuando el enclave bananero se consolidó las élites locales ya dominaban la economía nacional (^{Fumero Vargas, 2004}). De acuerdo con este autor, el hecho de que la economía local estuviera disociada de la industria bananera es lo que explica que en el caso de Costa Rica la industria del banano no produjera hondas transformaciones como en otros países (^{Fumero Vargas, 2004}, p. 9).

En el extremo opuesto de la variante costarricense se encuentra el capitalismo de El Salvador y Guatemala que hemos denominado agrario-oligárquico porque estaba fundamentado sobre una estructura agraria altamente concentrada y polarizada en la que predominaban las grandes propiedades pertenecientes a grupos económicos familiares, quienes además tenían el control de todas las fases de la cadena agroindustrial del café –producción, transformación, comercialización y exportación– y ejercían una influencia decisiva sobre los Estados que se caracterizaban por su alto nivel de centralización y por su naturaleza autoritaria. En estos dos casos las élites agrarias controlaban además el sistema bancario y, consecuentemente, la distribución del excedente financiero que en su mayor parte era dirigido al financiamiento de las actividades agroexportadoras.

Dada la feroz oposición de las élites salvadoreñas y guatemaltecas a la redistribución y a la intervención del Estado en la economía y en el ámbito social, y ante la ausencia de democracia, el capitalismo en estos países no contó con mecanismos redistributivos efectivos, lo que sumado a la existencia de salarios bajos impidió la movilidad social ascendente y provocó una elevada concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Por ello, esta variedad de capitalismo no generó desarrolló social como el costarricense y fue incapaz de apuntalar la democracia ya que ante la existencia de una estructura agraria y social sumamente polarizada y desigual requirió el uso permanente de la fuerza para mantener el orden social. De hecho, su funcionamiento generó una profunda desigualdad socioeconómica en la que la mayoría de la población padeció pobreza y exclusión mientras una minoría privilegiada acaparaba los principales beneficios del crecimiento económico y de las políticas estatales. En tales circunstancias, la posibilidad de compatibilizar capitalismo con el desarrollo social y la democracia simplemente no existía.

En El Salvador, la variante del capitalismo agrario-exportador se caracterizó por el control casi absoluto que tuvo la élite agraria sobre la economía y sobre el Estado, lo cual tiene que ver con la extrema concentración del poder económico y político que dichas élites detentaban, con la ausencia en el país de enclaves bananeros y mineros, así como con el hecho de que la inversión extranjera nunca fue muy alta (Menjivar, 1990; ^{Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, 1990}). De hecho, el proceso de diversificación productiva de las décadas de 1960 y 1970 no disminuyó el poder de la élite agraria salvadoreña ya que fue-ronellos ya bien solos o en alianza con empresas transnacionales, los que se expandieron a otras actividades agrícolas y a otros sectores como el industrial y la construcción. Por otra parte, la escasez de tierras y su concentración en pocas manos provocó una mayor proletarización de la fuerza laboral agrícola que en los países vecinos.

En Guatemala, por el contrario, las élites económicas si bien eran poderosas e influyentes, tuvieron que competir con las empresas transnacionales por el control de la economía y del Estado, con la particularidad adicional que estaban más conectadas al campo y menos diversificadas que en otros países vecinos (^{Sánchez-Ancochea y Martínez Franzoni, 2015}, p. 30). Además, en este país la economía de exportación reflejaba las estructuras clasistas extremadamente polarizadas en las que los terratenientes controlaban a gran parte de los campesinos residentes que trabajaban en las plantaciones mediante un sistema semifeudal de obligación deuda-trabajo (^{Mahoney, 2002}, pp. 148-149), a diferencia de El Salvador donde la producción fue más capitalista desde el principio, generando una élite más independiente.

Por último se encuentra el capitalismo de Honduras y Nicaragua, que he denominado capitalismo agrario-tradicional por ser el más tardío y el menos desarrollado, lo cual tiene que ver, por una parte, con la intervención directa de Estados Unidos en el caso de Nicaragua ⁵ y con el control de las empresas transnacionales de ese país en el caso de Honduras; y por otra, con los problemas que enfrentaron dichos países en el proceso de formación de sus Estados en parte por la influencia estadounidense, ⁶ lo cual retrasó su constitución y su centralización y actuó en contra de su fortalecimiento institucional. Estos procesos, sumados a las particularidades de las sociedades impidieron en ambos países el desarrollo de una élite agraria con suficiente capacidad para desarrollar la economía agroexportadora y para influir significativamente en el Estado.

En el caso de Honduras el tránsito hacia el capitalismo fue diferente al resto de países ya que no se realizó a través del café, sino de la minería y posteriormente del banano, actividades que eran controladas por empresas transnacionales estadounidenses. Las implicaciones del control del capital extranjero de la economía bananera fueron enormes, ya que por una parte condujo a una pérdida importante de la soberanía nacional que socavó el desarrollo institucional del país (^{Mahoney, 2002}); y por otra, retrasó la modernización económica y el desarrollo agroexportador ya que la presencia de las empresas transnacionales y su enorme control sobre el Estado restaron incentivos para que los empresarios locales incursionaran en los nuevos rubros dinámicos como el café y el algodón. La excepción fue la ganadería de carne que tuvo un dinamismo comparable en términos regionales a fines de la década de 1970 (^{Vilas, 1988}, p. 48).

En términos políticos, el enclave bananero obstaculizó la consolidación de una elite económica fuerte y autónoma como la que se desarrolló en El Salvador y Guatemala y condenó a las élites agrarias a una relación de subordinación respecto de las empresas estadounidenses, lo que explica en parte su menor influencia sobre el Estado y sobre los militares. De acuerdo con (^{Mahoney, 2002}), la clase económica dominante de Honduras carecía de las dos fuentes tradicionales de poder ejercidas típicamente por las élites económicas en Centroamérica: el control sobre la tierra y la influencia en la política interna. Este mismo autor señala que la élite hondureña, se bifurcó en una élite económica compuesta por actores comercial-mercantiles (no élites terratenientes) establecidas cerca de San Pedro de Sula, en la zona bananera del norte, y en una élite política, conformada por los políticos de Tegucigalpa que se hallaban al margen de la clase dominante y de la economía bananera (^{Mahoney, 2002}, pp. 150-151).

Debido a la poca influencia sobre el Estado y a su débil posición comercial, la élite hondureña no estuvo en medio de ningún conflicto de clase, con campesinos o trabajadores en el enclave, lo cual implicó que en Honduras el antagonismo de clase se centrara en la distribución del ingreso en vez de concentrarse en los aspectos meramente políticos (^{Fumero Vargas, 2004}, p. 7). Conviene señalar además que la estructura agraria de Honduras era menos concentrada y polarizada que la prevaleciente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en parte debido a la existencia de pequeñas propiedades y a los repartos de tierras implementados en la década de los sesenta y setenta por los gobiernos militares.

Nicaragua, por su parte, fue un caso tardío en el proceso de formación del Estado y de la economía agroexportadora y fue un protectorado de Estados Unidos en el periodo 1912-1933, lo cual, al igual que en Honduras, impidió la formación del Estado, el cual durante el período de ocupación fue utilizado por Estados Unidos para asegurar la permanencia en el poder de gobiernos afines y para resguardar los intereses de los inversionistas estadounidenses en el país. La intervención estadounidense también impidió el desarrollo de una economía agroexportadora y el surgimiento de una élite agraria (cafetalera) fuerte y autónoma como en El Salvador y Guatemala.

Ante la ausencia de un desarrollo agroexportador, el vínculo inicial de Nicaragua con el mercado internacional fue la exportación de oro y plata; sin embargo, el impacto de esta actividad en la sociedad fue más bien escasa, ya fuera porque se explotaba clandestinamente o porque estaba en manos de extranjeros (^{Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, 1990}, p. 4). En suma, en el caso de Nicaragua perseveró por mucho tiempo un sistema de carácter extractivo dominado por la familia Somoza, con poca capacidad de desarrollar un modelo económico dinámico e independiente, y con élites tradicionales muy divididas (^{Sánchez-Ancochea y Martínez Franzoni, 2015}, pp. 30-31). Finalmente conviene señalar que, en el caso de Nicaragua, la estructura agraria era altamente concentrada y polarizada, pareciéndose más a la prevaleciente en El Salvador y Guatemala.

El funcionamiento del capitalismo rentista-transnacional

Lo que los reformistas y revolucionarios centroamericanos no pudieron lograr a lo largo del siglo XX, ocurrió finalmente a partir de la década de los ochenta, cuando el impacto acumulado de un conjunto de fenómenos mundiales, regionales y nacionales de naturaleza económica y extraeconómica, provocó en todos los países centroamericanos –aunque a distintos ritmos– el fin del modelo agroexportador tradicional y propició el surgimiento de un nuevo modelo económico basado en el dinamismo de los servicios, el comercio y las exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales (^{Segovia, 2002}, ²⁰⁰⁵).

El cambio estructural fue de tal profundidad que, junto con el nuevo modelo, en la década de los noventa emergió un nuevo tipo de capitalismo, el cual hemos denominado rentista-transnacional, por estar controlado por las empresas transnacionales y por poderosos grupos económicos transnacionales de origen centroamericano que valiéndose de su poder de mercado y de su influencia en el Estado definen las reglas del juego económico y obtienen rentas extraordinarias, porque su funcionamiento se enmarca en la lógica y profundización de la globalización capitalista mundial, y porque en la mayoría de los países su dinamismo depende del consumo impulsado por las remesas familiares que envían los centroamericanos viviendo en el exterior.

La existencia del capitalismo rentista-transnacional centroamericano es un hecho histórico relevante que con pocas excepciones ha pasado desapercibido e ignorado en los círculos académicos e intelectuales. En parte, esto se debe a que su surgimiento coincidió con la generalización en América Latina del nuevo modelo económico basado en políticas favorables al mercado y en el crecimiento económico guiado por las exportaciones (Bulmer-Thomas, 2010, p. 13), el cual reforzó las características del capitalismo que ya existía en muchos países de la región antes de 1980 y que ha sido catalogado por algunos como capitalismo jerárquico. ⁷

En el caso de Centroamérica, sin embargo, el nuevo modelo económico junto con las profundas transformaciones ocasionadas por las guerras civiles, las migraciones, las remesas, las políticas neoliberales, las estrategias de modernización económica y empresarial impulsadas con EE. UU. y las reformas estructurales implementadas en algunos países para quebrar la matriz agroexportadora y para quitarle poder a las élites agrarias tradicionales, transformaron por primera vez en la historia las bases económicas, sociales y políticas del capitalismo agrario-exportador y posibilitaron el surgimiento de un nuevo tipo, cuyo funcionamiento y principales características se detallan a continuación.

En el modelo económico que sustenta el capitalismo rentista-transnacional la mayor parte del excedente que se utiliza en el proceso de acumulación de capital proviene del exterior en forma remesas familiares ⁸ que envían los centroamericanos viviendo en el extranjero –principalmente en EE. UU.– y de inversión extranjera directa realizada por las empresas multinacionales y por los grupos económicos centroamericanos transnacionales. Esta característica del modelo contrasta con lo ocurrido en el caso del modelo agroexportador tradicional donde la principal fuente del excedente era de origen interno, proveniente principalmente del sector agroexportador y elahorro externo jugaba un papel complementario.

El excedente externo proveniente de las remesas familiares es el resultado de las migraciones masivas –la mayoría de ellas forzadas– provocadas por la crisis socioeconómica, la violencia y la inseguridad registrada en Centroamérica en la década de los ochenta que tuvieron como destino principal Estados Unidos. Estos recursos se comenzaron a masificar en la década de los noventa y actualmente constituyen en la mayoría de los países –con excepción de Costa Rica– la primera fuente de divisas, representando más del 20 % del PIB en El Salvador y Honduras y entre el 14 % y el 16 % en Guatemala y Nicaragua (Figura 1).

Base de datos del Banco Mundial (período 1980-2020), Base de datos del Banco Mundial (Período 1980-1994) y Banco Central de Reserva (periodo 1995-2020).

Figura 1 Centroamérica. Evolución de las remesas familiares. Período 1980-2020. (como porcentaje del Producto Interno Bruto) 

En la mayoría de países el monto de las remesas excede con creces el monto de la IED y de las exportaciones, lo que las convierte en la principal fuente de divisas y por tanto en uno de los principales determinantes del nivel de actividad económica interna y de la estabilidad financiera y cambiaria; además, en tanto transferencias del exterior, estos recursos forman parte del ahorro nacional de los países y por tanto una proporción de ellas financia la inversión contribuyendo de esta manera a superar la restricción externa al crecimiento (^{Segovia, 2002}, ²⁰⁰⁵). Además, las remesas facilitan el proceso de formación de capital fijo y mediante el financiamiento del resto de las importaciones contribuyen a satisfacer la demanda interna y a superar los cuellos de botella en los diferentes mercados de bienes.

Sin embargo, la disponibilidad de remesas ha provocado que en algunos países el monto de las importaciones supere al de las exportaciones, lo cual además de generar una mayor dependencia externa, provoca un aporte neto negativo del sector externo a la contabilidad del crecimiento (^{Beteta y Moreno-Brid, 2014}, pp. 29-33). Por otra parte, y debido a que en su mayoría son dedicadas a financiar el consumo, las remesas representan uno de los principales dinamizadores del consumo privado y, por ende, de la demanda interna. En términos sociales, las remesas constituyen un importante instrumento redistributivo ya que parte de ellas son recibidas por familias pobres, quienes las utilizan para satisfacer necesidades básicas y para inversión en bienes duraderos y no duraderos.

Las remesas entran a Centroamérica principalmente a través de los sistemas financieros locales, los cuales están controlados en la mayoría de los países por conglomerados financieros internacionales y regionales, quienes lo utilizan para financiar el proceso de acumulación de capital, el consumo y las importaciones de todo tipo. Debido a que la mayoría de estos conglomerados tienen poco o ningún vínculo con las estructuras productivas locales, en todos los países se ha roto o debilitado la relación estructural que existía en el capitalismo agrario-exportador entre la esfera productiva y la esfera de la circulación del excedente o, dicho de otro modo, entre el ahorro financiero y la acumulación de capital, lo cual ha afectado negativamente las inversiones productivas y ha alentado el consumo, las importaciones y las inversiones especulativas y poco productivas como el comercio y la construcción y desarrollo de centros comerciales. Este cambio del uso del excedente financiero explica en buena medida la enorme brecha existente en algunos países del área entre el ahorro financiero y el ahorro real (^{Segovia, 2002}, ²⁰⁰⁵). De ahí la naturaleza rentista y especulativa de este tipo de capitalismo.

La segunda fuente de excedente externo es la inversión extranjera directa realizada por compañías multinacionales –incluidas las llamadas multilatinas–, y por los grupos económicos centroamericanos transnacionales para quienes el mercado regional constituye un espacio de acumulación fundamental (Figura 2). La llegada y presencia creciente en Centroamérica de estos actores fue incentivada por la implementación en 1984 por parte de Estados Unidos de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe –también conocida como la Iniciativa para la Cuenca del Caribe–, que promovió la IED, alentó la creación de zonas francas y favoreció el traslado de la producción de textiles y de confección de Estados Unidos a Centroamérica y al Caribe; por las políticas de liberalización, desregulación y privatización inspiradas en el paradigma neoliberal aplicadas a diferentes ritmos por los países centroamericanos en las décadas de los ochenta y noventa; y por la firma de distintos acuerdos comerciales, especialmente el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés).

Elaboración propia a partir de Base de datos del Banco Mundial (período 1990-2019), Base de datos del Banco Mundial (período 1990-2009) y Banco Central de Reserva (periodo 2010-2019).

Figura 2 Centroamérica. Inversión Extranjera Directa. 1990-2019 (millones de dólares) 

La principal forma de adquisición de las empresas locales por parte de las empresas multinacionales ha sido a través de la compra de activos existentes mediante fusiones y adquisiciones (^{Sánchez Díez y Martínez Piva, 2014}, pp. 18-19), proceso que fue favorecido y facilitado por las privatizaciones de empresas públicas. Las empresas multinacionales y los grupos transnacionales centroamericanos han concentrado sus inversiones en los principales espacios de acumulación del nuevo modelo, los cuales no solo se encuentran en las actividades agroexportadoras e industriales como en el capitalismo agrarioexportador, sino también –y en algunos países mayoritariamente– en los sectores secundarios y terciarios, particularmente en las actividades relacionadas con los servicios industriales, turísticos, inmobiliarios y logísticos –cadenas de supermercados, centros comerciales, construcción de viviendas, banca, seguros, hoteles, empresariales a distancia, software, call centers, electricidad, comunicaciones, energía, etc.–, el comercio, la industria tradicional, extractiva y para exportación, y la agroindustria de alimentos, entre otros.

Como resultado, estos actores controlan las actividades económicas más dinámicas y rentables y son propietarios de los principales activos económicos y productivos de Centroamérica, lo cual ha reforzado la tendencia a la desnacionalización de las economías y ha aumentado considerable su poder económico y político en toda la región (^{Segovia, 2005}, ²⁰¹⁸, ²⁰²¹). Además, la concentración de activos en manos extranjeras ha reforzado el carácter monopólico y oligopólico de las economías centroamericanas ya no solo en las actividades agropecuarias e industriales como en el pasado, sino también en las actividades de servicios y aquellas vinculadas con las exportaciones, lo que combinado con la ausencia de instrumentos adecuados para regular la competencia, con la falta de independencia y poder de las autoridades de competencia y con el poder e influencia de los actores económicos transnacionales, ha provocado abusos de poder de mercado por parte de estos últimos (Rivera y Schatan, 2008, pp. 35-36). Asimismo, la falta de regulaciones adecuadas para controlar los movimientos de capital ha contribuido a que las ganancias de productividad se fuguen vía rentas al exterior. Además, a diferencia del pasado, buena parte de este excedente no se queda en la región, sino que sale hacia el exterior en forma de repatriación de utilidades (^{Beteta y Moreno-Brid, 2014}; ^{Sánchez Díez y Martínez Piva, 2014}).

La presencia de inversionistas internacionales en actividades dinámicas, sumado a las políticas de fomento de exportaciones implementadas en todos los países, han modificado la forma de inserción internacional de Centroamérica, convirtiéndola en una plataforma suministradora de bienes de escaso valor añadido en el marco de procesos productivos globales y en proveedor de insumos de bajo costo para las cadenas globales de valor o bienes finales que dependen de las decisiones de las casas matrices extranjeras (^{Sánchez Díez y Martínez Piva, 2014}). Esta forma de inserción internacional se complementa con la inserción de la región a través de las migraciones y las remesas; y juntas han reforzado la tradicional dependencia de Centroamérica con EE. UU., país que además de ser el principal destino de los migrantes y de las exportaciones, es de donde provienen la mayoría de las remesas familiares, la inversión extranjera directa y las importaciones de bienes.

Una novedad del modelo económico en que se basa el capitalismo rentistatransnacional es que el mercado interno –y centroamericano– también desempeña un papel importante en la realización del excedente debido al incremento de la demanda interna y regional derivada del consumo impulsado por las remesas familiares, de la mayor disponibilidad de crédito para consumo y en menor medida del aumento de los ingresos provenientes de mayores empleos urbanos. El aumento de la demanda interna ha dinamizado los servicios y el comercio en todos los países y ha incentivado a los actores económicos internacionales y regionales a aumentar su presencia y disputarse el mercado local y regional. Sin embargo, la expansión del mercado interno enfrenta un límite casi insuperable debido a que la nueva inserción internacional está basada en la competitividad otorgada por los salarios bajos y no en el aumento de productividad. ⁹

Los salarios bajos atentan contra el desarrollo del mercado interno que requiere para su expansión en el mediano plazo de un aumento sostenido de los salarios reales y disminuye las posibilidades de contar con una fuerza laboral más capacitada y educada, que es la que demandan los sectores más dinámicos y muchos de las actividades relacionadas con el sector servicios. Sobre este último punto conviene subrayar que debido a la importancia de los servicios y el comercio en el proceso de acumulación, el modelo económico actual es más intensivo en la utilización de fuerza laboral femenina y de fuerza laboral semicalificada, lo cual constituye otra novedad con respecto al capitalismo agrario-exportador que era más intensivo en la utilización de fuerza laboral masculina no calificada –fundamentalmente rural–. Sin embargo, los potenciales efectos positivos de una mayor demanda laboral femenina y más calificada son contrarrestados por el pago de bajos salarios y por la desigualdad salarial que existe entre los hombres y las mujeres.

En el capitalismo rentista-transnacional el excedente externo se complementa con el de origen interno que a diferencia del pasado ya no proviene mayoritariamente del sector agroexportador tradicional, sino también de las nuevas actividades dinámicas localizadas en los sectores de servicios y comercio y en el mismo sector agropecuario –como es el caso de las exportaciones agrícolas no tradicionales–. Por ello, la agro-exportación tradicional ya no es el principal generador de excedente y las divisas por él generadas han dejado de ser el principal determinante del nivel de actividad económica y de la estabilidad financiera y cambiaria, todo lo cual le ha restado poder influencia a las élites agrarias, ¹⁰ quienes además por el proceso de democratización registrado en la región –que en algunos países se tradujo en la llegada al poder de fuerzas políticas reformistas– también vieron reducida su influencia dentro del Estado.

En el proceso de acumulación de capital que tiene lugar en el modelo económico actual, la tierra agrícola juega un rol relevante, sobre todo en aquellos países en que el sector agropecuario sigue siendo un eje de acumulación importante. Sin embargo, para los actores económicos cuyos intereses están en los sectores secundarios y terciarios la tierra agrícola ya no constituye su base principal de acumulación (^{Segovia, 2004b}, ²⁰⁰⁵). Para ellos, lo importante es disponer de cualquier tipo de tierra –urbana o rural– donde puedan desarrollar y expandir sus negocios –turismo, complejos agroindustriales, industriales y comerciales, generación de energía, industria extractiva, entre otros– razón por la cual los territorios rurales son fundamentales. Este cambio en el uso de la tierra ha provocado en la mayoría de los países un aumento de la renta de ese activo, lo cual se ha convertido en un desestimulo para la producción agropecuaria, ya que de manera creciente es dedicada para construcción de viviendas, centros comerciales y zonas industriales. Además, la mayor demanda de tierras urbanas y en las zonas costeras y de montaña ha significado una mayor presión sobre los recursos naturales.

Al igual que en el capitalismo agrario-exportador, en el rentista-transnacional el Estado juega un papel central en el proceso de acumulación y en asegurar las condiciones de su reproducción. Además de desempeñar las funciones tradicionales de mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y financiera, de velar por la seguridad y de crear y mantener la infraestructura física, en las últimas décadas el Estado ha sido un actor fundamental promoviendo la economía de mercado y la profundización de la integración internacional de los países, principalmente con Estados Unidos. Para ello habilitó nuevos espacios de acumulación antes vedados al sector privado mediante la privatización de activos y empresas públicas, promovió y en algunos países ha facilitado el otorgamiento de concesiones para la explotación de recursos naturales, para lo cual ha tenido que flexibilizar –e incluso omitir– las regulaciones medio am-bientales. Además,ha sido el actor central en la facilitación de la entrada de la inversión extranjera mediante la liberalización y la desregulación de las economías, a través de la firma de tratados de libre comercio y mediante el fortalecimiento y expansión de la institucionalidad relacionada con el fomento de las exportaciones.

En la mayoría de los países, el desarrollo de estas nuevas funciones ha ido acompañado de un repliegue del Estado del mercado, –controles de precios, participación directa como productor, etc.– y en algunos sectores como el agropecuario, lo cual refleja la pérdida de influencia de las élites agrarias y la menor prioridad que tiene el agro en este tipo de capitalismo.

Para cumplir con estas nuevas atribuciones los Estados centroamericanos fueron reestructurados –y en algunos casos reducidos–, lo cual en algunos países afectó negativamente su función social, así como su capacidad para promover la democracia. Por ejemplo, el vacío dejado por el Estado en el ámbito de la protección social lo ha llenado en parte la familia, sobre quien ha recaído el manejo de riesgos, principalmente a través de la emigración, del autoempleo y de las redes comunitarias (^{Martínez Franzoni, 2008}). Según esta autora, esto tiene que ver con el nuevo modelo de acumulación, para el cual estas estrategias familiares resultan fundamentales para la supervivencia de una gran proporción de la población, pero también para los sectores más poderosos del nuevo modelo, y considera que en estos países, la emigración y las remesas familiares que esta genera son a la vez estrategia de supervivencia y pilar del nuevo modelo de acumulación (^{Martínez Franzoni, 2008}). Sin embargo, hay que señalar que en algunos períodos el gasto social aumentó lo cual tuvo un impacto positivo en términos de reducción de la pobreza (^{Beteta y Moreno-Brid, 2014}, p. 240).

Finalmente hay que mencionar que el surgimiento del capitalismo rentistatransnacional coincidió con la adopción en toda Centroamérica de la democracia formal como sistema político y con un mayor respeto de los derechos humanos y de las libertades individuales producto de los procesos de paz ocurridos a fines del siglo pasado. Esta situación, sumada al debilitamiento de los sindicatos y a la mayor flexibilidad del mercado laboral redujo la necesidad de las élites económicas de apostarle a Estados represivos y autoritarios. Además, la llegada al poder en algunos países de gobiernos de izquierda o progresistas permitió a algunos Estados ganar autonomía –al menos temporalmente– respecto a las élites económicas y a las empresas multinacionales. En estos casos, los Estados pudieron impulsar reformas sociales importantes y fortalecerse financieramente mediante el incremento de los ingresos fiscales.

A manera de resumen, en la Tabla 2 se presentan las principales diferencias y similitudes entre el capitalismo rentista-transnacional y el agrario-exportador. Como puede apreciarse, existen diferencias importantes entre los dos, especialmente los actores económicos que controlan las economías, el origen del excedente, los sectores y espacios de acumulación, el tipo de mano de obra utilizada, el rol del sistema financiero y el papel del Estado. Sin embargo, ambos tipos de capitalismo comparten las características básicas que los diferencian de los tipos de capitalismo existentes en otras partes del mundo, es decir su carácter altamente concentrador y excluyente; su poca eficiencia y su poca capacidad de generación de empleo de calidad; su extrema dependencia de la economía internacional, particularmente de la estadounidense, su carácter monopólico y oligopólico y su escasa capacidad para convivir con la democracia debido a que en lugar de contribuir a la construcción de sociedades más justas e integradas, profundizan las desigualdades económicas y sociales entre los ciudadanos y provocan una insatisfacción social permanente.

Las variedades del capitalismo rentista-transnacional

Al igual que en el capitalismo agrario-exportador, en el rentista-transnacional también existen distintas variedades; sin embargo, las diferencias son menos marcadas debido que a medida que se ha ido consolidando, ha tenido lugar un proceso gradual, pero consistente de homogenización de este tipo de capitalismo entre los países provocado por las fuerzas de la globalización y por la presencia en el área de las empresas transnacionales y de los grupos económicos centroamericanos transnacionales, quienes aplican similares prácticas empresariales y laborales en los países donde operan y ejercen una influencia significativa en los Estados y en las sociedades.

La versión más diferenciada es la costarricense, que se caracteriza por ser más productiva, por no depender para su funcionamiento de las migraciones y las remesas familiares y por ser –hasta ahora– la menos depredadora del medioambiente. Estas diferencias responden a diversos factores, entre los que sobresalen la temprana implementación de programas de estabilización y ajuste estructural que tuvo que realizar Costa Rica en la década de los ochenta para lidiar con la crisis de la deuda externa y para superar la restricción externa al crecimiento a través del desarrollo de su propia capacidad de generación de divisas. ¹¹

Como resultado de este proceso, en las siguientes décadas este país experimentó un importante proceso de diversificación y especialización exportadora que lo diferencia del resto de la región. El logro del nuevo perfil exportador tiene que ver a su vez con el nivel educativo de su fuerza laboral, que le permitió a Costa Rica atraer inversión extranjera –mediante una política selectiva de promoción– y especializarse en nichos que requieren personal calificado. Por su parte, la naturaleza menos depredadora del capitalismo rentista-transnacional costarricense tiene que ver con la cultura de cuido y respeto del medio ambiente que caracteriza a la sociedad costarricense desde hace bastante tiempo, con la existencia de mejores regulaciones ambientales y con la aplicación de políticas de fuentes de energía limpia, entre otros factores.

En buena medida, los mejores atributos del capitalismo rentista-transnacional costarricense tienen que ver –como en el caso del capitalismo agrario-exportador–, con el rol del Estado, el cual pese a la implementación de políticas económicas de inspiración neoliberal que afectaron la calidad y eficiencia de los servicios públicos y su rol redistributivo, ha mantenido los mecanismos de legitimidad y consenso social existentes después de 1948 (Castro Valverde, 1995), sigue manteniendo centralidad en el funcionamiento de la sociedad y de la economía (^{Acuña Ortega, 2018}, pp. 270-271) y su papel continúa siendo determinante y estructural (Llaguno et al., 2014, p. 18). En efecto, el Estado cos-tarricense todavía cuenta con instrumentos que le permitenser un actor económico importante como es el caso, por ejemplo, de su participación directa en el sector financiero, en el de comunicaciones y en el de energía a través de sus propias empresas, las cuales compiten con los sectores empresariales. Además,tiene una importante capacidad de regulación y –aunque cada vez con más dificultades–sigue desempeñando su rol redistributivo a través del sistema de protección y de políticas sociales universales.

Sin embargo, la experiencia de los últimos años muestra que el capitalismo costarricense es cada vez menos excepcional, particularmente en lo referente a la alta dependencia de la economía norteamericana, al alto grado de desnacionalización de la economía y su consecuente control por parte de empresas internacionales y de grupos centroamericanos transnacionales y al carácter altamente concentrado y excluyente que se evidencia en una mayor concentración del ingreso ¹² y de la riqueza en pocas manos, lo cual se ha traducido en patrones de consumo diferenciados entre los distintos grupos sociales y en una limitación de la movilidad social ascendente (Tabla 3). Estas tendencias son en parte el resultado de la aplicación de políticas de inspiración neoliberal que hicieron que el Estado perdiera capacidad distributiva debido a la reducción de la carga fiscal y al deterioro de la distribución primaria a través del empleo y las remuneraciones (^{Sojo, 2010}, p. 14). Esta situación sumada al debilitamiento del Estado social y a las dificultades financieras y políticas para preservarlo, hacen prever –de no tomarse medidas correctivas–, que en el futuro el capitalismo costarricense se parecerá cada vez más al existente en el resto de los países centroamericanos, lo cual, de llegar a suceder, pondría en grave riesgo su democracia.

La versión salvadoreña del capitalismo rentista-transnacional también tiene diferencias importantes con el resto debido a las especificidades del proceso político y socioeconómico registrado desde finales de la década de los setenta que tuvo como contexto general la guerra civil y la crisis socioeconómica y las migraciones masivas asociadas a ella, la implementación por parte de Estados Unidos de diversas estrategias destinadas a evitar el triunfo de las fuerzas guerrilleras y a modernizar la economía y las élites económicas y, en la década de los noventa, la entrada masiva de remesas familiares, la realización de reformas económicas de corte neoliberal y la implementación del proceso de paz que incluyó una importante reforma política e institucional que terminó con el Estado agrario y fortaleció la democracia electoral.

En efecto, el modelo económico salvadoreño que sustenta el capitalismo rentista-transnacional surgió a partir del colapso total de la economía agroexportadora ocurrido en la década de los ochenta y en medio del desplazamiento de las élites agrarias del control del Estado en la mayor parte de esa década; y se consolidó con el ascenso al poder a partir de junio de 1989, de unas élites económicasque poco tiempo después de acceder al control del Estado aban-donaron el discurso de construir una economía productiva sustentada en las exportaciones no tradicionales agrícolas e industriales y comenzaron a cons-truir un modelo económico fundamentado en el consumo y en el dinamismode los servicios –financieros, comerciales, industriales, logísticos– y del comercio, en donde el apoyo a las actividades agroexportadoras –con excepción de la agroindustria azucarera–, al agro y a la industria tradicional, nunca fueron prioridad (^{Segovia, 2002}). De esta manera se configuró un modelo económico especulativo y poco productivo en donde los grupos económicos vinculados a la banca y a los servicios utilizaron su influencia en el Estado para construir un capitalismo a su medida. La culminación de este proceso ocurrió en el año 2001, cuando las élites financieras impusieron la dolarización de la economía, lo cual hizo al sector bancario particularmente atractivo para los inversionistas extranjeros (^{Sánchez-Ancochea y Martínez Franzoni, 2015}, p. 68). En la primera década del presente siglo, estos grupos vendieron la banca y muchas de sus empresas insignias a compañías multinacionales, lo cual generó un proceso acelerado de desnacionalización de la economía con el consecuente aumento del poder e influencia de los actores económicos internacionales.

En la conformación de este modelo consumista y rentista jugó un rol fundamental el Estado, que durante los 20 años consecutivos (1989-2009) que estuvo bajo el control del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue reducido y reestructurado a favor del capital y fue utilizado por las élites económicas vinculadas a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) –financiado por Estados Unidos– para impulsar un agresivo proyecto de modernización capitalista inspirado en el paradigma neoliberal, pero adaptado a sus intereses particulares. Estas élites utilizaron al Estado para expandirse y consolidarse, para lo cual se hicieron con el control de la banca que había sido nacionalizada en 1980 –que les permitió acceder al control del excedente externo e interno– y utilizaron deliberadamente el tipo de cambio como un ancla antiinflacionaria en la mayor parte de la década, lo cual afectó a los sectores exportadores. Asimismo, mediante la privatización de empresas públicas, tomaron el control de los espacios de acumulación que estaban en manos del Estado, particularmente la telefonía y el sector eléctrico.

En este período el apoyo estatal a la agricultura fue eliminado o reducido al mínimo, las políticas sectoriales de fomento productivo fueron suspendidas por considerarse contraproducentes para el libre juego del mercado y el Estado dejó de intervenir directamente en los diferentes mercados –con excepción del mercado cambiario–; todo lo cual dejo a los sectores productivos sin ningún tipo de protección ante la competencia externa. Como resultado, el modelo económico salvadoreño se hizo cada vez menos productivo y más dependiente de las remesas para asegurar las importaciones –incluidas la importación de alimentos– y la economía registró un importante proceso de desnacionalización. En el ámbito social, el Estado asumió un papel puramente subsidiario, lo cual significó en la práctica el abandono de la concepción universal de la política social existente antes de 1990, por el concepto de focalización de los servicios sociales en los sectores más vulnerables y en las áreas más pobres del país y procedió a la privatización de la ejecución de algunos servicios sociales o relacionados con estos. Sin embargo, hubo un aumento del gasto social, sobre todo en educación, lo cual tiene que ver con el interés de las élites económicas de contar con una fuerza laboral más calificada.

El rol del Estado cambió notablemente con la llegada al poder del primer gobierno de izquierda (2009-2014), quien restableció algunos servicios estatales de apoyo a la producción, particularmente al sector agropecuario, creó una banca estatal de fomento, reintrodujo políticas sectoriales de apoyo a los sectores productivos y fortaleció la institucionalidad estatal relacionada con la regulación de mercados y con la protección al consumidor. En el ámbito social amplió la función social del Estado a través del impulso de una reforma de salud que permitió avanzar en la universalidad de este servicio y de la implementación del Sistema de Protección Social Universal y de la Política de Desarrollo Social que incorporó nuevamente el concepto de universalidad, que se tradujo en un aumento de las transferencias directas condicionadas y no condicionadas y tuvo un impacto positivo en términos de reducción de la pobreza.

Para financiar este rol estatal más activo se implementaron reformas tributarias que aumentaron la carga tributaria del 12 % al 17 %. Pese a estos avances, el modelo económico actual, al igual que el del resto de Centroamérica, se caracteriza por la ausencia de un régimen de protección social universal y –con excepción de Costa Rica–, el vacío dejado por el Estado en el ámbito de la protección social lo ha llenado en parte la familia, sobre quien ha recaído el manejo de riesgos, principalmente a través de la emigración, del autoempleo y de las redes comunitarias (^{Martínez Franzoni, 2008}).

Otra peculiaridad del capitalismo salvadoreño es que está asentado en una estructura agraria menos concentrada y polarizada –aunque mucho más pulverizada que en el pasado– producto de la implementación de varios programas de reparto de tierras, particularmente con la reforma agraria de 1980 que puso un límite de 245 hectáreas a la posesión de la tierra y con el reparto de tierra a excombatientes contemplada en los Acuerdos de Paz de 1992. Como resultado, en El Salvador la distribución de la tierra se ha vuelto más equitativa en las últimas cuatro décadas, en las que se observa una disminución del coeficiente de Gini de la tierra de 0,81 a 0,75 y del porcentaje de hogares rurales sin tierras, del 41 % al 18 % (^{Banco Mundial, 2012}, p. 13). Esta situación, sumada a la disminución de la población rural provocada por las migraciones internas y externas se ha traducido en una menor polarización social y política en el agro.

Por su parte, la versión del capitalismo transnacional de Guatemala, Honduras y Nicaragua se caracteriza por la importancia relativamente mayor que tienen los ejes de acumulación localizados en el sector agropecuario y en general en los territorios rurales, incluyendo los cultivos de exportación tradicionales y no tradicionales y la minería en los casos de Guatemala y Honduras. Hay que señalar, sin embargo, que en todos los casos la participación del sector agropecuario dentro del PIB ha disminuido significativamente en las últimas décadas, lo cual confirma la vigencia de un modelo económico basado en los servicios y el comercio.

La variante guatemalteca del capitalismo rentista-transnacional se caracteriza por la enorme influencia que siguen teniendo las élites económicas locales sobre el Estado, las cuales además siguen están fuertemente ligadas a la propiedad de la tierra (^{Pérez-Sáinz et al., 2004}), por lo que la estructura agraria sigue caracterizándose por su elevada concentración y polarización. Este último rasgo se ha agravado debido a la implementación de proyectos extractivos por parte de empresas transnacionales, los cuales han ocasionado serios daños ambientales que han afectado a las comunidades rurales. La persistencia de un Estado poco desarrollado con baja capacidad redistributiva y reguladora del mercado, sumado al poder económico y político de las élites transnacionales guatemaltecas han exacerbado más la concentración de la riqueza en pocas manos y han evitado mejora sustantiva en la distribución del ingreso.

La variante hondureña del capitalismo rentista-transnacional es la más dependiente de las remesas, después de la salvadoreña y se caracteriza por la habilitación de nuevos espacios de acumulación en los territorios rurales a través de actividades extractivas, lo cual, al igual que en Guatemala, ha generado serios conflictos sociales en los que incluso han sido asesinados lideres ambientalistas. Además, en esta versión se ha rehabilitado el eje de acumulación vinculado a la agroindustria del café mediante una política estatal de apoyo a dicha actividad que se ha posicionado a Honduras como el quinto productor de café en el mundo, el primero en Centroamérica y el tercero en América Latina. Conviene subrayar que la actividad cafetalera en Honduras está en manos de 102 000 productores, de los cuales el 90 por ciento son pequeños, lo cual refleja la menor concentración de la estructura agraria en ese país.

Finalmente, la variante nicaragüense del capitalismo rentista-transnacional se caracteriza por su marcada especialidad en las actividades agropecuarias, muchas de las cuales son controladas por empresas transnacionales y por los grupos centroamericanos transnacionales –particularmente costarricenses, salvadoreños y guatemaltecos–, quienes han realizado importantes inversiones en la agroindustria de alimentos, incluyendo los productos lácteos y la carne vacuna. El capitalismo nicaragüense, además, se caracteriza por el control que tiene sobre la economía el grupo familiar que controla el Estado, quien hasta recientemente había establecido una alianza con los principales grupos económicos nicaragüenses en base a la cual se repartían los espacios de acumulación más rentables.