Introducción

Iberoamérica ha logrado, en las últimas décadas, notables avances en materia de desarrollo social. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. La persistencia de la pobreza, una inversión social insuficiente o un déficit en la capacidad del mercado laboral para generar empleos productivos, son algunos de los desafíos que la región todavía tiene por delante ^{(CEPAL/OEI, 2020}).

En educación, si bien se han alcanzado importantes objetivos, con tasas de cobertura que permiten hablar de la práctica universalización de la educación primaria y básica, y con promedios históricos de 12,1 años de escolarización en educación media-secundaria, aún persisten importantes brechas asociadas a la calidad educativa, a la inclusión y a la equidad ^{(OEI, 2019}).

Se trata de una realidad compleja que, además, ha sufrido el tremendo impacto de la pandemia. El cierre de las escuelas, con datos promedio en la región de más de un año académico sin presencialidad o con interrupciones prolongadas, hace prever dramáticas consecuencias en términos de pérdidas de aprendizaje, con una preocupante afectación psicosocial de los estudiantes y con un incremento de las desigualdades sociales y educativas que se perfila de largo alcance.

Estas circunstancias, unidas a la actual revolución tecnológica, al cambio climático o la necesidad de desarrollar nuevos modelos de producción y consumo más sostenibles, nos sitúan en un escenario de enorme incertidumbre que va a requerir de profundas transformaciones y de modelos educativos más inclusivos y resilientes

Desarrollo

Las consecuencias de la pandemia son aún desconocidas y, aunque dependerán en gran medida de las condiciones estructurales de los países, hoy sabemos que su impacto en educación puede tener graves implicaciones. Durante este periodo, hay alumnos que han podido seguir una educación a distancia, pero otros muchos grupos de población se han quedado excluidos. La pandemia ha golpeado a los colectivos más vulnerables y ha profundizado las brechas existentes, haciendo evidente la inequidad de nuestros sistemas educativos.

En este sentido, datos recientes del Banco Mundial nos hablan de un probable incremento de la “pobreza de aprendizaje” en más del 20 %, lo que significa que el porcentaje de niños y niñas de 10 años, incapaces de leer y comprender un relato simple podría haber crecido del 51 al 62,5 % (^{BM, 2021}). Al mismo tiempo, se prevé un aumento en las tasas de abandono escolar entre adolescentes y jóvenes, y la probabilidad de completar la educación secundaria en algunos países de América Latina caería del 56 % al 42 %, afectando especialmente a las familias con bajo nivel educativo ^{(CEPAL, 2021}).

Las consecuencias de esta crisis, se llegan incluso a cuantificar en términos económicos. De esta forma, el Fondo Económico Internacional (^FMI) estima que los estudiantes entre los 10 y 19 años tienen un pronóstico de un 4 % más bajo de ingresos a lo largo de su vida, si no se toman medidas que compensen la pérdida de clases sufrida durante este periodo.

El sector educativo, en el contexto actual, debe hacer frente a enormes desafíos que van a requerir, para su abordaje, de importantes estrategias de coordinación interinstitucional, de alianzas y de propuestas bien articuladas y planificadas.

Por una parte, en el corto plazo, un aspecto central es garantizar el regreso completo a las aulas, que sea seguro e inclusivo. Es el momento de analizar daños, poniendo una especial atención a los grupos de población más vulnerables, a los que más ha golpeado la crisis. Es el momento de ver quiénes se han quedado fuera, qué pérdidas de aprendizaje se han producido y cómo compensarlo con

estrategias contextualizadas que se orienten a la recuperación de saberes, al cuidado social y emocional de los estudiantes y con una adecuada articulación del sector educativo con otros sectores.

Hoy sabemos, que las políticas educativas no son suficientes si se plantean de manera aislada para resolver los retos que la propia educación enfrenta. Se trata, por tanto, de avanzar desde políticas educativas sectoriales hacia políticas integrales intersectoriales que aborden las diversas problemáticas desde diferentes perspectivas y con la colaboración de instituciones y actores diversos.

Y en el medio y largo plazo el reto está en avanzar en calidad y equidad, con el claro objetivo de garantizar que ningún niño o niña se quede fuera del sistema.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, nos marca una hoja de ruta universal y establece un objetivo cuarto (ODS4), que ya en su formulación plantea la necesidad de garantizar una educación para todos, que sea equitativa, inclusiva y de calidad, y que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Esto supone que toda iniciativa que se lleve a cabo en el corto, en el medio y largo plazo deberá poner especial énfasis en estos colectivos.

Se trata de apostar por una transformación de los sistemas educativos; que cuenten con mecanismos flexibles que permitan incorporar a los alumnos que se han quedado descolgados durante la pandemia y a los grupos más vulnerables que más dificultades presentaban, incluso antes de la crisis sanitaria. La construcción de sistemas educativos resilientes, inclusivos y con capacidad para transformarse y transformar, es uno de los principales desafíos que como sociedad tenemos por delante (^{Díaz, 2020}).

Síntesis y reflexiones finales

Esta crisis prolongada se presenta como una oportunidad para reflexionar, colectivamente, acerca de la escuela que queremos. Para ello, debemos definir prioridades, orientar las acciones y coordinar los esfuerzos hacia un objetivo que debe ser consensuado y compartido. Es necesario, en primer lugar, trabajar desde la política pública. La educación es un bien público y, como tal, los gobiernos deben ser los principales garantes del derecho a la educación. Esto supone que, desde las administraciones públicas, deben garantizarse las condiciones necesarias para que la comunidad educativa desarrolle sus funciones en cualquier circunstancia y para todos.

En segundo lugar, la colaboración como estrategia. Se trata de construir respuestas intersectoriales, sistémicas y contextualizadas, asumiendo la importancia del diálogo y del aprendizaje compartido, así como la corresponsabilidad entre los diferentes agentes que intervienen en la educación. En este sentido, y en consonancia con el objetivo 17 de la Agenda 2030, incentivar el desarrollo de alianzas público-privadas y promover la articulación entre sectores y actores diversos, se vuelve prioritario.

Una tercera cuestión se refiere al fortalecimiento institucional y al desarrollo de capacidades. La gobernanza y la formación son dos ejes centrales para avanzar en la construcción de un nuevo modelo educativo. Se trata de promover todas aquellas acciones que se orientan a tener instituciones más sólidas, con mayor autonomía y más capacidad para responder a las demandas de un contexto en constante cambio.

Finalmente, pensar en clave de futuro. Debemos tomar conciencia de los riesgos que entraña, no impulsar estrategias que favorezcan la transformación educativa. Plantear la adversidad como oportunidad de cambio y de mejora. Nos encontramos ante un momento decisivo, una oportunidad única para promover una transformación significativa del modelo educativo actual, potenciando la equidad y la calidad, y con una clara orientación social, que reafirme la capacidad que tiene la educación para la transformación no solo del individuo, sino como herramienta paradigmática para la construcción de sociedades más sostenibles, democráticas y justas.