Introducción

Que unas personas posean grandes y lujosas mansiones (…) mientas una gran mayoría vive en ranchos de paja, mesones o champas de cartón, está relacionado entre sí (…) Nuestra sociedad está estructurada de tal forma que los (..) recursos de que dispone, en todos los órdenes de la vida social, se distribuyen de forma jerarquizada, privilegiando a un grupo minoritario (…) Es una estructura perfectamente tramada, que favorece a unos pocos a costa de la mayoría; que extrae los recursos económicos de esa mayoría (…), para entregársela en su mayor parte a los más privilegiados (^{Montes, 1979}, p. 89-90).

El presente artículo se enmarca en un proyecto más extenso de investigación doctoral que trata sobre el papel que han jugado algunas instituciones estatales en la producción de desigualdad socioespacial en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), a partir de políticas de vivienda implementadas desde 1989, año en que inicia el proceso de ajuste estructural y reestructuración económica. Para ese año ya existía un patrón espacial identificable que localizaba a las clases sociales con menores ingresos hacia el norte y el oriente capitalino y metropolitano, mientras que los grupos sociales privilegiados se concentraban mayoritariamente hacia el sur-poniente. En este sentido, surgió la necesidad de analizar las causas que dieron origen a esta desigual distribución espacial de clases en un capítulo de antecedentes. Este artículo forma parte de dicho capítulo y se ubica entre los años 1950 y 1979, periodo histórico de urbanización acelerada, de creación de instituciones estatales orientadas hacia la construcción de viviendas urbanas y del surgimiento de asentamientos populares urbanos; procesos que en conjunto formaron el patrón de división social del espacio residencial en el AMSS, que aún persiste. Sin embargo, si bien este concepto resulta útil para describir la estructura desigual del espacio metropolitano en función de la localización de los diversos grupos sociales, muestra limitaciones para explicar las razones de fondo dicha condición. Es por ello, que se recurre a la noción general de producción del espacio, para identificar la articulación de algunos mecanismos subyacentes que engendran la división social del espacio residencial y con ello aportar una interpretación científica y geográfica sobre la realidad salvadoreña en un periodo histórico específico (1950 - 1979) y en un área geográfica delimitada (el AMSS), que explica en gran medida la persistencia de desigualdad socioespacial metropolitana actual.

En la primera parte se presenta brevemente el área de estudio en el que se inscribe el artículo y las características generales del AMSS durante el periodo analizado. La segunda parte se conforma por el marco teórico-conceptual y el marco metodológico. En el marco teórico-conceptual se abordan algunos planteamientos generales sobre lo qué se entiende por espacio geográfico y sobre la producción de este. Seguidamente, se presenta la definición general del concepto de división social del espacio residencial propuesta por Emilio ^{Duhau (2003}, 2013), para después abordar, críticamente, esta definición y establecer algunas precisiones teóricas que le darán un sustento analítico más robusto a dicho concepto, desde la noción de la producción social del espacio y del análisis de clase. En el marco metodológico se exponen los criterios de selección de estudios asociados a esta problemática y de su diálogo con el marco teórico-conceptual. Finalmente, en la tercera parte se presenta la discusión entre la propuesta teórica y la información contenida en dichos trabajos, reinterpretando la realidad salvadoreña desde la geografía crítica y brindando nuevas herramientas de análisis sobre la producción de división social del espacio residencial metropolitano.

Área de estudio

El presente caso de estudio se enmarca en los estudios urbanos, donde el “espacio urbano hace referencia a la ciudad en tanto fenómeno histórico-social-espacial” (^{Soja, 2008}. p. 36) desde una perspectiva radical¹. Asimismo, retomando a ^{Lefebvre (1976}), el espacio urbano es una forma de encuentro y reunión simultánea de los elementos contradictorios que constituyen la vida social en su totalidad en el marco de las relaciones sociales de producción clasistas, mismas que le dan contenido. Este espacio urbano estudiado está conformado por el Área Metropolitana de San Salvador, en El Salvador. Se presta mayor interés a lo que ^{Hall (2001}) denomina, como la preocupación explicativa de la geografía urbana respecto a los patrones y procesos de la estructura urbana, en el marco de una aproximación moderna estructuralista, en donde se establece que las relaciones sociales y espaciales se determinan o son influenciadas por el modo de producción capitalista. En este sentido, se analiza el proceso de urbanización acelerada del Área Metropolitana de San Salvador a partir de los modelos de acumulación capitalista, fundamentalmente del proceso de industrialización, aunque considerando también los efectos del modelo de acumulación agroexportador.

Características generales

Entre los años 1950 y 1979, en el vértice sur-poniente urbano del Área Metropolitana de San Salvador, conformado por los tres municipios de Nuevo San Salvador, Antiguo Cuscatlán y la zona sur-occidental de San Salvador, se asentaron mayoritariamente clases sociales económicamente solventes, con ingresos intermedios o altos. En el resto de municipios se asentaron clases sociales de ingresos intermedios y algunas de ingresos altos, pero también las mayores proporciones de clases populares y de bajos ingresos, en la diversidad de tipologías de ocupación y poblamientos que dieron origen al problema de la vivienda: tugurios, colonias ilegales y campamentos, que se sumaron a los mesones originados a principios del siglo XX, produciendo el patrón general de la división social del espacio residencial en la metrópoli (Figura 1). Lo anterior, se desarrolló en el marco de la implementación de modelos de acumulación económicos -mediados por un Estado militar modernizante y que buscó su legitimidad- que afectaron sobre el crecimiento poblacional, la ocupación y el poblamiento metropolitano.

Figura 1 Asentamientos populares en el Área Metropolitana de San Salvador - Zona urbana, 1978. 

Marco teórico-conceptual: la producción social del espacio

La noción de espacio adoptada es la de espacio geográfico que “podemos entender en su sentido más general como el espacio de la actividad humana” (^{Smith, 2006}, p. 59). Asimismo, el espacio geográfico es “la totalidad de relaciones espaciales organizadas (…) en patrones identificables, (… que) son expresión de la estructura y el desarrollo del modo de producción (… siendo) más que la simple suma de las relaciones separadas que comprenden sus partes” (p. 82). Esta noción de totalidad se complementa con la propuesta de David ^{Harvey (1977}), para quien el espacio es relacional: “algo contenido en los objetos (…) un objeto existe sólo en la medida en que contiene en su interior y representa relaciones con otros objetos” (p. 6), y lo ejemplifica a partir del urbanismo: “el centro urbano (…) es considerado como algo que ‘contiene’ una periferia, dado que no puede existir un centro sin periferia y de ese modo cada factor ayuda a definir el otro” (p. 9). La noción relacional² implica una relación dialéctica, en la que el contenido de determinado espacio, su esencia y sentido, se encuentra relacionado y condicionado por el resto de los espacios existentes producidos. Como es obvio a partir del ejemplo de Harvey (1977), el carácter relacional del espacio geográfico también se aplica al espacio urbano. Posteriormente, Harvey (1994) argumenta sobre el sentido relacional del espacio en tanto éste no tiene existencia independiente de los diversos procesos sociales, cada uno de los cuales crea múltiples y heterogéneos espacios específicos, siendo uno de ellos el dominante y que refleja los intereses de los poderes dominantes.

Por otra parte, el espacio geográfico urbano es socialmente producido y, siguiendo a ^{Lefebvre (1976}), su producción supone el uso de fuerzas productivas y técnicas, así como la iniciativa de individuos, grupos o clases sociales con capacidad de intervención a gran escala, que a la vez son portadores de ideologías y de representaciones espaciales que se corresponden con dichas clases y grupos sociales en el marco de las relaciones de producción. Sobre las representaciones espaciales, Lefebvre (2013) advierte que éstas se vinculan con el orden impuesto por las relaciones de producción, en tanto son el espacio concebido por científicos, urbanistas, planificadores, entre otros, que dan como resultante el espacio dominante en las diversas sociedades. Con ello, el autor enfatiza que serán ciertos grupos dominantes en la sociedad quienes orientan las fuerzas productivas, a la vez que orientan la resultante general de la producción social del espacio. Otro concepto adicional propuesto por el autor³ es el de las prácticas espaciales, que hacen referencia a la producción y reproducción de “lugares específicos y conjuntos espaciales propios de cada formación social” (p. 92), es decir, a la materialización del espacio. Ambos conceptos son de gran importancia en tanto se encuentran directamente vinculados con la producción del espacio en su manifestación material.

Marco metodológico

El abordaje es cualitativo y se sustenta en los postulados teóricos, desarrollados en el marco teórico-conceptual, que parten del prisma de la geografía urbana radical que incorpora el análisis de clase¹¹. Se establece un diálogo entre esta propuesta teórica y un conjunto de estudios que abordan el proceso de urbanización, la problemática de vivienda o las políticas de vivienda del AMSS entre 1950 y 1979. Se parte de una discusión que va de lo general en lo político, económico y social hacia lo particular de la división social del espacio residencial, en una comunicación entre lo teórico y lo empírico, planteado en los estudios retomados, mismos que presentan aportes sustantivos de información sobre el proceso de ocupación y localización de las diversas clases sociales en la metrópoli, así como del contexto económico, político y social. En este sentido, la selección de estos se sustenta en criterios de fondo en cuanto a su contenido, a partir de la experiencia desarrollada en el proceso de investigación y comprensión de la realidad salvadoreña; lo que no implica que los trabajos no considerados carecen de relevancia, pero se afirma, que básicamente reforzarían las aportaciones de los estudios efectivamente incorporados. La escala de observación que se retoma en este trabajo, hace referencia a “los grandes lineamientos de la organización del espacio urbano”, que se alinean con el concepto de división social del espacio residencial, que es diferente de la segregación en tanto esta última alude a una escala de observación “más desagregada”, es decir, a una mayor escala de observación¹² (^{Rubalcava y Schteingart, 2012}).

Resultados y discusión sobre la producción de la división social del espacio residencial en el AMSS, 1950-1979

El periodo histórico comprendido entre 1950 y 1979 en El Salvador puede ser considerado, como proponen ^{Griffith y González (1999}), como un periodo de “consolidación de un Estado con un proyecto de nacionalización (industrializante)” con autonomía intermedia entre el Estado y las clases dominantes nacionales, en el que la sucesión de gobiernos y sus instituciones, conducidas principalmente por militares de carrera, “justifica el papel interventor del Estado en los ámbitos económico y social” (p. 898). Esta autonomía se logró legitimando el papel de los militares en el gobierno a partir de su función como mediadores entre tres grandes intereses: a) los del sector oligárquico tradicional, cuyo eje de acumulación se sustentaba en la producción agroexportadora; b) los de otras fracciones de la oligarquía que, en alianza económica con industriales estadounidenses, impulsó el proyecto de industrialización; y c) los de ciertos sectores de la clase trabajadora dentro del sector público y el privado, así como de algunos sectores de las clases populares urbanas que crecieron con intensidad durante estas décadas.

El apoyo a la oligarquía tradicional se dio a partir de la producción de infraestructura funcional a este modelo de acumulación en la escala nacional. En este sentido, ^{Lungo (1996}) acota que se invirtió en infraestructura vial y comunicaciones para la expansión agrícola orientada hacia la exportación. Por otra parte, el apoyo al proceso de industrialización se llevó a cabo por medio de la producción de infraestructura urbana y de generación de energía eléctrica (^{López Bernal, 2015}). Según ^{López Pérez (1986}), sólo en la zona metropolitana de San Salvador las inversiones gubernamentales durante la década de 1960 fueron equivalentes al 55% de la inversión en infraestructura urbana a nivel nacional. Asimismo, el gobierno militar y el resto de las instituciones de los poderes formales del Estado también lograron legitimarse con sectores de la clase trabajadora del sector privado y público¹³, amparados en la promulgación de la Constitución Política de 1950, cuyo contenido era socialmente proteccionista e interventor sobre el desarrollo económico y social. Esto se hizo por medio del incremento del gasto social y del bienestar público en las zonas urbanas a partir de la introducción de impuestos progresivos (^{Walter y Williams, 2011}), lo que implicaría nuevamente el papel mediador de los militares entre las fracciones de clase oligárquicas¹⁴. A partir de la nueva Constitución se pusieron en práctica una diversidad de políticas sociales por medio de instituciones creadas en el marco de la modernización del Estado como parte esencial de su legitimación, donde las políticas de vivienda adoptan este papel y forman parte de los mecanismos de la producción de la división social del espacio residencial.

Ambos modelos de acumulación tuvieron momentos de auge y decaimiento que impactaron sobre el proceso de urbanización durante ese periodo. Por un lado, el auge en la diversificación agroexportadora y la modernización en la agricultura provocaron la expulsión y migración de la población rural hacia las ciudades (^{FUNDASAL, 1997a}), mientras que durante el estancamiento de la estructura agraria se refuerzan los flujos migratorios, sobre todo a San Salvador (^{Lungo, 1980}) y a sus municipios aledaños. Por su parte, el modelo de acumulación sustentado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones promovió la configuración y concentración de un cordón industrial en los límites del municipio de Soyapango entre 1960 y 1970 que de igual manera atrajo migraciones (^{Barba, 1998}). No obstante, este modelo de acumulación mostró sus límites por su alta dependencia de insumos importados y su reducida captación de fuerza de trabajo formal, provocando el incremento del sector servicios, pero, fundamentalmente, desde la informalidad o bajo condiciones precarias de empleo (^{López Pérez, 1986}). Las razones del fracaso del proceso de industrialización se debe a cierta negligencia propiciada e impulsada por la oligarquía agroexportadora tradicional junto con los sectores más conservadores del poder militar (^{Velásquez, 2012}), así como por la relocalización (o abandono) de la inversión extranjera directa de Estados Unidos en la Cuenca del Caribe (^{Salgado, 2016}).

Los flujos migratorios dirigidos hacia las principales ciudades y sobre todo al AMSS ocasionados por los ejes de acumulación, así como los límites para la absorción de fuerza de trabajo en el sector formal dentro de la metrópoli, dieron origen en El Salvador, al problema de la vivienda urbana para las clases populares que se incorporaron a las relaciones capitalistas desde la informalidad, es decir, desde la subsunción indirecta del trabajo al capital, retomando el planteamiento de ^{Montoya (1995}). Por otra parte, como se abordará más adelante, aquellas clases sociales cuyo trabajo se inserta en el mercado laboral formal y cuyos ingresos no son los más bajos, es decir, cuyo trabajo se encuentra subsumido directamente al capital o cuyas relaciones laborales se establecen con las instituciones estatales, tendrían acceso a otros tipos de vivienda con propiedades espaciales (^{Smith, 2006}) de mejor calidad. En este sentido, trayendo a colación a ^{Lefebvre (2013}), se puede argumentar que el espacio geográfico urbano orientado por la representación espacial y producido por la práctica espacial de poblamiento de la metrópoli, en el marco del modo de producción capitalista y los ejes de acumulación puestos en marcha, daría origen a patrones identificables de localización de las diversas clases y grupos sociales, que serían la expresión de la estructura y del modo de producción capitalista, como advierte ^{Smith (2006}); que a su vez estarían vinculados con desiguales condiciones de viviendas. Recuperando a ^{Harvey (1977}, 1994), ^{Feito (2007}), ^{Crompton (2013}), y ^{Pérez Sáinz (2014}) la problemática de la vivienda y la división social del espacio residencial producido no es independiente de los procesos sociales y económicos, existiendo una relación de interdependencia entre los espacios urbanos producidos y estos procesos, es decir, que las formas de producción de vivienda y ocupación habitacional del suelo metropolitano de las clases populares y de poblamiento del resto de clases sociales son relacionales en tanto se producen en función de su relación y posición dentro de la estructura de clases y la estructura económica (^{Marx, 1995}).

Las formas de poblamiento de las clases populares han sido básicamente cuatro durante este periodo: mesones, tugurios, colonias ilegales y campamentos. De acuerdo con ^{FUNDASAL (1994}), los mesones son viejas viviendas abandonadas de las clases altas en las que sus habitaciones eran alquiladas separadamente a diferentes familias, constituyendo una opción de vivienda para sectores de bajos ingresos, que al agotarse dan origen a los tugurios y colonias ilegales. Los tugurios son asentamientos de viviendas autoconstruidas en terrenos marginales invadidos, generalmente estatales, con materiales de desecho, que no cuentan con servicios básicos del que también se valen las familias más pobres. Estos se caracterizan por su “alto grado de insalubridad, vivienda precaria, hacinamiento, promiscuidad, y tenencia de hecho del terreno”. Las colonias ilegales o lotificaciones ilegales se originan en “grandes terrenos de propiedad privada ubicados en la periferia urbana (… a partir de) lotes sin servicios básicos (… para) familias de bajos ingresos que tienen que construir su propia vivienda” (p. 5); y los campamentos implican la relocalización de los damnificados por el terremoto de 1965 que, para 1975, se habían consolidado como una forma permanente de alojamiento de las clases populares. ^{FUNDASAL (1994}) destaca que los primeros tres tipos de asentamientos, característicos fundamentalmente de las clases populares, se pueden encontrar traslapados como realidad urbana.

Las definiciones de estas tipologías de asentamiento de las clases populares se enmarcan sobre todo en la autoconstrucción (^{Pradilla, 1987}), con excepción de los mesones. Dado el carácter rudimentario de las técnicas aplicadas (^{Santos, 2000}), los valores de uso de viviendas autoproducidas presentan propiedades espaciales (^{Smith, 2006}) precarias, lo que implica por la misma razón, formas degradadas de autorreproducción para las personas, familias u hogares que en ellas habitan y que conforman estas clases populares. Cabe destacar el factor común de los tugurios y campamentos que se sitúan en suelo estatal -lo que implicaría estar fuera de las relaciones mercantiles- y su diferencia respecto a la colonia ilegal que se encuentra inserta en el mercado informal del suelo, sobre todo, del suelo periférico.

Los mesones, por su parte, si bien provienen de las viviendas de las clases dominantes, es decir, producidas esencialmente bajo la forma manufacturera, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el reducido espacio para las familias que ocupan en las habitaciones hace que el mesón impida “una vida familiar digna” (^{Herrera y Martín-Baró, 1978}, p. 806), lo que implica de igual manera condiciones degradadas para la reproducción de las clases populares que habitan en ellos.

La información sobre los asentamientos de las clases populares en el AMSS, aunque limitada y no del todo precisa, es consistente en cuanto al surgimiento, crecimiento y la importancia de los tipos de poblamiento que estas adoptaron en la metrópoli durante el periodo analizado. Para el año 1976, 8,060 (11.5%) familias habitaban en tugurios; 4,320 (6.2%) ocuparían campamentos; 34,130 (48.8%) vivían en mesones; y otras 23,360 (33.4%) residían en colonias ilegales, ascendiendo a un total de 69,870 (100%) familias (^{FUNDASAL, 1994}). Estas cifras contrastan con el total de viviendas urbanas (que podrían contener más de una familia u hogar) que, según ^{Zschaebitz, Serarols y Portillo (1994}), ascendía entre 1976 y 1977 a 149,178 unidades habitacionales. La United States Agency for International Development (1985) brinda información que establece, que entre 1976 y 1978 las viviendas del AMSS de clases las populares se agrupaban en un 23% bajo la forma de cuartos de mesón, cerca del 5% de viviendas se encontraban en tugurios y un 19% estaban en colonias ilegales, ascendiendo a un total de 47% del total de viviendas metropolitanas, lo que da cuenta del grave problema de vivienda y de reproducción de las clases populares, así como de la proporción de espacio socialmente producido, que les corresponde dentro de las leyes de distribución social (^{Pradilla, 1984}). No obstante, el Estado intervino en algunos casos para legitimarse y legitimar las relaciones sociales clasistas que originaron el problema de la vivienda como resultado del modo de producción y los modelos de acumulación capitalista, como se señaló previamente. Esto lo hizo por medio de algunas acciones de rehabilitación de las denominadas colonias marginales a partir de la década de 1960 (^{FUNDASAL, 1999}), y de programas de regularización de la propiedad desde la década de 1970 (^{FUNDASAL, 1993a}).

Por otra parte, la producción social del espacio en lo que se refiere a la vivienda no ha sido exclusiva de las clases populares. Las clases sociales insertas en el mercado laboral formal contaron con dos tipos de acceso a estos valores de uso y valores de cambio: a) por medio de la intervención estatal asociada o no con el sector privado de la producción y financiamiento de vivienda; o b) por el sector privado actuando de forma unilateral. El gobierno militar buscó legitimarse con las clases y grupos sociales del mercado laboral formal a partir de diferentes roles alrededor de la producción, financiamiento, circulación e intercambio de vivienda, creando una diversidad de instituciones. En 1951 se funda el Instituto de Vivienda Urbana (IVU) con el objetivo de construir viviendas unifamiliares y multifamiliares (^{Harth, 2013}). De acuerdo con ^{Lungo (1980}), la creación de este instituto se dio bajo recomendaciones norteamericanas¹⁵, que desde 1949 sugirieron la construcción y venta de viviendas para grupos sociales de bajos y medios ingresos a partir de la existencia de cuantiosos excedentes provenientes de la producción y exportación del café por parte de las clases dominantes. Durante los primeros años de existencia del IVU los fondos utilizados provenían el propio erario estatal, pero a partir de 1962 se inicia la dependencia de préstamos internacionales.

Posteriormente, ^{Lungo (1980}) advierte que en la década de 1970 se abandonan las funciones de construcción de vivienda por parte del IVU, pasando a ejercer el rol de promotor. Esta transformación del IVU ocurrió junto con la creación de la Financiera Nacional de Vivienda (FNV) en 1960 con un 51% de capital estatal y otro 49% proveniente de capital estadounidense¹⁶. Más adelante, en 1965 se crean, bajo la regulación de la FNV, las primeras Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAP), como instituciones privadas financieras conformadas por accionistas capitalistas. En conjunto, el trabajo de la FNV y las AAP contribuyeron también a dinamizar la industria de producción de materiales constructivos. La FNV garantizó “al capital privado (de las AAP) su reproducción en la producción de vivienda. Sus funciones principales (…) son las de dar asistencia financiera al capital privado (…) y garantizar el pago de los deudores y la ganancia de los capitalistas” (p. 18). Las AAP, bajo la regulación de la FNV, podían fijar sus propias tasas de interés, pero manteniéndose por debajo de las de la banca comercial (^{FUNDASAL, 1993b}). Asimismo, los organismos privados de financiamiento de vivienda, junto con empresas constructoras, se aglutinan en la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) (^{FUNDASAL, 1993b}). De acuerdo con ^{Fontg, Barrientos y Figueroa (1991}), entre 1972 y 1979 surgen siete AAP para atender a la demanda solvente y formalizada laboralmente, con créditos cuyas tasas de interés eran inferiores a los de la banca privada, legitimando al gobierno militarista y a la conformación general del Estado.

Otra institución estatal creada alrededor del proceso de producción y circulación de vivienda, en 1973, es el Fondo Social para la Vivienda (FSV), diseñada como institución de seguridad social que declara de “interés social” la producción de vivienda dirigida a clases sociales formalizadas. Según ^{Lungo (1980)}, este fondo se orientó hacia la adjudicación de créditos para la compra, construcción, reparación o ampliación de viviendas; y sus fondos serían constituidos por un subsidio inicial del Estado durante sus primeros cinco años de funcionamiento, por la cotización patronal del 5% y de un 0.5% de los trabajadores¹⁷; a lo que se agregarían otros fondos del Estado, la ganancia o renta de su funcionamiento y otros ingresos que pudiera obtener. Adicionalmente, en 1975 se crea el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), orientado a los empleados públicos que no pertenecían a los cuerpos de seguridad y represión, para financiarles la compra de vivienda construida por el IVU, el FSV o las AAP. En lo que respecta a las fuerzas armadas, estas crearon en 1974 la Caja de Ahorro Mutual de la Fuerza Armada, que tenía dentro de sus funciones otorgar créditos hipotecarios para la compra de vivienda a los militares, y que a principios de la década de 1980 se convertiría en su instituto de previsión social (IPSFA). Otras acciones para facilitar el acceso a la vivienda por parte del Estado a las clases sociales, cuyo trabajo se encuentra directamente subsumido al capital, se ha llevado a cabo por medio de créditos desde la banca estatal, como es el caso del Banco Hipotecario de El Salvador (^{FUNDASAL, 1993b}).

Cabe destacar que el proceso de producción de vivienda llevada a cabo por el Estado y su relación con las entidades del sector privado alrededor de este proceso productivo, de circulación e intercambio resultan ser una experiencia de importancia para la acumulación capitalista. De acuerdo con ^{Ferrufino (2013}), durante estas décadas se consolidan los factores que permiten la intervención del sector privado en la producción de vivienda masiva dirigida hacia los sectores de demanda solvente de vivienda urbana, sobre todo en su vinculación con la FNV y el FSV.

La producción de la vivienda a partir de la intervención estatal y su relación con el sector privado alrededor del proceso productivo requiere el uso de técnicas más sofisticadas (^{Santos, 1990}, ²⁰⁰⁰) para la producción de la misma, que podría haberse realizado a partir de la forma manufacturera, para el caso de los créditos solicitados por las clases trabajadoras a las AAP, así como de formas de producción industrial de la misma (^{Pradilla, 1987}), llevada a cabo, por ejemplo, a apartir del IVU. Lo mismo sucedería para el caso de la vivienda producida en el mercado sin mediación alguna del Estado. Los resultados de esta producción serían valores de uso y de cambio, cuyas propiedades espaciales (^{Smith, 2006}) dirigidas hacia las clases sociales dentro del mercado laboral formal con ingresos medios y altos son cualitativamente superiores a las autoproducidas por las clases populares. Por otra parte, las técnicas asociadas a la producción de vivienda van más allá de las formas y técnicas productivas, incorporando otras técnicas administrativas y burocráticas que surgen de toda la institucionalidad creada, es decir, otras técnicas sociales (^{Santos, 2000}). Con ello se vislumbra el carácter relacional que permite esta desigualdad en la producción de los valores de uso que presenta la producción de las viviendas y las clases o grupos sociales que relizan estos valores de uso.

Complementariamente, durante el periodo también sugieron experiencias de producción de vivieda formal llevadas a cabo por instituciones sin fines de lucro, dirigidas hacia las clases populares, como es el caso de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FSDVM, que posteriormente adoptó el acrónimo FUNDASAL), cuyas formas productivas y técnicas también serían superiores a las que intervienen en la generalidad de casos de la autoproducción de vivienda para estas clases.

En conjunto, la producción de viviendas orientadas hacia las clases sociales consideradas como demanda solvente, con ingresos medios o altos, a partir de la intervención del Estado y sus instituciones muestra límites claros. Lungo (1980) registra que entre 1951 y 1973 se produjeron 18,487 viviendas en todo el territorio nacional por parte del IVU; mientras que las viviendas producidas en el AMSS por el IVU, FSV y la FSDVM (estas últimas dirigidas a sectores populares) entre 1972 y 1978 ascendieron a un total de 9,765 viviendas (Lungo, 2000). Estas cifras son pírricas con relación a las 149,178 unidades habitacionales urbanas del AMSS registradas entre los años 1976 y 1977 (^{Zchaebitz et. al., 1994}); lo que conduce a inferir que la mayoría de la vivienda producida para las clases sociales de ingresos medios y altos se logró sobre todo desde la puesta en marcha de la FNV y las AAP, así como por las entidades del mercado de vivienda fuera de la intervención estatal. Este proceso, además fue acompañado por otras instituciones estatales que normaron la distribución del espacio a partir de instrumentos de planificación y planes de desarrollo urbano. Tal es el caso del METROPLAN 80, creado en 1968, en el que se establecieron las mayores densidades habitacionales para las zonas de la metrópoli donde se asentaban mayoritariamente las clases populares y las clases trabajadoras formales de menores ingresos, mientras que asignaba a las zonas de habitación de las clases dominantes y de ingresos medios y altos densidades habitacionales muy por debajo de las asignadas a las primeras (^{Peña, 2001}). Así, se normalizó y reguló una distribución nada natural ni preestablecida naturalmente (^{Martín-Baró, 1986}) o neutral de menos espacio para las clases populares y de más espacio para las clases sociales económicamente solventes y dominantes; lo que se corresponde al mismo tiempo con la noción del espacio dominante producido por los grupos dominantes (^{Harvey, 1994}; ^{Lefebvre, 1976}), como una clara representación espacial convertida en práctica espacial (Lefebvre, 2013).

Las proporciones de viviendas populares y del resto de viviendas de las clases con ingresos medios y altos en los municipios metropolitanos son concluyentes respecto a la estructura socioespacial originada por la división social del espacio residencial (^{Duhau, 2013}) y sirven para dar cierre a las reflexiones de este artículo. La información proporcionada por ^{Baires (2006}) para el año 1974 permite afirmar que los municipios de San Marcos y Soyapango, ubicados entre el sur-oriente y el oriente de la capital, contaban con menos del 25% de viviendas formales; los municipios de Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Mejicanos y Ayutuxtepeque, localizados próximos a la zona central metropolitana, pero al norte y oriente de San Salvador, contaban con menos del 46% de viviendas formales; mientras que Nueva San Salvador, San Salvador y el municipio de Ilopango, localizado al oriente de la capital, contaban con más del 50% de viviendas formales, pero sin llegar a representar siquiera dos terceras partes de estas; en tanto Antiguo Cuscatlán contaba con poco menos del 80% de sus viviendas formales (Tabla 1).

Los resultados del análisis a la luz del marco teórico y su aplicación al proceso de urbanización, la problemática de vivienda y las políticas estatales de vivienda evidencian la existencia de la división social del espacio residencial a partir de un patrón de localización de las clases dominantes y de las clases de ingresos medios o altos en el vértice sur-poniente de la metrópoli, conformada por los municipios de Nueva San Salvador, Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Estos mismos municipios fueron, además, favorecidos por el Estado en la dotación de infraestructuras y servicios diferenciados (^{Lungo, 1993}) respecto al resto de municipios. En los primeros el Estado invirtió “en la adecuación física y el equipamiento básico de la tierra urbana (favoreciendo) claramente a las urbanizaciones de los sectores altos y medios” (^{Lungo, 2000}, p. 75). Adicionalmente, “los centros de oferta cultural y de servicios urbanos se siguen ubicando en el oeste del municipio de San Salvador” (^{Baires, 2006}, p. 51), es decir, a la zona sur-poniente de San Salvador, junto con Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador; que es la zona hacia donde se han ido desplazando históricamente las clases dominantes y sectores medios (^{Lungo y Baires, 2001}). La práctica espacial que origina la producción de la división social del espacio residencial ha sido la concreción material de las representaciones espaciales de la política de vivienda y de la planificación urbana, en conjunto con los sectores privados capitalistas que han diseñado las viviendas y el lugar de localización para las clases dominantes y las clases de ingresos medios; y, por lo tanto, el no lugar para las clases populares.

Relacionalmente sucede lo opuesto respecto a las clases populares, con excepción de Ilopango. La localización de viviendas populares en sus diferentes tipologías se concentra en mayor proporción en municipios que se alejan del centro de la capital, formando un arco que corre desde el norte de San Salvador hacia el sur y oriente. Según ^{Lungo (1996}), esta periferización sería en parte el resultado del poblamiento de las clases populares por medio de colonias ilegales en las tierras suburbanas que contribuyeron al crecimiento metropolitano; pero que de acuerdo con ^{FUNDASAL (1997b}) no contaban con redes de infraestructura o servicios comunitarios, donde la vivienda fue autoproducida. A las colonias ilegales se agregan los tugurios que se concentran en su mayoría en la capital (71.3%), seguidos por aquellos localizados en Ciudad Delgado, Mejicanos y Soyapango (20.3% en conjunto) (^{USAID, 1985}), siguiendo el patrón del arco periférico señalado previamente. Por su parte, los campamentos y mesones tendrían mayor dispersión respecto al centro de la capital, como se mostró en el Mapa 1.

Como se ha sostenido, la producción social de la división social del espacio residencial del AMSS entre 1950 y 1979 se materializa por medio de las prácticas espaciales a las que se refiere ^{Lefebvre (2013}), en el marco de la reproducción de las relaciones sociales de producción en el espacio geográfico como totalidad y también en el espacio urbano de la metrópoli, originando patrones identificables respecto a la localización de las diversas clases sociales y sus respectivas viviendas (^{Smith, 2006}). Las causas últimas que subyacen a este proceso de producción socioespacial se encuentran en las relaciones sociales de clase y su posición dentro de la estructura económica en el marco del modo de producción capitalista (^{Marx 1995}). Por esta misma razón, las formas productivas de las viviendas y las técnicas que intervienen para su construcción también se corresponden con las distintas clases sociales (^{Pradilla, 1987}; ^{Santos, 1990}, ²⁰⁰⁰); todo ello, considerando el carácter relacional entre estas (^{Feito, 2007}; ^{Wright, 2010}; ^{Crompton, 2013} y ^{Pérez Sáinz, 2014}), así como de la desigualdad socioespacial heterogéna y múltipe producida en la que se reflejan los procesos sociales dirigidos por los poderes domiantes del capital y del Estado (^{Harvey, 1977}, 1994), que son al mismo tiempo los que definen la cuota que le responde a cada individuo en función de su clase por medio de las leyes de la distribución social de lo producido (Pradilla, 1984).