La propuesta de privatización del Banco de Costa Rica (BCR) ha sido públicamente defendida por el presidente Rodrigo Chaves, aduciendo, de forma reiterada, que el aporte de este banco público, no difiere del que normalmente daría cualquier banco privado, cuando, según su parecer, es posible que un BCR privatizado, daría mayores beneficios al país. Las frases del presidente, que han circulado regularmente por medio de la prensa, han sido reiterativas en ese particular y sumamente claras: “El BCR le sirve más a Costa Rica en manos privadas”, a lo cual agrega que pagaría más impuestos ya que, según su decir, las entidades financieras privadas “son más rentables que las públicas en promedio” (Córdoba ^{González, 2022}). O esta otra aseveración: “…la mayoría del pueblo sabe que ese es un banco comercial más” (^{Murillo, 2022}). O bien, afirmar que esta privatización “…le sirve más a la ‘señora de Purral’” (^{Cordero Parra 2022}).

Subyace, a estas frases, una tesis que podríamos resumir así: los bancos públicos no tienen razón de ser porque no se diferencian en nada significativo de los privados. Más aún, mejor fuera que sean privados, porque entonces serían más rentables. Por su parte, esta última afirmación conlleva algunas otras premisas ocultas. Evidentemente atribuye a lo privado una capacidad de rentabilización que supone ausente en la propiedad pública, sino que -y esto es lo principal- sugiere, además, que la rentabilidad privada es algo socialmente deseable, lo que, a su vez, supone una identificación entre rentabilidad privada y rentabilidad social. Y, sin embargo, esta es una presunción que reconoce muchas excepciones y que resulta especialmente difícil de sostener, si de la actividad bancaria y financiera se trata. Y mucho menos en estos tiempos de capitalismo financiarizado y especulativo, lo cual ha creado múltiples factores de inestabilidad y desigualdad.

Por un lado, las propias teorizaciones de la economía neoclásica ortodoxa -a las cuales se adhiere el pensamiento económico del presidente- reconocen la existencia de “externalidades”, es decir, consecuencias o efectos de la actividad económica privada, que el mecanismo de los precios no logra registrar, las cuales, por lo tanto, no aparecen en la contabilidad empresarial y no se registran como costos, no obstante que, en realidad, sí conllevan un costo, solo que este es asumido por la colectividad en su conjunto, no por la empresa o empresas que desarrollan la actividad económica de que se trate. Los efectos, ambientalmente dañinos, son el ejemplo más habitualmente mencionado. En tales casos, la teorización neoclásica reconoce que la rentabilidad privada difiere de la social, y, sin embargo, ese planteamiento resulta muy limitado, puesto que atiende tan solo a los fenómenos que se manifiestan en forma individual o aislada y no considera pautas de comportamiento y consecuencias de alcance sistémico, imposibles de ser representados en la categoría canónica de “externalidad”.

Pero, seguramente, en las afirmaciones del presidente hay también presunciones implícitas acerca de las capacidades de autorregulación del mercado -un mercado presuntamente libre- para establecer equilibrios virtuosos, según una tradición teórica walrasiana, que sobrevive, subrepticia, en el discurso económico dominante. De forma implícita, y posiblemente sin que el propio Chaves lo sospeche, late en esas ideas el modelo de competencia perfecta y equilibrio general, que León Walras formulara hace cerca de 150 años, cuyos desarrollos posteriores, a cargo de autores como Arrow, Debreu, Sonnenschein y Mantel, condujeron a un irresoluble callejón sin salida dejando claro que es una teorización incoherente y, por lo tanto, insostenible. Lo cual suma a las críticas, que, desde otras perspectivas epistémicas y teóricas, fueron formuladas por autores como Piero Sraffa y Joan Robinson. Y siendo verdad que la teorización es insostenible, puesto que es incoherente, sobre todo, resalta el hecho de que sus premisas son totalmente irreales, y que, en cuanto modelo teórico, a lo sumo tienen el atractivo de ser un simpático ejercicio matemático, por completo carente de relevancia económica. Cuando, por otra parte, la literatura sobre los procesos históricos de desarrollo económico -destacadamente los aportes, entre otros, de Ha Joon Chang y Mariana Mazzucato- dejan en claro que los procesos de desarrollo capitalista exitoso, han descansado, invariablemente, en una significativa intervención estatal en la economía. Vale decir: no hay ninguna base, ni teórica ni empírica, que permita sustentar la presunción ideológica del presidente Chaves a favor de la banca privada. Además, su desinterés o incapacidad para ver más allá de los criterios de rentabilidad privada, son los propios de un enfoque estrechamente economicista. Si bien eso podría ser comprensible -aunque no disculpable- en un tecnócrata de organismo internacional, en cambio, sería de esperar que el presidente de Costa Rica esté en posición de aportar una visión más amplia, compleja y matizada.

Pero, en fin, todo lo anterior, atiende a una discusión, muy interesante desde el punto de vista teórico, y muy relevante por sus consecuencias políticas, la cual, sin embargo, no responde al objetivo de este artículo, por lo que, de momento, me limitaré a mencionarla, sin abundar en más detalles. Mi objetivo aquí es otro, y se sintetiza en lo siguiente: discutir, y tratar de clarificar, si, en efecto, son correctas las afirmaciones del presidente, según las cuales los bancos públicos no aportan nada que no aporten los privados, cuando estos, más bien lo harían mejor.

Voy a considerar tres criterios, con base en los cuales desarrollaré la discusión:

Debo aclarar que, dentro de la categoría de bancos públicos, incluyo al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), cuyo estatus jurídico mantiene alguna diferencia con el que es propio del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR). Según el artículo 2) de la Ley Orgánica del BPDC (número 4351 del 11 de julio de 1969), este es “…una institución de Derecho Público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y funcional”. Por lo tanto, puede razonablemente considerarse que la naturaleza del BPDC, es esencialmente similar a la que es propia del BNCR y el BCR.

En cuanto al sector privado, considero aquí, solamente los bancos privados, no las financieras no bancarias, tampoco las cooperativas ni las mutuales. En total, y según los datos disponibles en la página web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), actualizados a diciembre de 2022, existen 11 bancos privados: BAC San José S.A.; BCT S.A.; Cathay de Costa Rica S.A.; CMB Costa Rica S.A. (también conocido como Citibank); Banco Davivienda Costa Rica S.A.; Banco General Costa Rica S.A.; Banco Improsa S.A.; Banco Lafise S.A.; Banco Promérica de Costa Rica, S.A.; Prival Bank Costa Rica S.A.; Scotiabank de Costa Rica S.A.

Oficinas y agencias: presencia nacional de los bancos

Para mejor ubicar esta cuestión, primero conviene hacer un breve repaso del peso de los distintos grupos financieros medido según el valor de sus activos, tal cual se presentan en el cuadro 1.

Por su parte, el cuadro 2 detalla el número total de oficinas y agencias que los bancos, tanto públicos como privados, tienen a nivel nacional.

Un primer dato llama la atención: el peso relativo de los bancos privados, en el total de los activos (39,7%), es mucho mayor que el correspondiente peso relativo sobre el número total de oficinas y agencias (24,8%). Seguramente, la diferencia es mayor que lo que estas cifras sugieren, puesto que en el dato sobre monto de los activos de los grupos financieros no aparece tres bancos que sí están incluidos en este segundo cuadro. Esto sugiere que la inversión que realizan los privados, presta mucho menos atención a la cercanía física respecto de la clientela masiva, cuando, y como confirmaremos enseguida, se interesa principalmente por estar presentes en los centros de mayor actividad económica y donde más riqueza se concentra. Al respecto, véanse los cuadros número 3 y 4.

De los datos contenidos en los cuadros 3 y 4, se destaca lo siguiente:

Prioridades en materia crediticia

El gráfico número 1 presenta los datos correspondientes al saldo total de la cartera crediticia de los tres bancos públicos y los once privados. Es claro que, entre estos últimos, el BAC es mucho más grande que los demás y que hay algunos bancos privados que manejan una cartera crediticia muy pequeña. Por ejemplo: El BNCR maneja una cartera crediticia que equivale a 157,4 veces la del Banco Prival, el más pequeño de todos los bancos privados. Comparado con el BAC, la relación es de 112,6 veces.

Fuente: elaboración propia con base en los reportes crediticios al mes de septiembre de 2022, descargados de la página web de la SUGEF.

Gráfico 1 Bancos públicos y privados: saldo de crédito total (miles de millones de colones) septiembre 2022 

Interesa, asimismo, examinar el tamaño o la cuantía de los créditos o los préstamos concedidos, ya que esto permitiría formarse una idea, siquiera aproximada, del tipo de clientela que los bancos atienden, y del grado en el cual se logra cierta democratización del crédito, o si este tiende a concentrarse en clientes de gran tamaño, que, en tanto tales, usualmente serán clientes corporativos. Los datos se muestran en el gráfico número 2, el cual demuestra que, en líneas generales, los bancos públicos enfatizan en mayor grado los créditos relativamente pequeños. Sin embargo, la información que proporciona la SUGEF en su página web es limitada, ya que solamente permite diferenciar, en forma agregada, entre créditos mayores a ₡100 millones y créditos por debajo de ese límite.

Fuente: elaboración propia con base en los reportes crediticios al mes de septiembre de 2022, descargados de la página web de la SUGEF.

Gráfico 2 Bancos públicos y privados: porcentaje del total de los saldos de créditos que corresponde a operaciones mayores a ₡100 millones 

En general, los datos del gráfico anterior (que es necesario vincular con los del gráfico 1), permiten observar un patrón aproximado, más o menos, en estos términos:

Conviene destacar lo siguiente en relación con los datos del cuadro anterior:

Debe también mencionarse que los bancos pequeños, o sea, aquellos que movilizan cifras más pequeñas por concepto de colocaciones crediticias, tienden, en líneas generales (aunque con excepciones), a estar menos concentrados en créditos para consumo, construcción y servicios. Así, por ejemplo, mientras en el Scotiabank esos tres ítems acaparan el 95% de todas sus colocaciones, y en el BAC, un 81%, en el caso del Cathay, es necesario sumar 8 ítems distintos para alcanzar el 90% del total de colocaciones.

¿Qué conclusiones generales podemos derivar de todo lo anterior? Básicamente, las siguientes:

Tasas de interés e indicadores de intermediación financiera: los bancos públicos son más eficientes

Tasas de interés

Más abajo aporto una serie de gráficos, los cuales resumen un conjunto de datos que demuestran que los bancos públicos son claramente más eficientes que los privados, en el sentido de que operan con menores costos, lo cual se refleja tanto en los llamados “márgenes de intermediación financiera”, como en las tasas de interés que cobran sobre los créditos. Recordemos que el “margen de intermediación”, que en su versión más simplificada se expresa como la diferencia entre las tasas pasivas que pagan los bancos sobre sus depósitos, y las que cobran sobre los créditos que conceden, es, en sentido más general, un indicador que intenta medir la eficiencia operativa, mediante la comparación entre ingresos financieros y egresos financieros.

Las conclusiones principales se pueden resumir de la siguiente forma:

a. Gráfico número 3, tasas de interés pasivas (promedio mensual ponderado): en el período de cinco años, comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2022, las tasas pasivas de la banca pública tendían a ser inferiores a las de la banca privada, por un margen que, la mayoría de las veces, oscilaba entre 0,5 y 1 punto porcentual. Ocasionalmente la diferencia cayó por debajo de 0,5 puntos, como solo raramente se elevó por encima de un punto, y, mucho menos usual, que sobrepasase 1,5 puntos porcentuales. O sea: no hay una diferencia significativa en las tasas pasivas, no obstante, la presunta ventaja que ofrece la “garantía estatal” de los depósitos a favor de los públicos (en relación con este detalle particular, volveré al final de este artículo).

b. Gráfico número 3, tasas de interés activas (promedio mensual ponderado): las tasas que cobran los bancos privados tendieron a aproximarse a las de los públicos, básicamente hacia finales de 2019 e inicios de 2020, y se mantuvieron relativamente cercanas (ocasionalmente por debajo) durante todo ese año, y hasta julio de 2021. Esto coincidió con un período de relativo relajamiento de la política monetaria del Banco Central, el cual empezó a aplicar reducciones a su tasa de interés de referencia (la Tasa de Política Monetaria: TPM), desde finales de marzo de 2019. La crisis que provocó la pandemia del CO-VID-19, consolidó ese movimiento, e hizo que, hacia junio de 2020, el Banco Central llevara la mencionada tasa hasta un mínimo histórico de 0,75%, en el cual se mantuvo hasta mediados de diciembre de 2021. Eso, más las facilidades de crédito extraordinarias que, en el contexto pandémico, el Banco Central puso a disposición de los bancos comerciales, parecen haber propiciado esa convergencia en las tasas activas entre bancos privados y públicos. O sea, fue un subsidio, disimulado detrás de las decisiones del Banco Central, lo que facilitó que se diera ese movimiento hacia la relativa igualación de las tasas. Aun así, hacia agosto de 2021, cuando todavía la TPM se mantenía en ese mínimo histórico, de nuevo se empieza a abrir la brecha. Hacia finales de 2022, el margen entre las tasas activas de los bancos públicos y las de los privados, son similares a las que se observaban en 2018, y se ubican en el rango de 7-8 puntos porcentuales.

c. La conclusión general, que se desprende de lo señalado en los dos puntos anteriores: el margen que separan las tasas activas de los bancos privados de las tasas activas de los públicos, es, en general, mucho más amplio que el respectivo margen en el caso de las tasas pasivas. Lamentablemente, en la página Web del Banco Central no están disponibles los datos sobre la tasa pasiva promedio mensual ponderado correspondiente a 2020 (el año de la fase aguda de la crisis pandémica). Pero, exceptuando ese año, los datos para los otros años ratifican claramente esa conclusión. De tal modo, la ratio entre el margen de las tasas activas (tasas activas públicos - tasas activas privados) sobre el margen de las pasivas (tasas pasivas públicos - menos tasas pasivas privados), tiende frecuentemente a estar por encima de 6 y muy raramente por debajo de cuatro, lo cual sugiere costos mucho más altos, y una menor eficiencia, en el caso de la banca privada.

d. Los gráficos 4, 5, 6, 7, y 8, presentan las tasas activas promedio mensual., diferenciando bancos privados y públicos para las siguientes actividades: agricultura y ganadería, industria manufacturera, construcción y vivienda, consumo y servicios. Las dos primeras son las actividades productivas a las que tradicionalmente se les concedía más importancia. Como vimos en la sección 2 de este artículo, las otras tres son hoy las que acaparan una proporción más elevada de las colocaciones crediticias de los bancos públicos y de la mayoría de los privados.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 3 Bancos públicos y privados: tasas de interes activas y pasivas (promedio ponderado mensual): enero 2018-diciembre 2022 

e. El caso de la agricultura y ganadería (gráfico número 4), es el único en el cual los bancos privados tienden a ofrecer tasas de interés relativamente más favorables. Sobre un total de 60 datos mensuales, en 44 las tasas de los públicos son más altas, aunque, en general, el margen es inferior a 3 puntos porcentuales. En los 16 datos mensuales en que las tasas de los públicos son más bajas, en varias ocasiones se registran márgenes relativamente amplios, de más de 4 puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 4 Bancos públicos y privados: tasas promedio mensual agricultura y ganadería 

f. En lo que se refiere a la industria manufacturera (gráfico número 5), se observan tres etapas bien diferenciadas a lo largo del quinquenio considerado. En la primera, que, aproximadamente, llega hasta mediados de 2020, las tasas de interés privadas son más elevadas que las de la banca pública. En la segunda fase, que coincide con el período pandémico y las políticas monetarias más relajadas del Banco Central, se extiende hasta marzo de 2022, las tasas de ambos tipos de bancos tienden a ser bastantes similares. A partir de abril 2002, y hasta concluir el año, se vuelve a abrir una brecha significativa y las tasas de los privados exceden en más de 4 puntos las de los públicos.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 5 Bancos públicos y privados: tasas promedio mensual industria manufacturera 

Gráfico 6 Bancos públicos y privados: tasas promedio mensual construcción y vivienda 

g. En el caso de la construcción (gráfico número 6), la brecha es siempre, e invariablemente, muy amplia. Las tasas de los privados exceden en 5, 6, 7 puntos porcentuales a las de los públicos y a veces más. Hay momentos en que las primeras más que duplican las segundas; por ejemplo, durante el año completo comprendido entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.

h. Para el rubro de consumo (gráfico número 7), se observa que, durante el año 2018, los márgenes son sumamente amplios: las tasas de los privados fácilmente exceden en 10 punto, o inclusive más, a los públicos. En 2019, hay cierto acortamiento de esa brecha, la cual por momentos cae a 4 puntos, pero, usualmente, se instala en más de 5 puntos, a veces 6-7 puntos. Una tendencia bastante similar se mantiene hasta avanzado 2022, pero en los últimos meses de este año, los márgenes de nuevo se amplían hasta 8-9 puntos.

Fuente : elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 7 Bancos públicos y privados: tasas promedio mensual consumo 

i. En lo que atañe a los servicios (gráfico número 8), durante los años 2018, 2019 y hasta entrado 2020, las tasas de los privados se mantienen por encima de las de los públicos por un margen que usualmente oscila en el rango entre 2 y 4 puntos porcentuales. De septiembre 2020 en adelante, la diferencia se estrecha considerablemente y tiende a oscilar en los alrededores de un punto porcentual. Ese comportamiento se extiende por dos años, hasta agosto 2022. En los últimos meses de este año, esa diferencia se amplía por encima de los 4 puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 8 Bancos públicos y privados: tasas promedio mensual servicios 

Conclusión a partir de todo lo anteriormente comentado: si bien, como tendencia general (con algunas excepciones), los bancos privados cobran tasas más elevadas que los públicos, ese hecho adquiere especial notoriedad respecto de los tres rubros de mayor peso en la cartera crediticia de los bancos públicos y de los principales bancos privados. Me refiero a construcción y vivienda, consumo y servicios. En estos tres casos -y especialmente en el primero- los bancos públicos ofrecen condiciones marcadamente más favorables que los privados. De forma que, aunque la estructura de la cartera crediticia tiende a ser similar, los públicos siguen ahorrándole una cuantía sustancial de recursos a su clientela y a la sociedad costarricense, en general, en términos de lo que esta deba desembolsar por pagos de intereses. Los privados, en cambio, imponen costos financieros significativamente más elevados.

Márgenes de intermediación

A fin de ilustrar un poco más la discusión que ha sido planteada en este apartado, véase más abajo el gráfico número 9, que presenta los datos, elaborados por el Banco Central, de un indicador -a mi parecer el de alcances más generalizados y representativos- que intenta evaluar los llamados “márgenes de intermediación financiera”, o sea, la brecha entre ingresos financieros y gastos financieros de los bancos, la cual se supone refleja el costo de administración de los recursos y de la generación de créditos por parte de los bancos. Son datos mensuales que inician en diciembre de 2016 y cubren seis años completos hasta noviembre de 2022. El indicador en mención se identifica como el M1, y se define de la siguiente forma: M1 = (Ingreso Activo Productivo / Activo Productivo) - (Gasto Financiero / Pasivo Total).

El gráfico es elocuente y no requiere mucha explicación. Hasta finales de 2017, los bancos privados tenían un pequeño, más bien insignificante, margen a su favor. Desde finales de ese año las cosas se invierten a favor de los bancos públicos, los cuales abren una brecha muy considerable respecto de los privados. El mensaje aquí, reitera lo que ya veíamos anteriormente: los bancos públicos son mucho más eficientes.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica. M1 = (Ingreso Activo Productivo / Activo Productivo) - (Gasto Financiero / Pasivo Total)

Gráfico 9 Bancos públicos y privados: margen de intermedicación financiera: indicador M1 (diciembre 2016-noviembre 2022) 

Comentario final

Existen todas las razones para que los bancos públicos tengan costos más elevados que los privados, y para que ello se refleje en sus tasas de interés y en los indicadores sobre los márgenes de intermediación financiera.

Primero, los bancos públicos tienen una mucho mayor cantidad de agencias y oficinas bancarias y, en proporción mucho más alta que los privados, esas oficinas se encuentran fuera del área metropolitana de San José y, más en general, fuera del área central del país. Ello incluye una cantidad apreciable de oficinas que se ubican en comunidades muy alejadas, de baja concentración poblacional y, en general, de menor desarrollo relativo. Todo esto impone mayores costos. Todo lo contrario, los bancos privados toman la ruta fácil para reducir costos, puesto que su opción preferida consiste en concentrar sus oficinas en las principales ciudades del Valle Central, especialmente San José, e, inclusive, en cantones muy ricos, como es el caso de Escazú.

Si, en vista de lo anterior, se quisiera argumentar que, en todo caso, caminamos hacia la digitalización de los servicios bancarios, lo que reduciría la importancia de la presencia física de los bancos, seguiría en pie la interrogante ¿por qué los bancos privados enfatizan la presencia física en las ciudades del Valle Central, en especial cantones muy opulentos, que son precisamente los lugares donde se dispone de mejor conectividad? Lo cierto es que se vuelve más importante la presencia física, ahí donde no se dispone de una conectividad óptima, y no donde esta es mejor. Los bancos privados hacen exactamente lo inverso, cuando, en cambio, los públicos sí parecen considerar en grado mucho mayor, esas particularidades y necesidades.

Pero, aparte lo anterior, todavía queda en pie otra preocupación: conectividad no significa, ni mucho menos, democratización ni acceso universal. Una tendencia que hoy se manifiesta con cada vez más fuerza, es la que le pone precio al acceso a los servicios de internet. Así, por ejemplo, la prensa digital, que hace 20 años era de acceso gratuito, hoy tiende a imponer tarifas, inevitablemente limitantes. Nada impide creer que, en el negocio financiero, no se haga lo mismo y que, inclusive, se avance hacia la imposición de tarifas diferenciadas, según sea el grado de sofisticación de lo servicios ofrecidos. Por ello mismo, sigue siendo necesario contar con bancos públicos cuyo funcionamiento no responda estrictamente a criterios de rentabilidad y los cuales estén dispuestos a arrostrar costos que, como bien hemos podido comprobar, los bancos privados tienden a eludir.

Segundo, si bien es cierto que la estructura de la cartera crediticia de los bancos públicos tiene similitud con la de los bancos privados (excepto los más pequeños), también es verdad que, en general, los públicos trabajan con créditos de cuantía relativamente menor, lo cual conllevan mayores costos administrativos y mayores riesgos. Sobre todo, es innegable que, en la gran mayoría de los casos, y para las mismas actividades económicas, las tasas de interés que cobran los públicos tienden a ser claramente más favorables que las que establecen los privados. Es desde luego llamativo que, aun teniendo una orientación similar en cuanto a sus colocaciones crediticias, en un caso, se le impongan a la clientela costos financieros mucho más altos que en el otro.

Pero, además, los bancos públicos soportan cargas parafiscales mucho más elevadas que los bancos privados. Esas cargas son al modo de tributos adicionales, que se cobran sobre las ganancias o utilidades y que tienen un destino específico, o sea, contribuyen a financiar una determinada institución o programa público. Son cargas adicionales que se suman al 30% del impuesto sobre las ganancias.

De acuerdo con ^{Avendaño y Arce (2021}), y según se desprende de la información proporcionada por el gerente general del BCR, señor Douglas Soto Leitón, en una carta dirigida a un diputado de la República, las mencionadas cargas parafiscales no se deducen del pago del impuesto sobre las ganancias, excepto en el caso de la contribución a CONAPE, la cual es, curiosamente, la única carga que los bancos privados comparten con los públicos. Ello significa que, sumadas las cargas parafiscales al impuesto, el BNCR y el BCR tributan más de un 60% de sus ganancias anuales. Seguramente ninguna otra empresa en Costa Rica tributa, ni de lejos, a una tasa tan alta como lo hacen estos bancos públicos. Posiblemente sea otra empresa pública -la Fábrica Nacional de Licores (FANAL)- la única que se les acerca.

Sabemos que los bancos públicos gozan de la garantía estatal sobre depósitos, y que los bancos privados deben cumplir con el llamado peaje bancario (un 17% de sus depósitos en cuenta corrientes deben destinarse a financiar programas de banca para el desarrollo). Tales son las dos desventajas relativas que arrastran los bancos privados. Sin embargo, es posible que se haya exagerado los alcances de tales desventajas. En primera instancia, recordemos que la diferencia entre las tasas pasivas que pagan los bancos públicos y las que pagan los privados es muy poco significativa. Desde este punto de vista, la “garantía estatal” parece tener muy escasa influencia y, en buena medida, ha de estar compensada por la idea de que, con toda seguridad, el Banco Central no dejará de actuar como “prestamista de última instancia”, cuando algún banco privado enfrente problemas de liquidez. Ello significa que, en rigor, también los bancos privados cuentan con cierta garantía estatal, aún si esta es de relativo menor alcance.

En cambio, hemos comprobado que, partiendo de ese margen muy estrecho entre las tasas pasivas, la diferencia en las tasas activas tiende a ser mucho más amplia. Si en lo primero se reflejaría la presunta ventaja relativa de contar con garantía estatal, la cual, sin embargo, parece tener tan solo una muy reducida incidencia, en lo segundo se evidenciaría un desempeño administrativo y gerencial claramente más satisfactorio en el caso de los bancos públicos.

En lo que respecta al “peaje” del 17% de los depósitos en cuenta corriente, por diferentes razones esta obligación es menos gravosa de lo que se cree. Omito señalar algunos otros factores que podrían incidir en ese sentido, y me limito a enfatizar lo siguiente: pareciera que los bancos privados han aprendido a eludir esa restricción, recurriendo, en mucho mayor grado que los públicos, a fuentes externas de financiamiento, lo que les ha posibilitado colocar mucho más crédito en dólares que los públicos. De hecho, a noviembre de 2022, y según los datos del Banco Central, el 65,7% del crédito total colocado por los bancos privados estaba en moneda extranjera frente a solamente 21,2% de los públicos. Evidentemente, esto conlleva un riesgo cambiario, lo cual debería incidir sobre las tasas de interés, pero, de nuevo, es posible que, también en este caso, prevalezca una presunción implícita, en el sentido de que, en caso necesario, el Banco Central intervendría para apoyar a un banco privado en problemas. Pero, además, es necesario tener presente otro factor, al menos tan importante como el anterior, en relación con lo siguiente: desde 2008, y hasta el momento en que concluyo este artículo (enero 2022), las políticas vigentes (en relación con un régimen de irrestricta libertad para el movimiento de capitales y sistemática promoción de la atracción de capitales extranjeros), así como los patrones usuales de actuación del Banco Central (interviene mucho más enérgicamente cuando el dólar sube que cuando baja), han propiciado algo que, pasados loa años, merecería ser considerado como una situación de “revalorización crónica” del colón frente al dólar. Ello no solo incentiva la colocación de créditos en dólares entre sectores de la población cuyos ingresos son en colones, sino que actúa como un seguro para garantizar la sostenibilidad de esa cartera crediticia dolarizada. O sea, hay aquí, de forma implícita, un mecanismo público de apoyo y subsidio a la gestión de la banca privada. A todo lo anterior, debemos agregar que, durante todo el período posterior a 2008, y hasta inicios de 2022, las tasas de interés a nivel internacional se mantuvieron en niveles sumamente reducidos, en un ambiente de gran liquidez y abundancia de capitales. Todo lo cual facilitaba la obtención de financiamiento externo por parte de los bancos privados, y debería facilitar colocaciones crediticias en dólares a tasas más bajas. Y, sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, hemos comprobado que las tasas activas de los privados han sido consistentemente más altas que las de los públicos, tanto en el promedio general, como en actividades específicas.

El caso es que, de cualquier manera, las desventajas relativas que enfrentan los bancos privados, empequeñecen frente a las que tienen los públicos, sobre todo los altísimos niveles de tributación (que exceden del 60% de las ganancias, para el BCR y el BNCR), lo cual, como es razonable imaginar, restringe seriamente su capacidad de capitalización y el margen de que disponen para invertir en capacitación del personal y en ampliación y mejora de la infraestructura física y tecnológica. Todo lo cual realza en alto grado la capacidad de estos bancos, no solo para mantener una presencia significativa en todo el territorio nacional, sino, asimismo, para ofrecer tasas de interés mucho más favorables.

Conclusión: es falsa la afirmación del presidente Rodrigo Chaves, en el sentido de que al país le conviene privatizar el BCR, puesto que, según él, eso traerá una ganancia en la eficiencia e, inclusive, una mayor tributación. En virtud de los patrones de comportamiento observados, la privatización tendrá, todo lo contrario, dos efectos: menos presencia física en el territorio nacional y mayores tasas de interés sobre los créditos. Todo lo cual traerá grandes pérdidas de eficiencia para la economía nacional, como asimismo pérdidas significativas para toda la sociedad costarricense, al debilitarse la equidad en el acceso al crédito. Puede también razonablemente decirse que, conforme la digitalización de los servicios bancarios se extienda, el acceso justo y democrático a esos servicios, requerirá del aporte de los bancos públicos. Y siendo que la privatización hará necesario suprimir las elevadas cargas parafiscales que el BCR aporta, ello asimismo implicará menos recursos para el sostenimiento de las finanzas públicas.

Queda pendiente una pregunta importante: ¿por qué los bancos públicos son más eficientes que los privados? Aunque suene paradójico, es posible que la respuesta tenga que ver con la orientación dominante de los segundos hacia la rentabilidad de corto plazo. Pero eso es tema para una investigación aparte.