Política, políticas públicas y reformas estructurales

El desarrollo y el turismo son dos fenómenos complejos multidimensionales que en su promoción e instrumentación se producen diferentes efectos que conllevan a situaciones de conflicto entre los actores sociales que participan en los mismos, hablar de conflictos en cualquier circunstancia, implica incursionar en el campo de lo político.

De esta manera, entender la concepción de lo político, otorga la oportunidad de razonar y clarificar relaciones entre individuos, grupos o la sociedad en su conjunto. En consecuencia con ello, si se toca el campo de lo político y su concepción, obligadamente se cae en el análisis de otro concepto, es decir, el concepto de política.

Al respecto, Carl Schmitt (Citado por y ^{Arditi, 1995}, ^{Mouffe, 2007} y ^{Retamozo, 2009}), define lo político a partir de la conflictividad que se supone como parte intrínseca de la humanidad, lo cual implica la distinción entre amigo y enemigo y por tanto identidades políticas opuestas, mismas que Mouffe (2007) además las tipifica como excluyentes pero necesarias. Aparte de la conflictividad como constitutivo de lo político, Mouffe incorpora la noción de lo hegemónico dado que este instituye el orden que impone una forma de estructurar las relaciones de poder, la hegemonía política en la relación de conflicto excluye a una de las partes y establece el dominio de la otra.

La hegemonía no necesariamente representa la negación del otro, sino que la relación amigo/enemigo puede convertirse en nosotros/ellos y si el otro se observa como legítimo, se asume como adversario y aunque el conflicto no se resuelva, se legitima y se evita la destrucción de la asociación política. En este sentido, lo político puede identificarse como conformador del orden social en la medida en que el conflicto lleva al establecimiento de hegemonías que pueden constituir relaciones sociales diferentes con determinados sistemas políticos.

Al entender lo político en esta perspectiva, es posible visualizar que este campo es dinámico y registra cambios continuos en función de las fuerzas y los poderes que dialécticamente se unen y separan para poder mantenerse, de esta manera, el conflicto es la base constitutiva de lo político y las relaciones políticas son de fuerza y poder, entendiendo la primera como la capacidad de imponer algo y el poder como la capacidad de estructurar el campo de acción de otros, (^{Arditi, 1995}).

Un individuo o grupo de individuos se transforman en enemigo de otro u otros cuando se convierten en obstáculo o resistencia para alcanzar los objetivos o propósitos de otros individuos, emergiendo los conflictos por el dominio de lo social y con ello lo político, el tratar de resolver el conflicto hace que emerja la política, misma que como lo señala Klasewits (citado por ^{Arditi, 1995}), consiste en controlar la fuerza y capacidad del adversario, lo que lleva a plantear que la política instituye un orden para reducir la amenaza de lo político.

En sus planteamientos, Schmitt considera que la forma de resolver los conflictos en la sociedad es a través del establecimiento del Estado que por decisión social obtiene el poder y la fuerza para dirimir conflictos que en forma individual no es posible hacerlo, esto origina la idea de que el Estado se convierte en el ente capaz de realizar la práctica política por excelencia, sin embargo, en la sociedad los conflictos en ocasiones van más allá de las relaciones con el Estado y pueden desencadenarse entre grupos de la misma sociedad a escalas incluso de guerra civil.

El surgimiento, legitimización y aceptación del Estado por parte de la sociedad y el conjunto de instituciones que lo integran, otorga el carácter público a la práctica política que realiza y carácter de gobierno a sus acciones, diversos autores coinciden en que no existe un concepto terminado de política pública, sin embargo, existen algunos construidos como el que plantea Peters (1982), (citado por ^{Pallares, 1988} p. 142-143) que señala que las políticas públicas son "el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada, sobre la vida de los ciudadanos".

Para alcanzar los objetivos, las políticas públicas cuentan con instrumentos que según Peters (1982), son: las normas jurídicas, los servicios, los recursos materiales, -principalmente financieros-, y la persuasión. Es importante señalar que las normas jurídicas son los instrumentos propios del Estado, dado que se quedan fuera del alcance de otras instancias como el sector privado o los individuos.

En este contexto se enmarcan las reformas estructurales, que como instrumento de política pública tratan de resolver conflictos derivados del proceso histórico constructor de la realidad social y que cristaliza la actuación de grupos sociales donde se observan múltiples relaciones amigo/enemigo, en ámbitos de clases sociales, pobreza, producción y distribución de riqueza, lucha por el poder económico y por el poder político, en escalas que van desde lo local, regional, nacional, hasta lo internacional.

El proceso histórico de la sociedad mexicana que como resultado arroja la situación que se vive en la actualidad, está plagado de conflictos de diversa magnitud que en su momento han determinado el orden social, desde la guerra de independencia y la revolución mexicana como conflagraciones que han modificado de fondo las estructuras económicas, sociales, políticas, institucionales y culturales hasta los grandes movimientos estudiantiles, indígenas, sindicales y de otros grupos sociales que han tenido por objeto la modificación del orden social que no ha sido capaz de responder a las necesidades de todos los mexicanos, de cada conflicto importante, ha surgido un momento político que a través de las políticas públicas traducidas en reformas -algunas coyunturales y otras estructurales-, se han tratado de resolver, sin embargo, como se mencionó con anterioridad, en algunos campos como lo económico las reformas planteadas e instrumentadas como política pública no han tenido los resultados esperados.

Globalización y reformas estructurales en México

El orden social prevaleciente en cada momento histórico puede tener características y requerimientos diferentes, hoy en día la etapa en que se encuentra el desarrollo del capitalismo mundial puede decirse que es un orden social hegemónico, desde la perspectiva adversarial planteada por Schmitt y analizada por Mouffe, la dualidad dialéctica se define prácticamente cuando cae el muro de Berlín y el enemigo del capitalismo llamado socialismo entra en debacle, creándose así en lo político un nuevo orden social a escala mundial donde prevalecen las reglas del libre mercado con basamento teórico en la corriente neoliberal.

Este orden social ha alcanzado un nivel global, mismo que establece relaciones que determinan nuevas estructuras entre personas y países. La globalización neoliberal, tiene como lineamiento filosófico el consenso de Washington y la hegemonía de los países económicamente más poderosos de la tierra, sometiendo a sus intereses y decisiones al resto de los países. Los clubes como el G3, G8 y el G20 entre otros, reflejan la integración de amigos/enemigos, la toma de decisiones de alcance mundial finalmente se lleva a cabo por estos pequeños grupos, diseñando e instrumentando políticas para mantener el conveniente orden económico y social.

Los contextos cambian, en México se vivieron años de auge económico desde 1941 a 1970 donde el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue del 6.37% (Figura 1) registrándose en 1964 crecimiento de más de 11%, en la época conformada por el periodo de los años 1954 a 1970, después de una devaluación del peso frente al dólar, siguió un periodo de estabilización en el tipo de cambio y en los precios, acompañado de un crecimiento económico general de alrededor del 7% anual y per cápita de hasta un 3.4%, característica que otorgó el nombre de Desarrollo Estabilizador al modelo de conducción de la política económica.

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{Ramales, 2010}.

Figura 1: México: tasa de crecimiento económico (%) 1941-1970. 

En este periodo el Estado tuvo gran influencia en la economía con intervención decidida y abundante, con políticas públicas que otorgaron condiciones favorables a la acumulación de capital, la inversión, la producción agrícola e industrial, controlando las organizaciones obreras y de trabajadores burocráticos, no se gravaban en exceso las utilidades, el proteccionismo a la competencia del exterior se sostenía en cargas arancelarias, tarifas y controles, también surgieron un buen número de empresas públicas, se subsidiaron diversos productos de consumo y se controlaban los precios de productos básicos, existían precios de garantía para la producción primaria, se apoyó con créditos, almacenamientos y asistencia técnica a los productores.

Durante el periodo de 1970 a 1982 se observó un crecimiento económico promedio de 6%, que empezó a descender, a pesar de que durante los años 1978, 1979 y 1980 se registra una tasa de crecimiento de 8.2%, 9.1% y 8.3% respectivamente, se presentó un desplome hasta -0.55% en 1982. El crecimiento económico alto se explica por el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros y la repercusión de este hecho ante organismos financieros internacionales que favorecieron con créditos mayores para el país. (Figura 2).

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{Ramales (2010})

Figura 2: México: tasa de crecimiento económico (%) 1971-1982. 

Los instrumentos de política pública utilizados por el gobierno mexicano fueron principalmente de carácter financiero, disponiendo de los grandes créditos garantizados por la renta petrolera, situación que se convirtió en conflictos de índole económica al registrarse déficit fiscal, déficit comercial y un volumen de deuda externa difícil de manejar, iniciando el penoso camino de las crisis presentes en 1976 al final de la administración de Luis Echeverría y 1982 al final del mandato de José López Portillo.

Es a partir de 1982 cuando se inicia con la estrategia abierta hacia la incorporación a los planteamientos y recomendaciones del neoliberalismo como alternativa a la experiencia fallida de la intervención estatal en la economía. Los organismos financieros con sede en la ciudad de Washington D.C. de Estados Unidos, encabezados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, condicionan la renegociación de la deuda y el otorgamiento de créditos nuevos al establecimiento de los lineamientos neoliberales, modificando relaciones entre los agentes económicos, sociales y políticos, emergiendo nuevos conflictos que modifican el campo político mexicano y por tanto surge la necesidad de modificar las políticas públicas dando origen a reformas estructurales para la construcción de un nuevo orden social alineado a nuevos intereses bajo los objetivos nacionales de estabilidad y crecimiento económico.

La inserción de la economía mexicana a la globalización neoliberal inicia con una modificación de la política económica, planteándose como principales instrumentos los programas de estabilización y ajuste y las reformas estructurales de primera y segunda generación que en sus objetivos además de volver a la estabilidad y crecimiento económicos incorporan el concepto de la modernización de la estructura económica para mejorar la productividad y competitividad necesarias en el contexto global del capitalismo.

La crisis del modelo de sustitución de importaciones basado en el paradigma keynesiano cristalizada en las dificultades económicas en 1982, hace posible el surgimiento de nuevos sujetos políticos o nuevos roles de los existentes, los inversionistas privados recuperan los espacios perdidos y el sector externo es determinante, el decálogo del neoliberalismo contenido en el Consenso de Washington, establece la receta que dice (^{Martínez y Reyes, 2012}):

Estos lineamientos de política económica se instrumentaron mediante la aplicación de los programas de ajuste, surgiendo el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), Programa Extendido de Reordenación Económica (PERE), Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), Pacto de Solidaridad Económica (PSE) y el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE), en los que se establecen las nuevas reglas del juego en cuanto a la intervención estatal y del sector privado en la economía, planteando las pautas para el saneamiento fiscal, liberalización comercial y liberalización financiera como objetivos fundamentales, constituyéndose así la primera generación de reformas estructurales. (^{Trejo y Andrade, 2013}).

La instrumentación y resultados de las reformas estructurales en México

En la instrumentación de la primer generación de reformas estructurales, la reforma fiscal se realizó con el propósito de sanear las finanzas públicas y buscar solventar el problema de deuda externa, reduciendo los gastos y subsidios en diversos rubros, principalmente en el sector productivo y el ámbito social, se liberaron los precios de bienes y servicios y se inició con el proceso de privatización de empresas públicas, desde aquellas que arrojaban resultados financieros negativos hasta las más productivas y de presencia en el mercado internacional, en 1994, según ^{Trejo y Andrade (2013}), solamente quedaban el 18% de las empresas públicas existentes al inicio del proceso de reformas.

La liberalización comercial tuvo su arranque a partir de la adhesión de México al Acuerdo General de sobre Comercio y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés), que dio la pauta para realizar las modificaciones al marco jurídico que como resultado llevó a la baja el arancel promedio, de más del 50% a menos del 10% (^{Trejo y Andrade, 2013}), lo que sin duda modificó la estructura de la planta productiva del país, desapareciendo muchas empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, surgiendo en la escena productiva mexicana las empresas trasnacionales. De esta manera, la economía mexicana pasó de ser una de las más cerradas a otra con una apertura comercial donde solamente el 3% de las importaciones quedaron sujetas a aranceles o permisos, situación que se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN) en 1994. A la fecha, alrededor del 80% del comercio internacional se lleva a cabo con Estados Unidos de Norteamérica lo que ha generado una marcada dependencia de la economía mexicana a la Estadounidense.

En el ámbito financiero, la pauta seguida fue la privatización de la banca, autonomía a la banca central, liberalización de las tasas de interés lo que representó implantación de las fuerzas del mercado en este ámbito.

Las medidas derivadas de las reformas estructurales de primera generación se orientaron enfáticamente al control de la inflación, controlar el déficit fiscal y atender la presión de la deuda externa, aspectos que se cumplieron de manera significativa, sin embargo, el crecimiento económico continuó siendo una asignatura pendiente de aprobar, generando la necesidad de profundizar en la aplicación de reformas estructurales con mayor fuerza en la apertura comercial, participación de la inversión extranjera en la economía nacional y la búsqueda de la competitividad global, llevando naturalmente a las reformas estructurales de segunda generación.

En la segunda etapa de reformas estructurales se diseñaron programas de corto plazo tales como el Pacto para el Bienestar y Crecimiento Económico (PBEC), Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), Programa para reforzar el Acuerdo de Emergencia Económica (PRAUSEE), entre otros, cuyos objetivos primordiales redundaban en el crecimiento económico a largo plazo, pero buscando la estabilidad económica necesaria a partir de los problemas derivados de las crisis de 1994 y las posteriores de 2001, 2003 y 2008, esta última de gran magnitud y de alcance global. (^{Trejo y Andrade, 2013}).

Los resultados en materia de crecimiento económico de la instrumentación de las política económica contenida en las reformas estructurales de primera y segunda generación en México, son muy claros y muestran insuficiencia sostenida para las necesidades del país, según ^{Ramales (2010}), durante el periodo 1983 a 2007, el crecimiento promedio anual fue de 2.54%, muy por debajo de la inflación y a partir de 1996 poco más de medio punto porcentual hasta llegar a 1.34%, el crecimiento per cápita promedio anual ha sido de apenas el 0.35% (Figura 3).

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{Ramales (2010})

Figura 3: México: tasa de crecimiento económico (%) 1983-2007. 

Una de las grandes preocupaciones en el diseño de la política económica ha sido el control de la inflación, renglón en el que las reformas estructurales han encontrado su mejor campo de resultados, estabilizando el indicador tal como se muestra en el Figura 3, pasando de tasas de más del 100% en los años ochenta a cifras de un dígito a finales de los 80's, en el gráfico se alcanza a apreciar los efectos de la crisis de 1994.

Fuente: Elaboración propia con datos de ^{Ramales (2010})

Figura 4: México: tasa de inflación (%) 1971-2006 

Coincidiendo con ^{Trejo y Andrade (2013}), las reformas estructurales tuvieron ciertos efectos de estabilización en el tipo de cambio con algunas variaciones, particularmente en los periodos de crisis en los que se convirtió en causa y efecto de las mismas, así como en la entrada de capital extranjero en cartera financiera especulativa, que también tuvo repercusiones en la conformación de las crisis y las tasas de interés que en principio marcaron tendencia a la baja con algunas fluctuaciones -sobre todo la referencia de los Certificados de la Tesorería de la Federación-, aunque otros instrumentos mantuvieron tasas altas que limitaron el flujo de capital al sector productivo y por tanto también limitó al crecimiento económico.

Adicionalmente a estos resultados, es importante hacer notar que definitivamente el efecto de las reformas estructurales de primera y segunda generación no han tenido los efectos esperados en la disminución de la disparidades sociales, por el contrario, éstas se han agravado registrándose marcado crecimiento de la pobreza en grandes sectores de la sociedad. Un país con más de 53 millones de pobres de los cuales más de 10 millones se encuentran en pobreza extrema, no tiene motivos de orgullo en su desempeño económico y social. (Figura 4).

Por el contrario, la sociedad se convierte en campo fértil para el crecimiento de la delincuencia organizada, siendo la población joven presa fácil para ser reclutados por los cárteles delincuenciales debido a la carencia de alternativas para vivir dignamente en actividades legales, si a esto se le suma la corrupción y la impunidad, el problema se agrava y se refleja en la gran cantidad de conflictos que existen en estados de la República como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca, entre los más evidentes, sin que esto quiera decir ausencia de conflictos de esta naturaleza en el resto del país.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL)

Figura 5: Evolución de la pobreza en México 2008-2012 (miles de personas) 

Efectos de las reformas estructurales en el turismo

Los efectos de la primera y segunda generación de reformas estructurales en el turismo, se observan de la siguiente manera: Primeramente, al igual que lo ocurrido a nivel mundial, el número de llegadas internacionales se ha incrementado de manera sostenida durante el periodo de 2004 a 2013, solamente durante la crisis de 2008-2009, se registra una baja para luego volver a la recuperación, (Figura 5), este fenómeno traducido en demanda y necesidades de los turistas explica el crecimiento de la inversión tanto en infraestructura como en planta turística, así lo demuestra el comportamiento de la formación bruta de capital durante el periodo 2003 al 2012 que muestra una tendencia sostenida a la alta en la información mostrada en el Figura 6.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Satélite de Turismo, INEGI.

Figura 6: Formación bruta de capital en el turismo (millones de pesos de 2008) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México

Figura 7: México. Ingresos por concepto de viajeros internacionales 1994-2013 (miles de dolares). 

En consecuencia, los ingresos por turismo internacional se ha visto incrementado (Figura 7), sin embargo, la participación del turismo en el Producto Interno Bruto Nacional se ha estancado a lo largo del periodo 2003-2012, inclusive se ha visto disminuida, lo que significa que en términos de generación de riqueza el turismo no ha tenido excelentes resultados pasando del 9.52% en 2003 al 8.54% en 2012. (Figura 8).

Fuente: Elaboración propia con datos de las Cuentas Satélite de Turismo (INEGI)

Figura 8: México: Participación porcentual del Turismo en el PIB Nacional 2003-2012. 

La inseguridad social originada por las prácticas de la delincuencia organizada ha afectado los flujos de turistas hacia algunas regiones del país, incluso México salió del top ten de los países más visitados en el mundo en el año 2012, sin embargo, las facilidades que otorga el turismo para movilizar capital e incluso la posibilidad de ser utilizado como mecanismo de lavado de dinero, por la dificultad que implica el control de muchas de las actividades económicas que involucra, ha permitido su crecimiento, manteniéndose como una alternativa para lograr el crecimiento económico en diferentes regiones del país.

Las reformas estructurales de tercera generación

Los resultados de las dos primeras generaciones de reformas estructurales en México, han resultado muy poco efectivas en el tan esperado crecimiento económico con estabilidad y por supuesto en el nivel de vida de la población. Es por ello, que se hace necesario continuar profundizando en la búsqueda de los caminos que hagan posible alcanzar las metas de producción y distribución de la riqueza necesaria para la sociedad mexicana.

Ante esta situación se inicia un proceso de negociación entre las fuerzas políticas más importantes de México con el propósito de sentar las bases para el diseño e instrumentación de las reformas estructurales de tercera generación, impulsando por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto la creación del "Pacto por México", cuya pretensión inicial fue la de construir un nuevo camino de acuerdos en lo político, económico y social que permitan el crecimiento económico con todas las implicaciones inherentes.

De esta manera, el problema de crecimiento económico y los aspectos relevantes de la sociedad se llevan al campo de lo político, lo que significa una nueva forma de abordaje en la búsqueda de resultados efectivos. El Pacto por México se sintetiza en cinco grandes apartados a saber: 1. Sociedad de derechos y libertades, 2. Crecimiento económico, empleo y competitividad, 3. Seguridad y justicia, 4. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y; 5. Gobernabilidad democrática.

De estos cinco grandes apartados se desprenden 11 reformas estructurales en las que se operativizan las metas propuestas, convirtiéndose en la política central para el desarrollo económico y social de la administración federal actual, las reformas que conforman esta tercera generación son:

Cada una de estas reformas obedecen a problemáticas y objetivos particulares, sin embargo, las primeras seis tiene relación directa con aspectos económicos que en suma vienen a fortalecer la posición neoliberal del país en el contexto internacional, en gran medida, buscan la participación más activa del sector privado nacional e internacional en los sectores que faltaban de incorporarse a la apertura y la privatización.

La reforma energética es la considerada como la más importante en este nuevo proceso y sobresale por la importancia que reviste al crear las condiciones para la que la inversión privada pueda participar en la actividad petrolera y en la generación de energía eléctrica, la reforma en telecomunicaciones igualmente propone la apertura de nuevos participantes en este mercado, particularmente en telefonía celular, televisión digital y en especial, en el uso de la banda ancha. La reforma en competencia económica es congruente con el principio económico clásico liberal de promover la competencia como fuerza del mercado en todos los sectores económicos, rompiendo con los monopolios en general, es decir, el principio de la "mano invisible" de Adam Smith, como rector de la economía.

Por su parte, la reforma financiera se concibe como un instrumento de política económica, que apuntale al crecimiento a través de la expansión del crédito tanto de instituciones de desarrollo como de instituciones privadas, modificando las condiciones de operación crediticia para incrementar el acceso a fuentes de financiamiento por un número mayor de población, para fortalecer el consumo y la inversión. El diseño de la reforma hacendaria, se sintetiza en la búsqueda de incrementar los recursos para apoyar la dinámica de intervención del gobierno federal para impulsar el crecimiento económico y atender aspectos básicos del desarrollo social como son educación, salud y seguridad social, según el planteamiento reformista, contempla también el manejo racional de las finanzas públicas, administrando el déficit fiscal estimado para cumplir con los objetivos de desarrollo propuestos por el gobierno federal.

La reforma laboral orientada fundamentalmente por las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo prioritario normar el mercado laboral de tal manera que se estandaricen prácticas y sean acordes a las existentes en los países con los que México tiene relación económica en materia de inversión y comercio, de tal manera, que la fuerza de trabajo mexicana encuentre mayor "competitividad" en el plano internacional e incentive el establecimiento de nuevas empresas en el territorio nacional.

Uno de los aspectos verdaderamente estructurales que influyen en el desarrollo de la sociedad es la educación de la población, es por ello, que una reforma educativa con miras a crear las condiciones para otorgar una educación de calidad acorde a las necesidades actuales es de vital importancia, sin embargo, la reforma planteada en esta materia por el gobierno federal aún no toca cuestiones claves como el modelo educativo y los contenidos en los programas utilizados actualmente, es por ello, que muchos analistas consideran a esta reforma como un principio de evaluación y control laboral para los profesores -lo que sin duda es importante-, más que un proceso de mejoramiento estructural de la educación contando así con limitaciones para cumplir un verdadero cambio en el nivel educativo de los mexicanos.

La parte política de las reformas estructurales se expresa en las modificaciones constitucionales que dieron origen al código nacional de procedimientos penales, la ley de amparo, la reforma política electoral y las reformas en materia de transparencia, reformas que pretenden otorgar certidumbre jurídica en materia de procedimientos penales al evitar legislaciones contradictorias y diversas mediante la aplicación de códigos penales específicos en las diferentes entidades federativas del país, garantizar los derechos humanos de los ciudadanos al momento de aplicar justicia y transparencia en los procesos electorales y el uso de los recursos públicos.

Es claro que un proceso de cambio estructural requiere de tiempo para que los resultados se muestren, sin embargo, por lo que históricamente se ha registrados con la instrumentación de las reformas estructurales anteriores continúa la duda si ahora con las reformas de tercera generación serán positivos, más aún si se observa que para el crecimiento económico las posibilidades han sido estimadas a rangos de recuperación, pero la realidad es otra, el crecimiento del PIB en 2013 fue de sólo el 1.3% y para 2014 alcanzó la cifra de 2.1%, este último incremento muy lejos del 3.9% estimado por el gobierno federal.

La situación se agrava si se analizan las estimaciones de crecimiento para el año 2015 y se contemplan las expectativas del comportamiento de la economía mundial que es un factor determinante, en este contexto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en el mes de octubre de 2014 que el crecimiento del PIB en México sería de 3.5% para 2015, bajando su estimación en el mes de julio del presente año (2015) a 2.4% marcando una gran diferencia de 1.1% menos. Por su parte el Banco Mundial (BM), estimó el crecimiento de la economía mexicana para este año en 2.9%, (^{FMI, 2014}; ^BM,2015).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por su parte en el mes de septiembre de 2014 al entregar el paquete económico a la Cámara de Diputados, señaló una estimación de crecimiento para 2015 del 3.7%, -por cierto, muy optimista-, bajando las expectativas en mayo del presente año a un rango del 2.2 al 3.2%, en tanto el Banco de México (^{BANXICO, 2014}), en el mes de noviembre de 2014, bajó la estimación de crecimiento para 2015 de un rango de 3.2 a 4.2% a otro entre 3 a 4%, para luego en mayo bajar aún más a un rango de entre 2 a 3%, (^{Aristegui, 2015}, ^SHCP,2015 y ^{Carstens, 2014}).

Por otra parte, el dato más preocupante es el recientemente publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (^{CONEVAL, 2015}) donde se manifiesta que la pobreza en México se incrementó de 2012 a 2014 en 3.7% al pasar de un total de 53.3 millones de personas a 55.3 millones, lo que significa mayor desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los mexicanos.

En lo que respecta al turismo, si bien es cierto que el país en el año de 2013 no se encontraba entre los 10 destinos internacionales más importantes del mundo, para 2014 vuelve a la posición número 10 con un total de llegadas internacionales de 29.1 millones de visitantes (OMT, 2014 y 2015), sin embargo, su participación en la generación de riqueza no se ha incrementado. En este campo las reformas estructurales posiblemente tengan un mayor impacto, dado que la reforma laboral favorece las condiciones para que las grandes empresas turísticas internacionales puedan aprovechar las necesidades de la población mexicana para contratar mano de obra barata, que por demás se ha discutido y señalado que el turismo masivo genera empleo de baja calidad. Este factor aunado a las modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los extranjeros puedan adquirir propiedades en lo que antes se consideraba zona restringida en las costas del país, quizás favorezca al movimiento de capitales.

El futuro cercano es incierto y pone en tela de juicio los efectos positivos de la reformas estructurales de tercera generación, se llevó a cabo un recorte del gasto público del orden del 0.7% del PIB para este año 2015, lo que contraerá la inversión pública y afectará el crecimiento económico previsto, se contempla que en 2016 se realizará otro ajuste presupuestal, todo ello derivado de la caída de los precios internacionales del petróleo en alrededor de 50% que ha reducido sustancialmente los ingresos públicos, este fenómeno ha reducido también las posibilidades de inversión privada en el sector energético que preveía la reforma estructural correspondiente, ya que los capitalistas observan riesgos en el sector petrolero, (^{Zuckerman, 2015}), mismo que se incrementa con la incorporación de Irán a la producción mundial que sin duda incrementará la oferta de petróleo crudo de manera significativa, presionando al precio internacional a la baja y quizás manteniéndolo así por mucho tiempo.

En este mismo sentido del entorno internacional, la volatilidad de los mercados financieros en la zona Euro producida por los problemas económicos de Grecia y otros países, la recuperación lenta de la economía estadounidense y la ralentización de la economía China, aumentan la incertidumbre en el devenir económico nacional, a esto se le suma el posible incremento de las tasas de interés por la Reserva Federal de Estados Unidos para el mes de septiembre de 2015.

Además la deuda pública ha crecido en más de un 5% en 2013 y 2014, incrementándose en el orden de 1 billón 556 mil millones de pesos.

En la parte política, los sucesos derivados de la instrumentación de la reforma educativa con el grupo disidente de profesores, el dispendio y la corrupción a los más altos niveles, producen un ambiente poco propicio para continuar con la transición a la democracia, el establecimiento de nuevos acuerdos o pactos y la mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones relacionadas con la promoción del desarrollo. La insuficiente gobernabilidad expresada en la presencia fuerte del crimen organizado, infiltrado en los diversos órdenes de gobierno provoca inseguridad y conflictos por el uso de la fuerza del ejército en tareas de seguridad pública que poco han resultado, la fuga del narcotraficante Joaquín Loera Guzmán de un penal de máxima seguridad es un indicador de todo ello.

El pacto por México arrojó resultados poco favorables en las elecciones del mes de julio de este año 2015 para los partidos políticos de oposición, lo que dificulta la posibilidad de volver a contar con un acuerdo político que permita tomar decisiones de alta envergadura.