Introducción

En el actual contexto de agudización de la crisis de los cuidados, durante la pandemia el polo comunitario emerge nuevamente como una respuesta alternativa en Latinoamérica y por ende, también en Uruguay. Si bien permite la organización solidaria y autogestionada -de personas vecinas, ONG, grupos, etc.- al mismo tiempo, se encuentra fragmentado en experiencias informales, en las cuales se destaca el rol protagónico de las mujeres en las ollas populares y merenderos vecinales -en tanto iniciativas de participación comunitaria y de promoción del cuidado comunitario- para dar respuesta a la emergencia alimentaria-. Estas iniciativas develan el cruce de múltiples desigualdades sociales, de género, culturales y territoriales y de omisión de políticas públicas por parte del Estado.

El concepto de comunidad resulta polisémico y posee largos desarrollos y debates teóricos, lo que imposibilita un consenso total al respecto. Si bien, la literatura retoma las contribuciones del Tercer Sector a la hora de revertir «riesgos sociales» aún no alcanza para captar la diversidad cultural de las experiencias que se dan en la esfera comunitaria, siendo este un contexto propicio para la indagación y comprensión de los procesos colectivos (^{Vega y Martínez Bujan 2017}).

Con el avance de valores neoliberales «lo común» y «la comunidad» no serían materia relevante para las sociedades modernas. Aun así, las experiencias de cuidado comunitario comienzan a presentarse como formas alternativas a lo público, lo familiar y lo privado (^{Vega, Martínez y Paredes 2018}).

Esta reflexión teórica surge en el marco del proyecto de investigación (^{DCSH 2021, 1}): «Mapeo de acciones para atender a la emergencia alimentaria y social de Maldonado desde la perspectiva de las personas participantes de ollas populares», del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas (DCSH) del Centro Universitario Regional del Este (CURE), de la Universidad de la República, (UDELAR) Uruguay. El cual, se propone profundizar acerca de la comprensión de las dinámicas de organización social del cuidado, al poner el foco en las intervenciones comunitarias que se vinculan a la seguridad alimentaria, desde una perspectiva de integralidad y de la reproducción de la vida en las contingencias actuales.

La perspectiva teórica de este trabajo incorpora miradas complementarias interdisciplinarias como: la sociología, antropología y economía del cuidado (^{Acosta 2013}, ^{Arriagada 2009}, ^{Batthyány 2009}, ^{Gonzálvez 2016}, ^{Picasso 2018}, ^{Vega Martínez y Paredes 2018}, ^{Rico y Robles 2017}, ^{Zibecchi 2014}), la cuales conciben al cuidado como una función social, un bien público y un derecho básico, sin el cual no es posible concebir la reproducción social de la vida. Bajo esta concepción, se retoma el enfoque de la organización social de los cuidados (^{Arriagada 2009}, ^{Carrasco, Borderias y Torns 2011}) en presupuestos teóricos de la economía feminista y lo común (^{Federici 2012}, ^{Gutiérrez, Navarro y Linsalata 2016}, ^{Martínez Buján 2019} - ²⁰²⁰, Martínez-Buján y otros 2021, Martínez Buján y Vega 2021, ^{Pérez-Orozco 2014}).

Es importante resaltar el peso de lo comunitario y la forma en que el sostenimiento diario depende de redes, vínculos y espacios, más allá del ámbito doméstico-familiar; es así que el presente artículo se propone reflexionar sobre los procesos iniciados en ollas populares y merenderos, como respuesta a la inseguridad alimentaria, acentuada por la pandemia y las medidas de mitigación que fueron iniciativas de grupos de sectores vecinales implementados en en el Departamento de Maldonado ^[2], entre 2020 y 2021.

En síntesis, se ilustran algunos vacíos y nodos teóricos que posibiliten mecanismos de reflexividad en relación a las «nuevas necesidades», sentidos y significaciones de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, enfocadas a la seguridad alimentaria en el departamento de Maldonado, para el análisis de las prácticas que propendan al fortalecimiento de derechos, la solidaridad, el cuidado comunitario y las potencialidades de construcción de «lo común», sus tensiones, contradicciones y desafíos.

Enfoques teóricos, aproximaciones y tensiones hacia «lo común»

A continuación, se presentan dos enfoques teórico-filosóficos sobre «lo común», los cuales se consideran relevantes para la construcción de un marco comprensivo de dicha terminología. El primero, el enfoque sustancial implica asumir a «lo común» como algo posible de ser hallado, construido o rechazado. En el segundo, lo común insustancial es presentado por ^{Esposito y Ruiz (2013)}, como algo irrealizable, que conflictúa la posibilidad de apropiarse de «lo común» en oposición a lo social que tiende a la individualización del sujeto y sus relaciones. Dichos autores, continúan con el análisis etimológico de la palabra «communitas», proveniente del latín, y que se corresponde al adjetivo communis, donde el cum refiere a lo común, es decir, lo que no es propio. «El Cum» es lo que posibilita el ser-en-común, porque, el cum, no está dentro de nadie, convoca a todos al afuera, donde se establece la relación. La pluralidad y la diferenciación se da en este lugar común, donde se manifiesta todo lo que no es propio ^[3], todo lo que no le pertenece a la persona.

El desarrollo conceptual que problematiza la noción de comunidad excede a lo que pueda ser presentado en este trabajo. Sin embargo, interesa señalar la particularidad de que ese posicionamiento teórico niega la existencia de la comunidad en tanto esta se presenta como «la suma de varias propiedades en un conjunto mayor que a una de sus partes» (^{Rettich 2016, 10-11}). Continúa Rettich siguiendo las propuestas de Espósito, que «la comunidad se define como la sustracción de la propiedad de esas unidades que no las deja ser justamente indivisibles, individuales» (^{2016, 10-11}).

La tensión entre lo individual y lo común se vuelve central al momento de realizar un análisis crítico sobre las condiciones de emergencia social y sanitaria que se desprenden de la crisis sanitaria por COVID-19 en Uruguay, a partir del año 2020, y, en concreto, en el Departamento de Maldonado. La reacción social ante el avance de las políticas neoliberales ^[4] que acompañan el desarrollo de la crisis, donde se presentan la privatización de la vida y la precariedad de las relaciones sociales como efecto del obligado distanciamiento, impulsan nuevos modos de relacionamiento que buscan separarse de las formas mercantiles de propiedad que dominan en el neoliberalismo, determinando lo que ^{Massimo De Angelis (2013)} nombra como «modos alternativos de producción de la vida» (^{Draper 2018, 167}).

Lo común emerge implicando relaciones sociales que se resisten a ser mercantilizadas, y que se manifiestan en el espacio público, poniendo en escena diferentes tensiones que se dilucidan a la hora de analizar lo común y la reproducción de la vida. Estas tensiones se deben, entre otras cosas, a poner en escena asuntos domésticos (de la vida privada) en el escenario común (en la vida pública) ^[5]. Este interés, socialmente determinado, sitúa a las mujeres en una búsqueda por lo común para atender asuntos de la vida doméstica (principalmente a partir de movimientos de izquierda que tienen lugar a fines del siglo XX), permitiéndoles sortear los intereses de los mercados o los vaivenes del Estado (que está íntimamente relacionado con el mercado, ya sea para liberarlo o para incidir sobre este), lo que presenta otra tensión, tal como señala ^{Ezquerra (2013)}, la de actuar en lugar del Estado. Lo común, en este sentido, reproduce la misma división socio-genérica, donde las mujeres se vuelven las principales impulsoras de los espacios públicos-comunitarios, tal como lo son las ollas. ^[6]

Las acciones alimentarias que tienen lugar en lo común, emergen en las crisis económicas^[7] y luego perduran en el espacio y en el tiempo. Otra tensión que resulta conveniente resaltar es la elección de lo común en oposición a la situación de emergencia. Es así que, la reivindicación de lo común ocupa la agenda desde los noventa para anarquistas, marxistas, ecologistas y feministas (^{Ezquerra 2013}), lo que permite presentar una alternativa a la dicotomía mercado-Estado como responsable del alimento. Esto se visualiza en las iniciativas alimentarias en el marco de la emergencia social, económica y alimentaria, como acciones donde se entrecruzan diferentes sentidos, significados y discursos sobre lo común.

Organizar el espacio común para la obtención del alimento forma parte de iniciativas que no solo se presentan en condiciones de emergencia, sino que se manifiestan como efecto de relaciones sociales que buscan un beneficio a partir de la substancialización de lo común ^[8].

Abordajes conceptuales de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación en la región

En este tercer apartado se presentan algunos abordajes conceptuales de la seguridad alimentaria como punto de partida, esto para la articulación teórica y comprensión del fenómeno en cuestión.

La alimentación como objeto de análisis e investigación ha adquirido, a lo largo de los años, gran relevancia en ámbitos académicos. Alude a los modos de vida de la población, siendo crucial para su reproducción individual y social. Se conceptualiza como un fenómeno social complejo y multidimensional que involucra diversos aspectos para su abordaje (^{Aguirre 2004}, ^{De Garine 2008}, ^{Garcia Arnáiz 2008}).

Por un lado, la dimensión biológica se refiere a las necesidades y capacidades del organismo y a las características de los alimentos. Asimismo, una dimensión ecológica-demográfica referida a la cantidad y a la calidad que se pueden producir en un lugar determinado en relación con la población. También se sumaría la dimensión tecnológica-económica referida a los circuitos de producción y distribución para el acceso de la población a través del mercado, del Estado o de las redes de ayuda, y, por último, la sociopolítica y cultural referida a las normas de distribución según la clase, la edad y el género y según tipos de comidas en función de las diferentes ocasiones a transitar (^{Naciones Unidas 2010}).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), existen más de 1.000 millones de personas en situación de desnutrición en el mundo. Se estima que 2.000 millones de personas carecen de vitaminas y minerales esenciales en sus alimentos y casi 6 millones de infantes mueren todos los años de malnutrición o enfermedades conexas. Quienes sufren de hambre y malnutrición poseen pequeños trozos de terreno o son personas sin tierra, en su mayoría mujeres y niñas. El 90% son víctimas de la falta de acceso a una alimentación adecuada en forma crónica y en el largo plazo (^{Naciones Unidas 2010}).

El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Lo amparan, asimismo, tratados regionales y constituciones nacionales. Además, el derecho a la alimentación de algunos grupos tales como infantes menores de cinco años y en edad escolar, personas subalimentadas y poblaciones rurales, han sido reconocido en varias convenciones internacionales. En la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000, los Estados se comprometieron a reducir a la mitad, para el año 2015, el número de personas que padecieran hambre (^{Naciones Unidas 2010}).

En 2004, la FAO aprobó las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada (DAA) en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, dando orientación práctica a los Estados en su aplicación. Este derecho junto a otros derechos básicos es decisivo para «garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado» (^{FAO 2005, 1}), si se observa cada país la institucionalidad, legalización y generación de políticas para garantizar el DAA varía, en dónde Bolivia, Ecuador, Honduras, México y Uruguay se posicionan mejor respecto de otros países Latinoamericanos ya que consagran el DAA en su Constitución Nacional (^{FAO 2005}).

El concepto de seguridad alimentaria está definido como el derecho de todas las personas en todo momento al acceso físico y económico a alimentos inocuos, nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias a fin de llevar una vida sana (FAO 2001). Esto supuso el reconocimiento de la causalidad estructural del problema y la necesidad de soluciones intersectoriales. Tal concepto es utilizado a partir de 1974, por la FAO, donde se define como un derecho, retomando los documentos internacionales que reconocen la alimentación como derecho. La seguridad alimentaria abarca la disponibilidad de oferta de alimentos a nivel nacional o local. El acceso a los recursos con los que cuentan los hogares (por ejemplo, financieros, físicos) para adquirir una cantidad apropiada de alimentos. La utilización de alimentos de calidad y la estabilidad de acceder constantemente a cantidades adecuadas de alimentos sin fluctuaciones de los precios ni escasez (^{Banco Mundial 2019}).

Uruguay es un país reconocido en Latinoamérica por los esfuerzos realizados en las últimas décadas en materia de seguridad alimentaria, en la actualidad cuenta con un Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) que se encuentra en la órbita del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de proveer información en materia de SAN a la sociedad y a los actores en política pública para apoyar y orientar la toma de decisiones. En este sentido, en 2020, la FAO añadió que, en el primer año de la pandemia, 800.000 personas padecieron inseguridad alimentaria, y 200.000 insuficiencia alimentaria grave (es decir, no comieron todos los días). Previamente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2018, alertaba, que al igual que otros países Latinoamericanos, el hambre, la desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad era un fenómeno detectado en Uruguay en las personas de menores ingresos, entre ellas, mujeres, afro-descendientes y familias rurales; siendo una de las principales causas del alza de la malnutrición los cambios que han sufrido los sistemas alimentarios de la región tanto desde su producción hasta su consumo (^{OPS 2018}).

En este aspecto, cabe destacar las medidas del Estado Uruguayo para abordar la emergencia sanitaria en materia de seguridad alimentaria, como fueron las duplicaciones de transferencias de ingreso de asignaciones familiares y de Tarjeta Uruguay Social, la continuidad de la alimentación escolar, la extensión de los seguros de paro, la creación del bono canasta a través de una APP para atender a la población que no estaba registrada en ninguna prestación social previa, la atención alimentaria a través de los comedores del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) o entrega de insumos a las Ollas y la entrega de canastas; estas medidas fueron viables a partir de la promulgación de la Ley 19.874 que creó el «Fondo solidario COVID-19». Sin embargo, cabe señalar que, pese a las diversas acciones desarrolladas, resultaron insuficientes para dar respuesta a la emergencia alimentaria. Este aspecto, es visibilizado a través de un reciente informe de la FAO (2022), que plantea que también se detectó inseguridad alimentaria e insuficiencia alimentaria, principalmente, en los hogares más pobres y vulnerables (FAO 2022).

Tensiones e intersecciones entre lo común, lo público y el alimento

Es necesario distinguir dos conceptos que implican, desde su conceptualización, a sujetos, organizaciones e instituciones en tanto espacios diferentes. Por un lado, se identifica a lo público, caracterizado como lo público estatal y lo público no estatal (Martínez Buján y otros 2020), y por otro lado, lo común. Entre ambos existen intersecciones necesarias para la reproducción social de la vida donde se sugieren nuevas formas de organización social que implican, a su vez, nuevas formas de organización económica.

La existencia de bienes comunes, como son: los recursos naturales, la alimentación, los servicios sociales públicos, la educación, la sanidad y los recursos energéticos, permiten el bienestar individual y colectivo, evidenciando la existencia como «comunidad». No existirían sin la presencia de un espacio común más que de iniciativas meramente individuales. Esto reafirma el carácter social del sujeto, así como la existencia de lo común como condición sine qua non de vivir en sociedad. Dichos bienes no siempre fueron determinados por las mismas condiciones de posibilidad. Podemos identificar a los viejos comunes: el aire, la tierra, el agua; y a los nuevos comunes, que emergen a partir de los movimientos antiglobalización y ecologistas de los 90 (^{Martínez Buján 2020}). ^[9]

Los movimientos mencionados presentaron la opción de combinar la acción pública con la acción ciudadana, permitiendo un involucramiento de los movimientos sociales en la gestión de lo común donde se asegure un uso sostenible de los bienes, así como la atención de los derechos de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía en la política permite la intersección entre lo público y lo común reivindicando la coexistencia de ambos (^{Ezquerra 2013}).

Resulta importante resaltar que, comprender al bienestar, a la reproducción de la vida y por ende, a la seguridad alimentaria como un bien común, adjudica a este un valor de uso, así como la transformación de lo común en mercancías que, fácilmente, en el paradigma neoliberal, comienzan a circular en la esfera de lo privado. Conceptos como el de bienestar, calidad de vida, incluso el de salud ^[10], emergen en la modernidad adquiriendo nuevos sentidos en el marco del capitalismo en su fase neoliberal. Es en la segunda mitad de los años cincuenta del siglo XX, que el proyecto de prevención de la salud, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (^{Bertolozzi y De la Torre-Ugarte-Guanilo 2011}) recoloca a la salud pública y a la atención primaria como referente para mejorar las condiciones de vida, presentándose de esta forma un entramado de intereses políticos, comunitarios, sociales y económicos que se preocupan por reproducir la vida en tanto bien posible de ser administrado. La tensión contemporánea que se identifica entre las acciones comunitarias y privadas en ocasión del bienestar y la reproducción de la vida, conceptualizan a dichos bienes como mercancías apropiables por la comunidad o por las personas. La lucha y los reclamos sociales y políticos que resisten a la oleada neoliberal que se presenta a fines del siglo XX, reclaman el acceso de todas las personas al alimento, denunciando la privatización que ha sufrido dicho bien y que se ha manifestado en la crisis alimentaria mundial que se recrudece con la crisis económica que se presenta con la pandemia provocada por el COVID-19.

En este sentido, reflexionar sobre el alimento como bien común, así como las intersecciones de este con las políticas públicas, presenta el desafío de indagar sobre la reproducción de la vida, en el escenario económico-político que se plantea en el contexto de pandemia en Maldonado. El desafío social y/o comunitario determinado por la situación de crisis alimentaria sugiere la búsqueda de nuevas formas económicas en el espacio público, posibilitando otras formas de ser en sociedad, así como de producir subjetividades y cuerpos que no adquieren la forma normativa que el modelo económico capitalista, así como las políticas neoliberales, han determinado. La posibilidad de reivindicar otra forma de ser, significar y sentir, a partir de la organización del alimento, señala al sujeto, en su condición política, presentando el asunto del alimento en íntima relación con la política. Los mecanismos de control y de sujeción que penetran los cuerpos (^{Foucault 2019}) inscriben prácticas de saber/poder entre sujetos.

Las prácticas alimenticias, como puede ser la organización de ollas populares y/o merenderos en el contexto de crisis uruguayo, determinan una sociología de la comida (^{Simmel 1986}), donde el hambre abandona su esfera meramente fisiológica y pasa a constituirse con la comida en una esfera de interacción social. Ya no se trata de atender solamente una falta orgánica de la propia vida, se trata de organizar, socialmente, lo común, permitiendo emerger sujetos políticos que se involucran en las diferentes iniciativas alimentarias en un determinado espacio público.

El entramado comunitario y las ollas populares en contexto de emergencia sanitaria en Uruguay

El COVID-19 irrumpe en Uruguay a principios de 2020, declarándose emergencia sanitaria el 13 de marzo. En ese momento, la presidencia de la República establece «el cierre temporal de varias actividades económicas, provocando una caída del Producto Interno Bruto del 5,9% en relación al año 2019. Más de un 25% de las personas asalariadas privadas formales fueron enviadas al seguro de desempleo y se estima que, entre marzo y mayo del mismo año, se habrían perdido 80.000 puestos de trabajo informales» (^{Marinakis 2020, 1}). Se generó una caída en el ingreso de varios hogares, pérdida de puestos de trabajo y aumento de hogares por debajo de la línea de pobreza. «Además, en las primeras semanas de la pandemia cerraron las escuelas y los centros de atención a la primera infancia y también la mayoría de sus comedores. De esta forma, la pandemia en Uruguay generó un notorio aumento del trabajo doméstico y de cuidados, a la vez que afectó directamente la alimentación de miles de personas, en particular de niños y niñas» (^{Rieiro y otros 2021, 58}).

La pandemia por COVID-19 tuvo como principal estrategia de mitigación, en la cotidianeidad, el aislamiento social, y, como principal efecto, la persistente sensación de temor a la muerte o contagio. Aun así, se han generado distintas formas de organizarse colectivamente para resistir a la crisis económica que las medidas de confinamiento impusieron. En los tiempos de pandemia, la dimensión comunitaria del cuidado cobró especial relevancia (^{Sanchís 2020}), sobre todo en los barrios vulnerables. Ante esta situación de emergencia, algunas lecturas hacen hincapié en el componente solidario a partir del cual se crean nuevas redes de colaboración para preservar la salud de la comunidad ^{(Hernán-García y otros 2020}).

En el contexto país «emergieron múltiples experiencias organizativas buscando atender la emergencia alimentaria generada por la paralización de actividades. Entre ellas encontramos organizaciones que piden y recaudan donaciones, alimentos y ropa, colectivos que ofrecen ayuda con la movilidad a las personas mayores, huertas comunitarias, organizaciones que arman y donaron canastas, ollas y merenderos populares, entre otras». (^{Riero et al. 2021a, 2}).

Cabe señalar, desde el punto de vista reflexivo e investigativo que se seleccionó la experiencia de ollas y merenderos populares para profundizar el abordaje en tanto iniciativas de participación comunitaria y de promoción del cuidado comunitario. Las ollas y merenderos populares -también llamadas ollas comunes- son iniciativas, comúnmente no institucionalizadas, que surgen en periodos de crisis, llevadas a cabo por personas u organizaciones sociales, en su mayoría mujeres que, solidariamente, se organizan buscando evitar el hambre -propia y/o de otros/as-, para lo cual consiguen insumos, cocinan y distribuyen alimentos en grandes cantidades.

«El impulso ha demostrado tener suficiente potencia para abarcar a grandes sectores de la población en condiciones críticas, movilizando la solidaridad de varios actores y logrando paliar, al menos parcialmente, el efecto de la crisis sobre sus necesidades alimentarias básicas. Sin embargo, «estas experiencias organizativas son comúnmente subestimadas e invisibilizadas en las formas canónicas de comprender la acción colectiva y la lucha social. Uno de los factores que incide en ello es su carácter intermitente, frágil y discontinuo. Es por ello que resulta pertinente intentar comprender y problematizar dichas experiencias más allá de su devenir» (^{Riero et al. 2021b, 3}).

Este modo de acción solidaria no implica únicamente un sistema de donación, asimismo, se trata de la articulación de vínculos, de voluntades, de intenciones y de compromiso que merece ser rescatado para seguir fortaleciendo el trabajo con la comunidad (^{Palma 2021}).

La pandemia y sus efectos en Maldonado hacia la organización colectiva

A los factores generales que perturbaron el desarrollo normal de la vida tras la declaración de la pandemia en marzo de 2020, Maldonado sumó los perjuicios derivados de la reducción de la principal actividad económica: el turismo de sol y playa. Cerradas las fronteras, cancelados los vuelos internacionales y restringido el uso de espacios públicos durante varios meses, hubo una drástica reducción de la actividad turística, con una mínima recuperación hacia final de 2020 con base en un turismo interno. Esto repercutió sensiblemente en la oferta de fuentes laborales del área de servicios (^{Altmark 2020}) y en el sector de la construcción asociado al turismo, arrastrando, a su vez, al resto de la economía de la zona. Gran parte de la población trabajadora accedió a seguro de paro parcial, o quedó sin su fuente laboral, por lo que se vio en la necesidad de generar ingresos alternativos o acceder a la malla de protección social desplegada en el territorio.

Respecto a la esfera pública estatal, a partir de la sistematización de información secundaria recolectada en el marco de informes de la Intendencia de Maldonado (IDM); se destaca que durante la pandemia se generó un trabajo coordinado entre las políticas nacionales, vinculadas a la seguridad alimentaria, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el INDA y las políticas locales del departamento de Maldonado. Es así como se logra que los recursos locales tuvieran una mayor circulación por el territorio, y un mejor control de acceso a alimentos en distintos comedores institucionales de Maldonado (^{Butler 2021}).

Sin embargo, el trabajo desarrollado por el INDA en el departamento de Maldonado se observaba insuficiente por diversos actores locales previo a la pandemia, esto agravó la situación en confinamiento, debido a una mayor demanda detectada, por lo que el programa de Políticas Nutricionales de la IDM debió asumir nuevas responsabilidades y contemplar nuevas personas beneficiarias del programa comedores (^{Butler 2021}).

Para ingresar a un comedor municipal se debe estar en la condición de encontrarse bajo la línea de pobreza definidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay, estar en situación de calle, ser persona jubilada o pensionista y encontrarse en situación de vulnerabilidad, o ser adolescentes y/o madres adolescentes en situación de vulnerabilidad (INDA 2020).

En Maldonado existen cuatro comedores públicos que se encuentran en espacios comunales, los cuales se abastecen de alimentos del INDA y de alimentos ofrecidos por la propia IDM (^{Butler 2021}). Quienes asisten a los comedores municipales generalmente son vinculados hacia otras políticas sociales, tanto nacionales como locales para abordar su situación. Los comedores brindan el plato de comida para el medio día y en algunos casos, llevan la vianda para la noche, algunos cuentan con la merienda para las familias con menores en edad escolar (^{Butler 2021}).

Con la irrupción de la pandemia, merenderos barriales y ollas locales que también existían en el territorio, y otras que se conformaron en la crisis, solicitaron apoyo a distintas políticas sociales presentes en el territorio; y con base en evaluaciones institucionales, mayormente de la IDM, algunas iniciativas recibieron apoyos específicos en alimentos, los cuales permitieron ampliar algún día más de la semana el ofrecimiento de viandas, o sostener los días específicos que ofrecían el plato de comida. Sin embargo, desde la propia visión de la IDM, aún era insuficiente, puntual y escasa, y, en algunos casos, se veían obligados a tener que rechazar los pedidos, por ser demasiados para las capacidades actuales (^{Butler 2021}).

El apoyo insuficiente de las políticas sociales obligó a la sociedad civil organizada, a sindicatos y a colectivos de personas vecinas auto-organizados a generar estrategias propias para la supervivencia de las ollas y merenderos barriales existentes previo a la pandemia, y creados durante el contexto de crisis. Cabe destacar la configuración de una red de organizaciones sociales llamada «Intersocial de Maldonado», que fue creada en 2020 para el apoyo y articulación de las donaciones, de la recolección de alimentos por brigadas solidarias de dichas personas, el acopio de estos y distribución en las ollas. Esta red funcionó en el primer período de la pandemia (marzo- mayo 2020).

El Departamento de Maldonado registró entre 2020 y 2021 al menos 38 iniciativas de ollas populares, entrega de viandas o merenderos comunitarios. En particular, el Municipio de Maldonado es el que alberga más cantidad de ollas o merenderos, llegando a detectar 6 merenderos y 17 ollas populares. Luego, le sigue el Municipio de San Carlos, en donde se han detectado 1 merendero y 6 ollas populares; en menor medida se encuentran el Municipio de Solís Grande con 4 ollas, el Municipio de Piriápolis con 3 ollas y el Municipio de Pan de Azúcar cuenta con una olla popular (Intersocial 2020). ^[11]

Finalmente, un informe presentado en la Junta Departamental de Maldonado por la Edila Ana Antúnez, en diciembre de 2021, con base en datos elaborados por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), plantea que durante la pandemia se llegaron a ofrecer hasta 3100 viandas por día, sumado a las 1000 viandas que se otorgan diariamente en los comedores municipales, movilizando al menos 6100 recursos humanos, en su mayoría no remunerados, que sostuvieron dichas iniciativas; se estima que el gasto económico para sostener las Ollas barriales, entre 2020 y 2021 para Maldonado, fue de más de un millón de pesos (^{Antúnez 2021}).

A partir de entrevistas realizadas en el marco del proyecto, se detectó que el perfil y motivaciones de las personas referentes de las ollas y merenderos se encontraban vinculados a la experiencia previa, y de su matriz histórico-biográfica, desde diferentes lógicas voluntarias, de movimiento social, mesiánicas, militantes político-partidarias, sindical y de resistencia. En estas se vislumbran tensionamientos vinculados al contexto y contingencia, donde las ollas resultan espacios de reivindicación y lucha de «lo común».

Consideraciones Finales

En este último apartado se plantean algunas consideraciones finales y reflexiones, indicando así posibles nodos, vacíos y desafíos para la articulación y abordaje teórico.

La aproximación teórica trazada permitió evidenciar las tensiones, hibridaciones y contradicciones existentes para poder observar el fenómeno y pensar algunas nuevas preguntas y supuestos para el abordaje.

En este sentido, resulta relevante desarrollar una distinción teórica, siguiendo lo planteado por ^{Martínez Buján (2020)} en cuanto a lo público, lo común y la comunidad y sus procesos e hibridaciones en la comprensión del fenómeno en cuestión.

Es así que resulta iluminadora su mirada al distinguir el ámbito público estatal y no estatal. Por un lado, lo estatal que sería aquello que emana de lo gestionando por la administración pública y lo no estatal. Esto último, en referencia al tercer sector, es decir, las organizaciones sociales, asociaciones, etc., significando así: lo público no estatal, ámbito en el que se circunscribe el presente proyecto.

Cabe señalar la conceptualización de un común, tal como subraya Coriat (2011) citado por Martínez Buján como «un conjunto de recursos que es gestionado colectivamente a través de una estructura de gobernanza que distribuye derechos y que busca asegurar una explotación ordenada y sostenible del recurso» (^{2020, 294}).

Desde esta óptica, resulta esencial, otorgar a «lo público» un significado «común» que permita generar lazos y relaciones cooperativas.

Cabe señalar, que se concibe «lo común» en el sentido empleado por ^{Gutiérrez, Navarro y Linsalata (2016)}, del abordaje de una premisa en términos de ejercicio de derechos, tratando las cuestiones que son primordiales y por ende «comunes» para la reproducción de la vida.

En este contexto, la articulación de lo público con lo común permite la construcción de comunidad, de una red de corresponsabilidad y apoyo mutuo que habla de lógicas de visibilidad social del cuidado en tanto reproducción social de la vida (^{Vega, Martínez y Paredes 2018}). Lo cual fomenta la construcción de la demanda desde los propios territorios, experiencias y trayectos.

En este marco, la concepción de la seguridad alimentaria como derecho, habla de ciertas lógicas y perspectivas, que desde la mirada sociológica resultan iluminadoras para la comprensión del fenómeno en su contingencia, contemplando el contexto de crisis en la región y en Maldonado, Uruguay, en particular. Es así que, siguiendo a ^{Simmel (1986)}, desde la perspectiva de la sociología de la comida, el marco de las ollas populares abandona su esfera meramente fisiológica y pasa a constituirse desde un marco de significaciones más amplio, donde se concibe a la comida en una esfera de interacción social.

En este sentido, la reflexión realizada sobre el alimento como bien común, y sus intersecciones e hibridaciones con las organizaciones sociales y las políticas públicas, presenta el desafío de indagar sobre la reproducción de la vida en el escenario económico-político que se presenta en el contexto de pandemia en Maldonado.^[12]

El desafío social y comunitario agravado por la situación de crisis alimentaria advierte la búsqueda de nuevas formas económicas en el espacio público, posibilitando la producción de subjetividades, significaciones y cuerpos que no adquieren la forma normativa que el modelo económico capitalista impone. Es así que la posibilidad de reivindicar otra forma de ser, significar y sentir, a partir de la organización del alimento, señala al sujeto en su condición política, lo cual visibiliza y evidencia al alimento en íntima relación con la política.

Es clara la importancia y el foco en organizar socialmente lo común permitiendo emerger a sujetos políticos que se involucran en las diferentes iniciativas alimentarias, desde la multidimensionalidad del fenómeno, no centrando la atención únicamente en la falta orgánica de la propia vida.

Desde esta perspectiva, los procesos colectivos visibilizan las articulaciones y apoyo mutuo entre personas que comparten un mismo espacio, lo cual realza el rol y visibilización social del cuidado comunitario en un contexto informal y fragmentado por las propias lógicas de la política neoliberal (^{Vega, Martínez y Paredes 2018}). Esta aproximación teórica permite formular nuevas preguntas y posibles supuestos hipotéticos para abordar el contexto y los aprendizajes resultantes en relación con la temática.

Cabe señalar, como punto de partida, cierta escasez de investigación y sistematización de las acciones, capacidades y potencialidades de las redes vecinales, del tejido asociativo y de los recursos públicos en relación con las ollas populares y merenderos que surgieron como mecanismo para abordar la emergencia alimentaria y social en Maldonado durante 2020-2021. Lo cual implica una mayor dificultad en el acceso a la información por quienes diseñan las acciones departamentales en ocasión de la actual emergencia social y en el acceso al tejido asociativo y a los recursos públicos para la reproducción de la vida por las personas beneficiarias de estas.

En este marco de nuevas preguntas e hibridaciones para abordar el fenómeno en cuestión, la debilidad en el acceso a la información y en la articulación de los esfuerzos comunitarios puede impedir la optimización de soluciones que impacte con mayor énfasis en la población en extrema vulnerabilidad.

Por otra parte, las políticas públicas ya se visualizaban insuficientes en relación con la seguridad alimentaria y la protección social en general, previo a la pandemia y durante la contingencia; aunque se observan esfuerzos gubernamentales orientados a sostener la reproducción de la vida, se exige a la sociedad civil constituir alternativas para cubrir la demanda local, evidenciando una matriz de protección social sumamente focalizada (^{Baráibar 2007}).

Es así como las interrogantes sobre la configuración del cuidado comunitario, el tejido asociativo, los procesos colectivos y la articulación de la seguridad alimentaria en tanto proceso de interacción social, adquieren relevancia y centralidad desde las tensiones teóricas existentes.

Desde esta óptica, se vislumbra un escenario de vacíos y nodos teóricos híbridos -antiguos e incipientes- que ilustran el surgimiento de «nuevas necesidades», sentidos y significaciones de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil en la materia, el cuidado comunitario y, asimismo, potencialidades para la construcción de lo común en un escenario fragmentado.

En síntesis, este artículo reflexivo construye una matriz teórica de abordaje de los procesos colectivos que permite generar mecanismos de reflexividad, ruptura y vigilancia epistemológica (^{Bourdieu y otros 1975}), advirtiendo la importancia de no reproducir falsas dicotomías que impidan tener una experimentación crítica y rigurosidad teórico-metodológica. Estos aspectos posibilitan desentrañar el proceso investigativo de forma creativa y así desencadenar procesos colaborativos más robustos de problematización, compromiso y espíritu crítico. El conocimiento, la reflexión, y la sistematización han permitido colocar en tensión algunos enfoques teóricos que ilustran los principales nodos y desafíos para su abordaje en el territorio.

Contribución de las personas autoras: Este artículo se enmarca desde una autoría colectiva, horizontal y participativa en el marco del proyecto de investigación: «Mapeo de acciones para atender a la emergencia alimentaria y social de Maldonado desde la perspectiva de las personas participantes de ollas populares, del Centro Universitario Regional del Este (CURE), de la Universidad de la República (UDELAR)».