Costa Rica, un país con una tradición democrática, que lucha por el bien común, ha invertido históricamente en Educación y Salud como sus principales derroteros para alcanzar niveles de desarrollo humano. Esto con el afán de garantizar a las generaciones mejores condiciones de vida y acceso a oportunidades equitativas de crecimiento personal, es decir, potenciar el bienestar social, como el acceso a la educación, al conocimiento y a la democracia, esfuerzos reconocidos y valorados mundialmente. Con esa claridad, desde la Constitución Política se garantizó la asignación de al menos el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de aporte estatal al financiamiento de la Educación Pública. Sin embargo, ese aporte en la última década no ha superado el 6.5% del PIB, en consecuencia, se han sacrificado proyectos que han debilitado la educación del país y aquel desarrollo creciente no resulta real, sino, insuficiente.

Debido a ello, se han señalado algunas falencias como ''debilitamiento de la educación costarricense”, las cuales han sido mencionadas mediante investigaciones, tanto del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica, como del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional, el Estado de la Nación en sus informes regulares del Estado de la Educación y el reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), del cual Costa Rica es parte. En dichas investigaciones e informes se destacan los retos y desafíos de la educación costarricense en todos sus niveles. Asimismo, el VIII Informe del Estado de la Educación, define la situación de la educación costarricense como ''apagón educativo”, expresión que, por lo demás, desconoce los esfuerzos acumulados por parte del Ministerio de Educación Pública para garantizar el derecho a la educación de calidad y de las universidades públicas que forman a las y los profesionales en educación por mantener la calidad con presupuestos reducidos.

Por su parte, el Informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2023), titulado: Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación en Costa Rica para favorecer el crecimiento y la equidad, plantea una serie de argumentos respecto de la realidad educativa costarricense en los diferentes niveles del sistema educativo donde destacan: que la educación y la formación son una prioridad en Costa Rica, además, hace un recuento de las políticas para reducir la exclusión educativa e indica que la desigualdad en la educación es considerable y que los resultados de aprendizaje en CR están asociados a las condiciones socioeconómicas, entre otros. Para ello, apunta una serie de desafíos en los cuales es preciso trabajar, donde se destacan para este editorial, dos de ellos:

Los señalamientos de la OCDE en relación con la Educación Superior hacen reflexionar acerca de lo planteado por Giroux en su libro La guerra del neoliberalismo contra la educación superior, cuando expresa en una entrevista efectuada en España en 2019, que ''las universidades son atacadas con recortes continuos en su financiamiento, especialmente los departamentos de humanidades, para que dejen de ser centros de pensamiento”. Barcelona, 2019. También, lo referido en el informe de la OCDE, coincide ampliamente con los planteamientos de la ''Ruta de la Educación” compartida por la jerarca actual hace unos meses y sobre la cual, también valdría la pena reflexionar.

En este contexto, resulta fundamental citar nuevamente al pedagogo Henry Giroux, dado que él asegura que la ''crisis de la escuela es la crisis de la democracia” cuando muestra su visión educativa en diez puntos:

A esta disertación de Giroux, agregaría el reto evolutivo que la inteligencia artificial le adiciona a la pedagogía, pues hoy más que nunca el docente requiere construir herramientas para comprender y hacer un uso inteligente de la tecnología. En consecuencia, asumir un rol de mediador de tender puentes de plantear dilemas de manera que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico. El docente se convierte, desde esta perspectiva, en un mediador entre el estudiante y el conocimiento.

Hay tres escenarios que explican la situación educativa del país: la Pandemia provocada por el COVID-19 a nivel mundial, tres ministros en una misma administración, la eliminación del Bachillerato y la fallida implementación de las pruebas FARO, por citar los más recientes en una cadena desafortunada. Ante ese escenario no se puede esperar más, estamos perdiendo un tiempo valioso, con rutas no convalidadas, cuestionadas y carentes de criterio técnico. El rezago educativo no se está atendiendo. Es preciso abordar las pérdidas de aprendizaje sufridas en años recientes, con el fin de evitar efectos negativos prolongados.

Urge un acuerdo nacional por la educación que las facultades de educación están llamadas a liderar. La formación docente debe responder a una política pública al igual que la evaluación educativa. Asi mismo, la educación de la niñez menor de 3 años resulta una deuda del Estado costarricense, razón por la cual, es imperativo aceptar que la educación pública nacional como proyecto país, requiere un diálogo intersectorial, con la convicción de que la educación representa un bien común por defender y una corresponsabilidad de todos los actores sociales.

Finalmente, conviene indicar que el número que se presenta a continuación esboza una serie de artículos científicos que exponen, en parte, la problemática de la educación costarricense y de otras latitudes que comparten situaciones similares como consecuencia de la toma de decisiones y la reducción de presupuestos en materia educativa. Preocupaciones que, evidencian mediante procesos de investigación, la realidad social y a la vez, ofrecen nuevos conocimientos a la comunidad científica, donde se destaca la necesidad de un diálogo intersectorial para asumir con responsabilidad la crisis educativa en la que se encuentra el país.