“…porque, por remotos o remotísimos que parezcan cronológicamente los hechos que entran en ella, es, en realidad, historia referida siempre a la necesidad y a la situación presente”.

Benedetto Croce

Consideraciones previas

El 16 de octubre de 2018, en sesión de Corte Plena, el ente más importante de la organización del Poder Judicial costarricense, pues reúne a los 22 miembros de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado presidente del alto cuerpo colegiado, Fernando Cruz Castro, emitió una elaborada defensa del principio de independencia del Poder Judicial. En una tensa sesión, el magistrado presidente pretendía establecer la relevancia del Poder Judicial como un componente central de la democracia costarricense. La reunión del principal órgano de gobierno judicial se desarrolló durante un álgido momento de la discusión sobre el plan fiscal en Costa Rica, solo uno más dentro de una etapa caracterizada por las duras acusaciones y escándalos dentro de este poder de la República, que han llevado a cuestionar su transparencia y su eficiencia; dado que meses antes se había producido la destitución de un magistrado y habían producido la renuncia del anterior presidente de la Corte.

Los hechos descritos son una evidencia palpable de la relevancia que tiene el Poder Judicial y la administración de justicia en la alta política costarricense. Importancia que, paradójicamente, se contrapone con los escasos estudios en la literatura académica de ciencias sociales e historia sobre su conformación y consolidación. De tal forma, este artículo pretende establecer un estado de la cuestión sobre los textos de carácter histórico -aunque se incluyen algunos textos con un enfoque jurídico- existentes en Costa Rica sobre la conformación del Poder Judicial y la administración de justicia, elaborados en el periodo comprendido entre 1960 y 2020. Para los efectos de esta recopilación, se seleccionaron trabajos en los que se estudia la evolución del gobierno judicial (Corte Suprema de Justicia), así como los tribunales que dependían jurídicamente de este, aquellos relativos a los debates sobre financiamiento, así como los que conciernen a su funcionamiento cotidiano. Se excluyen aquellos trabajos sobre agencias gubernamentales que pertenecieron a la Secretaría de Gobernación y otros entes del Poder Ejecutivo.

El esfuerzo por determinar las características de la producción en este ámbito se realiza en el contexto de los estudios históricos sobre la conformación institucional del Estado costarricense. Lo que permite plantear la necesidad de trabajar proyectos de investigación en esta línea, la cual, desde diversas perspectivas, ha tomado mayor relevancia en la historiografía latinoamericana, donde se ha dirigido a determinar cómo fueron configurados los diversos componentes del Estado en sus territorios, y cómo se produjo se evolución. Desde esta perspectiva, este texto se configura a partir de la distinción entre los estudios sobre historia institucional e historia de la justicia, estos últimos también han proliferado en la historiografía latinoamericana, pero han estado enfocados de manera prioritaria con la historia social, la historia de la criminalidad y las estructuras de control social ^{(Castro-Valdebinito, 2019)}.

Por tal motivo, previo a iniciar el estudio de los textos detectados en Costa Rica sobre esta materia, resulta importante establecer un acercamiento a las distintas modalidades en que los estudios historiográficos han abordado la configuración de la institucionalidad costarricense, estas pueden periodizarse, a grandes rasgos, en cuatro fases. El primer acercamiento a las instituciones costarricenses se encuadra en los primeros estudios historiográficos que los intelectuales liberales produjeron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Los textos en cuestión describen la creación de instituciones públicas, sin embargo, estas son el producto de la inteligencia de los grandes hombres de estado. El segundo acercamiento, se configura a mediados del siglo XX, con la conformación de la denominada “Segunda República”, con las características propias del historicismo; en esta etapa se incluyen los fenómenos económicos para entender la conformación de una cada vez más delineada institucionalidad estatal, aunque el peso de los eventos y los liderazgos sigue presente. El tercero, que se produce a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, se caracteriza por el impacto del marxismo histórico en Costa Rica en la sociología y la historiografía, por lo que la institucionalidad se encuentra condicionada por las estructuras económicas y los movimientos sociales, con menor peso de los eventos y en un lenguaje de procesos sociales. La última etapa se encuentra en formación desde inicios del presente siglo, en esta, el peso del análisis ha recaído sobre el estudio de instituciones específicas y su impacto sobre el proceso de construcción del Estado; así como un profundo interés por los aspectos financieros que sostienen la institucionalidad.

En los trabajos desarrollados dentro de las aproximaciones descritas, el estudio del Poder Judicial ha quedado rezagado, pues existe una preferencia tanto de los historiadores del pasado como de los del presente por investigar la estructuración institucional por Poder Ejecutivo. En efecto, no han existido proyectos de investigación de largo aliento que produzcan trabajos sistemáticos que estudien el desarrollo histórico de la rama judicial en Costa Rica, o bien, que utilicen métodos historiográficos vinculados al análisis institucional. Por consiguiente, el análisis del origen, configuración y evolución del Poder Judicial constituye un tema menor dentro la historiografía nacional relativa a la construcción del Estado, que, en gran parte, ha sido asumida por juristas. Sin embargo, como se esbozará más adelante, las características de la última fase de evolución de los estudios sobre institucionalidad en Costa Rica abren un espacio para trabajar con un nuevo instrumental al Poder Judicial y a la administración de justicia.

En la corta literatura disponible se encuentran dos tipos de estudios sobre esta materia. Por una parte, los escasos textos de carácter general que se encuentran dirigidos a realizar un recorrido por los casi dos siglos de historia del Poder Judicial y, por otro lado, los que se concentran en aspectos parciales de este tema, en general, de orden más técnico jurídico o de orden crítico a los problemas que, en determinado momento, ha evidenciado el quehacer de esta institución. Por consiguiente, el presente estado de la cuestión se organiza en tres acápites: una introducción sobre la evolución de los estudios sobre justicia en el ámbito latinoamericano, que permita comprender la evolución general de estos estudios y como estos han ido desarrollando líneas de investigación; los siguientes dos apartados se concentran en la literatura costarricense sobre la materia, el primero analiza los trabajos generales sobre el Poder Judicial, el segundo analiza los trabajos sobre temas particulares. Por último, se realiza, a modo de conclusiones y reflexiones finales, una valoración crítica del conjunto de estos textos.

Breves apuntes sobre los acercamientos contemporáneos al estudio del Poder Judicial y la Administración de Justicia

Los principales trabajos contemporáneos sobre formación de las instituciones judiciales provienen de un proceso de recomposición de la tradicional historia del Derecho (la cual tenía su propio espacio en las escuelas de derecho y no en las de historia). Esta última, vinculada con los primeros intentos de consolidación de la disciplina historiográfica y con el positivismo jurídico pretendía determinar – de forma aislada – los orígenes de las instituciones jurídicas existentes (fuentes del derecho). En este sentido, desde finales de la década de 1990, se ha iniciado un proceso para recomponer los elementos formuladores de este tipo de historiografía, de forma tal que, las instituciones dejan de ser entes descontextualizados para ser el fruto de la organización social en la cual se conforman ^{(Angeli, 2010)}. De tal forma, la historia del derecho ha encontrado en la historia del fenómeno político un interesante aliado que, en palabras de Agüero ⁽²⁰¹²⁾, puede entenderse como:

[…] la necesaria problematización de los conceptos y la consecuente crítica historiográfica, pasaron a ser así preocupaciones metodológicas de la historia del derecho que la acercan notablemente a las cuestiones puestas en la agenda de la más reciente historia política. La revisión que implicó, por ejemplo, para la historia política latinoamericana el reconocimiento de una teleología implícita en el relato sobre el origen de la nación, así como la tarea de componer una historia semántica a partir de conceptos fundamentales, guardan una estrecha relación con el giro que implicó para la historia jurídica el rechazo a la teleología estatalista que había condicionado casi por completo su desarrollo original. Y este acercamiento no es sólo cuestión de métodos, sino también de objetos, en tanto que éstos son, en buena medida, resultado de aquéllos. Si, como señalábamos antes, lo “jurídico” y lo “político” no remiten a dimensiones naturales de los comportamientos humanos sino que constituyen modos de atribución de sentido a partir de actos de habla que vehiculizan creencias, valores y representaciones del mundo social, que construyen realidad mediante su efecto performativo, un amplio terreno de convergencia se ha abierto una vez problematizadas aquellas categorías y reconocido el carácter contingente de su separación. ^{(p. 82).}

En tal sentido, estos cambios han tenido como fundamento primordial los trabajos en Europa de los italianos Pietro Costa y Paolo Grossi; el portugués Antonio Hespahna; y los españoles Bartolomé Clavero, Jesús Vallejo y Carlos Garriga. Por otra parte, en América Latina se han destacado los trabajos de Víctor Tau Anzoátegui, José de la Puente Brunke, Tamar Herzog, Alejandro Agüero y Juan Manuel Palacio. Desde esta perspectiva de análisis, no basta con entender la formación de las normas jurídicas, sino cómo estas se aplican mediante las estructuras judiciales. Es así como, en este acápite, se dedicará a analizar las principales líneas de investigación sobre la construcción de dichas instituciones.

Como puede apreciarse en los trabajos de autores europeos sobre la materia, el gran problema vinculado con las estructuras judiciales se encuentra en las transformaciones de la “justicia”, término con que se conoce el ejercicio de la actividad jurisdiccional, desde las sociedades de antiguo régimen hasta las sociedades modernas. En esta línea, la literatura se ha caracterizado por analizar y describir el proceso por el que la autonomía de la autoridad local se enfrenta con el poder central, en su intento por la conformación de un Estado “centralizado” ^{(Hespanha, 1989}; ^{Garriga, 1994)}. En esta línea, autores como ^{Sánchez Rubio (2001)} y ^{Costa (2012)}, incluso analizan los cambios producidos en los siglos XVII y XVIII, donde plantean un proceso de cambio en que la centralización de ejercicio jurisdiccional pasa de los jueces “locales” a los jueces de la corona, para luego sufrir un nuevo proceso de centralización para construir cuerpos más burocratizados, para independizarse de la propia corona y construir poderes judiciales.

Este cambio solo pudo plantearse al diferenciar e identificar los perfiles de los funcionarios encargados de impartir justicia. Desde esta perspectiva, Hespahna inicia un relevante proceso de investigación para establecer las características que tenían los funcionarios encargados de impartir justicia. Para ello establece la categoría de los jueces legos y letrados, categorización que va más allá del sentido normativo, sino en la línea de sus comportamientos e intereses. En otros términos, para el autor portugués la construcción de la judicatura no se realiza solo a partir de las interrelaciones de los grandes intereses de la corona con las autoridades locales, sino también desde los funcionarios de la corona, que no siempre responden a un modelo mecánico de cumplimiento de instrucciones verticales y que guardan intereses propios ^{(Hespahna, 1989)}.

Asimismo, dentro de los trabajos estudiados se desarrolla el concepto de cultura jurídica. Este hace referencia no solo a la conciencia de la existencia de normas obligatorias en las relaciones sociales de los individuos, sino que también implica la relación entre la sociedad y el aparato judicial. En otros términos, establece una visión y una serie de valores sobre la actuación de lo judicial en la vida cotidiana de las sociedades, tanto desde mecanismos de imposición como de negociación social. Desde esta perspectiva la cultura jurídica puede constituir un nuevo campo de enfrentamiento entre grupos sociales, pues conlleva un importante espacio para el ejercicio del poder (^{Hespahna 2002}, ^{Petit-Calvo, 1995}, ^{Becchi, 1997}).

En el contexto latinoamericano, el desarrollo de los poderes judiciales constituye uno de los componentes de mayor crítica en el proceso de construcción del Estado y la institucionalidad. Esta crítica se encuentra enfocada en señalar una serie de deficiencias de gestión, que tienen como base la falta de independencia respecto del Poder Ejecutivo, la desigualdad en la aplicación de la ley, la falta de presupuesto reservado para el ejercicio de esta potestad y la incapacidad de cubrir todo el territorio estatal (^{Ratliff y Buscaglia, 1997}; ^{Acuña y Alonso, 2003}; ^{Esquirol, 2008}).

Con este panorama y en el marco de las reformas democráticas a la justicia en el continente, a mediados de la década de 1990 se inició la producción de trabajos que valoraron la importancia de reconstruir estudiar las relaciones entre los aparatos judiciales y las sociedades del siglo. Se distinguen en este ámbito los trabajos realizados en Argentina (^{Tau Anzoátegui, 1992}; ^{Agüero, 2008}; ^{Palacio, 2001} y ^{Barriera, 2001} y ²⁰¹⁰) y México (^{Galante, 2011}), aunque se han elaborado relevantes trabajos en otros países del Cono Sur (^{Herzog, 1995}; ^{Velasco-Herrera, 2013}). Las líneas latinoamericanas han recogido los cambios postulados desde Europa, mediante la incorporación del concepto de cultura jurídica; no obstante, se ha evolucionado hacia una historia social de la justicia, la cual fue definida por Barreira ⁽²⁰¹⁰⁾ como el concepto ideal para expresar “que historizando la justicia buscamos comprender mejor las relaciones sociales”. Por tal razón, tanto en Europa como en América se ha dado un redescubrimiento de los archivos judiciales, como fuente útil para descubrir las distintas características de las relaciones sociales, al tiempo que se reconstruyen en parte las características de las instituciones judiciales.

Asimismo, dentro de los otros elementos relevantes en estos análisis se encuentran las distintas formas de administración de justicia entre el campo y la ciudad, las también reflejan los problemas vinculados con la conformación de un aparato de justicia centralizado. En esta línea, los trabajos establecen una vinculación indispensable entre las reformas normativas y las transformaciones administrativas, que pretendían hacer del Estado el único ente encargado de resolver conflictos. Asimismo, se establece un interesante conflicto, en el cual – a diferencia de la organización colonial –, durante el siglo XIX, se establece un lento proceso que pretende realizar una separación profunda entre el derecho y otros órdenes normativos, para garantizar la presencia e influencia del Estados en el territorio, en otros términos, se pretenden establecer cambios sustantivos a la cultura jurídica interna y externa a las instituciones que ejercen la potestad jurisdiccional del Estado (^{Candioti y Yangilevic, 2013}).

Ligada esta línea de trabajo han estado los estudios sobre criminalidad, donde destacan, entre otros, los trabajos de Aguirre y Salvatore ⁽²⁰¹⁷⁾, Albornoz ⁽²⁰⁰⁷⁾, Caimari ⁽²⁰¹⁶⁾ y Castro-Valdebenito ⁽²⁰¹⁹⁾. Esta corriente se encuentra claramente vinculada con el estudio del poder desde las líneas marcadas por Foucault en la academia francesa, por lo que no se quedaron el ámbito judicial, sino que abordaron el marco la prisión y sus especiales características en América Latina, así como la construcción social y cultural del delincuente como un instrumento que reproduce las relaciones de poder en las sociedades latinoamericanas.

Desde esta perspectiva, la historiografía latinoamericana el estudio de esta materia ha estado ligada, como se señaló anteriormente, a la denominada historia de la justicia. Esta perspectiva de análisis tiene en común con la historia institucional la necesidad de entender la formación de las normas jurídicas y cómo estas se aplican mediante las estructuras judiciales en la vida cotidiana, lo que implica prestar menos atención a cómo se construyen las instituciones centrales de la administración de justicia y las luchas de poder entre las elites judiciales centrales y los poderes ejecutivos (^{Zimmerman, 1999}). La fortaleza del abordaje de historia de la justicia ha quedado reflejada en la continuidad de la revista Historia y Justicia, publicación que recoge trabajos con esta línea de todo el hemisferio, y cuyo primer número fue publicado en 2013.

No obstante, en el trayecto seguido por la denominada historia de la justicia faltan los grandes estudios sobre historia institucional que permitan comprender a los poderes judiciales dentro del juego político de las elites latinoamericanas. A pesar de ello, desde el punto de vista de la comprensión institucional del problema de formación de los poderes judiciales, este tipo de planteamientos ha permitido comprender la preservación, durante las primeras décadas del siglo XIX, de las formas y tradiciones jurídicas coloniales, a pesar del impulso de las formas jurídicas liberales y la importancia para el desarrollo de las instituciones judiciales del ejercicio “municipal” de la justicia en disputa/transacción con la autoridad central. Asimismo, permite comprender que la ausencia de estudios sobre la construcción y evolución de las instituciones judiciales son parte del panorama latinoamericano.

Los estudios de alcance general del Poder Judicial en Costa Rica

Como se señaló líneas atrás, existen escasos trabajos generales sobre el devenir histórico de la institucionalidad judicial. De este carácter se han detectado solo dos textos. El primero, de Luis Paulino Mora Mora, exmagistrado y expresidente la Corte Suprema de Justicia, denominado Historia del Poder Judicial en la segunda mitad del siglo XX (²⁰⁰¹); y, el segundo, de Jorge Francisco Sáenz Carbonell, conocido historiador jurídico y diplomático, y Mauricio Masis Pinto, intitulado Historia de la Corte Suprema de Justicia (²⁰⁰⁶). Por un lado, el texto de Mora Mora (²⁰⁰¹) tiene como propósito efectuar una síntesis descriptiva, aunque poco detallada, de los principales hitos normativos que conformaron al Poder Judicial costarricense, mediante lo que explica una evolución lineal y siempre positiva del Poder Judicial en Costa Rica, sin mostrar momentos de conflicto o transformaciones abruptas. El objetivo del texto, en términos generales, es brindar una postura optimista de la conformación de la administración de justicia, con un pilar de la democracia y la paz social costarricense, sin mayores ambiciones explicativas. Este primer texto se enmarca en una noción difundida en los círculos jurídicos nacionales, según la cual, la madurez institucional del Poder Judicial se alcanzó con la Constitución Política de 1949; sin distinguir periodos posteriores a este acontecimiento.

Por otra parte, el texto de Sáenz Carbonell y Masis Pinto (²⁰⁰⁶) se enfoca en el desarrollo normativo de la Corte Suprema de Justicia, ente superior del Poder Judicial, sin entrar a una elaboración del proceso de consolidación de los actores que influyeron en la formación de la Corte y resto del Poder Judicial, que incluiría a los tribunales inferiores, es decir, los juzgados y las alcaldías. A diferencia, del trabajo de Mora, Sáenz y Masís establecen una periodización mejor elaborada, aunque sometida a los cambios constitucionales y no a elementos políticos y sociales que causaron las transformaciones normativas de la organización judicial.

La evidencia para la construcción de ambos textos está constituida por las normas jurídicas que regularon al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia. Por consiguiente, se reconstruye la historia del Poder Judicial por medio de un repaso por la organización constitucional y las regulaciones legales que han regido a la institución. No hay profundización, sin embargo, de elementos de contextualización de las razones políticas, sociales y económicas que produjeron dichas normas. A pesar de ello, el trabajo de Sáenz y Masís resulta valioso, dado que demuestran la existencia de una composición organizativa y recopilan los componentes normativo - jurídicos de dicha organización.

Cabe agregar que dos componentes se destacan en el trabajo de Sáenz y Masis. Además, se realiza una pormenorizada recolección de los datos biográficos de las personas que llegaron a ocupar la presidencia del Poder Judicial, mediante un trabajo de revisión en la Colección de Leyes y Decretos, con lo que sigue el esfuerzo de un trabajo anterior escrito por Guillermo Solera Rodríguez (¹⁹⁶⁶). Dichos datos facilitan el análisis del origen y las relaciones político - personales de quienes llegaron a dicho estrado, además, contiene el componente más complejo en términos investigativos, pues logran completar la nómina de las personas que ocuparon la magistratura en Costa Rica desde 1826 hasta 2006, lo que sería la materia prima para iniciar estudios prosopográficos en esta materia.

Los estudios de alcance específico (temporal o temático) del Poder Judicial

Sin ser abundante, existe mayor producción de trabajos que retoman el tema del Poder Judicial o la administración de justicia con fundamento en periodos específicos o aspectos concretos del desarrollo de este o, incluso sus efectos en la sociedad costarricense. En este tipo de estudios pueden determinarse dos rutas de investigación, la primera aborda el carácter institucional del Poder Judicial, bajo una visión tradicional de sus funciones dentro del Estado, en la que se destacan las investigaciones de juristas e historiadores del Derecho e Instituciones; por ende, en algunos casos, los componentes históricos funcionan como instrumentos de interpretación normativa más que como una indagación independiente. La segunda, de más reciente data, ha sido elaborada por historiadores preocupados por construir modelos de historia política renovada e historia “desde abajo” y control social, que desarrollaron estudios sobre las funciones ideológicas y de control social de las agencias del sistema judicial.

Dentro del primer ámbito de investigaciones, que empezaron a escribirse a finales de la década de 1960, pueden mencionarse las obras de Eloy González Volio, titulada Historia de la Corte Suprema de Justicia, de 1821 a 1949 (¹⁹⁶⁷), y Carmen Lila Gómez, La Corte Superior de Justicia del Estado de Costa Rica (¹⁹⁶⁹). En el caso de Gómez, su estudio se encontraba dentro de los trabajos de esta autora sobre los años en el poder de Juan Mora Fernández. Dichos textos aparecen durante años en que habían desarrollado conflictos sobre el presupuesto del Poder Judicial y la aplicación del artículo 177 de la Constitución que lo establece (^{Cascante, 2014, 34}). Ambos trabajos plantean una historia eventual, con fuentes primarias y normativas que intenta explicar el desarrollo del Poder Judicial costarricense; sin embargo, entre líneas, permiten comprender los cambios abruptos en el diseño institucional que dicho poder tuvo en las primeras décadas de existencia del Estado. Asimismo, el texto de González Volio (¹⁹⁶⁷) empieza a establecer una división temporal que será tradicional en los estudios sobre la materia, dado que fija la gran transformación del Poder Judicial con el proceso de guerra civil y la redacción de la Constitución de 1949.

Junto con estos estudios historiográficos, también al final de la década de 1960 y la década de 1970, dadas las disputas por el presupuesto del Poder Judicial y el fortalecimiento de Corte Suprema de Justicia como actor político, aparecen los trabajos en la Facultad de Derecho de Víctor Manuel Hernández, La crisis institucional de la Corte Suprema de Justicia (¹⁹⁶⁷), Rodrigo Rojas Rodríguez, La independencia financiera del Poder Judicial (¹⁹⁷³) y Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, El funcionamiento del sistema jurídico(¹⁹⁷⁹) y un par de artículos de este mismo autor relaciones con dicha obra central. Los dos primeros trabajos permiten comprender las disputadas normativas y políticas del momento, así como, dentro de la Facultad de Derecho existió toda una línea de pensamiento sobre la necesidad de dotar al Poder Judicial de un mayor presupuesto que se definiese legalmente y no a partir de los vaivenes de la negociación política.

Por su parte, el trabajo de Gutiérrez Gutiérrez, aunque con un enfoque sociológico-jurídico y no historiográfico, constituye un texto de la mayor relevancia para los estudios de actualidad del Poder Judicial, dado que cuenta con capítulo dedicado a analizar el desarrollo del Poder Judicial desde 1948 hasta 1970. El trabajo en cuestión fue una evolución de un estudio corto sobre las características de los jueces en Costa Rica, publicado previamente en la revista de Ciencias Jurídicas (^{Gutiérrez, 1973}), en el que se planteó varias hipótesis sobre el comportamiento de los jueces respecto de sus funciones y en relación con su proveniencia social. Por su parte, en el texto de 1979, se emplea una interesante base de estadística, este avance le brindó a Gutiérrez las herramientas necesarias para caracterizar al Poder Judicial durante esos años. La trilogía de trabajos de Gutiérrez concluyó con un artículo corto publicado en 1981, en este trató de aproximarse a comprender el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, a partir de entrevistas a los magistrados e, incluso, de reconstruir el día a día de sus funciones. No cabe duda de que, desde la sociología del derecho, los trabajos de Gutiérrez constituyen una evolución metodológica, a pesar de lo cual conserva incólume la idea de que la constituyente de 1948 y la Constitución de 1949 conforman el origen del Poder Judicial contemporáneo (^{Gutiérrez, 1981}).

A pesar de ser un dinamizador de las investigaciones sobre el Poder Judicial y su institucionalización, la discusión sobre el financiamiento y la independencia judicial no siguió pesando en la elaboración de tesis o estudios históricos respecto de este. Durante la década de 1980, solo aparece la tesis de Víctor Manuel Hernández Cerdas, Crisis institucional de la Corte Superior de Justicia en la formación del estado nacional (¹⁹⁸⁰), cuyos anexos fueron publicados como artículo de revista con el mismo nombre (¹⁹⁸⁴), describe el devenir jurídico normativo y los problemas de integración de la Corte entre 1821-1848. Resultaba muy innovador en este trabajo la búsqueda de salarios y presupuestos para la época, así como las nóminas completas y las biografías de algunos de los magistrados electos durante esas décadas; sin embargo, no vincula con profundidad este proceso con los discursos jurídicos planteados durante dicho periodo histórico, por lo que no puede comprenderse con la claridad los motivos de la debilidad institucional del periodo.

Más allá de la influencia de los textos elaborados en la década de 1970, o un intento por profundizar en sus hallazgos, fueron los recortes al presupuesto de la Corte, los intentos de modificación al financiamiento de esta y, sobre todo, las acusaciones de corrupción e irrupción de la influencia de los grupos narcotraficantes en el país, los que generaron más innovación en los estudios sobre el Poder Judicial en la década de 1980 y principios de la década de 1990 (^{Cascante, 2014}). Desde esta perspectiva, al enfocarse en una dura crítica a la situación del Poder Judicial, tanto por su relación financiera con el Poder Ejecutivo como por la ineficiencia para cumplir sus funciones en la concepción del Estado de Derecho, y la pérdida de legitimidad política que estaba experimentando una serie de investigaciones, tuvieron un carácter más minucioso y menos complaciente con la labor del Poder Judicial.

Este contexto generó tres tipos de trabajos, los informes técnicos y los artículos críticos sobre la situación del Poder Judicial, en un marco de discusión sobre su reforma; los estudios de historia del derecho sobre el control de constitucionalidad; y, por último, los trabajos académicos sobre las relaciones de poder que rodean al desarrollo del Poder Judicial tanto como actor político como instrumento de control social.

En esta línea, el Informe sectorial sobre la administración de justicia en Costa Rica, elaborado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) (¹⁹⁸⁶), junto con la Universidad Internacional de la Florida, cuyo coordinador fue Enrique Castillo Barrantes, importante figura de la política costarricense durante las siguientes dos décadas, constituyó un diagnóstico sobre el estado del sistema de justicia a mediados de la década de 1980. En tal sentido, se introduce al Poder Judicial como principal actor, que puede ser examinado mediante métodos estadísticos y cualitativos.

Este último aspecto es relevante para las futuras investigaciones historiográficas sobre esa época, pues incluyen una serie de entrevistas con diferentes actores del Poder Judicial, entre ellos jueces, fiscales; así como con abogados litigantes y público en general. De tal forma, se brinda una descripción sobre las percepciones negativas que existían de la administración de justicia, aunque no se plantean las causas que provocan esa visión con claridad.

En la misma dirección crítica del citado informe, pueden citarse las tesis de la década de 1980 elaboradas en la Facultad de Derecho. Entre ellas se encuentra las de Víquez y Carvajal (¹⁹⁸⁶); Macaya Cerdas (¹⁹⁸⁶); Fernández, Molina y Navarro (¹⁹⁸⁷); y en la década de 1990, de Sedo Jiménez (¹⁹⁹⁰) y Calvo Coto (¹⁹⁹³), estas, con un perfil marcadamente jurídico, pretendían establecer los componentes argumentativos para sostener la independencia económica del Poder Judicial, en etapas en las que este tema se encontraba dentro de debates más álgidos en el país, dadas las reformas que se estaban dando en la Corte Suprema de Justicia y un nuevo enfrentamiento en razón del presupuesto judicial y su administración.

El enfoque de textos críticos elaborados por operadores del sistema judicial continuó durante las dos décadas siguientes. Se puede mencionar, entre muchos otros, los trabajos de Cruz (²⁰⁰⁰ y ²⁰⁰³), Arias (²⁰⁰⁶), Dobles Ovares (²⁰⁰⁸) y Vargas (²⁰²¹). Estos textos, a diferencia de los mencionados para las décadas de 1980 y 1990, se concentraron en debatir la conformación de una verdadera carrera judicial (modernización del esquema de contratación y estabilidad laboral de los jueces) y el impacto que este faltante ha tenido sobre la independencia de los jueces frente a los órganos de gobierno del Poder Judicial, a partir del estudio de las normas jurídicas y la experiencia de los autores dentro de la administración de justicia. Cabe mencionar que el trabajo de Arias se destaca entre estos por brindar un enfoque de género al problema de la carrera judicial, conceptualizar la composición de este proceso y mostrar, a partir un ejercicio de inferencia estadísticas, las desigualdades existes en ese proceso.

El tercer tipo de estudios se enfoca en temas específicos de institucionalidad y origen del control de constitucionalidad. Entre ellos pueden citarse los trabajos sobre el Poder Conservador y el control de constitucionalidad. Estos textos se encuentran motivados por la discusión que surge en la década de 1980 sobre la creación de un tribunal constitucional, que concluye con la creación de la Sala Constitucional (conocida como “la Sala Cuarta”) y los debates sobre su comportamiento jurídico y político en los años posteriores a su creación. Dentro de estos, se encuentran El poder conservador: cuarto poder del estado de Costa Rica: constitución de 1825 (¹⁹⁸⁴), de Luis Felipe Fernández; y El poder conservador, inicio del control de constitucionalidad en Costa Rica (¹⁹⁹³), de Carlos José Gutiérrez; y Los inicios del control constitucional en Costa Rica, de Jorge Sáenz Carbonell (¹⁹⁹⁹), que reflejan interesantes disputas en la organización del Estado costarricense por las funciones jurisdiccionales de este. Desde los aspectos metodológicos, estos textos guardan un enfoque de historia del derecho tradicional, es decir, basado en la descripción de la evolución normativa.

Por otro lado, dentro del tercer tipo de investigaciones con enfoque historiográfico, que empiezan a elaborarse en la década de 1980, sobresalen los trabajos de Jorge Rhenán Segura Carmona, La clase política y el Poder Judicial en Costa Rica (^{1982(1882-1888)}); Patricia Badilla, Ideología y Derecho: El espíritu de la reforma jurídica costarricense (1882-1888)(¹⁹⁸⁸); Claudia Quirós, Los tribunales de probidad y sanciones inmediatas (¹⁹⁸⁹); y un trabajo de publicación más tardía de José Daniel Gil Zúñiga, Morigerando las costumbres. Canalizando las disputas. A propósito de los conflictos en los pueblos heredianos. 1885-1915 (¹⁹⁹⁷), que estuvo basado en su tesis doctoral. Sobre estos textos, es necesario realizar algunas apreciaciones particulares, por los avances que representaron en su momento.

El texto de graduación de Segura Carmona, que después se publicó como libro con el título La clase política y el Poder Judicial en Costa Rica (¹⁹⁸²), constituye un primer intento -en una etapa muy temprana en el desarrollo de este tipo de estudios en Costa Rica- por discutir mediante fuentes y métodos novedosos los vínculos entre la Corte Suprema de Justicia y los actores del sistema político costarricense, para lo cual retoma alguna de las tesis propuestas por de Samuel Stone (¹⁹⁹³). Pese a ello, las conclusiones no son tan sugerentes como el objetivo propuesto, dado que no termina por establecer los patrones de cómo la Corte se transformó en un instrumento de la elite política, o bien, se convirtió en una facción más de esta con capacidades de decisión propia y presión sobre las demás. Es decir, se sostiene un concepto muy lineal del poder y de la organización de las elites, sin reparar en los conflictos que toda organización política enfrenta.

En una línea similar, pero vinculada con el método de análisis de contenido, el trabajo de Badilla (¹⁹⁸⁸) -basado en su tesis de maestría- analiza los discursos en torno al sistema jurídico y al Poder Judicial en el escenario de la gran reforma jurídica que se organiza y ejecuta en la década de 1880. Según la tesis de Badilla, la reforma planteaba el principio de “Estado de Derecho”, un concepto que se tornaría en un eje central en la visión de orden y progreso impulsada por los intelectuales y políticos liberales. Este principio formaba parte de las visiones propias de la época, según las que alcanzar niveles civilizatorios dependía de la existencia de un régimen jurídico estable, orientado a la protección de garantías individuales. Esto se traducía en la existencia de un aparato administrativo debidamente normado, en el cual se destacaba el principio de independencia política y administrativa de la Administración de Justicia. El problema fundamental del planteamiento de Badilla consiste en establecer a la élite política como un cuerpo unitario con un discurso unitario, donde la organización judicial se transforma en un brazo más del poder de la élite, lo que no permite comprender si los miembros de esta organización tienen un discurso e intereses propios.

El trabajo de Quirós (¹⁹⁸⁹) constituye una reconstrucción de las formas en que fueron constituidos los tribunales de probidad y sanciones inmediatas, así como una descripción de cómo estos operaron y contra quiénes fueron dirigidos. A partir de lo que la autora concluye que los tribunales en cuestión permitieron consolidar el poder de las fuerzas leales a Figueres tras la guerra. El texto se torna muy descriptivo de los expedientes revisados por la autora y refleja poco de los efectos en el mediano y largo plazo que estos tribunales causaron en la institucionalidad judicial existente.

El trabajo de Gil (¹⁹⁹⁷), por otra parte, sin ser, en términos estrictos, historia institucional, dado que se orienta más al estudio del control social, toma en cuenta la institucionalidad judicial, lo que podría asimilarse a la historia de la justicia a que se hizo referencia con anterioridad, pero con una clara visión de la capacidad del control de grupos subalternos. Una renovación de estas temáticas se produjo con la publicación del libro conjunto editado por Juan José Marín Hernández y José Daniel Gil Zúñiga, titulado Delito, poder y control en Costa Rica 1821-2000 (²⁰¹¹), en que se recogen los artículos El sistema jurídico de conciliación cotidiana y la construcción de la legitimidad: el caso Costa Rica 1821-1840, de José Manuel Fernández Molina (²⁰¹¹); y Las faltas y las felonías en Costa Rica, por regiones durante (1880-1940), del propio Marín Hernández (²⁰¹¹). Los trabajos en cuestión, desde diferentes enfoques, abordan las funciones del Poder Judicial y el sistema de justicia más allá la normativa jurídica y la visión tradicional del Estado de Derecho, y ligan la acción judicial a diversas manifestaciones de poder, como se expondrá a continuación.

De especial importancia por su planteamiento, el cual se acerca a los estudios de historia de la justicia realizados en Europa y América Latina, el texto de Fernández Molina (²⁰¹¹) inicia un debate entre localismo y poder central en los primeros años de construcción del Estado costarricense tras la independencia (1821-1840). En este sentido, con fundamento en la lectura y descripción de las resoluciones que se conservan sobre la labor de alcaldías y juzgados, el autor en cuestión argumenta que, tras la independencia, la normativa impulsada por las elites modernizadoras fue contrarrestada por la forma tradicional y colonial de resolver los problemas locales. Sin embargo, concluye que con forme el sistema jurídico se fueron expandiendo y sustituyendo las formas tradicionales por las visiones de la elite en un proceso de legitimación de esta. La propuesta presentada por Fernández Molina resulta de especial relevancia, en la medida que plantea un punto de partida para comprender los obstáculos iniciales en la implementación de los diseños institucionales planteados por las elites políticas de las primeras décadas tras la independencia.

Más vinculado con una historia del control social y su relación con el sistema judicial que con el desarrollo de la institucionalidad Poder Judicial y sus poderes infraestructurales, los citados trabajos de Gil Zúñiga y Marín Hernández (²⁰¹¹) se concentran en el proceso de control institucional que desarrolla el Estado. Dicho proceso se alcanza mediante las agencias del sistema penal y la introducción de un discurso moralizante para explicar cómo todo ese aparato tenía como fin establecer la formalización judicial y el desarrollo de una “mentalidad legalista”, como un sustituto a la violencia física como último mecanismo para resolver los conflictos cotidianos, lo que generó un gasto moderado del Estado en el aparato judicial, que se refleja en el trabajo estadístico desarrollado en el capítulo de los estos autores.

Esta línea de investigación debe ser ampliada, en la medida que no observa otros elementos de la relación entre autoridades judiciales/policiales y sociedad. En otros términos, elimina las posibilidades de transformación de las instituciones del sistema judicial que se pueden desarrollar por la protesta social y la intervención de los grupos subalternos, lo que parece que pudo haberse dado en algunos casos, como un reciente trabajo de Viales Hurtado y Díaz-Arias (²⁰¹⁷) en el cual se efectúa un recorrido de largo plazo por la evolución de las normas y la organización de los tribunales laborales en el país, que constituye un punto de partida válido para comprender la influencia de grupos ajenos al Poder Judicial en la conformación de su estructura, así como la inclusión o especialización de sus funciones a lo largo de la historia costarricense.

Conclusiones

El estudio de los trabajos recogidos para desarrollar este apartado permite apreciar la necesidad de avanzar en el estudio historiográfico del Poder Judicial y la administración de justicia en Costa Rica. También permite realizar algunas valoraciones sobre las temáticas que podrían abordarse, así como las fuentes por emplear en eventuales estudios en esta materia. De tal forma, en este balance se realizarán algunas cuatro reflexiones sobre estos elementos.

Una primera reflexión gira en torno a la distribución temporal de los estudios realizados. En esta línea, los pocos trabajos existentes se han concentrado en el siglo XX, mientras que el siglo XIX apenas tiene pocas referencias de peso, en especial dentro del periodo comprendido entre la dictadura de Carrillo y las reformas de la década de 1880. Probablemente, la preferencia por estudiar el siglo XX, ha favorecido la reproducción sistemática de que el Poder Judicial costarricense se considere un fruto más del “corte” institucional producido en 1948 y la Constitución de 1949, sin que se tome en cuenta el peso del siglo XIX y el estado del Poder Judicial y la administración de Justicia al iniciar el siglo XX; a pesar del peso que en la historiografía nacional ha tenido la reforma liberal de final del siglo XIX.

La segunda reflexión se concentra en la variedad de enfoques que han existido para abordar el tema en cuestión. De tal manera, aunque poco numerosas, a partir esta revisión de literatura nacional sobre dicha temática, pueden sintetizarse al menos tres líneas de acción: el estudio de los procesos de creación jurídica del Poder Judicial, que son los más cercanos a una historia institucional de este; los trabajos que en su momento de elaboración estudiaron la actualidad del Poder Judicial en Costa Rica (tesis de la Facultad de Derecho, algunos informes) y, por último, aquellos que se han acercado a una historia social, mediante el análisis de la labor de la institucionalidad judicial en las clases sociales subalternas.

Los trabajos de actualidad constituyen, para el historiador interesado en los temas judiciales, una fuente primordial para comprender las características de las coyunturas en que fueron escritos, asimismo, brindan una ventana para comprender cómo en periodos de crisis política del Poder Judicial, este se ha convertido en un tema de investigación. Por otra parte, los trabajos de control social han sido importantes en Costa Rica, en especial dentro de los esfuerzos por construir una “historia desde abajo”, lo que ha permitido entender – al menos en parte – la importancia de la conformación de un aparato estatal para los mecanismos de control social del Estado. De tal forma, los esfuerzos investigativos dirigidos a escudriñar el siglo XIX, se han concentrado, en general, en este tipo de enfoques.

La tercera reflexión se encuentra dedicada a los trabajos más cercanos al estudio del desarrollo de la institucionalidad del Poder Judicial y la administración de Justicia. Estos han sido elaborados, en su mayoría, por abogados, y se enfocan en las transformaciones normativas, sin explicar con profundidad el contexto que causó su formulación. Asimismo, con excepciones, estos trabajos no han empleado una serie de fuentes y métodos novedosos. Por el contrario, se han caracterizado por el uso de unas escasas fuentes (leyes y datos biográficos) y métodos clásicos de investigación histórica (crítica documental externa e interna). Resulta posible que por adolecer de métodos más novedosos y por no haber explorado otras evidencias se ha sostenido que 1948 es el punto central para comprender la lógica de relación entre el Poder Judicial, junto con el resto de los actores del sistema. Lo cual parece claro desde la normativa constitucional, pero no desde una visión sociológica de las normas jurídicas. En otros términos, no han existido estudios que establezcan las relaciones políticas existentes entre el Poder Judicial (comprendido como gobierno judicial e instancias de administración de justicia) con el resto del sistema político costarricense. Desde esta perceptiva, el estudio del Poder Judicial y la administración de justicia también debe enfocarse desde el proceso de institucionalización de dicho ente, lo que se encuentra vinculado no solo con el diseño normativo, sino también con la expansión en el territorio, el desarrollo burocrático y los cambios en la cultura jurídica de dicha institución; así como las conflictividades que tal fenómeno enfrentó.

La última reflexión se concentra en la posibilidad de los estudios sobre la historia de del Poder Judicial y la administración de justicia de encajar dentro de la última etapa de estudios institucionales en el país. En las últimas dos décadas, este tipo de estudios se han concentrado en dos aspectos claves de la construcción institucional del Estado: la conformación de las finanzas públicas (^Román,1995; ^{Calderón, 2012}; ^{Rodríguez, 2013a}, ^2013b, ^{D´Alolio-Sánchez, 2014}) y la consolidación de cuadros burocráticos, junto con la estructura político-normativa del Estado (Rodríguez-Solano, 2012; ^{Corella-Ovares, 2013}). De tal forma, un trabajo innovar sobre el desarrollo institucional del Poder Judicial debería seguir un enfoque similar, mediante el empleo de los archivos judiciales, el legislativo y en este caso el presupuestario como fuentes de trabajo. Además, debe utilizar como método el análisis estadístico contextualizado de los presupuestos para comprender la relevancia práctica que tuvo la institución, y comprender mediante la prosopografía las características de las élites y los grupos involucrados en el proceso de conformación del Poder Judicial en el siglo XIX. Este tipo de enfoque metodológico permitiría llenar los silencios investigativos detectados y, además, hacerlo con métodos distintos al tradicional historicismo que predomina en los trabajos sobre esta materia.

Notas