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Diálogos Revista Electrónica de Historia

On-line version ISSN 1409-469X

Diálogos rev. electr. hist vol.14 n.1 San Pedro Feb./Aug. 2013

 

El estado chileno y las mujeres en el siglo XX. De los temas de la mujer al discurso de la igualdad de géneros

The chilean state women in the twentieth century. From women's issues to gender equality speech

Carmen Gloria Godoy Ramos1*

*Dirección para correspondencia:


Resumen

Este trabajo se enfoca en el análisis de las tensiones, resistencias y contradicciones que recorren el proceso de instalación del discurso de igualdad de géneros y de una institucionalidad abocada al tema a partir de la década de 1990, en el marco del proceso de redemocratización de la sociedad chilena. Nos centramos particularmente en la discusión que se dio a nivel parlamentario y en dos iniciativas, la modificación del Artículo 1° de la Constitución Política y el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades, impulsadas por el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer). Pero comprender el tránsito de la resistencia al “discurso de género” hasta su aceptación al menos aparente, requiere también de la revisión de algunos antecedentes históricos en torno a la relación de las mujeres y el Estado, y el carácter de la inclusión de los temas “femeninos” generalmente asociados a la maternidad y la familia. Por esta razón y desde una mirada de largo plazo revisamos la trayectoria de los organismos femeninos de carácter estatal y los discursos que han recorrido la sociedad chilena durante gran parte del siglo XX sobre el papel de la mujer en el espacio público en tanto madre, trabajadora y ciudadana.

Palabras claves: Mujeres, género, igualdad de oportunidades, derechos de la mujer, política gubernamental, Chile

Abstract

This work focuses on the analysis of the tensions, resistances and contradictions that are part of installation process of gender equality discourse which was institutionalized in the 1990s, as part of the process of re-democratization of the Chilean society. We focus particularly on the discussion that took place at the parliamentary level, and in two initiatives, the amendment of Article 1° of the Constitution and the First Plan for Equal Opportunities conducted by SERNAM (Woman National Service). But understanding the transition from resistance to “gender equality discourse” until at least an apparent acceptance, requires also the review of some historical background about the relationship between women and the state, and the character of the inclusion of the female issues, usually associated with motherhood and family, and the agencies created especially for this purpose since the mid twentieth century under governments of different political orientations. For this reason and from a long term perspective, the article also proposes a review of the trajectory of women’s state agencies and the ideas that have traveled the twentieth century on the role of woman in the public sphere as mother, worker and citizen.

Keywords: Women, gender, equal opportunity, women’s rights, government policy, Chile
 

Introducción

En el marco del proceso de redemocratización social y política experimentado en Chile a partir de la década 1990, uno de los avances más sustanciales fue la instalación de un discurso en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, y de una institucionalidad de género representada en la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Con una fuerte resistencia en los primeros años desde los partidos políticos de oposición como de sectores más conservadores de la propia coalición gobernante -la Concertación de Partidos por la  Democracia-, ciertos aspectos de esta problemática han cobrado legitimidad en el ámbito público en la medida que la perspectiva de género que explicita las inequidades entre hombres y  mujeres,  sobre todo en el terreno laboral y político, hoy parece ampliamente aceptada. Si bien postulamos que esto se produce dentro de los límites que establece la exclusión de su dimensión política y del cuestionamiento que lleva implícito, esto es, disociado de su origen: la demanda feminista y la demanda de las mujeres por constituirse como sujetos políticos.

Las tensiones que recorren    la instalación del género en el Estado, la relativización del término Hombre como equivalente a la condición de ser humano, así como la discusión sobre la igualdad de oportunidades para las mujeres en distintos ámbitos de la vida social, se vinculan no solo a posiciones políticas más o menos progresistas, sino a distintas  concepciones sobre el lugar de las mujeres en la sociedad, sus roles como madre, trabajadora y ciudadana que han recorrido el siglo XX y que se mantienen en pugna hasta el presente. De esta forma, comprender el tránsito de la resistencia al “discurso de género” hasta su aceptación al menos aparente, requiere también de la revisión de algunos antecedentes históricos en torno a la relación de las mujeres y el Estado, y el carácter de la inclusión de los temas “femeninos” generalmente asociados a la maternidad y la familia, en organismos creados especialmente con ese fin desde mediados del siglo XX bajo gobiernos de distintas tendencias políticas.

Desde esa perspectiva, el trabajo se estructura en dos partes. En la primera, damos cuenta  de manera acotada de la trayectoria de los organismos femeninos creados al amparo estatal y del contexto en que surgen. En una segunda, analizamos el proceso de instalación del Servicio Nacional de la Mujer y la discusión en torno a la igualdad de géneros. Nos enfocamos en las tensiones, resistencias y contradicciones que recorren su proceso de instalación, particularmente en la discusión que se dio a nivel parlamentario, y en dos de sus iniciativas, la modificación del Artículo 1° de la Constitución Política y el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades, ambos correspondientes a la primera mitad de la década de los noventa.

El Estado y las mujeres en el siglo XX

Como ha planteado Maxine Molyneaux (2001) en América Latina la maternidad como un ideal político ha sido recurrente bajo regímenes de corte socialista o liberal. Precisamente, porque la obtención de derechos políticos conseguida hasta bien entrado el siglo XX, se lograría a partir de “virtudes domésticas” y “atributos especiales” que determinaban la participación de las mujeres en el espacio público en tanto madres y esposas. Sin embargo, las mujeres -organizadas- elaboraron una estrategia sobre la base de este “lenguaje de la diferencia” que tensionó la dicotomía público-privado y demandó la exigencia del reconocimiento de estas virtudes femeninas como un servicio al país1. Un aspecto que marcaría el carácter de los movimientos de mujeres en los países latinoamericanos y que significó el uso -muchas veces- de imágenes idealizadas de la figura de la madre, la esposa y debiéramos agregar de la “ama de casa”, como síntesis de ambas. En este sentido, la lucha de las feministas latinoamericanas por constituirse como individuos más allá del espacio y los roles familiares, dice Molyneux, no se dio con la misma fuerza que en los países europeos. Pero lo que se produjo fue una  ampliación y resignificación de las esferas de interés, desplazando las fronteras del hogar hacia el barrio y las cuestiones municipales, la protección del trabajo infantil y femenino2. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en los contenidos de “Comuna y Hogar”, boletín destinado a la difusión de la labor de los municipios que circuló en Chile entre 1929 y fines de los 30 (si bien su nombre posteriormente cambia al de Revista de las Municipalidades de la República), con el objeto de dar cuenta de sus labores administrativas y legislativas, así como del trabajo de las juntas de vecinos. La revista centrada en los problemas que surgen en pleno proceso de modernización de las ciudades, (con temas como la urbanización y el urbanismo) incorporaba el hogar y la mujer dada la importancia de su papel en dicho proceso. Particularmente respecto a la higiene y trabajo doméstico, entendiendo que una buena gestión dentro del hogar equivalía a una contribución “pública”, y estableciendo así una analogía entre el gobierno local/municipio-administrador de la casa y la mujer/madre-ama de casa3.

Es en este mismo período en que se produce la formulación de los sistemas de protección  social, que se sostenía en beneficios para los trabajadores y en estrategias de familiarización que incidieron en el ordenamiento de la vida privada, los comportamientos familiares y los patrones de género4. El Estado se alejó de la filantropía y la caridad practicada tradicionalmente por la clase aristocrática a través de la Iglesia Católica que orientaba su acción en los sectores marginados de la actividad productiva -liderado por religiosas y las damas de la elite-, cuyo objetivo era afrontar los efectos sociales del proceso de “descomposición moral” que afectaba a los sectores populares5. No obstante, las actividades filantrópicas mantuvieron su importancia como campo de acción femenino en la medida que posibilitaban el tránsito (y una mediación) de lo público hacia lo privado, y con ello la proyección de la maternidad (como conjunto de cualidades superiores) hacia el mundo social6. La participación de las mujeres -bajo estas condiciones- contribuía así a la reforma de la vida pública. El altruismo como cualidad propia de las mujeres (fundada en la maternidad) se oponía así al individualismo egoísta de los varones, dotando a la maternidad y la domesticidad de un valor moral y político, que adquiere características particulares de acuerdo al contexto socio-histórico7.

Desde esta perspectiva, y respecto a los ámbitos que se consideran legítimos para la participación de las mujeres en los asuntos públicos, encontramos en las actividades de corte filantrópico desarrolladas en Chile desde las primeras décadas del siglo XX por las Primeras Damas, un antecedente de la acción del Estado orientada hacia las mujeres. Dichas actividades se caracterizaron por contar con el apoyo voluntario de mujeres -esta vez de los sectores medios- en favor de los sectores más pobres de la sociedad: mujeres y niños fundamentalmente8. Entre sus acciones -particularmente en el marco de gobiernos de centro izquierda- se cuenta la creación del Comité de Navidad en 1944; la Asociación de Dueñas de Casa, bajo el gobierno de Gabriel González Videla en 19479 y la “Fundación El Ropero del Pueblo” en 1954. Pero los organismos propiamente estatales, sin carácter benéfico o que funcionan sobre la base del voluntariado surgieron a fines de la década del 40, cuando se crea una “oficina jurídica de la mujer”, mientras que en 1951 se estableció la “Oficina de la Mujer” dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores10. Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1969 y como respuesta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos respecto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se creó una Oficina Nacional de la Mujer, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Esta repartición funcionó solo un año y desarrolló “programas de salud, recreación, previsión, trabajo femenino, organización de la comunidad, capacitación, etc”11.

Ya hacia comienzos de la década de los sesenta, el Departamento Femenino del Partido  Demócrata Cristiano -partido de inspiración católica- buscó apoyo electoral femenino para el entonces candidato Eduardo Frei Montalva, a través de la organización de los Centros de Madres12. CEMA, la Central Relacionadora de Centros de Madres, surgió concretamente en el año 1964 con dos objetivos principales: “otorgar capacitación técnica y organizacional a las mujeres y los medios para que una vez capacitadas, pudieran realizar en el hogar trabajo  remunerado  
 
que les permitiera aumentar el ingreso familiar”13. Insertos en el programa de Promoción  Popular impulsado por el gobierno de Eduardo Frei M. -cuyo objetivo era promover la participación de los sectores populares a través de diversas organizaciones de base, como juntas de vecinos y cooperativas-, los Centros de Madres operaban como instancias que permitían la incorporación de las mujeres en la solución de problemas comunitarios y la canalización de las demandas sociales hacia las estructuras gubernamentales. Varios son los cuestionamientos a las posibilidades de real autonomía para las mujeres que entregaba este tipo de organización, solo teniendo en cuenta que es la mujer-madre la llamada a participar en la actividad política a nivel local, pero sin plantear un cambio radical de la situación de la mujer en la sociedad, esto es, su incorporación efectiva al aparato productivo -más allá de su capacitación en tareas manuales  consideradas tradicionalmente como femeninas-, aun cuando se ausente de la casa para tomar parte de las actividades del centro de madres más cercano14.

En 1971, CEMA pasó a ser denominada como Coordinadora de Centros de Madres (COCEMA), presidida por Hortensia Bussi -esposa del entonces Presidente Salvador Allende- y  conformado por 10.000 centros de madres. Heidi Tinsman plantea que a diferencia del gobierno anterior, la izquierda veía a los Centros de Madres como instrumentos de organización política y movilización partidista, de tal manera que a través de la “domesticidad cívica”, las mujeres podían ser incorporadas a la lucha de clases15.

Por otra parte, fue en el gobierno de Salvador Allende que se impulsó la creación de un Ministerio de la Familia (o Ministerio de Protección a la Familia), organismo que se encargaría del estudio y fijación de políticas relativas a la problemática de la mujer, ampliándola al desarrollo del núcleo familiar”, pero esta iniciativa no prosperó16. De acuerdo al proyecto, se trataba de investigar e incorporar al conjunto de los miembros de la familia en “la consolidación de la nueva sociedad”, pero a partir de la creación de una infraestructura y servicios (guarderías infantiles, lavanderías populares y venta de productos preparados) que permitiera que la mujer (definida como madre y dueña de casa) se incorporara efectivamente a la producción17. Sin embargo, y aunque se relevaba el hecho de ser un organismo orientado a todos los miembros de la familia en el marco de la política social de la Unidad Popular, finalmente es en la práctica la mujer en tanto madre su objeto principal de interés. Como consigna el estudio de Michelle y Armand Mattelart. (1968) sobre la situación de las mujeres chilenas en el marco del proceso de modernización y secularización que vivía el país hacia mediados de los años sesenta, existía una fuerte disociación entre la imagen de la “mujer moderna”, y las prácticas asociadas a la modernización de las relaciones de género18. Esta disociación era experimentada especialmente por mujeres de sectores medios y populares. Sobre este punto Ximena Jiles y Claudia Rojas. (1992) señalan que “el discurso de los líderes de izquierda y del propio Presidente Allende, reforzó el modelo femenino tradicional  cuando se refirió a “la abnegada madre y a la valerosa trabajadora” pero no a la mujer emancipada, cuyos deseos y aspiraciones tuvieran cabida dentro del programa de gobierno”19. Una visión similar encontramos en Teresa Valdés. (1989)respecto a la ausencia de un movimiento que recogiera “las reivindicaciones femeninas relativas al mejoramiento de la condición de la mujer”20, mientras que Heidi Tinsman. advierte que la Unidad Popular mantenía estrategias contradictorias en relación con conseguir el apoyo femenino. Por una parte, coincidía en algunos puntos con la tradición patriarcal al defender la “tradición maternal” -aunque sin poner a las mujeres en un segundo plano en relación a los hombres- por otra parte muchas feministas pertenecían a la Unidad Popular, las que planteaban que la transformación radical de la sociedad debía incluir el ámbito doméstico21.

Mujer, familia y nación en el discurso dictatorial

Bajo el  gobierno  de Augusto  Pinochet  U.  (septiembre1973-marzo1990), los organismos femeninos pasaron a depender de la dirección de Lucía Hiriart su esposa, pero bajo la administración de la División de Organizaciones Civiles, que cumplía un rol comunicacional. En 1975 Lucía Hiriart “creó y encabezó la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad (FUNACO) para coordinar la labor del voluntariado de acción social prexistente, reuniendo un  verdadero “ejército” de mujeres que vestían uniformes-delantales de diversos colores”22. Esta  fundación tomó un carácter netamente asistencial. Las mujeres que conformaban los organismos femeninos, actuaban como voluntarias o socias, incorporándose a la actividad pública mediante una labor de cooperación, nunca de intervención directa en los problemas sociales.

Respecto a los Centros de Madres, el gobierno militar le imprimió dos características: en primer lugar, eliminó cualquier rasgo de política partidista, en segundo lugar, se les presentó como una instancia de integración de la mujer que no contradecía su rol de madre y esposa, y que de esa forma mejoraba la condición de “la mujer chilena”23. El progreso de la patria y familia debían convertirse en un solo objetivo y razón de ser para las mujeres. Por ello, su participación debía concentrarse en lo local, sin alejarse demasiado de su casa ni su familia. La transformación de CEMA se inició en octubre de 1973. Aunque formalmente, sus estatutos son modificados por Decreto Supremo N° 688 de 1974, pasando a llamarse “Fundación Graciela Letelier de Ibáñez, CEMA-Chile”, la presidencia se mantuvo en manos de la Primera Dama, en este caso, Lucía Hiriart de Pinochet. En julio de 1981, fue transformada en “Fundación CEMA-Chile”.

El discurso de CEMA-Chile tenía como eje la “moral y decencia” en el comportamiento, y aunque sin modificar sustancialmente el tipo de capacitación otorgada a las socias, establecía un ordenamiento jerárquico entre estas y las voluntarias. Las primeras, generalmente esposas de miembros de las Fuerzas Armadas o mujeres que participaron en grupos opositores al gobierno de la Unidad Popular, tenían a su cargo las labores de coordinación con el gobierno manejando un número determinado de centros de madres y controlando la asistencia de las socias. Mientras estas últimas eran las “beneficiarias” de las actividades desarrolladas. De hecho, era el voluntariado y no las socias quienes constituían efectivamente el eje de la organización, ya que su acción no se restringía a los Centros de Madres, sino que se ampliaba a todas las actividades desarrolladas por la fundación.
 
En el marco de las transformaciones impuestas por el paradigma económico neoliberal -ya hacia 1975- y la implementación de un Estado de carácter subsidiario, la realidad a la que se veían enfrentadas las mujeres de los sectores medios y populares, distaba bastante de  las concepciones de género que predominaban en dictadura, al menos discursivamente. Estas se sostienen en la idea de un orden natural de los sexos con atributos claramente discernibles entre hombres y mujeres. Se trata de una mirada esencialista a partir de la cual se releva la dimensión materna y lo privado como ámbito de acción para las mujeres. Las referencias a la “liberación femenina” o el feminismo -cuya influencia se había dejado sentir con fuerza hacia inicios de los 70 solo tienen como objetivo demostrar que constituyen un camino equivocado para las mujeres.

Esto se observa con claridad en la labor de la Secretaría Nacional de la Mujer, organismo que tuvo gran importancia durante este periodo en términos políticos e ideológicos. Sus orígenes se encuentran en un decreto presidencial del año 1972 que establecía su dependencia de la Presidencia de la República y define como su principal objetivo asesorar “en la elaboración y ejecución de planes y políticas relativas a la mujer”24. Esta repartición atendió principalmente problemas de abastecimiento y control de precios, salud, jardines infantiles y educación25. Bajo  la dictadura militar, la secretaría adquirió un rol básicamente de formación ideológica al otorgar un espacio a las mujeres que fueron opositoras activas de la Unidad Popular, como reconocimiento a su acción, con el objetivo de resaltar las “funciones femeninas”26. A diferencia de CEMA, la Secretaría cubría un nivel más amplio de la población, ya que a través de organizaciones locales  y agrupaciones comunitarias lograba ingresar en las familias, aun cuando no participaran de sus actividades. Siendo su función básicamente de adoctrinamiento ideológico la Secretaría tuvo una función comunicacional (también dependía de la División de Organizaciones Civiles) que se concretó en varias publicaciones27  cuyos contenidos eran críticos de la “liberación femenina” en tanto produce una “abierta competencia y rivalidad con el hombre”, contrastándolo con la “liberación” a la que conduce perfeccionarse “como dueña de casa y como ser humano”28. En ese sentido, se reafirma la diferencia entre lo que sería un discurso sobre la mujer y la familia dirigido a las mujeres, y un discurso con influencia feminista. Este último vinculado a grupos opositores al gobierno y al “imperialismo soviético”, por ende, antinacionalista. De manera tal que una fecha como el Día Internacional de la Mujer, es rechazada y en su lugar se instituye el “Día de la Mujer Chilena”29, en una clara asociación entre mujer, patria y nación que refuerza su papel de representante de la nación y no de ciudadana con derechos.

A partir del retorno a un régimen de carácter democrático, CEMA-Chile no continuó formando parte de las organizaciones presididas por la Primera Dama30. En 1990, Leonor Oyarzún, esposa del entonces Presidente Patricio Aylwin Azócar, transformó la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad en INTEGRA, institución que se hizo cargo del trabajo con niños en situación de extrema pobreza, y también creó la Fundación de la Familia. Al año siguiente, se dio inicio al Programa de Promoción de la Mujer (PRODEMU), orientado a “apoyar y fomentar las organizaciones de base de mujeres e impulsar una red de encuentro para su plena incorporación como agentes activos en el desarrollo del país”31.

La creación  del servicio nacional de la mujer y la disputa por el género

El Servicio Nacional de la Mujer encuentra sus antecedentes en las propuestas de la “Concertación Nacional de Mujeres por la Democracia”32, una organización autónoma creada luego del triunfo de la oposición en el plebiscito de 1988 (sobre la continuidad de Pinochet al mando del gobierno), y compuesta por mujeres militantes de partidos políticos de centro y de izquierda, así como independientes, que se “planteó como objetivos formular un programa sobre la mujer para el futuro gobierno democrático y trabajar en la campaña presidencial y  parlamentaria”33.

El programa incluía las propuestas de comisiones que abordaron los  siguientes ámbitos: educación, salud, familia, participación política, comunicaciones, arte y cultura, empleo, campesinas, pobladoras, legislación, y la Oficina Nacional de la Mujer a cargo de la Comisión de Institucionalidad. Siendo una de las demandas centrales la creación de una institucionalidad encargada del tema de género. La comisión trabajó a partir de las Bases Programáticas de la Concertación, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas34, y tomó como referencia “la estructura de organismos estatales creados en diversos países con objetivos similares, así como la experiencia profesional de las integrantes de la comisión”35. Sin embargo, el Servicio Nacional de la Mujer forma parte de un proceso de democratización que debía abarcar todas las dimensiones de la vida social, y en el cual el movimiento de mujeres (“las de los partidos, las de movimientos, las más críticas, las menos críticas”) tuvo una gran importancia debido a que instaló el tema y  estableció la necesidad de una institucionalidad, y luego porque introdujo que temas que hasta ese momento no eran de interés para los partidos políticos, como “el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la jefatura de hogar femenina asociado con discriminación”36. En este caso, las propuestas de la Concertación de Mujeres por la Democracia en derechos, temas de género e igualdad ante la ley se encuentran entre los objetivos que se planteaba la Oficina Nacional de la Mujer. Estos objetivos apuntaban a la defensa de los derechos de la mujer asociada al mejoramiento de la calidad de vida; influir en las políticas públicas para que consideren los problemas específicos de las mujeres y proponer modificaciones constitucionales y legales que “aseguren la igualdad de la mujer ante la ley”37.

En el año 1991 la Oficina de la Mujer se convirtió en el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)38, como organismo coordinador de políticas públicas con una Directora con rango de Ministra39. Desde la mirada retrospectiva de quienes ocuparon ese cargo o formaron parte del proceso de instalación, el SERNAM se reconoce como una necesidad planteada desde la sociedad civil, “un pacto social y político que combinó reivindicaciones particulares con las reivindicaciones generales del país” -la lucha contra la dictadura- que “(…) nació para transformar la sociedad no para administrar las políticas de género”. Pero que también se constituye como una “anomalía con respecto al conjunto de la institucionalidad pública”, en tanto surge  como demanda del movimiento de mujeres, y algunas de estas mismas mujeres ingresan al trabajar al Estado, así como también muchas quedan fuera40. Lo que reavivó una serie de tensiones respecto a la relación entre el feminismo y los partidos políticos, esto es, entre las potencialidades de un movimiento social y la acción política institucionalizada, que en el caso chileno parecía estar marcada por exclusión mutua, solo superada en ciertos momentos históricos, como fue la lucha contra la dictadura41.

En ese contexto la creación del SERNAM generó una serie de contradicciones entre  quienes formaban parte del movimiento feminista, que observaron con desconfianza la posible  pérdida de autonomía al momento de hacerse parte del Estado42. Pero si bien, los orígenes del SERNAM llevan la impronta feminista que enfatiza la participación y la ampliación de los derechos de la mujer, y con ello abordar temas controversiales en un clima crecientemente hostil a ese tipo de iniciativas (aborto, divorcio, derechos sexuales y reproductivos, paridad), la agenda de la institución se fue distanciando de los lineamientos originales. Las dudas que se produjeron para participar de esta instancia se relacionan con el carácter negativo que se le atribuye a la institucionalización, “perder las banderas” en lugar de permanecer en el ámbito de la sociedad civil, “más desde las marchas que desde el Estado”, si bien se reconoce como un espacio importante y clave para la transformación social que se pretendía43.

Dos elementos  habrían  causado  el  distanciamiento  de  sus  lineamientos originales. Por una parte, la resistencia de los partidos de derecha a la discusión de los denominados “temas valóricos” -como se comenzó a denominar a los asuntos relativos a los derechos sexuales y reproductivos-, y por otra parte, las tensiones internas en la coalición gobernante respecto a la manera de abordar la desigualdad de géneros, más concretamente la visión crítica de la Democracia Cristiana a los contenidos ‘feministas’ de la agenda propuesta por la Concertación de Mujeres por la Democracia”44. Efectivamente, durante la discusión del proyecto de Ley en el Senado, el gobierno consciente de la “sospecha”, aclara las funciones y carácter del SERNAM:

El primer paso que dimos en la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados consistió, básicamente, en despejar tres problemas que estuvieron en el origen de la polémica cuando se presentó el proyecto: uno, el temor de que el Servicio Nacional de la Mujer pudiera tener un objetivo estrecho, partidista, de reclutamiento, es decir, de utilización de ese organismo para reclutar partidarios del Gobierno y movilizarlos en su favor con recursos del Estado; otro, el hecho de que ese Servicio pudiera sustentarse en alguna de las tesis que están presentes en la controversia, en el debate contemporáneo acerca de la condición de la mujer: el feminismo u otra; y el tercero era el temor de que su creación pudiera generar nuevas burocracias45.

Además, surge el problema de la representación y de las políticas que se impulsarán desde la institución. ¿A qué mujer o a cuáles mujeres se dice representar? De acuerdo al análisis de Eugenia Brito, el organismo orienta sus políticas a las mujeres educadas y con formación profesional, y no exclusivamente a la mujer en su papel de madre y esposa. Esto se reflejaría en la figura de su primera Directora, la abogada Soledad Alvear, militante de la Democracia  Cristiana  y esposa de un importante miembro del partido, quien representa los intereses y  necesidades de una mujer desde su rol como mujer profesional. El objetivo de Soledad Alvear es “impulsar una educación para el desarrollo de la libertad y con equidad; una sociedad en que prime el respeto y la solidaridad entre las personas sólo será posible en la medida en que estos valores se cultiven en las relaciones en el largo plazo entre las personas (La Nación, 12 de enero 1991)”46.

La amenaza del género

La aparición de un “discurso de género” y la visibilización de las desigualdades entre hombres y mujeres enfrentaron una fuerte resistencia por parte de los partidos de la derecha, esto es Renovación Nacional y particularmente la Unión Demócrata Independiente (UDI), junto con los senadores designados47   y algunos parlamentarios  de  la  coalición  gobernante.  Estas  tensiones  se  expresaron  con mayor nitidez en el momento que se comienza a discutir la creación de una institucionalidad pública abocada al tema y una serie de iniciativas legales tendientes a democratizar la relación entre hombres y mujeres, así como ampliar los derechos de éstas. El uso del término género fue asociado a una ideología de izquierda propiciada por un sector minoritario de la sociedad, esto es, las feministas, poniendo en tensión la comprensión de los significantes Sexo, Mujer y Familia y con ello desestabilizando el lenguaje que sostenía el orden hegemónico48.

Frente a ello el discurso de la derecha se sostiene en la idea de un orden natural basado en  diferencias claras entre hombres y mujeres que los obliga a cumplir tareas complementarias, pero también cuestiona la “real necesidad” de su creación dada la existencia previa de la Secretaría Nacional de la Mujer, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno49, así como el hecho que ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional) pudiera hacerse cargo de la coordinación interministerial. Se señala el riesgo de un aumento de la burocracia estatal; la opinión de Renovación Nacional es que centrar el enfoque solo en la mujer es “reduccionista y parcial”, mientras que “los temas tratados deberán ser revisados por otros Ministerios, dada la escasa actividad que se le asigna al SERNAM”50. A ello se suman las críticas desde el mismo partido al énfasis en “la participación y en la no discriminación de la mujer en la sociedad”, mientras que los “problemas reales de la mujer chilena” estarían referidos a su rol en la familia, “los problemas de sala cuna, las discriminaciones de tipo legal respecto a la capacidad de la mujer para administrar los bienes y otras”51. Para despejar las dudas se establece que este organismo tendrá un carácter “técnico”, de tal manera que se elimina la posibilidad de “intromisión” del Estado en el ámbito privado.

En una de las sesiones de discusión sobre el proyecto de ley, la  Senadora Carmen Frei Ruiz-Tagle (DC), hace referencia al hecho que este servicio no sólo forma parte del programa de gobierno -una promesa de campaña- planteando “una manera nueva la problemática de la mujer en la sociedad moderna”, integrándola al aparato productivo y a la economía moderna52, sino también al compromiso que adquirió el Estado de Chile al ratificar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, pero fundamentalmente su  intervención pretende levantar sospechas sobre su carácter ideológico feminista y la concepción sobre la igualdad de los sexos:

(…) nos aproximamos a este proyecto de ley con un criterio y con una exigencia compartidos [sic] en cuanto a que el ámbito de lo privado, de lo individual y de lo familiar no puede ser interferido por acciones gubernamentales. Esos son, por lo demás, la posición oficial del Gobierno y el espíritu y la letra del proyecto de creación del SERNAM. (…) No hay detrás de esta iniciativa legal determinada concepción ideológica sustentada en una visión parcial del feminismo, sobre el cual existen diversas posiciones. Pero sí esperamos compartir con quienes conformamos este Senado una aproximación ética y constitucional fundada en la definición del principio de la igualdad básica de los sexos. (…) Cuando decimos “igualdad básica de los sexos”, ello implica aceptar, al mismo tiempo, la existencia obvia de diferencias entre ellos, sean éstas biológicas o psicológicas, pero que se complementan en las funciones sociales53.

Tres aspectos son los que generan resistencias en la derecha y en los sectores más conservadores de la Concertación: uno como ya vimos, tiene que ver con la posibilidad de intrusión del Estado en asuntos de interés privado; el segundo gira en torno a su impronta feminista, y el tercero, refiere a la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Más específicamente en torno a qué ejes se plantea la pretensión de igualdad. Las palabras de Carmen Frei son claras, al establecer que no se desvaloriza la “función materna”, sino que se busca la “complementariedad de roles”:

Tampoco queremos caer en el otro extremo, de desvalorizar el aporte de la mujer en su función de madre. Pero es obvio que la paternidad también genera compromisos con lo doméstico. Por lo tanto, la exclusividad de lo doméstico como único rol de la mujer es una construcción cultural; no está inscrito en la Naturaleza, como lo está la complementación de los papeles54.

En ese sentido, el Senador Jaime Guzmán Errázuriz (UDI) destacaba entre las funciones que debe tener el organismo, el fomento y protección de la familia, dignificando y valorando “el trabajo doméstico como un aporte indispensable para el funcionamiento de la familia y la sociedad”, pero además consideraba necesario precisar que :

(…) si vamos a considerar -lo cual me parece otro acierto extraordinario del proyecto- que la participación de la mujer y el hombre dentro de la sociedad se logra de manera más enriquecedora para la comunidad nacional reconociendo la diversidad que emana de la naturaleza distinta de los sexos, lo lógico es que al referir este hecho a variados ámbitos pensemos que hay algunos en los cuales dicha participación, fruto de tal diversidad, debe ser diferente55.

La resistencia de la derecha a separar mujer y familia, ciñendo los problemas que le conciernen exclusivamente al ámbito privado o, su “asomo” a lo público desde el lenguaje y el espacio de la familia, tomará diversos matices. Sin embargo, en este momento  -inicios de la ‘transición política’- el género entra en la escena pública alojado en el Estado y se muestra como potencial amenaza. Entendido como una ideología foránea e innecesaria en una nación que siempre habría respetado el valor de las mujeres y su aporte desde su “natural especificidad”. Para Eugenia Brito (1997), un aspecto relevante del debate que genera la creación del SERNAM y las iniciativas legales que se propone impulsar, es precisamente que el enfrentamiento de posiciones se dará durante sus primeros cuatro años de existencia, a través de mujeres. El hecho que las mujeres elaboren un discurso “para acatar o para defender, para proponer o rechazar, deja ver que la mujer ha tomado un lugar importante, y ha sido escuchada en las políticas de gobierno”56. Se trata además de militantes de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. Dos partidos que parecen constituir la frontera simbólica entre los mundos de la Concertación de Partidos por la Democracia y la derecha.

Las personas nacen libres e iguales…

Un primer paso para conseguir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres lo constituye la revisión de la normativa vigente, lo que implica modificaciones constitucionales y legales, acompañadas de mecanismos adecuados para su implementación. Entre dichas modificaciones se cuentan aquellas establecidas por los convenios y convenciones internacionales ratificados por el Estado de Chile, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En este contexto, el trabajo de SERNAM estuvo orientado en un comienzo a promover la toma de conciencia sobre la desigualdad de género en distintos ámbitos de la vida social, a la promoción de reformas legales orientadas a la eliminación de discriminaciones formales. Una de las primeras es la reforma al artículo 1° de la Constitución que reemplaza la frase “Los hombres”, por “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y que agrega al final del párrafo primero del número 2° del artículo 19, la oración “Hombres y mujeres son iguales ante la ley”57.

Entre los argumentos esgrimidos por quienes se oponen a esta modificación se encuentra el carácter aparentemente superfluo de una modificación de estas características, en la medida que se remite a una cuestión de lenguaje. En la reflexión de los senadores un cambio de palabras resulta inocuo e innecesario dado que las necesidades de las mujeres, especialmente las más pobres, serían otras, como señalaba el entonces Senador Carlos Bombal, de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Mientras que el senador Julio Canessa (designado por el Consejo de  Seguridad Nacional), se refería a ella como una cuestión simbólica que de aceptarse obligaría a revisar todos los instrumentos jurídicos, cuando:

(…) hasta hoy se consideró en la cultura occidental que tanto para la antropología como para la religión y el Derecho la palabra “hombre” utilizada con el significado en que aquí se la emplea, comprendía a todo el género humano (…) en adelante, ¿habrá que hablar de los derechos humanos de hombres y mujeres o de la defensa legítima de hombres y mujeres? No creo que esa redundancia contribuya a cautelar mejor la dignidad de las personas. Perdón, de los caballeros y las damas. Convencido como estoy de la perfecta igualdad que en la naturaleza humana comparten los hombres y mujeres (…)58.

La reforma  “desnaturaliza”  la  supuesta  igualdad  que  en  su  “naturaleza humana” comparten hombres y mujeres. La afirmación de la universalidad del término “hombre” y la “redundancia” del reconocimiento de la igualdad de derechos de hombres y mujeres, revela precisamente lo necesario del cambio. El senador designado Jorge Martínez Busch (ex Comandante en Jefe de la Armada), además de consignar el hecho de que se trata de una iniciativa que obedece a “consideraciones ideologistas”, señala que la discriminación “no es un asunto legal, sino solo cultural”. El hecho de que sea un problema “solo” cultural, supondría  entonces una cuestión menor que se resuelve no legalmente, sino enseñando a “respetarnos mutuamente”59. En este terreno el lenguaje sería neutral. Sin embargo, la lengua se convierte en un campo de disputa en la medida que Hombre ya no puede “significar” o dar cuenta de la totalidad de la experiencia humana. Aun así la negativa a explicitar la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, se basa en una supuesta igualdad anterior a la presencia del Estado. Un orden natural preexistente en el que no se puede intervenir.

El primer plan de igualdad de oportunidades

La “ideología de género” hace su aparición y activa las alarmas en los sectores conservadores que buscan preservar el modelo autoritario. Es la lectura que hizo el Instituto Libertad y Desarrollo60  respecto al Primer Plan de Igualdad de Oportunidades elaborado por el SERNAM, calificándolo como una expresión de totalitarismo y politización atribuible al feminismo. Más concretamente desde el análisis de LyD se cuestiona la posible “intromisión” del Estado en temas que corresponden a la esfera de la libertad y autonomía individuales61.

El Plan de Igualdad dejaba claramente establecido que el Estado, al hacerse cargo de los problemas que afectan a las familias, no pretende intervenir “en el ámbito de lo íntimo”. No obstante, la sola mención de la revisión del ordenamiento jurídico respecto a la familia, la desnaturalización de los roles de hombres y mujeres, el reconocimiento del autoritarismo al interior de las familias, de la violencia hacia las mujeres, así como la existencia de mujeres “jefas de hogar”, remueve profundamente los cimientos del Chile neoliberal que se funda en dictadura. Junto con el reconocimiento de distintos tipos de familia62  que no responden por lo tanto al modelo ideal de padre-madre-hijos, se manifiesta otra de las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena en las últimas décadas, esto es, “el aporte de las mujeres al sustento económico de los hogares”. La realidad de la mujeres jefas de hogar que afrontan solas el cuidado y provisión de sus hijos, ya sea por abandono, viudez u otra causa, se enfrentan a condiciones más desventajosas en su doble rol. Por lo tanto, se trata de una condición que no supone la modernización y democratización de las relaciones al interior de las familias, como si se tratase de una elección posible entre otras, sino el producto de factores externos que reproducen las desigualdades en las oportunidades de hombres y mujeres63. Al incremento de esta situación se suma las dificultades en acceder a empleos de calidad -sobre todo en el caso de las jefas de hogar-, o mejores salarios por igual nivel de escolaridad, la  desprotección legal frente a los derechos del varón al interior de la familia, con respecto a los hijos y el patrimonio familiar. Todos temas que se plantean como necesarios de ser abordados a través de reformas jurídicas.

Pero la categoría jefa de hogar también fue resistida por los sectores de derecha, dado que tras una mujer jefa de hogar se encontraba una “familia fracasada”. La realidad que muestran las estadísticas y la necesidad de contar con programas sociales, aparece como una acción del Estado que desincentiva “la formación de familias exitosas”64. Efectivamente, desde la visión de organismos afines al liberalismo económico y el conservadurismo moral como LyD y  Fundación Chile Unido65, las familias “tradicionales o intactas” fundadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer, no reciben la necesaria atención y recursos en la elaboración de las políticas públicas, lo que tendría efectos de carácter social y psicológico. Tras esta falta de atención a la familia matrimonial que “constituyen la mayoría de las familias chilenas”, se encuentran “grupos minoritarios pero con poder de presión, que buscan legitimar como familia a otras uniones, principalmente con el objetivo de satisfacer fines personales”66.

Con todo, el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades se planteaba la necesidad de incluir la “especificidad de las mujeres, en especial de las jefas de hogar, en los programas destinados a erradicar la pobreza”67, a través de la implementación de una serie de acciones que favorecería su inserción laboral, y la obtención de beneficios sociales (subsidio a la vivienda, por ejemplo). En el marco general de la “equidad social”, la inserción laboral de las mujeres, entonces se hace indispensable para lograr la equidad entre hombres y mujeres. El documento señala que:
 
Implementar políticas de igualdad de oportunidades en el trabajo requiere combinar los objetivos de la integración en un mundo concebido con criterios masculinos, junto con el objetivo de cambiar esas referencias incluyendo las particularidades que implica ser mujer trabajadora y las transformaciones en las relaciones de género, tanto en el trabajo como en hogar. (…) Es necesario hacer visible la contradicción público/privado y cambiar esa relación tanto para los hombres como para las mujeres.

No obstante, desde una perspectiva crítica, se advierte que categorías como jefas de hogar o microempresarias, convierte a las mujeres pobres en “sujetos económicos potenciales necesitadas de ayuda”68, reforzando el asistencialismo y la victimización en lugar de promover su transformación en sujetos de derechos69. Estos cuestionamientos se relacionan con una crítica más amplia respecto a la labor del SERNAM en el diseño e implementación de políticas de gran escala, y al carácter complementario de las estrategias de transversalización del género en el Estado70. De otra forma, ¿de qué manera se entiende la cuestión de la igualdad y no solo de la equidad social? El Plan hace referencia a la figura de la “mujer trabajadora” de una manera más inclusiva, ya que se trata de dar cuenta del contexto general en el que se desenvuelven las mujeres. De cierta manera, la categoría de “mujer trabajadora” resuelve el problema de representación y desplaza a la madre como objeto de atención del Estado. No obstante, plantea el problema del trabajo como necesidad o como derecho. Y con ello la cuestión de la equidad de género.

Equidad de género, igualdad y modernización

En un contexto amplio la equidad de género ha formado parte de la agenda modernizadora de los gobiernos latinoamericanos durante las últimas décadas, y ha sido impulsada a través de diversas políticas estatales orientadas “a garantizar el acceso de las  mujeres pobres al mercado, principalmente a través de capacitación laboral y el acceso al  microcrédito”71. Sonia Álvarez (s.f.) plantea que a nivel latinoamericano la introducción de la “perspectiva de género” en el ámbito estatal, no ha sido impulsada exclusivamente por feministas, sino que como parte de una agenda modernizadora el término género se habría convertido, entre algunos funcionarios públicos, en un indicador “neutro de modernidad y “desarrollo” en vez de un terreno o dominio minado por relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres.”72 Para el caso chileno, Álvarez advierte que la Concertación promovió la “equidad de género” en función de la “modernidad” y “modernización” del país, en el marco de la inserción en el mercado global.73  De una “Nueva Agenda de Políticas Públicas” impulsada a nivel global y local, por principios fundados tanto en la economía neoliberal como en la teoría democrática liberal que posibilitaron la recepción de algunos planteamientos del feminismo y fomentaron el interés gubernamental en los asuntos de género.74

Efectivamente, el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres, establece la superación de la discriminación de la mujer como un imperativo político, que forma parte de la profundización democrática, el desarrollo económico y el esfuerzo modernizador que enfrentaban como desafío los gobiernos de la Concertación, para hacer de Chile “un país moderno”75. El documento reconoce la emergencia de las mujeres como sujetos que demandan “cambios en la distribución de los recursos y de las tareas sociales”, pero que requieren de políticas de acción positiva -en el entendido que el Estado no tiene un papel neutro en la construcción de los géneros- que permitan terminar con las discriminaciones de género en los distintos niveles donde ellas se manifiesten, ya sea en su producción y difusión, como en las representaciones y normas jurídicas y sociales en que cristalizan las valoraciones de lo femenino y masculino76. Por esta razón, el Plan de Igualdad se define como un instrumento y al mismo tiempo como un eje articulador de la política estatal, abordando la legislación, la familia, la educación, la cultura, el trabajo, la salud, la participación y el fortalecimiento institucional77. Y desde mediados de los noventa la igualdad de oportunidades fue considerada en los programas de gobierno de la Concertación. Aun así, cabe considerar las tensiones que el propio modelo económico neoliberal impuso a la promesa de equidad y democratización, en la medida que las desigualdades sociales no se redujeron, sino que fueron profundizándose sobre todo en materia de empleo y educación.

Algunas consideraciones Finales

Como  señalábamos   en   un   comienzo,   nuestro   propósito   era   abordar particularmente el proceso de instalación del discurso de igualdad de géneros y del SERNAM, en el marco de un proceso más amplio que se viene desarrollando desde comienzos del siglo XX, y que tiene directa relación con la lucha de las mujeres organizadas en torno a la ampliación de sus derechos como ciudadanas, no sólo como madres-representantes de la nación. Si bien el actuar de la institución ha sido sometido a diversas críticas -sobre todo dado el carácter que ha adquirido bajo la administración de un gobierno de derecha que reactualiza la visión más tradicional sobre el papel de las mujeres en la sociedad-, el papel de este organismo gubernamental fue relevante en la instalación de dicho discurso y su difusión, ampliando el debate sobre las problemáticas de las mujeres en ámbitos como la salud sexual y reproductiva, derechos reproductivos, divorcios, violencia de género doméstica y sexual, entre las más importantes, aunque analizamos solo dos de las iniciativas que impulsó. A veinte años de su creación el término género parece haberse normalizado/institucionalizado, y si bien desde los sectores más conservadores aun es visto como una “ideología foránea” que pretende destruir a la familia, la igualdad entre hombres y mujeres ha cobrado legitimidad, incluso en el marco del modelo económico imperante que desplaza el papel que durante gran parte del siglo XX tuvo el Estado respecto al orden de géneros y las familias, pero también su responsabilidad frente al bienestar social. En este sentido, la institucionalización del género en el Estado a través de un organismo como el SERNAM, debe apreciarse desde una mirada de largo plazo que permita ver no solo los avances y retrocesos, sino las tensiones permanentes que recorren los discursos políticos, económicos y sociales sobre el rol de las mujeres en la sociedad y en la vida nacional.



Citas y notas

*    Este trabajo se basa en un capítulo de la tesis para optar al grado de Doctora en Estudios Latinoamericanos: “Género, sexualidad/des y nación en el Chile postdictatorial, 1990-2008. Cultura y ciudadanía”. Universidad de Chile, 2012.

1    Molyneux, Maxine. “Género y ciudadanía en América Latina: cuestiones históricas”. Debate feminista, Vol. 23, Año 12, [2001], p.11.

2    Op.cit., p.12.

3    Mackenna, Alberto. “Los problemas del urbanismo y la mujer”. Comuna y Hogar, Vol.1, N°5, Año 1 [noviembre 1929]. Material de la investigación: “Construcción del escenario doméstico 1930-1960. Discursos e imágenes”. (Núcleo Temático de Investigación “Antropología, Historia y Ciudad”, 2008-2009) Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Investigadora responsable: Francisca Pérez P.

4    Valdés, Ximena; Caro, Pamela; Peña, Daniela. “Género, familia y matrimonio: La visión de las visitadoras sociales católicas entre 1930-1950”. Revista de la Academia, N°6 [2001], p.177-178.

5    Illanes, María Angélica. En el nombre del Pueblo, del Estado y de la Ciencia, (...) Historia social de la Salud Pública. 1880/1973 (Hacia una historia social del siglo XX). Santiago [Colectivo de Atención Primaria], 1993, p.158-159 Este proceso de “descomposición moral” se consideraba producto de la propagación de ideologías laicas contrarias al cristianismo, vinculadas al socialismo y anarquismo europeos. Ver: Correa, Sofía et.al, Historia del siglo XX chileno. Santiago [Editorial Sudamericana], 2001, p.56.

6    Molyneux, Maxine. “Género y ciudadanía en América Latina”, p. 12.

7    Ibídem.

8    Mujeres Latinoamericanas en cifras. Organismos y acción en favor de la mujer. Acción de las Primeras Damas. Disponible en: <http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/chile/orga-6.htm> Última visita: 01/05/2011.

9    Sus objetivos eran “preparar a las mujeres de escasos recursos paras ser mejores dueñas de casa y para que lucharan por la carestía de la vida junto al Comisariato Nacional de Precios, e interesarlas en la participación laboral y política”. Aylwin, Mariana et.al., Percepción del Rol Político de la Mujer. Una aproximación histórica. Santiago [Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH)), 1986,         [ Links ] p.37-38. Una lectura más crítica la hace Karin A. Rossemblatt en su trabajo “Por un hogar bien constituido. El Estado y su política familiar en los Frentes Populares”. En [varios autores) Disciplina y Desacato, Santiago [Ediciones SUR/ CEDEM), 1995.

10    Mujeres Latinoamericanas en cifras. Organismos y acción en favor de la mujer. Acción de las Primeras Damas.

11    Aylwin, Mariana et.al., Percepción del Rol Político de la Mujer, p.35-36.

12    Tinsman, Heidi. La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena. Santiago [LOM), 2009, p.161.

13    Valdés, Teresa et.al. “Centros de Madres, 1973-1989 ¿Sólo disciplinamiento?”. Documento de Trabajo N°416. Santiago [FLACSO), 1989, p.17.

14    Op.cit., p.20. Al interior de los centros de madres se manifestaban también ciertas diferencias entre voluntarias y beneficiarias, lo que afectaba la fluidez de las relaciones entre mujeres de distinta clase, pese a la experiencia y participación política de las beneficiarias, ya que “(…) las asesoras frecuentemente no permiten que se produzca un liderato, o lo permiten sólo hasta cierto nivel. Trabajan como si fueran “patronas”. (…) Una cosa que resiento mucho es la forma en que estas personas que llegan de afuera nos tutean desde el principio, mientras nosotras debemos continuar con el “señora” o “señorita”. ¿Por qué ha de ser así? ¿Por qué las asesoras no respetan y llaman “señora” a una pobladora que ha trabajado y luchado por sus hijos, si nosotras las respetamos y las escuchamos”?. Ver: Chaney, Elsa M. Supermadre. La mujer dentro de la política en América Latina, México  [Fondo de Cultura Económica) 1983, p.161.

15    Tinsman, Heidi. La tierra para el que la trabaja, p.164.

16    Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de la Mujer. Boletín N°47-06-01. Disponible en página web Biblioteca del Congreso Nacional: <http://www.bcn.cl>.

17    Sierra, Malú. “Carmen Gloria Aguayo. Una ministro para hacer feliz a la mujer”. Revista Paula n°79 (enero 1971), p.97.

18    Mattelart, Armand; Mattelart, Michele. La Mujer Chilena en una Nueva Sociedad. Un estudio exploratorio acerca de la situación e imagen de la mujer en Chile. Santiago [Editorial del Pacífico), 1968.

19    Jiles, Ximena; Rojas Claudia. De la miel a los implantes. Historia de las políticas de regulación de la fecundidad en Chile. Santiago [Corporación de Salud y Políticas Sociales (CORSAPS)), 1992. p.155.

20    Valdés, Teresa. “Centros de Madres, 1973-1989 ¿Sólo disciplinamiento?, p.26.

21    Tinsman, Heidi. La tierra para el que la trabaja, p.231.

22    Mujeres Latinoamericanas en cifras. Organismos y acción en favor de la mujer. Acción de las Primeras Damas. Las “damas de colores” Orientan sus actividades hasta el día de hoy a la asistencia de diverso tipo para enfermos de cáncer, personas no videntes, niños hospitalizados, por ejemplo. Las Damas de Amarillo, por ejemplo, existen desde 1953, y concentran sus actividades en el Hospital Barros Luco de Santiago, si bien, tienen una filial en la ciudad de Viña del Mar desde 1996. Información disponible al 2 de agosto de 2012 en: http://damasdecoloreschile.blogspot.com/

23    Pinochet U., Augusto. “Discurso ante dirigentes femeninas”, 24 de abril 1974. Primer año de la Reconstrucción Nacional (Documentos y discursos Junta de Gobierno), Santiago [Editora Nacional Gabriela Mistral), 1975.

24    Aylwin, Mariana et. al. Percepción del rol político de la mujer, p.35-36.

25    Ibídem.

26    La Mujer Chilena y su Compromiso Histórico, Santiago [Editorial Renacimiento) 1984, p.40-41.

27    La revista Amiga, por ejemplo, aparece por primera vez en 1976 con un tiraje mensual de 25000 ejemplares, distribuidos en forma gratuita especialmente a nivel municipal. Además se publican los “Cuadernos de Difusión”, material complementario en el área de “orientación” cívica, cuyos títulos publicados hacia 1984 eran: Conceptos de familia –discursos presidenciales-, Chile y el Pacífico; La familia y sus Valores Tradicionales y Valores Patrios- Valores Familiares. También se realizaban programas radiales de igual contenido que las publicaciones.

28    Fernández, Isabel. Educadora familiar y profesora de Educación para el Hogar Secretaría Nacional de la Mujer. “Su trabajo es trabajo”. Amiga, junio (1976), p.33.

29    Las Últimas Noticias. “Secretaría Nacional rechaza “Día Internacional de la Mujer”, 8 de marzo 1979 [p.13).

30    Ver   página   web   de   la   Fundación   Cema-Chile:   <http://www.cemachile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28 >  En el año 1996 se produce un cambio en sus estatutos jurídicos, y hasta hoy continúa siendo presidido por Lucía Hiriart.

31    Mujeres Latinoamericanas en cifras. Organismos y acción en favor de la mujer. Acción de las Primeras Damas.

32    Paralelamente fue creada la Coordinación de Organizaciones Sociales de Mujeres que reunió a las feministas, que buscando preservar la autonomía del movimiento de mujeres, desarrollaron una estrategia de acción iba más allá de los partidos y el Estado. Schild, Verónica.“New Subjects of Rights? Women’s Movements and the Construction of Citizenship in the “New Democracies”. En [Alvarez, Sonia E.; Dagnino, Evelina; Escobar, Arturo) Cultures of Politics/Politics of Cultures. Re-visioning Latin American Social Movements. [Westview Press), 1998, p.100 (Traducción personal ).

33    Montecino, Sonia; Rossetti, Josefina (eds.). Tramas para un nuevo destino. Propuestas de la Concertación de Mujeres por la Democracia. Santiago, 1990, p.7.

34    La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre de 1979, y suscrita por el Gobierno de Chile el 17 de junio de 1980, fue ratificada en los últimos días del gobierno de A. Pinochet. Dicha Convención “imparte a todos los Gobiernos directrices para la adopción de políticas contrarias a la discriminación, siendo su rasgo más importante el de establecer los derechos fundamentales de la mujer, en la forma de un tratado internacional, que crea obligaciones legales en la medida que es ratificado”. No obstante, el protocolo facultativo de la Convención que la hace exigible, aún no ha sido ratificado. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: los desafíos de la Igualdad, Santiago, 2010, p.162.

35    Montecino, Sonia; Rossetti, Josefina (eds.). Tramas para un nuevo destino, p.197.

36    Entrevista a Carmen Andrade, ex Ministra Directora del SERNAM, realizada por la autora el 31 de mayo  de 2011.

37    Montecino, Sonia; Rossetti, Josefina (eds.). Tramas para un nuevo destino, p.197.

38    El Servicio Nacional de la Mujer es creado mediante la Ley 19.023 promulgada el 26 de diciembre de 1990, que entró en vigencia el 03 de enero de 1991 bajo el gobierno de Patricio Aylwin Azócar.  
 
39    Ríos T., Marcela; Godoy C., Lorena; Guerrero C., Elizabeth. ¿Un nuevo silencio feminista? La transformación de un movimiento social en el Chile posdictadura. Santiago [Centro de Estudios de la Mujer/Editorial Cuarto Propio) 2003, p.64.

40    Intervención de Carmen Andrade y Adriana Del Piano, ex Ministras directoras del SERNAM (durante el periodo 2000-2003, y 2009 respectivamente) en el Seminario “¿Construyendo Igualdad? 20 años de Políticas Públicas de Género, organizado por el Observatorio de Género y Equidad, realizado el 21 de enero 2011, Santiago. Presentaciones disponibles  en <http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php/noticias-mainmenu-2/18-noticias/3775-accede-a-la-senal-on-line-del-seminario> Última visita: 22 de abril 2011.

41    Este tema ha sido abordado en profundidad en el libro ya citado de Ríos T., Marcela; Godoy C., Lorena; Guerrero C., Elizabeth. ¿Un nuevo silencio feminista? Sobre la relación entre “feministas y políticas”, el análisis más importante lo ha realizado Julieta Kirkwood, para quien esta diferencia se hace a partir de “una situación valórica singularizada. La una –en términos generales- se refiere a la necesidad de un hacer política desde las mujeres y a partir de sus propias carencias y alienaciones. La otra, tradicional, sería simplemente la suma de la inserción masificada de las mujeres en una propuesta política anterior al planteo de sus necesidades [los partidos políticos), en el supuesto de que éstas serán incorporadas en el futuro emancipación de la mujer”. Posibilidades que se pueden sintetizar en las frases “No hay feminismo sin democracia” y “No hay democracia sin feminismo”; en ambos casos se pone en juego la relación entre lo público y “lo privado como susceptible de ser visto políticamente –en tanto problema del hacer social (…)”. Ver de esta autora: Ser política en Chile. Las feministas y los partidos, Santiago [LOM), 2010, p.169-171.

42    Ríos T., Marcela; Godoy C., Lorena; Guerrero C., Elizabeth. ¿Un nuevo silencio feminista?.

43    Entrevista a Carmen Andrade, ex Ministra Directora del SERNAM, realizada por la autora el 31 de mayo de 2011.

44    Ríos T., Marcela; Godoy C., Lorena y Guerrero C., Elizabeth. ¿Un nuevo silencio feminista?, p.64-65. Habría que agregar un tercer elemento, que es el carácter crecientemente “tecnificado” que comienza a adquirir la institución, de acuerdo a lo señalado por una de sus ex Ministras directoras, por oposición a un carácter más político orientado a la ampliación de los derechos de las mujeres. Intervención de Carmen Andrade en el Seminario “¿Construyendo Igualdad? 20 años de Políticas Públicas de Género.

45    Intervención de Enrique Correa Ministro Secretario General de Gobierno bajo la presidencia de Patricio Aylwin A. República de Chile. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 321ª, Extraordinaria. Sesión 16ª, en martes 27 de noviembre de 1990. Ordinaria, p.17.

46    Citado en Brito, Eugenia. “Roles sexuales: Diversas escenas”. En [varias autoras) Discurso, Género y Poder. Discursos públicos: Chile 1978-1993, Santiago [LOM-ARCIS), 1997, p.85.

47    La Constitución Política de 1980 establecía la categoría de Senadores designados (ex autoridades de gobierno, fuerzas armadas y organismos del Estado) y Senador Vitalicio (cargo que podía ser ocupado por el Presidente saliente, y que alcanzó a ocupar Augusto Pinochet U.) Estos cargos dejaron de existir a partir del 11 de marzo de 2006. En septiembre de 2005 fue promulgado el texto refundido que incorpora las reformas aprobadas hasta ese momento. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional. “Las reformas a la Constitución de 1980, 9 de agosto  2005.  Disponible  en  <http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-27.8877273413/pdf/temas_portada.2005-10-24.0525136469>
Última visita: 22/10/2011.


48    Al mismo tiempo, la institucionalización de las problemáticas de género en el Estado fue acompañada de la inserción de las feministas en los espacios académicos, abriendo nuevos temas de investigación y desestabilizando a su vez el orden del conocimiento. Esto generará discusiones en torno a este doble desplazamiento que se produce desde el movimiento de mujeres hacia el Estado y hacia las instituciones universitarias.

49    El Decreto Ley N°1.385 de 1976, le dio calidad de Ministerio a la Secretaría General de Gobierno, de la cual también formaban parte   la Secretaría Nacional de la Juventud, la Secretaría Nacional de los Gremios, la Secretaría de Relaciones Culturales y el Instituto Diego Portales. Ver: Informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización recaído en el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional de la Mujer. Boletín N°47-06-01, 23 de julio 1990, p.2. Disponible en <http://www.bcn.cl>.

50    Brito, Eugenia. “Roles sexuales”, p.85 Carmen Andrade, ex Ministra directora, señala al respecto que “el SERNAM nació con una dotación muy chica, fueron las condicionantes que puso la derecha, que eso existiera (…) creo que 52 personas era toda la dotación del SERNAM. Entonces la mayoría de las personas que nos incorporamos por esta vía de los programas estábamos todas a honorarios, y esa fue una pelea larga para ir formalizando, para ir incorporando gente a contrata (…)”. Entrevista personal realizada el 31 de mayo de 2011.

51    Brito, Eugenia. “Roles sexuales”, p.89.

52    República de Chile. Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 321ª, Extraordinaria. Sesión 16ª, en martes 27 de noviembre de 1990. Ordinaria, p.18.

53    Op.cit., p.6-11.

54    Ibídem.

55    Ibídem.

56    Brito, Eugenia. “Roles sexuales”, p.90-91.

57    Ley 19.611, que establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Promulgada el 9 de junio de 1999.

58    Intervención del Senador Julio Canessa Robert. República de Chile. Diario de Sesiones del Senado. Publicación oficial. Legislatura 339ª, extraordinaria sesión 21ª, en miércoles 3 de marzo de 1999. Ordinaria.

59    Intervención del Senador Jorge Martínez Busch República de Chile. Diario de Sesiones del Senado. Publicación oficial. Legislatura 339ª, extraordinaria sesión 21ª, en miércoles 3 de marzo de 1999. Ordinaria.

60    El Instituto Libertad y Desarrollo fue creado en 1990, “como un centro de estudios e investigación privado, independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental que se dedica al análisis de los asuntos públicos promoviendo los valores y principios de una sociedad libre”. En Nosotros, página web ILYD <http://www.lyd.cl> En adelante LyD.

61    Instituto Libertad y Desarrollo. Temas Públicos, N°242, [1° de junio de 1995), p.1-2.

62    Tarea realizada por la Comisión Nacional de la Familia creada por Decreto Supremo N°162 del 9 de julio de 1992. Ver SERNAM. Informe Comisión Nacional de la Familia, Santiago, [SERNAM), 1992.

63    SERNAM. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999. Santiago, junio 1995, p.15.

64    Entrevista a Carmen Andrade, ex Ministra directora del SERNAM, realizada por la autora el 31 de mayo  de 2011.

65    Fundación Chile Unido es un organismo de carácter privado creado en 1998 y ligado al mundo empresarial. Aparece en un contexto de cambios importantes y cuestionamiento a los valores conservadores, sobre todo en el ámbito de la familia y la sexualidad. La fundación, no obstante, se presenta “como una instancia de encuentro, reflexión y difusión de aquellos valores que son esenciales para la convivencia nacional, por encima de cualquier posición política o religiosa y más allá de toda división del pasado o del presente”. En Quienes somos, página web Chile Unido: <http://www.chileunido.cl/quienes_somos.html>.

66    Fundación Chile Unido. “¿Qué familia debemos fortalecer?”. Corriente de Opinión, N°38 [noviembre 2000), p.1-2.

67    SERNAM. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, p.23.

68    Schild, Verónica. “New Subjects of Rights?”.

69    Grupo de Iniciativa Mujeres. El Nuevo Contrato Social dirigido a las mujeres: Balance de una década de democracia en Chile, Santiago, [GIM), 2002, p.14.

70    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: los desafíos de la Igualdad, p.167.

71    Mora, Claudia. “The meaning of Womanhood in the Neoliberal Age: Class and Age-Based Narratives of Chilean Women”. Gender Issues, Vol.23, N°2 [2006), p.45.

72    Álvarez, Sonia E. “El Estado del Movimiento y el Movimiento en el Estado”, s/f, p.2. Disponible en: <http://agendadelasmujeres.com.ar/notadesplegada.php?id=1313> Última visita: agosto 2008.

73    Ibídem.

74    Ibídem.

75    SERNAM. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999, p.7.

76    Op.cit., p.8.

77    Idem., p.7.


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*Correspondencia a:
Carmen Gloria Godoy Ramos. Doctora en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Magister  en  Estudios  de  Género  y  Cultura,  Universidad  de  Chile. Antropóloga,  Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Ha participado como asistente de investigación y co-investigadora, en varios estudios sobre las transformaciones de las familias y los géneros en la sociedad chilena durante el siglo XX. Se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, de la Universidad Diego Portales, Santiago-Chile.
1. Doctora en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Magister  en  Estudios  de  Género  y  Cultura,  Universidad  de  Chile. Antropóloga,  Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Ha participado como asistente de investigación y co-investigadora, en varios estudios sobre las transformaciones de las familias y los géneros en la sociedad chilena durante el siglo XX. Se desempeña como profesora en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia, de la Universidad Diego Portales, Santiago-Chile.

Fecha de recepción: 9 de agosto, 2012 - Fecha de aceptación: 27 de noviembre, 2012

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