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1. Introducción
La igualdad de género surge como un movimiento social y una demanda de derechos para las mujeres, formalizándose a partir del año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un principio normativo de gobernanza global. A partir de este momento, los Estados han asumido compromisos en diversos instrumentos internacionales, como en el marco de la CEDAW (1979), la Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2055); lo cual pone de manifiesto la consolidación de un entramado institucional y discursivo que coloca la equidad de género en el centro del orden internacional contemporáneo (ONU Mujeres, 2020). Sin embargo, la integración e implementación de estos instrumentos globales en los contextos nacionales presenta fuertes resistencias, brechas estructurales y prácticas institucionales que reproducen los modelos de poder patriarcal.
En América Latina, la transversalización de la perspectiva de género se ha promovido como una estrategia para institucionalizar la igualdad sustantiva en las políticas públicas. No obstante, su implementación enfrenta desafíos asociados a la fragmentación administrativa, la insuficiente coordinación interinstitucional y la debilidad de la voluntad política (Lombardo y Meier, 2014).
En el caso de la institucionalidad costarricense, estas tensiones se evidencian en la cotidianeidad: un país tradicionalmente reconocido por su liderazgo en derechos humanos y sostenibilidad que, de forma paradójica, presenta estructuras administrativas y culturales que obstaculizan el llevar a la práctica sus compromisos internacionales referentes a la igualdad de género.
El objetivo de este artículo es analizar cómo las estructuras de poder internas condicionan el cumplimiento de los regímenes internacionales de igualdad de género, utilizando el caso de Costa Rica como estudio representativo. A partir de la investigación doctoral “Análisis de las disonancias político-institucionales en la transversalización de género: El caso de las políticas públicas en Costa Rica (2018-2024)” (Calvo, 2025), se examina la brecha entre los compromisos internacionales del Estado costarricense y la efectividad de su política pública nacional en materia de igualdad, tomando como eje la implementación de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG 2018-2030).
El encuadre teórico combina los aportes del neoinstitucionalismo, el feminismo en las RRII, el constructivismo social y la política exterior feminista, con el fin de comprender la dinámica multinivel entre la política internacional y la política doméstica. Desde estas perspectivas, la transversalización de género se interpreta no como un mandato técnico-administrativo, sino como un proceso político de disputa y redistribución del poder al interior del Estado y en su proyección internacional.
El grado de coherencia entre los compromisos internacionales y la acción pública interna depende, en gran medida, de la voluntad política entendida como la disposición ética e institucional del Estado para traducir las normas globales en transformaciones reales. Así, el caso costarricense constituye un escenario privilegiado para explorar las disonancias político-institucionales como expresión de los límites y posibilidades de la gobernanza global de género en América Latina.
El presente artículo se elaboró a partir de un análisis teórico-crítico que articula la política doméstica costarricense con el sistema internacional de derechos humanos, en particular con el régimen global de igualdad de género. Su base empírica proviene de dicha investigación doctoral.
El enfoque metodológico adoptado es de carácter multinivel, pues articula el análisis del Estado costarricense tanto como actor doméstico como actor internacional. En el nivel interno, se exploraron los factores estructurales, normativos y culturales que limitan la transversalización del enfoque de género en la gestión pública; en el nivel externo, se analizaron los compromisos multilaterales de Costa Rica y su grado de coherencia con la política interna de igualdad.
El artículo pretende contribuir al campo de las RRII mediante una reflexión sobre poder, legitimidad y coherencia del Estado como actor internacional. La investigación sugiere que las estructuras internas del Estado ‒su cultura política, su burocracia y sus relaciones de poder‒ determinan la profundidad de la internalización de las normas internacionales de igualdad y, por ende, la credibilidad internacional del país como promotor y garante de la igualdad y de los derechos humanos de las mujeres.
2. Estrategia metodológica para el estudio
Este estudio se fundamenta en los resultados y hallazgos de la investigación doctoral “Análisis de las disonancias político-institucionales en la transversalización de género: El caso de las políticas públicas en Costa Rica (2018-2024)” (Calvo, 2025), cuyo diseño metodológico combinó un enfoque cualitativo, comprensivo e interpretativo, mediante un estudio de caso centrado en la PIEG 2018-2030. Diseño metodológico que, en complemento con el enfoque multinivel, constituyen la lógica interpretativa que articula los niveles doméstico e internacional.
Esta sección explica los métodos de análisis aplicados y la lógica interpretativa que articula los niveles doméstico e internacional. El estudio también adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender las dinámicas institucionales, las prácticas estatales y los discursos que median la implementación de los compromisos multilaterales en materia de igualdad de género. La elección del enfoque cualitativo responde a tres condiciones analíticas: 1. La transversalización de género es un proceso político-institucional complejo que no puede captarse solo mediante indicadores cuantitativos. 2. Las disonancias identificadas en la investigación doctoral emergen de significados, comportamientos, resistencias burocráticas y patrones discursivos que requieren una aproximación interpretativa. 3. La brecha entre compromiso internacional y acción estatal involucra dimensiones simbólicas, normativas, administrativas y culturales que se expresan en los documentos, discursos y decisiones políticas.
La selección de las fuentes siguió un procedimiento intencional y analítico, atendiendo a su relevancia para comprender las disonancias políticoinstitucionales entre los compromisos internacionales y la política interna de igualdad.
Para ello, se seleccionaron documentos relacionados con:
La Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG 2018-2030).
La arquitectura institucional del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y las Unidades de Género.
Los marcos multilaterales: CEDAW, Plataforma de Beijing, ODS 5, Convención de Belém do Pará, Estrategia de Igualdad de Género de la OCDE.
Se incorporaron fuentes provenientes de instituciones estratégicas para la gobernanza de género: INAMU, Ministerio de Planificación Nacional (Mideplan), entre otras instituciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, entidades descentralizadas, organizaciones no gubernamentalesy organismos internacionales. La selección priorizó leyes, reglamentos, informes de seguimiento, auditorías, evaluaciones, presupuestos, matrices de cumplimiento y reportes presentados ante organismos internacionales.
El análisis se delimitó al período 2018-2024, coincidente con los ciclos de implementación de la PIEG y la presentación de informes de Costa Rica en los foros multilaterales.
El artículo incorpora hallazgos empíricos derivados de la tesis doctoral (Calvo, 2025), lo cual permite complementar la base teórica con evidencia institucional, técnica y experiencial. Esta investigación incluyó 19 entrevistas semiestructuradas y en profundidad con responsables de unidades de género, personal técnico de Mideplan, INAMU y de instituciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, personas funcionarias de gobiernos locales, especialistas nacionales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Las entrevistas fueron analizadas mediante codificación temática permitiendo identificar patrones comunes que sustentan las siete disonancias político-institucionales.
En el proceso de análisis documental se sistematizaron una serie de informes de avance de cumplimiento de la PIEG, del ODS 5, presupuestos institucionales y matrices de planificación, auditorías internas y reportes de la Contraloría, informes de Costa Rica ante CEDAW y Beijing, evaluaciones del Estado de la Nación, documentación oficial de la OCDE sobre el ingreso del país. Esta evidencia empírica permitió contrastar la coherencia entre discurso y práctica, así como identificar capacidades reales, limitaciones estructurales y patrones de resistencia institucional.
Por su parte, la metodología y enfoque multinivel articula los niveles internacional, estatal y burocrático bajo la premisa de que la gobernanza de género opera en un sistema normativo de doble anclaje:
A nivel internacional, las normas de igualdad se socializan, difunden y adquieren legitimidad.
A nivel estatal, estas normas se formalizan en leyes, políticas y compromisos multilaterales.
A nivel burocrático, se traducen -en el mejor de los escenarios- en prácticas administrativas, presupuestos, mecanismos de seguimiento y cambios institucionales.
Este enfoque posibilita comprender que las disonancias político-institucionales no son solo fallas administrativas, sino fracturas en la socialización interna de normas globales, donde la voluntad política, identificada como categoría transversal en la tesis doctoral, opera como condición de posibilidad para la coherencia entre ambos niveles.
La integración de la estrategia metodológica, junto con la evidencia empírica, proveniente de entrevistas y de datos oficiales, permite sostener que la transversalización de género en Costa Rica debe entenderse como un proceso político, normativo y cultural que opera en una interfaz entre lo doméstico y lo internacional. El enfoque multinivel adoptado posibilita revelar las tensiones, las incoherencias y las potencialidades del Estado costarricense en su rol como actor internacional y como garante doméstico de la igualdad sustantiva.
3. Poder, género y Estado en la escena global
El análisis de las relaciones entre género y poder en el ámbito global demanda ubicar las estructuras de desigualdad como centro de las RRII. Esta disciplina no ha sido neutra, sino históricamente construida desde lógicas androcéntricas que privilegian el poder, el Estado, la guerra y el conflicto, la seguridad y la soberanía, al visibilizar experiencias, saberes y cuerpos de las mujeres y de otros grupos históricamente subordinados, esta crítica epistemológica constituye el punto de partida de los enfoques feministas en las RRII.
Desde una perspectiva crítica, desafiando las concepciones tradicionales de las RRII, Tickner (1992), Enloe (2014), Sylvester (2002-2007) y Crenshaw (1989) colocan en la agenda internacional la importancia de la perspectiva de género y cómo las relaciones de poder en las estructuras internacionales afectan, de manera diferenciada, tanto a hombres como mujeres; las autoras buscan explicar y abordar las desigualdades de género a nivel global con una visión inclusiva y equitativa.
En esta línea, Tickner (1992) argumenta que las teorías tradicionales de las RRII, como el realismo y el liberalismo, han tendido a ignorar las experiencias y perspectivas de las mujeres, lo que lleva a una visión incompleta y sesgada de la política internacional. Critica el realismo por su enfoque en el poder militar y estatal, ignorando las dimensiones de género y al liberalismo por su énfasis en las instituciones sin abordar suficientemente las desigualdades de género. Ambas teorías son vistas como insuficientes por la autora al no considerar cómo las estructuras patriarcales afectan la cooperación internacional.
Complementariamente, la autora sostiene que “las mujeres han estado ausentes en gran medida en el estudio de las RRII, tanto en términos de su participación en el sistema internacional como en la consideración de cómo las políticas internacionales afectan a las mujeres y las relaciones de género” (Tickner, 1992, p. 2).
Desde una mirada convergente, Enloe (2014) muestra cómo las estructuras del poder internacional ‒la diplomacia, el comercio, la cooperación y las guerras‒ se sostienen en el trabajo invisibilizado de las mujeres y en la división sexual del trabajo: “las economías y las políticas internacionales a menudo ignoran el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, que es fundamental para el funcionamiento de las economías” (Enloe, 2014, p. 79).
Ampliando esta lectura desde el feminismo, Sylvester (2002) introduce la dimensión de las experiencias cotidianas y las emociones al argumentar que las RRII han sido dominadas por perspectivas masculinas y estatocéntricas: “Las teorías tradicionales de las Relaciones Internacionales han mantenido una visión androcéntrica, donde las experiencias y voces de las mujeres han sido consistentemente marginalizadas” (p. 34), lo cual resulta una comprensión parcial e incompleta de la política internacional.
Finalmente, Crenshaw (1989), principal exponente de la teoría interseccional, amplía la comprensión del poder al mostrar cómo las desigualdades de género se entrelazan con jerarquías de clase, etnia y territorio. Este enfoque es esencial para interpretar las disonancias no solo como deficiencias institucionales, sino como expresiones de un orden social y político que privilegia ciertos grupos y territorios sobre otros. En la práctica, la interseccionalidad revela que la gobernanza de género ‒tanto nacional como internacional‒ está atravesada por múltiples ejes de subordinación que limitan la universalidad de los derechos.
Sin embargo, la complejidad del análisis de las relaciones de género en la arena internacional demanda un diálogo entre teorías capaces de explicar otras aristas; en este sentido, el feminismo en las RRII ha evolucionado hacia una integración con otras perspectivas teóricas contemporáneas, como el constructivismo social ‒Finnemore y Sikkink (2001); Wendt (1999)‒, así como el neoinstitucionalismo ‒North (1993) y Scott (2008)‒, que permiten comprender cómo los Estados crean, difunden e internalizan las normas internacionales de igualdad de género.
Siguiendo con esta reflexión, desde la perspectiva constructivista, se argumenta que las relaciones internacionales se determinan por valores, creencias y normas sociales que construyen la identidad y el comportamiento de los actores; plantea que la anarquía internacional no es una condición natural, sino una construcción social: la anarquía es lo que los Estados hacen de ella. De manera convergente, Finnemore y Sikkink (2001) explican que los cambios normativos globales ‒como los derechos humanos o la igualdad de género‒ se expanden a través de procesos de socialización y emulación internacional, donde los Estados adoptan las normas para ganar legitimidad ante sus pares.
En consonancia con los autores, la adopción formal de normas internacionales no garantiza su internalización efectiva, siendo que su internalización real depende de factores domésticos, como la estructura institucional, la cultura política y la voluntad de los actores decisores. Costa Rica, por ejemplo, ha suscrito los principales marcos multilaterales de igualdad de género (CEDAW, Beijing, Agenda 2030), pero continúa enfrentando obstáculos institucionales y culturales para traducirlos en políticas coherentes. Este enfoque resulta clave para analizar las disonancias político-institucionales detectadas en Costa Rica, el cual podría interpretarse como una brecha entre la aceptación simbólica de las normas globales y su apropiación práctica dentro del aparato estatal.
Ampliando esta mirada, North (1993), desde la perspectiva neoinstitucionalista, expone que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, tanto formales (leyes, normas) como informales (costumbres, valores). Scott (2008) amplía esta definición al distinguir tres pilares institucionales: el regulativo (normas y sanciones), el normativo (valores) y el cognitivo (creencias compartidas). Las políticas públicas de igualdad fracasan cuando estos tres pilares no están alineados; en el caso costarricense, la coexistencia de un marco legal robusto y una cultura institucional patriarcal produce tensiones que impiden consolidar la verdadera transversalización de género
Desde un enfoque complementario, la teoría de la política exterior feminista, que desarrollan Aggestam y Bergman (2019) y Thompson y True (2022), introduce la noción de coherencia entre la acción internacional del Estado y sus políticas internas. Desde esta perspectiva, un Estado que asume compromisos feministas en foros multilaterales debe garantizar que su estructura institucional y su acción pública reproduzcan esos principios en el ámbito doméstico. Esta corriente sostiene que la política exterior debe orientarse por los principios de igualdad de género, derechos humanos y paz. Según Aggestam y Bergman (2019), una política exterior feminista no solo impulsa la participación de las mujeres en los espacios de decisión internacional, sino que también busca coherencia entre los compromisos internacionales y las políticas internas del Estado.
En consecuencia, el análisis de la transversalización de género en Costa Rica adquiere una relevancia transnacional: el Estado no solo es un actor nacional, sino también un sujeto de derecho internacional que debe rendir cuentas ante organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE por sus siglas en inglés), la Organización de Estados Americanos (OEA) o al Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
El conjunto de estas perspectivas teóricas ‒feminismo en las RRII, constructivismo social, neoinstitucionalismo y política exterior feminista‒ permiten comprender la transversalización de género como un proceso de gobernanza multinivel del poder, en el cual los Estados actúan simultáneamente como receptores, adaptadores y emisores de normas internacionales; solo adquieren fuerza transformadora cuando logran penetrar las estructuras del Estado y redistribuir el poder en favor de la igualdad sustantiva.
4. La transversalización de género entre lo nacional y lo internacional
La experiencia de Costa Rica en materia de igualdad de género constituye el reflejo de una paradoja: por un lado, el país ha asumido un rol proactivo en la arena internacional, donde ha suscrito la mayoría de los instrumentos globales de derechos humanos y género; sin embargo, por otro lado, no logra superar estructuras internas que reproducen desigualdades. Esta contradicción devela una brecha entre el compromiso externo y la capacidad estatal interna para cumplirlo, fenómeno que puede comprenderse a través de las disonancias político-institucionales que Calvo (2025) identificó en el período 2018-2024 en la PIEG.
En cumplimiento de los compromisos internacionales, Costa Rica es signataria de la CEDAW, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de la Convención de Belém do Pará y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 5: Igualdad de género. Asimismo, ha respaldado la Estrategia de Igualdad de Género de la OCDE (2021) y participa en los mecanismos regionales del SICA, que promueven la transversalización del enfoque de género en las políticas de integración centroamericana. Estos marcos normativos, de acuerdo con Finnemore y Sikkink (2001), configuran un régimen internacional de igualdad de género que define expectativas, estándares y mecanismos de rendición de cuentas para los Estados.
Sin embargo, la internalización de estas normas globales depende de la institucionalidad doméstica y de los marcos culturales y políticos que median su implementación. En este punto, el estudio de Calvo (2025) identifica siete disonancias que obstaculizan la transversalización del enfoque de género en la gestión pública costarricense: conceptual, normativa, estructural-administrativa, simbólico-discursiva, cultural-subjetiva, organizacional de gobernanza y técnico-metodológica. Cada una de ellas expresa una fractura entre el discurso internacional y la práctica estatal, lo cual reproduce patrones de exclusión y limita la coherencia del país con sus compromisos internacionales.
En el plano conceptual persiste una ambigüedad en torno a los significados de género, igualdad y transversalización, lo cual genera interpretaciones divergentes en las instituciones públicas. Desde la perspectiva de la política exterior feminista, Thompson y True (2022) señalan que los significados atribuidos al género dentro de las burocracias estatales determinan el grado de coherencia entre el compromiso internacional y la acción pública. Cuando el concepto se vacía de contenido político y se reduce a una herramienta procedimental, se produce una desconexión entre la igualdad como norma global y la igualdad como práctica estatal.
La disonancia normativa se manifiesta en la coexistencia de múltiples marcos legales y políticas sin articulación efectiva ni obligatoriedad. Aunque Costa Rica cuenta con leyes progresistas, como la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Ley 7142) y la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG 2018-2030), su aplicación carece de mecanismos obligatorios de seguimiento y presupuestos vinculantes. De acuerdo con North (1990) y Scott (2008), esta dispersión normativa refleja una debilidad e incoherencia regulatoria del Estado, lo que reduce su capacidad para cumplir con los estándares internacionales asumidos.
En el plano estructural-administrativo, las instancias responsables del tema de género ‒como el INAMU y las Unidades de Igualdad en ministerios y gobiernos locales‒ enfrentan limitaciones presupuestarias y una baja jerarquización política. Estas condiciones impiden consolidar la transversalización de género como una política de Estado, manteniéndola en el nivel de proyectos o programas aislados. Desde la perspectiva constructivista (Wendt, 1999), esta situación evidencia que la socialización de las normas internacionales no ha sido internalizada en la cultura organizacional del aparato público.
Las disonancias simbólico-discursivas y culturales-subjetivas muestran que el cambio institucional requiere de un cambio cultural profundo. La persistencia de estereotipos patriarcales, resistencias ideológicas y la instrumentalización del discurso de género revelan la dimensión subjetiva del poder. En este punto, la teoría feminista en de las RRII permite comprender que el patriarcado opera como un sistema global y local que legitima la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión; Tickner (1992) advierte que el poder patriarcal no solo se expresa en la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión, sino también en la persistencia de narrativas que naturalizan esa exclusión dentro del sistema político.
Por su parte, la disonancia organizacional de la gobernanza se refleja en la debilidad de los mecanismos de coordinación interinstitucional y de rendición de cuentas. Aunque la PIEG propone una arquitectura de gobernanza articulada, su ejecución depende de voluntades individuales y carece de un liderazgo político sostenido. Según Calvo (2025), esta fragmentación administrativa evidencia que la transversalización de género carece de un liderazgo político centralizado y sostenido capaz de garantizar su continuidad más allá de los ciclos gubernamentales.
En este sentido, Aggestam y Bergman (2019), en la teoría de la política exterior feminista, sugieren que la gobernanza de la igualdad requiere estructuras estables y recursos que respalden la coherencia entre compromiso internacional y acción estatal.
Finalmente, la disonancia técnico-metodológica expone las limitaciones en los sistemas de planificación, monitoreo y evaluación con enfoque de género. La ausencia de indicadores comunes y de presupuestos específicos impide demostrar resultados concretos ante los organismos internacionales, al debilitar la legitimidad del país en materia de rendición de cuentas. Desde la óptica de la gobernanza global, esta carencia representa un déficit de capacidad estatal para cumplir con los estándares de accountability internacional, lo que Risse et al. (2013) denominan un déficit de cumplimiento dentro de los regímenes internacionales de derechos humanos.
Tabla 1 Resumen de las disonancias político-institucionales
| Disonancia | Definición | Evidencias/Manifestaciones | Implicaciones internacionales |
|---|---|---|---|
| Conceptual | Ambigüedad y disputa sobre los significados de género, igualdad, transversalización e interseccionalidad. | Definiciones divergentes, vaciamiento político del concepto, uso procedimental, dificultades para vincularlo con marcos internacionales. | Genera brecha entre norma global (CEDAW, Beijing, ODS 5) y comprensión institucional. |
| Normativa | Marco legal robusto pero disperso, sin obligatoriedad ni articulación. | Aplicación débil, falta de sanciones, presupuestos no vinculantes, desconexión normativa. | Reduce credibilidad del Estado ante mecanismos internacionales. |
| Estructural administrativa | Limitaciones del INAMU y Unidades de Igualdad; baja jerarquización. | Pocos recursos, personal técnico insuficiente, débil institucionalización. | Impide internalizar normas internacionales dentro del aparato estatal. |
| Simbólico discursiva | Diferencia entre discurso de igualdad y práctica real. | Lenguaje instrumental, resistencias disfrazadas de neutralidad, minimización del enfoque. | Construye liderazgo simbólico externo sin coherencia interna. |
| Cultural subjetiva | Persistencia de estereotipos y patrones patriarcales. | Sesgos, resistencias ideológicas, normalización del patriarcado burocrático. | Bloquea internalización cultural de normas globales. |
| Organizacional gobernanza | Fragmentación y débil coordinación interinstitucional. | Dependencia de voluntades individuales, falta de seguimiento, baja rendición de cuentas. | Limita coherencia entre acción interna y compromisos multilaterales. |
| Técnico metodológica | Limitaciones en indicadores, metodologías y sistemas de monitoreo. | Ausencia de indicadores comunes, falta de evaluaciones robustas, presupuestos no etiquetados. | Dificulta rendición de cuentas internacional. |
Nota: elaborado a partir de G. Calvo (2025). Análisis de las disonancias político-institucionales en la transversalización de género: El caso de las políticas públicas en Costa Rica (2018-2024).
En conjunto, estas disonancias guían el análisis para comprender la transversalización de género más allá de un proceso técnico-administrativo nacional, lo posicionan como una herramienta para su comprensión como una interfaz entre la política doméstica y la estructura internacional del poder. El Estado costarricense, así como otros de la región, se mueve entre dos lógicas: la del reconocimiento internacional, que exige adhesión a las normas de igualdad, y la del mantenimiento del statu quo interno, que reproduce relaciones de poder tradicionales.
En consonancia con lo argumentado por Aggestam y Bergman (2019), la política exterior feminista se sostiene sobre la coherencia entre discurso y acción. En Costa Rica, esa coherencia aún enfrenta resistencias estructurales. Al situar al país en una posición ambivalente dentro del régimen internacional de género: como un actor normativamente ejemplar en el discurso, pero con limitaciones estructurales en la práctica. Esa ambivalencia devela la profunda interdependencia entre la esfera interna y la proyección internacional de un país, y el condicionante de la credibilidad del Estado como promotor global de la igualdad a su capacidad para alinear su institucionalidad doméstica con los compromisos multilaterales, convirtiendo la voluntad política en acción transformadora.
5. Conclusiones: poder, legitimidad y coherencia en la gobernanza global de género
A partir de lo analizado, es posible afirmar que la transversalización de género en Costa Rica constituye un laboratorio político e institucional donde se visibilizan las tensiones entre los compromisos internacionales de igualdad y las estructuras internas de poder del Estado. Las disonancias políticoinstitucionales identificadas, más que deficiencias técnico-administrativas, constituyen manifestaciones profundas de la forma en que el poder patriarcal se entrelaza con la lógica estatal y con los procesos de socialización normativa en el sistema internacional.
Siguiendo el planteamiento constructivista, esta tensión expresa los límites de la internalización normativa de las normas globales de igualdad que son aceptadas formalmente, pero su apropiación práctica se ve condicionada por la cultura administrativa y la distribución real del poder político.
En efecto, más allá de la dimensión constructivista, desde una perspectiva neoinstitucionalista y feminista, estas disonancias develan los límites de la internalización de las normas internacionales de igualdad de género. Si bien el Estado costarricense ha desarrollado una sólida arquitectura jurídica y discursiva en torno a la igualdad, esta se mantiene frágil ante la ausencia de voluntad política sostenida y de mecanismos institucionales robustos que garanticen su ejecución. Así, el proceso de transversalización de género se encuentra atrapado en una paradoja: entre el reconocimiento internacional de su liderazgo en derechos humanos y el contraste con la débil capacidad doméstica para traducir dichos compromisos en resultados tangibles.
Bajo la lógica de estas teorías de las RRII, el caso costarricense pone de relieve la distancia entre la adopción simbólica de normas globales ‒como expresión de legitimidad internacional‒ y su internalización sustantiva en las prácticas estatales. Esta brecha confirma que la adhesión formal a los regímenes internacionales no garantiza su eficacia, pues los Estados operan en un entramado de condicionamientos políticos, culturales y administrativos que determinan la profundidad de la implementación.
De manera coherente con las perspectivas teóricas desarrolladas, la noción de voluntad política (Calvo, 2025) se fundamenta como un elemento central y transversal para comprender este fenómeno. Más que una disposición subjetiva, la voluntad política constituye una capacidad institucional y ética del Estado para priorizar la igualdad en la asignación de recursos, la toma de decisiones y la cultura organizacional. Esta capacidad depende del grado de formalización de las normas, la coordinación interinstitucional y la estabilidad de los liderazgos políticos. Sin embargo, desde la mirada feminista, implica además un compromiso ético con la redistribución del poder, la justicia de género y el reconocimiento de las diversidades.
Se reafirma desde la teoría de la política exterior feminista, que la coherencia entre la acción interna y la externa es una condición de legitimidad en el sistema internacional. Un Estado que promueve la igualdad en foros multilaterales pero la incumple internamente pierde autoridad moral y política. En el caso costarricense, esa brecha entre discurso y práctica limita el alcance transformador de su diplomacia basada en derechos humanos y afecta su credibilidad como referente regional.
De este análisis se infiere que la transversalización de género solo puede consolidarse cuando el Estado asume la igualdad como una política nacional prioritaria en su proyecto político y de su identidad internacional, no como una obligación externa. Esto implica cambio, transformación y avanzar de una gobernanza de género basada en la conformidad hacia una gobernanza sustentada en la coherencia, la responsabilidad y, sobre todo, con voluntad política, donde los compromisos multilaterales se reflejen en transformaciones concretas en las políticas públicas, los presupuestos, la cultura institucional y las prácticas de liderazgo.
De este modo, el caso costarricense ofrece una lección relevante para la región latinoamericana: la igualdad de género no se consolida mediante decretos o discursos, sino a través de procesos institucionales sostenidos y decisiones políticas firmes. En este sentido, la voluntad política se convierte en la condición de posibilidad para cerrar las disonancias, fortalecer la gobernanza democrática y cumplir con los compromisos internacionales.
Puede decirse, entonces, que a nivel teórico, el artículo contribuye al campo de las RRII al situar la igualdad de género como una categoría analítica del poder y la legitimidad estatal, donde las relaciones entre lo doméstico y lo internacional son interdependientes y mutuamente constitutivas. La igualdad de género, por tanto, no puede analizarse solo como política pública nacional, sino como un proyecto político internacional de justicia y transformación capaz de redefinir el papel del Estado en el orden global.
Todo lo anterior permite concluir que la transversalización de género en Costa Rica constituye un proceso político de gobernanza global del poder. Donde, su avance depende de la convergencia entre marcos normativos internacionales, estructuras institucionales nacionales y voluntad política sostenida. Alcanzar esa coherencia representa un desafío no solo técnico-administrativo, sino profundamente político y cultural, que define la capacidad del Estado costarricense de convertirse en un verdadero actor feminista dentro del sistema internacional.
