Introducción

La perspectiva metodológica que sirve como marco de referencia en esta pesquisa se inserta en la propuesta de Mauricio Folchi, quien propone la idea de conflictos de contenido ambiental, entendidos a partir de la disputa por un recurso o impacto que genera un determinado uso, sin cuestionar la forma en que se explota o existir un propósito evidente de conservar o hacer un uso sostenible (^{Folchi, 2001}, pp.79-100). Partiendo de lo anterior, la propuesta de Folchi permite comprender las movilizaciones de los campesinos del Chilamatal por la tierra a partir de la tensión que ocasionó el uso y apropiación en forma de latifundio, amenazando la economía y habitabilidad de los colonos de la hacienda Zapotitán.

La tensión como concepto en el marco de los conflictos de contenido ambiental explica no solo los daños sobre el ambiente que fueron percibidos por los colonos del Chilamatal, sino todo el conjunto de antagonismos que se presentan entre actores interesados por la tierra. Desde esta perspectiva se entienden a las movilizaciones de campesinos del Chilamatal a partir de variables económicas y sociales de contenido ambiental en torno a la apropiación de este recurso. Esta misma línea metodológica explica que las movilizaciones por la tierra en el Chilamatal no solo fueron motivadas por colonos o campesinos pobres sin propiedad, también por distintos actores, cuyo fin no fue la defensa ambiental, sino los intereses económicos y sociales contrapuesto con el latifundio que se implementa como política nacional en los contextos de privatización de las tierras comunales y ejidales dentro del Estado- liberal agroexportador salvadoreño.

Estado agroexportador, privatización de tierras y latifundio

Con la consolidación del Estado agroexportador, a finales del siglo XIX, se expande y consolida el latifundio como forma principal de tenencia de la tierra en El Salvador. Esta forma de explotación se especializará en la producción de agro cultivos de exportación, teniendo como principal producto el café. Este grano reconcentrará propiedades ejidales y comunales en las zonas de mayor altitud. No obstante, la acumulación de propiedades irá más allá de las franjas agrícolas caficultoras, concentrándose en áreas lejanas y de menor altitud en las cuales la producción se dedicará en la caña de azúcar, granos básicos y ganado.

Los efectos sociales causados por las movilizaciones en torno a la tensión generada por la explotación de la tierra difieren en la ubicación geográfica de los latifundios. Si bien la mayoría de los campesinos ejidatarios y comunales se convirtieron en colonos y estacionarios en las plantaciones de café y haciendas, las movilizaciones en las fincas fueron mínimas hasta la crisis de 1929, en tanto que los finqueros contaron con mayores recursos económicos y apoyo de parte del gobierno central en el control social de la mano de obra, por ser la apuesta principal de la economía nacional (^{Browning, 1975}, pp.349-480). A diferencia de las haciendas alejadas de las zonas cafetaleras, dedicadas a suplir al mercado agrícola interno que carecieron del respaldo gubernamental y fuerza económica para menguar las movilizaciones. Esto generó mayor participación de distintos actores en pro de la tierra, tal como lo fue en el Chilamatal.

El chilamatal 1913-1936, ¿la tensión por el recurso tirrra?

El Chilamatal, hoy Ciudad Arce, era una aldea ubicada en la hacienda Zapotitán del valle del mismo nombre, perteneciente a la jurisdicción del distrito de San Juan Opico, cuya forma latifundista de tenencia de la propiedad era la de mayor prevalencia (^{Arteaga, 2007}, pp.13-19). Para 1913, el Chilamatal, junto a otras aldeas, conformaban el distrito de Opico perteneciente al recién creado departamento de la Libertad.

El Chilamatal era la aldea o cantón que más población poseía dentro del distrito de Opico y del valle, propiciado por la composición volcánica de la tierra, ubicación topográfica y geográfica entre las haciendas Zapotitan, La Joya, Los Limones, Santa Rosa y San Andrés, diferenciándose del centro que se caracterizaba por las inundaciones y bosque tropical pantanoso (^{Sevillano, 2022}, p.15). Por otro lado, la construcción de la estación para recargar agua al ferrocarril en la ruta Sant Ana- Salvador durante el auge productivo del café, generó el aumento de asentamientos campesinos: estacionarios medianos y pequeños propietarios, provenientes, principalmente, del occidente -centro de El Salvador y de las cercanías del distrito de Opico, dedicándose a la producción de granos básicos maíz-frijol, caña de azúcar, y comercialización de agua que era trasportada desde el río el Jute, afluente del Sucio para la comercialización de los viajeros del ferrocarril que pernoctaban el Chilamatal y las explotaciones agrícolas (Sermeño, 2010). En efecto la ubicación, recursos tierra- agua, propiciaron la construcción de la estación de bombeo para la ruta ferrocarrilera. Las oportunidades laborales que generó esta construcción determinaron el alto número de establecimientos campesinos de subsistencia en su mayoría de forma ilegal, y de pequeños y medianos propietarios.

Estos asentamientos ilegales tensionaron las relaciones en torno a los intereses económicos en derredor de la tierra contra el latifundista Emeterio Ruano, propietario de la Hacienda Zapotitán, especializada en la explotación ganadera y el Distrito de San Juan Opico, generando organizaciones y resistencias. Entre los medianos propietarios estaban: Carlos Argumedo, Jorge Alas, Miguel ^{Arteaga, Coronado Sevillano, Aureliano Moreno, Pablo Cándido (Arteaga, 2007}, p.16), destacándose Arteaga. Arteaga nació en San Juan Opico y se radicó en el Chilamatal, trabajó en labores administrativas en la hacienda San Andrés y “era amigo de confianza de los dueños de esta propiedad” en especial de Francisco Dueñas, de este trabajo y de su amistad con Dueñas, se hizo de capital suficiente para comprar parte de la finca La Esperanza de la familia Jáuregui y los colindantes de esta propiedad, Francisco Argueta, Alejandro Portillo y Rosa Marroquín, cultivando café, maíz, frijoles y caña de azúcar procesada a través de molienda.

Arteaga era de los campesinos que tenía propiedades legales al momento de la fundación del Chilamatal como pueblo, además de ser el primer alcalde entre 19221924. Partiendo de lo anterior, la lucha por la tierra en el Chilamatal se desarrolla en dos frentes: el primero fue contra Emeterio Ruano, dueño de la Hacienda Zapotitán, seguidamente contra las autoridades de San Juan Opico. El motivo de la lucha por la tierra contra Ruano se dio por los intereses económicos y sociales contrapuestos por la explotación y tenencia de la tierra. En primer lugar, estaba la necesidad de desarrollar la agricultura de subsistencia con base en maíz, frijol, y vivienda que tenían los campesinos asentados de manera ilegal, y la urgencia de explotar la monoprudución de caña de azúcar por parte de los medianos propietarios. Estos intereses se contrapusieron con los de Ruano. Para 1910, se desarrolla el primer conflicto entre medianos y colonos campesinos vs el campista o mandador de Emeterio Ruano, tal como lo relata Juan Arteaga Morán, ex alcalde del Chilamatal-Ciudad Arce e hijo de Miguel Arteaga:

Estos inmigrantes se avecindaron en terrenos de esta hacienda (Zapotitán) sin la aprobación del dueño, don Segundo Emeterio Ruano, quien les mandó una orden de desalojo de sus tierras y advirtió por medio de un campisto que sí no se iban les mandaría a dar fuego a los ranchos. Ante esta inminente amenaza, los vecinos se organizaron y le mandaron a decir a don Segundo Emeterio Ruano, que, al quemar el primer rancho, le abrirían fuego con sus escopetas de viento. Supuestamente por esto, don Segundo Emeterio Ruano desistió a dar cumplimiento a sus advertencias. (^{Arteaga, 2007}, pp.14)

La primera movilización y organización se da a través del uso de las armas en defensa de las tierras a partir de la unión de los campesinos de subsistencias y medianos propietarios. Sin embargo, para principios de la década de 1920, la organización y movilización había evolucionado hacia el nivel de gestión y dialogo político ante la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Gobernación. Así para 1921, bajo la presidencia de Jorge Meléndez y ante la gestión de los medianos propietarios interesados en la producción de caña de azúcar Carlos Argumedo, Napoleón Moncada, Miguel ^{Arteaga, Coronado Sevillano, Pablo Cándido, se erige como pueblo el Chilamatal (Arteaga, 2007}, pp.14) permitiéndoles autonomía ante el distrito de San Juan Opico y en especial ante Emeterio Ruano. Desde esta perspectiva, la fundación como pueblo y alcaldía del Chilamatal propicia el asentamiento legal de los colonos de la hacienda, al mismo tiempo consolida la producción de caña de azúcar en los medianos propietarios como Arteaga, convirtiéndolos en elites locales, en tanto que es elegido como el primer alcalde, accediendo a capital de trabajo por medio de las Cajas de Créditos Rurales, fundadas durante el gobierno de Hernández Martínez, presididas por su hijo Juan Darío Arteaga (Sermeño, 2010).

Sin embargo, con el título de pueblo el Chilamatal no adquiere plena autonomía del Distrito de Opico:

Eríjase en pueblo con el nombre de El Chilamatal, el valle del mismo nombre, correspondiéndole los cantones: Santa Rosa, Las Cruces, La Esperanza, San Andrés, Zapotitán, El Espino y Caña de Tarro, del Distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Dicho pueblo continuará siendo de la jurisdicción de este distrito y departamento. (^{Gobierno de El Salvador, 1921}, p.153)

La mayoría de las aldeas o cantones, como los llama la legislación salvadoreña que conformaron el Chilamatal, eran parte de Opico, lo que provocó el resentimiento de este último, en tanto que se segregaba parte de su territorio con vocación agrícola (Sermeño, 2010). La otra rivalidad entre Opico y el Chilamatal surge por la autonomía alrededor de la recaudación de impuestos de los territorios otorgados a la municipalidad Chilamateca. Si bien El Chilamatal gozaba de ciertos atributos, estos no eran en su totalidad y seguían bajo la jurisdicción de Opico, entre ellos la aplicación de la justicia por medio de la oficina del Juzgado Civil.

Politica de mejoramiento social de Hernandez Martínez: reparto de la Hacienda Zapotitán como alternativa a la conflictividad entre el Chilamatal y Opico (1934-1936)

El discurso del gobierno del general Martínez sobre el reparto de propiedades en forma de arrendamiento tuvo tres componentes principales. El primero era generar un clima de estabilidad social. El segundo, frenar las migraciones de campesinos sin propiedades a las ciudades, principalmente la capital San Salvador.

Finalmente, el tercero, presentar esta actividad ante la opinión pública como un elemento trascendental para mejorar las condiciones agrícolas del país, mostrando a las haciendas adquiridas como tierras de buena calidad (^{Sevillano, 2022}, pp.50).

La difícil situación económica que se vivía desde antes de 1920 y que se empeoró con la crisis de 1929, generó en enero de 1932 uno de los principales levantamientos armados de la historia nacional, protagonizado en su mayoría por campesinos indígenas y ladinos jornaleros-colonos estacionarios sin propiedades, dejando una cifra fatal cercana a los 25,000 individuos (^{Sevillano, 2022}, pp.50). En vista de esta problemática el gobierno adquirió grandes propiedades, deslindándolas y repartiéndolas en arrendamiento a través de pequeños bloques de tierra a campesinos carentes de esta.

La república de El Salvador es un país que se inicia apenas en forma todavía muy embrionaria en el proceso de su industrialización. A pesar de ello, su extensa densidad demográfica y el área muy reducida de sus tierras de labranza, engendraron por la propaganda de ideas disuasorias que lograron filtrarse clandestinamente entre nuestros proletariado urbano y rural, pero que merecieron desde un principio, la más enérgica repulsa de parte de la mayoría consiente del país. En vista de esto el gobierno de la república consideró con mucho acierto que los descontentos sociales tenían causas más profundas de ideas disuasorias y se empeñó desde el primer momento mediante una serena y atinada política de justicia social, alejar todo motivo de malestar de las clases trabajadoras, con la compra de grandes extensiones de tierras laborales, que son distribuidas entre el campesinado (^{Gobierno de El Salvador, 1936}, p.3).

El gobierno pretendía mejorar las condiciones de vida del campesinado sin propiedad con el reparto de tierras, con el objetivo de generar un clima de estabilización social y evitar futuros levantamientos armados. Sin embargo, la realidad del discurso fue todo lo contrario. Otro de los problemas que el régimen trató de resolver fue el de las migraciones campo ciudad (^{Sevillano, 2022}, pp.150). Estos nuevos migrantes generaban diferentes problemas en las ciudades tales como prostitución, mendicidad, y proliferación de mesones o vecindades por lo que el gobierno de Martínez en su discurso menciona el reparto de propiedades y el favorecimiento de esta a los colonos afincados en las haciendas nacionales (^{Sevillano, 2022}, p.150).

Con el objetivo de adquirir terrenos nacionales en arrendamiento con promesa de venta por un plazo de 10 años, el campesino beneficiado con tierras tenía que pagar el valor de la propiedad con dinero o cosechas de acuerdo al valuó que se hacía dependiendo de la calidad y factibilidad de agua potable para el desarrollo agrícola y de vivienda (^{Gobierno de El Salvador, 1935}, pp.2165); al mismo tiempo debía poseer ciertos requisitos, por ejemplo, no ser propietario de tierras, que tuvieran hijos, conyugue y ser de buena conducta. Sin embargo, esta medida se transgredió, en tanto que algunos beneficiados con tierras nacionales eran propietarios. Durante un plazo de 25 años, el peticionario no podía hipotecar ni vender su parcela. Con esta medida de “bien de familia”, se pretendía evitar la concentración rápida de tierras en pocas manos de acuerdo con el discurso del gobierno y garantizar la pequeña propiedad (^{Gobierno de El Salvador, 1935}, p.2165).

La mayoría de arrendatarios que fueron beneficiados con tierras nacionales eran campesinos pobres, con hijos, requisitos indispensables de acuerdo a la ley de arrendamiento de propiedades nacionales de 1932. Por otra parte, las dinámicas del reparto de haciendas no solo obedecieron al contexto nacional, en tanto que se entrecruzan dinámicas locales de conflictos por la tierra. Para el caso de Zapotitán, la recién creada municipalidad del Chilamatal, enfrentaba ante el gobierno central, el reclamo por parte de Opico por las tierras segregadas de su posesión con vocación de agrícola, entre ellas la hacienda Zapotitán (Sermeño, 2010). Si bien el reparto de la hacienda Zapotitán sirvió para generar estabilidad a nivel nacional por el problema de acumulación de la propiedad, esta también se utilizó para aplacar las necesidades de tierras agrícola en el recién creado Chilamatal.

En efecto, tanto el contexto nacional, como local permitió el reparto de 700 lotes de propiedad a un número igual de beneficiarios que habían solicitado tierras en esta hacienda nacional con una extensión mínima de 3 y una máxima de 6 manzanas (^{Sevillano, 2022}, p.50). Los primeros 47 campesinos beneficiados con tierras, en su mayoría, eran del recién creado pueblo del Chilamatal, específicamente de la zona La Cuchilla, antiguos colonos que se habían asentado de manera ilegal antes del reparto.

Del total de las primeras personas que fueron beneficiadas con propiedades en Zapotitán, 31 eran colonos de la hacienda, principalmente del Chilamatal, La Cuchilla, y La Joya dándoles prioridad como lo exigía la ley, todos eran madres o padres de familia que garantizaban la mano de obra familiar para el trabajo de la tierra, requisito para poder optar a propiedades nacionales.

El 66% de los primeros arrendatarios eran colonos de la hacienda Zapotitán, que equivaldría a un poco más de la mitad, mientras que un 9% eran originarios de Quezaltepeque, le siguen los de San Salvador, que eran alrededor del 7 %, seguidamente están los de Chalchuapa y Cuyagualo, actualmente Colón, con un 4 %. Por último, están los de Santa Ana, Jayaque, Suchitoto, Soyapango e Izalco con un 2% respectivamente. Con base a este porcentaje, se observa que la mayoría de los arrendatarios eran del Chilamatal, y que en efecto eran ex colonos de la hacienda Zapotitán. Luego estuvieron los arrendatarios procedentes de la zona central del país, principalmente de Quezaltepeque, San Salvador, Soyapango, Cuyagualo, Jayaque y Suchitoto. Por último, estaban los arrendatarios de la zona occidental: Santa Ana, Chalchuapa e Izalco (^{Sevillano, 2022}, pp.35).

Si bien los campesinos del Chilamatal fueron los principales beneficiados con el reparto de tierras, la falta de condiciones técnicas y económicas imposibilitó el cultivo permanente de las parcelas entregadas (^{Grontmij de Bilt, 1961}, pp.190).

Por otra parte, el uso de tecnología fue muy limitado, tanto en abonos como en insecticidas. El uso de estos insumos era mínimo, ya que de las 2,683.15 manzanas del valle, solamente 462.7 se explotaron, esto indica el escaso desarrollo tecnológico-agrícola tanto para incrementar los rendimientos de producción como para combatir las plagas, dando lugar a que las limpias, abonos, y recolecciones se realizaran de manera manual (^{Magaña Solano,1979}, pp.28). Un ejemplo de lo anterior lo constituyó la problemática del arado. Si bien para la época esta actividad era realizada con tracción animal, muchos campesinos de Zapotitán no poseían los recursos económicos suficientes para comprar bueyes, lo cual era sumamente difícil por las condiciones climáticas y tipo de terreno (^{Sevillano, 2022}, pp.150).

Al igual que la tecnología, el acceso al crédito fue determinante en el desarrollo de la agricultura para los arrendatarios. El demasiado tiempo para realizar los trámites, exceso de burocracia, y falta de sucursales descentralizadas, limitaron el uso este recurso. En este contexto desfavorable en torno al acceso a créditos rurales, muchos campesinos de Zapotitán se vieron obligados a vender o hipotecar sus tierras con prestamistas o “coyotes” que eran en muchas ocasiones terratenientes que vivían en las ciudades cercanas, principalmente Santa Ana y San Salvador (^{Sevillano, 2022}, pp.150).

El modelo de Cajas de Crédito se fundamentó en el cooperativismo (^{Rochac, 1942}, pp.14-130), en tanto que su base monetaria provino de la compra de mil acciones derivadas de los fondos del Estado y también de la venta de bonos a los vecinos prominentes del Chilamatal, con el objetivo que ingresaran en calidad de socios, y que fueran en última instancia los más favorecidos con este recurso. Para algunos campesinos como dice Arteaga:

los prestamos no fueron beneficiosos porque a pesar de sus esfuerzos, terminaron perdiendo las pequeñas parcelas, las cuales no les garantizaron una producción suficiente para amortizar la deuda, sobre todo no tenían diversidad de cultivos, aparte del maíz y del frijol. (^{Arteaga, 2007}, pp. 162-163)

En todo caso, la función de las Cajas de Crédito fue insuficiente y no resolvió esta problemática, llevando a muchos campesinos a endeudarse con prestamista- latifundistas quienes pedían como garantía las parcelas entregadas por el gobierno.

Las parcelas repartidas eran inhabitables por falta de agua potable, exceso de mosquitos e inundación que impidieron el uso de sus tierras. Aunado a los anterior, estos campesinos tuvieron que afrontar la miseria económica reflejada en falta de letrinas, obligándoles a realizar sus necesidades fisiológicas al aire libre (^{Sevillano, 2022}, pp.152). Todos estos inconvenientes fueron generados por falta de apoyo económico de parte del Estado, llevando a las familias favorecidas a entregar, vender o hipotecar sus parcelas. Otro problema que afrontaron estos arrendatarios fue el aislamiento de la zona. La falta de buenos caminos dificultaba el acceso de automóviles y carretas por las inundaciones, generando atascos (^{Grontmij de Bilt, 1961}, pp.65-68).

Nota: El problema de las inundaciones fue una constante hasta la construcción del Distrito de Riego en la década de 1970, lo cual imposibilitó el asentamiento permanente de campesinos. Tomado de: Grontmij de Bilt, p.69.

Figura 1 Camino inundado de Zapotitán 1961.  

Muchos de estos caminos en invierno eran intransitables, creando incomunicación entre el exterior e interior de la zona y viceversa, interrumpiendo la comercialización. En la mayoría de casos, solo eran transitables en carretas y en época de verano.

Nota: Los campesinos de Zapotitán carecían de caminos en buen estado para el trasporte de sus cosechas problema que persistió hasta la década de 1990. Tomado de: Grontmij de Bilt, p.69.

Figura 2 Campesino de Zapotitán en verano 1961.  

Estas dificultades hicieron imposible la habitabilidad de los campesinos beneficiados con tierras en Zapotitán. Sin embargo, hubo excepciones, ya que el reparto de propiedades favoreció a ciertos campesinos que poseían tierras de extensión considerable, un caso de esto es el de Miguel Arteaga Ayala. Para la época del repartimiento de propiedades se había convertido en mediano propietario (^{Gobierno de El Salvador, 1935}, pp.4). Arteaga era el único de los colonos que tenía propiedades legales al momento de la repartición de la Hacienda Zapotitán, además de ser alcalde del Chilamatal en dos ocasiones 1922-1924 y al momento de la compra de la propiedad y de su repartición, es decir 1934-1936 (^{Arteaga, 2007}, pp.14), convirtiéndolo en funcionario público. Este favorecimiento de lotes hacia Miguel Arteaga transgredió la ley de arrendamiento de propiedades, que prohibía a los campesinos con tierras y funcionarios públicos optar a lotes nacionales. Como consecuencia de esto, Arteaga y su familia fueron de los pocos campesinos favorecidos con tierras que lograron conservar y ampliar sus propiedades (sus tierras fueron vendidas en la década de 1990), ya que él y sus descendientes dispusieron de capital suficiente y recursos técnicos para realizar los trabajos necesarios para transformar y explotar de manera eficiente sus propiedades (^{Sevillano, 2022}, pp.156). El principal cultivo de Arteaga y sus descendientes fue la caña de azúcar. El acceso al crédito le favoreció, ya que uno de sus hijos: Juan Darío Arteaga fue gerente-director de la Caja de Crédito del Chilamatal (^{Sevillano, 2022}, pp.156).

La situación económica y social de los campesinos beneficiados en Zapotitán fue sumamente difícil. A parte de afrontar los problemas de falta de crédito y apoyo técnico tuvieron que lidiar con la mala calidad de la tierra que por su naturaleza atentaba contra la salud de sus habitantes. Las tierras atribuidas a los campesinos eran bloques aislados, sin infraestructuras adecuadas a sus necesidades, carentes de pozos de agua potable y ubicada en zonas insalubres (^{Sevillano, 2022}, pp.156). La insalubridad de la zona no permitía los asentamientos de campesinos debido a la filtración de aguas subterráneas y proliferación de enfermedades tropicales ocasionadas por estas características geográfica, imposibilitando el desarrollo de cultivos (^{Grontmij de Bilt, 1961}, pp.4-5).

Una noticia de la Prensa Gráfica de 1936 sobre el paludismo en Zapotitán, pone de manifiesto esta situación:

Ayer regresó la comisión de sanitarios enviada por la Dirección General de Sanidad a hacer estudios relacionados con el total saneamiento de los pantanos que se forman en los alrededores de la laguna Zapotitán, ubicados en terrenos nacionales que están siendo lotificados entre numerosas familias de campesinos. Hablando uno de nuestros redactores con el señor ingeniero Simeón Ángel Alfaro, éste le manifestó que el problema de saneamiento en el lugar es muy sencillo y fácil de llevarse a cabo en corto tiempo, siendo el medio más factible para ello el de desecación de las ciénagas que cubre un área como de diez caballerías de superficie alrededor de la laguna, pudiendo efectuar dicho trabajo con la suma de veinte a veinticinco mil colones. (^{La prensa gráfica, 1936}, p.1)

El problema de Zapotitán era el tipo de mantos acuíferos pantanosos que perjudicaban la salud de los campesinos, y al desarrollo agrícola. La propuesta de desecación iniciada en este periodo es la que se retomó a finales de los años 60 y principios de los 70 con la puesta en marcha del proyecto del Distrito de Riego:

Al ser desecadas dichas ciénagas el terreno sería de magnificas condiciones para el cultivo, lo cual redundaría en positivo beneficio de las personas que han sido favorecidos con lotes en la finca Zapotitán. El saneamiento del lugar, por medio de la desecación de los pantanos se hace de imperiosa necesidad, debido a que, en el lugar, tal como está en la actualidad, es un peligroso foco de infección lo cual hace inhabitable el lugar. Además, agrego que la mayoría de habitantes del lugar están atacados de paludismo el cual no desaparecerá hasta aniquilar por completo el foco de infección. (^{La prensa gráfica, 1936}, p.1)

La única manera de controlar este problema era el desecamiento de estos mantos acuíferos, lo que hacía necesarios trabajos de saneamiento y desecación, principalmente de la laguna que era donde se originaban la mayor parte de aguas estancadas y subterráneas. Partiendo de lo anterior, el gobierno de Martínez no tuvo la voluntad de realizar un trabajo efectivo de transformación del paisaje geográfico del valle Zapotitán, que consistía fundamentalmente en desecar los mantos acuíferos del valle. En esta misma línea, la argumentación que daba el gobierno del porqué no realizaba los trabajos de saneamiento y desecación, era evitar la disminución del caudal del río Sucio:

La cuestión relacionada con el desagüe de la laguna de Zapotitán parece que dará lugar a discusiones de parte de persona entendidas en estos asuntos. Hace algunos días, en las columnas de la prensa, insertamos el parecer de un ingeniero de la Dirección General de Obras Públicas en donde manifestaba que a su juicio era poco práctico la sangría a que nos referimos. Además, agregaba que al desecarse esa laguna se perjudicaría la corriente del río Sucio, que mueve la planta eléctrica de importancia para la capital. El mencionado funcionario no aludía ninguna persona, sino que se limitaba a considerar el asunto en términos generales. (^{La prensa gráfica, 1936}, pp. 1-4)

La desecación de la laguna no hubiese afectado el desarrollo de la planta eléctrica, ni menos el suministro de energía en San Salvador, tal como lo sostenía el Ingeniero Alfaro, por el contrario, según este profesional el caudal del río Sucio hubiese aumentado:

El Talnique, Los Cobanos, Ateos, Copapayo, El Paso Hondo, Las Cañas y el Naranjo, todos los cuales al buscar la confluencia en la planicie de 2000 manzanas en la hacienda Zapotitán forman el estancamiento de las ciénagas mencionada, en donde se pierde gran parte de esas aguas por infiltración, por evaporación y por absorción de la vegetación que existe en todos sus contornos. El río Sucio debería de tener mayor caudal, pero no es así por lo antedicho, una vez hecho el desagüe, el caudal del río aumentaría en más de su tercera parte, luego esta sería en provecho de la riqueza hidroeléctrico. (^{La prensa gráfica, 1936}, pp.1-4)

Otra cuestión que se hubiera solucionado sí el gobierno hubiera invertido en el desecamiento de estos mantos acuíferos, era el de los estancamientos de agua en las parcelas cultivadas.

Las autoridades que entregaron estas propiedades estaban consientes del problema. La propuesta de algunos funcionarios era reubicar a los campesinos en el cantón La Cuchilla- Chilamatal y Tinteral, medida que fue propuesta por el jefe de la estación de experimentación agrícola -Zapotitán Alejandro Morán al general Tomas Calderón ministro de agricultura:

En cuanto al segundo punto de la citada comunicación, me permito informar a Ud. Que si es de urgencia comunicar a los colonos de los alrededores de la casa de la hacienda Zapotitán que desocupen las casas o ranchos que habitan, es también de urgencia nombrar un ingeniero para que trace lo solares urbanos en los cantones La Cuchilla y el Tinteral, así como los que trazarán en los alrededores del Chilamatal, en donde se goza de buen clima y se bebe agua potable, a fin de que en esos lugares empiecen a construir sus viviendas los colonos que se despidan de la hacienda porque en los lotes que se les ha entregado no conviene que residan ni creo que ellos quieran vivir allí por ser inapropiados el clima, el agua a larga distancia y no potable, pues esos lotes entregados están entre el río Agua Caliente y río Sucio. (^{Moran, 1935}, pp.1)

Es evidente la negligencia y poca voluntad del gobierno de Martínez en favorecer al campesinado beneficiado de Zapotitán con buenas tierras e impulsar a nivel nacional la pequeña propiedad. El problema de las inundaciones y falta de agua potable volvían insalubres las propiedades y por tanto no eran aptas para su asentamiento. En efecto las propiedades entregadas en Zapotitán fueron de mala calidad y no ofrecieron las condiciones mínimas para los asentamientos de campesinos y desarrollo de la agricultura de subsistencia.

En vista de lo anterior, el gobierno de Martínez reinstala a los colonos beneficiarios con tierras nuevamente en el Chilamatal y la Cuchilla, incentivándolos con la legalización de las propiedades otorgadas con la creación de villa (Sermeño, 2010). Este decreto de creación permitía tener mayor autonomía del Distrito de Opico, y control de las haciendas Santa Rosa y San Andrés convertidas en aldeas bajo la jurisdicción del Chilamatal (Sermeño 2010). Al mismo tiempo, la creación de villa, permitió ganar adeptos y evitar protestas por las malas condiciones de las tierras entregadas en la hacienda Zapotitán, es decir que fue una medida de contención ante la falta de voluntad de crear condiciones adecuadas para la agricultura de subsistencia y mediana propiedad por parte del martinato y resolver con ello el problema de la tierra con vocación agrícola entre las municipalidades del Chilamatal y Opico.

También es necesario mencionar que el martinato legaliza asentamientos de campesinos que se venían dando con anterioridad, contradiciéndose entre discurso y practica al no querer afectar los intereses de los terratenientes y resolver el problema estructural de acumulación de la propiedad que inicia la desestabilización social expresada en 1932. No obstante, gana apoyo local en el Chilamatal al darle mayores atribuciones municipales y entregarle el control de nuevos territorios, en tanto que permitía mayor autonomía de San Juan Opico (Sermeño, 2010). Por otra parte, se puede observar como las relaciones políticas dentro de las movilizaciones sociales por la tierra en el Chilamatal no fueron verticales, sino más bien horizontales, ya que tanto el gobierno de Martínez y los campesinos y las pequeñas elites beneficiadas con tierras llegaron a un acuerdo a partir de la confluencia de intereses económicos de este recurso ambiental, el cual resulto “favorable” para ambas parte, ya que si bien las propiedades que repartieron en la hacienda eran de mala calidad, el gobierno reubica a los colonos campesinos en las propiedades con mejores condiciones para el cultivo y asentamiento terminando de legalizar los títulos de propiedad a los pobladores del Chilamatal; asimismo convierte al pueblo en villa, lo cual le de mayor autonomía.

Consideraciones finales

A partir del caso del Chilamatal se puede entender la problemática estructural a nivel nacional en torno al acaparamiento de la tierra, la cual es generada por la actividad agroexportación iniciada con las reformas liberales que se extiende no solo en las regiones cafetaleras, sino también a los latifundios dedicados a la producción agrícola nacional, generando asentamientos ilegales de campesinos como los de la Hacienda Zapotitán. En esta misma línea, es imprescindible hacer notar la diferencia en cuanto a intereses económicos sobre la explotación y tenencia de la tierra como recurso natural, los cuales se manifiestan en el binomio latifundio vs parcelarios y medianos propietarios.

Por otra parte, es necesario explicar la construcción de sentidos existenciales, modos de vida y actores sociales, a partir de la lucha por el recurso tierra e impulsados desde el ámbito local en el que confluyen intereses productivos. Desde esta perspectiva, es interesante plantear que la política de repartición de propiedades de Hernández Martínez, no solo obedeció a dinámicas nacionales; sino también a problemáticas locales anteriores a la consolidación del régimen, como las del Chilamatal, mismas que le sirvieron para ganar apoyo particular, con la creación o consolidación de municipios en las propiedades repartidas, en tanto que sirvieron como medidas de contención ante la falta de una política eficaz en favor de resolver el problema estructural del acaparamiento de la propiedad