Introducción
Estudios recientes, centrados en el desarrollo del proceso de industrialización y de su difusión global, han llamado la atención sobre la necesidad de superar la visión de este proceso que lo vinculó directamente con la denominada “Revolución Industrial” británica del siglo XIX, centrada en la introducción de maquinaria y de nuevas fuentes energéticas. Esto porque la difusión global del proceso de industrialización ha sido desigual, regional y ha necesitado el despliegue de recursos abundantes de trabajo y de la mejora en la calidad del trabajo, como determinantes significativos de su comportamiento en el largo plazo (Austin y Sugihara, 2013). Como plantean Austin y Sugihara (2013), la decisión de optar por un modelo industrial intensivo en capital o intensivo en mano de obra, además de involucrar factores de precios de mercado, depende de las políticas públicas y de su orientación, por lo que la opción que se adopte también depende de factores institucionales.
Carmen Sarasúa (2000) ha dejado claro que la:
Interpretación clásica de un proceso de mecanización incentivado por el coste alto de la mano de obra sería la de la agricultura norteamericana, donde la escasez de mano de obra explicaría la temprana y masiva mecanización, frente a la agricultura europea (donde, a excepción del caso británico, el alto coste de la mano de obra no habría desempeñado este papel ni tan pronto ni de forma tan masiva). (p. 81).
En el sentido anterior, en diferentes regiones del mundo se pueden reconocer ritmos diferenciados y procesos híbridos en la relación planteada.
En términos del trabajo, en el caso de los países periféricos, el contexto geopolítico y del subdesarrollo constituye un determinante fundamental para el desarrollo de diferentes modelos de agriculturización/ganaderización, en un proceso paralelo a la industrialización, que no necesariamente condujo a esta, que ha sido central en América Latina y que se extiende en el tiempo desde los orígenes del capitalismo agrario hasta el presente (Montero y Viales-Hurtado, 2014); también ha sido determinante para el desarrollo de procesos de agro-industrialización y de industrialización dependiente.
Según Arenas (2003), para el estudio de los mercados de trabajo en perspectiva histórica, hay que considerar algunas variables centrales (ver figura 1) que han sido sobredimensionadas para algunas regiones, con el predominio del estudio de los casos de Gran Bretaña y Estados Unidos, por lo que ha prevalecido una perspectiva anglosajona; mientras que su análisis ha sido deficitario en otras regiones, por falta de datos o por falta de estudios, lo que dificulta la construcción de una historia del trabajo con una visión de historia global (Arenas, 2003). De esta manera, tal como indican Viales-Hurtado y DíazArias (2014), para una periodización de los movimientos de población en el contexto del desarrollo del capitalismo y de la transición hacia este sistema económico, podrá existir una periodización general, pero el sistema tendrá variaciones importantes en el tiempo y en el espacio, en función del contexto que se estudie; tal como sucede en el caso de los procesos enmarcados en la globalización y desde América Latina.
Una primera aproximación a la historia de los mercados laborales se puede lograr a partir del modelo de análisis propuesto por Arenas, que plantea la reconstrucción de cinco aspectos básicos: el contexto económico, la oferta de fuerza de trabajo, la demanda de mano de obra, el funcionamiento de los mercados de trabajo y la distribución de la riqueza (ver figura 2), pero cada uno de estos aspectos debe problematizarse en términos teóricos e historiográficos y el objetivo central de este artículo es profundizar en esta problematización, al plantear la posibilidad de aproximarse al mercado laboral como una institución y como una construcción social, sin perder de vista el hecho de que las instituciones (formales e informales) también han potenciado el surgimiento de mecanismos de control social (Arenas, 2003). Además, nos interesa vincular estas problemáticas con el contexto de los países periféricos, de las sociedades agrarias y de industrialización tardía y dependiente.
El mercado laboral como institución social
Los primeros enfoques teóricos sobre mercados laborales fueron realizados por los economistas neoclásicos, quienes defendían principios tales como la racionalidad de los individuos para elegir y evaluar opciones, la competencia perfecta en el mercado y la idea de que los precios y los salarios eran el resultado del comportamiento de la oferta y la demanda, como mecanismo de equilibrio (Recio, 1997). Sin embargo, esta interpretación consideraba el hecho de que condiciones como la cantidad de horas y las funciones que desempeña el trabajador no son negociadas entre las partes, sino que son determinadas unilateralmente por el empleador. Sobre este asunto, Karl Marx criticaba a los economistas clásicos, especialmente a Adam Smith, en su concepción de trabajo de forma indiferenciada como una actividad creadora de riqueza sin explicar la forma en que se originaba el fenómeno. Para Marx, una característica esencial de las sociedades burguesas modernas es la categoría de trabajo asalariado, sobre todo en el ámbito comercial y manufacturero, el cual considera como su punto de partida (Marx, 1979). Además, la contratación y el pago de salarios no se rigen simplemente por criterios de “productividad marginal” o de las curvas de oferta y demanda (Osarío, 1996) porque existen otros factores extraeconómicos que influyen en el mercado laboral, tales como el marco institucional, el sexo, la edad y la etnia, donde el salario “que antes era excepción y mera ayuda, se convirtió en regla y forma fundamental de toda la producción” (Engels, 1977, p. 69).
Es importante recordar que Tilly (2000) planteó que los mercados laborales (en plural) son mecanismos generadores de desigualdad. En el caso particular de América Latina, las desigualdades de excedente, desde mediados del siglo XIX, explican en buena parte las desigualdades persistentes (Gootenberg, 2004) que PérezSáinz (2014) vincula con, al menos, dos hipótesis: la primera, “que el campo de condiciones de explotación de la fuerza de trabajo en América Latina se ha caracterizado más por la creación de trabajo que por la generación de empleo” y la segunda, que “el acaparamiento de oportunidades de acumulación en América Latina ha sido el privilegio de unos pocos y la gran mayoría de los pequeños propietarios han sido excluidos de tales oportunidades” (p. 100). Tal como sugiere Castel (1997), los procesos de proletarización y de salarización deben interpretarse, además, en función de las características de un mercado laboral y de un empleo agrario con grandes disparidades regionales, con una estacionalidad marcada por los ciclos productivos, que genera una demanda estacional, así como por la persistencia de formas precapitalistas; además del enganche, son importantes la figura del mozo colono o de los criados, donde el trabajo familiar ha continuado supliendo una parte importante de la demanda de trabajo, con la consecuente generación de ingresos no monetarios, como ha señalado Ramón Garrabou (2000). Por lo anterior, la exclusión del campesinado constituye, según Pérez-Sáinz (2014), el “segundo acto fundacional de las desigualdades de excedente”, que genera una semiproletarización, pero como rasgo permanente, agregaríamos nosotros siguiendo a Cristóbal Kay (1995, pp. 27-52), en un mundo rural donde la proletarización no se extendió en la medida que planteó la “tradición radical”, por lo que el excedente de capacidad de trabajo rural ha sido una característica sostenida (Garrabou, 2000, pp. 25-38).
Entonces, en el mundo del trabajo rural, el mercado de trabajo ha constituido una vía parcial de abastecimiento de mano de obra, precisamente porque como menciona Garrabou (2000), “el trabajo familiar ha continuado cubriendo una parte notable de la demanda de trabajo e incluso existen datos que permiten apuntar la hipótesis que desde fines del siglo XIX su importancia ha sido creciente en las economías capitalistas industrializadas” (p. 35).
Ante la imagen del mundo rural dominado por la pobreza generalizada, P. Scholliers y Vera Zamagni (1995) plantearon que los niveles de vida tienen que ver no solo con el salario, sino también con el non-wage income, y que en el salario existen disparidades regionales cuando el mercado de trabajo no está integrado a nivel “nacional”, tema sobre el que volveremos más adelante. En el caso particular de Centroamérica, Viales-Hurtado y Barrantes-Zamora (2007) interpretaron que la rentabilidad del cultivo cafetalero dependió, en buena medida, de los mecanismos formales e informales que le permitieron transmitir los costos de los bajos precios del producto en el mercado internacional a los pequeños productores y a los peones agrícolas: habilitaciones, jornales, contratos de trabajo, pago del jornal con boletos/ fichas, leyes para controlar el acceso a la mano de obra, mandamientos, entre otros, mecanismos similares a los utilizados en otras latitudes y en otros tipos de especialización productiva, como planteó Grantham (1994).
En términos del mercado de trabajo, es decir, de la relación entre la oferta y la demanda de trabajo, es importante señalar que no estamos en la presencia, según nuestro criterio, de un mercado autorregulado, es decir, de un mercado cuyo comportamiento se explica exclusivamente por el comportamiento de la oferta y de la demanda de trabajo, de acuerdo con el planteamiento de la economía neoclásica, como lo demuestra la evidencia histórica. Aunque es evidente que el costo de la mano de obra influye directamente sobre las posibilidades de generar modelos de producción, como planteamos anteriormente. Para Sarasúa (2000), los costos del trabajo dependían del número de trabajadores contratados, pero también del tipo de trabajadores (edad, etnia, origen, sexo, género) y de sus habilidades (know how) en función de lo especializado de las tareas. En las pequeñas y medianas explotaciones, “el trabajo se organizaba en combinaciones (a su vez variables durante el año) de trabajo familiar no retribuido y trabajo asalariado, lo que debe también ser tenido en cuenta para calcular el coste laboral total” (p. 84).
Desde la perspectiva de la demanda de trabajo, además del costo citado, existen factores extraeconómicos que influyen en su abundancia o escasez. Particularmente, el tamaño de la población existente y sobre todo de la población económicamente activa. En el caso particular de las sociedades agrarias y agroexportadoras, es fundamental considerar que en estas:
Actúa con especial peso un factor endógeno, la necesidad de trabajo que requiere cada cultivo, que a su vez oscila durante el ciclo productivo, provocando una fuerte estacionalidad en la demanda. Las exigencias de mano de obra varían mucho a lo largo del ciclo agrícola de cada cultivo y entre cultivos… Uno de los resultados importantes de los estudios sobre estacionalidad de la demanda de trabajo agrario es la interpretación del desempleo o subempleo como característicos del sector primario, pero al mismo tiempo ligados a numerosas estrategias con las que los campesinos hacían frente a una demanda insuficiente… Esto significa que los intentos de calcular la demanda de trabajo en el sector primario deben tener en cuenta las necesidades de los cultivos, pero también la estructura de la propiedad y tenencia de la tierra, la evolución de los rendimientos, factores institucionales como el empleo “público”, la posibilidad de trabajar temporalmente en las manufacturas o los servicios, etc. Deducir el desempleo (entendido como la desocupación que se produce en las economías industriales) a partir de la caída estacional de la demanda agrícola, es desconocer la complejidad de la organización del trabajo rural. (Sarasúa, 2000, pp. 81-82).
Por lo tanto, en el mundo rural ha existido una convivencia entre la economía mercantil y una economía de subsistencia, informal o no orientada al mercado. En términos de la oferta de trabajo, además del tamaño de la población y de la población económicamente activa, es importante tomar en cuenta la movilidad de la población. Es decir, la migración interna e internacional, tanto de carácter estacional/temporal, como la permanente, y además la migración de retorno. Para Sarasúa (2000):
Hay consenso entre demógrafos e historiadores económicos en que la actividad agraria femenina está subregistrada, es decir, que un porcentaje importante de trabajadoras del campo no aparece en los censos, sobre todo en las zonas de pequeña propiedad donde se registraba sólo al cabeza de familia y dueño de la explotación. (p. 86).
De acuerdo con Alberto Recio (1997), el estudio de mercado laboral, desde una perspectiva histórica, implica comprender que el “trabajo asalariado” es un hecho reciente producto de “cambios sociales e instituciones específicos y de la acumulación de derechos de propiedad en unas pocas manos” (p. 42). Para dicho autor, este tipo de modalidad no constituye una situación natural, al contrario, es el resultado de un proceso social en el cual algunos grupos lograron imponer sus intereses al conjunto social a partir del establecimiento de un marco institucional. De esta manera, se aprecia el mercado laboral como una institución social y cultural que está estrechamente relacionada con el sistema capitalista, donde la salarización es:
El resultado de determinadas fuerzas externas, entre las que destaca la concentración de la propiedad, el establecimiento de leyes -como las de represión de la mendicidad- y el uso de mano de obra forzada, como consecuencia de la carencia de mano de obra voluntaria. (pp. 42-43).
Analizar el trabajo desde una perspectiva de trayectoria implica construir categorías que puedan ser aplicadas a través del tiempo. Para Patrick Joyce (1987), este fenómeno ha sido “regulado y ordenado a través de la historia por instituciones y valores que emergen en particulares coyunturas, por lo que es afectado por elementos como la etnicidad, la comunidad, el género y la familia” (pp. 1-3). Junto a esto, Alberto Recio indica que el empleo asalariado coexiste en las sociedades modernas con otras modalidades, especialmente “el trabajo reproductivo y otras formas menores de trabajo no retribuido y autónomo” (Recio, 1997, p. 23). Este empleo puede ser directo o indirecto como sugiere Karakacili (2002).
La situación anterior hace necesario aclarar la diferencia entre “trabajo” y “empleo”. Convencionalmente, el trabajo se ha definido como cualquier actividad física o mental que se realiza para lograr u obtener algo, obtener bienes o servicios a través de los procesos de transformación de la naturaleza y también establece una relación social con el capital. Ahora está claro que:
Los niveles de bienestar de las personas y de las sociedades se sustentan tanto en el aporte de trabajo para el mercado como en el que se realiza en el ámbito de las relaciones privadas y en la esfera de las organizaciones sociales. La redefinición de la noción de trabajo para incorporar al trabajo no remunerado supone una ruptura conceptual necesaria para dar cuenta de parte de las actividades humanas que generalmente quedan en la sombra porque no pasan por el mercado. (Aguirre, 2008, pp. 35-51).
Por su parte, el empleo es la relación laboral que, como contrapartida por la venta de la fuerza de trabajo, implica una retribución económica. Pero desde la perspectiva de la sociología del empleo, como plantea Margaret Maruani (2000):
La relación de empleo no es sólo un fenómeno de mercado sino que es también una construcción social. Las recomposiciones de la población activa no son sólo movimientos demográficos o evoluciones económicas, son también procesos sociales que hallan sus raíces en la evolución de la sociedad y en los comportamientos de los actores sociales. Al igual que las categorías de población afectadas, los tipos de empleo, subempleo, o de no empleo, las formas de desempleo son elementos que se constituyen socialmente, es decir, en función de normas y reglas sociales. El reparto del empleo es la distribución de un bien escaso entre las categorías sociales que se diferencian claramente por edad, sexo, categoría socio-profesional; las opciones que contribuyen a dicho reparto son fruto de un razonamiento en términos de legitimidad social al tiempo que un cálculo económico. Las políticas de empleo instauradas son el resultado de arbitrajes entre grupos sociales. (pp. 9-17).
Por estos motivos, tal como señala Ramón Garrabou (2000), la importancia de conocer las distintas formas de organización del trabajo radica en el hecho de que permiten conocer los “diversos mecanismos utilizados a lo largo de la historia para que determinados grupos sociales capturen el excedente” (p. 25), lo cual él considera que es clave para la comprensión de las estructuras productivas sobre todo en el ámbito agrario.
Entonces, proponemos conceptualizar el mercado laboral, tal como lo concibe Alberto Recio (1997), como “el marco operativo del empleo asalariado” (p. 41) en las sociedades capitalistas modernas, donde una inmensa cantidad de personas se ven obligadas a participar de este y a depender de un salario, producto de la confluencia de “cambios sociales e instituciones específicos que dieron lugar a la acumulación de derechos de propiedad en unas manos a masas sin recursos productivos propios” (p. 42). En este sentido, se considera que la consolidación del mercado laboral y del asalariado es consecuencia de la creación de un marco institucional específico.
Sin embargo, es preciso mencionar que dentro de este mercado se incluirán también los oficios y las ocupaciones realizados de forma autónoma y en las unidades productivas familiares, donde se utilizaron formas de pago no monetario. La razón por la cual se utilizará la definición de mercado laboral, que implica al mercado de trabajo como uno de sus componentes, para comprender los mecanismos que influyeron en la conformación y en la regulación del mercado laboral.
Por las razones anteriores, planteamos que un modelo de análisis mínimo para el estudio histórico del mercado laboral debe contemplar el estudio de la dinámica productiva, de la conformación de la estructura socio-ocupacional y de la creación de un marco institucional, en contextos históricos particulares.
Los estudios centrados en alguno de los elementos esbozados serán válidos, pero su visión relacional permitirá ampliar el foco de análisis. A la vez, los elementos anteriores están atravesados por tres problemáticas interrelacionadas: la conformación e integración del mercado laboral; la estructura ocupacional y la segmentación de los mercados laborales, y la institucionalización y regulación del mercado laboral. A continuación, desarrollaremos la primera problemática.
Conformación e integración del mercado laboral
El mercado laboral ha sido abordado desde una perspectiva de trayectoria por medio de diversos énfasis y metodologías, que convergen en la idea de que este ha surgido paralelamente a la consolidación del capitalismo. Un primer grupo de estudios se ha preocupado por el tema de su conformación e integración. Sobre este último aspecto, muchos de los trabajos han sido realizados por autores anglosajones. Ejemplo de esto son los estudios de Grantham y Mary Mackinnon (1994), quienes determinan la estrecha relación entre la producción y el mercado laboral. Para ellos, el análisis de los niveles de producción y el cambio tecnológico son fundamentales para comprender la conformación de este mercado. Señalan que la distribución de las actividades en el espacio y las opciones de ingreso, son determinantes para comprender su integración. De esta forma, plantean que variables como el acceso a la tierra, la organización de la producción (demanda fija y estacional de trabajadores), la tecnología y los mecanismos institucionales son “esenciales para comprender la expansión de los mercados de trabajo a través del tiempo” (p. 15).
Como resultado de la integración regional y de las economías nacionales, el mercado laboral adquirió dimensiones mundiales. Sobre esta situación, Joshua L. Rosenbloom (1998) considera que fue durante el siglo XIX cuando se forjaron los sistemas de producción, los medios de transporte y de comunicación que contribuyeron a la integración económica de los países del oeste de Europa, Norteamérica y Australia; donde la integración de sus mercados de trabajo (oferta y demanda de trabajo) fue crucial para el crecimiento y la convergencia internacional. Lo anterior evidencia cómo la especialización de los países y de sus modelos productivos tuvo un efecto significativo en los mercados laborales. Dicho historiador agrega otro elemento para el análisis de la integración de los mercados laborales: la relación entre los salarios y la migración de personas, pues al existir diferencias regionales en el nivel de pagos, se produce el desplazamiento de trabajadores entre regiones, de carácter nacional o transnacional, tal como ocurrió en Estados Unidos a partir de 1860, con la llegada de europeos y de individuos de Australasia en búsqueda de una mejor calidad de vida y de ingresos. Además, explica cómo el nivel de especialización repercutió en los ingresos por zona, de modo que en el norte se incorporaban los trabajadores con algún nivel de calificación o experiencia en el sector industrial y manufacturero, mientras que en el sur se ofrecían “los empleos menos calificados, donde el nivel de competencia era mayor” (Rosenblom, 1998, p. 311). Las diferencias salariales resultantes, a su vez, indican que para esta época todavía no existía un mercado laboral integrado, debido a que en regiones diferentes con ocupaciones similares los salarios también eran diferentes. La movilidad de la mano de obra constituye otra estrategia de supervivencia campesina para asegurar un ingreso y para aprovechar la demanda estacional de trabajo en distintas regiones y en distintos ciclos productivos.2
A la problemática anterior se suma la interrogante de qué tan libre ha sido la movilidad de la mano de obra. Y esta se vincula con la de ¿las migraciones, internas e internacionales, han permitido la integración de los mercados regionales y sectoriales? (Boyer y Hatton, 1997). Si bien el diferencial salarial constituye un factor de primer orden en la decisión de emigrar, también hay otros factores importantes como la condición de pobreza en el lugar de origen, la distancia, las relaciones de género, el racismo, las condiciones de vida en el lugar de destino o la existencia de redes familiares o de emigrantes que inciden en esta decisión, así como la existencia de políticas públicas de atracción de mano de obra o de restricción al ingreso de ciertos grupos sociales, las posibilidades de luchar por la consolidación de derechos laborales, el desarrollo del sindicalismo y de una cultura del trabajo. En este sentido, como indica Viales-Hurtado (2000), la decisión final para la movilidad va a ser una decisión familiar y en el capitalismo la movilidad de la población ha generado diversas formas de trabajo dependiente, tanto libre como no libre (Moulier-Boutang, 2006), que deben analizarse en sus contextos particulares y trans-nacionales.
No se puede dejar de lado la necesidad de valorar una nueva visión sobre las dinámicas intradomésticas-familiares, para dejar de realizar estudios que parten de una idea preconcebida de unidad familiar-productiva; a lo que hay que sumar que las dinámicas familiares no se pueden entender sin las instituciones socioeconómicas y legales de carácter extradoméstico con las que interactúan, es decir: el mercado, la comunidad y el Estado, según lo plantea Bina Agarwal (1999). Según esta autora, existen procesos de negociación al interior de las familias que, en el ámbito rural, permiten resolver las necesidades de subsistencia a partir de, al menos, los siguientes factores:
La propiedad y el control sobre los bienes, en especial la tierra
El acceso al empleo y a otros medios de obtener ingresos
El acceso a los recursos comunales (bienes comunales y bosques)
El acceso a sistemas tradicionales de apoyo social como el patronazgo, el parentesco
El apoyo del Estado - Las normas sociales
Las percepciones sociales de las necesidades y las aportaciones [y agregaríamos nosotros]
Las políticas públicas y privadas de empleo, las condiciones de trabajo y la oferta/demanda de trabajo (Agarwal, 1999, pp. 13-58).
El tema de la conformación de los mercados laborales también ha sido detallado para el caso español por Joan Rosés y Blanca Sánchez (2005) y Carmen Sarasúa (2000). Para los primeros autores, el surgimiento de este tipo de mercado fue un factor decisivo en el desarrollo económico de gran parte de los países, tanto europeos como americanos, especialmente durante el siglo XIX. Sobre este asunto indican que no se puede considerar la integración de los mercados labores solo a partir de la migración, pues “podrían exhibir altas tasas inmigratorias en lugares muy poco integrados” (p. 128). En su lugar, abogan por el análisis de las diferencias en el pago de salario entre regiones, tal como sucede en el caso español, el cual según sus estimaciones, después de la Primera Guerra Mundial, presentó un incremento en las variaciones de salarios por provincias, así como una redistribución del trabajo desde la agricultura hacia los servicios y la industria. Plantean que la diferenciación en los salarios puede ser explicada a través de factores como los costos de trasladarse de un lugar a otro, la heterogeneidad del trabajo y los trabajadores (edad, experiencia y educación) y las condiciones de trabajo, pues cuanto más riesgoso e insalubre sea este, mayor es la paga.
La aproximación a los mercados laborales, a través del tema de las migraciones internas y transatlánticas, también ha sido investigada por Ian Gordon (1995). Para él, una de las estrategias utilizadas por los empleadores para la captación de mano de obra fue el reclutamiento a larga distancia, donde la selección se basó en factores como las habilidades de los trabajadores, sus redes, la productividad y el uso de ciertos estereotipos raciales y de género. Por lo cual, históricamente algunos sectores productivos se han movido más que otros a lo largo de los años. Gordon incorpora un aspecto fundamental para el estudio del mercado laboral, el tema de lo que denomina “carreras duales” (p. 142), es decir, algunas personas desempeñaban más de un oficio. Este aporte es fundamental sobre todo en el tema de la estructura ocupacional, como se verá más adelante.
George Boyer y Timothy Hatton (1997) también han abordado el mercado laboral desde las migraciones; para ellos, es fundamental incorporar en el análisis las oportunidades y las preferencias de los individuos, ya que no solamente el ingreso fue la principal razón por la cual se desplazaron las personas, pues existen otros beneficios extraeconómicos que las motivan, como la calidad de vida. El factor de la estacionalidad de contratación de trabajadores es también uno de los aspectos notables de trabajo de estos investigadores. Dichos aspectos son elementales para comprender cómo los flujos migratorios, nacionales e internacionales, influyeron en el mercado laboral, en la fijación de salarios y en los tipos de oficios que conformaron la estructura ocupacional.
Para el caso de China, existen trabajos que relacionan la migración con la segmentación del mercado laboral; un ejemplo de esto es la obra de Cindy Fan (2002), quien explica cómo la llegada de campesinos a las ciudades aceleró el desarrollo del mercado de trabajo urbano. Acerca de este fenómeno, considera que las autoridades estatales tuvieron algún grado de injerencia en estos procesos migratorios, al facilitar el establecimiento de los recién llegados, con el fin de cubrir las necesidades de mano de obra para la producción, en un momento determinado. Sin embargo, la permanencia e ingreso de estas personas dependió de otros factores, tales como el tipo de oficios que desempeñaban, sus habilidades, redes y estatus (capital humano).
Por otro lado, Blanca Sánchez-Alonso (2007) explica las consecuencias del desplazamiento de los europeos a Latinoamérica y su contribución al desarrollo económico. Para esta historiadora, entre 1879 y 1930 llegaron aproximadamente 13 millones de personas a distintas ciudades del continente. Sin embargo, sugiere que algunos países fueron más atractivos que otros, debido a las políticas migratorias, la distancia y oportunidades que brindaban naciones como Argentina, Uruguay y Chile, mientras que en otras regiones se presentó una baja demanda debido a que poseían una gran población nativa, tal como sucedió en México, Brasil y Cuba durante el periodo en que era permitida la esclavitud (p. 4). Dichos aspectos contribuyen a comprender las razones por las cuales algunos países centroamericanos tuvieron que flexibilizar sus políticas migratorias, pues no constituían lugares de gran atractivo para los europeos. Asimismo, Sánchez-Alonso (2007) pone de manifiesto que existían diversos flujos migratorios, no solo los masivos.
En los países periféricos, los flujos migratorios-laborales no tuvieron la dimensión de las grandes migraciones en masa, pero fueron muy importantes para las economías nacionales o para la conformación de un mercado laboral de carácter transnacional y transnacionalista. En el sentido anterior, se debe estudiar movimientos y fuerzas que se entrecruzan a través de límites nacionales; en este entrecruzamiento participan bienes, personas, ideas, palabras, capitales, instituciones y poder (Saunier, 2006). Sobre este tema, Dwaine Plaza (2008) explica cómo el transnacionalismo:
Se refiere a las múltiples interacciones que vinculan a las personas y sus instituciones a través de los límites y de las fronteras de los estados-nación… los grupos transnacionales son aquellos que están dispersos globalmente pero que todavía se identifican en términos de su etnicidad original y que están relacionados tanto con los estados receptores en los cuales residen, como con sus países de origen, en los cuales nacieron o de los cuales son originarios sus ancestros. Ellos están vinculados trans-globalmente a través de una variedad de relaciones sociales o de redes… La migración y la migración de retorno pueden ser decisiones no definitivas, irrevocables o irreversibles; las vidas transnacionales pueden ser por sí mismas una estrategia de sobrevivencia o de mejoramiento [Traducción de los autores]. (p. 2).
El enfoque del trans-nacionalismo ha permitido crear la noción de “espacios sociales transnacionales” que, según Janine Wiles (2008), pueden conceptualizarse como el resultado de la amalgama de relaciones múltiples entre individuos a través de las fronteras geográficas, sociales y culturales de más de un Estado nación, en un único campo de relaciones sociales y laborales, agregaríamos nosotros, tal y como lo han definido Basch, Glick-Schiller y Szanton-Blanc (1994).
Para el caso de Centroamérica, entre el siglo XIX y el siglo XXI, se ha evolucionado del indentured labor a las remesas familiares, en donde:
Para el caso de Centroamérica, entre el siglo XIX y el siglo XXI, se ha evolucionado del indentured labor a las remesas familiares. El concepto de indentured labor agrupa una diversidad de formas de trabajo, desarrolladas mediante contratos, formales e informales, restrictivos, por un plazo definido, efectuadas en un país extranjero, o en un espacio socioeconómico, sociopolítico y cultural transnacional, que generalmente incluía un enganche, por medio del pago de un pasaje, de alojamiento y de comida. Este tipo de mecanismo laboral constituye una forma (neo) colonial de coacción de mano de obra, en tanto la duración del contrato sujeta al empleado y no le permite cambiar de lugar de trabajo y en tanto el plazo del contrato puede ser transferible a otro empleador (Viales-Hurtado y Díaz-Arias, 2014).
Otra de las aproximaciones teóricas al estudio de los mercados laborales es a través de los salarios e ingresos. Al respecto, especialistas como Leandro Prados y Joan Rosés (2003) señalan que estos indicadores son fundamentales para comprender las características y la evolución del mercado laboral, así como la consolidación del trabajo asalariado, aunque reconocen los problemas que implica esta variable, pues convive con otras modalidades como el autoempleo, el trabajo familiar y el pago en especie. Proponen, por lo tanto, que la estimación de los salarios no se limite a lo monetario, sino que incluya otros tipos de ingresos y beneficios.
En los estudios de las sociedades agrarias, se ha prestado mucha atención al comportamiento de los salarios nominales y al costo de vida, como determinantes de la reproducción de las familias campesinas. Y los estudios de los salarios reales han privilegiado el análisis de los jornaleros, pero también se ha avanzado en la reconstrucción del gasto familiar mediante la formalización de una tipología del poder de compra a partir de cuatro categorías: alimentación, vivienda, vestido y combustibles (Lana, 2007).
Para el caso latinoamericano, Jeffrey Williamson (1999) ha abordado el tema del mercado laboral, su relación con los ingresos y la desigualdad en el periodo anterior a 1940. Este estudio se basa en la estimación de los salarios reales, gracias a los aportes de Angus Maddison (1997) y Victor Bulmer-Thomas (1998). De acuerdo con Williamson (1999), para 1914 ya existían notables diferencias entre los ingresos per cápita de los países especialmente del Cono Sur y Cuba, con respecto al resto de las naciones latinoamericanas. Un concepto clave que incorpora dicho autor es el de “la tiranía de la distancia” (p. 105), el cual explica cómo la lejanía entre los centros productivos y las ciudades incrementan el costo de los transportes, los precios de las mercancías y por ende el costo de vida. Estos aportes contribuyen a advertir cómo la dinámica productiva de un país se ve afectada tanto por variables externas como “la lotería de los precios” (ganancias y pérdidas) o por factores internos como las redes de caminos y los medios de transporte.
Los mercados laborales se institucionalizaron hacia finales del siglo XIX, al menos en los países industrializados, como veremos más adelante. Durante ese siglo, los empresarios enfrentaron el “problema” de la falta de mano de obra, pero a finales del siglo XIX los trabajadores, “más disciplinados”, siguieron los caminos del capital. Esto se debió principalmente al incremento de la población, a la crisis y modernización del sector primario, a la introducción de nuevas tecnologías en la producción industrial, al desempleo que se presentó como fenómeno estructural y a la movilidad de la mano de obra. Acerca de esto, Arenas (2003) afirma que “si en una parte del mundo, la proletarización iniciaba su curso, en otras muchas donde ese proceso ya se había vivido, los mercados de trabajo ya institucionalizados tendieron hacia un mayor grado de integración geográfica y de homogenización profesional y normativa” (p. 88).
Los mercados laborales integrados a mayor escala, empiezan a dejar su dimensión local, para conformarse en mercados regionales o nacionales y convencionalmente se ha aceptado que el indicador principal, “aunque no siempre el más elocuente, de que los mercados… están espacialmente integrados es la similitud de los salarios entre distintas zonas” (Arenas, 2003, p. 88), regiones al interior de un país o regiones entre diferentes países, agregaríamos nosotros. Sobre este proceso de homogenización, influyeron factores diversos, como la información intercambiada entre empresarios con respecto a los salarios pagados, la acción sindical, las negociaciones colectivas, los contratos laborales y la institucionalidad de la legislación laboral, así como la cultura del trabajo que se generó. Pero ahora vamos a profundizar en la problemática de la relación entre la estructura ocupacional y la segmentación de los mercados laborales.
Estructura ocupacional y segmentación de los mercados laborales
Otra de las formas de aproximación al estudio del mercado laboral, desde la perspectiva histórica, se ha dado a través del análisis de la estructura ocupacional. Esta se puede definir como la cantidad y la distribución de las personas ocupadas por sexo y edad, en cada uno de los sectores productivos, bajo el modelo PST propuesto por Taylor y Wrigley (2008), donde el sector primario comprende el agro, ganadería, pesca, maderas y minerales; el secundario, todas las modalidades de industrias de transformación, y el terciario, los servicios, transportes y comunicaciones. A su vez es posible estudiar el mercado de forma segmentada por sexo y edad, con el fin de determinar el nivel de participación y especialización del trabajo femenino, masculino y de menores de edad.
Esta aproximación desde la estructura socio-ocupacional permite identificar otro fenómeno importante: la aparición de mercados internos de trabajo (Doeringer y Piore, 1985). Dada la especialización productiva regional o la instalación regional de empresas o conglomerados industriales de “polos de desarrollo”, empresarios o empresas buscaron garantizar su demanda de mano de obra, calificada y disciplinada, según Arenas (2003, pp. 124-125). En contra de los principios de la libre competencia, las “grandes empresas procedieron a retirar del mercado de trabajo una porción de trabajadores a los que aseguraba estabilidad, certidumbre y posibilidades de promoción a cambio de fidelidad y eficiencia” (Arenas, 2003, p. 125), aunque estos mercados internos también permitirán la sobreexplotación de los trabajadores en otros ámbitos, ya sea vinculados con empresas nacionales o transnacionales. Desde un punto de vista neoclásico, este mecanismo permitiría fijar los salarios en función de las cualificaciones de los trabajadores; desde un punto de vista marxista, este sería un mecanismo corporativista para desarticular la organización de la clase obrera, y desde un punto de vista institucionalista, este mecanismo sería el resultado del acuerdo entre empresarios y trabajadores.
Sobre este aspecto, Leigh Taylor y E. A. Wrigley (2008) han realizado valiosos aportes teóricos y metodológicos a partir de su estudio sobre Inglaterra (1750-1871), donde explican las variaciones en la estructura ocupacional y los tipos de labores realizadas por los hombres, las mujeres y los menores de edad, gracias a las extraordinarias fuentes documentales y datos de que disponen. Entre las fuentes que utilizaron estos investigadores se hayan actas de bautizo, matrimonio, votación y los censos industriales y agrícolas; así obtienen los datos sobre las ocupaciones, las cuales luego clasifican por sector productivo, actividad y tipo de oficio bajo el modelo PST.
A pesar de las ventajas de la propuesta, los autores mencionados reconocen los problemas que surgen, debido a que algunas labores convergen entre sectores, como por ejemplo, los panaderos que realizan tanto la elaboración del producto como su venta. Además, explican que a través del tiempo “se presentan transiciones en los niveles de productividad y demanda laboral, que afectan directamente la estructura ocupacional” (Taylor y Wrigley, 2008, pp. 9-10). A pesar de esto, con su modelo logran ubicar geográficamente el porcentaje de hombres adultos por sectores productivos en Inglaterra, lo cual ayuda a comprender el nivel de especialización por zona geográfica y sexo, e incluso logran proponer una nueva periodización del desarrollo económico, a partir de la incorporación de estas variables. Por lo tanto, la creación y el análisis de series de datos sobre las principales variables económicas de una región, permiten apreciar cambios en las actividades productivas y su efecto en la creación de fuentes de trabajo.
El método PST propuesto por E. A. Wrigley (2008) consiste no solo en la clasificación de oficios por sector (primario, secundario y terciario), puesto que incluye su subdivisión por actividad y oficio, a través del uso de códigos. Este aporte resulta muy valioso, debido a que una de las limitaciones del estudio de los mercados laborales, desde la perspectiva histórica, es que algunos oficios cambian de nombre, desaparecen o surgen nuevas ocupaciones debido a los avances tecnológicos y de uso de la energía (p. 8). Estos autores también retoman otro de los factores que deben tomarse en cuenta en los estudios sobre la estructura ocupacional: la dualidad laboral, que ocurre cuando las personas ejecutan dos o varias labores para subsistir.
En el contexto centroamericano, de acuerdo con Mario Samper (1999), la dualidad ocupacional fue una práctica cotidiana en Costa Rica, ya que muchos trabajadores se desempeñaban en varios oficios a la vez, por lo que combinaban el trabajo asalariado con el trabajo en lo propio, sobre todo en los contextos rurales, aunque este autor no descarta que esta tendencia se presentara en el mundo urbano. El trabajo de Samper (1979) sobre la estructura socio-ocupacional de Costa Rica, se basa en los censos poblacionales, agrícolas e industriales y en los anuarios estadísticos, los que le permitieron lograr una aproximación a la composición de los oficios por áreas productivas para Costa Rica, entre 1892-1934. Aunado a esto, Samper abona otro elemento fundamental para el estudio de las estructuras socio-ocupacionales: el nivel de especialización por tareas. Para este investigador, en el mundo rural existió una enorme división, especialmente en las plantaciones bananeras, “mientras que en la hacienda ganadera y en la fincas cafetaleras la especialización fue menor” (Samper, 1992, p. 37). Sobre este asunto, Pérez-Sáinz (1996) indica que la actividad bananera en Costa Rica, Honduras y Guatemala ofrecía salarios superiores al resto de los otros mercados, debido a la carencia de población en estas regiones. Para él, estas diferencias fueron motivo de discordia entre los dueños de las fincas cafetaleras, pues los salarios que ofrecían eran inferiores a los de las zonas bananeras, lo que afectaba la disponibilidad de mano de obra y generaba presiones y reclamos.
Por las características anteriores, es importante aproximarse a la noción de mercados segmentados que, según Eduardo Fernández-Huerga (2010), surgió en la década de 1970, debido a problemas de la teoría neoclásica para explicar fenómenos como “la persistencia de la pobreza, el desempleo, la discriminación y, sobre todo, las desigualdades salariales entre individuos semejantes” (p. 1). La teoría de la segmentación parte del planteamiento del mercado de trabajo dual, esbozado por Doeringer y Piore (1971), según el cual este mercado está compuesto por un conjunto de segmentos, cuyas características y determinantes varían entre sí: existe un mercado interno o primario, en el que se ubican trabajos buenos y estables, donde hay normas internas (fábrica); pero este coexiste con un mercado externo o secundario, donde predominan trabajos malos, inestables, temporales, con una elevada rotación e intensivos en exigencia. La segmentación entre estos se da por género, escolaridad, origen social, edad, acceso de la propiedad territorial, entre otros (Piore, 1975).
Para el caso de Guatemala y Costa Rica, Viales y Barrantes (2007) exponen que los mercados laborales no pueden ser estudiados de forma uniforme, pues “los individuos se insertan en situaciones diversas de género, escolaridad, origen social, edad, acceso de la propiedad territorial, etc.” (p. 16). En torno a la segmentación del mercado laboral por género, Amy Erickson (2006) lo ha abordado por medio de fuentes tales como registros de iglesias, hospitales y judiciales, con el fin de recopilar información sobre los oficios y los trabajos realizados por las mujeres en la Inglaterra del siglo XIX. En este sentido, alude a la importancia de distinguir entre la categoría de trabajo productivo (que recibe a cambio un pago) y la de trabajo reproductivo no remunerado (cuidado de la casa, la familia y crianza de los niños, y cuidado de los adultos mayores, agregaríamos nosotros). Erickson (2006) muestra la gran cantidad de mujeres que se encontraban trabajando en textileras, lavanderías, talleres de herrería, relojerías, junto a otras ocupaciones vinculadas con el servicio doméstico y el cuido. En esta línea, comenta cómo la mayoría de las mujeres ubicadas en el mercado laboral eran solteras y se incorporaban como un medio de sobrevivencia para ellas y sus familias. Según la autora, ellas obtenían un salario, aunque también existía la posibilidad de incorporarse como aprendices o de forma indirecta, lo que funcionó como un ingreso familiar adicional cuando eran casadas, razón por la cual sus salarios eran inferiores a pesar de que realizaban los mismos trabajos que los varones. Asimismo, señala que también hubo un porcentaje que logró incorporarse al mercado como profesionales: enfermeras y maestras; mientras que otras recibían dinero o bienes robados como pago por favores sexuales (p. 4).
Para el caso latinoamericano, Luis Vitale (1987) ha realizado un valioso acercamiento al tema de la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, proceso que considera inició en 1930 en las fábricas de textiles y de productos alimenticios, y posteriormente lograron incursionar en otras ramas como el comercio, los servicios de salud, la educación y las oficinas públicas. Según sus estimaciones, entre 19601970, el trabajo femenino llegó a representar un 25% de la población económica activa (PEA) en países como Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, México y Brasil. Para este autor, el trabajo de la mujer ha sido invisibilizado, al considerársele como improductivo. Para Vitale (1987), la participación de la mujer en el mercado laboral ha sido ocultada en fuentes oficiales, pues no se tomaba en cuenta su trabajo en unidades productivas familiares, al juzgar que dichas tareas formaban parte de sus responsabilidades como “continuación natural de su trabajo reproductivo” (p. 137).
Lo anterior ayuda a explicar las razones culturales que justificaban los bajos salarios o su ausencia para las mujeres.
En Centroamérica, según Pablo Pérez-Sáinz (1996), la mujer tuvo una mayor participación en el sector agrario, especialmente durante la selección de granos. Esta tesis es compartida por Roger Churnside (1985), para el caso de Costa Rica, quien considera que las mujeres y los niños desempeñaron un papel significativo dentro del mercado laboral, sobre todo en los periodos de mayor demanda durante las cosechas de café. Según sus valoraciones, “para 1860 el 80% de los niños y adolescentes entre 10 y 15 años fueron empleados para cubrir la escasez de mano de obra” (p. 366). Sobre este tema, Mario Samper (1992) considera que durante la etapa de expansión del café, estos grupos fueron empleados principalmente durante las cogidas e incluso en la labor de separación del grano, por calidad y grado de madurez, puesto que este fue un oficio femenino. Sin embargo, propone que para finales del siglo XIX se presentaron cambios en la estructura socio-ocupacional, cuyo resultado fue la reducción de la cantidad de mujeres empleadas en la actividad cafetalera y en otros oficios agrícolas.
Otros trabajos que abordan el empleo de la mujer son los de Virginia Mora-Carvajal (1992, 1994, 1995, 1998), en los cuales ofrece valiosas pistas para comprender la incorporación femenina en el mundo laboral y la lucha obrera en Costa Rica entre 1892-1930. En su trabajo, demuestra el nivel de especialización de oficios por sexo, donde se ligaba a la mujer con labores como lavanderas, planchadoras, costureras, pureras, sombreras, entre otras. Para esta historiadora, el factor cultural fue determinante en las condiciones de trabajo de las mujeres, los tipos de ocupaciones, las formas de pago y sus espacios de participación. Según Mora-Carvajal (1998), la educación fue un factor determinante en la incorporación de la mujer a nuevas labores, aunque siempre vinculadas con tareas reproductivas. Sobre esto, indica que para 1927, la cantidad de mujeres en el oficio de maestras superó al de hombres; es decir, se produjo un proceso de feminización de la profesión, que también ha sido trabajado, entre otros, por Iván Molina y Steven Palmer (2000). Lo anterior resulta sugerente, ya que el análisis de la estructura socio-ocupacional implica la especialización productiva por sexo y su evolución histórica. Sobre este asunto, Lara PutnamWerner (2002) rebatió la hipótesis de la migración de hombres solos a Limón, en la región Atlántico/Caribe costarricense, al enclave bananero, puesto que las mujeres se incorporaron al mercado laboral de manera informal y en el sector servicios, así como por medio del trabajo reproductivo y de cuido. Sobre estas líneas de investigación, hay varios trabajos en curso que pronto arrojarán resultados interesantes.
Con respecto a la segmentación laboral por edad, la historiadora británica Carolyn Tuttle (2001) ha estudiado ampliamente el trabajo de los menores para el caso inglés. Para ella, esta población tuvo un papel significativo en las actividades productivas entre los siglos XVIII y XX, principalmente en labores como la siembra, la cosecha y el cuidado de animales en el campo. De este modo, los niños iniciaban su trabajo como aprendices, en la limpieza de chimeneas y asistencia en negocios familiares. Otro de sus aportes es su hipótesis acerca de que el establecimiento de leyes nunca buscó la eliminación del empleo de la mano de obra infantil, sino solamente su regulación, ya que fue una “práctica socialmente aceptada” (p. 2). Por esta razón, considera que la construcción del trabajo infantil como un problema social fue el resultado de un largo proceso histórico y cultural, diferenciado en cada región y época histórica.
Para el caso español, José María Borrás-Llop (2002) analiza la relación entre escolarización y el empleo infantil para los municipios del Valle Occidental (Sant Gugat y Sant Pere de Terrassa), los cuales considera representan elementos comunes de la economía agraria e industrial. Para este autor, tal como sucede en el caso del trabajo femenino, existe una extendida invisibilización en las fuentes oficiales del uso de menores como mano de obra. Según Borrás-Llop (2002), el empleo de niños y niñas fue una práctica común; sin embargo, las labores diferían por sexo, de modo que las menores eran utilizadas principalmente en labores domésticas. Junto a esto, reconstruye los principales oficios desempeñados por los menores, tanto en el campo como en las ciudades, donde destaca ocupaciones tales como: ladrillero, albañil, carpintero, hojalatero y otras relacionadas con la agricultura. Para 2013, Borrás-Llop editó una colección de 12 trabajos, de varios autores, que abordan diversos aspectos sobre el trabajo infantil en España, entre 1700 y 1950, que buscan recuperar los aportes de la infancia al crecimiento económico y a la subsistencia de las familias.
En Chile, Jorge Rojas-Flores (1996) ha estudiado el empleo y las condiciones de trabajo de menores de edad en la industria, entre 1880-1930. En su obra, explica las tareas y los pagos recibidos por los menores, respecto a los adultos. Este historiador alude a un punto fundamental para el presente artículo: la categoría menor de edad, desde la perspectiva de trayectoria. De acuerdo con este autor, dicha definición es el resultado de variaciones en el marco institucional y de factores culturales, los cuales difieren entre el mundo urbano y el rural. Sobre este asunto, para el caso de Centroamérica, Luis Alberto Calero (2004) ofrece excelentes insumos para comprender el uso de la mano de obra de menores desde una perspectiva histórica, a través de su estudio en San Vicente y Nueva San Salvador, entre 1860-1899, al mostrar los tipos de oficios, principalmente agrícolas, así como de las normas legales que los regularon. Sin embargo, el investigador señala algunos de los inconvenientes que surgen a la hora de definir este concepto, lo cual sortea por medio de la revisión del Código Civil de 1893, de donde extrae la siguiente cita:
Llamase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años, impuber, el varon que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto al que ha dejado de ser impuber; mayor de edad, ó simplemente mayor, el que ha cumplido veintiún años; y menor de edad ó simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. (p. 7).
En Costa Rica, el trabajo de menores ha sido abordado por Marta Lorena Brenes y Efraín Mejía (1991), en su estudio sobre el Patronato Nacional de la Infancia. Uno de los aspectos más valiosos es su hipótesis de que “antes de que la educación obligatoria para todos los niños surtiera efecto en 1864, se hizo obligatorio el trabajo infantil en Costa Rica, con el pretexto de luchar contra la vagancia” (p. 44), aunque Adriana Sánchez-Lovell (2013) deja claro que algunos niños fueron enviados a trabajar en talleres o a aprender artes u oficios, lo que podría coadyuvar a recibir alguna formación, pero con una distinción por género, porque las mujeres generalmente eran enviadas como servidoras a casas privadas. Además, Brenes y Mejía (1991) comentan que los menores recibían un salario inferior al de los adultos y carecían de normas elementales de seguridad social, debido a la falta de regulaciones acerca de las labores que podían realizar los niños y la duración de sus jornadas de trabajo. Asimismo, señalan que, en muchos casos, los niños y las niñas huérfanos eran entregados a un amo o patrono, con la única obligación de velar por su alimentación; con la posibilidad de “despedirlos en cualquier momento si cometían una falta grave, o no daba el rendimiento, o era incapaz de cumplir con la labor asignada” (p. 45).
La integración de los mercados laborales, la estructura ocupacional, su dualización y segmentación, se institucionalizan y se regulan, como discutiremos a continuación.
Institucionalización y regulación del mercado laboral
La mayoría de los trabajos que se han realizado sobre la regulación del mercado laboral, ponen su atención en la forma en que determinadas instituciones contribuyeron a la institucionalización del trabajo asalariado, por medio del establecimiento de normas jurídicas, de mecanismos informales para el reclutamiento y el control de mano de obra y de una cultura del trabajo. Sobre esta problemática, Ramón Garrabou y E. Tello (2002) consideran que dichas instituciones han sido fundamentales para el control de la mano de obra, especialmente en la actividad agrícola donde:
Las pronunciadas estacionalidades de las demandas de trabajo, la persistencia de formas precapitalistas como criados y mozos, la existencia de normas de regulación de salarios y de la ocupación y el entrecruzamiento de las relaciones salariales con los mercados de crédito y de la tierra limitan el carácter competitivo de estos mercados y pueden crear dificultades para que los propietarios o empresarios agrícolas puedan disponer de forma fluida, barata y regular de la cantidad de trabajo que necesitan para sus explotaciones. (p. 32).
Con respecto al sector industrial, Alberto Recio (1997) menciona que las “políticas empresariales constituyeron respuestas ante los cambios en el ambiente económico” (p. 83). Lo anterior respalda la idea de que ciertos sectores económicos y políticos tuvieron injerencia en el establecimiento de las normas que regularon las relaciones laborales, a partir de sus intereses y del modelo productivo que deseaban impulsar. Para comprender la reglamentación del mercado laboral, es preciso tomar en cuenta el efecto de las políticas y las presiones de los grupos que las impulsaron.
Sobre esta línea, José María Borrás-Llop (2009) sugiere que muchos de los estudios realizados acerca del tema se han focalizado en el peso de los factores ideológicos, como el reformismo intervencionista y la cuestión social, sin considerar a los individuos (p. 1). Por lo que en su análisis sobre la regulación del trabajo de mujeres en Cataluña entre 1900-1930 en las industriales textiles, aborda el tema desde la forma como se viven y asimilan dichas leyes por parte de los grupos sociales. Lo anterior remarca la necesidad de conocer tanto las controversias políticas como las reacciones de los patronos y de los empleados ante dichas reformas.
En Italia, Enzo Mingione y Alberta Andreotti (1991) han estudiado también la trasformación en la regulación laboral a partir de la incorporación de las mujeres, lo cual creen que ocasionó una variación debido a que el modelo jurídico y cultural colocaba al hombre como proveedor (breadwinner) y a la mujer como dependiente. Para estos investigadores, la incorporación de la mujer al mundo laboral acarreó cambios en las regulaciones debido a la condición de la mujer como madre y encargada del cuidado de la familia. Estos asuntos son de gran importancia, pues el trabajo femenino y el de menores de edad han estado sujetos a regulaciones legales especiales, que merecen ser estudiadas desde la disciplina histórica.
Para el caso centroamericano, Ciro Cardoso y Héctor Pérez (1983) han señalado cómo la disponibilidad de mano de obra durante el siglo XIX constituyó un serio problema para la expansión cafetalera en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. De allí la necesidad de crear medios que permitieran captar y controlar la mano de obra. Esto explica la creación de marcos jurídicos y de otras prácticas informales para la contratación y control de la mano de obra, lo que respalda la idea de que el mercado laboral y los salarios no están sometidos solamente a ley de la oferta y de la demanda, sino a determinados intereses. Sobre esto, Viales-Hurtado y BarrantesZamora (2007) consideran que en Centroamérica nunca ha existido un verdadero “trabajo autorregulado” (p. 30), debido a que se utilizaron diversos mecanismos que permitieron el proceso de concentración y centralización del trabajo durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Entre los mecanismos manejados para controlar la mano de obra en Guatemala y Costa Rica se señalan las habilitaciones o enganches, el crédito, la represión de la vagancia y los vicios, el empleo de castigos y el uso de boletos y fichas, como formas de pago no monetarias. Estas medidas beneficiaban principalmente a los finqueros, al controlar la mano de obra y generar ganancias por la venta de los productos.
Para Viales-Hurtado y Barrantes-Zamora (2007), las leyes contra la vagancia, como las promulgadas en Costa Rica entre 1864 y 1887, tenían como fin captar la mano de obra disponible para el desarrollo de las actividades productivas de la época, legitimándose con el argumento de la defensa de la moral pública ante males sociales como la holgazanería, la prostitución o la embriaguez. Un ejemplo al que recurren los autores es el Reglamento de Jornaleros de 1877 de Guatemala, con base en el cual se obligaba a las comunidades indígenas a proporcionar trabajadores temporales a través de las leyes Vagancia de 1876 y 1878, que permitieron “sacar a los mozos de las comunidades indígenas para llevar a las explotaciones cafetaleras, así se reprimió la ‘vagancia’” para el control de la mano de obra rural (pp. 18-19).
Lo anterior demuestra cómo factores extraeconómicos, como la etnia, tienen un efecto notable en el marco jurídico que reguló el mercado laboral, al convertir a los indígenas en una fuente de mano de obra temporal y barata para las fincas cafetaleras hasta aproximadamente 1930 (Viales-Hurtado y Barrantes-Zamora, 2007). Dichas ideas son compartidas por Adriana Sánchez-Lovell (2013), quien considera que para el caso costarricense las leyes contra la vagancia y los discursos sobre la holgazanería tuvieron como propósito conseguir la mano de obra necesaria para las actividades productivas, sobre todo durante la etapa de expansión cafetalera. Para esta investigadora, la “formación del Estado y de los aparatos represivos, ahora sí, más que el convencimiento, fueron fundamentales” (p. 332).
Como se ha podido apreciar, en el establecimiento del marco institucional fue determinante el control de la mano de obra, razón por la cual se procuró la instauración y expansión del trabajo asalariado. Sobre este asunto, Juan Pablo Pérez-Sáinz (1996) considera que para finales del siglo XIX, en El Salvador, los compradores de mano de obra no solo buscaron el control y aprovisionamiento de la fuerza laboral, sino también el restablecimiento de una “remuneración artificial” por debajo de su costo de subsistencia (p. 21). Ciro Cardoso y Héctor Pérez (1983) agregan que la concentración de la tierra en pocas manos fue el motivo por el que el Estado salvadoreño no se empeñó en reglamentar el trabajo ni trató de establecer sistemas de reclutamiento forzoso de jornaleros, sino que se limitó a “velar por el cumplimiento de las obligaciones labores contraídas por los campesinos y a reprimir los intentos de rebelión” (p. 231).
En el caso de Guatemala, Ricardo Danilo Dardón (1991) considera que los campesinos se vieron obligados a vivir una doble situación económica como pequeños propietarios (autoconsumo) y la otra como jornaleros. De acuerdo con este historiador, esto permitió a los finqueros obtener grandes beneficios gracias a los bajos salarios ofrecidos y a la utilización de mano de obra, con la ventaja de “contratarlos solamente durante el tiempo de cosecha” (pp. 45-36). Sobre esto, Julio Castellanos-Cambranes (1985) comenta que la tenencia de la tierra y los intentos de distribución en Guatemala han estado vinculados al problema de conseguir mano de obra para efectuar “las tareas de desmonte, siembra del café, recolección, beneficio y transporte” (p. 137).
Como se ha explicado, existe una relación directa entre los problemas de acceso a la tierra y el surgimiento del trabajo asalariado. Además, al facilitar los gobiernos la aprobación de muchas de estas normativas, propiciaron la consolidación de esta forma de trabajo, bajo la justificación de promover valores morales y el combate de lacras sociales como la vagancia, la prostitución y el alcoholismo. Sin embargo, estas medidas favorecieron principalmente a los finqueros y hacendados al tener acceso a mano de obra bajo condiciones especiales.
La institucionalización de los mercados laborales no se limitó a la emisión de leyes o a la creación de entidades públicas o privadas; tal y como plantea el enfoque neoinstitucionalista, según José Ayala-Espino (2000), este proceso incluye además “los aspectos políticos, las negociaciones, los contratos, el intercambio de derechos de propiedad, que importan decisivamente en la vida económica y social” (p. 41). Por lo que este enfoque resalta la relación entre “las organizaciones y su entorno”, como mencionan Fernández-Alles y Valle-Cabrera (1998). Por esa razón, en términos de institucionalización y regulación de los mercados laborales, se debe investigar la creación de leyes o entidades públicas, pero también la participación que tuvieron los principales actores sociales en el establecimiento del aparato jurídico y social que reguló las relaciones laborales, así como los mecanismos utilizados por estos grupos para incidir en este campo y las pugnas generadas.
Por lo tanto, es fundamental reconstruir los procesos de violencia laboral, por medio de los cuales se logró reprimir a los trabajadores, así como los procesos de búsqueda de paz social, que fueron posibles por la acción sindical, por la acción gubernamental y por los acuerdos logrados con empresarios, que permitieron crear desde finales del siglo XIX “comisiones y gabinetes” de conciliación laboral, paralelamente a la creación de leyes y derechos laborales, de un aparato de justicia laboral que controló y reguló, pero que también garantizó derechos adquiridos, en periodos en que los grupos dominantes trataron de echarlos abajo.
En el sentido anterior, Arenas (2003) plantea que las:
Líneas de estudio y de actuación de los gobiernos fueron dos: las políticas tendentes a armonizar las relaciones laborales por la vía del arbitraje y de la negociación, y las políticas que tenían como objetivo la asistencia social y la regulación de los mercados de trabajo… En cuanto a la armonización de las relaciones entre empresarios y trabajadores, la primera posición de los gobiernos fue la legalización de las organizaciones sindicales y patronales (la legalización de la huelga)… los gobiernos se preocuparon por obtener la conciliación mediante mecanismos de arbitraje y negociación colectiva… [y la] culminación de las estrategias de conciliación por parte de los gobiernos fue el reconocimiento de la negociación colectiva [desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX]. (p. 133).
Conclusión
Desde nuestra perspectiva, el planteamiento de Ghezzi y Mingione (2007), basado en los debates de la New Economic Sociology, que a su vez recupera el planteamiento original de Karl Polanyi (1997), es fundamental para el estudio de la historia de los mercados laborales. En este sentido, es preciso el uso de un enfoque teórico basado en la integración/inserción (Embeddedness) que plantea que el factor económico no es atomizado y utilitario, porque está inserto en contextos históricos e institucionales ubicados en redes sociales diversas, tal como apuntan Ghezzi y Mingione (2007); por lo que las actividades económicas están relacionadas con, y muchas veces determinadas por, instituciones no económicas, tal como se evidencia a continuación.
El planteamiento anterior tiene implicaciones para la propuesta de un enfoque teórico que permita el estudio de la historia de los mercados laborales en sociedades periféricas, aunque también en sociedades centrales, puesto que hemos planteado la posibilidad de realizar un modelo de análisis mínimo (ver figura 3) que pone en relación la dinámica productiva y la estructura de tenencia de la tierra y de la propiedad de las empresas, con la evolución de la estructura socio-ocupacional y el marco institucional; pero esta relación tripartita está, a su vez, atravesada por tres ejes transversales: la conformación e integración del mercado laboral; la estructura socio-ocupacional, la segmentación de los mercados laborales y la distribución del excedente y, finalmente, la institucionalización/regulación del mercado laboral, que genera mecanismos de control social y de generación de derechos laborales, todo esto en función de un tiempo/espacio. Dichas variables, en términos de Immanuel Wallerstein (1999), se deben interpretar como categorías integradas, y de un contexto histórico particular, en el sentido de Tilly y Goodin (2006), para quienes el funcionamiento del sistema político, y económico agregaríamos nosotros, y los resultados que produce, dependen altamente del contexto en que ocurren. Este planteamiento relacional nos permite proponer un enfoque teórico/intermedio más complejo, para el estudio de los mercados laborales (ver figura 4).
La historia de los mercados laborales puede abordar uno de los elementos precitados o la relación entre dos o más, al proponer una relación causal. Además, es preciso mencionar que dichos mercados podrán desarrollarse a partir de un espacio/ tiempo local, regional, nacional, transnacional o global (Viales-Hurtado, 2010), en el contexto de la historia de la globalización contemporánea. Esta visión se puede complementar con estudios de historia social de los mercados laborales que den cuenta de la heterogeneidad de los actores sociales que participan en estos, de sus mecanismos de participación, de la construcción de identidades, de la idea de “trabajo”, de la “cuestión social”, de la justicia laboral, para desarrollar una visión “desde abajo” y “desde arriba” de los vínculos sociales generados a partir del trabajo.