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Medicina Legal de Costa Rica

versión ISSN 1409-0015

Med. leg. Costa Rica vol.22 no.1 Heredia mar. 2005

 

Estrategias de evaluación psicológica en el ámbito forense
(Psychological evaluation strategies in the forensic ambit)

MSC. Carlos Saborío Valverde*

Abstract: This article reviews some basic principles concerning forensic psychological assessment. Some of the more relevant ideas regarding the contemporary debate with reference to forensic psychological assessment are presented. Psychometric issues related with the practice of forensic psychological assessment are discussed, specially focusing in the different nature of clinical and forensic assessment strategies, and making some strong emphasis in the special requirements in the forensic arena. Additionally, a typology of psychological assessment instruments within the forensic field is shown. As a final point, some ideas on the subject of writing psychological forensic reports are described.

Key words: forensic psychological assessment, psychological tests, forensic instruments, trusty, validity, psycho legal, psychological assessment instruments, forensics reports, psychometric.

Resumen: En este artículo se exponen algunos principios básicos de la evaluación psicológica forense. Se presentan algunos de los aspectos más relevantes en el debate actual en relación con los alcances y estrategias de la evaluación psicológica forense. Se discuten algunos aspectos psicométricos asociados con la práctica de la evaluación psicológica forense, en especial en comparación con las evaluaciones clínicas tradicionales, enfatizando fuertemente en los requerimientos especiales que supone la práctica evaluativa en el área forense. Asimismo, se muestra una tipología de instrumentos de evaluación psicológica en el campo forense. Se finaliza con algunas ideas en torno a la redacción de reportes psicológicos forenses

Palabras Clave: Evaluación psicológica, tests psicológicos, instrumentos forenses, confiabilidad, validez, lo psicolegal, principios de evaluación, reportes forenses, psicometría

Recibido para publicación: 18-2-05

Aceptado para publicación: 22-2-05

Introducción

La evaluación psicológica juega un papel fundamental en el proceso de toma de decisiones legales en torno a una gran variedad de situaciones que se enfrentan cotidianamente en distintos ámbitos de la administración de justicia. El campo de la psicología forense esta referido precisamente al nexo que se establece entre las necesidades del sistema de justicia por un lado y el instrumental técnico de la ciencia psicológica por el otro. En consonancia con los desarrollos más recientes en el área de la psicología forense en Norteamérica, se parte en este artículo de la premisa de que la evaluación psicológica forense representa un campo de especialización que requiere la incorporación de las mejores estrategias evaluativas disponibles a la luz de la complejidad legal de la que se pretende dar cuenta.

El propósito fundamental de este artículo es presentar algunos de los puntos más relevantes en el debate actual en torno a los alcances y estrategias de la evaluación psicológica forense, con la finalidad de generar discusión y reflexión en relación con la práctica existente en este campo en nuestro país. Más que proponer respuestas acabadas, se pretende generar inquietudes e interés tanto a profesionales en derecho como a los especialistas en psicología vinculados con esta temática.

Concepto de evaluación psicológica

Weiner (2003) ha propuesto que la evaluación psicológica comprende una variedad de procedimientos que son utilizados de distintas formas para lograr propósitos diversos. Del mismo modo, este autor señala que la evaluación psicológica se ha equiparado algunas veces con la aplicación de pruebas psicológicas, sin embargo, el proceso de evaluación es algo mucho más complejo que va mucho más allá de únicamente la administración de pruebas de este tipo. En esta misma línea, para Meyer y otros (2001), la evaluación psicológica es una actividad compleja que requiere (a) una comprensión sofisticada de la personalidad y de la psicopatología, así como de las muchas formas en las que trastornos neurológicos se manifiestan en la cognición y el comportamiento; (b) el conocimiento de medición en psicología, estadística y metodología de la investigación; (c) el reconocimiento de que diferentes métodos de evaluación producen tipos de información cualitativamente diferentes; (d) la comprensión de las fortalezas y limitaciones particulares de cada método y de diferentes escalas dentro de cada método; (e) la capacidad para conceptualizar las diversas condiciones del contexto que podrían producir patrones particulares de datos en los resultados de las pruebas; (f) la habilidad para poner en duda los juicios propios a través de la asociación sistemática de la presencia y ausencia de indicadores de las pruebas con las características psicológicas en consideración; y (g) la habilidad interpersonal y la sensibilidad para comunicar efectivamente los hallazgos a los evaluados, a otras personas, así como a las fuentes de referencia. Como se desprende de lo anterior, el proceso de evaluación psicológica requiere de una serie de conocimientos y habilidades que hacen de esta labor algo muy especializado, quehacer que trasciende la visión simplista de que cualquier psicólogo o psicólogo clínico es por definición un evaluador psicológico competente.

La falsa equiparación entre evaluación psicológica y evaluación psicométrica representa uno de los obstáculos más significativos que impiden una comunicación adecuada entre los especialistas en psicología y los distintos profesionales que intervienen dentro del sistema de justicia. De acuerdo con el criterio de expertos en el campo de la psicología forense, la evaluación psicológica no debe ser confundida con la evaluación psicométrica (Gacono, Loving y Bodholdt, 2001; Gacono, 2002b), ya que las pruebas psicológicas son únicamente herramientas que le permiten al psicólogo la elaboración de hipótesis que deberán de someterse a comprobación empírica a través del uso de otras estrategias de evaluación. Así, en concordancia con lo expuesto por Meyer y otros (2001), la utilidad de las pruebas psicológicas debe evaluarse en función de la sofisticación del evaluador que genera inferencias a partir de ellas y de la habilidad con la que éste se comunica con los evaluados y con otros profesionales. Significa lo anterior que la evaluación psicométrica es solamente una faceta del proceso de evaluación psicológica y de psicodiagnóstico. Tal y como lo ha definido Grisso (1986), la evaluación psicológica es un proceso realizado por un psicólogo utilizando métodos que son en gran parte el resultado de instrumentos, procedimientos y principios identificados históricamente con la psicología clínica y con el campo de los tests y la medición psicológica. Es así como la evaluación psicológica es entendida como la resolución de problemas o la respuesta a preguntas enfocadas, lo cual trasciende la mera recolección de información o la simple asignación de categorías diagnósticas. De esta forma, es claro el hecho de que no se pueden derivar conclusiones clínicas inequívocas a partir de puntajes en pruebas o escalas psicológicas de forma aislada. Sin embargo, el no reconocer la distinción entre "aplicar pruebas o tests psicológicos" y la evaluación psicológica ha llevado a algunos críticos a cuestionar seriamente la utilidad de este tipo de herramientas (Meyer y otros, 2001). Estas críticas carecen de sentido si se parte de que la evaluación psicológica es un proceso multifacético e interactivo que involucra una continua formulación, prueba y modificación de hipótesis sobre las personas evaluadas (Gacono, 2002a). En este sentido, la evaluación psicológica involucra la integración de información obtenida no solamente de los protocolos de las pruebas, sino también de las respuestas a la entrevista, la observación conductual, los reportes de información colateral y documentos históricos sobre el evaluado (Weiner, 2003; Cohen y Swerdlik, 2001)

De forma similar, Groth-Marnat (1999) ha enfatizado en la idea de que el papel central de la evaluación psicológica debe ser el contestar preguntas específicas y apoyar en la toma de decisiones relevantes. Para cumplir con este objetivo, el evaluador debe integrar un amplio rango de datos obtenidos de diversas fuentes. Las pruebas psicológicas son, desde esta perspectiva, solamente un método más de recolección de datos. Así, este autor también considera los puntajes obtenidos en las pruebas psicológicas como productos no finales, por el contrario, representan únicamente un medio para generar hipótesis. Esto no significa que la evaluación psicométrica tenga un impacto poco significativo en el proceso general de la evaluación psicológica. Lo que significa es que esta perspectiva rompe con un modelo de evaluación que pretende reducir una realidad dinámica y compleja a través del uso inadecuado de herramientas que por la misma naturaleza del objeto de estudio, presentan limitaciones en cuanto al poder explicativo que aportan. De esta forma, este autor recomienda el uso de pruebas psicológicas siempre y cuando se realice un proceso de selección de las mismas que garantice la pertinencia de su uso en un determinado contexto de evaluación. De forma similar, Butcher y Pope (1993) han advertido enérgicamente sobre el efecto perjudicial de utilizar una "batería de pruebas psicológicas estándar" con la cual el evaluador se siente confortable, sin haberse cuestionado antes si el uso de esa "batería" es apropiado para el caso específico que se esta evaluando. Por ejemplo un batería de pruebas psicológicas útil en la evaluación de las capacidades mentales de un imputado a la hora de cometer un delito, podría ser absolutamente irrelevante para la evaluación de las capacidades de otra persona para obtener la guarda crianza de una persona menor de edad. Estos autores insisten en que es una responsabilidad profesional y ética de quien realiza una evaluación psicológica el asegurarse que los instrumentos que utiliza en la misma estén adecuadamente validados para tal propósito.

En este sentido, Groth-Marnat (1999) propone una serie de lineamientos que los psicólogos deben aplicar antes de la utilización de cualquier prueba psicológica durante el proceso de evaluación. En primer lugar, sugiere que deben investigar y comprender la orientación teórica del test. Se debe estudiar el o los constructos que la prueba pretende medir y examinar de qué forma los reactivos específicos corresponden a la descripción teórica del constructo9. Por ejemplo, una prueba que intente medir depresión, lo hará desde determinada orientación teórica o corriente psicológica, por lo que se debe evaluar con detenimiento cada uno de los reactivos de la prueba para poder comprender si existe una correspondencia teórica coherente entre ellos y lo que propone el manual de interpretación de los resultados.

Otro de los aspectos a evaluar de cada prueba tiene que ver con una serie de consideraciones prácticas tanto en la aplicación como en los requisitos mínimos que debe cumplir quien esta siendo evaluado. Fundamentalmente se debe evaluar si quien realiza la prueba cumple con los requerimientos de lectura o de nivel educativo que demanda la prueba en particular. El evaluador tiene que asegurarse que el sujeto sea capaz de leer, comprender y contestar apropiadamente a la prueba. Algunas pruebas requieren un nivel de lectura de sexto grado o más, por lo que sería absurdo aplicar alguna de estas pruebas a personas analfabetas o con escasos recursos de lectura, que producirían una serie de resultados distorsionados en términos de los constructos relevantes que la prueba pretende medir. En otros casos, la prueba puede requerir un gran nivel de concentración o ser demasiado extensa para cierto tipo de sujetos que podrían presentar limitaciones importantes que los inducirían a producir igualmente resultados distorsionados.

Uno de los aspectos esenciales por evaluar en determinada prueba psicológica es si esta ha sido estandarizada con la población a la que se pretende aplicarla. La base sobre la cual puntajes individuales en las pruebas tienen significado se asocia directamente con la similitud entre el individuo que se esta evaluando y la muestra de estandarización de la prueba. De acuerdo con Aiken (1996) el propósito principal del proceso de estandarización es determinar la distribución de calificaciones brutas en el grupo de estandarización (grupo de norma). De esta forma, las calificaciones brutas que se obtienen se convierten entonces en alguna forma de calificaciones derivadas, o normas. Estas normas incluyen los equivalentes de edad, de grado, rangos percentilares y calificaciones estándar. La mayoría de las pruebas incluyen en sus manuales los cuadros de normas que detallan las calificaciones brutas y las calificaciones convertidas correspondientes. Anastasi y Urbina (1998) señalan que estas puntuaciones transformadas indican la posición relativa del evaluado en relación con la muestra normativa y también proporcionan medidas equivalentes que permiten la comparación directa del desempeño de un sujeto en pruebas diferentes. El desempeño de un sujeto en una prueba se evalúa al referirse al cuadro de normas apropiado y al encontrar las calificaciones convertidas equivalentes a los puntajes brutos. Asimismo, las normas no representan estándares del desempeño esperado, sino únicamente un marco de referencia para interpretar las calificaciones brutas obtenidas por cada sujeto. Las normas indican el desempeño del sujeto en la prueba con respecto a la distribución de calificaciones que obtuvieron personas con la misma edad cronológica, sexo u otras características demográficas. En este sentido, es muy importante que el evaluador investigue si subsecuentes aplicaciones de la prueba han producido normas específicas para distintos grupos, como por ejemplo población privada de libertad, grupos de alcohólicos, etc. Groth-Marnat (1999) sostiene que una prueba de buena calidad debe contar con normas especializadas para subgrupos, lo que a la postre proporcionaría a los evaluadores mucha mayor flexibilidad y confianza si están aplicando la prueba a este tipo de poblaciones.

La confiabilidad es uno de los aspectos más importantes a evaluar en una prueba psicológica. Esta se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos sujetos cuando se les evalúa en distintas oportunidades con la misma prueba, con conjuntos equivalentes de reactivos o en otras condiciones de evaluación (Anastasi y Urbina, 1998). La confiabilidad puede ser entendida como la carencia de distorsión o la precisión de un instrumento de medición. Tiene que ver con la precisión con la que una prueba mide un constructo. Así, que un instrumento sea confiable solamente significa que esta midiendo algo de forma precisa o consistente (Kerlinger y Lee, 2000). Es importante señalar que al concepto de confiabilidad le subyace el de rango posible de error o el de error de medición de un puntaje determinado. En la práctica es imposible que una medición sea perfecta, por lo que siempre existe un grado de error asociado con cualquier medición. Por un lado es inevitable y natural la variabilidad en la ejecución humana, especialmente si se considera que muchos constructos en psicología son medidos de forma indirecta (a través de la inferencia), por lo que el propósito de los coeficientes de confiabilidad es estimar el grado de varianza en el test debido al error (Groth-Marnat, 1999). Se usan básicamente cuatro estrategias de cálculo de la confiabilidad: resultados consistentes al volver a evaluar (test-retest), formas alternativas de las pruebas, consistencia interna (Alfa de Cronbach, KR-20) y el grado de acuerdo entre dos evaluadores (confiabilidad inter-evaluadores). Todas estas mediciones producen coeficientes de confiabilidad entre 0 (confiabilidad nula) y 1 (máxima confiabilidad). Un coeficiente de 0.8 o más es usualmente un buen indicador de confiabilidad, sin embargo en algunas pruebas de personalidad es difícil alcanzar coeficientes tan altos, fundamentalmente en lo que respecta a los criterios de test-retest, ya que algunas dimensiones de la personalidad pueden haber sufrido transformaciones significativas en mediciones repetidas en el tiempo.

Finalmente, el aspecto más importante en la evaluación de una prueba psicológica es su validez. Esta representa el grado en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir. Una prueba psicológica puede tener muchos tipos de validez, en función de los propósitos específicos con los que se diseñó, la población a la que se dirige y el método para determinarla (Aiken, 1996). Asimismo, no se puede afirmar que una prueba psicológica es válida en un sentido abstracto o absoluto, solamente podría considerarse su validez en un contexto particular y para un grupo específico (Groth-Marnat, 1999). Un elemento importante a considerar es que una prueba psicológica puede ser confiable sin ser válida, mientras que lo opuesto no es cierto. Un requisito fundamental de la validez es que la prueba debe haber alcanzado un nivel adecuado de confiabilidad. El establecimiento de la validez de una prueba psicológica es algo extremadamente difícil, especialmente si se considera que las variables psicológicas usualmente consisten en conceptos abstractos tales como la inteligencia, la ansiedad o la personalidad. Estos conceptos no tienen un referente empírico tangible, por lo que su existencia debe ser inferida a través de medios indirectos (Groth-Marnat, 1999). Finalmente, se han establecido tres métodos fundamentales para establecer la validez de una prueba: validez de contenido (se refiere a la representatividad y relevancia del instrumento de evaluación en relación con el constructo que se esta midiendo), validez de criterio (establece la validez de un instrumento comparándolo con algún criterio externo al mismo tiempo (validez concurrente) o el criterio se fija en el futuro (validez predictiva)), y validez de constructo (es el grado en que puede afirmarse que el instrumento mide un constructo o rasgo teórico) (Anastasi y Urbina, 1998; Kerlinger y Lee, 2002).

Por otra parte, de acuerdo con Rogers (2001) los profesionales de la salud mental son cada vez más exigidos en términos de la necesidad de que demuestren la validez de sus diagnósticos y conclusiones clínicas. Es así como han surgido demandas explícitas sobre la utilización de métodos de evaluación con bases empíricas, en donde las entrevistas estructuradas proporcionan una estrategia metodológica importante en función de estandarizar las evaluaciones y demostrar su validez diagnóstica. De esta forma, la evaluación psicológica actual requiere no solamente del uso de pruebas psicológicas con demostradas cualidades psicométricas, sino que este nivel de rigurosidad metodológica se ha desplazado de igual forma al ámbito de la entrevista clínica. Desde este punto de vista, las entrevistas estructuradas adquieren un papel fundamental en la evaluación psicológica en la medida en que proveen una evaluación sistemática al estandarizar tanto el lenguaje específico del interrogatorio clínico, así como la secuencia de las fases de la entrevista y la cuantificación de las respuestas obtenidas. Esta estrategia de evaluación sistemática de síntomas relevantes es probable que contribuya con la disminución de diagnósticos equivocados (Rogers, 2001).

Queda claro entonces que el concepto de evaluación psicológica es una categoría mucho más amplia que la de evaluación psicométrica (auque esta última es parte esencial de la primera). En la evaluación psicológica se incluye además de un proceso sistemático y estandarizado de recolección de datos a través de distintas fuentes (válidos y confiables), la integración y el análisis de la información (Cronbach, 1998), lo que entraña un proceso complejo que en el ámbito de acción forense plantea desafíos metodológicos aún mucho más importantes debido a las implicaciones legales que este tipo de evaluaciones representan.

La evaluación psicológica forense

Como se pudo observar en el apartado anterior, en el contexto clínico terapéutico, los psicólogos cuentan con una serie de herramientas para cumplir con los propósitos de diagnóstico y tratamiento de trastornos psicológicos. Probablemente el más importante de esos métodos es la entrevista clínica, la cual consiste en un diálogo con el paciente en el cuál se explora el estado mental actual, experiencias pasadas y metas hacia el futuro. Información adicional que permita corroborar el diagnóstico, tal como la obtenida a través de pruebas psicológicas o fuentes colaterales (expedientes de tratamientos anteriores, información de terceros) puede ser muy útil para producir una imagen clínica del paciente y apoyar decisiones sobre su tratamiento. En síntesis, los psicólogos que trabajan en el contexto clínico tradicional están entrenados para recopilar y sintetizar datos complejos de diversas fuentes. Estos mismos métodos son también útiles en la evaluación psicológica forense, sin embargo, la naturaleza del trabajo forense puede afectar tanto la confiabilidad del alcance como la forma en que estas estrategias son utilizadas (Melton, Petrila, Poythress, & Slobogin, 1997).

En un estudio realizado por Skeem y Golding (1998) con la finalidad de determinar la habilidad forense de una serie de psicólogos clínicos que realizaban labores de evaluación forense solamente de forma esporádica, se pudo determinar que aunque estos evaluadores usualmente proporcionaban un razonamiento adecuado para sustentar sus conclusiones a nivel clínico acerca de la psicopatología de los evaluados, la calidad de sus conclusiones más relevantes a nivel forense acerca de los evaluados, fue muy variable y pobremente sustentada. Los resultados de este estudio sugieren que los "expertos forenses ocasionales" se basan primariamente en sus habilidades clínicas tradicionales y tratan de aplicarlas en las evaluaciones periciales forenses. Debido a la carencia de comprensión de los constructos legales relevantes, los evaluadores se enfocaron principalmente en la evaluación de la psicopatología y no de su relación con aspectos de tipo psicolegal.

Es así como se debe tener claro que las evaluaciones psicológicas forenses difieren significativamente de las evaluaciones clínicas tradicionales en una serie de dimensiones, tales como los objetivos, alcance y producto de la evaluación, así como el papel de evaluador y la naturaleza de la relación entre el evaluador y el evaluado (Melton y otros, 1997). Entre las más importantes de acuerdo con estos autores se encuentran:



Adaptado de Melton y otros (1997, p.42)

En este mismo sentido, Rogers y Shuman (2000), han indicado que un evaluador forense competente debe ser escéptico, verificar en la medida de lo posible la información que reporta directamente el evaluado e integrar la información obtenida a través de distintos métodos y llegar a conclusiones apropiadas y objetivas, aunque no necesariamente terapéuticas. Por el contrario, el terapeuta competente debe ser empático y aprobador. Es por esta razón que los estándares éticos de una gran cantidad de organizaciones profesionales en Norteamérica no recomiendan el involucrarse de forma simultánea en los roles de terapeuta y de evaluador forense.

Se tiene entonces que al menos que las diferencias fundamentales entre la evaluación psicológica clínica y la forense sean tomadas en cuenta, clínicos competentes podrían realizar evaluaciones forenses simplistas y sesgadas, ya que seleccionarían procedimientos que les son familiares pero que no son óptimos en la conducción de una evaluación forense (Melton y otros, 1997). Por otra parte, Ackerman (1999) ha llamado la atención en relación con el posible conflicto de intereses que podría enfrentar un psicólogo al enfrentar relaciones duales en las que por un lado tiene la función de terapeuta y por otro la de evaluador forense. De acuerdo con este autor, este tipo de relaciones deben evitarse para prevenir daños potenciales a las personas involucradas en estas situaciones.

Por otro lado, en la evaluación psicológica forense, el evaluado puede presentar una motivación obvia para presentar de forma deliberada una imagen distorsionada de sí mismo (Goldstein, 2003). Desde esta perspectiva, la recolección de información proveniente de terceras partes, tal como la revisión de expedientes médicos, judiciales, penitenciarios, educativos o laborales, así como la entrevista a víctimas, testigos o parientes, es una característica central de la evaluación forense que la distingue de la evaluación terapéutica tradicional (Heilbrun, Warren, Rosenfeld, & Collins, 1994; Melton y otros, 1997). Asimismo, debido a las ganancias secundarias de los evaluados al distorsionar las respuestas de preguntas de entrevistas o reactivos específicos de las pruebas, la información de terceras partes puede ser esencial para corroborar o descartar las hipótesis generadas de las fuentes tradicionales (Heilbrun, 1992; Melton y otros, 1997; Heilbrun, Warren y picarillo, 2003).

Es claro entonces que en el ámbito de evaluación psicológica forense, la rigurosidad de los procedimientos de evaluación adquiere un significado aún más importante. Conforme a lo planteado por Ackerman (1999), la recolección y análisis de datos es quizás la responsabilidad principal del psicólogo forense. En este sentido, recomienda el uso de los mejores métodos disponibles y de su correcta aplicación e interpretación, reportando todos los resultados relevantes para el propósito de la evaluación y al mismo tiempo evitando ir "más allá de los datos" al especular sobre aspectos para los cuales no se cuenta con información que los apoye. En la misma línea, Gacono y otros (2001), han sugerido que los psicólogos forenses están éticamente obligados a utilizar una batería de instrumentos y múltiples métodos para formarse una opinión sobre el evaluado. Además, todas las herramientas de evaluación psicológica utilizadas en la evaluación forense deben mostrar que poseen estándares adecuados de validez y confiabilidad en relación con el área específica en la cual están siendo utilizadas. Asimismo, ningún puntaje, índice o variable podría ser interpretada de forma aislada de la historia, estilo de respuesta y otro tipo de datos del evaluado. Por ejemplo, ningún psicólogo forense competente utilizaría una elevación en una única escala del MMPI-2, en ausencia de otras fuentes de información, para etiquetar a alguien como esquizofrénico. La evaluación psicométrica es muy útil en la formulación de diagnósticos y en la evaluación de aspectos dimensionales de ciertos síndromes, pero raramente es utilizada como la única medida para el diagnóstico. Más bien, la selección de un test específico está en función de la pregunta de referencia legal.

Nicholson y Norwood (2000) han subrayado una serie de características de las evaluaciones y reportes forenses que ayudan a evaluar su calidad. Entre las más importantes se encuentran la adherencia a los estándares éticos por parte de los evaluadores, los tipos de fuentes de información utilizadas, la selección apropiada de pruebas psicológicas, el uso de instrumentos forenses especializados, así como la incorporación de información proveniente de terceras partes. Especial importancia reviste desde el punto de vista de estos autores si se proporcionó información en el reporte referente a los hechos clínicos y el razonamiento que subyace a la opinión experta en términos de si se ofrece información acerca del estado mental del evaluado, sus habilidades funcionales legalmente relevantes y la relación entre estos dos aspectos.

Recientemente ha emergido un amplio grupo de investigaciones que provee información acerca de características clave de las evaluaciones forenses, incluyendo datos que se enfocan en la calidad y contenido de los reportes remitidos a los encargados de tomar decisiones legales. Además, la frecuencia con la cual instrumentos psicológicos son incorporados en las baterías de pruebas para distintos tipos de evaluaciones forenses tiene implicaciones importantes en la configuración de estándares profesionales así como para la investigación psicolegal (Nicholson y Norwood, 2000). Lo psicolegal en este contexto es entendido como la evaluación de conexiones causales entre condiciones clínicas y habilidades funcionales del sujeto que son directamente relevantes para el asunto legal. Tal y como Heilbrun (2001) ha expuesto de forma detallada, existen una serie de principios básicos que son especialmente importantes en la evaluación psicológica forense. Muchos de estos principios tienen que ver con la recolección de información que esta directamente relacionada con los aspectos forenses y en especial, aquella información relevante para la pregunta legal que se esta decidiendo. En este sentido, la evaluación forense debe obtener información que claramente describa capacidades relevantes para el asunto forense y no se debe obtener información que no sea valiosa para ese efecto. Es así como hay varios aspectos del razonamiento científico que son particularmente relevantes en la evaluación forense, tales como la operacionalización de variables, la formulación de hipótesis, la falseabilidad, la parsimonia en la interpretación y el reconocimiento de las limitaciones en la exactitud y en la aplicabilidad de investigación nomotética al caso inmediato. En esta línea de pensamiento, la evaluación psicométrica viene a proporcionar una serie de ventajas en este tipo de evaluaciones forense.

 Como se puede observar, la evaluación psicométrica se ha convertido en un aspecto substancial de la evaluación forense (Melton y otros, 1997), hasta el punto de que algunos autores han llegado a señalar que una evaluación forense estará incompleta hasta que se haya administrado una batería completa de pruebas psicológicas que proporcione información sobre distintos aspectos del funcionamiento del sujeto (cognitivo, intelectual, de personalidad). Sin embargo, recientemente una posición más crítica acerca del uso de pruebas psicológicas convencionales en la práctica forense ha indicado que su utilidad es mínima en muchos contextos forenses (Heilbrun, 1992), especialmente si se utilizan de forma que no proporcione información importante para al asunto psicolegal relevante que se esta evaluado. En este sentido, Melton y otros (1997) han hecho explícitos una serie de cuestionamientos específicos en torno al uso de pruebas psicológicas en el contexto evaluativo forense.

La primera de estas inquietudes se refiere a la relevancia para la pregunta legal específica. En opinión de estos autores, los evaluadores forenses deben estar al tanto de la investigación específica que establece asociaciones entre resultados específicos en las pruebas psicológicas con asuntos legales relevantes. Si existen buenas investigaciones que muestran una correlación positiva entre los resultados de una prueba determinada y comportamientos legalmente relevantes, su uso es recomendado. Por el contrario, si la prueba le informa al evaluador solamente acerca de diagnósticos o de niveles generales de funcionamiento y va a permitir solamente inferencias especulativas acerca del comportamiento legalmente relevante, el evaluador debe considerar si existe alguna otra forma más directa de enfrentar este problema. Desafortunadamente, la mayoría de las pruebas tradicionales no se han desarrollado ni validado específicamente para producir información acerca de comportamientos legalmente relevantes. Este hecho debe llamar a la precaución en el uso indiscriminado de este tipo de pruebas psicológicas en el ámbito de evaluación forense.

El segundo aspecto tiene que ver con la naturaleza hipotética de los resultados de las pruebas psicológicas. Algunos psicólogos caen rápidamente en la trampa de concluir "los resultados de las pruebas muestran que este individuo tiene características o tendencias x, y o z". Sin embargo, las guías interpretativas con referencias a normas para la mayoría de las pruebas simplemente representan compilaciones de aspectos hallados en grupos de individuos que produjeron un perfil particular en la prueba. Cuando un sujeto produce un perfil particular en una prueba, se incrementan las posibilidades de que el sujeto comparta al menos algunas de las características de comportamiento que se asocian con otros miembros de ese grupo específico o perfil. Sin embargo, el grado de ajuste entre este sujeto y las características generales del grupo de referencia puede ser determinada solamente reuniendo otra información acerca de esa persona. Así, los resultados obtenidos en pruebas psicológicas deberían ser considerados mejor como hipótesis acerca de la naturaleza de los trastornos psicológicos, personalidad o funcionamiento conductual del evaluado. Por lo tanto, en el contexto forense, donde los contactos con el evaluado pueden limitarse a uno o a un número reducido, la información de archivos y de terceras personas puede ser necesaria antes de que estas hipótesis generadas por las pruebas puedan ser aceptadas o rechazadas. Esta corroboración puede ser crucial. Analícese el caso hipotético de una adolescente que interpone una denuncia por abuso sexual originada en el contexto escolar. Una cosa sería afirmar que los resultados de las pruebas sugieren la presencia de un trastorno por estrés postraumático, así como características comúnmente asociadas con un episodio depresivo; mientras que otra muy diferente sería afirmar que, con base solamente en los resultados de las pruebas y en el relato de la persona evaluada, ésta presenta secuelas psicológicas "compatibles" con el abuso sexual. En la ausencia de evidencia que corrobore las hipótesis, el evaluador forense debe ser precavido en relación con las conclusiones acerca de tendencias conductuales específicas o características implicadas por los perfiles de las pruebas.

Un tercer aspecto que señalan Melton y otros (1997) se asocia con las limitaciones de los contextos reconstruidos. En algunos casos de evaluación forense se requiere conocer acerca del estado mental de una persona en un momento previo a la evaluación. Las pruebas psicológicas convencionales tienen menos utilidad en este tipo de evaluaciones reconstructivas, que en las que el foco de la evaluación es el estado mental actual. A pesar de que algunos aspectos de la personalidad tales como el funcionamiento intelectual general puede esperarse que permanezcan relativamente estables (en ausencia de un trauma severo), los perfiles de personalidad de las pruebas y los diagnósticos clínicos son sensibles a un amplio rango de factores intervinientes. Entre más remoto en el tiempo el foco de la evaluación, mayor la probabilidad de que procesos naturales (ej., olvido normal o el curso normal de una enfermedad) van a influenciar los resultados de las pruebas.

Finalmente, Melton y otros (1997) se refieren a una serie de consideraciones de validez facial. Señalan estos autores que la comunidad legal es conservadora y quizás inclinada a visualizar muchos de los métodos utilizados por la psicología como esotéricos. Probablemente prefieran formulaciones explicativas basadas en datos ideográficos (en los que subyacen guías conceptuales y juicio clínico) más que en datos nomotéticos (en los que subyacen guías empíricas y reglas estadísticas)10 y desconfían de la evidencia que se fundamenta excesivamente en estadísticas para disponer de asuntos individuales. Así, los jueces y los abogados en general comprenden la técnica de la entrevista pero están menos familiarizados con las manchas de tinta. Pueden comprender tendencias conductuales recogidas de revisiones de expedientes, pero van a experimentar dificultades para procesar cadenas de inferencias intrincadas que se inician con dibujos proyectivos y que terminan con opiniones sobre asuntos legales. De esta forma, se le debe dar mucha importancia a los distintos métodos disponibles en términos de cuanto facilitan a los usuarios legales la comprensión de las bases para realizar las inferencias clínicas y sus opiniones.

Debido a las evidentes limitaciones que las pruebas psicológicas tradicionales ofrecen, si se utilizan como instrumentos únicos de evaluación en el ámbito forense, se han desarrollado modelos alternativos que se ajusten más a las necesidades psicolegales que plantea este contexto de evaluación. En esta línea de trabajo, Otto y Heilbrun (2002) han propuesto una tipología de instrumentos utilizados en la evaluación psicológica forense que ayuda a comprender los distintos niveles en los cuáles se puede desempeñar el evaluador.

En primer lugar, ubican los Instrumentos de Evaluación Forense (IEF), que corresponden a mediciones directamente relevantes a un estándar legal específico. Estos instrumentos surgen debido a las limitaciones señaladas en relación con los procedimientos y pruebas de diagnóstico tradicionales para tratar aspectos forenses. De esta forma, se han desarrollado una variedad de guías de entrevista, encuestas y pruebas que pretenden centrarse más directamente en asuntos legales específicos. De forma creciente, estos instrumentos especializados se están utilizando en evaluaciones forenses para complementar, si no para remplazar, algunos de los procedimientos más tradicionales (Melton y otros, 1997). Con fines ilustrativos, el SADS (guía de evaluación de trastornos afectivos y la esquizofrenia) consiste en una entrevista de diagnóstico semi-estructurada para la evaluación de trastornos del Eje I del DSM, especialmente trastornos psicóticos y del humor. Permite al evaluador cuantificar síntomas importantes en períodos discretos del tiempo, incluyendo el momento del delito. En opinión de Rogers y Shuman (2000) este es un instrumento bien validado en poblaciones forenses y cumple con los estándares de confiabilidad y validez requeridos en el ámbito forense. Nicholson y Norwood (2000) han señalado recientemente que el desarrollo de instrumentos psicolegales o de IEF’s con demostrada confiabilidad y validez representa una contribución significativa de la ciencia psicológica a la evaluación forense. Según estos autores al enfocarse en las habilidades funcionales legalmente relevantes, las mediciones psicolegales pueden estructurar las evaluaciones forenses, mejorar la comunicación con miembros de la profesión legal e incrementar la relevancia del testimonio experto oral y escrito. De esta forma, el uso de IEF’s puede mejorar la calidad global de las evaluaciones conducidas en contextos forenses. Además, según Melton y otros (1997) los IEF’s tienen la característica de que son facialmente válidos, ya que sus desarrolladores usualmente han incorporado contenidos que los enfocan directamente hacia el comportamiento legalmente relevante que el test pretende medir. Sin embargo, estos autores han señalado que existen diferencias significativas entre los distintos instrumentos de este tipo en cuanto al desarrollo conceptual, la sofisticación psicométrica y los estudios de validación que los apoyan. Por lo tanto, deben usarse con precaución y sus características generales ser evaluadas de la misma forma en que se evalúan otro tipo de instrumentos antes de su aplicación en el ámbito de evaluación forense. Por ejemplo, uno de los elementos críticos en la evaluación pericial forense a nivel penal es el establecimiento de un nexo entre síntomas de psicopatología y déficits en las capacidades que implican responsabilidad penal a la hora de la comisión de un ilícito (imputabilidad). Es así que los examinadores forenses deben evaluar específicamente y comunicar su razonamiento acerca de la naturaleza de esta relación, para lo cual los IEF’s representan una herramienta útil. Sin embargo, este razonamiento debe permitir que se descarten explicaciones alternativas para estos déficits psicolegales tales como la simulación, que normalmente no resultarían en la determinación de que un evaluado es inimputable.

Un segundo grupo de estrategias de evaluación forense sugeridas por Otto y Heilbrun (2002) son los Instrumentos Forenses Relevantes (IFR), los cuales se distinguen de los IEF"s en que no evalúan o se enfocan en estándares legales específicos y en las capacidades funcionales asociadas de los evaluados. Más bien se centran en constructos clínicos que son a menudo relevantes en la evaluación de una persona dentro del sistema legal. Ejemplos de estos instrumentos y técnicas incluyen aquellos utilizados para evaluar la simulación y el estilo general de respuesta de un sujeto, tales como el SIRS (Rogers, 1992) y el M-FAST (2000), así como aquellos diseñados para evaluar la reincidencia o el riesgo de violencia tales como el HCR-20 (Webster y otros, 1997) y el SVR-20 (Boer y otros, 1997) y la psicopatía (PCL-R, 1991). Instrumentos de este tipo bien validados proveen un buen balance entre la confianza clínica y la relevancia legal. Los constructos que evalúan este tipo de instrumentos pueden ser examinados rigurosamente y su aplicabilidad y relevancia en la evaluación psicológica forense y en el proceso de toma de decisiones pueden ser también evaluadas. Un ejemplo de este tipo de instrumentos es el PCL-R (La Lista de Chequeo de la Psicopatía, Hare, 1991). Este modelo consiste en la evaluación de 20 dimensiones asociadas empíricamente con el constructo de la psicopatía. Su aplicación requiere una entrevista estructurada así como la revisión de expedientes penitenciarios y/o judiciales del sujeto evaluado. El PCL-R ha obtenido excelentes niveles de confiabilidad y validez en distintos contextos forenses, así como con poblaciones femeninas y más actualmente se ha adaptado con poblaciones adolescentes (Bodholdt, Richards y Gacono, 2000). Algunos investigadores han sugerido la existencia de rasgos psicopáticos que por sí mismos podrían garantizar el diagnóstico de psicopatía. Sin embargo, se puede diagnosticar un síndrome psicopático únicamente cuando un número suficiente de rasgos individuales están presentes de forma agregada. Esto significa que la clasificación equivocada de alguien como psicópata basándose en la presencia de rasgos aislados tales como la impulsividad, el egocentrismo, o la incapacidad para experimentar empatía, como si éstos fueran signos inherentemente psicopáticos, es desde cualquier punto de vista irresponsable y anacrónico, volviendo a las explicaciones anteriores a 1900 en las que todos los trastornos de la personalidad se conceptualizaban como psicopatía (Gacono y otros, 2001). En este sentido, el PCL-R represente una estrategia evaluativa fuertemente recomendada para que evaluadores forenses eviten ese tipo de etiquetamientos indiscriminado de psicopatía. Por otra parte, la combinación de distintos tipos de estrategias de evaluación podría aportar en la calidad de las apreciaciones que se realicen. En el caso específico de la evaluación de la psicopatía, las pruebas de personalidad permitirían refinar la comprensión de rasgos tales como el narcisismo, la impulsividad, problemas con la regulación del afecto, los métodos de manejo de las emociones y así sucesivamente, que son sugeridos por criterios del PCL-R (Gacono y otros, 2001).

El tercer grupo de instrumentos corresponde a las Mediciones y Técnicas de Evaluación Clínica. Aquí se incluyen las pruebas psicológicas y las mediciones desarrolladas para la evaluación, diagnóstico y planeamiento de tratamiento con poblaciones clínicas en contextos terapéuticos. Aunque estos instrumentos pueden ayudar en la comprensión del evaluado en el contexto de un asunto legal particular, éstos típicamente evalúan constructos (tales como la inteligencia, la depresión, el nivel de ansiedad, etc.) que se encuentran considerablemente alejadas de las preguntas específicas del encargado de tomar las decisiones legales. De esta manera, este tipo de instrumentos requieren del evaluador la aplicación de un grado mayor de inferencias que le permitan moverse de los constructos evaluados hacia los asuntos sobre los que se deben tomar decisiones legales.

Debido a que en nuestro país la evaluación psicológica forense se circunscribe prioritariamente al uso de este tipo de instrumentos, se realizará una explicación más detallada de los mismos, con el propósito de discutir al final del artículo algunas de las direcciones futuras que se deberían tomar en nuestro medio para convertir la práctica psicológica forense en una disciplina de mucha mayor rigurosidad y aceptación por parte del sistema de justicia.

Más que considerar cada test psicológico en detalle, se provee una breve descripción de algunos de los tipos de instrumentos más utilizados y se analiza su papel en la evaluación forense.*

Las entrevistas estructuradas usualmente formalizan la exploración de síntomas y producen hipótesis diagnósticas en relación estrecha con categorías del DSM. Groth-Marnat (1999) ha señalado que la entrevista de evaluación es probablemente el medio de recolección de información más importante durante la evaluación psicológica. Sin la información obtenida durante la entrevista, la mayoría de la información proporcionada por las pruebas psicológicas no tendría sentido. Además, la entrevista proporciona información potencialmente valiosa, que no sería accesible de otra forma, tal como la observación conductual, aspectos idiosincrásicos del evaluado, así como su reacción a la situación de vida presente. Otra de las funciones relevantes que cumple la entrevista es la de servir de lista de chequeo en relación con el significado y validez de los resultados de las pruebas psicológicas. Sin importar el nivel de estructuración de la entrevista, ésta debe cumplir con ciertas metas específicas tales como la evaluación de las fortalezas del evaluado, su nivel de ajuste, la naturaleza e historia del problema de referencia, un diagnóstico, así como una historia personal y familiar relevante. En el campo forense, la entrevista es un requisito fundamental que no puede ser obviado durante el proceso de evaluación. De acuerdo con las guías especiales para los psicólogos forenses propuestas por el Comité sobre Guías Éticas para los Psicólogos Forenses de la Asociación de Psicólogos Americana (APA), los psicólogos forenses deben evitar el escribir reportes o proporcionar evidencia oral acerca de las características psicológicas de un sujeto en particular, cuando no han tenido la oportunidad de conducir una evaluación directa del mismo para tal efecto (APA, 1991). Rogers (2001) sugiere el uso de entrevistas estructuradas en la evaluación psicológica, especialmente porque este tipo de instrumentos al ser estandarizados permiten examinar la confiabilidad de síntomas individuales y su estabilidad dentro de un patrón más general de psicopatología, al mismo tiempo que aseguran que no se descarten categorías diagnósticas relevantes, sin importar las hipótesis de trabajo del evaluador o sus presunciones acerca del nivel de funcionamiento del evaluado.11

Los inventarios de personalidad autodescriptivos, tales como el MMPI-2, el MCMI-III y el PAI, que consisten de una serie de reactivos que se puntúan de forma objetiva (por ejemplo, verdadero / falso) y que producen protocolos e índices que han sido relacionados, a través de la investigación empírica, con personas que ostentan diagnósticos clínicos conocidos así como características de su funcionamiento general de personalidad y comportamiento. Este tipo de inventarios proveen información referente a ciertos tipos de diagnósticos, por lo que pueden usarse en conjunto con los manuales interpretativos para generar hipótesis acerca de patrones generales de comportamiento que deberían ser evaluados en un sujeto. Existe una vasta literatura científica que apoya el uso de instrumentos de este tipo en la evaluación psicológica en general, lo cual escapa el objetivo del presente artículo. Es importante sin embargo, mencionar que en el campo de evaluación forense, el MMPI-2 es el test más ampliamente utilizado (Butcher, 2002; Pope, Butcher y Seelen, 2000). Por su parte, el PAI ha recibido evaluaciones preliminares positivas como un instrumento de utilidad en el campo forense (Douglas, Hart y Kropp, 2001; Sanford, 2003; Morey y Quigley, 2002).

Las pruebas proyectivas de personalidad, tales como el Rorschach y el TAT, no se basan en el auto-reporte de síntomas o experiencias del sujeto. Por el contrario, requieren que el evaluado interprete y describa estímulos complejos y ambiguos. Los estímulos del Rorschach son manchas de tintas monocromáticas y multicolores, mientras que los del TAT son una serie de imágenes, la mayoría de las cuales retrata individuos o interacciones interpersonales acerca de las cuales el evaluado debe desarrollar una historia. Proyectando sus propias percepciones e interpretaciones acerca de estos estímulos ambiguos, los evaluados revelan algo acerca de la forma en que visualizan y comprenden su entorno. El evaluador interpreta las respuestas del evaluado (haciendo referencias a normas publicadas) para desarrollar hipótesis y establecer inferencias acerca del funcionamiento de su personalidad y posibles diagnósticos. El uso de tests proyectivos en la evaluación psicológica forense es un área de gran controversia entre los académicos y clínicos. Esta discusión requiere un tratamiento que trasciende el propósito de este artículo. Resulta valioso agregar solamente que el test de Rorschach, y específicamente cuando se utiliza el modelo estandarizado de Exner (1993) para su aplicación e interpretación, ha sido aceptado mayoritariamente en las Cortes norteamericanas debido a sus importantes cualidades psicométricas (Weiner, 1996; McCann, 1998; Meyer, 2000; Jumes, Oropeza, Gray y Gacono, 2002; Gacono, Evans y Viglione, 2002).

Las pruebas neuropsicológicas, de ejecución y de inteligencia usualmente contienen múltiples sub-pruebas que consisten en problemas a ser resueltos u otro tipo de reactivos que tienen respuestas "correctas" establecidas a través de la construcción de normas para una población determinada. De esta forma, los puntajes individuales en estas pruebas se interpretan a la luz de normas de ejecución de poblaciones relevantes para delimitar fortalezas y debilidades específicas en el funcionamiento cognitivo, habilidades generales o aspectos asociados con la inteligencia. Por ejemplo, para el establecimiento de dificultades significativas a nivel cognitivo es necesario utilizar pruebas como el WAIS-III (Tulsky y Zhu, 2003) la cual ha sido ampliamente validada y existe una adaptación al español reciente. En casos en los que sea necesario explorar habilidades cognitivas o neuropsicológicas, pero que no sean un aspecto determinante de la pregunta psicolegal relevante, pueden ser de mucha utilidad pruebas como el BETA-III (Kellogg y Morton, 2003) que proporciona un estimado rápido confiable y válido de la inteligencia no verbal, así como el Neuropsi (Ostrosky-Solís, Ardila y Rosselli, 1999) que es un instrumento neurocognitivo estandarizado para población de habla hispana. Es importante tener claro que el BETA-III no reemplaza las medidas más amplias de inteligencia como el WAIS-III y que el Neuropsi es únicamente una prueba breve, lo que significa que en casos donde sea necesario explorar daños neuropsicológicos severos sería necesario el uso de baterías neuropsicológicas mucho más complejas como el Barcelona (Peña-Casanova, 1991) y el Luria (Manga y Ramos, 2001) para citar solo algunas.

Es especialmente relevante que se tenga en consideración que en general, el uso de pruebas e instrumentos psicológicos en una evaluación forense debe cumplir con una serie de requisitos que justifiquen su aplicación de acuerdo al tipo particular de evaluación que se esta realizando. El papel apropiado de la evaluación psicométrica en la evaluación forense permanece aún en discusión, sin embargo, guías recientes han subrayado la obligación del examinador forense de incorporar los instrumentos de evaluación de forma selectiva, basándose principalmente en su relevancia para el asunto legal que se esta resolviendo (APA, 1991; Heilbrun, 1992, 1995). Heilbrun (1992) ha propuesto un conjunto de criterios a ser considerados cuando se utilizan pruebas psicológicas en la evaluación forense. Si bien es cierto que estos criterios no representan directrices obligatorias que deban seguirse por indicación explícita del ente rector de la práctica profesional psicológica en nuestro país, no se pueden dejar de lado si se pretende una labor pericial acorde con principios científicos y éticos actuales en el campo forense. Los siete criterios se exponen a continuación:

La prueba es comercialmente disponible y adecuadamente documentada en un manual que ha sido revisado por otros expertos en el área específica. Esto es muy importante debido a que existen muchos instrumentos de medición psicológica que no cuentan con un soporte técnico suficiente como para ser utilizados en una evaluación forense. El manual de cada prueba proporciona los elementos teóricos y metodológicos que son la base a partir de la cuál se pueden realizar las interpretaciones o inferencias en relación con un caso específico. Una prueba determinada puede poseer características psicométricas extraordinarias, pero si no esta disponible un manual técnico publicado por alguna institución reconocida o no existen revisiones de otros expertos en el área de especialización de esa prueba, no podrá ser utilizada en el proceso evaluativo forense.

La confiabilidad de la prueba debe ser establecida. El uso de instrumentos con coeficientes de confiabilidad menores a 0.8 no es recomendable en el campo forense. El uso de pruebas menos confiables requeriría una justificación explícita por parte del psicólogo. Lo anterior es especialmente importante si partimos del hecho de que instrumentos con niveles de confiabilidad bajos (con excesivo error de varianza) limitarían la validez del constructo o constructos que estarían pretendiendo medir. Esta información sobre la confiabilidad usualmente aparece en los manuales de interpretación de los instrumentos de medición bien validados empíricamente.

La prueba debe ser relevante para el asunto legal o para un constructo psicológico que subyace al asunto legal. Esta justificación debe incluirse en el informe, clarificando el razonamiento del evaluador para seleccionar una prueba específica basándose en su relevancia para el caso en cuestión. En la medida de lo posible, esta relevancia debe apoyarse con la disponibilidad de investigación de validación empírica publicada en la literatura científica, sin embargo, una justificación puede hacerse en términos teóricos. Si no existe evidencia de investigaciones con la cual evaluar la precisión de la fortaleza de la conexión entre el constructo psicológico y el asunto legal, entonces la autoridad judicial debe ser informada al respecto. De esta forma, las pruebas psicológicas deben utilizarse en la evaluación forense únicamente cuando puedan relacionarse específicamente con el constructo legal bajo estudio. Por ejemplo, el constructo de imputabilidad, el cual es un constructo legal, difiere significativamente de constructos psicológicos como inteligencia, psicopatología o personalidad. Es importante tener claro que las mediciones de constructos psicológicos no se traducen directamente en constructos legales, lo cual podría conducir a conclusiones inválidas. Tal es el caso de una persona que puede presentar síntomas suficientes como para ser diagnosticada con un trastorno mental severo (por ejemplo, esquizofrenia) y al mismo tiempo cumplir con criterios suficientes como para considerar que comprende el carácter ilícito de su comportamiento delictivo al momento del mismo, lo cual podría llevar a una autoridad judicial a considerarlo imputable (constructo legal). Como se puede observar, no es posible establecer asociaciones mecánicas directas entre constructos de naturalezas tan diversas como los psicológicos y los legales. Lo que sí se debe garantizar es que los constructos psicológicos evaluados en una persona tengan cierta relevancia en el apoyo a la toma de decisiones sobre constructos legales.

El test debe tener un método estándar de aplicación, con las condiciones de la prueba tan cercanas a como sea posible a un ambiente silencioso y sin distracciones. Groth-Marnat (1999) ha señalado que un test bien construido debe incluir instrucciones que le permita a los evaluadores aplicarlo de forma estructurada, similar a la de otros evaluadores. Por otra parte, algunos estudios han demostrado que cuando se varían las instrucciones entre una administración y otra del test, se pueden alterar los tipos y calidad de las respuestas que proporciona el evaluado, comprometiendo así la confiabilidad y validez del mismo.

La aplicabilidad a la población y para el propósito específico debe guiar tanto la selección como la interpretación de las pruebas psicológicas. Los resultados de un test no deben ser aplicados para un propósito para el cual el test no fue desarrollado (por ejemplo inferir psicopatología de los resultados de un test de habilidades cognitivas). Entre más similitud entre un individuo dado y la población y situación de aquellos en la investigación con la que se construyó y validó la prueba, más confianza puede ser expresada en la aplicabilidad de los resultados a ese individuo.

Se prefiere la combinación de pruebas objetivas y datos actuariales cuando existen un producto final y fórmulas apropiadas. Por ejemplo, el test de Rorschach cuenta con diversos modelos de administración e interpretación de resultados. Sin embargo, en el campo forense se recomienda el modelo comprensivo de Exner (1993), ya que este sistema cuenta con características psicométricas bien documentadas y porque ha sido el objeto de investigación empírica por muchos años (McCann, 1998).

El estilo de respuesta debe ser evaluado explícitamente con enfoques sensibles a la distorsión y los resultados de las pruebas psicológicas interpretadas dentro de este contexto del estilo de respuesta del individuo. Cuando el estilo de respuesta sugiere la simulación, un perfil defensivo o respuestas irrelevantes más que una aproximación honesta y confiable, podría ser que los resultados de las pruebas psicológicas se descarten o sean ignorados y darle énfasis a otras fuentes de datos en un grado mayor. Uno de los aportes fundamentales de pruebas como el MMPI-2 y el PAI es que ambos tests contienen escalas que permiten establecer los estilos de respuesta de los evaluados, ya sea que estén simulando un exceso de psicopatología o que por el contrario pretendan minimizar cualquier tipo de desajuste psicológico.

Finalmente, es importante tener claro que en la evaluación psicológica forense la comunicación efectiva de los resultados es un punto crucial del proceso. En este sentido, Weiner (1999), ha realizado una serie de recomendaciones prácticas en torno a la forma en que deben ser escritos los informes psicológicos en el campo forense. En primer lugar, advierte sobre el hecho de que una vez que el psicólogo ha realizado una evaluación en el contexto del sistema legal, debe tener claro que todo lo que incluya en su reporte va a ser sometido a evaluación o cuestionamiento por parte de otros profesionales involucrados en el caso específico (otros psicólogos, jueces, defensores, fiscales). Por otra parte, es importante que el evaluador considere que su reporte debe centrase solamente en aspectos de importancia para el propósito legal que se busca, lo que implica que no todas las observaciones a nivel psicológico obtenidas durante la evaluación deben incluirse en el reporte final. Lo anterior se basa en el principio de protección de la intimidad y privacidad del evaluado.

Dentro de esta perspectiva, Weiner (1999) propone que los reportes sean escritos de forma clara, utilizando lenguaje ordinario que sea fácil de seguir y entender, limitando el uso de términos técnicos solamente a aspectos de diagnóstico en los casos que sea necesario. El evaluador debe concentrarse en la persona que ha sido evaluada más que en los procesos psicológicos detectados. Otro aspecto que resalta el enfoque de este autor es la relevancia. El psicólogo forense debe identificar qué tipo de información es la que se espera produzca la evaluación y centrarse en proporcionar los datos estrictamente necesarios para contestar la pregunta de referencia legal. Un elemento de suma importancia es que los reportes forenses sean escritos de forma tal que eduquen a los lectores no psicólogos. Por ejemplo, el que un sujeto obtenga un puntaje de CI global de 100 en el WAIS-III comunica de forma adecuada a otros psicólogos acerca del nivel general de funcionamiento intelectual del sujeto, pero podría ser ininteligible para muchos otros profesionales involucrados en un caso particular. Finalmente, los reportes forenses deben ser escritos para ser defendibles. El autor propone cuatro estrategias para lograr este propósito: describir los comportamientos del sujeto en relación con los de otras personas que han tenido experiencias similares más que categorizarlos como un cierto tipo de persona; las afirmaciones relativas acerca de las personas usualmente generan menos problemas que las afirmaciones absolutas; evitar escribir afirmaciones que descartan condiciones (la existencia de un trastorno determinado) o eventos (el ser víctima de abuso sexual); y por último, evitar la inclusión de respuestas específicas a reactivos de forma ilustrativas en los reportes.

Por otra parte, debido a que la decisión legal involucra necesariamente aspectos de moralidad y justicia que van mucho más allá del dominio de experticia de los profesionales de la salud mental, algunos académicos han argumentado que los psicólogos no deben responder la pregunta legal fundamental (Melton y otros, 1997). Esta posición ha sido duramente criticada por otros especialistas forenses (Rogers y Shuman, 2000). Sin embargo, mucho más importante para el psicólogo forense es referirse en su informe a las capacidades y déficits relevantes del examinado en torno al aspecto legal en cuestión (lo psicolegal), así como las inferencias y razonamiento del evaluador en relación con las causas de estos déficits. De acuerdo con Skeem & Golding (1998), el no incluir este tipo de información en el reporte forense debe ser visto como un defecto esencial en el mismo. Los evaluadores tienen como obligación comunicar específicamente a la autoridad judicial sus procesos de interpretación de datos así como documentar las bases fácticas a través de las cuales apoyan sus conclusiones en el informe pericial forense. Asimismo, se deben incluir en el reporte cualquier tipo de reservas acerca de los hallazgos y posibles factores que limiten el alcance de las conclusiones a las que se llegó (Butcher y Pope, 1993).

Reflexiones finales

La evaluación psicológica forense en nuestro país se utiliza en una gran variedad de contextos. Tiene que ver tanto con los informes periciales que se realizan para la toma de decisiones por parte de autoridades judiciales en los campos de violencia doméstica, penal juvenil, familia, penal, etc., como con las evaluaciones que se producen al interior del sistema penitenciario para tomar decisiones de ubicación y tratamiento de privados de libertad. A pesar de que en nuestro país se producen constantemente evaluaciones psicológicas forenses, no existe una tradición académica suficientemente consolidada que proporcione líneas claras sobre el campo de acción de los y las psicólogas forenses. Se requiere la generación de políticas de capacitación especializadas tanto a nivel de las instituciones involucradas en procesos de evaluación psicológica forense como de las universidades públicas y privadas, que permitan el desarrollo y aplicación de estrategias de evaluación más acordes con las necesidades complejas que el sistema de justicia representa.

Aunado a lo anterior, se debe formar conciencia en relación con la necesidad de adaptar y construir pruebas psicológicas, así como otro tipo de instrumentos de aplicación en el ámbito forense, que proporcionen una base mucho más sólida al proceso de evaluación. Muchas de las pruebas psicológicas que se utilizan en nuestro país no han sido adecuadamente adaptadas a nuestra población, lo que incide directamente en la calidad de la información que se obtiene a partir de su utilización. Mucho más grave aún, es el empleo de pruebas psicológicas caducas que hacen algunos profesionales en psicología, para las cuales no es posible encontrar manuales de aplicación e interpretación de sus resultados, lo cual atenta contra muchos de los principios éticos y profesionales discutidos en este artículo. En el ámbito judicial se han empezado a incorporar modelos de evaluación que incorporan técnicas de medición rigurosas y validadas, lo cual aunado a la capacitación en el área específica de la psicología forense representa un avance importante en este campo.

Por último, la calidad en el proceso de evaluación psicológica podría mejorarse con la participación activa de la contraparte legal. Se deben mejorar los canales de comunicación entre los especialistas en el campo de la psicología llamados a realizar evaluaciones periciales y los consumidores directos del producto de esas evaluaciones.

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*Psicólogo del Poder Judicial. Master en Psicología Forense por la City University of New York, John Jay College of Criminal Justice. Profesor Instructor de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Profesor en la Maestría en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente es Coordinador de la Maestría en Psicología Forense de la UNIBE, csaborio@poder-judicial.go.cr

9 Para profundizar sobre el papel de los constructos en la investigación del comportamiento, revisar el texto: Kerlinger, F.N. y Lee, H.B. (2002). Investigación del Comportamiento. Métodos de investigación en Ciencias Sociales. México: McGRAW-Hill.

10 Para una explicación más detallada sobre los enfoques nomotético e ideográfico en la interpretación de información de la evaluación psicológica, se recomienda la revisión de Weiner (2003). The Assessment Process. En: J.R. Graham y J.A. Naglieri (editores), Handbook of Psychology. Volume 10. Assessment Psychology. New Jersey: John Wiley & Sons.

* Para una revisión detallada de los tipos de pruebas psicológicas se recomienda la revisión de los textos: Anastasi y Urbina (1998). Tests Psicológicos; Groth-Marnat (1999). Handbook of Psychological Assessment; Cohen y Swerdlik (2001). Pruebas y evaluación psicológicas. Introducción a las pruebas y la medición.

11 Para un estudio detallado de los distintos tipos de entrevistas estructuradas en la evaluación psicológica se recomienda la lectura de Rogers (2001). Handbook of diagnostic and structured interviewing.