Ámbito psíquico

Como se indicó anteriormente, América Latina presenta prácticas socioculturales identitarias en sus diferentes regiones y sobresalen los rituales en torno al duelo, la muerte y el abordaje individual y social de la misma. Por lo tanto, en el siguiente apartado, se analizarán algunos ritos funerarios y retos simbólicos presentes ante la desaparición humana, así como su influencia sobre las emociones, comportamientos e ideas de las víctimas secundarias: sus familiares.

^{Torres (2006)} plantea que, la muerte como un hecho natural ha interpelado a los seres humanos históricamente. Por lo cual, se han desarrollado estrategias para su afrontamiento en distintas culturas, a través de ritos funerarios que promueven la colectividad, el acompañamiento y la aceptación de la misma. Sin embargo, aclara que, según la cultura que se estudie, cambian las concepciones sobre esta y expone que, usualmente en sociedades orientales la vida y muerte se comprenden como una unidad continua; mientras que, en sociedades occidentales, se tiende a separar con mayor rigor este binomio.

Por lo tanto, es posible comprender que las prácticas socioculturales que circunscriben a la muerte, contienen una serie de códigos simbólicos particulares en cada cultura, sociedad y grupo humano. Las mismas, son el reflejo de las formas en que socializan las personas en determinado territorio y expresan sus arraigos, apegos y concepciones en torno a la vida, la muerte, la familia y la comunidad.

Particularmente, ^{Fernández (2016)} expone que, en América Latina se sincretizan diversas tradiciones, principalmente con herencias indígenas y judeocristianas, que están atravesadas por condición de clase social, espiritualidad y etnia. Dentro de las cuales, destacan los velorios, las misas funerarias o reuniones religiosas, los entierros o cremaciones de los cuerpos, los novenarios y las comunicaciones del pésame a las personas dolientes. Al respecto, manifiesta lo siguiente:

La diversidad de creencias, ritos, devociones y celebraciones en caso de fallecimiento que tienen lugar en América Latina corresponde a una forma colectiva de ver el mundo, en la que prima el bienestar del grupo sobre el del individuo. La valía de un individuo radica en cómo ha contribuido en vida a la sociedad. Esta cosmovisión colectivista chocaría con el individualismo existente, por ejemplo, en la cultura norteamericana, en la que se concede gran importancia al individuo, es decir, se valora la autonomía de los seres individuales.

Cabe destacar que, los procesos de globalización han favorecido cambios culturales tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, por lo cual, resulta impreciso homogenizar estas sociedades como colectivistas o individualistas; ya que, como se indicó previamente, se presentan matices según las regiones, las etnias, las clases sociales y demás variables sociodemográficas presentes. Sin embargo, tendencialmente en Latinoamérica, el luto y el duelo por muerte suelen ser eventos sociales y como tales, convocan a la convivencia, la reunión y a la socialización, como formas de afrontamiento de la pérdida de una vida humana.

Al respecto, ^{Panizo (2010)} plantea que los ritos funerarios en Latinoamérica representan un espacio para la cohesión de las familias, personas allegadas y las comunidades, que promueven un cierre simbólico con la vida de la persona fallecida y la aceptación de la muerte. Lo cual, facilita la translaboración del duelo de las personas dolientes, como una situación finita. Por lo tanto, el duelo y el luto se tornan sociales y psicológicos a la vez⁶.

No obstante, a las personas que vivencian la desaparición de un pariente en América Latina, usualmente se les priva de los rituales que permiten comprender y aceptar que una persona no va a estar más, físicamente, en sus vidas. Por lo tanto, se mantendrán en la ambivalencia que implica el desconocimiento de la existencia de su ser querido.

Al respecto, la autora (2010, 24), expone desde el contexto de las personas desaparecidas durante la dictadura argentina, lo siguiente:

En el caso de los desaparecidos, la falta del cuerpo no solo no permite un reconocimiento real y social de la muerte (…) Aquellos familiares que no tuvieron la posibilidad de identificar y recuperar el cuerpo de su ser querido, debieron enfrentar su muerte eventual de una manera diferente a lo que establece la forma tradicional (…) la ausencia del cuerpo y la falta de evidencias de la muerte hicieron que el proceso quedara suspendido en un estado de liminalidad⁷ forzada. El rito queda sin concluir, de modo que la noción de desaparecido remite a la idea de suspensión (…).

A partir de lo citado, se observa la relevancia del cuerpo fallecido para el desarrollo de los ritos funerarios, procesos intersubjetivos de duelo y luto y el reconocimiento social de la muerte. Además, ^{Panizo (2010}) expone cómo la ausencia física, mantiene la esperanza de que la persona regrese al mundo de los vivos, aunque nunca se haya retirado simbólicamente al de los muertos, porque en el imaginario colectivo se mantiene como persona desaparecida.

Al respecto, ^{Regueiro (2010)}, quien también estudió el contexto de la dictadura argentina, plantea que la desaparición humana impacta grupal e individualmente a las familias sobrevivientes y se experimentan cambios identitarios a partir del evento. Por lo tanto, se reconoce que la desaparición de un ser humano genera implicaciones de diversa índole a los integrantes de su grupo familiar, que no solo impactan a una generación, sino que el hecho es trasmitido a la memoria familiar y se generan procesos intersubjetivos que modifican los relacionamientos, la concepción de la vida, los eventos significativos familiares, las interrelaciones del hogar, con la comunidad y el Estado.

De forma coincidente, ^{Linares y Álvarez (2022)}, en su estudio con madres sobrevivientes de desaparición humana, identificaron que, posterior al evento traumático prevalecen sentimientos de miedo, incertidumbre, depresión, angustia, irritabilidad, enojo, frustración, incomprensión y hostilidad contra las personas perpetradoras de los hechos. Además, la autora y el autor (2022, 26) expresan que, las entrevistadas refirieron experimentar pensamientos intrusivos con escenarios catastróficos, donde sus seres queridos estaban en constante peligro o sufrimiento y concluyen que las “personas confrontadas con pérdidas violentas (…) experimentan una angustia emocional más grave y síntomas de duelo prolongado y trastornos de estrés postraumático”.

Lo descrito previamente, es consistente con los planteamientos de ^{Moscoso (2012)}, quien señala que, las personas sobrevivientes de desaparición, refieren “(…) confusión, miedo, desesperanza, vulnerabilidad, pérdida de confianza, dolor psíquico e ideas angustiantes en torno a la figura del desaparecido y su destino (…) síntomas clínicos que pueden interferir en la actividad y funcionamiento, así como manifestaciones somáticas”.

Por lo tanto, la desaparición de una persona se expresa en los cambios actitudinales, cognitivos y emocionales de sus parientes, de forma particularizada, según los impactos que la pérdida implicó en sus vidas y las adaptaciones que esta situación provocó en su desarrollo personal.

Lo anterior, es ejemplificado por ^{Martínez (2023)}, en el contexto de una audiencia virtual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual, se busca determinar si el Estado mexicano ejecutó la desaparición de Antonio González Méndez, el día 18 de enero de 1999; posterior a que este se reuniera con personal de un grupo paramilitar en Chiapas. Su familiar, manifestó lo siguiente: “me siento enferma, preocupada, por mis hijos, cómo los voy a sostener, a alimentar. Estoy cansada, ya no quiero trabajar, me duele la cabeza, mi corazón y mi cuerpo, siento que no tengo fuerza”.

Con base en lo expresado por la persona entrevistada, se visualiza su agotamiento emocional y presión económica a la cual fue expuesta de forma involuntaria a partir de la desaparición de su pariente. Pero también, se observa cómo reaviva veinticuatro años después, pensamientos, emociones e ideas que posiblemente hayan sido recurrentes durante estos años.

Por su parte, ^{Hernández, Quiñones y Limas (2021)} refieren que, desde la clínica tradicional se ha diagnosticado y tratado de manera individualizada a las víctimas secundarias de la desaparición humana: sus familiares, a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, sin considerar realmente el contexto que genera sus afecciones emocionales. Por lo cual, los autores cuestionan las contradicciones que esta situación encierra, al tratarse de un fenómeno altamente social y político, que no responde a las categorías prestablecidas para abordar las laceraciones en la salud mental. Ante lo cual, plantean la necesidad de brindar abordajes críticos, donde se reconozca las responsabilidades del Estado o la sociedad civil y se brinden acompañamientos emocionales y socioeconómicos que permitan aminorar los impactos del evento traumático.

Ámbito económico

Aunado a lo anterior, la desaparición humana genera impactos económicos en las familias, las cuales, deben adaptarse al cambio para procurar su sostenibilidad financiera y material, lo cual, no necesariamente logran alcanzar, o de forma autónoma. En torno a lo anterior, ^{Romero y Cuellar (2022)} exponen cómo los hogares de personas desaparecidas atraviesan cambios repentinos en los proyectos de vida de sus integrantes, quienes usualmente experimentan la reasignación de roles familiares que cumplía la persona desaparecida, por ejemplo, el rol proveedor para la satisfacción de necesidades del hogar.

Esto, implica para algunas personas, truncar sus aspiraciones de estudio o proyectos personales a futuro, con el fin de solventar necesidades inmediatas del grupo familiar. Al respecto, ^{Robledo y Querales (2020, 3)} analizan los vínculos de la desaparición humana con las vulnerabilidades socioeconómicas de las familias y destacan lo siguiente:

Hemos observado también una profunda relación entre pobreza, precariedad y desaparición, así como entre las economías extractivas, legales e ilegales y el uso de la crueldad. Este correlato económico de la desaparición de personas es también un correlato político, en tanto expresión del poder en el uso instrumental de los cuerpos, pero también en la activación de dispositivos estatales que actualizan el uso de la desaparición como técnica de control.

Lo anterior, resulta central en el análisis y abordaje de estas familias, en el tanto, previamente pertenecían a una clase social, usualmente con condiciones socioeconómicas vulneradas, que suelen resultar agudizadas con la desaparición de sus parientes. Por lo tanto, las personas víctimas secundarias no solo experimentan el duelo de la desaparición de su familiar, sino que, incrementan sus preocupaciones en cuanto a sus propias condiciones materiales de existencia como lo son la sostenibilidad financiera del hogar, el pago de deudas o gastos por honorarios de profesiones jurídicos o de salud mental, el acceso a bienes de consumo para sus grupos familiares, entre otras situaciones emergentes.

Lo anterior, fricciona las interrelaciones del hogar ante la reducción de recursos económicos y el agotamiento emocional propio de la desaparición. Adicionalmente, las familias se enfrentan con políticas sociales restrictivas que dificultan el acceso a la asistencia estatal en Latinoamérica, como medio para suplir la satisfacción de necesidades básicas.

Ámbito relacional

Según lo indicado anteriormente, a partir del evento de la desaparición humana, se modifican roles, tareas y actividades en los integrantes del grupo familiar, en torno al cuido de personas, la generación de recursos económicos, la toma de decisiones, el acceso y permanencia en la educación formal de las personas del hogar, las condiciones de empleabilidad, las nuevas reglas de convivencia, los seguimientos judiciales y el resto de reconfiguraciones en cuanto a las interacciones familiares.

Por lo tanto, es posible problematizar cómo la desaparición de un ser humano implica, además de los impactos emocionales para cada integrante de la familia; cambios en torno a la organización de la misma, en función de continuar con sus actividades diarias y las nuevas tareas del escenario modificado.

Cabe resaltar que, la persona desaparecida desempeñaba distintos roles dentro de su grupo familiar, por lo cual, no es el mismo impacto que experimenta un hijo adolescente, una esposa adulta mayor o una hija durante su primera infancia, ante la ausencia del integrante desaparecido. En este proceso, median aspectos variados como: el tipo de relación que cada integrante mantenía con la persona ausente, la etapa del desarrollo de ambas personas, los proyectos compartidos a futuro, las historias vividas, el manejo de las emociones que realiza el resto integrantes del hogar o los conflictos no resueltos con anterioridad.

Aunado a las complejidades internas de la convivencia familiar posterior a la desaparición, las personas sobrevivientes se enfrentan al establecimiento de relaciones comunitarias y con el Estado, que incorporan tensiones adicionales. En primer lugar, las familias sobrevivientes de desaparición, se enfrentan a la burocracia estatal de sus respectivos países, donde deben consignar el estatus jurídico de la persona desaparecida, en medio de sus procesos de crisis y de duelo, para acceder a la administración de la justicia, la seguridad y asistencia social.

Por lo tanto, el reconocimiento del estatus jurídico de las personas desaparecidas, por parte de sus familias y el Estado es un proceso complejo que incrementa el desgaste emocional de las personas sobrevivientes al evento traumático. Al respecto, ^{Moscoso (2012)} refiere que las familias quedan supeditadas a elementos externos cuando buscan definir la condición jurídica de la persona desaparecida.

Por un lado, si aceptan que la persona ha muerto, a pesar de que oficialmente el Estado no lo reconozca, es como si se responsabilizaran de ese deceso; mientras que, si se aferran a la esperanza de encontrar a la persona desaparecida, deberán afrontar la frustración de una búsqueda infructífera durante su cotidianidad, durante años. Lo cual, genera desgastes en cuanto a la salud física, mental y los vínculos sociales que establecen entre sí, con su entorno comunitario y el Estado.

Las personas víctimas secundarias de la desaparición, suelen suspenden sus actividades cotidianas para adentrarse en procesos jurídicos extensos de búsqueda de su pariente o de explicaciones sobre la posible muerte y la condena del ente victimario. Esto, sin que necesariamente las familias cuenten con condiciones jurídicas, psicológicas, económicas y relacionales para afrontar tales procesos en los momentos que suceden; a la vez que se generan marcas en la historia familiar e individual de las personas integrantes del hogar.

Además, los procesos judiciales confrontan a las personas sobrevivientes ante un Estado contradictorio que, no logró proteger a su pariente de la desaparición y del cual dependen para procesos relativos a la judicialización de las investigaciones, la atención de su salud mental -en caso de que existan abordajes de la misma-, o el acceso a recursos que permitan su reproducción social, en situaciones donde la persona desaparecida era proveedora del hogar.

A partir de lo anterior, la ^{Fundación desarrollo y paz de Colombia (2021)} alerta que, usualmente las familias se vinculan con instituciones gubernamentales u organizaciones civiles para apoyar sus procesos de búsqueda, con escazas posibilidades reales de lograr resultados favorables. Lo cual, desgasta las relaciones familiares y comunitarias, a la vez que se desestructuran vínculos afectivos, principalmente con la persona del hogar que se responsabiliza generalmente de lo sucedido y es quien recibe impactos emocionales mayores.

Ante este escenario, la organización (2021) recomienda propiciar espacios de acompañamiento y apoyo para las personas que experimentan los hechos, así como “construir acciones de memoria y estrategias de afrontamiento teniendo en cuenta que en algunas ocasiones estigmatizan o excluyen a las familias de las personas desaparecidas”. En este sentido, el apoyo profesional para el acompañamiento de las personas que afrontan esta situación, resulta fundamental, ya que, facilita la circulación de información, gestión de recursos públicos o privados y permite brindar soporte emocional al grupo, para la sobrellevar las interrelaciones familiares posteriores a la desaparición.

Finalmente, algunas personas encuentran en el activismo o la incidencia política con grupos de personas que también han enfrentado la desaparición de sus seres queridos, redes de apoyo para sostenerse en sus propios procesos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia (2016), el país suramericano cuenta con experiencias de este tipo, que han logrado modificaciones legislativas y cambios administrativos en torno a la atención institucional y social de las personas sobrevivientes.

Este tipo de acciones colectivas, les permite a las familias sentir la empatía de otras personas que afrontan situaciones similares y comparten exigencias al Estado y a la sociedad. Con lo cual, se externaliza del ámbito doméstico la desaparición y se coloca en el espacio de lo público, donde el Estado, sociedad civil y familias puedan articular esfuerzos que permitan apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y reivindicar derechos para sus familiares.