Primer escenario: ausencias críticas en la organización social del cuidado

La provisión y distribución de cuidados que conforman la organización social de los cuidados en Panamá se encuentra desigualmente distri- buida entre actores del cuidado: los hogares, el Estado, el mercado y la comunidad. Así lo recoge un estudio realizado por Corina ^{Rodríguez para el PNUD (2017}), donde se sostiene que es una organización caracterizada por una deficiente atención a las responsabilidades de los cuidados, las cuales se descargan en los hogares y en las familias; y por una desigual distribución entre hombres y mujeres dentro de estos. Todo ello indica una falta de corresponsabilidad social o “ausencias críticas” en los cuidados. Las mujeres, en sus propios hogares y de manera no remunerada, asumen la mayor carga y responsabilidad en esta desigual organización de los cuidados.

El peso de los cuidados en las mujeres panameñas

En Panamá, con datos recogidos en la única Encuesta del Uso del Tiempo realizada en el país (^{INEC, 2011}), el 72,1 % de las mujeres de más de 15 años dijo realizar actividades domésticas y de cuidado; mientras que solo el 37,1 % de los hombres declaró lo mismo. Según la encuesta, las mujeres destinan 29 horas a la semana a las tareas domésticas y de cuidado frente a las 13 horas que dedican los hombres, lo cual supone una diferencia de 16 horas semanales más de dedicación a estos trabajos no remunerados. Aunado a lo anterior, según datos de la encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales ^{(CIEPS) (2019)}, el 70,6 % de las mujeres asumen “ellas mismas” la mayor parte de los cuidados de personas dependientes en sus hogares.

Dichos datos muestran que las mujeres, en casas propias o ajenas, asumen una mayor responsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, pero también se percibe una falta de corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres en sus propios hogares.

El Estado en la organización social de los cuidados: políticas de cuidado

Las políticas de cuidados se expresan tanto desde la norma que las crea, como en la provisión de servicios. En la primera, el Estado panameño establece desde la Constitución Política la obligación de procurar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de las personas adultas mayores, y cuenta con una serie de normativas que la desarrollan. El Estado ha adoptado una serie de legislaciones que generan la obliga- ción de incluir una perspectiva de género en las políticas públicas, la cual desarrolle “los servicios sociales que favorezcan la distribución equitativa de las responsabilidades familiares entre la pareja” y que permitan una deconstrucción de los patrones socioculturales que man- tienen la desigualdad de género y que profundizan la no correspon- sabilidad entre el Estado, la sociedad, los hogares, los hombres y las mujeres (Ley 4 de 29 de enero de 1999; Ley 82 de 24 de octubre de 2013).

Así mismo, destacamos normativas y políticas que responden a las necesidades de cuidado de las personas dependientes y de las personas cuidadoras. En relación con el cuidado infantil, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 107 del 6 de diciembre del 2016, se aprobó la creación de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAIPI), en reemplazo de los Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF). Los CAIPI “brindan atención integral a la primera infancia por medio de una cartera integral de servicios que incluye servicios principales y comple- mentarios de educación con calidad, salud y nutrición, identidad y crianza con pautas adecuadas”.

En el diagnóstico El bienestar cuidado: una responsabilidad que debe ser compartida (^{Rodríguez et al., 2017}) se muestra una deficiente cobertura de cuidados fuera de los hogares para la primera infancia. Se señala la

insuficiente atención pública a esta población a través de los CAIPI. Para la fecha del estudio, el país tenía una población de 296 813 menores de 0 a 3 años, de la cual el 46,4 % no estaba siendo atendido por ningún programa de los centros de atención de primera infancia existentes.

Para los niños y las niñas mayores a 3 años, la provisión de cuidados fuera de los hogares parece resolverse mediante los servicios educativos (preescolar y primaria), aunque no completamente, ya que el mismo estudio señaló que el 40 % de niñas y niños de cuatro años y el 10 % de cinco años no asistía a ningún programa de educación preescolar formal o no formal (^{Rodríguez et al., 2017}).

Las licencias de maternidad y paternidad forman parte de las políticas públicas de cuidados. El Código de Trabajo establece el derecho de la licencia de maternidad remunerada de catorce semanas de duración, así como el derecho de 60 minutos diarios de descanso para la lactancia. Las y los empleadores que cuenten con más de 20 mujeres trabajadoras deben acondicionar un espacio físico para ello. También, la Ley 27 de 2017 establece la licencia de paternidad remunerada de tres días hábiles de duración y la Ley 238 de 2021 extiende el fuero de maternidad al padre, pero solo cuando las madres hayan fallecido en el parto; cuando no cuenten con trabajo formal durante el período de gravidez; o dentro de los doce meses subsiguientes al parto en ambos casos. Durante ese tiempo, el padre no podrá ser despedido de su empleo.

Lo anterior muestra una visión institucionalizada que asigna la respon- sabilidad de los cuidados a las madres y que vincula escasa o excepcio- nalmente a los padres de esta responsabilidad. Constituyen mandatos aislados e insuficientes que no forman parte de una política integral y social de los cuidados, sino que mantienen un sesgo de género al consi- derar que estos son un asunto de las mujeres y madres.

La trabajadora doméstica como estrategia para “resolver”

Las ausencias críticas apuntadas marcan el escenario en el que las mu- jeres se enfrentan a responsabilidades domésticas y de cuidados que, en muchos casos, les impide insertarse en el mercado laboral y obtener ingresos propios³, y en otros les colocan ante el difícil reto de conciliar trabajos remunerados y no remunerados.

Ellas resuelven las situaciones de diversas maneras en función de sus posibilidades. Algunas mujeres en situación de privilegio de clase, por ejemplo, responden a estas ausencias críticas contratando servicios de cuidado en el mercado, lo cual supone transferir su carga a otra mujer.

Así lo hicieron las siete mujeres que entrevistamos en calidad de emplea- doras en este estudio. Todas ellas, madres de niños/as menores de tres años, de nacionalidad panameña, con títulos académicos superiores, activas en el mercado laboral y unidas en una relación heterosexual. Sus parejas, padres de sus hijos e hijas, son profesionales y activos en el mercado laboral. A todas les preguntamos por las condiciones que determinaron que tomaran la decisión de contratar a una trabajadora doméstica en régimen de interna, así como su valoración de esta experiencia. Las empleadoras coincidieron en reconocer que esta decisión se dio cuando aumentaron las cargas de cuidado en sus hogares, muy especialmente durante los primeros años de vida de sus hijos, dado que manifestaron su deseo de continuar con su vida laboral.

Una vez que nació la niña, decidimos tener a alguien por tiempo completo (...) Decidimos que sería mejor alguien que estuviera allí viendo las cosas del hogar y ayudando con la niña también (Camila). Cuando me quedo embarazada, simplemente no puedo, tengo que trabajar (...). Entonces ahí necesitamos alguien in house (Mónica). El tema de que viajaban o no (la empleada), no me era importante hasta que nació mi niña. Y fue un requisito (Luisa).

La contratación de una trabajadora doméstica en régimen de interna ocurre en un contexto de falta de servicios de cuidados a través de “jardines” o escuelas que se ajusten a sus necesidades o condiciones (distancia, horario de cobertura, en ocasiones los costos son menores en comparación con los de centros de cuidado), así como a la falta de apoyos familiares, más allá de la pareja, que puedan asumir estas responsabilidades.

Si tienes niños y no están en el colegio, si son de 4 años para abajo, y tú eres una mujer que trabaja, tú necesitas tener una opción (...). El jardín en verdad resuelve hasta cierto punto, pero si tú estás trabajando las 8 horas al día como es para la mayoría de las familias, es más factible tener una empleada doméstica (Luisa).

Las empleadoras muestran desconfianza en los servicios de cuidados existentes, como reemplazo a su ausencia en los cuidados. Les parece más seguro tenerlos en casa y “echarles un ojo” a los hijos y al servicio que ofrece la trabajadora doméstica.

Me siento más segura, porque siempre que yo estoy en mi casa, yo echo un ojo. Yo trabajo desde acá, así que puedo ver la cosa, no como en una guardería, uno no se entera de nada (Maite). Estuve investigando un poco y las opiniones de otras personas, me decían que lo dejan al bebé en la cuna, cagado, miado (orinado) todo el día llorando y eso me da a mí como mucha angustia. Entonces para mí era como que tiene que haber alguien en casa todos los días (María).

Reconocen que esta descarga de cuidados permite que dispongan de tiempo para su desarrollo personal y profesional.

En estos años que estamos casados hemos tenido como 2 o 3 señoras que nos han ayudado y, la verdad, considero que yo no podría trabajar sin que ellas nos ayuden. (…) Tú sabes que nosotras (las mujeres) tenemos que dejar de trabajar si no tienes quien cuide a las niñas (Verónica). Uno depende de eso para trabajar. Yo la necesito para trabajar y ella necesita que yo trabaje para que le pague (Mónica). Yo creo que hay cosas positivas para mí, me da independencia… me da tiempo para mí (María).

La interpretación de este apoyo como “descarga” es bastante gene- ralizada entre ellas, sin que en sus testimonios se observe un análisis crítico de la participación del Estado o los hombres en la actual organización de los cuidados.

La corresponsabilidad en el hogar, si bien lo consideran un tema “no resuelto”, porque reconocen ser las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidados en relación con sus esposos o compañeros, “te soy bien sincera generalmente soy yo la que estoy con ellos (los hijos e hijas)”, no se encuentra “suficientemente” problematizada. En sus relatos sobre la organización de los cuidados, manifiestan que se encuentran sobrecargadas, pero no reconocen -a no ser que les preguntemos directamente- en esta sobrecarga, la “descarga” de sus compañeros.

Es más, en sus testimonios se observa una cierta “normalización” de la baja ocupación de los hombres en estas actividades, encontrando incluso cierta “justificación”, al alegar que ellos están muy ocupados en actividades remuneradas que exigen mayor dedicación que las de ellas mismas. Son testimonios que contienen una excusa o disculpa que forma parte de sus propios arreglos familiares. Incluso llama la atención cómo ellos asumen más responsabilidades fuera del hogar cuando en estos aumentan también las responsabilidades domésticas y de cuidados. Por ejemplo, el hecho de que un profesor decida dedicar su tiempo a formarse y que para eso realice estudios de posgrado, mientras sus hijos se encuentran en edades que exigen cuidados y atención, muestra que no hubo límites para conciliar o que la conciliación no fue un asunto para ellos.

A veces él me ayuda, pero mi marido es profesor y tiene un negocio (…) y aparte se metió en un doctorado, éramos muchos y parió la abuela, como decimos aquí. Entonces es por eso que yo tengo que estar un poquito más apoyándolos a ellos (los hijos) (Maite). Mi esposo tiene una agenda mucho más apretada que la mía, tiene llamadas programadas y tiene que encerrarse, y no puede estar pendiente de lo que está haciendo el niño. Mi trabajo sí me da un poco más de flexibilidad (...) yo puedo ir ajustando mi horario y durante el día tengo más oportunidad de dedicarle tiempo a la niña (Luisa).

En este contexto de falta de corresponsabilidad generalizada, las em- pleadoras hacen referencia a lo que renunciaron, mediante acuerdos con sus compañeros, para atender las responsabilidades domésticas y de cuidados en el hogar.

Yo dejé de dar clases universitarias porque como los niños estaban chiquitos y él (el esposo) se iba en la noche a dar clases y yo también, no los quería dejar solos. Ya entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer un balance aquí y tú vas o yo voy y vemos cómo lo hacemos y decidimos hacer eso (Maite).

Las altas ocupaciones de sus compañeros les descargan de sus respon- sabilidades con los cuidados, aunque ellas sí valoran el tiempo que estos dedican a la familia o la casa los fines de semana.

Me puede ayudar de repente 2 o 3 horas al día en eso (atender a los/as hijos/as) y en la casa no, porque no tiene tiempo realmente, ya que llega, come, descansa un ratito, tiene que volver a otra clase (…). Realmente él no tiene tiempo, entonces yo debo tenerle la comida lista, su ropa arreglada, la casa limpia... Los fines de semana, que supuestamente son un poquito más tranquilos, ahí sí me ayuda a cocinar, a lavar los platos, a limpiar un poco la casa (Maite).

Reiterativamente las empleadoras interpretan la participación de sus parejas en los cuidados y quehaceres del hogar como “ayudas”. Son actividades que realizan al renunciar, menos que sus esposas, a sus ocupaciones profesionales o personales y se limitan a “lo que les gusta”, más que a lo que se requiere: enseñan ciencias a sus hijos, juegan o les leen un cuento, cocinan la cena y también “ayudan” los fines de semana.

Él me ayuda bastante con el grande en cosas de matemáticas, de ciencias (…) de lo que le gusta, y me ayuda con parte del colegio mientras yo estoy con el chiquito (Maite). Mi esposo dedica tiempo a la niña, a enseñarle a hacer experimentos, a leer con ella… y dentro del hogar, dedica más tiempo en la hora de la cena, haciendo la cena, por ejemplo, porque le gusta cocinar. Es algo que él siente que es como su escape también a tanto trabajo (Camila).

Una de las madres empleadoras entrevistadas reconoció que la desigual distribución de cargas familiares y domésticas, que ella misma cuantifica en un 70 % sobre ella y un 30 % sobre su esposo, consiguió nivelarse con la entrada de una trabajadora doméstica en casa. Aun así, ella es consciente de que hay cargas invisibles que siguen recayendo en ella. “Pareciera que (ahora) es más equitativo, pero, la carga mental de: se acabaron los pampers y hay que comprarlos, la manejo yo. Eso es 100 % mío”.

Ellas son también quienes se encargan de supervisar y dirigir el trabajo que realizan las trabajadoras domésticas, lo cual implica una carga no descargada y sin corresponsabilidad. Aun así, este tipo de análisis sobre las cargas invisibles y la falta de corresponsabilidad de los hombres no aparece en la mayoría de los relatos recogidos sobre el análisis y valoración que realizan las empleadoras sobre su organización domés- tica de los cuidados.

En el relato dominante de las empleadoras, la trabajadora doméstica viene a resolver la sobrecarga de trabajo que recae sobre la mujer (ellas mismas), más que a suplantar la falta de corresponsabilidad de sus esposos. Hacen referencia a que esta viene a “ayudarla” a ella direc- tamente, no a la casa o a la familia.

Reina (la trabajadora doméstica) y yo somos como un equipo (Maite). Lo que me llevó a mí a tener una persona aquí fue por lo menos tener alguien que me apoye (Yadira).

En relación con la responsabilidad del Estado en los cuidados, las empleadoras mencionan los deficitarios y reducidos recursos estatales para atender los cuidados de la primera infancia, así como la poca confianza que tienen en los servicios privados que cubren estas necesidades, como ya se indicó. Lo anterior podría resumirse al afirmar que hay escasos servicios y poco confiables para atender los cuidados de la primera infancia

Siento que no hay suficientes de esos colegios donde uno puede llevar a los niños que no tenga que pagar para recibir un buen servicio (Yadira).

Las madres trabajadoras, después de sus 14 semanas de permiso de maternidad, tendrían que ver cómo “resolver” como mínimo hasta los 3 años, es decir, la etapa más crítica de atención a los cuidados y con menor cobertura pública.

Entre sus reclamos al Estado y al mercado aparece la falta de flexibilidad laboral o la ausencia de servicios en los lugares de trabajo para conciliar.

Media jornada presencial en la oficina y la otra media en la casa (…) cosas así, o sea tener la flexibilidad que de alguna forma estoy teniendo ahora con el teletrabajo (…) Ser flexible, no tener que estar de ocho a cinco en la oficina (María). A lo mejor tener alternativas de cuidado dentro de las empresas (…) si tengo un bebé pequeño, a lo mejor me lo cuidan, me lo llevo ahí a las ocho y salgo a las cuatro. En el día puedo bajar a verlo o si pasa algo, estoy ahí mismo (Yadira).

Ante estas ausencias reconocidas y poco problematizadas, las emplea- doras reconocen “resolver” la sobrecarga de trabajo que recae en ellas al contratar a una trabajadora doméstica, aunque no consideran que esta sea la mejor opción. Preferirían otros arreglos que pasan, en muchos casos, por reclamar mayores servicios y recursos de cuidados al Estado y el mercado, jornadas de trabajo flexible y, en menor medida, mayores niveles de corresponsabilidad de sus compañeros.

Segundo escenario: desigualdades no resueltas, servidumbre doméstica y su legado colonial

El Código de Trabajo de Panamá define a las personas que realizan trabajos domésticos como “aquellas que prestan, en forma habitual y continua, servicios de aseo, asistencia u otros propios del hogar de una persona o de miembros de una familia”. Su trabajo está regido bajo una regulación particular del Código, denominada “contratos especiales”, en donde se establece la forma de contratación, jornada y prestaciones laborales. Así se reconoce la posibilidad de que el contrato sea verbal, que no estén sujetos a horario, con un descanso obligatorio de 9 p. m. a 6 a. m., lo cual implica que puedan tener una jornada laboral mayor a ocho horas. El Código también reconoce un descanso semanal, en días feriados y vacaciones anuales remuneradas. Legalmente deben contar con seguridad social y un salario mínimo mensual entre 275 y 300 dólares, dependiendo de la región, pero en todos los casos menor que el salario mínimo establecido para otras ocupaciones. Aún más, a pesar de que para todos los otros trabajos se establece un precio por hora, el trabajo doméstico mantiene un monto fijo con independientemente de las horas dedicadas.

Un estudio previo sobre el trabajo doméstico remunerado en Panamá (^{Marco et al., 2010}) revela que las primeras políticas públicas en torno a este datan de los años setenta, cuando fue reglamentado, aunque de forma discriminatoria en relación con otros trabajos. Esta legislación deficiente y las condiciones discrecionales y especiales de su contra- tación favorecen tanto la informalidad (Araúz-Reyes et al., en prensa), como que sea muy bajo el porcentaje de trabajadoras domésticas con contratos escritos y seguro social. Según datos recientes, el 79 % de las contrataciones se realizan de forma verbal y el 57 % no cuenta con seguro social (Mitradel, 2020). En estas condiciones se observan prácticas discriminatorias y de explotación laboral, entre ellas, exceso de horas de trabajo y sin remuneración, especialmente para las trabajadoras internas (Mitradel, 2020; Marco et al., 2010).

Todas las trabajadoras domésticas en régimen de internas entrevistadas en este estudio contaban con contratos de trabajo verbal, sin claridad del tipo de relación legal o laboral que mantenían con sus empleadores.

Algunos testimonios recogidos dan cuenta de estas situaciones: “No firmamos ningún papel que diga que estamos contratadas para trabajar y que al final si nos botan, tenemos un derecho” o “por no tener contrato, tampoco se sabe lo que tenemos que hacer”. El hecho de no tener contrato tampoco permite que se pueda contabilizar la prima de antigüedad, ni que se pueda reclamar con un sustento formal las prestaciones laborales que deben considerarse al término de una relación de trabajo: “Aquí en Panamá, si renuncias, te fuiste sin nada”; “yo renuncié en un trabajo y a mí no me tocó lo que me tocaba por ocho años”.

Salvo a una trabajadora doméstica en régimen de interna, a ninguna le pagaban seguro social. Muchas desconocen qué incluye su salario porque los pagos son realizados sin ningún tipo de detalle. “Cuando yo entré, yo fui la que tuve que preguntar si me iban a pagar seguro, porque nos dicen que nos van a pagar tanto, pero no nos dicen qué es lo que nos están pagando”.

La mayoría no recibía el pago del decimotercer mes (paga extra- ordinaria anual) y muy pocas recibieron su liquidación tras un despido. La única prestación que recibió la mayoría es la de vacaciones pagadas, las cuales normalmente son disfrutadas en el tiempo que resulte de conveniencia de sus empleadores. Una trabajadora, haciendo refe- rencia a la posición de su empleador, expresa las justificaciones que se utilizan para no atender a sus obligaciones: “Me decía: acuérdese que yo no pago décimo, yo no pago la liquidación de año pues, que aquí le llaman antigüedad. Yo no pago nada de eso porque yo no soy una empresa privada”.

Las lideresas sindicales reconocen estas condiciones discriminatorias y de abuso laboral. En ese sentido, señalan que para las extranjeras en condición irregular o para las indígenas la situación es aún peor, pues se dan dinámicas de aprovechamiento de sus condiciones de vulnerabilidad. “Las patronas, a las trabajadoras migrantes, les dicen: tú, no tienes derecho a nada porque eres ilegal”. Ellas, especialmente, acumulan situaciones que las hacen más vulnerables a la explotación.

Frente a ello, en el 2016 hubo un intento de reformar el Código de Trabajo en lo relativo a formalizar las condiciones de trabajo y corregir la regulación discriminatoria para el trabajo doméstico remunerado. El Proyecto de Ley 438 de 19 de julio de 2016, procuraba hacer cambios dirigidos a establecer la obligatoriedad del contrato de trabajo escrito y firmado al inicio de la relación de trabajo, la jornada de ocho horas de trabajo y un tope de cuatro horas extras sujeto a pago y la obligación de las prestaciones laborales básicas, tales como: descanso de veinticuatro horas, vacaciones remuneradas o indemnización por despido con causa justificada. Sin embargo, este intento no prosperó debido a la oposición de diferentes actores políticos y sociales del país, lo cual pone en evi- dencia el escaso valor que la sociedad panameña otorga a las personas que realizan al trabajo doméstico. Una lideresa sindical de las trabaja- doras domésticas mencionó que la diputada proponente no contó con respaldo suficiente para sacar adelante esta reforma:

La tildaron de loca y toda cosa, porque, cómo era posible que ella estuviera pidiendo 8 horas de trabajo para una trabajadora doméstica, cómo era posible que ella estuviera pidiendo un mejor salario y seguro social para las trabajadoras domésticas, o sea, esa era una locura (Yadira).

Llama la atención muy particularmente que parte de las críticas al proyecto provenían de mujeres, quienes se oponían a mejorar las condiciones de las trabajadoras domésticas, probablemente porque muchas de ellas contaban con ese servicio en sus propias casas. Mejorar las condiciones de esas trabajadoras podría condicionar su capacidad para mantenerlas, con las implicaciones que esto tendría en ellas mismas como mujeres empleadoras que utilizan el trabajo doméstico remu- nerado para transferir a otras mujeres las cargas domésticas y de cuidados que no consiguen resolver de otra manera. Esa propuesta de ley y las reacciones que generó reveló los contextos críticos en los que tiene lugar este trabajo en el país (ausencias y desigualdades).

Las trabajadoras. ¿Quiénes son las trabajadoras domésticas en régimen de internas en Panamá?

Ante un marco legal deficiente y carente de los derechos básicos que debe contener un trabajo decente, las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, por razón de clase social, identidad étnico-racial u origen nacional, son quienes en Panamá se ocupan en el trabajo doméstico remunerado, y en particular, en régimen de internas.

No contamos con datos precisos sobre la participación de determinados colectivos de mujeres en el trabajo doméstico remunerado porque los sistemas de información oficiales invisibilizan la realidad de estas traba- jadoras; lo que sí se puede afirmar es que, de todas las categorías de actividades económicas, la cifra más baja para panameñas y panameños es la de las personas que se dedican a actividades del hogar, donde se concentra mayor cantidad de personas extranjeras (^{INEC, 2020}).

En un reciente sondeo aleatorio relativo a las actividades de trabajo doméstico se indica que más del 40 % de las personas que se dedican al trabajo doméstico son extranjeras (Mitradel, 2020). Estudios específicos sobre la participación de las mujeres indígenas en estos trabajos en el contexto nacional, estiman que un 31 % de las trabajadoras indígenas se encuentran ocupadas en el trabajo doméstico en la provincia de Panamá (Rodríguez y Herrera, 2015), un porcentaje mayor que el que representa la población femenina general del país (13 %), pero inferior al de las migrantes de algunas nacionalidades, especialmente Nicaragua (62 %), según datos recogidos en el estudio del último censo de población.

Esta sobrerrepresentación de mujeres migrantes, extranjeras e indígenas en el trabajo doméstico remunerado en Panamá, sobre todo en régimen de internas, es en sí un indicador revelador del tipo de trabajo que es, pero también de la segregación por género, etnicidad y origen nacional del mercado laboral nacional.

Estudios cualitativos realizados en los últimos años recogen testimonios de estas mujeres que revelan las razones que explican su inserción en esta actividad (^{Rodríguez-Blanco, 2015}, ^2020a, 2021). Para las extran- jeras, sobre todo para las que no tienen estatus migratorio regular, son pocas las oportunidades laborales fuera del trabajo doméstico, un trabajo que suelen realizar en la informalidad. Para las indígenas que migran de las comarcas y territorios indígenas a las ciudades, su escasa formación y experiencia laboral limita sus oportunidades de generar ingresos al “trabajo en casa de familia”. Para la mayoría de ellas, este ha sido el único trabajo remunerado desempeñado hasta la fecha en Panamá: “Uno va a trabajar ahí porque queremos darle una mejor calidad de vida a nuestra familia. Porque no tuvimos la oportunidad de conseguir otro trabajo” (Marianella, indígena ngäbe).

Las trabajadoras domésticas entrevistadas presentan un perfil bastante homogéneo. Más allá de la diferencia que las caracteriza por ser indígenas o extranjeras respectivamente, son en su mayoría madres, jefas de familia en condiciones de pobreza, quienes migraron a la ciudad de Panamá con el propósito de trabajar y obtener ingresos:

Normalmente uno se viene a buscar un mejor futuro (...). Soy mamá soltera, tengo una niña de 14 años (…) me vine porque la verdad no tenía apoyo de nadie y solo era yo y mi hija. Tuve que dejar a mi hija y venir a trabajar. Yo soy la que respondo por ella, tenía que salir (Lola, nicaragüense).

Entre las extranjeras, solo una contaba con su condición migratoria regular y ninguna tenía familia en la ciudad. Eso, sumado a los bajos salarios que reciben y el alto costo de vida en la ciudad, determina que para ellas, igual que para las indígenas que llegan de las comarcas, contar en el lugar de trabajo con una casa donde alojarse, resulta conveniente en términos materiales. Una lideresa sindical hace refe- rencia a esta condición de trabajo de las migrantes:

Las que emigran de su provincia hasta la capital, a esas también les toca quedarse en la casa de las familias. Pero, la migrante de los otros países por obligación tienen que quedarse cama adentro porque eso también les permite ahorrar para poder mandar divisas a su casa para ayudar a su familia. Ese es el fin de todas.

Ser familia o trabajadora, una confusa relación donde subyace la explotación

En los relatos de las trabajadoras en régimen de internas observamos una constante; se trata de la confusa relación que reconocen mantener con sus empleadores, al reconocer cierto vinculo “familiar” con estos, aunque no disfruten de buenas condiciones de trabajo. Es el caso de Eva: “A mí me presentaban cuando venían sus familias del extranjero: ‘ella es parte de la familia’ así me presentaban”. Esa misma idea aparece en los testimonios de las empleadoras consultadas cuando reconocen que a las empleadas las tratan como “a una más” de la familia: “Después de seis años de estar aquí conmigo es casi que ya otra hija mía” (Maite).

Una de las lideresas sindicales reacciona críticamente ante esos dis- cursos, pues considera que son estrategias para hacer que la persona trabaje más de lo que debería. Algo que, en su opinión, expresa el chantaje emocional ejercido sobre las trabajadoras domésticas internas, dirigido a que se dediquen a su trabajo más allá de lo que implica la relación laboral:

Porque si a mí me está tratando bien ese patrón, yo digo, si el patrón me trata así: ¿cómo yo no le voy a trabajar 16 horas? ¿cómo no le voy a trabajar 12 horas? ¿cómo no voy a sacar el perro? ¿cómo no voy a barrer y trapear o cómo no voy a cuidarle a los niños?

Frente a ese discurso subyace la explotación laboral traducida en horas extras no pagadas; indeterminación de la prestación de servicios y en la realización de actividades que no corresponden al servicio doméstico; limitación del derecho al descanso; maltrato; acoso laboral; y abuso sexual.

No siempre se identifican las mismas estrategias, algunas hacen refe- rencia a sus vínculos emocionales con los niños que cuidan, lo cual motiva a que se sobrepasen tiempos y tareas. Las entrevistadas saben que esto forma parte de toda una estrategia que se devela cuando las despiden. Ahí dicen: “ya no somos parte de la familia”.

Aprovechamiento económico de las internas

Todas las entrevistadas trabajan más de 8 horas diarias y, en varios casos, más de 12. Son horarios que muestran la casi total disposición del tiempo y la vida de las trabajadoras a sus empleadores.

Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y más o menos me voy acostando a las 8:30 casi 9 p.m. porque yo espero que el (empleador) haga ejercicio, le meto la comida al horno, entonces ya me dan casi las 9 (Alicia, colombiana).

Coinciden al reconocer que sus condiciones son peores que las de las trabajadoras domésticas externas, “que viajaban”, pues estas normal- mente suelen contar con un horario fijo, tareas específicas y tiempo de descanso, condiciones con las que ellas no cuentan y que constituyen manifestaciones específicas de la servidumbre doméstica.

Yo digo que trabajar el día es mucho mejor que trabajar interna, porque al trabajar interna tú no tienes descanso de nada ni para comer (…) tú terminaste tus 8 horas y te fuiste, pero nosotras allí seguimos 8, 7, 9, 10 horas y esas horas no te las pagan (Berta, nicaragüense).

Parte de esa explotación laboral y el trato de la trabajadora doméstica en régimen de interna como sirvienta guarda relación con el aprovecha- miento económico de la persona, una de las características de la servidumbre reflejada en las entrevistadas. Los bajos costos por horas trabajadas, la ausencia de consideración y pago de horas que trabajan de más o la entrega de su tiempo de descanso sin remuneración para “ayudar” en las necesidades de las personas para las que trabajan, forman parte de ese aprovechamiento económico.

En las consultas realizadas comprobamos que este tipo de prácticas son comunes para las extranjeras y las indígenas que no cuentan con fami- liares en la ciudad.

Nos llevan de viaje para el interior y por allá atendemos otras casas, otros niños y no se nos paga. Digamos, que nos vamos un viernes y volvemos un lunes y eso no se nos paga (Celeste, venezolana).

Si hay una fiesta no salen para ningún lado hasta el domingo. Si hay un cumpleaños u otra cosa o si la señora se quiere ir, ella tiene que cuidar a la mamá de la señora, entonces, ellas no tienen ni horario ni nada (Marilú, indígena ngäbe).

Condiciones de trabajo de servidumbre

Una de las justificaciones de los bajos salarios de las trabajadoras domés- ticas es que parte de su sueldo se paga en especie: vivienda y comida (^{Goldsmith, 1998}), independientemente de las condiciones en las que se presenten. Las trabajadoras entrevistadas describen los lugares donde duermen como pequeños y mal ventilados; eso cuando tienen un es- pacio propio. Aquellas que comparten cuartos con quienes cuidan alegan la falta de intimidad y tiempo propio.

El cuarto quedaba a un lado de la lavandería y eso era un infierno porque el sol cuando pegaba no daba ni ganas de meterse a ese cuarto. El cuarto era un poco reducido, era junto a la lavandería y no tenía el fugadero de la secadora. Cuando uno iniciaba a lavar y secar eso se calentaba demasiado (Emilia, indígena ngäbe).

Una vez me agarró hasta un desmayo porque la señora una vez se enfermó como con una fiebre en la noche, y a mí me dio como del estrés una debilidad (…) Me desmayé. (…) Entonces (no tengo un cuarto en donde yo diga) voy a mi cuarto me quedo y ya. Yo tengo que estar ahí todo junto (con la señora). Si la señora se para yo estoy ahí. No es como muy privado (...) 24/7, paso día y noche con ella (Sara, nicaragüense).

En la descripción sobre el trato recibido aparecen también de violencia psicológica, física e incluso sexual, como los testimonios de estas dos mujeres:

Yo estoy cansada, no puedo ni dormir en la noche ni duermo en el día, encima de eso el patrón si está irritable, si amaneció mal, me quiere pegar con el bastón que él carga, y yo no tengo familia acá, no tengo a nadie a donde quedarme (Alicia, colombiana).

Yo trabajaba en una casa de familia en Mañanitas y tenía un jefe que me hizo una propuesta de que saliéramos, que si podíamos estar juntos y que él me iba a aumentar un poquito y que en la casa la iba a pasar más tranquila. (…) que el trabajo iba a ser menos, que de cualquier cosa que yo me sintiera presionada por su esposa, él me iba a solucionar porque el que mandaba ahí era él (Lola, nicaragüense).

Estas condiciones de trabajo visibilizan la servidumbre, con lo cual se problematiza el trabajo doméstico en régimen de internas como solución en la organización de los cuidados en los hogares. La trabajadora resuelve su situación de necesidad económica y de supervivencia, la empleadora resuelve su problema de conciliación, pero ambas lo hacen en un contexto de injusticias y desigualdades.

Sobre el primer escenario: “la crisis sobre la crisis”

Producto de la pandemia por el covid-19 se emitieron diversas medidas sanitarias, esto sin una perspectiva de género para contrarrestar sus impactos sociales. Entre estas, el cierre de las escuelas;⁴ el confinamiento de las personas, el cual en Panamá duró cerca de seis meses; y las medidas de circulación por sexo y cédula.⁵

El confinamiento obligó a las personas a pasar grandes períodos de tiempo en sus hogares, con lo cual aumentaron las cargas domésticas y de cuidados; sobre todo para las mujeres, quienes ya asumían más responsabilidades. Lo anterior llevó a una situación de “crisis sobre la crisis en los cuidados” (^{Rodríguez-Blanco, 2020}b) que hizo aún más complicada la conciliación.

Así lo cuenta María quien, con un bebé de menos de un año y sin poder compartir la carga de cuidados con nadie, se vio en una situación muy crítica para conciliar cuidados y trabajo en casa.

Yo sentí mucha carga. Tampoco teníamos en ese momento-como era pleno encierro - ni mi madre ni nada, la verdad es que a mí me sobrepasó la situación (…) yo lloraba unas cinco veces al día desesperadamente (…) él (el esposo) estuvo quince días en casa, pero porque tenía contrato suspendido. En cuanto le levantan, él vuelve a trabajar, en pleno encierro, y yo prácticamente sola (María).

La carga del trabajo doméstico y de cuidados se intensificó sin que se produjera en los hogares una distribución más equitativa entre hombres y mujeres; pues si bien los hombres aumentaron su dedicación al trabajo doméstico y de cuidados durante la pandemia, lo cierto es que no lo hicieron en la misma medida que las propias mujeres (^{Farré y González, 2020}; ^{Carlson et al., 2020}). Durante el confinamiento, el

CIEPS (2020) aplicó encuestas virtuales y ante la pregunta: en la pan- demia ¿quién se ha hecho cargo la mayor parte del cuidado de los niños, niñas, personas enfermas y adultas mayores? el 69,1 % de las mujeres indicaron hacerlo ellas mismas (CIEPS, 2020).

Para contrarrestar esto no se implementó ninguna medida específica por parte del Estado. En las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar y controlar la crisis no hubo ninguna medida relativa a la organización social de los cuidados, ni que incluyera o considerara a las trabajadoras domésticas (PNUD, 2020). El confinamiento, el cierre de servicios y la escuela virtual, específicamente, no valoraron sus impactos en términos de “cuidados”; especialmente el impacto en las mujeres y madres trabajadoras. Los escasos servicios de atención a los cuidados se suspendieron, sin que se reconociera durante ese tiempo más responsabilidad que la que asumieron los propios hogares y dentro de ellos, las mujeres.

Los impactos económicos de la pandemia también tuvieron su efecto en las mujeres trabajadoras: empleadoras y empleadas. Algunas personas empleadoras perdieron su trabajo o disminuyeron sus ingresos, por lo que redujeron el sueldo y la jornada de trabajo de las trabajadoras domésticas o las despidieron:

No podíamos asumir el salario mensual completo, lo conversamos con ella (La trabajadora en régimen de interna) obviamente no le gustó en su momento, pero era lo que había ¿Me explico? ósea o era eso o no la tenía (empleadora, Yadira).

Por tanto, más trabajo doméstico y de cuidados en los hogares sin corres- ponsabilidad de los hombres y del Estado, y sin poder transferir cuidados o hacerlo, a un menor pago por igual o más trabajo.

Sobre el segundo escenario: de la servidumbre a la esclavitud

Durante la pandemia, con la crisis socioeconómica que generó y ante un sistema estatal que nunca las consideró, las trabajadoras domésticas internas encontraron dos respuestas recurrentes de sus empleadores: las despedían, o bien, las mantenían, pero en régimen de mayor confinamiento (Araúz et al., 2022; ONU Mujeres, 2020; PNUD, 2020). Así lo resume una trabajadora extranjera: “Muchas paisanas han sufrido, porque aparte de que les tocaba quedarse en el trabajo, tenían que seguir trabajando, las trataban mal; a otras las echaron del trabajo sin derecho a nada”.

Muchas internas se quedaron sin trabajo durante la pandemia. Como apuntamos, sus empleadores decidieron prescindir de sus servicios; alegaron, en la mayor parte de los casos, el impacto de la pandemia en sus propias economías domésticas: “Me quedé sin trabajo (…) cuando empezó la pandemia mis jefes me dijeron que ya no me necesitaban porque se habían quedado sin trabajo y no podían pagarme” (Lola, nicaragüense). “Me dijeron que hasta que se arreglara todo esto, hasta que mejorara las cosas, no podía hacer nada” (Alenys, indígena guna). Estos despidos también refirieron las medidas de protección a la salud, “por miedo al contagio”, las cuales implicaban las salidas de las trabajadoras internas los fines de semana.

Los despidos ocurrieron, en la mayoría de los casos, sin previo aviso y sin pago de prestaciones laborales. Una lideresa sindical señalaba la impotencia experimentada por no poder defender, en tiempo de confinamiento, los derechos de las internas: “fue difícil para las trabajadoras domésticas, porque fueron cayendo una tras otra, despedidas, sin nosotras poder hacer muchas cosas con ese encierro que teníamos, de poder solucionar en el Ministerio de Trabajo, porque había que tener un documento para movilizarse”.

Todo esto dejó en situación de mayor precariedad a las trabajadoras, en particular a las migrantes (indígenas o extranjeras), quienes no solo perdieron su trabajo, sino también el lugar donde residían, “nos queda- mos en la calle”, afirma una extranjera. Algunas tomaron la decisión de regresar a sus lugares de origen. Así lo contó una lideresa sindical que conoce bien la situación de las trabajadoras domésticas indígenas en la ciudad:

Cuando vino la pandemia, empezaron a migrar las compañeras, estuvieron aquí, las que pudieron aguantar y que pensaron que esto se iba a pasar pronto, pero la realidad fue otra y ya al mes de junio, agosto, ya era insostenible que ellas pudiesen pagar un cuarto.

Lo mismo ocurrió con las extranjeras, según coinciden las dos lideresas sindicales entrevistadas, quienes manifestaron que las trabajadoras domésticas quedaron al margen de las medidas del Estado para paliar los efectos de la pandemia, desatendiendo los reclamos de los sindi- catos del sector.

Aquellas trabajadoras que no fueron despedidas durante la pandemia vivieron el escenario contrario: mantenerse en su lugar de trabajo en régimen de mayor internamiento. Más trabajo, por el confinamiento, el teletrabajo y la escuela remota, “la pandemia me ha multiplicado el trabajo”, sin que esto significara una retribución económica adicional u otra compensación.

Al venir la pandemia, tuvimos que trabajar sábado y domingo porque no podíamos salir, pero eso no nos lo pagaban. Eso fue exceso de trabajo, porque tú estás trabajando los días que tienes libres, porque no puedes salir, pero claro, sí tienes que trabajar porque estás en la casa (Lucy, nicaragüense).

Este régimen de internas en confinamiento implicó, además, mayor encierro y control sobre sus movimientos y sus tiempos. Algunas afirmaban que no les permitían salir de la casa ni siquiera a hacer compras o diligencias particulares, cuando las restricciones de movilidad sí se lo permitían. Las normas de movilidad se establecían en la casa, sin otra opción que acatarlas. Justificaban el encierro por razones de seguridad sanitaria: “a veces las encerraban y les decían: ‘Tu no me puedes salir, tu no me vas a traer esa enfermedad’”. Algunos testimonios hablan incluso de encierro y abandono: “Una de las peores experiencias fue quedarme encerrada. Ellos (empleadores) se quedaron en una casa de playa (...) y entonces yo me quedé solita en Panamá cuidando la casa sin comida” (Aleida, indígena ngäbe).

Este “sobre encierro” y control al que se vieron sometidas las trabaja- doras no permitía que se pudieran cuidar de riesgos sanitarios por el covid-19 dentro de la casa en la que trabajaban, como le pasó a Amanda quien decidió irse a su casa cuando el empleador enfermó de covid-19 y no guardaba confinamiento en su cuarto. La respuesta de su empleadora o empleador a esta decisión fue despedirla. Cuando intentó regresar, una vez pasada la cuarentena del señor, le dijeron que ya no trabajaba ahí y la acusaron de abandono del trabajo. Amanda llevaba nueve años trabajando en ese lugar y no recibió ningún tipo de liquidación en su despido. Llevó el caso al Ministerio de Trabajo y está a la espera de una resolución.

Amanda es panameña y contaba con una casa en Panamá. No es el caso de la mayoría de las trabajadoras domésticas migrantes en régimen de internas, quienes tienen pocas opciones para no aceptar condiciones abusivas de trabajo. “No tengo otra opción, no tengo familia y lo poquito que tengo, lo tengo que mandar para la comarca para las y los hijos que

se quedaron allá”. Las lideresas sindicales reconocen que las condiciones

de vulnerabilidad de las migrantes trabajando como internas se incre- mentaron durante la pandemia: “La situación de ellas ha sido más vulnerable, porque si se tienen que ir, para dónde se van a ir, ellas no tienen quién la cobije”.