1. Un preámbulo entre conceptualizaciones necesarias

Como punto de partida, es importante mencionar, que la historia no es memoria en el sentido estricto, aunque, existan aspectos específicos que las entrelazan de forma inevitable. Ello en virtud de que la historia en palabras del historiador británico Eric ^{Hobsbawm (1998}), entre otros intelectuales que hurgaron el tema, debe ser confrontada con las fuentes en los archivos, en las bibliotecas u otros centros de documentación ya sean públicos o privados y bajo los procedimientos establecidos por las comunidades de competencia de la academia universitaria.

En este marco, el método crítico juega un papel central dentro del oficio del historiador de acuerdo con las opiniones de Gérard ^{Noiriel (1997}) y de Marc ^{Bloch (1996}). También, se debe añadir, que la historia intenta ser un saber veritativo, exponer la verdad, esa es y será su pretensión por excelencia, aunque, sea inalcanzable y posea una relatividad intrínseca de acuerdo con las apreciaciones de Antoine ^{Prost (2001}). Las y los historiadores están impelidos a buscar con vehemencia la verdad en derredor de los fenómenos humanos, ya sean entre asuntos políticos, económicos o sociales, pese a ello, no siempre resulta de esta forma y en ocasiones, se apartan de la verdad, tal como lo estimaba el historiador Víctor Hugo ^{Acuña (2007}).

Con fundamento en un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Hobsbawm utilizó una anécdota a propósito de un congreso de sus colegas en la provincia de Arrezo en Italia. En este aclaraba algunas de las diferencias que deben existir entre la historia y la memoria. En el congreso, se trajo a colación, el caso de un historiador, quien era parte de la organización del evento y al mismo tiempo guardaba el recuerdo de su padre arrestado primero y luego masacrado por las tropas nazis en Civitella della Chiana en el 1944. Inevitablemente, el académico era una especie de juez y de parte del pasado tortuoso de esa comunidad italiana, pero, paralelamente, su profesión, lo constreñía a historiar el fenómeno local desde los procedimientos establecidos por la disciplina con un sentido profesional. Es lógico pensar, que la memoria personal del referido historiador, lo pudo empujar u orientar hacia otro derrotero, por lo que no era sencillo desprenderse del recuerdo de la guerra, dado que una porción de su memoria personal y colectiva, lo involucraba y lo remitía directamente a uno de sus progenitores. Esta incómoda situación, claro está, lo posicionó en una disyuntiva que lo obligaba a elegir:

como historiador, se enfrentó a la narración conmemorativa, que el pueblo se había formado exactamente de la misma manera que los historiadores para los que no tenía ningún significado personal, a saber: aplicando las reglas y los criterios de nuestra disciplina (...) la narración del pueblo tenía que contrastarse con las fuentes y según dichos criterios, no era historia, aunque, la formación de la memoria de aquel pueblo, su institucionalización y sus cambios a lo largo de los últimos cincuenta años formaban parte de la historia (^{Hobsbawm,1998}, 268 y 269).

Las circunstancias y el contexto de la anécdota anterior, interpelan a las y los historiadores con una de sus más imperiosas responsabilidades, la cual, se fundamenta en recurrir de forma sistemática a las pruebas posibles y que sean fiables, al igual que lo hace un Tribunal de Justicia siendo riguroso y minucioso con las evidencias para llegar a la verdad de los hechos, tal como lo creía Eric ^{Hobsbawm (1998}). Él aseguraba que las pruebas tienen una facultad contundente: “demuestran que la diferencia entre la realidad y la falsedad históricas, no es ideológica” (272), dado que se asientan en un depósito documental físico, aunque, puede ser heterogéneo, es localizable en un sitio concreto, no está en la imaginación de una persona o de una colectividad.

En un archivo tradicional, en una biblioteca e incluso, en un museo, se pueden encontrar las evidencias, eso sí, en espera de que alguien las ponga al descubierto en demostración o en contrastación pública, pero, “ese alguien” tiene que saber cómo plantear y qué hacer con la interpretación de los hechos de acuerdo con los procedimientos de la academia universitaria como ya se dijo y que ^{Collingwood (1986}, 230-232), no dejaba de proponer. No puede ni debe ser un juego de principiantes o un acto de propaganda política al servicio de una elite o de un sector político, aunque, en ocasiones esto suceda por desdicha. La tarea del historiador demanda de una responsabilidad, que entraña inevitablemente aspectos tanto éticos como morales de los que no puede desligarse ni hacer caso omiso. En este sentido, la función del historiador, es determinante al interior de un grupo humano, no es un pasatiempo para divertirse o para adquirir un estatus como algunos lo han practicado o lo practican en el presente (^{Menjívar Ochoa, 2005}, 9-26).

El historiador italiano Carlo Ginzburg (1995), planteaba una modalidad que contribuye a acercarse de forma válida a la esencia de una investigación histórica, por encima de las dificultades y los límites implícitos en ello. Él refería a los procedimientos que se asemejan a los empleados por los detectives, por los cazadores furtivos o por la misma medicina clínica y con el apoyo de una analogía, también utilizada por el creativo investigador Sherlock Holmes en la narrativa de Arthur Conan Doyle. El método indiciario desarrollado por Morelli, era un punto de partida y este historiador estimaba lo que a continuación se transcribe: “los indicios mínimos han sido considerados una y otra vez como elementos reveladores de fenómenos más generales: la visión del mundo de una clase social o bien de un escritor o de una sociedad entera” (Ginzburg, 1995, 110).

Cabe aclarar, que pueden aparecer o persistir algunos elementos indeseables, que subyacen en el plano investigativo y estos residen en el hecho de operar a partir de los criterios subjetivos e imprecisos de la memoria, un asunto peligroso por sus implicaciones directas e indirectas. Parafraseando a Henry ^{Rousso (2002}), se considera que el “exceso de pasado” puede llevar a desnaturalizar o polarizar y desde luego, a falsear un fenómeno histórico de un grupo humano concreto o de varios. Este tipo de “exceso” quedaría matizado por una sensibilidad distorsionada e incluso con una base ficcional o imaginaria como en el argumento de una novela o en las estrofas de una poesía, lo que representa un punto de partida peligroso a todas luces. La narración histórica se fundamenta en la reconstrucción de los hechos concretos, entre los testigos y las pruebas fiables o contrastables que pasan por el filtro de la demostración.

No obstante, entre la historia y la memoria existen vasos comunicantes, lazos que las juntan, tal como lo había observado Paolo ^{Jedlowski (2000}), quien sostuvo un asunto aleccionador, a saber: “la memoria tiene siempre también una carga crítica y desestabilizante” (131). Al mismo tiempo, la historia y la memoria se repelen de forma contundente, lo mismo que sucede con el aceite que se vierte dentro de un recipiente con agua, es decir, se genera un rechazo inevitable, una separación, un conflicto entre ambos conceptos, sin embargo, esto es parte de su naturaleza que también guarda posibilidades de acercamiento y de reciprocidad.

Es conveniente aceptar, que la memoria se circunscribe dentro de las representaciones sociales del pasado de una sociedad específica, por ejemplo, entre asuntos de orden familiar, las experiencias políticas, las culturales, los fenómenos locales o regionales de un mismo país o de varios a la vez. Por eso se cree, que la historia también es memoria en cierto sentido, según lo acredita el historiador Mauricio Menjívar (2005,19-24). No obstante, la memoria se articula discursivamente a partir de los símbolos y de los signos de la experiencia vivida por los individuos en una sociedad. Amén de lo dicho, el cantautor argentino León Gieco en la canción La memoria parafrasea algo digno de destacar: “Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia…Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia”.

En un escenario político donde las relaciones humanas han sido conflictivas como en Argentina, Chile, Guatemala, entre otros países de la región, los procesos de democratización intentaron conducir a un olvido pactado con una dosis de justicia, después de esclarecer lo sucedido, ya que no sería conveniente que las personas vivan ancladas permanentemente a los recuerdos del pasado. Este escabroso y lento camino, es consustancial con la memoria y remite a las representaciones sobre un pasado de acuerdo con las apreciaciones de Paul ^{Ricoeur (2002},73-76). El historiador Víctor Hugo Acuña juzga que la memoria es parte de la complejidad humana, de las relaciones políticas, que no se puede alienar ni suprimir de la vida en sociedad, por consiguiente, es una realidad que cohabita dentro del ser humano ligándolo inexorablemente a sus semejantes. Al respecto, Acuña (2007), afirmó lo siguiente:

La función de la memoria en la vida social es la construcción y reconstrucción continuas del pasado, elaboraciones que son siempre selectivas (...) sirven para fines de identidad y cohesión social y para fines de legitimación del ejercicio del poder (...) somos los individuos quienes poseemos la capacidad de recordar, pero la sociedad tiene instituciones que cumplen funciones en el terreno de la construcción y la administración de la memoria social: museos, bibliotecas, universidades, conmemoraciones, lugares de peregrinación, literatura, historia y tradiciones orales (67)

Otro elemento más, que se debe sumar a la discusión, está relacionado con los llamados hechos históricos y lo que se entiende por estos o cómo son definidos, no obstante, son parte de una construcción subjetiva, antojadiza y dependen de quién los emplee en el presente o de cómo los configure o interprete. Sin duda alguna, una disyuntiva sobre la que se debe reflexionar. Asimismo, los relatos que transmiten el contenido de la memoria, toman por ello la forma de una serie de acontecimientos y cada uno de estos, supuestamente, corresponde a un episodio que habría sido asumido desde una forma singular. Los relatos se inscriben en lugares comunes definiendo un espacio memorial; estos podrían cristalizar alrededor de los objetos militares a modo de ejemplo. Con fundamento en esto, los grupos de poder político y económico conocen el valor que tienen al emplearlos sistemáticamente como ha sucedido en América Latina y el Caribe durante varias décadas. Aún cuando no compartan juicios de valor explícitos, son tributarios de una perspectiva que da prioridad a los acontecimientos y a sus efectos, ya sean reales o virtuales para una persona o una colectividad en nombre de la cual se expresa o se identifica.

Por consiguiente, puede admitirse, que un hecho sería calificado tácitamente como “bueno” o “malo”, “positivo” o “nefasto”, etcétera, es decir, depende del prisma con que se mire, lo que garantiza una fuerte carga de subjetividad. Es un espacio de poder en disputa permanente, tal como lo sugirió el historiador Jacques ^{Le Goff (1991}). Con comentarios como este, se adiciona un elemento más al análisis en torno a los usos del pasado que siempre es y será polémico o conflictivo en cualquier colectividad humana. Por tanto, reasumir aspectos del pasado, puede ser peligroso, contradictorio o en el mejor sentido, ayudaría a entenderlo, dejando despejadas las dudas que le son inherentes.

La interpretación de un hecho histórico o de varios de estos, propicia disputas o conflictos de intereses, que en ocasiones han llevado a los enfrentamientos armados en casos extremos. La historia de la humanidad es copiosa en ello y los ejemplos abundan si se estudian desde la denominada Antigüedad clásica hasta el presente inmediato. El acto de interpretar el pasado o de reconstruir un hecho específico, crea una polémica insalvable, al mismo tiempo, aparecen las preguntas, cómo y para qué se interpreta el pasado o se reconstruye un hecho, un debate continuo entre los estudiosos, según ^{Menjívar Ochoa (2005}). Las valoraciones y los criterios que se pueden plantear o se plantean sobre el pasado, no han sido neutrales ni son apolíticos. Desde el mundo de los griegos, cientos de años antes de la aparición del cristianismo occidental, se discutía en torno a la esencia del hombre mismo como un animal político por naturaleza, es decir, no era ajeno al contexto ni al conjunto humano que lo rodeaba.

Por otra parte, Gérard ^{Noiriel (1997}) arguye que: “es posible definir la historia como el conjunto de actividades de saber de memoria y de poder” (179). Es palpable y tajante que la disciplina hace uso de las palabras y de los conceptos en derredor de un pasado del cual problematiza con fundamento en las preguntas de investigación, un punto de arranque inevitable, tal como lo entendía el historiador Lucien Febvre. Por consiguiente, se pretende traer a la memoria, un pasado “posiblemente olvidado” en los términos aplicados por Henry ^{Rousso (2002}, 88).

La memoria ha funcionado y se utiliza en la configuración y en la legitimación de las llamadas comunidades “imaginadas” que había propuesto Benedict ^{Anderson (1993}).Tales conjuntos fueron delineados dentro de un discurso fragmentario que echaba mano de un estilo convencional de proponer un vínculo en torno a la memoria colectiva, pero, con fines políticos, ya que no se enajenaban sistemáticamente de un contexto y de lapso temporal reconstruido. Es válido considerar que se recuerda al unísono de qué y cómo se olvida con un carácter selectivo o discriminatorio. Es inevitable en los procesos neuronales de la mente humana, es decir, estamos creados para recordar, pero, también para olvidar como lo hace la misma evolución en el juego permanente de la vida que la Neurociencia explica actualmente. Pese a lo dicho, existe una excepción contundente en torno a un personaje ficcional de un relato de Jorge Luis Borges titulado Funes el memorioso, quien no podía olvidar, todo lo recordaba, cada instante de su vida estaba presente en el ahora.

Entre tanto, un fenómeno acaecido en un momento y en un sitio específico cobija elementos diversos, que se pueden contradecir dependiendo del punto de vista con que se interprete; no será neutral ni apolítico como ya se mencionó. Al mismo tiempo, debe prevenirse en una sociedad, que el “exceso de pasado”, tal como lo consideraba ^{Rousso (2002}): “puede generar tanta polémica como la negación del pasado mismo” (90). Este asunto no puede desestimarse ni verse con superficialidad, ya que las visiones político-ideológicas y los proyectos económicos que albergan las sociedades, han sido y siguen siendo conflictivos, contradictorios y antagónicos entre los distintos sectores.

Los diferentes sectores de la sociedad como la denominada y laxa “clase media”, la “burguesía”, los obreros urbanos, el campesinado u otros, representan formas de organización compleja con sus respectivos intereses. Estos sectores no son familias homogéneas ni armónicas que miran hacia el futuro sin cuestionamientos de ninguna especie en torno a su pasado. Un estudio de George ^{García (2014}), lo pone en evidencia. Además, será ideológico asegurar que los costarricenses conforman una gran familia, un argumento que pone al descubierto o en entredicho, un valor subjetivo de cierto grupo de poder con fines políticos y es excluyente en sí mismo, por ende, peligroso para la convivencia humana.

Se está de acuerdo con el criterio de Eric ^{Hobsbawm (1998}), quien admitía que el deconstruir un mito político o de otra naturaleza “disfrazados de historia”, es y será una obligación del historiador comprometido, una tarea a la que no puede renunciar por ningún motivo. La responsabilidad es insoslayable y está más allá de sus propias simpatías, tanto las familiares como las locales o la regional, de lo contrario se desdibujarían las angostas líneas que se cruzan hacia un tipo de racismo, de xenofobia o de otras prácticas extremas que propician las condiciones para el control de los Estados, que se convierten en maquinarias para las confrontaciones y que decantan en violentas guerras civiles como ha sucedido en la Europa de los Balcanes, en el Medio Oriente y en otras regiones del mundo donde la inestabilidad política es cotidiana.

En las últimas décadas del siglo XX, varios Estados bajo el control de ciertos grupos de poder político y económico, manipularon dichos asuntos como tales, es decir, sus mecanismos y posibilidades para volcarlos en contra de los ciudadanos en diversas latitudes del mundo, entre estos, los ejemplos son copiosos. Aunque, debe quedar claro, que se inscriben en un pasado remoto y mediado por los siglos que configuran la historia y la memoria de los pueblos con una tradición propia matizados por la religión y por las raíces de la lengua materna. Los casos reconocidos de los kurdos o de los palestinos en el añejo conflicto árabe-israelí, ayudarían a entender lo mencionado.

Las heterogéneas poblaciones indígenas de México, Guatemala, Bolivia, Perú o Ecuador, de una lista más amplia, ponen al descubierto el peso del pasado político sobre el presente inmediato. Estas colectividades albergan realidades que estuvieron dominadas por conquistadores, frailes, militares, comerciantes, traficantes y diplomáticos en favor de los reinos europeos. En el siglo XIX, ese legado guardaba un lastre histórico de marginación y de exclusión social entre millones de personas que por razones étnicas quedaron al margen en medio de la pobreza extrema al arribar al siglo XX. Las comunidades originarias aparecen entre las más pobres y excluidas de las sociedades a las que pertenecen en los países referidos y más allá de estos (Sararí, 2007); (Oszlak & Gantman, 2007).

2. Después de la Segunda Guerra Mundial: algo sobre la Guerra Fría

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), dejó en evidencia el peligro o los riesgos de recordar en términos políticos la Gran Guerra, mejor conocida como la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El punto de vista de los ganadores y como era obvio por encima de los perdedores en el caso alemán, se convirtió en un combustible que condujo a la humanidad a una confrontación destructiva con el avance de los nazis a finales de la década de 1930 (^{Hobsbawm, 1996}). Las fuerzas aliadas al mando de Inglaterra, Francia divida y ocupada y la Rusia revolucionaria, después de 1941 contaron con el apoyo determinante de los Estados Unidos, sin perder de vista que hubo más Estados involucrados entre los aliados que representaron un frente bélico durante los años del conflicto en Europa, en el norte de África y en zonas del extenso continente asiático.

Al terminar la guerra en 1945 y más allá de los acuerdos de la conferencia en la isla de Yalta de 1944 entre los tres líderes, Iosiv Stalin, Wiston Churchill y Franklin Roosevelt, las diferencias y las disputas no se hicieron esperar. Las dos potencias mostraron otros intereses e incluso, un antagonismo que las puso de espaladas en lo venidero y ambas elaboraron estrategias para dominar las llamadas regiones de influencia en cualquier parte del planeta en un conflicto definido como Este-Oeste. Los rusos intentaron dominar a varios Estados en la región de los Balcanes, también referida por Churchill como la Cortina de Hierro con una resistencia excepcional de la Yugoslavia del mariscal Tito, tal como lo expone el historiador Javier ^{Agüero (2016}, 73), aunque, el control absoluto nunca existió como se quiso mostrar o hacer creer a la opinión pública internacional.

En el continente americano una experiencia concreta se propició en Guatemala, la cual, encendió una alarma roja con la llamada revolución de octubre que dio inicio en 1944 con Juan José Arévalo, aunque, fue apagada por los militares en junio de 1954 con el golpe de Estado en contra del presidente constitucional Jacobo Arbenz. Los vientos de cambio pusieron en entredicho un arcaico status quo entre la transformación política, el cambio económico y el bienestar social. El significativo porcentaje de la población indígena con una tradición que se remonta al periodo prehispánico, es innegable en Guatemala, no obstante, sectores de los llamados ladinos, mantuvieron un control con un origen enclavado en los siglos XVI y XVII, que sostuvo la explotación de la mano de obra, la marginación y el olvido. El texto de Severo Martínez Peláez La patria del criollo publicado en 1970 retrataba un fenómeno histórico de opresión y de miseria que inevitablemente se remonta a los siglos de la Colonia del otrora Reino de Guatemala.

A tenor de lo mencionado, el ciclo progresista de la revolución prolongada entre 1944 y 1954, materializó los componentes de una reforma agraria, las expropiaciones a la compañía United Fruit Company, un Código de Trabajo, la aparición de un Partido Comunista que abría el conservador espectro político, algunos derechos de los pueblos originarios u otros asuntos de importancia capital. Ante este panorama, el Pentágono y la CIA tomaron cartas en el asunto por sus potenciales implicaciones en la región, en el viejo patio trasero. Sobra mencionar, que el golpe contra Jacobo Arbenz inauguró un proceso autoritario, antidemocrático y cargado de sufrimiento para los guatemaltecos y puso en evidencia, los alcances de los regímenes represivos, tal como lo muestran los historiadores Carlos ^{Figueroa Ibarra (2001}) y Roberto ^{García Ferreira (2011}).

Con el paso de los años, los militares de alto rango en el poder, evadieron la justicia ante las atrocidades y no ofrecieron políticas relacionadas con la memoria que incluyera el perdón y el olvido para reparar los daños causados a la ciudadanía. Además, el maquinado golpe puso sobre el tapete, el comienzo de las tácticas en contra del comunismo internacional que fue contrarrestado de cualquier forma y por cualquier medio posible en el istmo o en otras latitudes (^Rojas, 1993). En agosto ese mismo año, Alfredo Stroessner en Paraguay, se apropió de los mecanismo del aparato estatal acuerpado por los militares, lo que: “le dio el poder bruto que necesitan los dictadores” y estuvo secundado por un sector del Partido Colorado que lo mantuvo en el poder por casi tres décadas (^{Bethell, 2002}, 203).

Se puede deducir, sin temor a equivocarse, que la intervención militar guatemalteca de 1954, era una lección concreta o una señal sin reparos para los revolucionarios marxistas leninistas del Tercer Mundo de la década de 1950. El apoyo estadounidense al general Castillo Armas y a la cúpula de matriz contrarrevolucionaria, debe interpretarse como una parte en los alcances de la doctrina de Seguridad Nacional, que involucró a la región centroamericana. En este contexto político, el Che Guevara había estado en la geografía guatemalteca, un indicar del riesgo revolucionario que iba a propagándose y se prolongaría con los años hasta que fue aniquilado en Bolivia en 1968. Además, las empresas transnacionales de capital estadounidense como en el caso de la UFCo, salieron afectadas con las disposiciones progresistas de la revolución guatemalteca. La expropiación de alrededor de 392.950 acres en marzo de 1953, no se hizo esperar, pese a que hubo una retribución en bonos equivalentes a 1,182,115 quetzales, respetando las pautas y los criterios de la Ley de Reforma Agraria, aunque, los accionistas estimaron en alrededor de quince millones de dólares la expropiación efectuada.

Entre una buena parte de los senadores y de los congresistas en Washington, adicionando al sector de los empresarios e inversionistas, las estrategias de lucha contrarrevolucionaria estaban justificadas con el respaldo a los ejércitos nacionales, asesorados, entrenados y pertrechados por el U.S Army. La doctrina de Seguridad Nacional era el resultado de este proceso histórico que albergaba varias aristas. Se sospechaba con certeza que algunos diplomáticos, miembros de los Peace Corps, asesores, entre otros, podían jugar un rol a través de la información adquirida, el espionaje o el seguimiento, que luego se convertía en datos clasificados para los expedientes de la CIA. En el pasado como en el presente, la desclasificación de documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos, así lo expone, tal como lo explican Silvina Romano (2006), Roberto García (2011), de un conjunto numeroso de historiadores y de organizaciones.

No obstante, el impacto y los significados de la revolución cubana que triunfó en enero de 1959, sentó un precedente claro y un límite a la vez dentro de los intereses políticos y económicos originados en Washington desde el comienzo de la década de 1960. El embargo estadounidense, no se hizo esperar y era una respuesta directa en contra de los riesgos de un nuevo adversario ante un renovado [des] orden internacional. Es oportuno agregar, que en 1961, un grupo de disidentes cubanos con formación militar en el territorio de los Estados Unidos con la venia de la CIA y del Pentágono, se echaron a la mar para invadir a su país natal a través de Playa Girón _otros prefieren referir a Bahía Cochinos_ una torpe incursión militar, que representó un verdadero fiasco celebrado y conmemorado por las tropas leales a Fidel Castro. Paralelamente, los rusos empezaron a mantener vínculos con los cubanos, ya que les compraban una parte de la producción azucarera, los habanos u otros productos agrícolas, mientras, que le proveían de petróleo, equipos agrícolas, asesoramiento militar y de otro tipo al satélite predilecto en la estratégica región del Caribe, que no podía quedar a la deriva durante esa fase de la Guerra Fría (^{Briscoe, 2000}); (^{Hobsbawm, 1996}).

Un hecho que llamó la atención internacional en octubre de 1962, fue el emplazamiento de ojivas nucleares de la armada soviética en la geografía cubana, estas apuntaban a ciudades como la misma capital estadounidense, lo que generó una crisis que puso en evidencia las profundas discrepancias y los miedos entre Washington y Moscú. Se ha especulado que la denominada crisis de los misiles, colocó a la humanidad al borde de una tercera guerra mundial, sin perder de vista, que poco más de una década y media atrás, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, quedaron de manifiesto y sin apelaciones los riesgos de las bombas atómicas y los usos que se les daba por parte de las potencias industrializadas como los Estados Unidos. La destrucción y el aniquilamiento masivo de civiles inocentes en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, así lo mostró, creando un pánico internacional que llevó a organizar con tesón a los movimientos pacifistas en contra de las armas nucleares.

Otro aspecto que no puede quedar sin mencionarse, es la visita que hizo el presidente John F. Kennedy a la ciudad de San José en marzo de 1963. La gira sirvió para reunirse con los presidentes constitucionales, pero, también con un dictador conocido por sus lazos con los Estadas Unidos como era el caso de Somoza. Las delegaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y de República Dominicana estuvieron en el Teatro Nacional para firmar los acuerdos y para aceptar las disposiciones venideras. La Embajada de los Estados Unidos en San José afirmaba que una de las razones de la visita, era catapultar los programas de Alianza para el Progreso, un aspecto cierto, sin embargo, debe pensarse en otros aspectos de la geopolítica en medio de la Guerra Fría. La atención se centraba en el corto o en el mediano plazo, en una de las maniobras más directas para contener del peligro comunista al histórico backyard centroamericano, asediado por los objetivos de la revolución cubana y por los propósitos de los rusos. El presidente Kennedy expresó en San José, lo siguiente: “Rusia pretende extender su imperio a las costas de este continente” (citado por ^{Díaz, 2015},3).

En concreto, se puede especular, que la geopolítica con su carga de estrategia desde el sutil espionaje, los diplomáticos diligentes, la propaganda por medio de la prensa escrita, radial y de la incipiente televisión u otras vías o acciones políticas, se presentó de diferentes maneras en latitudes como las indicadas. Ahora bien, los ejemplos pueden ser numerosos, si se identifican o reconocen en continentes como el africano, el asiático o el mismo americano. Por tanto, la Guerra Fría no fue en última instancia tan fría como se podría pensar, si se valoran los conflictos y las rivalidades de las potencias que pelearon juntas durante la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento lograron conciliar el esfuerzo militar en contra del nazismo alemán y del fascismo italiano.

Es conveniente proponer como una valoración general, que el llamado mundo bipolar emergente a finales de la década de 1940, que se fortalecería a principios de la siguiente, desarrolló facetas heterogéneas, que mostraban los frentes de lucha o de disputa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los hechos concretos, así lo demuestran en lo diplomático, en lo militar, en lo científico-tecnológico o en otros campos, que no dejaron por fuera ni siquiera al mismo deporte (^{Hobsbawm, 1996}). Las rivalidades suscitadas durante los distintos juegos olímpicos y en actividades afines que se celebraron en las décadas posteriores, mantuvieron connotaciones polémicas, escandalosas y en ocasiones, dramáticas que fueron reconocidas por doquier. Una muestra específica, se centraría en el hecho de que la delegación de los Estados Unidos, no fue autorizada para participar en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, mientras, que los rusos, esperaron la ocasión para ofrecer una respuesta semejante en las justas de Los Ángeles en 1984, en una década en que Ronald Reagan iniciaba otra ofensiva bélica en el plano internacional, que mantuvo en la mira a los focos guerrilleros e insurgentes de Centro y Suramérica.

3. Una realidad política tangible: ¿entre el perdón y el olvido?

A lo largo de la historia política de América Latina y el Caribe existe una herencia nefasta que dejaron las dictaduras desde el siglo XIX, entre estas, la de Estrada Cabrera en Guatemala, quien gobernó con mano de hierro hasta 1920. El autoritarismo de un dictador encarnado en El señor presidente que expuso la novela de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura de la década de 1960, un ejemplo de la literatura política que no escapó a un fenómeno histórico de larga data. Los excesos de la represión sobre las personas comunes y el precario sistema político que conspiraba contra la libertad y la dignidad humana. Por tanto, se puede deducir que el dictador, ¿se servía del Estado para reprimir?

El último tercio del siglo XX de acuerdo con los criterios de Carlos ^{Martín Beristain (2005}), estuvo marcado por los cambios políticos. Esto lo propone con base en un análisis de cinco estudios de caso de las experiencias de las sociedades de Guatemala, El Salvador, Perú, Chile y Argentina, donde se operaron cambios transcendentales que tardaron tiempo en darse. La represión sistemática bajo el control de los militares acompañado de los fraudes electorales, el exilio provocado y la violación de los derechos humanos marcó a esas sociedades profundamente, no obstante, protagonizaron el retorno al sistema democrático que brindaría sus réditos.

Se estima que las transiciones políticas, arrojaron resultados disímiles en la región y dependiendo de las circunstancias internas de cada país, dejaron experiencias con saldos controversiales, además, del eco en el mundo entero. En cuanto a las dos realidades centroamericanas, los procesos de reconciliación nacional fueron difíciles en la experiencia de Guatemala, donde el camino estuvo acompañado por el racismo de las élites en contra de la población indígena, tal como lo explica Julita ^{Rostica (2014}). Los más progresistas, pese a lo controversial de los procesos de transición, fueron Chile y Argentina con fundamento en la asimilación de la reconciliación nacional que estuvo fraguada por una política de perdón y de olvido, no así de impunidad que ^{Martín Beristain (2005}, 54) critica en la medida de que grupos de poder manipularon a los jueces, las pruebas, la prensa y crearon leyes de amnistía que beneficiaron temporalmente a militares de alto rango durante la primera presidencia de Carlos Menen (1989-1995) en Argentina.

Sin embargo, el historiador Fernando ^{Camacho (2014}) en un exhaustivo estudio que evalúa la experiencia de Argentina y de Chile en torno al papel que jugaron las Comisiones de la Verdad que nacieron después de caer los respectivos regímenes dictatoriales, hizo un aporte significativo. En el primer caso, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en diciembre de 1983 y en el segundo, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) el 25 de abril de 1990 durante el gobierno de Patricio Aylwin, fueron paradigmáticos. Debe anotarse, que el organismo argentino de 1983, sirvió de modelo al proceso chileno u otros casos.

En la Argentina con el arribo a la Casa Rosada de Raúl Alfonsín (1983-1989), las llamadas leyes del perdón de cara a los delitos y a las violaciones en contra miles de ciudadanos, a saber, Punto final, se promulgó en 1986 y Obediencia debida en 1987, exculparon a varios militares involucrados en los actos de terror y esto conmocionó a un amplio sector de la sociedad con un descrédito para el sistema judicial. Los indultos de Menen ahondaron las heridas de la otrora guerra sucia de la década de 1970, acicalada por tenebrosas operaciones bajo el Plan Cóndor que enlazó de diferentes formas a los regímenes autoritarios de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay (^{Figueroa Ibarra, 2001}).

En la base de lo mencionado y de lo acontecido, campeó la corrupción dentro de las cúpulas de poder frente a los tribunales que forzaron a un olvido (^{Ricoeur, 2002}) y (^{Rousso, 2002}), que no querían pasar por alto y no lo hicieron cientos de las madres de la Plaza de Mayo (^{Rodríguez, 200}4). La impunidad había reinado en la mayoría de los casos, sin embargo, en la actualidad los tribunales nacionales e internacionales han hecho actos de justicia destacables como en el gobierno de Néstor Kirchner a partir del 2003. En el caso chileno, se otorgó una indemnización a los familiares de los desaparecidos, el resarcimiento lo materializó el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), que es digno de rescatar por sus implicaciones históricas. La presidenta Michelle Bachellet desde su primera administración en el 2006, se había sumado a la lucha con una posición de perdón y de olvido. Es importante destacar que ella fue víctima directa de la dictadura de Pinochet, que se encargó de asesinar a su padre y junto con su madre, se marchó al exilio como pasó con cientos de chilenos que militaban en los partidos de izquierda y que apoyaron la administración constitucional de Salvador Allende (1970-1973). El 11 de setiembre de 1973, el gobierno progresista que había nacionalizado el cobre u otras empresas, fue trucado por los militares. En este contexto, no sobra referir que las decisiones y la actuación política desde el Palacio de La Moneda en Santiago, tuvo, tiene y tendrá que evitar el “exceso de pasado” para no atizar un rencor histórico de una sociedad dividida desde el primer quinquenio de la década de 1970.

En el caso de Centroamérica, incide de forma directa cómo los grupos de poder se han apropiado de distintos medios e instrumentos, tales como la prensa escrita, la radio o la televisión en beneficio de sus intereses políticos y por supuesto, usufructuando de la estructura formal del Estado, entre, el ejército, los tribunales y la banca. Entre tanto, en Guatemala, algunos periodistas y militares, se dieron a la tarea de “re-escribir” la historia reciente de su país, es decir, se estarían apropiado de una parcela del pasado que divaga entre la historia y la memoria, otorgándole valores antojadizos, subjetivos e ideológicamente manoseados para sus propios fines, tal como se había dicho antes. Entonces, no fue sorpresivo que rechazaran la labor y la gestión determinante del Proyecto interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), que puso al descubierto varios hechos históricos de trascendencia capital con implicaciones directas entre los culpables de los crímenes y de las desapariciones políticas.

Algunas figuras como el general Efraín Ríos Montt, quien entre 1982 y 1983 dio un golpe de Estado, habían quedado impunes de los actos perpetrados durante la década de 1980. Los crímenes en contra de los indígenas mayas-Ixiles, se estimaron en 1771 personas. Asimismo, con el golpe de Estado al general Romeo Lucas García en marzo de 1982, se incrementó la violencia étnica en contra de las poblaciones originarias y la misión de la tierra arrasada. En palabras del sociólogo Edelberto ^{Torres Rivas (1993}): [sería] "el mayor genocidio indígena practicado en América Latina después de la conquista”. La sociedad quedó inmersa en una ola de terror de impunidad y de desapariciones hasta que los Acuerdo de Paz en diciembre de 1996 que sosegaron el clima político con un saldo aproximado de más de doscientas mil muertes. En ocasiones, se ha dicho que el Estado guatemalteco, es un Estado fallido frente a lo referido (^{Figueroa Ibarra, 2001}).

Los tribunales guatemaltecos quedaron maniatados por los mismos imputados de sendos crímenes con carácter de lesa humanidad que contabilizaron a miles de inocentes civiles entre hombres, mujeres y niños. La reconciliación nacional no puede darse si carece de los procedimientos básicos requeridos para transformar la sociedad re-sentida en otra que sane sus cicatrices con la participación de las comunidades indígenas de forma sostenida (^{Sala, 2014}, 121-124). Las condiciones actuales muestran un incierto camino político-judicial en la reparación de los daños perpetrados durante la segunda mitad del siglo XX, ya que habría que incluir, en algunas situaciones, el viejo golpe de Estado que se operó en 1954 contra Arbenz por sus consecuencias históricas.

Sin embargo, en un informe de MINUGUA (2004), se manifestó que se estaba enderezado el rumbo en la dirección correcta (^{ONU, 2004}).En setiembre de 2007, los guatemaltecos recurrieron a las urnas en un proceso democratizador que intentaba poner un límites a los abusos, no obstante, estuvo amenazado por los fantasmas de su pasado, es decir, por el fraude electoral, los asesinatos políticos, por la injerencia en los partidos, la difamación, el engaño a los electores analfabetas u otra razones. No obstante, la líder indígena Rigoberto Menchú, también, Premio Nobel de la Paz de 1992, se postuló como candidata presidencial, una situación impensable en décadas atrás por su condición étnica y de género que atisba un cambio en el limitado sistema político del país. Algunas resoluciones y disposiciones de organismos internacionales fueron burladas por los verdugos centroamericanos como lo hizo el militante evangélico, Efraín Ríos Montt que ya se citó. Sin embargo, él predicó un tipo de perdón y de olivo que responde a sus intereses políticos, bajo la densa niebla de las atrocidades que se le atribuyen en torno a los indígenas Ixiles.

Los organismos supranacionales como la ONU, la OEA, Amnistía Internacional y más recientemente, la Corte Penal Internacional, entre otros, cuentan con límites propios para enfrentar los delitos de esos regímenes que fueron autoritarios. En Chile y en Argentina desde la década de 1990 hasta el presente, asisten al florecimiento de los procesos penales sin precedentes que han puesto al descubierto los horrores de los militares de antaño. Algunos políticos han pedido perdón de forma pública, acompañado esto de políticas de restitución de los daños que dejan dudas en un sector de la sociedad civil, protagonista de la lenta transición. En la administración de Néstor Kirchner, así se observó desde el arranque de la misma, un asunto visto con cierta esperanza en medio del pesimismo colectivo.

La efectividad de la extraterritorialidad del Derecho Internacional, la presión de gobiernos de los países de la Unión Europea y de la misma América Latina y el Caribe, las organizaciones no gubernamentales junto con la difusión en los medios de comunicación masiva y la organización doméstica, tienen sus cuotas por aportar. Han sido y son pasos necesarios hacia la reconciliación nacional el perdón y el olvido. Sin embargo, las llamadas Comisiones de la Verdad (^{Camacho, 2014}), no han logrado los objetivos deseados con la profundidad del caso, tal como se desprende de la mayoría de expedientes que están en listas de espera. Al menos, en Argentina hubo cerca de 950 procesos penales por crímenes de lesa humanidad según la ^{AFP (2007}).

Para lograr un resarcimiento efectivo de los horrores del pasado, hace falta más tiempo que otros no quieren brindar, un compromiso político-institucional, además, del económico de los gobiernos de turno y un papel activo de la sociedad civil desde colectivos como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros. La aparición ocasional de las niñas y de los niños robados en los tiempos de la dictadura entre 1976-1983, brinda una esperanza particular a la misma sociedad y a sus propias familias en medio de la confusión de los jóvenes que vivieron con otras gentes, identidades e incluso, en otros países. En el 2015, se registró otro caso más, por lo que son más de cien los que han vuelto a sus hogares con la alegría y la justicia que eso significa. Ello es parte del dilema que viven las sociedades fracturadas por las dictaduras, por la guerra sucia y por los militares (Rodríguez, 2004).

4. Consideraciones finales

Algunos tribunales nacionales de los Estados referidos, además de los internacionales, han llamado a cuentas a oficiales reconocidos de los ejércitos respectivos, por ejemplo, a Augusto Pinochet (1973-1990) y al general Manuel Contreras cerebro de la policía secreta DINA. Varios oficiales argentinos de la Junta que tumbó a Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 con el general Jorge Rafael Videla en arresto domiciliario. En 1985 se procesó al general Roberto Viola-su apellido es mera coincidencia-y al almirante Emilio Massera, quienes entraron en la lista de los imputados por los horrores cometidos. La guerra de Las Malvinas entre abril y junio de 1982, dejó al descubierto la debilidad del aparato castrense en sus diversas facetas, sin respaldo de la misma OEA y del gobierno estadounidense que les dio la espalda por encima de los acuerdos del TIAR convertidos en letra muerta. Actualmente, tribunales de España, Francia e Italia reclaman a varios militares argentinos de acuerdo con las normas del Derecho internacional.

El Derecho Internacional ha operado con poca efectividad, aunque, diligentemente por encima de lo mediático y figuras como el juez español Baltasar Garzón ayudan a ejemplificar lo dicho al llamar a cuentas al general Pinochet por delitos cometidos contra ciudadanos españoles, que la prensa mundial difundió desde Londres. Una vez más, el anciano dictador salió librado y prevaleció la impunidad como en Brasil, Paraguay y Uruguay. La muerte del exgobernante en el 2006, no puso fin a las angustias de un pueblo con una pesada memoria histórica que los ha marcado dentro y fuera de Chile.

La efectividad de lo que está en juego, debe probarse en el crisol del tiempo, no existen formulas mágicas ni inmunes. En una importante porción de América Latina y el Caribe, la democracia política no cuenta con los instrumentos esenciales que les aseguren a los ciudadanos una justicia pronta y cumplida a pesar de ser sociedades con un crecimiento económico como en Chile, no así Guatemala que retrocede y se ubica entre las más desiguales. La economía chilena es delatada por los contingentes de excluidos sociales, que conspiran en contra de la justicia esperada. Los guatemaltecos re-conocieron la democracia política después de los Acuerdos de Paz de 1996, pero, no superan todavía los altos niveles de pobreza que los ubica en una retaguardia continental. Los renacientes sistemas políticos, re-surgidos a finales del siglo XX, llegaron al XXI con nuevos bríos de justicia, perdón y olvido para con quienes fueron profundamente lastimados. En todo caso, la ruta de la reconciliación nacional ha sido un proceso complejo que se cobija bajo una acrisolada consigna, que el Informe Sábato en Argentina hizo célebre, a saber: “Nunca más”.