Introducción

Este trabajo inició a partir de la curiosidad sobre una problemática antigua y poco trabajada dentro del campo de la historia, es decir, la cuestión económica de las instituciones; representada en este texto como los gastos finales de estas a razón de que los desembolsos representan el costo final del mantenimiento de una determinada área del Estado. ^{Cardoni (2016)}, uno de los autores más importantes de esta área, destaca como tendencia académica general, en la cual se tiende a disociar el aspecto económico de las instituciones de lo político y en particular en el tema de los ejércitos. En este sentido, el objetivo del artículo radica en comprender la distribución e importancia de la Seguridad Nacional con respecto a otros gastos generales y analizar la distribución interna de estos, con el fin de determinar la importancia de unas categorías con respecto a otras.

Debido a que pueden generarse múltiples interpretaciones de las representaciones de la seguridad, para este trabajo se hará énfasis en instituciones específicas que se considerarán como Seguridad Nacional. Esto se compone a partir de los criterios de mención y clasificación presentados en las fuentes analizadas: el Ejército, la Policía Militar y Judicial, las bandas militares, la Marina y las prisiones. Los datos de las fuentes provienen principalmente de las Memorias de Hacienda y Comercio, así como de las Colecciones de Leyes y Decretos del período correspondiente (1898-1910).

Estos departamentos fueron elegidos porque tenían una capacidad de coerción y control social notable para el período designado por las autoridades gubernamentales. De este modo, se pueden nombrar al departamento de los Bomberos, la Casa Reclusión, los Médicos de Pueblo y el Instituto de Higiene; con ello se logra comprender que el poder se ejerce no solo por fuerza directa, sino también indirecta. A través del avance tecnológico y administrativo se permiten observar las diversas formas de intervención en la población. Estas medidas eran justificadas para la prevención, detención y castigo de “males colectivos”, como los “vicios morales”, delitos, revueltas sociales y otros elementos; los cuales no se evalúan de manera aislada, sino que son tratados por diversos grados a través de las instituciones y el poder “blando o duro” gracias a un proceso de asignación fiscal que determina en buena medida su eficacia.

Ahora bien, se escogió la delimitación temporal de 1898 a 1910. Esta elección resulta adecuada para analizar el proceso de consolidación del sistema liberal-democrático. Dicho proceso ocurre luego de una estructura atravesada por la violencia política. En este contexto, el factor coercitivo del Estado es muy importante para mantener el orden económico que los liberales, partidarios de gobiernos anteriores como el de Tomás Guardia, deseaban. Además, permite conocer la manera de abordar una crisis económica por parte del gobierno en relación con instituciones como la seguridad y la educación.

Para realizar la investigación, se optó por realizar una base de datos recopilando todas las cifras correspondientes a la temática de investigación. De esta forma, se organizó según las instituciones a las que correspondían y se separaron según su tipología interna, de esta manera se podría comprender como se utilizaba el dinero a lo interno de las instituciones o departamentos a tratar. Además, se incluyeron una serie de indicadores estadísticos básicos tales como la media aritmética, mediana, desviación estándar y coeficiente de variación, con el fin de observar algunas tendencias generales de una manera más sencilla, tanto para el autor como para el lector.

La situación política y económica costarricense entre 1898-1910 y su relación con la seguridad

La economía del país estaba compuesta por un amplio sector rural, el cual representaba la mayor parte de la sociedad costarricense. La comunidad se dividía principalmente en dos clases sociales relativamente bien diferenciadas. Por un lado, estaba la clase alta, que con frecuencia se dedicaba al cultivo de productos de exportación, como el café, y además, tenía una gran influencia social, política y económica. Y, por otro lado, y una clase campesina que subsistía principalmente a partir del cultivo y mantenimiento de terrenos familiares para el autoconsumo (^{Sáenz, 2012}, p. 73-74). Cabe aclarar, que esta última en ciertas circunstancias también se llegaron a cultivar productos como el café como un ingreso adicional, aunque como es de esperar, no se comparaban de ninguna forma al nivel de la élite del país.

La sociedad para este momento histórico mostraba una marcada desigualdad social y económica. Las capacidades financieras de los sectores dominantes de Costa Rica no eran tan significativas como las de las élites de otros países. Debido al aislamiento geográfico el proceso de desarrollo capitalista se limitaba a partir de la aglomeración de productores y consumidores (^{Sojo, 2010}, p. 31-32).

Además, hay una serie de elementos en la política económica y monetaria que conviene tener en cuenta, por una parte, la mayor presencia de dinero en efectivo en las distintas transacciones económicas llevadas a cabo, razón de que el bimetalismo ya no esté presente (uso simultáneo de plata y oro como forma de pago). Por otra, una creciente necesidad de capital, situación aprovechada por los bancos existentes pues proponían elevadas tasas de interés en los préstamos requeridos por los ciudadanos (^{Barrantes, 2012}, p. 223-236). Es importante señalar que entre 1901-1902 hubo una crisis económica que afectó negativamente las finanzas públicas y la capacidad del Estado de mantener un nivel elevado de gasto en las distintas instituciones. No obstante, conforme pasaron los años hubo una recuperación del capital gracias al alza de los precios del café (^{Salazar, 2003}, p. 59).

La llegada de Tomás Guardia a la presidencia marcó una huella importante en el desarrollo institucional de Costa Rica. Su prolongado mandato y el ejercicio del poder se caracterizaron por una participación activa del Ejército en la sociedad. Este crecimiento de la fuerza militar costarricense sirvió de ejemplo para que posteriormente otras instituciones pudieran desarrollarse también (^{Corella, 2017}). No obstante, esta situación no se mantuvo de forma permanente. Cuando finalizó el mandato de Guardia, las Fuerzas Armadas gozaron de un rol importante con respecto a la política y, además, eran tomadas como una institución fundamental para mantener el orden social en el país que tanto anhelaban los liberales, bajo su lema de “Orden y Progreso”. Sin embargo, otras instituciones también iban cobrando cada vez una mayor importancia en materia de gastos y dentro del discurso político.

La educación, llegó a tener una importancia crucial en este sentido. Según explica ^{Molina (2014)}, fue vista por las élites costarricenses como un medio eficaz para la difusión de los valores pretendidos para la sociedad. No obstante, este enfoque formaba parte de un proyecto más grande. El objetivo era separar las funciones del Estado y de la Iglesia. Cabe destacar que esta última tenía un gran control sobre las actividades y funciones de carácter público dentro del país.

En este sentido, ^{Díaz (2023)}, manifiesta de una manera muy interesante que existió una serie de desavenencias muy importantes a nivel político entre los distintos candidatos y aspirantes al poder. La violencia política tenía un predominio muy significativo en la política. Los grupos y sujetos que apoyaban a uno u otro candidato se expresaban con agresiones verbales y físicas, y cometían actos de destrucción entre los sectores, grupos y sujetos que apoyaban a uno u otro candidato. Sin embargo, con el acuerdo de transición política realizado en 1902 y el surgimiento de un nuevo partido, la violencia política se reduce de una forma bastante dramática: la violencia física se relegó a un segundo plano y se pasa un nuevo período donde la competencia política se decidía más bien en las urnas electorales.

Esta explicación resulta fundamental en tanto las instituciones relacionadas a la coerción continúan teniendo para este período determinado un papel significativo. Sin embargo, se presentan indicios de una consolidación gradual del orden liberal democrático que más adelante prevalecería en términos generales (salvo ciertas excepciones puntuales) en la historia del siglo XX en Costa Rica. Además, el contexto económico enmarca una expansión del modelo económico por una fuerte dependencia de las exportaciones, de café y banano principalmente. Un punto de inflexión ocurrió con la ya mencionada crisis económica de 1901-1902, pues afectó la capacidad del Estado para financiar algunos sectores.

Aspectos generales de la seguridad costarricense y el debate sobre el mito político para con la educación

^{Corella (2017)} y ^{Muñoz (1990)}, han comprobado, a través de sus propios análisis, que la Seguridad Nacional estuvo relacionada directamente al desarrollo del Estado y cumplió un papel fundamental como institución del orden. Esto genera un debate realmente interesante que pone en duda un mito político fuertemente arraigado. La disputa recae en que la abolición del Ejército marcó un antes y un después en la consolidación de una sociedad civilista. En esta sociedad, el orden social está regido por el respeto a la ley, sin una necesidad puntual de la coacción sobre la población. Además, el capital apartado por el gobierno para el Ejército sirvió para ampliar la base de la educación del país y expandirla. Esto último es uno de los pilares que más se suele destacar como logro de la sociedad costarricense.

Sin embargo, ninguno de los autores que ha tratado esta temática se ha enfocado en los datos estadísticos como el elemento principal de su investigación. Esto no es una casualidad. Académicamente hablando, los trabajos de historia de la seguridad (y en particular del ejército) no suelen tratar a profundidad el plano económico, a pesar de que este resulta un aspecto completamente indispensable. Esto se debe a que existe una relación sumamente estrecha e importante de causa y consecuencia sobre cómo funcionaba la seguridad y su financiamiento.

Debido a lo anterior, surge desde la perspectiva de este autor, la interrogante que forma parte de un proyecto de investigación más amplio, donde se intenta esclarecer el proceso que implicó la transformación de este sector del Estado a lo largo del siglo XX. Sin embargo, para este trabajo, este proceso se delimitará a los últimos dos años del siglo XIX y a la primera década del siglo XX. El Estado desde la perspectiva clásica del poder, se construye como el actor que ejerce de manera monopólica la violencia legítima y para esto se necesita contar con una burocracia e instituciones suficientemente centralizadas que permitan la organización unilateral de las fuerzas coercitivas (^{Weber, 1983}) como la policía, el Ejército y la Marina. En términos generales, esta capacidad es directamente proporcional a los recursos financieros otorgados por el Estado para este fin. Por tanto, dentro de este eje teórico, para la formación, consolidación y mantenimiento del Estado, es necesario que las fuerzas de coerción dispongan de suficientes recursos para ejercer sus funciones correctamente.

^{Eloranta (2019)} ha trabajado la teoría de la economía dentro de la seguridad. El autor indica que, a menudo se suele olvidar la relación estrecha entre la economía de un país, el tamaño de sus fuerzas armadas o de seguridad (según el grado de desarrollo o de modernización) y el poder e influencia que puede tener. Esta relación puede llegar a ser en ciertas circunstancias de causalidad con una correlación muy significativa. Entonces, estos factores ameritan ampliar los estudios existentes y actualizar los análisis mediante la integración del punto de vista cuantitativo.

Para poder llegar a esto último, es necesario que se realice un esfuerzo por parte de los investigadores de generar bases o matrices de datos con las series necesarias para difundir las interpretaciones adecuadas. Asimismo, se debe incorporar múltiples variables que puedan estar involucradas en un proceso histórico específico. De este modo, se podría explicar un desarrollo histórico particular por medio de diversos factores y no únicamente por variables o indicadores únicos (^{Eloranta, 2019}, p. 1300-1303).

Para empezar, la información presentada en la Tabla 1 se tiene que las fuerzas de seguridad representaron cerca de un cuarto del gasto nacional en los primeros dos años del período estudiado. Este dato lleva a pensar que al menos hacia finales del siglo XIX, la importancia de estas herramientas coercitivas aún se consideraba muy necesaria dentro del funcionamiento social. Debido a esto, la participación de esta serie de instituciones resultaba mucho más presente. Y eso es algo que también podría haberse reflejado en materia de gastos por parte de estas carteras.

Otro aspecto que resulta realmente interesante en la Tabla 1 es que la Seguridad como conjunto de instituciones y departamentos, comparada con la educación, tiene un rubro de gasto más elevado, con una diferencia de cerca del 5% en sus promedios. Además, en cuanto a sus números absolutos, ambos experimentaron oscilaciones al alza y la baja a lo largo de los doce años que se presentan en este trabajo. Lo anterior indica que hubo necesidad de un ajuste en materia económica según lo requiriera la situación y la prioridad de las autoridades en cuanto a los gastos.

La educación ha tenido en realidad una importancia muy significativa en lo que respecta a la inversión del Estado. Esta institución ha estado presente en la historia costarricense desde el siglo XIX y crea una importante experiencia en materia de desarrollo institucional que sería utilizada posteriormente (hacia la década de 1920 para mejorar las capacidades de la educación secundaria). Incluso en las etapas de crisis económica, la inversión en educación se mantuvo, siendo la excepción a esta tendencia el gobierno militar de Federico Tinoco Granados. En años posteriores, como en la Gran Depresión de 1930 se revertiría la inversión, aunque también es cierto que hubo una disparidad y desigualdad en cuanto al desarrollo continuado y proporcional de los diferentes sectores educativos (^{Molina, 2016}). Por tanto, indicar que existe una relación causal entre la eliminación del Ejército y el aumento en la inversión educativa como actor de desarrollo resulta incorrecto desde el punto de vista empírico.

A propósito de esto, resulta llamativo que la disminución de gastos absolutos en la educación pública así como en las herramientas coercitivas coincidieran con la crisis económica de 1901-1902. Además, esta tendencia a la baja pareció tener un impacto importante, ya que se mantuvo desde 1902 hasta 1907, aproximadamente. Se debe notar, sin embargo, que para 1901, los montos de gasto resultan más elevados de lo normal en ambos conjuntos institucionales tanto en porcentajes, como en los rubros absolutos.

Es posible que la crisis económica no hubiera hecho sentir sus efectos completamente en ese año, sino posteriormente, como indica la tendencia vista en el Gráfico 1. Esto resulta muy importante porque porcentualmente los gastos pudieron haberse mantenido en un nivel de asignación similar. Sin embargo, en materia del gasto final realizado, pudo haber sido menor en ambos casos ya que, tanto el presupuesto como el gasto nacional, fueron también menores. Por ende, la capacidad de sufragar montos mayores hubiera derivado necesariamente en un déficit.

Gráfico 1 Gastos netos de Seguridad e instrucción pública 

Por su parte, el pico de alza abrupto en el gasto que tiene la Seguridad responde a una particularidad de una de las instituciones trabajadas en la investigación: la policía judicial. Para este momento histórico, existían dos policías separadas administrativamente, aunque con funciones muy similares en la práctica. La policía judicial estaba ligada a la de Gobernación, e incluía dentro de sus gastos una serie de rubros que no se relacionaban con las funciones tradicionales. Estos rubros incrementan de una manera significativa el monto total de la policía y de la Seguridad en general.

Desde esta temática, es importante tomar en cuenta otras diferencias en cuanto a los tipos de policía. Además de lo señalado anteriormente, la policía judicial operaba sobre todo en las áreas rurales, y la militar lo hacía en las zonas urbanas. El sector policiaco judicial tenía un énfasis supuestamente investigativo, con una agencia especializada en detectar y atrapar sospechosos de cometer crímenes durante los procesos judiciales (^{Pacheco, 1901}, p. 18-19). Mientras que la Policía del Orden, se encargaba de ejercer un rol moral sobre los ciudadanos (^{Quirós, 1909}); en este sentido, tenían la capacidad legal de detener de una forma prácticamente arbitraria a los ciudadanos en caso de suponer que estaban realizando algún tipo de actividad moralmente cuestionable.

Aunado a lo anterior, surge la oportunidad de exponer otra hipótesis, que al igual que la de ^{Eloranta (2019}, p. 1300-1303) resulta muy interesante: el poder de un país depende directamente de las capacidades de sus fuerzas de seguridad y sobre todo de las fuerzas militares. La configuración geopolítica a lo largo de la historia humana ha mostrado una tendencia de mostrar una competencia entre los grupos sociales o Estados con mayor influencia y prestigio. Es comprensible, entonces, que el éxito o fracaso en esa competencia constante se refleje en la habilidad para de usar eficientemente los recursos humanos y materiales en un territorio determinado. Esto se logra mediante el fortalecimiento de los sectores que a menudo se consideran estratégicos para un momento histórico específico. Dichos sectores están relacionados con el crecimiento económico y el desarrollo dentro de los límites de control del grupo o Estado en cuestión.

De esta manera, se necesitan elementos como un crecimiento financiero y de infraestructura que permitan ampliar el gasto en la seguridad y aumentar sus capacidades frente a otros Estados. Asimismo, se debe poner como tarea aplacar la disidencia interna para impedir al grupo dominante llevar a cabo sus objetivos de expansión de poder. Esto sucede porque los grupos subalternos no están interesados en ser aprovechados como recursos para un uso estratégico por parte de las autoridades pertinentes. Por tanto, un control más firme y directo del territorio y de la población de los grupos gobernantes y de élite siempre resulta deseable para este propósito, pues en caso contrario se perderá ventaja frente a otros Estados (^{Kennedy, 1988}).

Costa Rica desde su proceso de independencia se caracterizó porque los conflictos fronterizos con sus vecinos del norte y del sur fueron limitados y estos nacientes estados, a su vez, no tenían un amplio poder que amenazara la existencia y desarrollo del país. Fue una amenaza más lejana la que propició el riesgo del crecimiento del pueblo costarricense (y de otros estados recién independizados del istmo centroamericano): el Imperio Mexicano y la Gran Colombia. Además, debido a que el proceso de independencia no estuvo marcado por un proceso de intensa violencia con las fuerzas españolas, no existía una experiencia militar más fuerte, como sí sucedió con México y Colombia (^{Gutiérrez, 2019}, p. 109). Por tanto, la primera respuesta ante esta amenaza emergente asociada a la hipótesis propuesta por ^{Kennedy (1988)} de la competencia entre los Estados, se relaciona con la conformación de la Federación Centroamericana, una agrupación que teóricamente brindaría protección frente a los vecinos de las naciones miembro.

Sin embargo, en la práctica, este Estado Federal estuvo cargado de contradicciones tales como la oposición de intereses entre grupos de élite, como los productores y comerciantes. Además, existía una mala relación entre Guatemala y los demás países. Así, se dio lugar a problemas de recaudación fiscal, insatisfacción con el monopolio del comercio de la capital federal. Estas fueran solo algunas causas que llevaron a la fragmentación de los pequeños estados nacionales luego de un tiempo (^{Gutiérrez, 2019}). Curiosamente, no pudieron hacer un uso adecuado y centralizado de los recursos humanos y materiales existentes.

Una vez superada esta etapa y disminuida la amenaza de Colombia y México, estados como el de Costa Rica se fueron enfocando en su propio desarrollo al margen de la Federación, hasta eventualmente separarse. Sin embargo, aún existía una preocupación por la Seguridad, en tanto una intervención externa podría perjudicar el país, lo que derivó en el aumento de las fuerzas militares en relación con otros funcionarios civiles (^{Garavaglia, 2012}, p. 19).

De esta manera, como en la Campaña Nacional Centroamericana de 1856, como en el gobierno militar de Tomás Guardia la importancia de las Fuerzas Armadas fue muy significativa. Sin embargo, tras superar estos eventos, la necesidad de contar con amplias capacidades en la Seguridad (y por tanto los mecanismos de control de recursos humanos y materiales) resultaron mucho menos necesarios, y en su lugar se les dio espacio a otras instituciones igualmente importantes para las élites. Ejemplo de ello es la educación, la cual iba a colaborar con la formación de un nuevo tipo de ciudadanos con valores morales y un comportamiento adecuado desde el punto de vista del grupo de poder político. En este sentido, surge una nueva adaptación para la hipótesis de ^{Kennedy (1988)} al disminuir la competencia externa por el control del territorio, surge la necesidad de tener una supremacía en la competencia con la Iglesia por parte del Estado en el control de la población, haciendo un uso dual del mecanismo coercitivo del Ejército y la policía, así como de la educación, de una manera simultánea.

Además, está el hecho de que Costa Rica, por el limitado tamaño de su territorio, no contaba con amplios recursos humanos o materiales para costear un Estado demasiado grande (y por ende un Ejército). Esto en realidad había repercutido desde el inicio del país como Estado independiente, aunque esta situación muy probablemente se ubique en un período anterior a la independencia. De esta manera, en un inicio no se contaba con amplios recursos para su explotación desde el punto de vista de la seguridad estratégica. Los factores mencionados anteriormente tampoco hacían necesario tener un Ejército profesional o permanente muy amplio. Esto se debía porque el país se encontraba en un período de relativa paz y relaciones con los Estados vecinos que no eran constantemente hostiles, como resultaba con el caso de las potencias europeas (^{Quirós, 1897}).

Todo esto resultó en que las fuerzas anteriores al siglo XX eran principalmente milicias entrenadas en academias abiertas, con un tamaño, entrenamiento y equipo limitado comparativamente a otros Ejércitos de la época (^{Quirós, 1897}). Mientras que, en el siglo XX, cuando ya se habla de un Ejército propiamente dicho, tampoco se trata de una fuerza militar profesional o amplia, sino, un grupo organizado de personas armadas a partir del reclutamiento obligatorio, que vela por los intereses del Estado y los grupos sociales a los que éste representa.

Gastos generales de la seguridad en Costa Rica 1898-1910

Ahora bien, como se muestra en el Tabla 2, existió una diferencia importante entre las instituciones y departamentos que conformaban la Seguridad Nacional para este período. Esto responde en buena medida a las propias necesidades y prioridades de vigilancia de las autoridades, las cuales, al no contar con amplios recursos económicos o humanos disponibles, debía racionar de una forma significativa las unidades y equipo del que se disponía. Debido a esto, no es extraño que la mayor parte de las fuerzas de Seguridad se encontraran apostadas suficientemente cerca de la Capital. Esto les permitía ahorrarse una cantidad necesaria de unidades de vigilancia y, al mismo tiempo, se mantendría una vigilancia estrecha con la población, la cual estaba ubicada principalmente en la Meseta Central (^{Gil, 2001}).

Cabe destacar que, salvo pocas excepciones, el gasto puramente militar se encontrara representando cerca del 50% del gasto en la seguridad. Podría parecer muy alto, pero se debe considerar que la media de gasto en Seguridad en el país representó menos de un quinto del gasto total del Estado. Si se toma en cuenta que, durante la etapa de la formación de estados como Guatemala, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador y el Estado de Buenos Aires se llegó a más de la mitad del gasto total (en algunos casos llegando al 74%, como con Brasil entre 1865-1866); el gasto de Costa Rica refleja un costo mucho menor y también una etapa distinta en cuanto a su consolidación (^{Garavaglia, 2003}).

En este sentido, es ^{Tilly & Tilly (1994)} quien propone que para la formación de los Estados se necesita disponer de amplios recursos financieros dirigidos a las fuerzas coercitivas como herramientas protagónicas. Estos recursos permiten definir la autoridad central y el establecimiento del monopolio de la violencia legítima. Al mismo tiempo, la construcción de las Fuerzas Armadas da las pautas a seguir para la creación de otras instituciones de carácter civil, una vez concluido o estabilizado el proceso de formación de los Estados.

De esta forma, si se toman los datos expuestos por ^{Corella (2017}, p. 13) se observan que los gastos militares en Costa Rica entre 1821-1827 fueron del 5,9% hasta 19,3% del gasto total. Es decir, una tendencia creciente con un punto más alto que el visto para la media del período de 1898 a 1910 de este artículo. Como propone el autor, el hecho que realmente marca la consolidación del Estado es la Campaña Nacional. La Campaña consume una gran cantidad de recursos financieros y humanos. Asimismo, marca nuevos picos de gastos para el gobierno, con una etapa de bonanza macroeconómica y estabilidad política tras la llegada al poder de Juan Rafael Mora Porras, en buena medida por el consenso alcanzado por la élite costarricense (la cual se pudo concentrar en la producción y comercialización del café). Fue, sin embargo, la década de 1830 y 1840 las que tuvieron los rubros de gasto militar más alto en relación con gasto total: 46,4% en 1836 y 45,2% en 1842 (^{Corella, 2017}, p. 17) y recordando a los casos de formación estatal presentados por ^{Garavaglia (2003)}, con rubros que llegaban cerca de la mitad del erario público.

Por tanto, resulta interesante que Costa Rica no se distinguió tanto por el papel del Ejército, sino en la formación del Estado en comparación con los casos de gasto militar destacados. Pero una vez consolidado este proceso, la élite costarricense prefiere recurrir a otros mecanismos de control menos costosos y mejor colocados con el fin de hacer uso del poder adquirido.

Asimismo, la distribución mencionada de manera centralista en las fuerzas coercitivas no responde solamente a una necesidad de las autoridades de usar más eficientemente los recursos disponibles. Dicha distribución está relacionada directamente a una tendencia del desarrollo institucional costarricense, en el cual los distintos departamentos e instituciones estuvieron ubicadas dentro de la Meseta Central. Esta ubicación se debió porque los grupos sociales y económicos que se conformaron en el período colonial y posteriormente con la independencia se encontraron reunidos en un espacio muy pequeño que se fue expandiendo según avanzaba la colonización agrícola. Sin embargo, como había iniciado con un centro poblacional pequeño y reducido, se requería que el aparato institucional se encontrara cerca de estos núcleos poblacionales (^{Corella & Rodríguez, 2014}).

Los gastos menores estuvieron divididos en tres departamentos o instituciones: las bandas, la Marina y las cárceles, que en la Tabla 2 están agrupados en la categoría de “Otros” para simplificar los datos comparativamente y demostrando que, incluso juntos, estos departamentos para este período tuvieron mucho menos gasto que las categorías de gasto mayores.

Conclusiones

La Seguridad en este período se caracterizó por tener una combinación de un gasto importante y unas capacidades de acción limitadas, producto de una combinación de factores como las malas condiciones de las instalaciones, sobre concentración del gasto y una menor importancia de estas instituciones para salvaguardar la existencia del Estado.

Esto se aplica a prácticamente todas las instituciones y departamentos de la Seguridad: la Policía Militar, el Ejército, las Bandas, la Marina (puertos principales, Limón y Puntarenas) y las prisiones (San Lucas). La centralización de los recursos responde a una falta de recursos humanos y materiales a disposición de la Seguridad, la necesidad de control del Estado sobre el territorio de una manera estratégica y el propio desarrollo demográfico y económico, desde la Meseta Central a las regiones no pobladas mediante la colonización agrícola.

Se puede constatar que realmente existió una preocupación decreciente por parte de las autoridades en el área de la Seguridad sobre la educación. Las instituciones de seguridad priorizaron emplear cada vez con mayor frecuencia los mecanismos de poder “blando” sobre la coerción directa, como parte del proceso de consolidación del modelo liberal-democrático.

Las actividades del Ejército, ambas policías, las Bandas, la Marina y las prisiones estaban muy relacionadas, en tanto combinaban los distintos aspectos del poder coercitivo: vigilancia, control, represión, protección a la propiedad y comercio, y cierta asistencia a la población considerada en mayor riesgo.

Aunque no se vean las consecuencias de la distribución del gasto en Seguridad de manera inmediata para este período de investigación, sería el conflicto por Bocas del Toro con Panamá el que daría la respuesta a lo que temían las autoridades en el momento: tener un cuerpo armado demasiado débil para hacer frente a una situación de combate real.

Por tanto, el objetivo del análisis desglosado de las categorías está relacionado directamente con la explicación de estas problemáticas y tendencias, en tanto se pueden distinguir tres instituciones o departamentos mayoritarios, los cuales se consideraban clave dentro de la gobernanza y administración del país en este momento histórico, como es la policía militar, policía judicial y el Ejército, mientras que otros departamentos que no se consideraban tan importantes, tenían menos presupuesto y gasto permitido, como el caso de las bandas militares, la marina y las prisiones.