Introducción

El agua subterránea es un recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico del país y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De acuerdo con ^{Cherry (2023)}, la solución a la crisis global del agua está en incluir el agua subterránea como eje principal, debido a que esta representa el 99% del agua dulce líquida del planeta y es clave para alcanzar 7 de los 17 ODS: contribuir directamente a la erradicación de la pobreza (Objetivo 1), la seguridad alimentaria (Objetivo 2), equidad de género (Objetivo 5), garantizar el acceso al agua y saneamiento para todos (objetivo 6), la sostenibilidad de las ciudades y asentamientos humanos (Objetivo 11), combatir el cambio climático (Objetivo 13) y proteger los ecosistemas terrestres (Objetivo 15).

Costa Rica no se escapa de la crisis global, debido a que a pesar de tener una dependencia en el uso del agua subterránea, no se le ha dado la relevancia que tiene este recurso. Como se mostrará más adelante, la industria, el comercio, el turismo y el abastecimiento público dependen del uso del agua subterránea en el país, entre otras actividades; de manera que el aprovechamiento del recurso hídrico debe basarse en un conocimiento amplio de la capacidad de los acuíferos y su vulnerabilidad a la contaminación. Sin embargo, la realización de estudios hidrogeológicos requiere de inversiones económicas importantes, debido a la necesidad de contar con información especializada en las disciplinas como, la geología, la hidrogeoquímica, la hidrogeología, entre otras, se requiere tanto de pruebas de campo como de laboratorio.

Durante la revisión documental realizada se encontró una gran cantidad de estudios, no obstante estos se encuentran dispersos y son pocos los estudios que abarcan todo el territorio nacional por ejemplo, ^{Losilla et al. (2001)} brindan una visión del agua subterránea en el país con énfasis en el Valle Central y las zonas de Bagaces y Liberia en Guanacaste, dicho estudio se enfoca en el uso del agua, la geología, hidrogeología y algunos problemas de contaminación y sobreexplotación.

^{Vargas (2000)} delimita de manera general 34 acuíferos costeros, 9 continentales volcánicos, y 15 continentales sedimentarios en el territorio nacional. ^{Arellano y Vargas (2001)} estudian 24 acuíferos del Pacífico Norte y mencionan que hay indicios de intrusión salina en playas del Coco, Brasilito, playa Carmen y playa Grande.

Desde el año 2007, el Senara ha realizado estudios específicos a través del proyecto PROGIRH en veinte acuíferos ubicados en: la margen derecha del río Virilla, en la cuenca del río Grande, Potrero, Brasilito, Tamarindo, río Arío, Manzanillo, la margen derecha del río Tempisque, bahía Herradura, Punta Uvita, Herradura, Jacó, Hermosa, Esterillos, Parrita, Quepos, Naranjo, Savegre, Matapalo, Dominical y Ballena.

Con respecto al cálculo de la recarga del agua subterránea, el ^{IMTA (2008)} estimó la recarga en 15 de las 34 cuencas hidrográficas reconocidas en el territorio nacional.

^{Belcher et al. (2019)} del USGS combinaron imágenes de radar con datos climáticos, geológicos, tectónicos, geofísicos e hidrogeológicos y determinaron el potencial para encontrar agua subterránea en el país a partir de la identificación de distintas zonas hidromórficas a profundidades que varían entre 0-30, 30-150 m y más de 150 metros, estos resultados se comentarán más adelante.

El objetivo de esta investigación es brindar un panorama de la situación actual del agua subterránea en Costa Rica que contribuya a mejorar la gestión. Se incluye una síntesis de las investigaciones más relevantes de los acuíferos, realizada principalmente a partir del año 2000. Además, se presentan datos del uso del agua subterránea, se contextualiza la situación en torno a la contaminación, la protección, la legislación vigente y conflictos en torno al agua. Finalmente, se analiza la gobernanza y los retos futuros.

Metodología

Se realizó una investigación documental de la información publicada en línea del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara), la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), de las tesis de la Licenciatura en Geología, y tesis de la Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos del Posgrado en Geología, datos tomados del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica (Sibdi-UCR), de la Revista Geológica de América Central y de otras revistas internacionales. Con esta información se creó una base de datos de 123 documentos los cuales se clasificaron según las temáticas desarrolladas con el objetivo de brindar un panorama de la situación del agua subterránea en el país. Se analizan las principales investigaciones realizadas en los últimos veinticuatro años, considerando aspectos como el monitoreo, la protección y la contaminación de los acuíferos en relación con el uso de la tierra. Para concluir, se analiza la situación en torno a la gobernanza, el marco legal y se proponen los retos futuros.

Se descargó la información disponible en línea de las concesiones del sitio web oficial de la Dirección de ^{Agua (2023a)}, ya que el Minae es el ente gubernamental que otorga las concesiones; esta información fue depurada antes de realizar los cálculos y elaborar los gráficos de aprovechamiento del agua, debido a que se identificaron algunos puntos ubicados fuera del territorio nacional y en otros casos, el registro no indicaba del tipo de fuente, entre otros aspectos.

Cabe resaltar que, respecto a la cantidad de pozos, se identificaron diferencias entre los datos de la Dirección de Agua y del Senara, según el registro de concesiones de la Dirección de Agua para el año 2023 se tenía un total de 13 602 pozos perforados, mientras que según el Senara y el ^{Consejo Nacional de Rectores y Programa Estado de la Nación (2023)} el acumulado de pozos para el mismo año es de 17 128. Esta diferencia es significativa, por lo que afecta el registro de concesiones y el cálculo de la extracción real de agua.

Se considera que existe un subregistro de los pozos a nivel nacional, ya que además de los pozos inscritos, existe la perforación ilegal en el país por lo que no se sabe con certeza el volumen de agua subterránea que realmente se extrae, de este modo la extracción real es mayor a la registrada. Por otro lado, se debe tener presente que los caudales concesionados no necesariamente representan el volumen real extraído, ya que no existe macromedición, por tanto, estos datos podrían variar.

Aprovechamiento del agua subterránea en Costa Rica

La Dirección de Agua otorga concesiones de aprovechamiento para diferentes usos del agua en el país según la Ley de Aguas vigente; para el año 2023 existían alrededor de 30 000 concesiones distribuidas en todo el territorio nacional, que suman un volumen de agua total anual concesionado de 4,72 x 1010 m³. Porcentualmente, los usos concesionados se distribuyen de la siguiente forma: 85 % del volumen total de agua concesionada es utilizada en la generación de energía hidroeléctrica (uso no consuntivo, sin consumo, el agua se utiliza y luego es devuelta al medio del cual se extrajo), el restante 15 % corresponde con usos consuntivos, donde un 9,7 % se destina al riego de cultivos, un 2,9 % se usa en la industria, un 2 % es para el suministro de agua potable; el uso turístico y comercial corresponde con tan solo un 0,3 % ^{(Dirección de Agua, 2023a)}.

La fuerza hidráulica es el mayor uso concesionado en Costa Rica, lo cual es esperado tomando en cuenta los grandes volúmenes utilizados en esta actividad (Fig. 1). Otros usos donde también predomina el agua superficial, corresponden al sector agropecuario, el agroindustrial y el agrícola por medio de riego; el bajo volumen de agua subterránea usado en el riego en el país contrasta con lo reportado a nivel mundial, ya que según ^{Cherry (2023)} el 73 % del agua usada en la agricultura, es subterránea, esta cifra se desglosa de la siguiente forma: un 43 % es extraída de los acuíferos y el 30 % restante corresponde con la extracción del flujo base de los ríos, la cual es sostenida por aguas subterráneas.

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Agua (2023a).

Fig. 1 Porcentaje de caudal concesionado según el uso y tipo de fuente.  

Por otra parte, si se compara el uso relativo del agua superficial versus agua subterránea en las concesiones otorgadas por uso, se observa que el 80 % del caudal de agua concesionada para consumo humano, es subterránea, además la industria usa un 60 % de agua subterránea, finalmente el turismo y el comercio utilizan un 70 % proveniente de fuentes subterráneas.

Con respecto a la cantidad o número de captaciones, el 81 % son fuentes de agua subterránea, ya sea pozos o manantiales, pero estas aportan únicamente un 3 % del volumen de agua concesionado, mientras que el restante 19 % del número de captaciones, son superficiales y estas aportan el 97 % del caudal total concesionado, eso se debe al gran caudal utilizado en fuerza hidráulica.

La figura 2a muestra la distribución porcentual de los caudales concesionados según el tipo de fuente (superficial o subterránea) por cuenca, considerando que el objeto de interés en este trabajo es el agua subterránea, se incluyen todos los usos, excepto los no consuntivos. Se observa que el agua proveniente de fuentes subterráneas predomina en cuencas como las del río Tárcoles, río Frío, la Península de Nicoya y el río Reventazón entre otras, en las demás cuencas no predomina este tipo de fuente debido a que el volumen de agua superficial usada en el riego y el uso agroindustrial son mucho mayores, entonces al usar un dato global, la contribución del agua subterránea es relativamente menor.

Elaboración propia: a partir de datos de Dirección de Agua (2023a).

Fig. 2 Distribución de porcentaje de caudal concesionado según el tipo de fuente, superficial o subterráneo. (A) Usos consuntivos (B) Únicamente concesiones utilizadas para consumo humano.  

La distribución de pozos y manantiales, según los datos de la ^{Dirección de Agua (2023a)}, se presenta en la figura 3; se distinguen cuatro zonas con mayor concentración de pozos ubicados en la Península de Nicoya, la cuenca del río Tárcoles, una franja en la costa Pacífica y otra en sentido noroeste ubicada en la zona Atlántica-Norte, esto se asocia con una mayor demanda de agua debido a la existencia de centros de población y áreas dedicadas a distintas actividades agropecuarias.

Elaboración propia a partir de datos de Dirección de Agua (2023a).

Fig. 3 Distribución de pozos y manantiales concesionados.  

Con respecto a los manantiales concesionados, la mayor cantidad se distribuyen en ambas vertientes de la Cordillera Volcánica Central y en menor cantidad en las faldas de la Cordillera de Guanacaste, en la vertiente Pacífica de la Cordillera de Talamanca y en la zona sur de la Península de Nicoya (Fig. 3). La zona con menos manantiales concesionados es la Cordillera de Talamanca donde se ubica el Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Chirripó y el Parque Nacional Tapantí-Macizo Cerro de la Muerte.

En Costa Rica el suministro de agua potable para la población es suplido por distintos operadores de agua. De acuerdo con ^{Mora y Portuguez (2021)} un 48 % de la población es abastecida por el AyA, el 24,4 % por las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas), el 13,4 % por Municipalidades, un 5 % por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), un 5,7 % por otros acueductos comunales y finalmente un 3,3 % por otros entes. Dichos operadores utilizan en total 5.674 captaciones de agua de las cuales un 70 % corresponde con manantiales y un 23 % son pozos, mientras que sólo un 7 % son captaciones de agua superficial proveniente de ríos ^{(Mora y Portuguez, 2021)}; cabe mencionar que los manantiales son las principales fuentes usadas por las Asadas, suman 3.338 fuentes o sea un 59 % del total de las captaciones.

Como se observa en la figura 2b el agua subterránea es el recurso que predomina como fuente principal para el consumo humano en prácticamente todas las cuencas hidrológicas, únicamente es menor al 50 % en las cuencas de los ríos Banano, Bananito, La Estrella y Térraba ubicadas en las provincias Limón y Puntarenas. Según los datos analizados, San José y Limón son las provincias que usan menos agua subterránea comparativamente en el abastecimiento público, esto se debe a que en San José gran parte del agua viene del proyecto Orosi, además existe una moratoria en la perforación en el Valle Central para usos distintos al abastecimiento público (^{Senara, 2012)} y en el caso de Limón hay más disponibilidad de agua superficial. Llama la atención que, en la Política Nacional de Agua Potable de Costa Rica, 2017-2030, publicada por el ^{AyA (2016)} no se mencionan datos del volumen de agua subterránea utilizada en el abastecimiento público y tampoco se menciona al Senara como ente responsable del estudio y protección de los acuíferos de donde proviene la mayor cantidad de fuentes usadas en el abastecimiento público.

La figura 4 muestra el número acumulado de pozos construidos entre el año 2009 y el año 2022, es notorio el constante aumento de pozos a lo largo de dicho período. Destaca el año 2016 en el cual se dio un súbito incremento en el número de pozos construido como respuesta posiblemente a la sequía ocurrida en el año 2015.

Elaboración propia a partir de datos del Consejo Nacional de Rectores y Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica) para los años 2012, 2014, 2018 y 2023.

Fig. 4 Cantidad de pozos perforados en el período 2009 - 2022.  

Por otra parte, según datos del informe del ^{Consejo Nacional de Rectores y Programa Estado de la Nación para el año 2022}, localidades ubicadas en el centro del país y en zonas costeras enfrentaron problemas de disponibilidad hídrica. En el 2021, un 66 % de los acueductos nacionales presentaron capacidad hídrica reducida, es decir, enfrentaron problemas de escasez en sus fuentes; un 34 % exhiben algún nivel de estrés hídrico, lo cual implica que disponen de menos agua de la que se requiere para abastecer a su población meta ^{(Consejo Nacional de Rectores y Programa Estado de la Nación, 2022)}. Durante la primera mitad del presente año, 2024, la Defensoría de los Habitantes recibió 250 denuncias relacionadas con el suministro de agua potable, 91% de estas corresponden al abastecimiento dentro de la GAM ^{(Defensoría de los Habitantes, 2024)}.

Costa Rica es uno de los países con mayores precipitaciones del mundo (FAO, 2016), sin embargo la precipitación en el país no se distribuye de forma homogénea, ya que hay diferencias temporales y es­paciales entre la vertiente Pacífica (en Guanacaste, Pacifico Sur y Centro) y la zona Atlántica ^{(Solano y Villalobos, s/f;).} En el país la fuente principal de recarga es por lluvia, aunque diversos factores influyen en el proceso de recarga, de 59 investigaciones hidrogeológicas analizadas se determinó que la recarga potencial promedio de los acuíferos varía entre un 20 % a 40 %, por tanto, no debería de darse problemas de escasez (Fig. 5). Si bien los operadores de agua han realizado esfuerzos para reducir el desabastecimiento, en muchos casos los problemas de disponibilidad hídrica no están relacionados con un déficit del recurso, sino por problemas operativos y la falta de inversión en infraestructura y planificación, como ha sido señalado por la Sala IV en diversas ocasiones (^{Angulo, 2021}; ^{Sala Constitucional, 2024}. Sentencias: 2024-019544, 2024-019561, 2024-019565, 2024-019597, 2024-019602, 2024-019612, 2024-019651).

Elaboración propia, a partir del análisis documental realizado para esta investigación.

Fig. 5 Histograma de la recarga promedio reportada en 59 estudios hidrogeológicos del país (n = 59), los valores se expresan en porcentaje.  

Avances en la investigación de los acuíferos en Costa Rica

La historia de las investigaciones acerca del agua subterránea en el país ha sido detallada por ^{Suarez (1994)}, quien resalta la gran visión de futuro que existió en la década de los años 60 y 70, acerca de la importancia del agua subterránea y el rol fundamental del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (Senas) en la exploración de este recurso. Uno de los legados del Proyecto AQUASUB y el Senas, es la base de datos de pozos a nivel nacional, el cual ha continuado el Senara y es de acceso público (https://base-digh.senara.or.cr/). Este registro abarca más de 50 años de información base para la realización de estudios acerca de los acuíferos del país, esto es único en Centroamérica y el Caribe; por su parte la Dirección de Agua, también cuenta con una base de datos de las concesiones de agua del país y se puede consultar en línea (https://da.go.cr/descarga-de-capas-de-concesiones-y-dictamenes/). La transformación del Senas en Senara en 1982, afectó el ritmo de avance en la investigación a nivel gubernamental ya que se cerró el Departamento de Perforación (^{Suárez, 1990)}, no obstante, el Senara ha continuado realizando estudios hidrogeológicos en el país y también ha apoyado estudios en la academia y en el sector hídrico gubernamental como se verá más adelante.

Los acuíferos que han sido estudiados con mayor detalle son: el acuífero Barva, acuíferos Colima en el Valle Central y la zona oeste, en la cuenca del río Grande y en Guanacaste, el acuífero Tempisque y Liberia, tal y como se observa en el cuadro 1, esto se debe a que en el Valle Central se concentra la mayor parte de la población del país y también en estas zonas se desarrollan gran parte de las actividades industriales, según ^{Minaet (2008)} el 85 % de la industria nacional se ubica en la cuenca del río Grande de Tárcoles.

La figura 6 muestra las áreas donde hay estudios hidrogeológicos, estos cubren un 20% del territorio nacional, o bien un 41% si se excluyen las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac) dado que estas están dedicadas a la conservación. Las zonas estudiadas se ubican principalmente en el sector central y el Pacífico Norte, las escalas de estos estudios varían normalmente entre 1:50.000 y 1:25.000. Es evidente que la provincia de Limón es la zona menos estudiada del país, únicamente en un 9 % de ésta se han realizado estudios hidrogeológicos, la provincia de Heredia está cubierta en un 10 %, Cartago en un 12 %, San José en 16 %, Alajuela en 19 %, Puntarenas en 21 % y la más estudiada de todas corresponde con Guanacaste con un 37 %. Los bajos porcentajes y diferencias por provincia posiblemente están relacionados con la disponibilidad de mapas geológicos detallados, la demanda de agua y la disponibilidad de agua superficial. Mientras que las cuencas más estudiadas corresponden con las cuencas de los ríos Tárcoles, Jesús María, Tempisque y la Península de Nicoya, entre otras (Fig. 6).

Elaboración propia: a partir de la revisión de informes disponibles en línea del Senara, Dirección de Agua, AyA, tesis de la licenciatura en Geología, Tesis de Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos, datos tomados del Sibdi-UCR.

Fig. 6 Áreas del país que cuentan con estudios hidrogeológicos a escalas iguales o menores que 1: 50 000, también se muestran las áreas protegidas y las cuencas hidrográficas.  

El AyA, la ESPH y las Asadas realizan investigaciones en el país en zonas de su jurisdicción donde brindan el servicio de abastecimiento público, sin embargo, según la Ley Nº 6877 ^{(Gobierno de Costa Rica, 1983)} el Art. 3, incisos ch), e) y h) es competencia del Senara realizar las investigaciones a nivel gubernamental y aunque el Senara ha realizado gran cantidad de estudios hidrogeológicos, se requiere de mayores presupuestos para realizar más estudios detallados en nuevas zonas.

Por su parte la Dirección de Agua ha contratado algunos estudios usando recursos del Canon de Aprovechamiento sobre vulnerabilidad y zonas de protección de manantiales (^{Ballestero y Zeledón, 2016)}, el estudio más reciente contratado fue el realizado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) en el año 2019, el cual se enfocó en determinar el potencial del agua subterránea, este será comentado más adelante. Además, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realiza investigaciones acerca del agua subterránea en las zonas en donde tiene proyectos de generación hidroeléctrica, sin embargo, estos últimos no se incluyen en la ^{figura 6}.

En forma independiente las universidades públicas también contribuyen a investigar el agua subterránea en Costa Rica. Es importante resaltar los aportes realizados mediante la formación de profesionales especializados en el estudio y evaluación del agua subterránea, lo cual ha sido recalcado por ^{Arias et al. (2006)}. Hasta la fecha se han desarrollado 37 tesis de la Licenciatura en Geología enfocadas en el estudio del agua subterránea y 46 tesis de la Maestría de Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos del Posgrado en Geología, ambas de la UCR. Debe mencionarse que los estudios hidrogeológicos son costosos debido a que requieren de la realización de trabajo de campo, análisis de laboratorio y en algunos casos se requiere de equipos especiales, por ejemplo, cuando se aplican métodos geofísicos y se perfora el subsuelo, de manera que la investigación de los acuíferos requiere de inversiones importantes. Es por esta razón que las tesis mencionadas han sido realizadas gracias a la combinación de financiamiento interno de la UCR y externo, principalmente por del sector gubernamental, tal como se muestra en la figura 7.

Elaboración propia, a partir de la revisión bibliográfica realizada para este estudio. La abreviación corresponde con la institución que apoyó el desarrollo de la investigación, además se agrupan en Otros UCR (CICA, Cicanum, CIA, EQ, Instituto Clodomiro Picado). Otros (DAAD, CNFL, Conare, IRET UNA, SIL-UNA, LIMRHI-UNA, Ministerio de Salud, Universidad Earth, Municipalidad Santo Domingo, OIEA, DGM, Recope, Dirección de Agua, Asadas, empresa privada).

Fig. 7 Cantidad de tesis según la institución que brinda el financiamiento.  

Las investigaciones existentes se enfocan hacia la exploración del agua subterránea, la caracterización de las unidades hidrogeológicas basados en datos hidráulicos, químicos e isotópicos, estas últimas técnicas se usan con menor frecuencia debido a los altos costos de los análisis químicos. También se han evaluado temas de riesgo a la contaminación (^{Carmona, 2016}; ^{Araya-Quirós, 2017}; ^{Fallas, 2017)}, algunas se han enfocado en variables como los parámetros bacteriológicos ^{(Ramos, 2005)}, otras enfatizan en los nitratos (^{Agudelo, 2001}; ^{Reynolds-Vargas et al., 2006)}; algunos caracterizan derrames puntuales de hidrocarburos (^{Guzmán, 2006} y ^{Ramos et al., 2010)}. Son pocos los estudios mostrados en la figura 6 que determinan las zonas de protección al menos a nivel de tesis, se pueden mencionar a ^{Vásquez (2005)}, ^{Arellano (2005)}, ^{González (2014)} y ^{Chinchilla (2022)}, no obstante, los operadores de agua están trabajando arduamente en la definición de estas zonas para sus captaciones ^{(Ramos, 2024)}.

^{Arias et al. (2003)} delimitaron la cuña de intrusión salina en el acuífero costero de Jacó. Mientras tanto, ^{Arias (2007)}, ^{Murillo (2008)}, ^{Murillo et al (2007)}, ^{Castro (2010)} y ^{González (2017)} utilizaron métodos geofísicos para estudiar la extensión de la intrusión salina en los acuíferos Tamarindo, Playa Panamá, Naranjito de Quepos y el acuífero aluvial de Puerto Jiménez. Por su parte, ^{Alvarado (2023)} estudió la interfase agua dulce-agua salada utilizando métodos hidrogeoquímicos e isotópicos.

Mediante la Ley N°8685 ^{(Gobierno de Costa Rica, 2008)} el Senara desarrolló el Proyecto PROGIRH, financiado por el BCIE con un costo de US $ 35 millones para cubrir cuatro ejes: gestión de aguas subterráneas, producción agrícola con riego, mejoramiento de tierras agrícolas con drenaje y fortalecimiento institucional. Con parte de estos fondos se ha investigado desde el año 2010, los acuíferos en la margen derecha del río Virilla, en la cuenca del río Grande, Potrero, Brasilito, Tamarindo, río Arío, Manzanillo, la margen derecha del río Tempisque, bahía Herradura, Punta Uvita, Herradura, Jacó, Hermosa, Esterillos, Parrita, Quepos, Naranjo, Savegre, Matapalo, Dominical y Ballena.

Investigaciones en los acuíferos de la margen derecha del Tempisque en Guanacaste y en la cuenca del río Grande, Alajuela fueron desarrollados vía convenio de cooperación interinstitucional entre el Senara y la UCR, lo que ha contribuido a mejorar el entendimiento del flujo, el almacenamiento y la composición del agua subterránea. ^{Vargas (2013)} indica que las aguas del acuífero Tempisque han tenido poca interacción con el medio geológico, se clasifican como bicarbonatadas cálcico magnésicas y los isótopos estables evidencian evaporación en el proceso de recarga, esto confirma lo publicado por ^{Gómez (1993)}. Un estudio similar realizado en la zona oeste del Valle Central indica la influencia de la geología en la composición del agua subterránea, son evidentes las diferencias obtenidas en la margen izquierda del río Grande, en donde las aguas que circulan en la Formación Aguacate y tienen mayores contenidos de calcio y sulfato, que las demás muestras analizadas, debido a los mayores tiempos de residencia y a la influencia de alteración hidrotermal de las rocas ^{(Vargas, 2016)}. Estas investigaciones generaron modelos conceptuales de las zonas de estudio con base en datos de campo y análisis de laboratorio; se midieron niveles de redes de pozos, mediante el estudio de los tipos de suelos, se determinaron las tasas de infiltración y a partir de análisis químicos e isotópicos del agua subterránea se mejoró la comprensión de la dinámica del agua subterránea en las cuencas de Tempisque y Río Grande.

^{Madrigal-Solís et al. (2022)} reportan diferencias en la composición química en las aguas del acuífero Barva y Colima, donde la meteorización de los aluminosilicatos es el principal proceso hidrogeoquímico que controla la composición del agua en los acuíferos Colima superior e inferior.

La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación también ha sido determinada para diferentes acuíferos en Costa Rica; esta suele obtenerse mediante la metodología de GOD, sin embargo, en concordancia con el medio hidrogeológico y la información disponible, también se han utilizado otros métodos como, por ejemplo, DRASTIC (^{Ramos, 2001}; ^{Fuentes, 2006}; ^{Castro, 2010)}, EPIK ^{(Ramos, 2005)} y SEA-GINDEX (^{Torres, 2020)}. De manera oficial ^{Senara (s/f-a)} ha determinado la vulnerabilidad de los acuíferos: Cañas, Costeros Sur, Tempisque, Andamojo, Belén, Cantón Barva, Chanquera Térraba, Fortuna, Grecia, Huacas, Montes de Oro, Moravia, Nimboyores, Parrita, Potrero-Brasilito, Potrero-Caimital, Poás, San Pablo, Santo Domingo, Tapantí-Pejibaye, Zona Diría, Barranca-Miramar-Chapernal, Pacífico Central, Palmares, Ríos Grande, río Ario, Sámara-Malanoche, Alajuela, Barranca-Jesús María, Liverpool y Siquirres.

Gran parte de las investigaciones realizadas incluyen balances hídricos de suelos para el cálculo de la recarga potencial en diferentes acuíferos y zonas específicas del país, mediante la metodología de ^{Schosinsky (2006)} (por ejemplo, ^{Miller, 2024}; ^{Alvarado, 2023}; ^{Vargas, 2022}, ^{Chinchilla, 2022}; ^{Zúñiga, 2021}; entre otros). También para el cálculo de la recarga se ha utilizado balance de cloruros en el sector de Venado y Nandayure (^{Obando, 2023}; ^{Miller, 2024)}. Mientras que el cálculo de la recarga real, mediante la metodología del hidrograma de pozos o fluctuación de niveles, únicamente se ha estimado en los acuíferos de Playa Potrero, Playa Brasilito, Tempisque, Liberia, Barú-Guabo, Herradura y Uvita (^{Monge, 2015}; ^{Alvarado, 2018}; ^{Arias Fernández, 2018}; ^{Alfaro, 2021}, ^{Chinchilla, 2022)}.

Si bien la metodología de ^{Schosinsky (2006)} es de uso obligatorio en el país (según acuerdo 60-2012 del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), hoy denominado Minae), es pertinente promover la selección de método de recarga en función del modelo conceptual, por ejemplo, métodos de presupuestos de agua, métodos basados en modelación de simulación, métodos físicos de la zona saturada y no saturada y métodos basados en trazadores químicos y de calor ^{(Healy, 2010)}.

El ^{IMTA (2008)}, calculó la recarga del agua subterránea en 15 cuencas hidrográficas de las 34 cuencas reconocidas para el año 2000 (Abangares, Barranca, Río Frío, Tárcoles, Térraba, Naranjo, Pacuare, Nicoya a, Nicoya b, Reventazón, San Carlos lago, San Carlos, Sarapiquí-Chirripó, Savegre y Tempisque-Bebedero), usando la metodología de ^{Unesco (2006)} la cual permite obtener un dato más cercano a la realidad. ^{Adamson-Badilla y Masís (2010)}, calcularon el balance hídrico para las cuencas faltantes, no obstante, este trabajo se enfocó en un balance de agua superficial, por lo que falta generar datos que permitan completar las zonas sin información y calcular la recarga acuífera real.

Por otra parte, se han realizado en el país 14 modelos numéricos, la mayor parte de estos con el fin de evaluar el comportamiento del agua subterránea ante diferentes escenarios climáticos y de extracción; también para la determinación de zonas de protección de pozos y la evaluación del agua subterránea en proyectos hidroeléctricos. Ocho de estos estudios se ubican en la provincia de Guanacaste (^{Collins, 1999}; ^{Zúñiga, 2006}; ^{García, 2013}; ^{Alpízar 2014}; ^{Orozco, 2014}; ^{García, 2015}; ^{Vargas, 2022} y ^{Alvarado, 2023)}, tres en Puntarenas (^{Murillo, 2017}; ^{Alfaro, 2021}; ^{Chinchilla, 2022)} dos en Limón (^{Vásquez, 2005} y ^{Chaves, 2016)} y uno en el Valle Central ^{(Nemus y Senara, 2016)}. De estos únicamente en los acuíferos Playa Potrero y Playa Brasilito se han evaluado utilizando un estado transitorio.

^{Nemus y Senara (2016)} elaboraron el modelo numérico del Valle Central, una investigación que estima los escenarios más favorables de extracción de agua subterránea que no afecte el entorno ambiental y estructural del acuífero en las condiciones actuales y en diferentes escenarios climáticos futuros. Para la implementación del modelo se utilizaron nueve capas que corresponden con las unidades hidroestatigráficas del sistema acuífero del Valle Central y se realizaron dos versiones del modelo considerando o no la recarga proveniente del retorno de las pérdidas del sistema de abastecimiento urbano. En cada versión del modelo se simularon tres escenarios de explotación y disminuciones de 10 % y 15 % en la recarga (^{Nemus y Senara, 2016)}. El escenario más exigente de extracción simulado muestra disminuciones de hasta cerca de 500 l/s en la descarga de manantiales, mientras que los restantes resultan en la disminución de 100 l/s a 250 l/s en los mismos. La carga hidráulica no presenta diferencias significativas considerando o no la recarga urbana, en los escenarios más exigentes hay disminuciones de la carga de hasta 9 m a 6 m en los sectores simulados de mayor extracción, y son inferiores a 1 m en sectores alejados (^{Nemus y Senara, 2016)}. Mientras tanto, los resultados de los escenarios climáticos indican que el aumento en la explotación podrá presentar más efectos en la descarga de manantiales que las alteraciones climáticas, al igual que con la carga hidráulica. Las zonas más afectadas por los cambios en la recarga son las de la periferia del modelo y en particular, las formaciones del Terciario y Zurquí (^{Nemus y Senara, 2016)}.

El estudio de ^{Belcher et al. (2019)} del USGS divide el país en tres bloques, dos ubicados al norte y noreste respectivamente y uno al sur del país, el bloque norte y sur están sometidos a esfuerzos tectónicos regionales compresivos, el bloque norte corresponde con la cuenca antearco y trasarco en el sector de la Cordillera de Guanacaste y el bloque sur es la zona de la Cordillera de Talamanca, ambos bloques están divididos por el sistema de Fallas transcurrente de Costa Rica, propuesto por ^{Astorga et al. (1991)} y estudiado por diferentes autores (^{Fan et al., 1993}; ^{Fisher et al., 1994}; ^{Montero, 1994)}. En el centro de ambos bloques se generó una cuenca Pull-apart, en la zona noreste del país, en donde existe un régimen de esfuerzos distensivos, caracterizado por la presencia de fracturas profundas abiertas que favorecen el almacenamiento profundo del agua subterránea, es así como la zona trasarco, al noreste de la Cordillera Volcánica Central, en la vertiente Atlántica del país, fue clasificada como la de mayor potencial para extraer agua subterránea profunda, este hallazgo permitiría orientar el desarrollo socio-económico del país con base en información científica ^{(RTI, 2019)}, esta zona ya había sido clasificada por ^{Astorga y Arias (2002)}como de alto potencial en el mapa de geoaptitud hidrogeológica. En el estudio del USGS además se calculó la recarga a nivel regional para las cuencas del río Tempisque y la de los ríos Tortuguero y Sarapiquí, los resultados obtenidos son de 2,61 x 1012 L/año y de 7,76 x 1012 L/año respectivamente ^{(Belcher et al., 2019)}.

Debe mencionarse que la Política Hídrica Nacional ^{(Minaet, 2009)} en el eje N°5 Desarrollo del conocimiento propone “invertir en la investigación de aguas subterráneas priorizando en los acuíferos del centro del país que resulten estratégicos para el abastecimiento de las poblaciones”, sin embargo, deben asignarse más recursos a nivel gubernamental.

Monitoreo del agua subterránea

Entre la década de los años setenta y ochenta gracias al Senas (hoy día Senara), se inició el monitoreo del agua subterránea en el Valle Central mediante una red de monitoreo de más de 40 piezómetros, esta fue la primera red de monitoreo en Costa Rica, creada con el objetivo de conocer la dinámica de los acuíferos en torno al proceso de recarga ^{(Suárez, 1990)}. Se midieron periódicamente los niveles de agua durante el año hidrológico en los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior, lo cual permitió determinar la respuesta inmediata del acuífero Barva al inicio de la lluvia, también se observó un desfase de 4 a 5 meses en el proceso de lluvia y la recarga del acuífero Colima Superior, en incremento en los niveles se dio a partir de setiembre y octubre ^{(Suárez, 1990)}. Lamentablemente, con los recortes de presupuesto y personal por la reestructuración del Senas en 1982, no se le dio seguimiento a esta iniciativa y se abandonó. Posterior a eso y en forma independiente, el AyA y la ESPH efectuaron controles en los principales sistemas de abastecimiento que utilizan.

La Política Hídrica Nacional ^{(Minaet, 2009)} en su eje N° 7 Vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático, propone “mantener un monitoreo constante del comportamiento en cantidad y calidad de las aguas subterráneas en los acuíferos costeros”, esto se ha venido implementando a partir del 2015 cuando se estableció el proyecto Sistema de Monitoreo de Agua Subterránea en Tiempo Real (Simastir), el cual es una red en tiempo real, aunque también se miden niveles manualmente, con el objetivo de registrar las variaciones de los niveles de aguas subterráneas, la temperatura del agua y la conductividad eléctrica en algunos sitios. Este proyecto es coordinado por la Dirección de Agua con el apoyo del AyA y el Senara, actualmente existen más de 400 pozos monitoreados ^{(Minae, 2024)}.

Los acuíferos monitoreados son: Colima Superior e Inferior, Aguas Zarcas-Pital, Sardinal-Tempisque margen derecha, Santa Cruz, Nimboyores, Huacas-Tamarindo, Nicoya-Caimital, Quiriman, Liberia, Bagaces, La Cruz, Portalón, en las playas de: Agujas-Mantas, Panamá, el Coco, Brasilito, Potrero, Cóbano-Montezuma, Nosara, Marbella, Sámara y Carrillo ^{(Dirección de Agua, 2023b)}. Los pozos se muestran en la figura 8; idealmente, esta red debería ampliarse a todo el país para prevenir la extracción intensiva y la contaminación del agua subterránea.

Elaboración propia a partir de tesis e informes técnicos consultados para este estudio. La red de monitoreo de pozos se obtuvo del proyecto Simastir (Minae-AyA-Senara, ESPH); las zonas hídricas especiales se tomaron de Dirección de Agua (2023b), Monge (2016) y Senara (2007, 2013, 2016a, 2016b, 2017, s/f-b, s/f-c).

Fig. 8 Ubicación de sitios en donde se reporta contaminación antrópica o geogénica y la concentración de algún elemento o compuesto químico excede el VMA.  

Las zonas hídricas especiales han sido definidas por el Senara con base en la realización de estudios técnicos, en donde existen evidencias de sobreexplotación, intrusión salina o alta vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de los acuíferos. Estas son: la Zona del Valle Central, la Zona del acuífero Mala Noche en la Zona de Sámara, la Zona del acuífero Huacas-Tamarindo y acuíferos costeros norte del cantón de Santa Cruz, la Zona del acuífero de Sardinal, cantón de Carrillo, todas estas ubicadas en la provincia de Guanacaste y la Zona del acuífero Mantas-Playa Agujas, sector de Garabito de Puntarenas (^{Senara 2007}, ^{Senara, 2013a}, ^{Monge (2016)}, ^{Senara (2016a)}, ^{Senara (2016b)}, ^{Senara 2017)}, ^{Senara (s/f-b)} y ^{Senara (s/f-c)}.

La vigilancia del agua subterránea permite mejorar la adaptación al cambio climático, previendo el posible aumento del nivel del agua subterránea en la costa, como consecuencia del aumento del nivel del mar, permite a su vez, enfrentar el riesgo de intrusión salina, contemplar las variaciones en la recarga acuífera por los cambios en la precipitación y por el aumento de la temperatura lo que causa una mayor evapotranspiración. Además, mediante la modelación numérica de acuíferos, el monitoreo de niveles y de calidad del agua subterránea se pueden establecer diferentes escenarios climáticos y de extracción del agua subterránea, para no comprometer la disponibilidad del agua en zonas menos lluviosas, por ejemplo, en Guanacaste. El monitoreo también favorece la toma de decisiones en torno a la asignación de usos del agua. El sector hídrico del país y los gobiernos locales deben incorporar los resultados de estas y otras investigaciones en la gestión del recurso hídrico, como parte de la adaptación al cambio climático.

Contaminación del agua subterránea

En los últimos veinte años han ocurrido distintos casos de contaminación puntual y difusa del agua subterránea en Costa Rica, la figura 8 muestra la ubicación de pozos y manantiales en donde en agua ha tenido algún componente ya sea de origen natural o antropogénico que excede el valor máximo admisible (VMA) según lo establecido en el Reglamento para la calidad del agua potable N° 38924-S ^{(Gobierno de Costa Rica, 2015)}. En Costa Rica al igual que en otras regiones del mundo, el tipo de contaminación antrópica más frecuentemente reportada son los nitratos. La fuente de los nitratos en el acuífero Barva fue primeramente estudiado por Reynolds et al. (2006), quienes propusieron a partir de análisis de isótopos estables, que el origen del nitrato en este acuífero proviene del uso de tanques sépticos y en menor grado de la descomposición de fertilizantes nitrogenados, esto concuerda con los datos de ^{Mora y Portuguez (2021)}, ya que según estos autores cerca del 80 % de la población usa tanque séptico en el país, los cuales son fuentes potenciales de contaminación por nitratos. Desde principios del siglo XXI, ^{Losilla et al. (2001)} reportaron un aumento en las concentraciones de nitratos en el Manantial La Libertad, en Heredia. Estudios más recientes en los acuíferos Barva y Colima indican que las concentraciones de nitratos exceden la normativa de agua potable en la zona central y baja del área de estudio, además concluyen que los fertilizantes inorgánicos son una fuente importante de contaminación en comparación con las aguas residuales en términos de concentraciones de NO₃⁻, además encuentran que en la zona norte la fuente principal de nitratos son los fertilizantes aplicados al cultivo del café y en la zona sur son las aguas residuales que percolan de la zona urbana ^{(Madrigal-Solís et al., 2024)}. Incrementos en los nitratos también se reportan en manantiales en otras zonas como, por ejemplo, Banderillas, Tierra Blanca, La Misión en Cartago ^{(Mora y Portuguez, 2021)}. La presencia de nitratos en el agua subterránea merece atención especial, ya que al tratarse de la molécula viaja en forma advectiva y al ser relativamente fácil y de bajo costo su análisis químico, se usa como indicador de la contaminación de los acuíferos. También los coliformes fecales en el agua subterránea se han reportado en diferentes partes del país ^{(Hidalgo et al., 2020)}.

El origen de elementos como el arsénico, el hierro y el manganeso presentes en el agua subterránea en concentraciones cercanas y superiores al VMA en aguas de consumo humano, han sido estudiados en detalle en algunas zonas. Tres zonas fueron investigadas mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre la UCR y el AyA. ^{Mollinedo (2013)} determina un origen geogénico del arsénico presente en algunos manantiales en la zona de Aguas Zarcas, el cual asocia con una anomalía geotérmica regional y con la mezcla de aguas meteóricas con aguas termales presentes en la zona de la falla inversa Florencia-Palmira. Por su parte ^{Araya (2020)} asocia la presencia de hierro, manganeso y arsénico con procesos redox en una zona donde hay fallamiento local que afecta las tobas de la Formación Buena Vista en Amparo, Los Chiles de Alajuela. En las zonas Cañas y Bagaces, Guanacaste se determinó que el arsénico encontrado en algunos puntos se relaciona con procesos geológicos-tectónicos regionales (^{Ramos et al., 2014)}. Posteriormente, ^{Solano (2021)} identifica zonas en donde las concentraciones de hierro y manganeso exceden el VMA en algunos sitios en Esparza y Orotina y ^{Santamaría (2023)} concluye que la reducción de óxidos y oxihidróxidos de hierro y de sulfuros como la pirita es el mecanismo que genera el hierro disuelto en concentraciones altas en el agua subterránea en pozos en la zona de Esparza, Coyolar y Uvita-Ceiba. Valores de fluoruro superiores al VMA han sido reportados por ^{Obando (2017)} en la zona de Tierra Blanca, Cartago, el autor indica que el origen no está claro, podría provenir de las cenizas volcánicas o bien de los plaguicidas fosfatados, por lo que este tema debe ampliarse en estudios posteriores.

El riesgo a la contaminación con plaguicidas es un tema preponderante porque Costa Rica ha sido un país agrícola y ya se han contaminado fuentes de abastecimiento con distintos plaguicidas. ^{Morales (2014)} propone una metodología para evaluar el riesgo de contaminación en la cuenca del río San Blas en Guanacaste. ^{Ruepert et al. (2005)} reportaron presencia de plaguicidas en pozos seleccionados en la zona Atlántica. Estos compuestos al ser liberados al medio ambiente se incorporan al suelo, atmósfera y al agua superficial y en algunos casos al agua subterránea por infiltración, es así como en lugares como el Cairo y Milano; Veracruz, Río Cuarto, Cipreses, Oreamuno, entre otros se han contaminado fuentes de abastecimiento público. ^{Castillo et al. (2012)} publicaron datos para el período 2003-2012 del herbicida Bromacil en la captación de la Asadade Milano. El bromacil también se ha reportado en Veracruz de Pital de San Carlos, Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Grecia y otros plaguicidas se han detectado en Matina, Pococí y Siquirres ^{(Mora y Portuguez, 2021)}.

Análisis de plaguicidas en aguas subterráneas en redes de monitoreo del acuífero de Tempisque y en la cuenca del río Grande, Alajuela, no reportan la presencia de estos compuestos en los sitios estudiados por ^{Vargas (2013)} y Río Grande ^{(Vargas, 2016)}, lo cual llama la atención ya que considerando las grandes cantidades de plaguicidas en el país, se esperaría encontrar estas sustancias en el agua subterránea, sin embargo no ocurrió debido a la complejidad de los procesos que determinan el destino ambiental de estos compuestos, a los procesos de atenuación de contaminantes en la zona no saturada y a la diversidad de plaguicidas aplicados a los cultivos, este tema debe estudiarse más en el país. ^{García (2017)} mediante muestreos de suelos y ensayos de laboratorio, estudia los procesos de sorción de plaguicidas seleccionados en una finca experimental en Poás, Alajuela, los resultados de esta investigación señalan el rol de la retención del suelo en la atenuación de plaguicidas.

^{Orozco-Gutiérrez (2019)} en un estudio realizado en pozos seleccionados para el abastecimiento público, reporta la presencia de algunos de los siguientes elementos y compuestos en concentraciones superiores a los VMA en dos pozos seleccionados denominados: Boruca y San Lucas (antimonio, cadmio, calcio, cianuro, cloruros, cobre, cromo, dureza total, fluoruros, magnesio, mercurio, níquel, nitratos, nitritos, plaguicidas, plomo, selenio, sulfato y zinc), sin embargo debe investigarse más a fondo la fuente de dichos elementos o compuestos para determinar su origen.

La contaminación del agua subterránea es cada vez más frecuente y se debe diversificar el tipo de análisis químicos que se realizan para buscar otros tipos de contaminantes como los compuestos polifluoroalquilados (PFAS), productos farmacéuticos y los contaminantes orgánicos persistentes (COP), estos últimos son tóxicos y persistentes, tienden a incorporarse en la cadena alimenticia y tienen graves efectos en la salud y el medio ambiente, esto debe realizarse sobre todo en los acuíferos más vulnerables, por lo general acuíferos libres, ubicados cerca de centros de población, en zonas costeras y en zonas agrícolas. Así mismo, está pendiente evaluar los efectos en el agua subterránea de la falta de tratamiento de aguas residuales en el territorio nacional.

Protección del agua subterránea en Costa Rica

La Ley de Aguas N°276 ^{(Gobierno de Costa Rica, 1942)}, vigente en Costa Rica, establece que se debe solicitar permiso para perforar y además propone la figura de la concesión para el aprovechamiento del agua subterránea (Arts. 7, 21, 22); además indica que debe existir un radio retiro para los pozos de 40 metros de la infraestructura (Art. 8), que ha sido interpretado como radio operacional. Esta ley ha sido visionaria no solo en cuanto al aprovechamiento del agua subterránea sino en lo que concierne a su protección, es así como el Artículo 32, dota al Poder Ejecutivo a determinar “las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación”, y desde su creación reserva un radio de fijo de protección de 200 metros para las fuentes de abastecimiento público (Art.31) en aras de la prevención de la contaminación.

Por su parte, la Ley Forestal N° 7575 (Gobierno de Costa Rica, 1976), indica un radio de 100 metros para nacientes permanentes, esta misma ley menciona que las áreas de recarga acuífera serán establecidas por los entes competentes. Sin embargo, a pesar de que existe normativa que busca la protección de las fuentes de agua, cada año se reportan incidentes de contaminación de fuentes de abastecimiento público (^{Mora y Portuguez, 2021)}.

En lo que se refiere a la protección de las captaciones de abastecimiento público, el AyA cuenta con 570 fuentes de captación, de los cuales 314 son pozos, 256 son manantiales y 67 son captaciones superficiales; según ^{Ramos (2024)}, el 48 % de las captaciones de agua subterránea, manantiales y pozos ya cuentan con zonas de protección definidas. En el caso de la ESPH, todas las captaciones tienen definidas las zonas de protección, 25 corresponden con pozos, 11 son manantiales y 10 son captaciones superficiales (^{Castro, 2024)}. ^{Arias Salguero (2018)} elaboró las zonas de protección para diez manantiales seleccionados de la Asada de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela.

Es pertinente mencionar que la definición de zonas de protección implica una inversión considerable para realizar estudios hidrogeológicos puntuales, por lo que no todos los operadores de agua tienen la misma capacidad de inversión para realizar dichos estudios. Debido a lo anterior en 2018 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprueba la “Metodología Tarifaria para la protección del Recurso Hídrico”, esta herramienta busca generar recursos financieros para los prestadores del servicio, con el fin de desarrollar proyectos que permitan proteger las fuentes de aprovechamiento de agua con las que se abastecen. La tarifa se establece con el costo asociado a cada proyecto con un período de ejecución de estos de cinco años ^{(Aresep, 2021)}.

Son pocas las Asadas que hasta el momento cuentan con tarifa hídrica aprobada por Aresep entre estas están las de: Río Blanco, Aguas Zarcas, Río Celeste y Sucre (^{Aresep, 2022}, ²⁰²³, ²⁰²⁴) por lo que estás cuentan con la definición de al menos una de sus fuentes. Los proyectos asociados buscan la protección, restauración y conservación de ecosistemas, promover una nueva cultura del agua, entre otros.

Aunado a esto se han utilizado algunas de las metodologías para la protección de la calidad del agua subterránea propuestas por ^{Foster et al. (2002)}, específicamente los mapas de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea se han usado para prevenir la contaminación del agua subterránea, no obstante, debido conflictos generados con el uso de la tierra cesó la obligatoriedad que tuvo la matriz de vulnerabilidad del Senara, esta dejó de aplicarse en el año 2019 (Cuadro 2).

Otra herramienta que contribuye en la protección de la calidad del agua subterránea es la identificación y caracterización de las amenazas potenciales de contaminación y su posterior incorporación en el análisis de peligro de contaminación ^{(Foster et al., 2002)}, no obstante, esta es una tarea pendiente en nuestro contexto. Son pocos los estudios que han inventariado fuentes y estos tienen un alcance local, ^{Vargas (2009)} elaboró el primer inventario detallado para el cantón de Belén para evaluar el riesgo a la contaminación del agua subterránea y han sido pocos los estudios posteriores en esta temática. Otros estudios de este tipo han sido realizados por ^{Ramos (2001)}, ^{Monge (2015)}, ^{Carmona (2016)}, ^{Araya-Quirós (2017)}, ^{Fallas (2017)} y ^{Orozco-Gutierrez, J. (2019)} entre otros.

También son pocos los análisis de peligro y riesgo a la contaminación del agua subterránea que se han realizado y estos podrían resultar muy útiles sobre todo en zonas urbanas y rurales en donde se tienen múltiples fuentes potenciales ya sean puntuales o dispersas de contaminación. En vista que se dejó de aplicar la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos (Cuadro 2), el país debe buscar algún otro tipo de herramienta que permita un balance en la protección de los acuíferos y la realización de actividades económicas que no comprometan la disponibilidad y calidad del recurso hídrico subterráneo futuro.

Las Zonas Hídricas Especiales son otro ejemplo de las medidas de protección del agua subterránea establecidas en el país (Fig. 6), no obstante, la vigilancia de niveles y calidad del agua de los acuíferos debe extenderse a todo el país.

Conflictos por el agua subterránea en Costa Rica

A pesar de que en Costa Rica el acceso a agua potable es un derecho humano, según la reforma del Art. 50 de la Constitución Política (Ley N°9849 [^{Gobierno de Costa Rica, 2020a}]) y el uso del agua en el abastecimiento público es prioritario según el Art. 27 de la Ley de Aguas N°276 ^{(Gobierno de Costa Rica, 1942)}, se han presentado diversos conflictos asociados al uso del agua subterránea (Cuadro 3). Las causas de estos conflictos han sido analizadas por distintos autores. ^{Ramírez-Cover (2007)}, contextualiza el impacto en el cambio en el modelo de desarrollo económico en la década de los ochenta en Guanacaste, al pasar de una economía predominantemente agrícola, ganadera y agroindustrial a otra basada en servicios, asociado al turismo masivo, lo que conlleva un crecimiento inmobiliario importante, el cual tiene repercusiones en la utilización del agua subterránea. Por su parte ^{Cuadrado (2017)} indica que las disputas se deben a la falta de aplicación de las leyes por parte de instituciones públicas, competencias en el uso del agua, problemas de contaminación del agua, entre otros.

^{Alpízar (2019)} sostiene que las luchas por el agua en Costa Rica van más allá de aspectos técnicos y tienen que ver con las relaciones desiguales de poder que generan afectación en el acceso al agua potable y el saneamiento. Quizás esta es la razón por la cual a pesar de que han habido diversos intentos de aprobar una nueva ley del recurso hídrico en el país, a más de veinte años de primera propuesta, la ley N° 17.742, Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico presentada mediante iniciativa popular, esto no ha sido posible, ya que existen diferentes intereses políticos y económicos en torno al uso del agua. Del análisis de los proyectos de ley que han llegado a la Asamblea Legislativa, se observa un factor común y es la transferencia de competencias del Senara y el AyA a la Dirección del Agua, lo cual debe analizarse con mucho cuidado ya que la centralización de todas las competencias de rectoría, regulación, investigación y gestión en único ente, eliminaría los contrapesos que han existido históricamente en torno al agua y que existen en un país democrático como el nuestro ^{(Senara, 2013b)}. Además, el tema de las Asadas queda por fuera en varias de las propuestas analizadas. Se considera que la investigación acerca del agua subterránea en el país la debe realizar un ente independiente al Minae, en otros países dicho ente es la figura de servicio geológico, sin embargo, este no existe en el país y las competencias de investigación las realizó el Senas hasta el año 1982 ^{(Suarez, 1990)} y luego el Senara ha continuado esta tarea hasta la actualidad.

Si bien es necesaria una actualización del marco legal en torno al recurso hídrico de manera integral, mientras esto ocurre se debe aplicar la normativa vigente y mejorar los controles en torno al aprovechamiento del agua subterránea, de lo contrario los conflictos irán en aumento. Además, deben considerarse los distintos actores sociales, usuarios del agua y los múltiples servicios que ofrece el agua subterránea, donde se incluyen: prestación de servicios (extracción de agua subterránea), regulación de servicios (capacidad de amortiguación de los acuíferos a la hora de regular el régimen de cantidad y calidad de los sistemas de aguas subterráneas), servicios de apoyo (sustento de ecosistemas dependientes de las aguas subterráneas) y servicios culturales (relacionados con actividades de ocio, tradiciones, valores religiosos o espirituales asociados con determinados lugares más que con los acuíferos), ^{(Unesco, 2022)}.

En vista de que las Asadas, tienen la mayor cantidad de captaciones en el país, 70 % de los manantiales captados para abastecimiento público pertenecen a las Asadas ^{(Mora y Portuguez, 2021)}, es prioritario brindarles el acompañamiento técnico adecuado para garantizar la protección de sus fuentes. Las Asadas, organizaciones locales y municipios están tomando conciencia de la importancia del uso sustentable de los recursos hídricos de Costa Rica, por lo que algunos de ellos han tomado acciones para exigir al gobierno la solución de varios conflictos hídricos en las regiones del Pacífico noroeste y del Atlántico ^{(Cuadrado, 2017)}.

Uso de la tierra y el agua subterránea

En Costa Rica existen grandes desafíos en cuanto al ordenamiento del territorio y los impactos antrópicos en el agua subterránea. ^{Foster et al. (2010)} afirman que la gobernanza de las aguas subterráneas no puede abordarse de forma aislada al uso de la tierra debido a que “estas dependen en gran medida del uso de la tierra y los cambios en el uso en las áreas de recarga de acuíferos ejercen una influencia directa tanto en las tasas como en la calidad de la recarga”. El crecimiento de las ciudades intensifica el uso del agua subterránea y el desarrollo de actividades antrópicas sin la debida planificación amenazan la calidad del recurso hídrico. En Costa Rica el 51 % de la población y el 85 % del total de las industrias se ubican en la cuenca del río Grande de Tárcoles ^{(Minaet, 2008)}, lo que genera una gran presión en torno al recurso hídrico y también produce descargas de aguas residuales con poco tratamiento en la cuenca hidrológica; este impacto ya se está detectando en el acuífero Colima Superior y el Barva en la zona NE de Heredia según los valores y las fuentes de nitratos estudiados por ^{Solís et al. (2024)}.

Si bien la legislación vigente a nivel nacional establece que el agua es un bien de dominio público y por lo tanto el Estado debe administrarlo y protegerlo adecuadamente, el avance en la implementación de planes de ordenamiento territorial es lento; esto aunado al aumento en la demanda del agua subterránea y a la falta de implementación de zonas de protección de las fuentes de agua, ha causado conflictos y casos de contaminación de fuentes subterráneas. Según datos del ^{INVU (2024)} de los 82 cantones del país, 40 cuentan con plan regulador (48,7 %), 51 % de los planes fueron aprobados antes del 2000, mientras que 21 consideran todo el territorio del cantón; es preocupante que solo 21 cuentan con viabilidad ambiental de Setena y 4 cuentan con matriz de vulnerabilidad hidrogeológica. Mientras tanto, se siguen desarrollando distintas actividades antrópicas que afectan la explotación del agua subterránea y su calidad, ya que son una amenaza potencial para la contaminación del agua subterránea. La aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos aplicada por el Senara 2017-2019 causó inconformidad ya que se consideró como un gran obstáculo para el desarrollo del Ordenamiento Ambiental del Territorio en el país ^{(Astorga, 2018)}, es por esta razón que se eliminó su aplicación en el año 2017 (Cuadro 2). Actualmente el Decreto N°42015-MAG -Minae-S- MIVAH establece las variables de vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea y la recarga acuífera dentro de los criterios para la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

^{Astorga y Arias (2002)} publicaron una zonificación del territorio nacional basado en la geoaptitud, la cual aproxima la capacidad de formar acuíferos libres, tomando en cuenta las condiciones geológicas existentes considerando aspectos antrópicos, es así como identificaron que 44 % del área del país tiene un alto potencial de geoaptitud hidrogeológica y se ubica en el Valle Central y en la zona norte; según los autores el desarrollo económico desordenado, no planificado y en particular el urbano, representa un riesgo de contaminación del recurso hídrico subterráneo.

Se reconoce la importancia de la agricultura en el desarrollo económico del país, no obstante la falta de planificación y controles generan conflictos como se analizará más adelante. En el país existen 431 937,80 hectáreas cultivadas, de las cuales el 83 % corresponde con cultivos permanentes y 17 % son perennes ^{(INEC, 2021)}, ambos tipos hacen uso de distintas cantidades de agroquímicos. Según ^{Ramírez et al. (2012)} el banano y la piña son los cultivos que más toneladas de ingrediente activo de plaguicidas usan en el país (2102-2058 y 1125-1710 respectivamente). De acuerdo con ^{PNUD (2024)}, el uso aparente de plaguicidas en Costa Rica es de 34,45 Kg/hect. y 20 de los 22 plaguicidas más peligrosos del mundo se utilizan en Costa Rica.

^{González (2019)} indica que ha existido un aumento en el área cultivada de piña en los últimos años y ya para el año 2017 existían 66 670 hectáreas cultivadas de piña, de las cuales un 25 % están ubicadas en zonas con ecosistemas de humedales, ubicados en la zona norte, Caribe y Pacífico sur, lo cual ya ha generado conflictos en el uso de la tierra.

Perforación ilegal en el país

Según ^{Adamson-Badilla y Masís (2010)}, existen hasta un 20 % más de los pozos concesionados que son pozos ilegales. Según datos de la ^{CGR (2022)} en el sector agropecuario existen alrededor de 8000 productores que requieren inscribir pozos ilegales. El Minae conoce la situación en torno a la actividad de perforación ilegal, el Sr. Edgar Gutiérrez, exministro del Minae declaró que en el país en ese momento podía haber unos 40 000 pozos ilegales, con lo cual duplicaban los legales ^{(Chacón, 2019)}.

En los últimos 22 años se han realizado tres amnistías para legalizar pozos que se construyeron al margen de la ley, la primera fue en el año 2002, en la cual se legalizaron 256 pozos, la segunda fue en el año 2010, la cual contabilizó 380 pozos y la última se efectuó en el año 2019 (ver Cuadro 2), en el año 2021 hubo otra iniciativa similar, sin embargo, no fue aprobada debido a que la Sala Constitucional indicó que era inconstitucional ^{(Muñoz, 2023)}. Los datos reportan una baja cantidad de pozos legalizados y aunque las causas se desconocen, estas deben ser analizadas, ya que pareciera que las amnistías no han logrado cumplir con su objetivo inicial.

Desde nuestra experiencia en el trabajo de campo, con cierta frecuencia se observan pozos con distintos usos, incluyendo los de consumo humano, que no tienen registros de perforación porque se construyeron de manera ilegal. Es preocupante sobre todo cuando se trata de acueductos rurales que brindan servicio a comunidades, por lo que los controles sobre la perforación en el país deben mejorarse, ya que la perforación ilegal puede poner en riesgo captaciones que sí cumplen con los requisitos establecidos, además de que se desconoce el volumen real extraído, lo que podría comprometer la disponibilidad y la calidad del recurso en el futuro, sobre todo en zonas como Guanacaste en donde existen cuencas pequeñas, donde el clima y las condiciones hidrogeológicas pueden limitar el almacenamiento del agua en el subsuelo. Además, la perforación ilegal representa pérdidas para el Estado ya que los pozos construidos no pagan el Canon de Aprovechamiento. La Dirección de Agua es el ente responsable de regular la perforación en el país, de otorgar permisos y concesiones de aprovechamiento de acuerdo con el marco legal vigente, lamentablemente la perforación ilegal ocurre y eso evidencia la ingobernabilidad que existe hacia el agua subterránea en ese campo, este es un problema que merece especial atención.

Gobernanza del agua subterránea en Costa Rica

De acuerdo con ^{Undesa-UNDP-Unesco (2012)}, la gobernanza establece el marco correspondiente para una gestión eficaz del agua, la gestión de recursos, incluida la prestación de todos los servicios hídricos de forma socialmente responsable, ambientalmente sustentable y económicamente eficiente, y comprende los procesos de definición de políticas, formulación de objetivos, de proporcionar a las instituciones los procedimientos, los recursos, brindar seguimiento y registro, para permitir la participación de las partes interesadas y que asuman la responsabilidad de los resultados. Según ^{Foster et al. (2010)} la gobernanza se enfoca en el ejercicio de autoridad y la promoción de acciones colectivas responsables para garantizar la utilización sostenible y eficiente de las aguas subterráneas en beneficio de la humanidad y los ecosistemas dependientes.

A nivel nacional la Constitución del Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua, en el Decreto N°41058-Minae ^{(Gobierno de Costa Rica, 2018)}, define la gobernanza como un proceso sociopolítico que involucra diferentes actores y demás entes de la sociedad, en el diseño, construcción de política pública, movilización de recursos y su participación, de esta manera, gobernantes y gobernados adquieren y están conscientes de sus derechos, obligaciones y responsabilidades en la solución de sus problemas. La gobernanza es un proceso, mientras que la gobernabilidad corresponde a un fin de la administración pública, en la aplicación y ejecución de las normas formales establecidas (Minae, 2018).

En Costa Rica, la rectoría sobre el recurso hídrico la tiene el Minae, entidad encargada de emitir políticas públicas para mejorar el aprovechamiento, protección e investigación del recurso hídrico. A través de la Dirección de Agua, el Minae “ejecuta acciones orientadas a gestionar y proteger el recurso hídrico, específicamente le compete el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de agua y de fuerza hidráulica, los permisos de vertidos, los dictámenes de cuerpos de agua, los permisos para realizar obras en cauce y descarga de aguas de drenaje agrícola” (Dirección de Agua, 2024). No obstante existen otras instituciones que por su ley constitutiva se les ha asignado competencias directas en cuanto a la vigilancia y el control, o sea fungen como reguladores ^{(Senara, 2013b)}, por ejemplo el AyA en lo que se refiere al abastecimiento público y alcantarillado sanitario, para cumplir con este mandato, el AyA cuenta distintos departamentos, específicamente acerca del agua subterránea, esta entidad con una unidad de investigación especializada en donde trabajan 19 profesionales especializados en el campo de la Geología e Hidrogeología, lo que es una fortaleza a nivel institucional.

El AyA mediante el Reglamento de Asadas (Decreto Ejecutivo N°42582-S-Minae [^{Gobierno de Costa Rica, 2020b}]) delega la administración local de acueductos rurales. En el caso de las Asadas, falta capacitación técnica y administrativa dirigida hacia estos entes ^{(Cuadrado, 2017)}, lo cual es preocupante ya que los manantiales son las principales fuentes utilizadas en el abastecimiento por parte de estos operadores y la mayor parte de sus captaciones no cuentan con las zonas de protección delimitadas.

Senara, cuya ley constitutiva Nº 6877 ^{(Gobierno de Costa Rica, 1983)} le asignó la función de “investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos”. En respuesta a sus funciones el Senara cuenta con una Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, especializada en aguas subterráneas en donde laboran 8 profesionales en hidrogeología. ^{Foster et al. (2010)} resaltan dentro de la lista de criterios para evaluar la capacidad de provisión de gobernanza de aguas subterráneas en los países, la existencia de una agencia gubernamental que sea “guardiana del recurso hídrico subterránea”, en el caso de Costa Rica dicho rol lo ha desarrollado históricamente el Senara; según los autores, esta agencia debe ubicarse en la estructura jerárquica gubernamental de tal modo que pueda interactuar al mismo nivel con otros sectores, de manera que se puedan implementar medidas en la gestión y la protección del recurso hídrico.

La Contraloría General de la República ^{(CGR, 2009)} ha indicado la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional para unificar criterios técnicos entre el AyA, el Senara y la Dirección de Agua, es así como se definieron las Metodologías hidrogeológicas para la evaluación del Recurso Hídrico (Cuadro 2). Dicha coordinación ha mejorado sin duda con la creación de la Comisión Técnica Interinstitucional para la gestión de los acuíferos (CTI), en el 2015 vía decreto N° 38449-Minae-MAG ^{(Gobierno de Costa Rica, 2014)}, la cual tiene la finalidad de “integrar y potencializar esfuerzos para que se asignen recursos en cada presupuesto institucional, a fin de invertir en la gestión de aguas subterráneas, particularmente en el monitoreo y los estudios que realicen las instituciones que conforman la comisión o por terceros. La CTI debe además consensuar y acordar sobre las condiciones de la perforación del subsuelo y aprovechamiento sostenible del agua y sistemas de acuíferos” (Art. 3º, Decreto N° 38449-Minae-MAG [^{Gobierno de Costa Rica, 2014}]). La CTI está conformada por el AyA, el Senara y el Minae, este último funge como ente coordinador, estas tres instituciones han unido esfuerzos y han destinado recursos para realizar estudios conjuntos y vigilar acuíferos seleccionados, principalmente en Guanacaste (Fig. 5). Esta comisión ha establecido los caudales disponibles en distintos acuíferos costeros, con base en estudios técnicos realizados por las instituciones que integran dicha comisión, además emite criterios unificados, lo cual es un esfuerzo por mejorar la gobernabilidad del recurso hídrico en el país.

El Minae en el año 2018, establece el Mecanismo Nacional de Gobernanza del Agua vía Decreto N° 41058, el cual abre espacios como los foros regionales y nacionales del agua del grupo gobernanza del agua, no obstante, estos son no vinculantes y la conceptualización de estos espacios están más enfocados en las aguas superficiales que en las subterráneas.

El cuadro 2 resume las principales políticas, reglamentos y decretos aprobados en los últimos veinte años en el país relacionados con el uso y protección del agua subterránea. Se extrae de estos documentos que existen tres grandes temas alrededor de los cuales giran estas regulaciones: el aprovechamiento del agua subterránea mediante pozos, la regulación del uso del suelo y evaluación ambiental versus protección del agua subterránea, lo cuales intentan cubrir los vacíos existentes por la falta de gobernabilidad del recurso hídrico subterráneo, por ejemplo, la inexistencia de un reglamento de la ley de aguas, esta necesidad ha sido señalada por ^{Astorga y Arias (2002)}.

La creación de la Comisión para el Manejo Integrado del Acuífero Nimboyores y Acuíferos Costeros de Santa Cruz de Guanacaste (Conimboco) y la Comisión para el Manejo Integrado de Acuíferos en el Distrito de Sardinal, Cantón de Carrillo, Guanacaste (Cuadro 2) son ejemplos de gobernanza en el país, las cuales surgieron como respuesta a los conflictos por el aprovechamiento del agua subterránea en la provincia de Guanacaste.

La creación de herramientas legales permite planificar y orientar las acciones para el uso sostenible y la protección de los acuíferos del país y por lo tanto mejorar los procesos de gestión del agua subterránea. Sin embargo, como se observa en el cuadro 2 ha habido cambios en torno a los roles de las instituciones, por lo que es pertinente evaluar los resultados y las repercusiones en el futuro de la implementación de dichos cambios en la efectividad en la gestión del agua, mejora en los servicios ofrecidos a los distintos usuarios y también en la protección del agua subterránea. Ante la necesidad de proteger el recurso hídrico y solventar estos vacíos que han generado conflictos en torno al uso del agua, la Sala Constitucional con los Votos 4790-2008 y 8892-2012 clarifica las competencias del Senara en el 2016, no obstante, con la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, el sector productivo ejerció presión, lo que culminó en la derogación de dicho instrumento y no se estableció otro en su lugar.

Retos futuros

Los retos futuros son muchos, sin embargo, se considera que los más relevantes son en el ámbito de la investigación y la gobernanza, los cuales se resumen a continuación:

Con respecto a la investigación, los esfuerzos deben enfocarse en zonas nuevas donde se priorice según los planes de desarrollo. Además existen nuevos retos en temas de contaminación y remediación de acuíferos, por lo que es importante diversificar las investigaciones en estas temáticas. Es imprescindible continuar con la formación de profesionales con especialización formal en Hidrogeología para buscar soluciones a los problemas existentes, prevenir la extracción intensiva y la contaminación del agua subterránea que usará el país en el futuro. Esto conlleva a la articulación de esfuerzos en el sector hídrico y académico para maximizar recursos enfocados en la investigación del agua subterránea. Si bien la estimación de la recarga potencial ayuda a conocer el recurso disponible, lo ideal sería combinar distintos métodos y ampliar las redes de vigilancia en tiempo real de la variación de niveles de agua subterránea para aproximar la recarga real y la composición del agua de recarga. Otra labor de investigación que es perentoria es el estudio de acuíferos transfronterizos entre Costa Rica, Panamá y Nicaragua y su relevancia en el desarrollo humano de estas regiones y de las relaciones internacionales entre los países de la región centroamericana. El monitoreo de acuíferos debe extenderse a todo el país, donde además de medir los niveles, se deben realizar análisis de calidad del agua, con el fin de enfrentar desafíos ante el cambio climático, afectación en la recarga, aumento de la extracción para riego y consumo, así como otros usos y fortalecer la prevención de la contaminación. Si bien los avances tecnológicos como los datos satelitales y monitoreo en tiempo real contribuyen en la vigilancia de los acuíferos del país, aún falta bastante trabajo de campo para delimitar acuíferos y su potencial en la zona norte y Atlántica del país, entre otras zonas. Es pertinente gestionar el agua subterránea como recurso estratégico en la adaptación al cambio climático.

Desde el marco legal y gobernanza, debe fortalecerse el marco vigente y aplicarse, desde una visión integral del agua, no centrada en el agua superficial como ha ocurrido. Esto conlleva reconocer el rol preponderante que tiene el agua subterránea y los servicios ecosistémicos que brinda, ya que en muchos casos existe una dependencia de los sistemas acuáticos, en especial los humedales del agua subterránea, lo cual ha sido muy poco estudiada en el país. El ordenamiento del territorio es una tarea urgente, debido a que el crecimiento desordenado genera afectación en la calidad del agua subterránea, por lo que el Estado debe gestionar procesos de gobernanza en donde se establezcan herramientas para prevenir la contaminación del agua subterránea. La CTI ha contribuido a mejorar la toma de decisiones a nivel político para mejorar la gestión del agua subterránea, las instituciones deben fortalecerse según sus competencias, a nivel gubernamental es el Senara el ente responsable de realizar investigaciones acerca de los acuíferos y su protección. Desde la parte administrativa, la Dirección de Agua debe depurar y actualizar la base de datos y trabajar en unificar la información de pozos de Senara con el fin de conocer el volumen total de agua concesionada, también debe mejorar los controles en la extracción del agua subterránea mediante macromedición para conocer el caudal real de agua extraída de los acuíferos. De lo anterior queda la labor de implementar controles a nivel regional por parte de la Dirección de Agua para eliminar la perforación ilegal en el país.

Conclusiones y recomendaciones

El agua subterránea es la fuente principal de los usos de abastecimiento público, turístico-comercial e industrial en Costa Rica y aumenta anualmente; para otros usos como: agro-industria, agro-pecuario y riego, se reportan consumos bajos del agua subterránea, pero eso posiblemente es el reflejo del subregistro que existe por la perforación ilegal y no muestra los volúmenes que en realidad se usan. El agua subterránea es un recurso estratégico en el desarrollo del país, por lo que debe caracterizarse de manera integral y establecerse como un eje central para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En las últimas dos décadas han habido avances significativos en la investigación de algunos acuíferos del país, los estudios hidrogeológicos analizados incluyen aspectos como: la estimación de la recarga potencial, la caracterización del flujo del agua subterránea, la determinación de las propiedades hidráulicas de los acuíferos, la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea, modelación del flujo del agua subterránea y con menor frecuencia se indican datos de la calidad del agua y rasgos hidrogeoquímicos e isotópicos. No obstante, la mayor parte del territorio no cuenta con estudios de detalle debido a la falta de políticas claras que reconozcan y fortalezcan el rol preponderante del agua subterránea en el desarrollo socioeconómico de la nación.

Si bien diferentes instituciones realizan investigaciones sobre el agua subterránea con distintas aplicaciones, el Senara es el ente gubernamental responsable de investigar este recurso. Resulta imprescindible unir esfuerzos entre distintas instituciones para maximizar los recursos disponibles y ampliar las zonas estudiadas. Se resalta el aporte de la academia en la caracterización del agua subterránea mediante tesis y proyectos de investigación.

Debe invertirse más recursos económicos y formar más profesionales en hidrogeología para continuar las investigaciones de los acuíferos, esto fortalecerá la toma de decisiones basada en estudios científicos que permitan tener una visión real de la dinámica del recurso en el marco del ciclo hidrológico y de la adaptación al cambio climático.

La gobernabilidad del agua subterránea en Costa Rica debe fortalecerse mediante una aplicación de la normativa vigente y la coordinación interinstitucional, lo cual ha mejorado gracias a la creación de la CTI, no obstante, los presupuestos institucionales deben adecuarse pa ra fortalecer las investigaciones en el territorio nacional.

La falta de planificación del uso de la tierra genera conflictos asociados al uso y la calidad del agua subterránea, esto aunado a la perforación ilegal existente atenta contra la protección y la gestión del agua de manera sustentable. Es evidente que la aplicación de amnistías no es el camino para resolver esta problemática, la falta de una nueva ley de aguas no justifica los pocos controles en la perforación, la cual pone de manifiesto la falta de aplicación del marco legal vigente. Las reformas a la legislación actual deben buscar un aprovechamiento sustentable y la protección del agua, tomando en cuenta la dinámica del ciclo hidrológico, en donde se reconozca la relevancia del agua subterránea y todos los servicios que brinda.