[article pii=nd doctopic=oa language=es ccode=br1.1 status=1 version=3.1 type="gra tab" order=02 seccode=RD020 sponsor=nd stitle="Rev.Diálogos" volid=10 issueno=02 dateiso=20100000 fpage=20 lpage=81 issn=1409-469X][front][titlegrp][title language=es]Democracia y conflicto en Venezuela (1988-2008)1[/title][/titlegrp]
[authgrp][author role=nd rid="a01"][fname]Juan
Eduardo [/fname][surname]Romero[/surname][/author]
[author role=nd rid="a02"][fname]Yessika[/fname] [surname]Quiñónez[/surname][/author][/authgrp]
[aff id="a01" orgname="Universidad del Zulia-
Venezuela"]Juan Eduardo Romero. Historiador, Doctor
en Historia de América Latina Contemporánea. Docente e
investigador en la Universidad del Zulia- Venezuela. E-mail: [email]juane1208@gmail.com[/email][/aff]
[aff id="a02" orgname="Universidad del Zulia-
Venezuela"]Yessika Quiñónez. Licenciada en
Comunicación Social por la Universidad por la Universidad de Zulia,
Venezuela, y cursante de la Maestría en Ciencias de la
Comunicación en esa misma casa de estudios. Asistente de
investigación.[/aff]
Dirección de correspondencia.
[bibcom]Abstract
[abstract language=en]This paper addresses the issue of
democracy in Venezuela from a manifold and varied. Part of the consideration of
a set of variables (role of the state in the globalized society, politics and
governance, economics, social policy, social movements and collective protests,
environment and ethnic groups) to make a weighting of the course and the
challenges of Venezuelan democratic society in the period 1988-2008. The work
runs the analysis from the perspective of historical comparison, the critical
history, sociology, history and political thought to establish the main trends
that have purchased Venezuelan democracy in each of these variables in the period
studied, as well as foresight they can acquire in the coming years.[/abstract]
Keywords: [keygrp
scheme=decs][keyword type=m language=en]Democracy[/keyword], [keyword
type=m language=en]conflict[/keyword], [keyword
type=s language=en]Venezuela[/keyword], [keyword
type=m language=en]participation[/keyword], [keyword
type=m language=en]crisis[/keyword][/keygrp]
Resumen
[abstract language=es]El presente trabajo aborda el tema
de la democracia en Venezuela desde una perspectiva múltiple y variada. Parte de
la consideración de un conjunto de variables (papel del Estado en la
sociedad globalizada, la política y el ejercicio del poder, la
economía, la política social, los movimientos sociales y las
protestas colectivas, medio ambiente y grupos étnicos) para realizar una
ponderación del curso y los retos de la sociedad democrática
venezolana en el período 1988-2008. El trabajo maneja el análisis
desde la óptica de la comparación histórica, la historia
crítica, la sociología histórica y el pensamiento
político para establecer las principales tendencias que ha adquirido la
democracia venezolana en cada una de esas variables en el período
estudiado, así como la prospectiva que pueden adquirir en los
próximos años.[/abstract]
Palabras
claves:
[keygrp scheme=decs][keyword type=m language=es]Democracia[/keyword], [keyword
type=m language=es]conflicto[/keyword], [keyword
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[body]Introducción
Las
condiciones de la democracia venezolana en el transcurso del período
comprendido entre 1988 hasta la actualidad, pueden definirse como de
transición política2, entendido como un proceso de
transformaciones en la dinámica de interacciones simbólicas y
prácticas entre los actores sociales y políticos, el Estado como
estructura jurídica y los agentes económicos. Estamos conscientes
que el uso tradicional que se le ha dado al término ha estado asociado
al paso de regímenes autoritarios a democráticos, pero su
aplicación al contexto venezolano, entendiéndolo como
modificación o transformación de las condiciones
socio-políticas, institucionales e internacionales, permite enriquecer
el debate teórico al respecto de lo sucedido en Venezuela.
En
función de esta aproximación teórica, se establece un
análisis del proceso de transformaciones, iniciado con la
implementación de los ajustes estructurales derivados del Consenso de
Washington y que sí bien fueron propuestos a partir de 1990, en el caso
de Venezuela se aplicaron - premonitoriamente- durante el gobierno de Carlos
Andrés Pérez, a partir de febrero de 1989, generando una protesta
social colectiva que dio al traste con la estructura de poder imperante desde
1958. Se analizan las líneas principales del ajuste estructural, su
impacto en las condiciones del régimen político, así como
el impulso que generaron en la acción colectiva de los movimientos
sociales y de resistencia. Se sostiene en el presente trabajo, que las condiciones
de esa transformación y las implicaciones teóricas-conceptuales,
así como prácticas que presenta, pueden ayudar a la
comprensión del clima de conflictividad social que se experimenta en
Venezuela y que ha permitido una dinámica de interacciones significativas
que convierten al país en centro de atención en
Latinoamérica.
1. El papel del Estado en la Sociedad Globalizada. Algunas consideraciones
para el caso de Venezuela (1988-2008)
Al
analizar el comportamiento, funcionamiento y estructura del Estado en Venezuela
en el período de estudio, se observa un proceso que pasa por diversas
etapas: 1) reajuste institucional y anclaje de los cambios de la sociedad
globalizada (1983-1993); 2) ajuste conflictivo y modificación de las
condiciones económicas, sociales y políticas (1993-1998) y 3)
reconfiguración no alineada del Estado venezolano a los intereses del
sistema mundo (1998-2008).
En
la 1era etapa, comprendida entre 1983 a 1993, se encuentra un Estado
estructurado sobre su articulación con el sistema mundo3 a
partir de su papel de proveedor de materias primas, ligadas a los combustibles
fósiles. Históricamente la economía venezolana ha estado
enormemente vinculada a la actividad petrolera, esencialmente a partir de los
inicios de la explotación a principios del siglo XX. Desde la
implementación del proyecto nacional Gomecista4 (1908-1935)
el Estado venezolano fue incrementando su gasto público (Gráfica
1), producto de los ingresos provenientes de la explotación petrolera y
de la respectiva inversión extranjera en el área, a pesar de
mantenerse prácticamente estancados los precios de venta del crudo
(Gráfica 2) durante un lapso muy prolongado en el tiempo.
Lo
que indican los mencionados cuadros, es la manifiesta dependencia de la
economía estatal venezolana de los ingresos petroleros y su
articulación con el sistema mundo, particularmente a través de su
papel de socio estratégico de los EEUU en Sudamérica. Esa
articulación, ha marcado históricamente la economía del
país, haciendo vulnerable y susceptible la estructura del Estado a los
ajustes y modificaciones del sistema mundial. El desarrollo del aparato
prouctivo venezolano, en el transcurso del período comprendido entre los
inicios de la actividad petrolera, hasta finales de la década de los
años 80 del siglo XX, se puede caracterizar como altamente dependiente a
las fluctuaciones y condiciones económicas determinadas por la
incidencia de los EEUU y de otras naciones desarrolladas en la economía.
Cualquier
ajuste, en el funcionamiento del sistema mundo, tiene una repercusión
inmediata en las condiciones del sistema venezolano, muestra de ello es el
hecho del ajuste estructural implementado durante el gobierno de Carlos
Andrés Pérez5(CAP) (1988-1993), que fue
producto del cambio en las condiciones sobre las cuales se definió el
papel del Estado en Latinoamérica y el mundo. En el caso de Venezuela,
el impacto económico del la caída de los precios de
exportación del petróleo a partir de 1982 (Gráfico 3)
sobre la estructura productiva del Estado fue brutal. La disminución de
los ingresos petroleros generó una crisis económica de gran
impacto sobre el Estado, los actores sociales y económicos.
En
ese contexto de disminución de las condiciones económicas sobre
las cuales fue sustentado el Estado venezolano, debe entenderse el ajuste
socio-político implementado por CAP, apenas llegado al poder.
Durante su gestión de gobierno, el país experimentó el
rigor del ajuste político planteado en el decálogo del Consenso
de Washington6 sobre todo en lo concerniente al proceso de
privatización, liberalización de la economía,
reestructuración del gasto público, inversiones extranjeras,
entre otros aspectos. Su gobierno decretó apenas asumido el nuevo
período presidencial en 1989 una serie de medidas entre las que cabe
señalar:
Al
hacerlo, se escenificó una generalizada protesta social7, que
bien puede ser entendida como una protesta por crisis de abastecimiento, por
cuanto el anuncio de las medidas incidió en una gradual
desaparición de los productos en los anaqueles de los supermecados. Esa
crisis de abastecimiento y la subsecuente protesta permitió la
articulación de una profunda movilización social que tuvo
continuidad hasta los inicios del siglo XXI, tal como queda reflejado en la
siguiente tabla:
El
gobierno de CAP, procedió a reorganizar la estructura del Estado en el
marco de un conjunto de acciones tendientes a disminuir el tamaño del
mismo, rearticular el papel de los actores económicos, eliminar los
subsidios a un conjunto de productos de la cesta básica alimenticia, la
apertura del mercado nacional al capital extranjero y con ello se generó
un quiebre de las condiciones consensuadas de la democracia venezolana,
imperantes desde 1958 con la firma de un conjunto de acuerdos o pactos
políticos8.
La
economía venezolana, se vio seriamente afectada por el ajuste,
iniciándose un profunda discusión acerca de la
articulación al sistema mundo en esta etapa del desarrollo capitalista;
discusión que estuvo reflejada en el debate político acerca del
papel que tendría el Estado mismo y los agentes económicos,
así como los partidos políticos. Esa discusión se
concretó en la aplicación de un conjunto de medidas que se
extendió hasta 1994, y que incluyó:
En
está etapa, el esfuerzo exportador se concentra en el sector privado en
detrimento del sector público. Para 1988, el 65% de todas las
exportaciones no tradicionales era generadas por las empresas del Estado,
mientras que la empresa privada cubrió el 35%. Para 1992, el sector
privado alcanzó el 67% de las ventas no petroleras y el Estado
sólo el 35% (Silva Michelena, 1993). La discusión acerca del
tamaño del Estado terminó en una serie de medidas que se
extendieron hasta inicios de 1998, que determinaron la progresiva reducción
del mismo mediante procesos de privatización9 muy agresivos a
través de los cuales se desprendió el Estado de la
Compañía Nacional de Telefonos (CANTV), la aerolínea
más importante (VI-ASA), la apertura al capital trasnacional de la
principal Compañía de Cemento (su traspaso a CEMEX), de la
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR)10 entre otras acciones.
Con ello se procedió a una progresiva desnacionalización del
aparato productivo, con su consecuencte aumento de la dependencia productiva y
económica de la sociedad. Se trataba de llevar adelante los presupuestos
del Consenso de Washington con todas sus implicaciones sociales y
económicas.
Se
planteó que dado el alcance del cambio económico mundial, el
país debía incorporarse activamente a la rearticulación
del sistema-mundo, cambiando el papel que históricamente habia tenido de
suplidor de materias primas y asumiendo un nuevo rol más activo,
mediante la apertura al capital trasnacional y un profundo cambio
socio-cultural en las prácticas económicas del sistema
productivo. Todo ello se justificó producto de los profundos cambios que
la crisis económica generó en la tasa de cambio
dólar/bolívar11 y que a partir de 1983 derivó
en un proceso de endeudamiento crónico y consecuentemente un
incrementó de la conflictividad social y política.
En
ese contexto se implementó una estrategía institucional de ajuste
del Estado a las nuevas condiciones del mercado, que en la práctica se
tradujo en una total aplicación de las medidas dictadas en el Consenso
de Washington12 y que se desarrollarían mediante la
implementación del VIII Plan de la nación, que generarían
un cambio en la estructura de funcionamiento del Estado, tal como queda
expresado en la siguiente tabla:
Ese
ajuste fue conocido como El Gran Viraje, y fue pensado como un
instrumento para el desarrollo económico y la inserción
productiva en las condiciones económicas del sistema- mundo globalizado,
dentro de la defensa del libre mercado. Implicaba el aumentó de las
exportaciones venezolanas en el período buscando insertar a Venezuela en
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Se esperaba que ese ajuste
llevara al país a la estructuración de un sistema
económico basado en la producción, la productividad y la
iniciativa individual, por otra parte suponía la eliminación de
la desigualdad social logrando con ello una democracia moderna y eficiente, que
no sobrecargara de demandas al Estado, tal como lo señalaban las
recomendaciones internacionales.
En
esta etapa, el ejecutivo nacional mantuvo una articulación eficiente con
los intereses de la banca internacional, particularmente española que
procedió a la compra de importantes Bancos (Provincial por parte del
Grupo Bilbao-Viscaya y el Venezuela por el Grupo Santander), asimismo el
alineamiento con las políticas y posiciones estratégicas de los
EEUU, que se mantuvieron tal como históricamente habían sido
establecidos desde los inicios de la democracia venezolana en 1958.
En
conjunto, las políticas aplicadas durante los primeros meses de 1989,
originaron resultados positivos de la actividad económica en ese
año. El déficit global de la balanza de pagos en el sector
externo, presentó una reducción al situarse en US$ 1.044 millones13,
apoyado por el incremento de las exportaciones efectuadas por el sector
privado, de un 86%. La reducción del déficit en la gestión
financiera del sector público se situó en el 1,1 % del P.l.B.,
debido, principalmente, a la mayor percepción de ingresos tributarios
originados por la actividad petrolera y a la mejora en los ingresos corrientes
de las empresas del Estado, como resultado de la modificación de la
paridad cambiaria, en el caso de las empresas exportadoras y del incremento en
el precio y en las tarifas de los bienes y servicios, en el caso de aquellas
empresas que producen para el mercado interno.
Para
contrastar con estos resultados, se produjo una representativa reducción
del Producto Interno Bruto (P.l.B), en términos reales de 8,3%,
ocasionada por las restricciones tanto de oferta como de demanda,
particularmente con relación a los gastos de inversión. En cuanto
a la actividad petrolera, se produjo un incremento del 1,2% en relación
con 1988, que contrastaba con la reducción de las actividades no
petroleras (agricultura, manufactura, construcción, Gobierno Central,
comercio, restaurantes y hoteles) del -9,4% en términos reales.
El
Índice de Precios al Consumidor se incrementó en 84%, con
representativos aumentos durante marzo y abril (1989), de 23,3% y el 3,5%
respectivamente, lo cual originó una inflación acumulada para el
primer semestre de 57,6%. Estos datos reflejan que la mayor parte de los
aumentos obedeció al desmantelamiento del esquema de subsidios, que
mantenía precios bajos, totalmente irreales e insostenibles por
más tiempo. Es importante resaltar el alto incremento inflacionario con
relación a 1988, cuando se ubicó en 27,5%.
Motivado
a la reducción en la actividad económica, se produjo un
incremento en la Tasa de Desocupación, la cual se situó en 9,6%
(en contraste con el 6,9% reportado en 1988), con una mayor
participación del sector informal dentro de la ocupación total,
que pasó de 38,1% en 1988 a 39,7% en 1989.
Ahora
bien, si se toman en consideración los principales indicadores
macroeconómicos a comienzos de 1989, se evidencian las escasas
posibilidades del aparato productivo del país para competir en el
mercado internacional, y responder a la demanda impulsada por la
política de reactivación económica antes de 1989, lo que
generó una agudización de los desbalances de las cuentas
externas. Para ese momento, la estabilidad de los precios se lograba por los
subsidios fiscales y la pérdida de reservas internacionales. Para
superar esta situación, se requería una nueva estrategia
económica, que debía tener, como objetivo central, modificaciones
estructurales.
Durante
el año 1990 se evidenció una evolución de los indicadores
económicos, lo cual se reflejó en el saneamiento de la
economía y el retorno de la tendencia sostenida del crecimiento
económico. El Gobierno Nacional, en forma gradual y sistemática,
mantuvo la estrategia de reorientar la economía nacional, alentando la
competencia en el marco de una apertura hacia los mercados internacionales. Las
metas previstas se superaron en corto plazo, se incrementó el valor y el
volumen de las exportaciones petroleras y no petroleras, combinado con una
disminución racional de las importaciones y del servicio de la deuda
externa; se lograron acuerdos de reducción y reestructuración de
la deuda externa con la banca privada internacional, financiamiento proveniente
de organismos multilaterales y una mayor entrada de capitales privados.
Se
observó, de igual manera, el incremento de las exportaciones no
petroleras, originado principalmente, por la reforma comercial que
eliminó las trabas al comercio exterior, redujo los aranceles para la
importación y los bonos de exportación, que mantenían
artificialmente la economía del país con enormes subsidios al
sector privado. Parte de los ingresos petroleros adicionales se represó
en el Fondo de Estabilización Macroeconómica y el
remanente se destinó a la ejecución de un importante volumen de
inversión en la industria petrolera, así como a la
realización de un mayor nivel de gasto interno del gobierno central, en
buena parte dedicado a la ampliación y profundización del plan
social.
En
materia de precios, la orientación fue acentuar las condiciones para su
libre determinación, reduciendo el número de artículos
incluidos en la canasta básica y la extensión del proceso de
actualización de los precios y tarifas de los bienes y servicios
públicos. De igual manera, se suprimió la medida de inamovilidad
laboral para otorgar mayor flexibilidad al mercado de trabajo. Sin embargo, con
el fin de complementar las medidas encaminadas a fortalecer el ingreso real, se
decretaron un aumento general de sueldos y salarios y se estableció el
Seguro de Paro Forzoso.
La
política monetaria controló las presiones inflacionarias y
preservó la estabilidad del mercado cambiario. Se logró mantener
las tasas de interés reales positivas y un descenso de las tasas
nominales, lo cual posibilitó la existencia de un escenario favorable,
tanto para la inversión, como para el ahorro interno. Para el año
1991 se evidencian variaciones importantes en algunos indicadores
macroeconómicos, algunos de estos dan fe de la correcta
aplicación de las políticas económicas iniciadas al
comienzo de este período presidencial (1989-1993), pero otros en cambio
muestran lo difícil de lograr un cambio estructural con base
enpolíticas de ajustes.
Venezuela,
en 1991 muestra evidencia de logros importantes en materia de equilibrio
interno y externo, a través de la expansión del Producto Interno
Bruto, de la desaceleración inflacionaria, de la disminución de
la tasa de desempleo y aumento de las reservas internacionales, aunque todo esto
estuvo influido por un crecimiento en los niveles del gasto público.
Persisten
distorsiones estructurales muy fuertes tales como: el descenso de las
exportaciones no petroleras, y el papel del mercado cambiario con un doble
juego: regular las tensiones inflacionarias y dotar a la economía de las
divisas requeridas para la generación del producto.
La
expansión del gasto público genera un efecto multiplicador por la
gran masa monetaria a que este da lugar, por lo que el BCV tuvo que hacer un
gran esfuerzo para tratar de absorber la liquidez presente, con el fin de
contrarrestar presiones no estipuladas en los mercados cambiarios, monetarios y
de bienes y servicios.
Se
hace notar que un crecimiento económico estimulado por el gasto
público puede desatar presiones inflacionarias, en la medida que aumente
la utilización de la capacidad instalada del sector privado.
A
continuación se realiza una comparación entre los índices
básicos considerados más importantes, a efectos de este trabajo,
para observar los cambios que se han dado en materia económica y su
posible sostenimiento en el tiempo. Para el año 1991, el
Producto Interno Bruto (actividad petrolera) creció a un 10,4%, parece
una expansión positiva pero la misma estuvo signada por el aumento en la
producción de bienes no transables, razón que debilita el
progreso o crecimiento que se haya tenido en este indicador básico de
desarrollo.
Las
actividades en el Sector Petrolero, disminuyen, de un 13,9% a un 10,3%, ya que
el año 1990 tuvo un repunte por los conflictos del Medio Oriente,
considerándose aceptable en este período.
El
Índice de Precios al Consumidor mostró una desaceleración,
ubicándose en 31% ya que los precios estuvieron afectados por la
moderación en la demanda y además por el aumento en la compra de
bienes importados a niveles de costos relativamente bajos.
Con
respecto a la Tasa de Desempleo, se puede manifestar que es uno de los
más importantes, ya que dentro de los lineamientos generales plasmados
en el VIII Plan de la Nación, se consideraba el aumento del nivel de
vida del venezolano a través de la creación de nuevos empleos y
una política de pleno empleo, con cifras de disminución de 9,9% a
8,7% en este año pareciera que en efecto, este objetivo se está
llevando a cabo. Pero es preciso analizar los niveles de los sectores de
ocupación formal e informal, este último ha crecido supuestamente
por la procura de mejorar el ingreso real para el año 1991.
Estas
variables permiten, a grandes rasgos, observar el grado de consecución
de las políticas y objetivos planteados en el sector económico.
En
la 2da etapa 1993-1998, el ajuste fue llevado a su máxima
expresión a través del mandato del presidente Rafael Caldera,
quién se vio enfrentado a una enorme crisis financiera producto del
colapso del sistema bancario que se tradujo en un costo económico que se
reflejo en una caida de 10 puntos en el PIB. La crisis económica
generada por la perdida de capital en la banca venezolana creo las condiciones
propicias para incentivar la completa aplicación de las medidas de
ajuste conocidas bajo el nombre de Agenda Venezuela14. Aunado
a ello, las variables macroeconómicas no eran las más
idóneas tal como se desprende de la siguiente tabla:
Por
ello la Agenda Venezuela conllevo la aplicación de una serie de
medidas que pueden ser resumidas de la siguiente manera:
Esas
dinámicas de apertura al comercio internacional y asociación con
capitales transnacionales estaban enmarcadas dentro de las líneas del
GATT y las obligaciones a las que se sometia Venezuela al adherirse a este
mecanismo del comercio. Con ello comenzó a incentivarse desde el Estado
un conjunto de importaciones no tradicionales que mantuvo un incremento
constante en el período 1989-1994, tal como se observa en la siguiente
tabla:
La
Agenda Venezuela, generó un gran impacto económico en el
país, aunado al hecho que su aplicación significó la
modificación sustancial del papel del Estado y la sumisión total
a las condiciones de reducción del papel regulador de los entes
nacionales, siguiendo fielmente las expresiones del Consenso de Washington y
creando con ello condiciones que politicamente favorecieron el ascenso de la
opción más radical, representada por Hugo Chávez a partir
de 1998.
El
gobierno de Rafael Caldera, adelanto un significativo ajuste de la
economía en función de los lineamientos e intereses
estratégicos de los EEUU, particularmente en el sector petrolero;
permitiendo una mayor inversión y aprovechamiento del capital
norteamericano e inglés principalmente en el área
petróleo, mediante la denominada apertura petrolera15. Por
otra parte como consecuencia de la firma del GATT en 1990, el país
aumentó sus exportaciones no tradicionales, ajustándose a los
requerimientos determinados al confirmar su adhesión a este mecanismo de
comercio internacional, con ello elevó su exportaciones de 2.994
millones de US$ en 1989 a más de 4.580 millones US$ en 1995(OMC,
1996)16. Asimismo, la aplicación de las medidas implícitas tanto
en el Gran Viraje como en la Agenda Venezuela incidieron para que desde el
punto de vista comercial el país tuviera como principales socios de
intercambio a los EEUU y la Unión Europea en el período en
cuestión (1989-1996)(OMC,1996).
El
mencionado informe de la OMC, señala contundentemente como el
país se ajusto fielmente a las determinantes de aduanas, aranceles e
impuestos establecidos por el GATT y con ello se enmarco dentro de los procesos
de apertura comercial establecidos en el marco del ajuste neoliberal imperante
para el período en cuestión. No hay dudas que en las dos primeras
etapas, se adelantó un desmontaje significativo de las estructuras del
Estado nacional.
La
3era etapa, 1998-200817, de reconfiguración no
alineada del Estado venezolano, ha estado signada por el discurso nacionalista
del presidente Chávez. Su política ha consistido en un
relanzamiento del papel del Estado y su injerencia en los asuntos económicos,
así como la defensa dentro de un contexto profundamente
antinorteamericano de las potencialidades del país. Desde un comienzo la
política oficial del gobierno de Chávez estuvo marcada por el
señalamiento del rescate de la soberanía nacional, mediante el
control de los recursos petroleros, el relanzamiento del papel de la OPEP y una
política internacional no alineada con los intereses estratégicos
de los EEUU en la región18. Todo ello enmarcado en diversos
instrumentos. El 1ero de ellos, fue el denominado Programa Económico
de Transición (1999-2000); que incluyó la defensa de la
política de precios del petróleo destinado a lograr una
recuperación de los mismos, que para el momento en que Chávez
asumió se encontraba por debajo de los 10 US$ por barril; el impulso de
los denominados proyectos banderas destinados a la cohesión social y la
organización socio-comunitaria de cooperativas y la pequeña y
mediana industria.
Se
buscó alcanzar tres objetivos esenciales:
En
esta etapa inicial, que abarcó los años 1999-2000 se dibujo un
esquema que mantuvo algunos elementos del sistema económico heredado;
sobre todo en lo refrente a un tipo de cambio fluctuante o de bandas cambiarias,
el impulso a los ingresos no petroleros y la reducción de los organismos
públicos, a través de la simplificación del número
de Ministerios.
Sin
embargo, a partir del año 2001, con el Plan de Desarrollo
Económico Social de la Nación (PDESN) (2001-2007)19
se estableció otra línea de acción muy diferente, que se
articulo en un incremento del tamaño del Estado, una política de
nacionalización y protección de la industria petrolera de la
injerencia norteamericana, pero sobre todo movida por el rescate de los precios
del petróleo. La convocatoria en el año 2000 de una
Reunión de la OPEP en Caracas, que produjo el establecimiento del
denominado Acuerdo Energético de Caracas (AEC) que incluyó una
política de subsidios de hidrocarburos a la región del Caribe y
los Andes; fue el inicio de una agresiva campaña política que ha
sido definida como diplomacia petrolera, por el impulso que ha tenido la
internacionalización de la asistencia venezolana a otros países
de la región basada en el uso del petróleo como arma
política para minimizar la influencia de EEUU en la espacio
latinoamericano.
Institucionalmente,
se trató de alcanzar con el PDESN un relanzamiento del papel del Estado
en la economía y la sociedad. Se marchó en una línea
diametralmente opuesta al Consenso de Washington impulsado en las
últimas décadas del siglo XX , asumiéndose
políticas que iban en contravía con el control del gasto
público, la reducción del tamaño del Estado, las
privatizaciones, la apertura al comercio internacional entre otros aspectos.
Se
trata de adelantar una política de mayor independencia e incidencia
sobre el mercado mundial de hidrocarburos, empleando para ello una
articulación de los países productores adscritos a la OPEP. Para
el gobierno de Chávez, es vital el fortalecimiento de la
institución y el empleo del petróleo como mecanismo
político de presión y minimización del papel de los EEUU
en la región20, al mismo tiempo que procura una
diversificación de la colocación del petróleo mediante
asociaciones con Rusia, China e India principalmente, sin descuidar un esquema
geopolítico de integración energética con el Caribe y los
Andes Sudamericanos21.
Complementariamente
ha sido anunciado el Plan Estratégico Nacional Simón
Bolívar (PENSB) (2007-2013) que establece nuevas líneas de
desarrollo sobre los cinco ejes inicialmente dibujados en el PDESN. En esta
etapa del proceso bolivariano, el gobierno de Hugo Chávez pretende
consolidar su visión de una sociedad socialista, con todas las
implicaciones que puede tener para la vida política del país,
sobre el desarrollo de siete (7) áreas específicas:
Se
corresponde con una perspectiva de nacionalismo petrolero bastante agresiva por
parte de Chávez, tendiente a revertir o por lo menos a tener una mayor
incidencia sobre la glocalización de la actividad petrolera en el mundo,
reforzando con ello la perspectiva estratégica de Venezuela en el
contexto mundial. Obviamente con esa política económica de
renacionalización petrolera, aunado a un internacionalismo
económico la confrontación con los intereses de los EEUU en la
zona se han elevado considerablemente en los últimos años sobre
la base de la política petrolera23. Toda esa actitud muestra
una reticiencia del gobierno de Chávez a plegarse a la visión
multilateral de integración a través de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) adelantados por los gobiernos de EEUU (1992-2008) y que se
traducen en mecanismos alternativos de desarrollo económico e
integración, tales como la Alternativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA)
que incorpora a Cuba, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Argentina, entre
otros o la recientemente Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR), que
constituyen ambas una muestra de esa resistencia alternativa a la
globalización impulsada desde los EEUU, pero que aun no demuestran su
efectividad.
2. La Política y el ejercicio del poder político
El
Sistema Político venezolano (SPV), es producto de una muy lenta y
progresiva evolución dentro de lo que algunos autores han denominado
oleadas de democracia (Markoff, 1998). Esas oleadas son fruto del desarrollo de
una serie de condiciones de madurez en lo relativo a la participación,
el sistema electoral y la ciudadanía. Cómo bien es sabido, el SPV
se instala a partir de 1958 a través de un conjunto de pactos o acuerdos
constitutivos (Pacto de Punto Fijo firmado en 1958, Avenimiento Obrero patronal
1959 y Ley de Concordato Eclesiástico 1962), mediante los cuales se
acordó una convivencia recíproca entre los actores sociales y
políticos en función de alcanzar tres objetivos claves.
Esos objetivos procuran evitar cometer los errores que derivaron en un clima generalizado de violencia y confrontación política en el período 1945-1958 y que terminó convirtiéndose en una dictadura que reprimió crudamente a los actores políticos. El SPV ha pasado por etapas claramente definidas:
En
las etapas que comprenden el lapso temporal 1958-1988, se observo una
articulación de un conjunto de partidos entre los que cabe destacar
Acción Democrática (AD- socialdemócrata), Comité
Político Electoral Independiente (COPEI- socialcristiano), Partido
Comunista de Venezuela (PCV- izquierda), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP-
socialdemócrata); Movimiento de izquierda Revolucionaria (MIR-izquierda)
y Unión Republicana Democrática (URD- centro- izquierda) entre
otros. De esos partidos AD, COPEI y URD establecieron un acuerdo (Pacto de
Punto Fijo) a través del cual se aseguraron la gobernabilidad y
estabilidad del SPV. Desde el punto de vista de la representación
política estos partidos se repartieron la mayoría de los cargos
de representación popular, sin embargo a finales del siglo XX sufrieron
un significativo descalabro en su caudal de votos, tal como queda
establecido en las siguientes gráficas:
El
deterioro de las condiciones de gobernabilidad del SPV debe ser visto como una
consecuencia de un conjunto de factores que vale la pena enumerar: 1) el
agotamiento del proyecto democrático modernizador; 2) la excesiva carga
burocrática y clientelar del SPV y 3) la finalización de las
condiciones consensuadas sobre las cuales se construye la cohabitabilidad
democrática de los actores políticos. Sin duda, en los lapsos
establecidos conseguimos diferencialidades en las relaciones entre los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, así como entre los actores
políticos, la ciudadanía y las instituciones.
En
la etapa 1958-1988, el SPV funcionó en forma casi perfecta. Las
condiciones de cohabitación entre los actores políticos y
sociales permitieron su coexistencia en forma pacífica, basado en una
relación de distribución rentística del petróleo.
La creación de una especie de acuerdo institucional entre los actores
políticos, mediante el cual se aseguraron la convivencia pacífica
y la distribución de cuotas de poder que establecieron una
relación juego suma-constante25, es lo que explica la
estabilidad democrática del período; sin dejar de considerar la
etapa de insurgencia guerrillera de 1960-1970.
En
el período considerado los niveles de participación electoral
fueron bastantes altos, presentándose la abstención más
baja registrada en los procesos electorales de América Latina26.
Las formas de entendimiento entre los poderes estaban basadas en normas de
cooptación y en una relación pura-coincidencia27, que
facilitó la coexistencia entre las diversas fuerzas políticas a
través de las cuales se estableció un sistema político
de conciliación (Rey, 1998: 292), mediante el cual los partidos, los
grupos de presión, los actores sociales y la estructura
burocrática del Estado establecieron unas normas formales o conjunto de
reglas mediante el cual establecieron un juego de convivencia recíproca
que facilitaba la estabilidad y los acuerdos políticos necesarios para
mantener el clima de gobernabilidad.
Esas
formas de entendimiento plural, se conformaron sobre acuerdos, consensos y
conciliaciones entre un conjunto de actores, individuos, instituciones y grupos
de interés muy diversos; que se articularon decididamente para execrar
la violencia y el conflicto del SPV. Para hacerlo, se aseguraron un clima de
armonía asociado al disfrute y distribución de la renta petrolera
de manera tal que perviviera la coexistencia pacífica entre los actores
y la resolución no violenta de las divergencias.
Es
esto lo que se denomina como capitalismo rentista, y que en el caso
venezolano se atribuye a la relación entre ingresos petroleros e
inversión en gasto público y social, donde la disponibilidad
económica derivada de la venta de petróleo le ha permitido al
Estado destinar inmensos recursos a la inversión pública, creando
con ello relaciones clientelares y burocráticas que sostuvieron durante
mucho tiempo el SPV. La conformación de este cuadro de relaciones
clientelares y burocráticas en el Estado venezolano tiene
relación con una lenta evolución política de las
identidades partidistas y de un conjunto de propuestas programáticas
acerca del uso y destino de la renta petrolera, que se planteó en la
sociedad venezolana desde mediados de la década de los años 40
del pasado siglo XX (Rey, 1991; España, 1989, Bautista, 1993), pero esa
diversidad de propuestas programáticas siempre tuvieron como epicentro
el tema petróleo y la renta petrolera, pues no hay duda del impacto del
ingreso por concepto de venta, explotación y comercialización de
hidrocarburos en la economía venezolana, sobre todo en su incidencia
generadora de PIB, tal como queda demostrado en la siguiente gráfica:
No
hay duda, que en el funcionamiento del Estado venezolano, así como de
las relaciones de poder establecidas en el transcurso de todo el siglo XX; el
petróleo ha sido un factor significativo a través del uso dado a
la renta petrolera28. El SPV, en su vertiente democrática
instaurada a partir de 1958 se conformó sobre la base de un sistema de
conciliación partidista y distribución de la renta sobre las
cuales hay que entender la estabilidad y gobernabilidad del mismo. Al variar
las condiciones de acceso a la distribución de la renta, producto de las
circunstancias de precariedad económica y social impulsada por la crisis
de la deuda externa en Venezuela a partir de 1983, y de los ajustes
estructurales impuestos por la tendencia neoliberal hay que ver el cese de la
cohabitabilidad y el inicio de la crisis de representación de los
partidos políticos, que se manifestó en la pérdida del
caudal electoral de los actores políticos históricos (AD-COPEI)29.
Las
modificaciones en las condiciones de disponibilidad económica del
ingreso petrolero rentístico incidió para la alteración de
dos de las precondiciones del SPV: el clientelismo30 y el
corporativismo31 y con ello la credibilidad y capacidad de
movilización de los partidos disminuyó, aumentando la desconfianza
acerca de la capacidad para solucionar los problemas sociales de los
ciudadanos; terminando todo ello en una reducción del número de
militantes en las organizaciones partidistas en el transcurso de los
años 80 y 90 del pasado siglo XX, tal como queda evidenciado en el
siguiente cuadro:
Ese
cuadro de descontento, fue complementado con una crisis institucional del SPV
que derivó en un general descrédito de las principales
organizaciones, organismos y estructuras del sistema político, abriendo
paso al surgimiento de la antipolítica y a modificaciones en el
comportamiento electoral del venezolano, y que según el criterio de
Rivas Leone (2006) permite dibujar dos etapas diversas en su desarrollo:
Con
el deterioro de los partidos, el ascenso de Hugo Chávez32
posterior a los intentos de golpe de estado de 1992 se hizo indetenible,
modificando sustancialmente los relacionamientos y mecanismos institucionales
construidos a través del Pacto de Punto Fijo, desplazando a los actores
políticos históricos (AD-COPEI-URD) de los campos de
representación política y pasando a ocupar con su
organización política - el Movimiento Quinta República
(MVR) y ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)- la estructura de
poder del SPV, concretando desde 1998 una hegemonía que sólo en
algunos momentos se ha visto discutida y que ha estado signada por el aumento
del caudal electoral del propio Chávez y sus seguidores en el MVR junto
a la pérdida electoral de los partidos históricos, tal como se
evidencia en los siguientes cuadros:
De
hecho, la votación del propio Chávez se ha venido incrementando
desde su lanzamiento a la presidencia de la república en el año
1998, cuando obtuvo un poco más de 3.500.000 votos, saltando a partir
del año 2004 a un caudal de apoyo superior a los 5.000.000 y cerrando el
ciclo en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 con más de
7.000.000 de votos (datos en base al Consejo Nacional Electoral).
El
incremento de la votación y la preferencia electoral de Chávez
está relacionado con el relanzamiento del capitalismo rentístico
en su gestión. La política planteada a través de la OPEP
de rescate de los precios de venta del petróleo, aunado a las
fluctuaciones que en el mercado mundial se han generado por el incremento del
consumo, le han permitido desarrollar una política social de subsidios y
asistencias que nos permite comprender como a partir de el período
2000-2004 aumentó su caudal electoral, ganando en ese período los
procesos de relegitimación (año 2000) así como la
convocatoria a un referendo revocatorio realizada por sectores opuestos a su
proyecto político (agosto 2004). Cuando en el año 2006,
Chávez fue reelecto para el período 2007-2013 lo hizo con un
margen de ganancia muy significativo (Gráfico 9), que se vio detenido en
el año 2007 con la propuesta de reforma constitucional:
La
forma como en el caso venezolano se construye el modelo de democracia, permite
ampliar el debate filosófico desde el punto de vista de la teoría
política, pues implica considerar como se relacionan los problemas de
representación, mandato popular, ciudadanía, participación
y legitimidad. Representación, porque la elección de
Chávez traduce lo que Przeworski (1999) ha denominado representación
por mandato,34 eso es que los gobiernos son representativos
porque se eligen y esta elección sirve para traer “buenos
políticos”, de tal forma que la elección ―o un tipo
de elección, como es el caso de la introducción del mecanismo del
referendo en Venezuela- sirve en la práctica como una asamblea de
ciudadanos que se expresan sobre una plataforma política que debe
ser seguida― es la idea de esfera pública esbozada por Habermas- y
de no serlo se corre el riesgo de ser sometido a una consulta previa
―antes de la finalización del período para el cual fue
electo― que puede costarle la permanencia o no en el ejercicio del poder.
Se
encuentra relacionado con el mandato popular, en tanto está el hecho que
sí Chávez fue elegido en un contexto de crisis de valores de las
identidades políticas tradicionales, el desarrollo de su base
programática o proyecto de país se plantea sobre las
percepciones, los anhelos y las expectativas de cambio expresadas por amplios
sectores de la ciudadanía, excluidos de los beneficios de la
distribución de la renta petrolera. Esta misma circunstancia,
también lo relaciona con los problemas de ciudadanía y
participación, en tanto la propia dinámica formulada en torno al
Proyecto Bolivariano Relanzado (PBR) implica una ratificación de la
condición de ciudadanía, en el ámbito social, y no
meramente en lo político- electoral. Es decir, la idea de
ciudadanía que se quiere expresar, no se restringe a un ejercicio de la
libertad de votar, participar en una elección o militar en un cuerpo de
expresión política formal ―partidos, sindicatos― sino
que se extienda a las formas que establece un individuo como ser social que
pretende mantener su presencia en un espacio público abierto a los
disensos y las contradicciones.
El
planteamiento de Przeworsky, tiene especial alcance en las circunstancias de
ajuste social implementadas por Chávez a partir de 2001. Su
política económica sostiene reiterativamente la necesidad de
buscar la “equidad”, eso es en las propias palabras de
Chávez, la construcción de una sociedad más equilibrada,
que le diera prioridad a los sectores menos favorecidos, de tal forma que
estaba implícito en la propuesta de gobierno una lectura de los anhelos
de los ciudadanos, que se concreta en los diversos contenidos vertidos en la
CRBV y que gravitan en torno a la idea de una economía social.
De
lo que se trata, es de entender cómo una propuesta de gobierno esbozada
a partir de 1999, pero que adquirió un contenido más
específico desde el año 2001, correspondió a ciertas
expectativas creadas por el discurso político que realiza una lectura de
los anhelos de justicia social del ciudadano común y por la otra
cómo se desarrollaba la implementación de mecanismos de ejercicio
práctico de la democracia directa, y cómo su ejecución se
traduce en formas de institucionalidad política que conllevan nuevas relaciones
entre los actores decisores, las elites gobernantes y los ciudadanos
movilizados. Este punto de articulación de mecanismos institucionales en
un escenario de conflictividad múltiple, con matrices de opinión
profundamente polarizadas y las dificultades que conllevó su
concreción resultan esclarecedoras para aproximarse a los problemas de
la construcción contemporánea de la democracia como
práctica social en el contexto latinoamericano.
Para
el caso venezolano, la formulación de opiniones políticas
está muy vinculada a lo que se denomina creación de marcos
interpretativos o marcos de referencia, entendido como un esquema
interpretativo que condensa el “mundo exterior” al señalar y
codificar los objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y acciones
que se producen en el entorno presente y futuro de cada individuo (Zald, 1999).
Esos marcos de referencia son esbozados, reforzados o rechazados utilizando
para ello los medios de comunicación como vehículo
político para lograr capitalizar la voluntad general; por ello en el
caso venezolano la relación entre medios de comunicación y
sociedad política es notablemente conflictiva, sobre todo por el hecho
que el propio presidente ha empleado la hegemonía que tiene en el control
de la señal radioeléctrica como un instrumento político de
divulgación ante la resistencia que ha encontrado en los medios de
comunicación privados, para divulgar las acciones de gobierno.
Desde
los inicios de su gobierno35, la relación entre Chávez
y los medios de comunicación ha estado marcada por una relación
puro conflicto, donde han chocado reiteradamente las matrices de opinión
política formuladas desde el gobierno con las opiniones e intereses
políticos representados por los propios medios privados en el
país. Esa controversia de opiniones adquirió expresiones
mayúsculas con el cese de la concesión de señal abierta de
un canal privado en el año 2007 (Radio Caracas televisión o
RCTV).
La
creación de un marco jurídico que regulará la
relación entre Estado y Medios de Comunicación con la
aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de los Medios en el
año 2006, fue otro elemento en esa relación puro conflicto36.
Sobre este escenario conflictual es que se ha venido estableciendo la
relación entre actores políticos, medios de comunicación,
movimientos sociales en el contexto del gobierno de Hugo Chávez. Los
diversos procesos adelantados por el chavismo, en procura del establecimiento
de una hegemonía en el sentido gramsciano del término han conducido
no sólo al desplazamiento de los actores tradicionales sino que
también han derivado en la creación de un conjunto de condiciones
de conflictividad política que han tenido su expresión en
diversas circunstancias en el lapso 2002-200837 y que colocan a la
democracia venezolana ante el reto de la gobernabilidad o la
confrontación directa.
3. La Economía y la sociedad: la política económica y
social
La
política económica del gobierno de Hugo Chávez, esta
signada por una concepción rentística mediante el cual se
aprovechan los ingresos generados por la renta petrolera. Esa
utilización de la renta ha estado suscrita por una agresiva
política de nacionalización económica y reforzamiento del
Estado de Bienestar que había sido progresivamente desmontado en el
periodo 1989/1998 como parte de una estrategia de reproducción de las
condiciones exigidas por el Consenso de Washington. Esas condiciones
significaron para el país un conjunto de medidas que fueron revertidas
casi enseguida que asumió el poder Chávez, entrando de lleno en
un proceso de conflictividad con los agentes económicos representados
alrededor de FEDECAMARAS. Sobre esa conflictividad se desarrollaron las
situaciones de conflicto que derivaron en la salida momentánea del
ejercicio del poder de Chávez en abril de 2002.
Los
indicadores macroeconómicos de la economía venezolana para el
periodo precedente al ascenso de Chavez en diciembre de 1998 indican un fuerte
ajuste derivado de la implementación de la Agenda Venezuela. El
crecimiento económico de Venezuela sufrió un grave derrumbe en
las décadas de 1980 y 1990, después del pico de su Producto
Interno Bruto (PIB) real en 1977. En ese sentido, su situación es
similar a la de la región en su conjunto, que desde 1980 ha registrado
el peor desempeño de largo plazo en materia de crecimiento
económico en más de un siglo. Hugo Chávez Frías fue
electo en 1998 y asumió la presidencia del país en 1999, y los
primeros cuatro años de su administración estuvieron signados por
una gran inestabilidad política que afectó muy adversamente la
economía (ver Cuadro XVIII). Esto culminó con un golpe de Estado
militar que derrocó transitoriamente al gobierno constitucional en abril
de 2002, y fue seguido por una devastadora huelga petrolera que se
extendió desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003. La huelga
petrolera precipitó al país a una severa recesión
económica, en el curso de la cual Venezuela perdió el 24 por
ciento de su PIB.
Pero
esta situación política comenzó a estabilizarse en el
segundo trimestre de 2003, y ha seguido estabilizándose en todo el
período actual de expansión económica. La economía
ha tenido un crecimiento continuo y acelerado desde el inicio de la
estabilización política. El PIB real (es decir, corregido por los
efectos de la inflación) ha crecido un 76 por ciento desde el punto
más bajo de la recesión en 2003. Es probable que las
políticas fiscales y monetarias expansionistas, así como los
controles sobre el tipo de cambio aplicados por el gobierno, hayan contribuido
a este auge económico presente. El gasto del gobierno central se
incrementó del 21,4 por ciento del PIB en 1998 al 30 por ciento del PIB
en 2006. Las tasas reales de interés a corto plazo han sido negativas
durante todo o prácticamente todo el período de
recuperación económica (dependiendo del indicador -ver Gráfica
10)
Los
ingresos del gobierno aumentaron aún más rápido que el
gasto en ese período, pasando de 17,4 por ciento del PIB a 30 por
ciento del PIB en el mismo período, dejando al gobierno central con un
presupuesto equilibrado para 2006. El gobierno ha planificado en base a
previsiones conservadoras respecto de los precios del petróleo: por
ejemplo, para 2007, los planes presupuestales previeron un precio de US$29 por
barril de crudo, que es un 52 por ciento menos que el precio promedio de US$60,20
por barril al que se vendió el crudo venezolano el año anterior.
En general, el gobierno ha excedido el gasto respecto de lo planificado ya que
los precios del petróleo han sido más altos que lo presupuestado,
pero si los precios del crudo caen es posible que el gasto público
también se contraiga.
Sin
embargo, Venezuela tiene un gran colchón de reservas al cual puede
recurrir, en caso de una caída en el precio del petróleo que
comenzara a menguar sus finanzas. Una caída de los precios del
petróleo del 20 por ciento o más podría absorberse con las
reservas internacionales oficiales, que hoy ascienden a unos US$33.200 millones
y son suficientes para cancelar casi toda la deuda externa del país.
Esta cifra no incluye otras cuentas del Estado venezolano en el exterior, que
se estima sumarían de US$14 a US$19 mil millones más. Con una
deuda externa relativamente chica (14,6 por ciento de su PIB), el gobierno
podría incluso acceder a los mercados de crédito internacionales
en caso de una caída en el precio del petróleo. Por otra parte,
no parece muy probable que en el futuro cercano se vayan a derrumbar los
precios del crudo. El pronóstico de corto plazo publicado el 10 de julio
por la Agencia de Información sobre Energía de Estados Unidos (US
Energy Information Agency) prevé precios del petróleo de
US$65,56 por barril para 2007 y US$66,92 para 2008. El cálculo del
precio de venta para el presupuesto de 2009 es de unos 60 US$ promedio que se
ajusta a las estimaciones mundiales.
El
gobierno de Chávez ha incrementado muy significativamente el gasto
social, tanto en salud como alimentación y educación. El
contraste más agudo es en el área de la atención de la
salud. Por ejemplo, en 1998 había 1.628 médicos ejerciendo la atención
primaria de una población de 23,4 millones de personas. Hoy hay 19.571
para una población de 27 millones. El gobierno venezolano también
ha ampliado enormemente el acceso a los alimentos subsidiados. En 2006, hubo
15.726 establecimientos en todo el país que comercializaron alimentos a
precios subsidiados (posibilitando un ahorro promedio de 27% y 39% en
comparación con los precios de mercado de 2005 y 2006 respectivamente).
El
gasto social del gobierno central creció exponencialmente, pasando de
8,2 por ciento del PIB en 1998 a 13,6 por ciento en 2006. Ver Tabla 9l .
En términos reales (corregido por efectos inflacionarios), el gasto
social por persona aumentó en 170 por ciento en el período
1998-2006. Pero eso no incluye el gasto social realizado por la empresa estatal
venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que ascendió al
7,3 por ciento del PIB en 2006. Si lo incluimos, el gasto social
representó el 20,9 por ciento del PIB en 2006, lo que constituye al
menos un 314 por ciento más que en 1998 (en términos de gasto
social real por persona).
El
índice de pobreza disminuyó rápidamente, pasando del valor
pico de 55,1 por ciento en 2003 al 30,4 por ciento en 2006 -como podía
preverse, en vista del rápido crecimiento económico que se
registró en los tres últimos años (ver Tabla 10).
Si comparamos el índice de pobreza antes de Chávez (43,9 por
ciento) con el de fines de 2006 (30,4 por ciento), se advierte una caída
del 31 por ciento en el índice de pobreza. Sin embargo, este
índice no toma en cuenta el acceso ampliado a la salud y la
educación que han experimentado los pobres. Las condiciones de vida de
la población pobre, por lo tanto, han mejorado significativamente
más que lo que indica la reducción sustancial de la pobreza
reflejada en el índice oficial de pobreza, que solamente mide los ingresos
monetarios efectivos38. También ha caído
sustancialmente el índice de desempleo, que descendió al 8,3 por
ciento en junio de 2007, el nivel más bajo en más de una
década, y comparado con el 15 por ciento en junio de 1999 y con el 18,4
por ciento en junio de 2003 (a la salida de la recesión). El
empleo formal también ha repuntado significativamente desde 1998,
pasando del 44,5 por ciento al 49,4 por ciento de la población
económicamente activa.
Los
desafíos principales que enfrenta la economía giran en torno al
tipo de cambio y la inflación. La moneda venezolana está bastante
sobrevaluada. El gobierno es reacio a devaluar, debido a que eso
aumentaría la inflación -que actualmente se sitúa en 19,3
por ciento, lo cual de por sí ya supera su meta. Dado que existen
controles sobre el tipo de cambio y el gobierno cuenta con un gran
superávit en la cuenta corriente (8 por ciento del PIB), no hay nada que
pudiera obligar a una devaluación en el futuro cercano (como sí
ocurrió, por ejemplo, cuando colapsaron las monedas en Argentina, Rusia
y Brasil a fines de la década de 1990). Pero esto sí representa
un problema a mediano plazo, ya que aunque la inflación esté
estabilizada e incluso comience a bajar, el ritmo actual de inflación
continuará apreciando el tipo de cambio real de la moneda venezolana
(Bolívar). Esto hace que las importaciones resulten artificialmente
baratas, y que las exportaciones no petroleras sean demasiado caras en los
mercados mundiales, afectando al sector de bienes comerciables, tornándose
potencialmente en una situación insostenible. Esto además
dificulta sumamente la diversificación de la economía y la
posibilidad de romper con su dependencia del petróleo.
Al
evaluar la política del gobierno respecto de la pobreza, también
importa destacar que el abrupto ascenso del índice de pobreza desde
fines de 2001 (39 por ciento) hasta escalar al pico de 55,1 por ciento en la
segunda mitad de 2003, es atribuible fundamentalmente a la huelga petrolera
dirigida por la oposición en 2002-2003. No cabe duda que el nivel de
pobreza sería aún menor en Venezuela hoy si no fuera por el
enorme daño económico ocasionado por esa huelga. Como puede
apreciarse en la Tabla 11, de 1998 en adelante el empleo se ha incrementado con
cerca de 1,9 millones de puestos de trabajo en el sector privado y 478.000 en
el sector público. El empleo como porcentaje de la población
económicamente activa aumentó en 1,5 puntos porcentuales desde
1998. El empleo en el sector privado registró un porcentaje ligeramente
mayor de la población económicamente activa (75,2 por ciento) en
2006 que en 1998 (74,9 por ciento). Sin embargo, es probable que ambos
indicadores estén subestimando la mejoría que ha tenido el
mercado laboral, ya que el mayor acceso a la educación implicó un
crecimiento de la población inactiva en categoría de estudiantes
- es decir, individuos que abandonaron el mercado laboral para dedicarse a
estudiar -equivalente a 3,4 puntos porcentuales de la población
económicamente activa durante el período en cuestión.
El
desempleo también ha caído notoriamente en el período
actual de recuperación económica. Como se puede apreciar en el
Tabla 11, la tasa de desempleo se redujo de 18,4 por ciento en junio de 2003 a
8,3 en junio de 2007,39 su nivel más bajo en más de
una década, si se lo compara con el comienzo de la presidencia de
Chávez en junio de 1999, cuando el desempleo ascendía al 15 por
ciento. En cualquier comparación que se haga, la tasa oficial de
desempleo ha caído abruptamente. Obviamente, una tasa de desempleo de
8,3 en Venezuela, como en las economías en desarrollo en general, no es
comparable con una tasa semejante en Estados Unidos o en Europa. Muchas de las
personas que se cuentan como empleadas en Venezuela, en realidad probablemente
están en condición de subempleo. Pero los parámetros de
esa medición se mantienen constantes a lo largo del tiempo, y en esa
medida muestra una mejoría considerable en el mercado laboral. Eso es
notorio asimismo en otros indicadores del mercado laboral. Por ejemplo, el
empleo del sector formal creció, ascendiendo a 6,06 millones en 2006,
tras registros de 4,41 millones en 1998 y 4,72 millones en 2003. Como
porcentaje de la población económicamente activa, el empleo
formal ha aumentado de manera significativa desde 1998, pasando de 44,5 a 49,4
por ciento.
Como
puede verse en la Tabla 12, Venezuela ha sacado provecho de la expansión
actual y del aumento en los ingresos provenientes del petróleo para
reducir su deuda pública, especialmente su deuda pública externa.
La deuda pública total se incrementó bastante durante la crisis
de 2002-2003, alcanzando el pico de 47,7 por ciento del PIB en 2003. Pero en
2006 ya se había reducido a un modesto 23,8 por ciento del PIB. De otra
parte, el gobierno optó también por distanciarse del
financiamiento externo, dejando al componente externo de la deuda en solamente
el 14,7 por ciento del PIB. Las proyecciones de Goldman Sachs prevén un
descenso aún mayor de la deuda total hasta un 20 por ciento del PIB, a
pesar de que también prevén una contracción del crecimiento
(de 10,3 a 7 por ciento del PIB).40 El monto total del pago de
intereses por concepto de la deuda pública, externa e interna,
representó un relativamente módico 2,1 por ciento del PIB en
2006.
Venezuela
tiene por ende un margen amplio para solicitar créditos, de ser
necesario, en caso de afrontar una caída inesperada de sus ingresos
petroleros. Pero antes de verse obligado a solicitar créditos, el
gobierno podría recurrir a sus reservas internacionales en moneda extranjera.
Tal como se aprecia en el Tabla 13 (a continuación), las reservas del
gobierno en divisas extranjeras computaron US$25.200 millones el 30 de junio de
2007, equivalentes a casi un 14 por ciento del PIB. Esas reservas representan
una caída importante respecto de su valor pico de US$37.400 millones el
año pasado, pero siguen siendo mucho mayores que las necesidades del
país, suficientes para cancelar casi toda su deuda externa
pública. La caída reciente de las reservas respondió a una
transferencia de US$6.770 millones al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN); la
apertura de una cuenta en el exterior (offshore) por la Tesorería
Nacional para el pago de impuestos de PDVSA, de manera de poder administrar la
liquidez monetaria (es decir, ingresos fiscales del gobierno central que
se mantienen en dólares y no se gastan); un aumento significativo de las
transacciones monetarias para financiar las importaciones aprobadas por CADIVI;41
y la compra reciente de dólares al Banco Central que realizó
PDVSA como resultado de la colocación de US$7.500 millones en bonos
internacionales (es decir, dineros recaudados en Bolívares y vendidos al
Banco Central para absorber la liquidez). Es evidente que ninguna de estas
acciones representa tendencias económicas que pudieran seguir agotando
aún más las reservas. Además, si a las cuentas offshore
del FONDEN y el Tesoro de la Nación se le suman las reservas
internacionales actuales, el total supera los US$40.000 millones,42
y que en algunas estimaciones alcanza los US$45.000 millones.43 Los
ingresos petroleros del gobierno el año pasado fueron de US$28.000
millones. Ante un imprevisto descenso en los precios del crudo, el gobierno
podría por lo tanto recurrir a sus reservas y pedir prestado en los
mercados financieros por un cierto tiempo, antes de tener que introducir
recortes presupuestales importantes. Si los ingresos por el petróleo
cayeran, por ejemplo, un 40 por ciento, Venezuela podría absorber esa
caída con sus reservas, que de lo contrario se prevé que
volverán a crecer a lo largo de este año.
Otra
característica común del análisis que se hace de la
economía venezolana como una gran “bonanza petrolera que se
encamina a la bancarrota”, es que el gasto del gobierno está
provocando un aumento acelerado de la inflación, que entrará en
una espiral incontrolable. Según esa teoría -que tampoco
está bien especificada-la inflación misma podría generar
una crisis -al transformarse en una hiperinflación, por ejemplo-o el
gobierno se verá obligado a tomar medidas de severa contracción
económica para evitar o reducir los peligrosos niveles de
inflación.
El
Gráfico 13 muestra el índice mensual de inflación,
calculado como la tasa de variación interanual en el índice de
precios al consumidor para un determinado mes. Como puede apreciarse en la
gráfica, la inflación descendió en forma constante desde
mayo de 1998 a enero de 2002, bajando del 20 por ciento al 12 por ciento anual.
Posteriormente se produce un repunte abrupto de la inflación durante la
peor crisis de inestabilidad política en el país, entre febrero
de 2002 y febrero de 2003. Este período incluye el golpe de Estado
militar de abril de 2002 y lo que es más importante, la huelga petrolera
de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que generó grandes problemas
de desabastecimiento y catapultó nuevamente la inflación a
una tasa anual de 40 por ciento. Después de finalizada la huelga, la
inflación empezó otra vez a descender en forma constante en los
siguientes tres meses y medio, a pesar del crecimiento económico
rápido que se registró durante la recuperación iniciada en
el primer trimestre de 2003. Pero a partir de junio de 2006 se ha dado un nuevo
repunte brusco que empujó a la tasa de inflación interanual de
10,4 por ciento a 19,4 por ciento (junio de 2007)44.
El
repunte actual de la inflación es la consecuencia combinada de la
escasez de algunos productos, y los efectos acumulados de tres años y
medio de crecimiento rápido. ¿Qué tan grave es el problema
de este aumento en la inflación?, y ¿puede acaso conducir a una
crisis económica y/o truncar la expansión actual de la
economía? Primero, hay que tener presente que no hay consenso en la
investigación macroeconómica en torno a cuánto puede subir
la inflación sin causar un efecto negativo sobre el crecimiento; hay
estudios que sitúan el umbral en el 20 por ciento o más -un
umbral al que Venezuela recién está llegando ahora.45
En segundo lugar, es importante subrayar que índices de inflación
de dos dígitos en un país en desarrollo como Venezuela no son
comparables al mismo fenómeno en Estados Unidos o en Europa. La
inflación en Venezuela era mucho más alta en los años
anteriores al gobierno de Chávez, llegando a 36 por ciento en 1998 y a
100 por ciento en 1996. Aunque gran parte del público no lo entiende, es
el crecimiento real (es decir, después de descontar los efectos de la
inflación) de los ingresos -y el empleo- lo que afecta el nivel de vida
de la población, no la tasa de inflación en sí. Esto
sucede, siempre y cuando la inflación no entre en un espiral ascendente
hasta un punto en que efectivamente reduzca el crecimiento real. Hasta ahora,
no parece que la inflación en Venezuela se esté disparando fuera
de control. En los últimos 3 meses se ha estabilizado en 19,4 por
ciento. A comienzos de febrero de este año, el gobierno redujo el
impuesto al valor agregado, en un esfuerzo que probablemente contribuyó
a estabilizar la tasa de inflación. Es importante destacar además
que la inflación ha caído drásticamente a lo largo de la
mayor parte del período actual de recuperación económica,
y que solamente subió en el transcurso del último año.
Este último año aumentó hasta llegar aproximadamente a la
mitad del valor pico que alcanzara en 2003 a raíz de la huelga petrolera
de ese año.
Por
otra parte, dado que el país cuenta con un gran superávit en
cuenta corriente y los ingresos del gobierno son superiores a lo que puede
gastar, Venezuela dispone de un conjunto de herramientas que le permiten luchar
contra la inflación sin sacrificar necesariamente el crecimiento
económico. Una de ellas ha sido la esterilización, a través
de la cual el gobierno saca de circulación el exceso de moneda nacional
mediante la emisión de bonos. La reciente colocación de bonos
efectuada por PDVSA en abril por valor de US$7.500 millones, que se agotaron
rápidamente en manos de un gran número de inversionistas,46
es un ejemplo de cómo el gobierno utiliza la venta de bonos a estos
efectos. El superávit en la cuenta corriente de Venezuela también
le da margen para desactivar la inflación con importaciones. De hecho,
eso fue lo que ocurrió la mayoría de las veces durante todo el
período de recuperación económica actual, cuando la
inflación fue cayendo a pesar del rápido crecimiento: el exceso
de moneda nacional circulante se convirtió a dólares y se gastó
en importaciones. Como puede apreciarse en el Cuadro 6, las importaciones se
triplicaron en ese período, de un nivel muy bajo de US$10.500 millones
en 2003 a US$32.200 millones, equivalentes al 17,8 por ciento del PIB en 2006.
Pero las exportaciones, estimuladas por el alza de los precios del
petróleo y la recuperación de la producción de crudo
después de la huelga, crecieron a un ritmo mucho mayor, pasando de
US$27.300 millones en 2003 a US$65.200 millones, equivalente al 36 por ciento
del PIB. En consecuencia, el país dispone de un enorme superávit en
cuenta corriente que en 2006 era equivalente al 15 por ciento del PIB. En los
últimos dos trimestres ese superávit se contrajo
considerablemente, pero aun así ronda el 8 por ciento del PIB.
En
síntesis, la inflación ha estado ascendiendo durante la mayor
parte del último año, pero eso no representa una amenaza
inminente para la expansión económica actual. Es probable que
esto siga siendo así mientras Venezuela mantenga un gran
superávit en cuenta corriente.
La
naturaleza de los ingresos petroleros, ha permitido que el Estado venezolano
asuma de nuevo una política social47, que sí bien
sigue siendo clásicamente asistencialista, ha rescatado lo concerniente
a las condiciones de vida del venezolano mediante la mejora de su
hábitat, de su entorno, a través de la reducción de las
brechas de diferenciación social existentes en Venezuela producto de las
condiciones de desarrollo del capitalismo. Es notorio observar como la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ha
incorporado como norma constitucional el derecho a la salud, la
educación, la vivienda y se define a sí mismo como un Estado
Social, que intenta superar al liberalismo clásico corrigiendo ciertas
distorsiones que se presentan, fundamentalmente aquellas asociadas a problemas
de desigualdad social y económica. La posición del Estado acerca
de los problemas de exclusión y segregación responden a esa
visión de un Estado Social que busca disminuir esas contradicciones y
para ello implementa una serie de medidas destinadas a fortalecer a
través de programas sociales, créditos e inversiones la
situación y la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de una
política coherente, tanto desde su formulación jurídica en
la CRBV como en la ejecución pública, alejándose de
medidas compensatorias tomadas para disminuir la violencia social producto de
una estructura productiva esencialmente explotadora. Las gráficas 15,
16,17 y 18 reflejan inversiones e incorporación de los ciudadanos
a mejores condiciones de empleo, calidad de vida, educación y salud.
Todo ello llevado adelante a través de las Misiones, que es una
estrategia de desarrollo de políticas sociales que ha resultado efectivo
desde el punto de vista de la atención del ciudadano, como desde el
punto de vista político en cuanto a apoyos electorales generados a favor
del chavismo.
El
SPV, en esta vertiente del Proyecto Bolivariano relanzado (PBR) de Hugo
Chávez ha incorporado no sólo un conjunto de derechos sociales y
políticos, sino que además ha generado un profundo debate acerca
de las particularidades de la democracia. El debate claro está, ha
estado marcado por la diatriba política pero indudablemente desde el
punto de vista del reconocimiento jurídico de los derechos a la
participación, movilización, expresión,
deliberación no se puede señalar que hay una limitación
seria al ejercicio de las virtudes cívicas. Aun a pesar del conflicto en
torno a derechos humanos, libertad de expresión y características
del sistema electoral que se vienen dando en Venezuela. La dinámica
institucional ha propendido a incorporar a sectores históricamente
excluidos como los pueblos indígenas, las minorías étnicas
y las mujeres. Se han adelantado acciones que propenden a una
profundización de la participación política y se han
establecido como marcos operativos de la acción de gobierno, tal como
han quedado expresados tanto en el PDESN como PENSB. En el caso del 1ero, uno
de los ejes articuladores y direccionadores de la acción de gobierno es
el denominado eje social, cuyo objetivo clave es definido en términos de
“alcanzar la equidad social como nuevo orden de justicia social y base
material de la sociedad venezolana” (PDESN, 2001:91), para ello se
plantea un conjunto de subobjetivos entre los que se señalan:
En
el caso del PENSB, formulado en el año 2007 también se establece
una prioridad para el área social a través de la búsqueda
de la denominada Suprema Felicidad Social (SUFES), que la definen como
“… la construcción de una estructura social incluyente,
formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo,
socialista, humano, endógeno, donde todos vivamos” (PENSB, 2007:
9) cuyos objetivos son:
Todo
ello arroja un balance positivo en cuanto el reconocimiento de derechos
sociales, aumento de la calidad de vida e inversión social de la renta
petrolera en el período 2000-2008, en comparación con los
períodos precedentes. En las gráficas 19, 20, 21 y 22 pueden
observarse algunas variaciones significativas impulsadas mediante la
aplicación de las misiones sociales en el área de salud y
educación principalmente, como parte de una estrategia política
concretada a través del reajuste estructural planteado por el Presidente
Chávez a partir del año 2003.
4. Acciones colectivas, movimientos sociales, ambiente y diversidad cultural
La
CRBV aparte de asumir en su estructura una visión de Estado Social de
Derecho (Art,2), con las implicaciones que conlleva desde el punto de vista de
la atención a las desigualdades, ha incorporado un conjunto de derechos
sociales y culturales de diversa índole que amplían las
posibilidades de reducción de las inequidades presentes en toda sociedad
capitalista. Una enumeración de algunos de esos aspectos nos permite
establecer:
<>Normas relativas a la protección de determinados bienes materiales que tienen valor para el interés general, tales como derecho a los recursos naturales, al goce de un medio ambiente adecuado (Art. 127 al 129) y la conservación del patrimonio cultural y artístico (Art.99).
<>Este conjunto de derechos se complementa con el respeto a la participación política, la posibilidad de organizarse para sugerir leyes y una estructura del sistema de gobierno que puede definirse como pentafuncional, destacando:
Se estructura de esa manera en la CRBV un conjunto de características que permite establecer ciertos tipos de participación, que bien pueden ser definidos según sea directa o indirecta. La directa, está construida sobre una extensión de la participación en la organización, gestión y supervisión de los asuntos públicos para incidir en la vida política. La indirecta, a través de los representantes elegidos a los diversos cargos públicos mediante un sistema electoral mixto, que mezcla el principio de la mayoría (uninominal) con el principio de representación de las minorías. Se implementan un conjunto de mecanismos de democracia directa, tales como los referendos, destacando cuatro (4) modalidades:
Con
todo y las dificultades, las acusaciones y denuncias en medios internacionales,
se debe ser tajante al afirmar que sí bien hay elementos preocupantes de
la dinámica de ejercicio de la democracia, en lo referido a actitudes de
intolerancia recíproca entre las fuerzas en confrontación; no
asistimos a un verdadero peligro de autoritarismo en el país. Sí
de algo no queda duda, es que existe un clima donde se producen
pronunciamientos de diversa índole acerca de posiciones políticas
enfrentadas y que más allá de diatribas personales, estas
manifestaciones se dan con completa libertad en los medios de opinión
pública, en los órganos de representación y en las formas
de asociación ciudadana. Una muestra de esa tolerancia es el hecho de observar
la cantidad de protestas sociales generadas durante el período
1998-2004, tal como queda evidenciado en el Gráfica 22.
Desde
el punto de vista del derecho de las minorías étnicas y el
ambiente, la CRBV introdujo una serie de consideraciones destinadas a ratificar
y proteger no sólo la existencia de las condiciones culturales y
materiales de los pueblos indígenas sino también su medio
físico, mediante el otorgamiento de potestades en la
administración de sus territorios y sus recursos. Adicionalmente desde
el punto de vista político la CRBV introdujo la obligatoriedad de la
elección de un (1) representante indígena en cada entidad estatal
en donde tengan presencia, así como en los Consejos Legislativos y
Consejos Municipales. Indudablemente esa medida es un mecanismo de
reconocimiento de la voluntad política de participación de un
sector de la población que tradicionalmente había sido excluido.
Lo interesante de la CRBV es que dedica todo un Capítulo a los Pueblos Indígenas,
reconociéndoles una identidad histórico y derechos que se le
habían negado históricamente. Desde el art.119 hasta 126,
reconociéndoles no sólo su cultura, lengua y prácticas
medicinales y cosmovisión, además los hace sujetos de derecho,
aspecto jurídico del cual adolecían en otros cuerpos
constituciones. Por otro lado, como parte de ese reconocimiento de derecho, y
basado en la CRBV se legislo y aprobó en el año 2000 La Ley de
Demarcación y Garantía del Habitad de los Pueblos
Indígenas, mediante la cual se les otorga acceso a la propiedad y
tenencia de la tierra así como de la administración participativa
de los recursos naturales.
Los
avances en el texto constitucional, se expresan en el reconocimiento de la
sociedad venezolana como multiétnica y pluricultural (Preámbulo)
y porque se reconoce, ya no en un régimen de excepción, sino
directamente los derechos de los pueblos indígenas a mantener su
cultura, su lengua y su hábitat. Las lenguas indígenas son
consideradas idiomas oficiales de estos pueblos (art. 9); se garantiza el
derecho de estos pueblos a mantener y desarrollar su cultura, con un
ordenamiento político, social y religioso acorde con su sabiduría
ancestral, sobre la base de un sistema económico, de educación y
de salud propios y con derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo
(arts. 119, 121, 123 y 123); se garantiza el derecho a la propiedad colectiva
de sus conocimientos y se prohíbe el registro de patentes sobre sus
recursos y conocimientos (art. 124); se reconoce el derecho consuetudinario indígena
(art. 260); y se establece la representación política a
través de tres diputados indígenas en la Asamblea Nacional (art.
186).
Adicionalmente
el gobierno ha lanzado la Misión Guaicaipuro, que busca reconocer la
titularidad de las tierras, disminuir los déficit de atención
social de las comunidades originarias y coadyuvar a la consolidación
socio-productiva de las comunidades con respeto a las condiciones
medioambientales.
Como
complemento a este reconocimiento la CRBV, reconoce en en su Art.107 la
obligatoriedad de la educación ambiental, buscando con ello fortalecer
la conciencia de conservación del entorno ambiental, los Art.304 y 305
reconocen como un derecho el acceso a las fuentes de aguas (ríos, lagos,
lagunas, etc), así como el derecho de las personas a un ambiente sano y
de desarrollo sustentable (Art,127) entre otros elementos. Se dedica todo un
capítulo a la consideración del tema (capítulo IX) y se
complementa con la aprobación de una serie de decretos relacionados con
la calidad ambiental, tal como el Decreto 4.335 relativo a Normas para regular
y controlar el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono (2006), La ley
de Aguas de 2007, la ley sobre sustancias y materiales peligrosos (2001), Ley
de Residuos y desechos sólidos (2004), entre otros instrumentos legales
redactados dentro del marco constitucional de los derechos de ambiente
reconocidos en la CRBV. Se desprende de este conjunto de preceptos legales que
en materia de derechos de las minorías étnicas como de ambiente
se ha generado un gran avance en el contexto jurídico y práctico
venezolano.
Conclusiones
Sobre
la base de los diversos ejes temáticos sugeridos podemos aproximarnos a
un conjunto de consideraciones, a saber:
[back]Citas
y notas
1 Este trabajo es producto de una invitación realizada por la
Cátedra Alain Touraine para participar como ponente en el Seminario
Internacional Dilemas Latinoamericanos actuales de cara al desarrollo y la
democracia, que se realizó en Guadalajara México entre el 26-29
de octubre de 2008.
2 El término de transición hace referencia a un proceso de
cambio mediante el cual un régimen preexistente, político y/o
económico, es reemplazado por otro, lo que conlleva la
sustitución de los valores, normas, reglas de juego e instituciones
asociados a éste por otros(as) diferentes. Santamaría,
Julián. 1982. “Transición controlada y dificultades de
consolidación: el ejemplo español”, en: Santamaria, J.
(Comp.), Transición a la democracia en el Sur de Europa y
América Latina, CIS, Madrid, p. 372. Ello implica que las
transiciones no siempre se circunscriban a transformaciones políticas,
sino que también puedan afectar a otros ámbitos. Así, y
además de la esfera política, habría que referirse a la
económica, institucional o a aquélla otra que afecta a la organización
del Estado, y cuya conjunción en algunos ámbitos espaciales ha
sido caracterizado como de una revolución sin precedentes
históricos. Offe, Claus .1992. “Vers le capitalisme par
construction démocratique? La théorie de la démocratie et
la triple transition en Europe de l’Est”, en : Revue
Française de Science Politique, n1 6, pp. 927-928.
3 Lo entendemos en el sentido definido por Inmanuell Wallerstein,
en su obra The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins
of the World-Economy in the Sixteenth Century, Academic Press de Nueva York.
1974
4 Por Gomecismo, se entiende en Venezuela al gobierno dictatorial
dirigido por Juan Vicente Gómez (1908-1935), que abrió al
país al capital trasnacional mediante la introducción de las inversiones
norteamericanas, francesas, inglesas y holandesas en la explotación del
petróleo.
5 Carlos Andrés Pérez, uno de los líderes
carismáticos del partido Acción Democrática (AD), fue
presidente de Venezuela dos (2) veces; la 1era en el período 1974-1979
cuando el país disfrutó de las condiciones de elevación de
los precios de venta del petróleo y una 2da vez en el período
1988-1993; cuando implementó un ajuste de la economía aplicando
lineamientos de reducción del papel del Estado, privatizando y eliminando
subsidios; acción que dio pie a un ciclo de protestas colectivos que
marco la transición política del país.
6 Sí bien se estableció como tal a partir de la
publicación del trabajo de John Williamson después de 1990, llama
poderosamente la atención que buena parte de los 10 puntos contentivos
de su propuesta (disciplina fiscal, cambio en las prioridades del gasto
público, reforma tributaria, tasas de créditos, tasas de cambio
de acuerdo con el mercado, liberalización del comercio, fin de
restricciones al capital extranjero, privatización de empresas
estatales, desregularización de las actividades económicas,
garantía a la propiedad) fueron firmemente desarrolladas durante la
gestión de CAP y tuvieron un significativo impacto en las protestas
sociales en Venezuela a principio de los años 90 del siglo XX.
7 Las medidas de CAP generaron un conjunto de protestas conocidas como el
CARACAZO, por el hecho de haberse iniciado en la ciudad de Caracas y extenderse
por el resto del país, generando un número no oficial de
víctimas de la represión de los cuerpos policiales y militares
cercano a las 2000.
8 Para una comprensión de esas dinámicas puede consultarse
el trabajo de Rey (1978) sobre la democracia venezolana y la crisis del sistema
político de conciliación.
9 Devlin señala que en el caso de Venezuela, las privatizaciones
representaron para el período 1991-1995 un total de 2.300 millones US$.
De ese total, porcentualmente hablando el sector telecomunicaciones
concentró un 87% de las privatizaciones, transporte aéreo un 6%,
Bancos 5% y transporte terrestre 2%. Cfr. Delvin, Robert. 1993. “Las
privatizaciones y el bienestar social” Revista CEPAL n° 49.
10 Empresa procesadora y productora industrial de acero, aluminio y
derivados que estando valorada en más de 8.500 millones de US$ fue
vendida por el Estado en 1997 por tan sólo 1800 millones de US$.
11 La cotización del dólar en relación con el
bolívar se mantuvo estable desde 1950 hasta 1983, cuando paso de 4,30 Bs
por dólar a más de 12 Bs, llegando a mediados de los años
90 a más de 580 Bs por dólar, creando con ello una presión
inflacionaria sobre una economía altamente dependiente de las
negociaciones e intercambios en el mercado mundial. A ello hay que agregarle el
hecho que el promedio de inflación que se desató en la sociedad
venezolana arrojo una carga adicional, registrándose promedios en la
década 1980-1990 que llegaron a niveles del 50%, que contrastaban con
inflaciones bajas de menos del 10% en las décadas 1950-1960, 1960-1970 y
1970-1980. Carciante, Sary. 2000. “Sistemas Bancarios y
Globalización. La experiencia en Venezuela”, en: Revista
Venezolana de Análisis de Coyuntura, UCV, julio/diciembre,
año/vol. VI, N° 02. Disponible versión electrónica.
12 Un interesante estudio acerca del significado, alcance e implicaciones
para América latina de la aplicación del Consenso puede ser
consultado en Moreno, J; Pérez, E y Ruiz, P. 2004. “El Consenso de
Washintong: aciertos, yerros y omisiones”, Revista Perfiles
Latinoamericanos, diciembre N° 25, México.
13 Toda la información aportada proviene de fuentes oficiales
(Banco Central de Venezuela, Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Familia, entre otras organizaciones
estatales).
14 Se denominó así un conjunto de medidas de ajuste
extremo, pensadas en un contexto de profunda crisis económica y
política que las precedieron. Como se recordará la
situación de aplicación estuvo precedida por la
destitución - a través de un juicio- del presidente Carlos
Andrés Pérez, un conjunto de intentos de golpe de Estado en 1992
(4 de febrero y 27 de noviembre), así como la elección de un
presidente interino - Ramón J. Velázquez- en el lapso 1993 y una
crisis bancaria de proporciones catastróficas en el año 1994.
15 En un documento elaborado por el Dr. Gastón Parra Luzardo,
actual presidente del Banco Central de Venezuela y ex presidente de PDVSA,
experto petrolero y profesor universitario; se señala que la
política petrolera del gobierno de Rafael Caldera propendió a
favorecer al capital norteamericano e inglés a través del
desarrollo del Proyecto Cristóbal Colón, de explotación de
petróleo y gas en el oriente del país, buscando con ello una
inminente privatización de PDVSA.
16 Organización Mundial de Comercio (OMC), Informe sobre las
políticas comerciales de Venezuela (febrero 1996). Consultado en la
´pagina web de la OMC.
17 Puede consultarse el trabajo de Torres, Matus y Calderón,
donde se hace un balance crítico de las políticas
económicas en el gobierno de Chávez. Torres, Juan; Matus, M y
Calderón, Francisco. 2007. “La política económica
del gobierno bolivariano”, Revista Agora, N°15,
Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS),
España. Disponible versión electrónica. También
puede verse el excelente trabajo de Guerra. Guerra, José .2004. La
política económica en Venezuela 1999-2003, UCV, CDCH,
Caracas.
18 El trabajo de Cobo (2008) brinda una perspectiva de las redes
internacionales de solidaridad construida por la diplomacia del Gobierno de
Hugo Chávez en Latinoamérica y el mundo, tendiente a reforzar la
posición no alineada de Venezuela y su relación en el contexto
geopolítico internacional. Cobo, Lourdes. 2008. Venezuela y el mundo
trasnacional: instrumentación de la política exterior venezolana
para imponer un modelo en América Latina, Instituto Latinoamericano
de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas. Disponible versión
electrónica. Esa no alineación, y el empleo de la diplomacia del
petróleo ha generado una discusión acerca de la injerencia o no
del gobierno de Chávez en los procesos políticos en la
región. Hemos realizado algunos análisis acerca del papel y los
vínculos del proceso bolivariano con otros países de
Latinoamérica que pueden ser consultados en la web
http://www.historiador-juanromero.blogspot.com
19 Incluye el desarrollo de cinco ejes de acción: 1)
económico, 2) social; 3) político¸4) territorial y 5)
internacional. Cada uno de ellos forma parte de una visión de desarrollo
estratégico planteado por el equipo de gobierno de Hugo Chávez.
Algunos de esos aspectos se intentaron llevar al rango de norma constitucional
en la fallida reforma de diciembre de 2007.
20 Para analizar y comprender las etapas en las relaciones EEUU-Venezuela
durante el gobierno de Hugo Chávez puede consultarse el trabajo de
Duarte Villa. Duarte Villa, Rafael. 2004. “Dos etapas en la
política exterior venezolana frente a Estados Unidos en el
período de Hugo Chávez”, Cuadernos del CENDES, enero7abril,
año/vol 21, número 055. Disponible versión
electrónica.
21 Al respecto consúltese el trabajo de Arellano donde se abordan
los procesos de integración adelantados por el gobierno de Hugo
Chávez. Arellano, Félix. 2008. La política Bolivariana
frente a la Integración Regional. Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas.
22 Para mayores detalles de cada uno de las variables o líneas del
PENSB puede consultarse la siguiente dirección electrónica
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticias-view/shareFile/lineas_generales_de_la_nacion.pdf
23 Acerca de la política petrolera del Gobierno de Chávez
pueden consultarse los trabajos de Busqueta, Isbell, Arriagada y
González. Cfr. Busqueta, Joseph. 2006. “La política
petrolera de la revolución bolivariana”, Revista Agora, N° 15,
Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS),
España. Disponible versión electrónica; Isbell;
Paúl. 2008. Energía y geopolítica en
América latina. Real Instituto ElCano, España. Documento de
Trabajo. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/DT12-2008;
Agarriaga, Genaro. 2006. Petróleo y gas en América
Latina. Un análisis político de relaciones internacionales a
partir de la política venezolana, Real Instituto ElCano,
España. Documento de Trabajo.
http://www.realinstitutoel-cano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/DT20-2006;
González, Milko. 2003. “El petróleo como instrumento de
polí-tica exterior en el gobierno de Hugo Chávez”, Revista
Venezolana de Análisis de Coyuntura, UCV, julio-diciembre vol. IX,
N°002, Caracas. Disponible versión electrónica. Una
visión más general de la discusión e impacto de la
política energética de Chávez en América Latina
puede consultarse en la Revista Nueva Sociedad n° 204 de julio-agosto 2006.
24 Los cuadros han sido reducidos con el objeto de ganar espacio, pueden
ser modificados en su tamaño para una mejor observación de la
información.
25 Es una situación de interacción en que la suma de las
pérdidas y las ganancias que reciben el conjunto de jugadores es una
cantidad fija o constante.
26 En las elecciones de 1968 y 1973, la abstención fue de 3,3 y
3,5% respectivamente, El promedio general de abstención para el
subperíodo 1958-1973 fue de apenas 5,3%; para el subperíodo
1978-1988 fue de 22,32%. Entre 1989-1995 fue de 49,7%. (cálculos propios
en base a datos del CNE)
27 La entendemos como una situación en donde actores
antagónicos deciden renunciar al logro absoluto de sus objetivos,
replanteándose en términos generales las formas de obtener
beneficios recíprocos sin perjudicarse mutuamente. Con ello se produce
una cohabitación pacífica de ganancia para todos.
28 Al respecto del papel del petróleo en la sostenibilidad del SPV
puede verse el excelente trabajo de Karl, en donde aborda el impacto del
petróleo en la estabilidad de sistema democrático en Venezuela. Karl, T.
1986. “Petroleum and political pacts: the transition to democracy in
Venezuelan”. En: O Donell, G (Ed.). Transitions from authoritariam
rule, Latin Americam. John Hopkins University, Baltimore.
29 Pueden consultarse nuestros trabajos publicados en diversas revistas
arbitradas, en donde se aborda la crisis del sistema político venezolano
y el establecimiento de nuevas condiciones institucionales de funcionamiento.
Romero, Juan E. 2000. Actores políticos y construcción del
discurso del poder en Venezuela, en Martínez Ruíz, E
(Coord.) Poder y Mentalidad en España e Iberoamérica,
Universidad Complutense de Madrid, España; Ibid. 2001. “El discurso
político de Hugo Chávez”, Revista Espacio Abierto, N°2,
abril-junio, Maracaibo, Universidad del Zulia
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12210204&iCveNum=432;
Ibid. 2001. ”El discurso sobre la constituyente: pueblo, sociedad civil y
actores políticos (1998-2000)”. En: Revista Electrónica
Sincronía (www.documento)
http://sincronía.cusch.udg.mx/venez.htm. Universidad de Guadalajara.
México; Ibid. 2001. “El proceso político en Venezuela a
finales del siglo XX”. Revista Sincronía, Universidad de
Guadalajara, Invierno 2001. http://sincronia.cucsh.udg.mx/procven.htm;
Ibid. 2002. “Militarismo, democracia y conflicto en la Venezuela de Hugo
Chávez 1998-2002”, Revista Sincronía, Universidad de
Guadalajara, Otoño, México; Ibid. 2002. “Hugo
Chávez: construcción hegemónica del poder y desplazamiento
de los actores tradicionales en Venezuela (1998-2000)”, Revista
Utopía y Praxis Latinoamericana, Universidad del Zulia, Venezuela,
N° 17 http://www.serbi.luz.edu.ve/pdf/upl/v7n17/articulo05.pdf.
Asimismo los trabajos de Rivas Leone. Rivas Leone, José. 2002. “El
desmantelamiento institucional de los partidos políticos en Venezuela
1990-2000”, Revista de Estudios Políticos, N° 118 Octubre-
Diciembre, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid;
Ibid. 2002. “Transformaciones y crisis de los partidos políticos.
La nueva configuración del sistema de partidos en Venezuela”,
Institud de Ciencies Politiques I Socials, Universidad Autónoma de
Barcelona, Workins Papers N° 202, España.
30 Lo entendemos como un conjunto de reglas y prácticas para
la organización política, la representación y el control
de demandas, basado en la subordinación política de los
ciudadanos a cambio de la provisión discrecional de recursos y servicios
públicos.
31 Salamanca (1998) detalla que el corporativismo en el SPV se tradujo en
una injerencia del Estado en la naturaleza, funcionamiento y postura del
movimiento sindical, a través del cual esté desarrollo una
relación de mutuo apoyo y auxilio mediante el cual se aseguró un
conjunto de beneficios corporativos que le facilitaron a los sindicalistas el
proceso de gremialización, al mismo tiempo que le aseguraba a los
partidos unas relaciones clientelares sobre las cuales basaban su movilización
y capacidad de decisión política.
32 Acerca del ascenso de Hugo Chávez al poder pueden
consultarse los trabajos de Ramos Jiménez (2002), Carrasquero y Maingon
(2001), Romero (1999, 2001a,2001b, 2002, 2003,2004).
33 Tomamos en consideración para este último porcentaje el
total de Gobernaciones, a pesar que en el proceso de elección del 31 de
octubre no se produjo la elección del gobernador del estado Amazonas,
que es ejercida por un actor político ligado al chavismo.
34 “…es la que ocurre sí los partidos
―o sus representantes― informan verazmente al electorado acerca de
sus intenciones y la ejecución de esas intenciones es lo que le conviene
al electorado en esas circunstancias” (Przeworsky, 1999).
35 Acerca de la relación Chávez- medios de
comunicación hemos publicado un trabajo conjuntamente con el Prof. Jairo
Lugo en el año 2001, donde se analiza la naturaleza de esa
relación conflictiva desde la propia campaña presidencial de 1998
y su evolución en los primeros años de gestión de Hugo
Chávez. Romero, Juan E y Lugo, Jairo. 2002. “From friends to foes:
Venezuela’s media goes from consensual space to confrontational
actor”, Revista Sincronía, Universidad de Guadalajara,
México, Invierno 2002.
36 Andres Cañizales, periodista y docente de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) planteaba lo siguiente en un
artículo publicado en la Revista SIC en el año 2001:
“… la distancia, o casi es mejor hablar del abismo, entre los
medios de comunicación social y el hoy jefe de Estado se inició
en la campaña electoral de 1998. El actual gobierno se ha venido
desenvolviendo en un terreno estrechamente ligado a lo mediático, al
tiempo que los medios han venido a suplir, de alguna manera, la ausencia de líderes
políticos (más allá del presidente) que se constata en la
realidad venezolana”. Puede consultarse el trabajo de Castillo (2003)
sobre las relaciones Chávez- medios de comunicación. Castillo,
Javier. 2003. “Hugo Chávez y los medios de comunicación: la
guerra “hiperreal” venezolana”, Revista historia y
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Nuevos Mundos, Mundos Nuevos, http://nuevomundo.revues.org/index3900.html
38 Un elemento para considerar, es el hecho que el Ejecutivo Nacional
durante el lapso 1998-2007 ha venido incrementando el ingreso mensual
mínimo de los trabajadores, pasando de 182 US$ en 1998 a 286 US$ en el
2007. Véase el Gráfico 10 y 11.
39 Estos datos no tienen ajuste estacional, de manera que lo que se
compara son las tasas de desempleo en un mismo mes de referencia año
tras año.
40 Goldman Sachs, Latin America Economic Analyst, edición No
07/10, mayo 18, 2007.
41 CADIVI es la Comisión de Administración de Divisas,
organismo gubernamental a cargo de procesar las solicitudes para obtener
divisas extranjeras
en Venezuela.
42 Este cálculo se basa en la suma de (a) US$6.770 millones
correspondientes a la transferencia de reservas internacionales del BCV a
Fonden (suponiendo que todo se mantuvo en moneda extranjera); (b) US$8.860
millones (US$8.850 millones y EUR 4,5 millones que tenía el Fonden en
moneda extranjera el 22 de diciembre de 2006 [http://www.fonden.gob.ve/descargas//32/Sintesis%20Ejecutiva%20Memoria%20FONDEN%202006.pdf]
y (c) por lo menos US$5.000 millones en la cuenta del Tesoro Nacional
denominada en moneda extranjera para los aportes fiscales de PDVSA [ver,
Informes mensuales de Bancaribe (Bancaribe Monthly Reports) (Septiembre 2006:
http://www.bancaribe.com.ve/uploads/MENSUAL_Septiembre.pdf; febrero 2007:
http://www.bancaribe.com.ve/uploads/MENSUAL_Febrero.pdf]
43 Goldman Sachs, Latin America Economic Analyst, edición No
07/14, 13 de julio de 2007
44 Para observar la evolución de la tasa de inflación de
Venezuela en el período 1989-2007 puede verse el Gráfico 13,
donde se detallan los índices de inflación en cada período
presidencial en el lapso mencionado. Al respecto es destacable el hecho que
durante la etapa del reajuste liberal, adelantado por el gobierno de Carlos
Andrés Pérez (1989-1993) se registró una tasa promedio de
44,2% y en el período de Rafael Caldera (1993-1998) un promedio de 57,6%
que contrasta con las cifras experimentadas durante la gestión de Hugo Chávez.
45
Ver por ejemplo, Michael Bruno. 1995. “Does Inflation Really Lower
Growth?” Finance and Development, septiembre; Michael Bruno y
William Easterly .1998. “Inflation Crises and Long-Run Growth,” Journal
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46 Benedict Mander, “PdVSA Issue Proves a Pioneer in the
‘Democratisation’ of Capital,” Financial Times, 12 de
abril, 2007.
47
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trabajos de Cabezas y D Elia. Cfr. Cabezas, Luís y D Elias, Yolanda.
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Correspondencia
a: Juan Eduardo Romero. Historiador, Doctor en Historia de América
Latina Contemporánea. Docente e investigador en la Universidad del
Zulia- Venezuela. E-mail: juane1208@gmail.com
Yessika
Quiñónez. Licenciada en Comunicación Social por la
Universidad por la Universidad de Zulia, Venezuela, y cursante de la
Maestría en Ciencias de la Comunicación en esa misma casa de
estudios. Asistente de investigación.
[bbibcom][hist]Fecha de recepción: [received dateiso="20090318"]18 de marzo 2009[/received] - Fecha de aceptación: [accepted dateiso="20090728"]28 de julio 2009[/accepted][/hist][/bbibcom]
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