Opinión

Las enfermedades infectocontagiosas y el Código Penal de Costa Rica.

Las enfermedades infectocontagiosas son de tal magnitud que constituyen un peligro potencial e inminente para el bien jurídico tutelado Salud Pública, por lo que su clara regulación es una tarea de gran importancia dentro de la perspectiva jurídica y médico legal en Costa Rica.

a) Incorrecta valoración de la prueba. Se expresa, que el actor no demostró que algún funcionario de la entidad, hubiera sacado piezas de su expediente clínico y las hiciera llegar a diferentes lugares que él frecuentaba, a pesar de lo cual, se acogieron sus pretensiones. Ello, afirma, lesiona el principio de carga de la prueba, establecido en el artículo 317 del Código Procesal Civil, pues su representada, siempre le ha brindado los servicios de salud, y estima que "... se ha tratado de una trama que el actor ha montado a base de mentiras y manipulación para pretender obtener indebidamente un provecho económico. Esto se comprueba con las declaraciones de la propia madre del actor que constan en el expediente ..." . Agrega, que de la documental que consta en los legajos de la Administración, se desprende que éste es mentiroso y manipulador, así se concluye, señala, de los resultados de las sesiones psicológicas a las que asistieron sus familiares, y que a esa conclusión llegó Auditoría, en el oficio Nº AAM-107-2000, que tuvo por demostrado que horas antes, el actor había estado en los lugares en donde aparecieron los sobres con documentos.- Que este último informe, es el resultado de un estudio de campo que se realizó en el Hospital de Limón, y en donde se advirtió la existencia de contradicciones serias en las denuncias; que el señor M tenía acceso al expediente y que pudo haber sido él mismo, quien sustrajo los papeles. De vital importancia, considera la declaración de la secretaria de la oficina parroquial de la iglesia católica, la que pide revisar, y concluye señalando, que "... no ha probado cuales fueron los funcionarios que extrajeron documentos de su expediente clínico, ni la existencia de supuesto daño que se reduce a su simple dicho de que le afectaron su imagen y su relación laboral y familiar, y menos la relación causa efecto entre ese supuesto daño y la actuación de la Caja en las ocasiones que le brindó atención médica en consulta ambulatoria, ocasiones en las cuales el actor tuvo amplio acceso a su expediente clínico", y que, "... los documentos señalados como extraviados se trata de solicitudes y resultados de análisis clínicos, mismos que se le entregan al paciente para que éste los diligencie en los respectivos servicios del Hospital y posteriormente los entregue al médico que los solicitó, por lo que el paciente es el principal responsable de la custodia de tales documentos antes de ser incorporados al expediente de salud ..." .-

b) En cuanto a la relación de hechos probados: Alega, que en el acápite correspondiente, se omitió hacer referencia a una serie de situaciones de relevancia, que son indispensables para determinar la verdad real, como la existencia de dos gestiones que el demandante realizó en sede administrativa; y los resultados de la prueba recibida, dado que el demandante confesó haber estado en la iglesia católica el día que encontraron el sobre con los exámenes en una de las bancas; que éste le preguntó a la secretaria de la oficina parroquial si habían aparecido unos documentos suyos; que sus padres y hermanos conocían de la enfermedad que le afecta; que desde mil novecientos noventa y siete los vecinos le empezaron a preguntar si era portador del virus que produce el SIDA, y que en todo caso, él se infectó desde varios años antes de que supuestamente desaparecieran las pruebas de dicho legajo.- Que desde aquél año, ha solicitado ayuda psicológica para enfrentar situaciones difíciles, y que en las citas al psicólogo ha manifestado sentirse agobiado ante el rechazo familiar y social, ya que constantemente es el blanco de las hostilidades, perjuicios y complejos de su madre y hermanos, quienes incluso niegan que exista parentesco entre ellos.- La sentencia impugnada, afirma, le restó toda importancia a esos extremos, lo que estima indebido.-

c) Incorrecta aplicación del derecho: Según se indica, se demostró que el aquí accionante tuvo una activa e importante participación en los hechos que él mismo denuncia; que de la investigación administrativa se desprenden una serie de dudas en cuanto a la existencia real de éstos, pero que no obstante ello, se le dio un mayor valor al simple hecho del reclamante, quien en ningún momento probó el daño que según alega se le ocasionó.- Aduce que: "... en el presente caso existe culpa de la víctima ya que al parecer según se desprende del informe de auditoría y de las propias manifestaciones de la madre del actor, este es un mentiroso y un manipulador". Por eso, considera que en el caso hay una incorrecta aplicación del derecho, particularmente de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, dado que se condenó a la Caja al pago de un daño moral, por la sola circunstancia de que le corresponde la custodia de los expedientes de salud, sin haberse analizado, correctamente, la relación de causa efecto, que exige el ordenamiento jurídico.-

IV).- De acuerdo con la información que consta en autos, y según se indicó en el Considerando I de este pronunciamiento, se tiene por acreditado que el aquí actor, JGMF, fue diagnosticado como portador del virus de inmunodeficiencia adquirida, en mil novecientos noventa y siete, y tiene expediente clínico abierto en el Hospital Dr. Tony Facio, de la Ciudad de Limón, donde ha recibido diversos tipos de tratamiento para su mal.- A mediados de enero del año dos mil, al acudir a una cita médica, el paciente se percató de que faltaban varios documentos de ese legajo, particularmente los resultados de las pruebas clínicas, en donde se determinó y confirmó su condición de seropositivo, una nota del Departamento de Control del SIDA del Ministerio de Salud y el informe emitido por una trabajadora social del citado nosocomio.- Informó de ello a las autoridades del centro y el veintitrés de enero, solicitó formalmente una investigación sobre el asunto.- El veinticuatro del mismo mes, aparecieron copias de esos papeles en diversos lugares, entre ellos, la casa de habitación de Jesús y en la de su ex patrón, en el vehículo de su hermano, en la Escuela y en la casa cural de Búfalo, así como en el Supermercado Más por Menos de Limón y el Instituto Nacional de Seguros; en virtud de lo cual, y por estimar que ello le ocasionaba menoscabo planteó, el siete de marzo, un reclamo de daños y perjuicios ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, órgano que, luego de una investigación administrativa, concluyó que no le cabía responsabilidad en el asunto y desestimó la gestión de don J, quien entretanto, interpuso esta demanda ordinaria, en la que reclama sesenta millones de colones, por daño moral, y veintiocho mil ochocientos dólares por perjuicios. Ahora bien, la accionada no contestó oportunamente y fue declarada rebelde. La señora Juez en su pronunciamiento, concedió quinientos mil colones por el primero de los extremos indicados, más intereses sobre esa suma a partir de la firmeza y hasta el efectivo pago; rechazó los perjuicios y condenó a la entidad accionada al pago de ambas costas.- El actor se conformó con lo decidido, no así la institución aseguradora, cuyo apoderado recurrió y solicitó revocar el fallo.-

V).- El Tribunal encuentra, luego del estudio detenido del asunto, que la sentencia recurrida se ajusta a derecho, ya que existen elementos suficientes para tener por sentada la responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social en este caso.- Ésta última intenta restarle validez, para lo cual alega, en primer término, que no se demostró que haya sido un servidor suyo, el que sustrajo o facilitó la salida del centro médico, de los exámenes clínicos que confirmaban la enfermedad del demandante. Eso es cierto, sin embargo, resulta insuficiente para quebrar lo resuelto, en la medida en que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones, previsto en los artículos 9, 11 y 41 de la Constitución Política, y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es de naturaleza esencialmente objetiva, y no sujeta la aparición del deber de indemnizar, a la identificación o individualización, de las personas causantes de la lesión antijurídica. Para ello, basta con que exista un daño indemnizable, una conducta administrativa y un nexo causal entre ambas - artículo 190 antes citado-, de suerte que esos tres elementos están presentes, según se verá más adelante.- En el sub examine, los exámenes formaban parte del expediente y de allí fueron sacados, sin que a la fecha se sepa quién o quiénes permitieron que ello ocurriera.- Los funcionarios del Hospital estaban en la obligación ineludible de resguardar la documentación médica, en lo que deben guardar siempre un especial celo, pero sobre todo, en supuestos como el presente, en donde los padecimientos de la persona resultan estigmatizantes, como ocurre aún hoy día en nuestra sociedad - lamentablemente, valga acotar-, con quienes están infectados con el virus VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Y resulta claro que los controles instaurados en el Hospital, acá resultaron insuficientes, desde que permitieron que alguien tuviera acceso a los legajos, sin ningún tipo de vigilancia o supervisión, y pudiera obtener, de manera indebida, los estudios que hacían constar la naturaleza de la enfermedad que aquejaba a una persona, para luego, ponerlos en conocimiento de terceras personas.- En criterio de este órgano colegiado, cualquiera que haya participado, tuvo el tiempo suficiente para buscar, de toda la información que lo conforma, lo que le interesaba y ello evidencia, que sí se dio una falta en el servicio, consistente en una omisión concreta al deber de cuidado, en la custodia de los legajos, que sí es susceptible de causar menoscabo a los usuarios.-

VI).- En varios tramos del recurso, el representante de la demandada arguye que el presente proceso es consecuencia de una trama montada por el señor M, en aras de obtener indebidamente un provecho económico, afirmación que se funda, en apretada síntesis, en los siguientes argumentos:

a) que JG tenía acceso a la documentación, por lo que pudo ser él mismo, quien la sustrajo;

b) que éste es mentiroso y manipulador, tal y como lo manifestó su propia madre en las sesiones de psicológicas a las que asistió;

c) que estuvo en los lugares donde aparecieron los documentos, horas antes de que fueran encontrados;

e) que tuvo una activa e importante participación en los hechos que él mismo denuncia.-

Por todo lo cual, considera que se configuró una causa eximente de responsabilidad, consistente en la culpa de la víctima, no obstante, aduce, ello no fue correctamente apreciado por la juzgadora de instancia, que a su juicio, incurrió en una errónea valoración de las probanzas recibidas, particularmente del informe de la auditoría interna de la institución, que consta en el administrativo, y de la confesional rendida por el accionante en estrados judiciales.- Al respecto, se estima oportuno hacer varias apreciaciones: Este órgano colegiado no observa, que lo acaecido sea producto de una maquinación fraudulenta por parte del actor, como se arguye; ello no se desprende de los autos, y las circunstancias en las que se basa la demandada para hacer esa afirmación, constituyen meras suposiciones, carentes de valor en este proceso.- Así, el hecho de que don J tuviera acceso a su expediente, no lo convierte automáticamente en sospechoso de sacar la información propia, que allí se encontraba. En el Hospital, nadie lo vio en actitud extraña y más bien fue él quien informó a las autoridades del centro médico de la desaparición; además, él acudió a consulta médica, lo que significa que durante el lapso de espera, posiblemente estuvo en presencia de servidoras de la institución, y luego, presumiblemente fue atendido por un médico, que tampoco notó nada fuera de lo normal; en tales condiciones, ¿porqué asumir, que él fue quien lo hizo?; esa hipótesis carece de todo sustento probatorio, y lo que sí es evidente es que no hay una sola prueba que indique si fue un servidor de la Caja, o un tercero extraño a la institución, el que lo hizo, conclusión que no permite dirigir la mirada hacia el paciente, con grado de certeza, como lo hace el recurrente.- Por otra parte, los calificativos que se hacen del accionante, en el sentido de que es mentiroso y manipulador, resultan inaceptables. Esas afirmaciones, aparte de irrespetuosas, son infundadas, y el afectado con ellas, esto es, el señor M Fernández, no ha tenido jamás oportunidad de rebatirlas, lo que atenta contra el principio del contradictorio.- Lo único que sustenta ese alegato, es el contenido de una nota de una psicóloga, insertada al expediente clínico, durante una sesión a la que asistió la madre del demandante en abril de mil novecientos noventa y ocho, que en lo que interesa, refiere que aquél, "siempre ha mentido mucho, y que si bien cuando supieron sobre el HIV, incialmente lo rechazaron, pero con el tiempo lo fueron aceptando" (ver folio 009 del legajo Nº1). Esa frase no fue obtenida en juicio, se hizo años antes de que se suscitara el problema que provocó la interposición de este asunto, y además, no hay evidencia de que su contenido se haya puesto en conocimiento del afectado, dado que forma parte de un documento de carácter confidencial, que normalmente se elabora, según las prácticas propias de la psicología, con fines terapéuticos y dentro de un proceso mucho más amplio, que en este caso no es posible saber en qué concluyó.- En todo caso, eso no basta para decir que efectivamente, se trató de una suerte de conspiración fraguada por él con ayuda de quién sabe cuales terceros, para enriquecerse a costa de la llamada a juicio, por lo que el alegato debe rechazarse.- Por otro lado, es cierto, y así se tuvo como probado, que el actor estuvo en al menos dos lugares en los que aparecieron copias de sus exámenes, horas antes de los hallazgos. Así lo reconoció él al absolver posiciones, empero, el Tribunal advierte que esos sitios -la escuela de Búfalo y la casa cural-, eran visitados regularmente por J, quien se dedicaba a actividades de catequesis; y en todo caso, absolutamente nadie lo señaló como la persona que dejó los papeles allí.- En una situación como la presente resulta necesario acudir a reglas de experiencia, de la que estos juzgadores concluyen, que si alguien deseaba hacerle daño al aquí accionante, lo haría circulando información sobre su enfermedad, en los lugares que frecuentaba y en casa de amigos o familiares, por lo que no resulta extraño en lo absoluto que haya estado en esos lugares, o que los papeles hayan aparecido donde aquél desarrollaba normalmente sus actividades cotidianas.- Distinto sería el caso, si alguien le hubiera visto con los sobres en su poder, u observado como los depositaba en forma subrepticia; pero lo anterior, se reitera, no ha sido probado durante este proceso, y por allí, la tesis de un supuesto fraude, aparece como desprovista de elementos objetivos para afirmar su real existencia.- Finalmente, cabe indicar que los exámenes constaban en el expediente clínico desde varios años antes de su extraña desaparición, por lo que no es de recibo el alegato de que probablemente se los dieron al señor M y menos aún, que éste era el principal responsable de agregarlos al legajo, lo que carece totalmente de fundamento.- La realidad es, que la Caja Costarricense de Seguro Social no probó que -como afirma-, el demandante haya tenido una participación activa e importante, en la sustracción de los papeles y en la propalación de información en su propio perjuicio; lo cual obliga a desechar ese alegato.- Y justamente por lo anterior, debe descartarse por completo, la existencia de una culpa de la víctima, que pudiera disolver o debilitar el nexo de causalidad existente entre los hechos descritos y la falta de servicio acusada, en los términos en que lo prevé el numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública.-

VII).- Sobre el informe que rindió la Auditoría Interna de la Institución, Nº AAM- 107-2000, y las declaraciones que allí se hicieron constar, se observa que éste se emitió en virtud de una orden, emitida por la Junta Directiva Nacional, a raíz del reclamo de daños y perjuicios presentado por el señor MF.- Se elaboró unilateralmente, valga decir, sin la intervención del aquí demandante, quien no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre las probanzas allí recabadas, y quien tampoco estuvo presente a la hora de recibir las deposiciones que se consignaron. De hecho, no consta qué fue lo que dijeron la secretaria de la oficina parroquial de Búfalo, las dos maestras o las otras personas que se citan, ya que simplemente se anotó un pequeño extracto; sin que se hayan agregado las notas u hojas de trabajo que utilizó la Auditoría, para la preparación de ese dictamen; el actor no pudo preguntar a los testigos, ni reguardar la legalidad del acto; lo cual, aunque no le resta valor al informe - dada su naturaleza-, no permite incorporar de pleno derecho esas actuaciones a la vía jurisdiccional.- Si la demandada estimaba que era fundamental recibir la declaración de aquéllas personas, o de los familiares y amigos del reclamante, debió haber ofrecido y gestionado esas probanzas en el momento procesal oportuno, para que aquí se recibieran conforme a derecho, en salvaguarda del principio constitucional del debido proceso y del derecho de defensa del afectado; sin embargo, ello no ocurrió, pues la Caja ni siquiera contestó la demanda y fue declarada en rebeldía.- Las supuestas contradicciones entre las denuncias, tampoco se han podido constatar, pues éstas no fueron agregadas al legajo administrativo, y aunque no se duda de la seriedad del trabajo desplegado por los auditores, no es posible, por las razones dadas, otorgarle en esta vía, el valor que pretende el apelante.-

VIII).- Adicionalmente, se argumenta que no está probada la existencia del daño, pues lo único que hay -se dice-, es el dicho del petente, de que le afectaron su imagen y su relación laboral y familiar, no obstante que ya sus parientes conocían la enfermedad, y que desde varios años antes a los hechos este había solicitado ayuda psicológica, por el rechazo y las hostilidades de que era víctima.- El Tribunal disiente de lo allí expresado.- Resulta indudable, y ello deriva de la propia naturaleza de los hechos acaecidos, que poner a circular entre terceros, información sensible de una persona, que consta en archivos médicos, es susceptible de generar en ésta menoscabos como los reclamados y reconocidos por la señora Juez en su pronunciamiento.- Los expedientes clínicos, y lo que en ellos consta, es confidencial y debe ser manejado con suma reserva. En el caso de los portadores del virus VIH, no puede desconocerse el estigma que ese mal genera, en el ámbito social y personal del afectado, y por ello, puede afirmarse que el tema del tratamiento de esa información, envuelve un verdadero derecho fundamental, en la medida en que resguarda la dignidad de la persona, de forma que aparte de aquellos a quienes el propio afectado desee comunicar u padecimiento, no deben salir a la luz, salvo en casos excepcionales en que la ley lo permita, cuando ello resulte absolutamente indispensables, a los fines de un proceso jurisdiccional, según las condiciones que el propio legislador establezca, excepciones que, en todo caso, habrán de valorarse de manera restrictiva, en protección del ser humano afectado.- De suerte que la Ley General sobre el VIH SIDA, Nº 7771 del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, establece en su numeral 8º, ese principio, al preceptuar que: "ARTÍCULO 8.- Confidencialidad. Con las excepciones contenidas en la legislación, la confidencialidad es un derecho fundamental de los portadores del VIH- Sida. Nadie podrá, pública ni privadamente, referirse al padecimiento de esta enfermedad, sin el consentimiento previo del paciente. El personal de salud que conozca la condición de un paciente infectado por el VIH- Sida, guardará la confidencialidad necesaria referente a los resultados de los diagnósticos, las consultas y la evolución de la enfermedad. El portador del VIH- Sida tiene derecho a comunicar su situación a quien desee; sin embargo, las autoridades sanitarias deberán informarle su obligación de comunicarlo a sus contactos sexuales y advertirle, a su vez, sus responsabilidades penales y civiles en caso de contagio.".- En el caso concreto, según se ha reseñado, se produjo una violación al deber de cuidado, en el resguardo del expediente clínico del actor, que permitió a personas desconocidas, sustraer los exámenes que constataban que se había infectado con el virus, para luego distribuir copias de éstos a personas que se relacionaban con aquél, sea por sus vínculos familiares, sociales o de amigos.- El sólo hecho de que eso haya ocurrido, permite tener por acreditada la existencia del daño, que es de tipo moral y además, de orden subjetivo, dado que evidentemente, ello le generó a JG angustia, preocupación, frustración, tristeza y posiblemente hasta rabia, al estarse propalando información que jamás debió haber salido del Hospital; y que pudo haber provocado, un aire de animadversión en su contra y eventualmente un tratamiento discriminatorio, en sus relaciones sociales. Aunque esta última circunstancia no está probada, es lo cierto que la aparición de los documentos en la localidad donde vive el señor M, dejó abierta esa posibilidad y le implicó a él una nueva carga, que no estaba en el deber de soportar.- Por eso, al igual que la señora Juez, se tiene por acreditada la existencia del menoscabo, y, en lo que toca al monto concedido, de quinientos mil colones, no se advierte como éste podría resultar irrazonable o desproporcionado, dada sobre todo, la gravedad de la información que se puso en circulación, y los efectos que ello ocasionó en el ánimo del perjudicado.- Para esos efectos, no interesa si su núcleo familiar ya sabía de la enfermedad, pues es un hecho que los exámenes aparecieron más allá de su espacio más íntimo; como tampoco tiene relevancia alguna, el que con anterioridad ya hubiera recibido tratamiento, incluso de tipo psicológico, para paliar el rechazo y las situaciones que debió haber enfrentado, luego del diagnóstico que se le hizo. La conclusión a que se arriba es que el daño sí existió y que la indemnización no aparece como injusta, por lo que en este extremo, tampoco lleva razón el inconforme.-

X).- En suma, no encuentra este Despacho, que en el caso se haya producido una incorrecta valoración de la prueba, que el fallo sea omiso, que haya preterido prueba relevante, o que se aplicara indebidamente el derecho al sub examine.- La responsabilidad de la Institución surge, no por el hecho de ser custodio de los expedientes de salud, sino porque en la especie, los controles instaurados con ese fin resultaron insuficientes, y permitieron que la información que allí constaba fuera sustraída, y se diera a conocer a terceros que no tenían porqué imponerse de su contenido, causando con ello un menoscabo extrapatrimonial al actor, a quien le asiste por ende, el derecho a ser resarcido por ellos.- Entre las circunstancias descritas, existe un claro nexo causal, sin que se llegara a probar la existencia de alguna eximente, y la indemnización concedida no aparece como irrazonable, razones todas que obligan a avalar en todos sus extremos, el fallo venido en alzada.-

POR TANTO:

Se confirma la sentencia apelada.-

Exp 00-709-163-ca Apelación de Ordinario MFJG c/ CCSS AMV

Proyectos de ley referentes al tema

Violación Puntuales al Principio de Igualdad (arts 18.l, título VI, 4, 69, 73.a, 92, 54.b) por discriminar por la condición migratoria, la condición socioeconómica y nivel educativo, el estado civil y por razones de salud en cuanto al rechazo de ingreso de quienes padezcan de enfermedades infectocontagiosas o transmisibles; b.-) Sobre la discriminación por razones de salud.- "Evidentemente, como se dijo, el Estado tiene plena potestad para decidir su política migratoria, dentro de lo que se incluye la determinación de las personas a quienes se les rechazará el ingreso. El único límite que se admite es la razonabilidad, la cual se constata en este caso porque el rechazo en razón de "riesgo para la salud pública" es comprensiblemente razonable. Por lo tanto, tampoco encuentra esta Sala que estemos frente a una discriminación, sino que simplemente se trata de política migratoria válida".

2- Proyecto de ley para regular el negocio de tatuajes permanentes y perforaciones. Expediente Nº 15.470 Este proyecto de ley pretende regular un negocio que viene operando en Costa Rica, sin que existan hasta la fecha normas sanitarias que lo aseguren, existe la posibilidad de que por medio de los instrumentos que se emplean para efectuar tatuajes o las perforaciones, se transmitan algunos virus y bacterias. Ello si no se siguen algunos procedimientos básicos de higiene. Retomando el tema de las infecciones, las enfermedades que se pueden transmitir a través de las agujas para tatuar o perforar, van desde una simple infección bacterial hasta el virus de la hepatitis C, misma que, al igual que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH/SlDA+, es incurable. Salvo que, en el caso de la hepatitis, si se descubre a tiempo, se realice un transplante de órganos.

Artículo 15 Enfermedades infectocontagiosas Solo por interés público y a efecto de llevar un control sobre posibles enfermedades infecto-contagiosas, sobre todo Hepatitis B, el estudio llevará un registro confidencial, en que conste el nombre, dirección, edad, pigmentos y joyería utilizados, fecha en que se hizo la perforación o tatuaje, nombre del tatuador o perforador y la firma del cliente. El cliente deberá estar informado que existe este tipo de registro o fichero. El registro estará disponible para ser consultado únicamente por funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

Recibido para publicación: 01 de febrero 2010 Aceptado: 20 de marzo 2010