Resumen

Se realiza un análisis de variables sociodemográficas y criminológicas de casos de evasión presentados en el Centro Semi-Institucional San Agustín durante el año 1997. Se destaca el hecho de que una proporción significativa de quienes quebrantaron la ejecución de la pena privativa de libertad descontaban sentencias por delitos contra la propiedad. Asimismo, sobresale que una amplia mayoría del total de personas evadidas presentaban historial de consumo problemático de alguna droga y consumo múltiple de éstas.

Según los datos, no se puede establecer una relación unicausal entre las evasiones y el abuso de drogas, por el contrario se visualizan ambos comportamientos como manifestaciones de una misma situación deteriorante en el nivel psicosocial.

Palabras clave

Abstract

Is realized an analysis of sociodemographic and criminological variables about escape events happened in the San Agustín Semi-Institutional Center during 1997. Is detached the fact that one significative dimension of who violated the execution of the private grief, was discounting judgements of property crimes. Also, stand out that a large majority of the total of escape people presented a record about problematic comsuption of some drug and, besides, multiple drugs comsuption.

According the facts is finished that it can’t be founded a singular cause relation between the escape and the drugs abuse, by the opposite, both behaviors are look like manifestations about some damage situation in the psychosocial level.

Key words

Escapes, Trust regime, Drugs abuse, Prisoners, Prison System, Costa Rica.
 
 

Introducción

Un segundo propósito, de índole particular, es aproximarse a la elaboración de un perfil de la población que se evadió durante el año 1997 de un Centro Penal de Confianza en Costa Rica.

Al respecto, en este trabajo se utiliza el concepto "evasión" y sus derivados en dos sentidos. En primera instancia, tal como lo tipifica el Código Penal en el Artículo Nº 324, dentro de la Sección denominada "Evasión y Quebrantamiento de Pena" (Sección IV
del Título XIV "Delitos contra la Administración de Justicia"), donde hace referencia al que encontrándose legalmente detenido se evadiese; o sea, quien se fugue de un Centro de Detención, quebrantando asi la ejecución de la pena o custodia, lo que en los Centros Penales abiertos es calificado bajo la categoría de "abuso de confianza". En segundo lugar, se utiliza en el sentido de motivación para el consumo de drogas y, en este caso, explícitamente aparece como "evasión psicológica" (Irurzun, 1968).

De tal manera, el quebrantamiento de la modalidad de custodia en el proceso de ejecución de la pena privativa de libertad es un problema que afecta sensiblemente a los Centros de Confianza o Semi-Institucionales del Sistema Penitenciario Costarricense, dando lugar en muchas ocasiones, al llamado "reciclaje" de población penal.
 

Antecedentes

En un estudio elaborado por Rojas (1988), llevado a cabo en el Centro Penitenciario de Badajoz (España) con reclusos que no se presentaron luego de gozar de un permiso de salida, se determinó como perfil, a los sujetos de 30 años de edad, solteros, con nivel intelectual medio, extrovertidos, de alta agresividad-impulsividad, reincidentes (aunado a que varias investigaciones indicaban que los reincidentes puntúan más alto en escalas que miden neuroticismo), con condenas entre 6 meses y 6 años, en prisión ininterrumpida desde hace 1 o 2 años, con menos de 1 año de permanencia en el Centro y restándoles sobre 1,5 años para disfrutar la libertad condicional.

Por otra parte, en un estudio realizado a la población evadida del Nivel Semi-Institucional entre enero y julio de 1992 (Saborío, 1992), se estableció que en el Centro San Agustín las evasiones constituyeron el 71% del total de egresos de dicho período, resultando que el 94% se evadía durante los primeros 3 meses de estadía en este Centro. Por tanto, se enfatizó la necesidad de reforzar los procesos de selección e inducción de los privados de libertad que ingresaban en tal establecimiento penitenciario.

Una de las principales hipótesis explicativas de este fenómeno ha sido la que relaciona las evasiones de este régimen con el abuso de alcohol y otras drogas. En este sentido, durante la presente década han tomado auge los estudios sobre farmacodependencia en población criminalizada (Bejarano, Sáenz y Ugalde, 1996/1997; Campos, 1996; Sáenz, 1995-1996; Sáenz, Molina y Abarca, 1993; Sáenz y Bejarano, 1996; y Sáenz et al., 1998), los cuales han arrojado diversos resultados, aunque siempre sobresalen elevadas prevalencias de consumo de distintas sustancias psicoactivas, tanto lícitas como ilícitas.

Por otra parte, se ha insistido en que la función que la droga podría cumplir dentro de la dinámica de un Centro Penal es variada; no obstante, se citan: el reforzamiento de la conducta de retirada, fantasía y fuga de la realidad; la evasión psicológica; la modalidad inconsciente de autoagresión; la forma de agredir a la autoridad, en tanto burla a sus prohibiciones; o bien, la búsqueda deliberada del arrojo y la excitación (Irurzun, 1968).

Como señala Neuman (1984), la droga por sí sola no genera criminalidad, sino que es el vehículo de condiciones latentes hacia la acción delictiva. Esto mismo se puede aplicar al caso que se analiza en este trabajo, donde la droga no es la causa directa de la evasión, sino que tiende a presentarse como un fenómeno paralelo, quizás facilitador o desinhibidor, y como expresión conjunta de condiciones psicosociales deteriorantes en los ámbitos de la interacción humana, del nivel de vida y del desenvolvimiento laboral, familiar y comunitario. De tal manera, la conducta delictiva, la evasión y el consumo de drogas deben ser visualizados como síntomas de un problema social de fondo, pues de hecho, son fenómenos multicausales y, precisamente, un factor de riesgo para una de estas conductas puede serlo para otra. Así, por ejemplo, Sandí et al. (1995) han indicado que los niños criados en familias caracterizadas por la presencia de intensos conflictos conyugales, están en un mayor riesgo para presentar conducta delictiva y consumo de drogas ilegales.

En el contexto nacional, la Ley Nº 4762 en su artículo 3 (incisos a. y b.) establece como propósitos de la Dirección General de Adaptación Social la ejecución de las medidas privativas de libertad, así como la custodia y el tratamiento de los sentenciados. De tal manera, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 22198-J del 1º de junio de 1993, se organizó dicha entidad en Niveles de Atención, los cuales expresan diferentes fases, sobresaliendo entre sus objetivos la definición y atención de las necesidades de los privados de libertad y la institucionalización de quienes lo requieran, así como favorecer la desinstitucionalización y la no institucionalización.

Estos Niveles son: el Nivel de Atención Institucional, el Nivel de Atención Semi-Institucional, el Nivel de Atención en Comunidad y el Nivel de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes. Con respecto al Nivel Semi-Institucional, en el artículo 49 del citado Decreto se conceptualiza como aquél en el que se implementan todas las acciones y estrategias dirigidas a los (as) privados (as) de libertad, que por sus características son atendidos en modalidades definidas por la participación de la persona en la comunidad.
 

Aspectos Metodológicos

El presente estudio tiene un carácter exploratorio y ex-post-facto, pues se realizó posterior a la ocurrencia del evento, con la consiguiente carencia de control sobre las variables independientes, el cual se llevó a cabo en el Centro Semi-Institucional San Agustín, establecimiento penitenciario adscrito a la Dirección General de Adaptación Social, ubicado en la ciudad de Heredia. Se tomó en cuenta a todos los privados de libertad con condición jurídica de sentenciados que evadieron de manera efectiva su régimen de custodia durante el año 1997, por lo que no se requirió de ningún procedimiento convencional de muestreo. Comprende un total de 27 sujetos evadidos, todos ellos de sexo masculino, estableciéndose en dicho año una relación de 2,96 ingresos por cada evasión.

En dicho Centro funcionan dos modalidades de custodia para personas sentenciadas:

a.-) quienes trabajan durante el día en la comunidad y pernoctan en el Centro durante la semana, pasando como mínimo los fines de semana en su hogar, aunado a que por las noches deben asistir a diferentes modalidades de atención profesional

Para la recolección de información se revisaron los expedientes administrativos de los evadidos, así como las Actas de los Consejos de Valoración en que se analizaron sus casos y, posteriormente se seleccionaron los datos de interés, trasladándolos a una hoja de registro diseñada para tales efectos.

En virtud de que al iniciar el estudio no se logró contar con la revisión completa del total de expedientes, existen algunos rubros que en muy pocos casos no se lograron registrar. Para la categorización de la ocupación y la zona de residencia en cada caso, se utilizó el criterio de los profesionales de las Areas Comunitaria y de Capacitación y Trabajo que atendían a los privados de libertad estudiados. Seguidamente se analizarán algunas variables sociodemográficas, destacándose aquellos elementos que tienden a presentarse en común entre los diferentes casos.
 

Aspectos sociodemográficos

Tal como se aprecia en el cuadro 1, más de las tres cuartas partes de los evadidos se ubicaban entre los 20 y los 39 años de edad, estableciéndose el promedio en 34,44 años; de hecho el 66,67% correspondía al período de los 22 a los 33 años.

Esto pone de manifiesto que la mayoría eran adultos jóvenes y que, a mayor edad la tendencia a evadirse disminuía considerablemente. Lo anterior podría asociarse con los resultados de un estudio penitenciario sobre ingreso a prisión y consumo de drogas (Sáenz y Bejarano; 1996), en el cual se concluyó que a mayor edad era menor la proporción de ingresos a un establecimiento penitenciario.

Por otra parte, más del 80% carecía al momento de la evasión de vínculos legales formales en el nivel familiar de procreación (sólo un 18,52% eran casados), por lo que no se expresaba una responsabilidad definida en este campo, siendo habitual encontrar múltiples relaciones de pareja en las historias de vida de los privados de libertad.

Alrededor del 75% presentaba niveles educativos de primaria completa o menos, lo cual se relaciona con una mano de obra poco calificada que se manifiesta en el rubro de la ocupación (donde una gran mayoría registraban escasos hábitos de trabajo e/o inestabilidad laboral) y, como consecuencia, una baja remuneración salarial.

En concordancia con una visión estigmatizada o convencional del delito y del delincuente, una abrumadora mayoría residía en sectores empobrecidos. En el caso de San José 9 de los 10 sujetos procedían de la periferia de la ciudad y cantones circunvecinos; la mayoría de evadidos residentes en las provincias de Alajuela y Heredia (85,7% y 62,5% respectivamente) eran vecinos del Cantón Central de cada una de ellas. Con respecto a Limón, ambos privados de libertad residían en el cantón de Pococí que, por

En concordancia con una visión estigmatizada o convencional del delito y del delincuente, una abrumadora mayoría residía en sectores empobrecidos. En el caso de San José 9 de los 10 sujetos procedían de la periferia de la ciudad y cantones circunvecinos; la mayoría de evadidos residentes en las provincias de Alajuela y Heredia (85,7% y 62,5% respectivamente) eran vecinos del Cantón Central de cada una de ellas. Con respecto a Limón, ambos privados de libertad residían en el cantón de Pococí que, por jurisdicción, es cubierto por el Centro San Agustín.

A continuación, se plantearán las tendencias que presentaron los evadidos ante diferentes variables criminológicas, las que no sólo se refieren a aspectos vinculados con la transgresión de la Ley Penal.
 

En este apartado, como recién se señaló, lo criminológico no sólo hace alusión a los elementos que rodean la imposición de una sentencia, pues va más allá del mero estudio del fenómeno de la delincuencia, abarcando de una manera global la llamada "conducta desviada".De conformidad con lo que se desprende en el plano socioeconómico, y según los planteamientos de Carranza (1994), en torno a que el deterioro económico corre parejo con el incremento de delitos contra la propiedad, se encuentra en el cuadro 2 que más de la mitad descontaba sentencias por este tipo de ilícitos, proporción superior a la hallada en el Censo de Población Penal de 1992 y en otros estudios recientes (Bejarano, Sáenz y Ugalde, 1996/1997). Paralelamente, más del 75% de la población había sido sentenciada a 6 años de prisión o menos.´

Llama poderosamente la atención que alrededor del 70% cumplía su sentencia con la aplicación del descuento adicional de la pena, establecido en el Artículo 55 del Código Penal, en el propio año de la evasión o en el año siguiente (1998) y, a la gran mayoría (81,5%) le restaba menos de 1 año calendario para finalizar su pena privativa de libertad.

Aproximadamente el 60% había permanecido en el Centro 6 meses o menos. El promedio de estancia se estableció en 210,74 días por privado de libertad (alrededor de 7 meses).

En cuanto al Nivel de procedencia, dos terceras partes habían ingresado remitidas de otro Centro de Confianza, fundamentalmente de índole agrícola. Esto remite a cuestionarse sobre la calidad de la inducción que reciben los privados de libertad al momento de su traslado en Centros de características similares; o bien, del proceso de selección del que son objeto.

Tal como se ha establecido en años anteriores, el mes de enero registró la mayor cantidad de evasiones, destacándose que dos terceras partes del total se produjeron en el primer semestre de 1997; este tipo de dato es consistente en el tiempo, por lo que deberían realizarse investigaciones de carácter etnográfico para profundizar en el conocimiento de este fenómeno.

Según se observa en el cuadro 3, el 96,3% de los evadidos refirieron a su ingreso consumo problemático (categoría que abarca el abuso y la dependencia de sustancias) de alguna droga, sobresaliendo las bebidas alcohólicas y el "crack", aunado a que en más de la mitad se determinó abuso múltiple de drogas, estableciéndose un nivel mínimo de policonsumo del 66,7% y destacándose la combinación de alcohol y "crack", donde por lo general la bebida precedía el consumo de la segunda.

Una amplia mayoría (74,1%) manifestó, en la toma de la historia clínica, que el delito se cometió bajo los efectos de la droga, o bien, para conseguirla, lo que de alguna manera se asocia con lo expuesto en el cuadro 3.

Otro aspecto interesante es que en cinco casos (18,52%) se registraban antecedentes de tratamiento por farmacodependencia y otros tres (11,11%) se encontraban en proceso de ser internados en un Centro de Tratamiento para Farmacodependientes al momento de evadirse; asimismo, un caso (3,70%) presentó una recaída y se encontraba en el Centro durante un día no laboral, como medida cautelar, mientras se abordaba su situación.

Además de lo anterior, al analizar en conjunto los diferentes motivos de egresos producidos

(libertades, evasiones, traslados y defunciones) se determinó que las evasiones alcanzaron un 31,76% del total de egresos ocurridos durante el año 1997.
 

Discusión

Sintetizando, el presente estudio permite establecer algunas características generales que se presentan con mayor frecuencia en las personas evadidas, tales como:

a.- edad entre 22 y 33 años,

b.- sin vínculos legales formales en el nivel familiar de procreación (solteros, unión libre, divorciados y separados),

c.- con educación primaria completa o inferior a ésta,

d.- con ocupación de peón o sin oficio definido,

f.- por delitos que buscan el logro de lucro o beneficio económico,

g.- con sentencias de 6 años o menos,

h.- con cumplimiento de la condena en 1 año o menos,

i.- reincidentes,

j.- con menos de 1 año de permanencia en el Centro,

k.- procedentes de un Centro Agrícola de Confianza,

l.- con historia de consumo problemático de alguna droga, y

m.- evadidos en el primer semestre del año.

En comparación con el estudio de Rojas (1988) ya mencionado, se presentan en común diversos aspectos entre quienes quebrantaron la pena privativa de libertad. De tal manera se puede considerar que existe mayor probabilidad de evadirse en aquellas personas con edades alrededor de los 30 años, solteras, reincidentes, con sentencias de 6 años o menos. Este fenómeno apareció entre quienes tenían menos de 1 año de permanencia en el Centro y quienes estaban próximos a cumplir las tres cuartas partes de su condena (período a partir del cual, según la legislación española, se puede disfrutar de la libertad condicional) que en el caso costarricense se refiere a la proximidad del cumplimiento de la sentencia.

Otro elemento o factor es el hecho de que varios sujetos se evadieran restándoles poco tiempo para descontar su sentencia, refleja cierta incapacidad para programar y organizar un proyecto de vida, así como rasgos marcados de impulsividad que les impiden postergar. Lo anterior coincide con los hallazgos efectuados por Bejarano (1994), quien encontró en una muestra de pacientes abusadores de drogas ilícitas una relación significativa entre este tipo de conducta y características de personalidad de índole sociopático, aunado a que en este caso se trataba de personas que poseían antecedentes delictivos.

La asociación entre la condición de mano de obra mal pagada y el residir en sectores caracterizados por condiciones socioeconómicas precarias que influyen de manera significativa, necesariamente debe analizarse en conjunto con los planteamientos de Carranza (1994), en el sentido de que la crisis económica corre parejo con el incremento de la criminalidad común, y con las proporciones de delitos contra la propiedad e infracción a la "Ley de Psicotrópicos", pues fundamentalmente tienen un beneficio económico para su autor.

El hecho de que, por un lado, la mayoría de los sujetos descontaba sentencias de 6 años o menos y, por otro, que alrededor del 90% cumpliera las mismas antes del año 2000, refleja que la ubicación de privados de libertad evadidos en este Centro de confianza ha seguido criterios de temporalidad aceptables desde un punto de vista criminológico, dado que generalmente los delitos son menos graves, o bien, que los privados de libertad habían presentado ajuste a la normativa disciplinaria durante su estadía en regímenes menos abiertos.

Relacionando los dos aspectos recién señalados y, tal como se indicó en el acápite anterior, en diversos estudios se ha calculado la proporción de personas detenidas por delitos contra la propiedad entre 49% y 37%; de hecho, en el período comprendido entre 1982 y 1992 se produjo una reducción aproximada de 11 puntos porcentuales, según los datos del Censo de Población Penal de 1992. Al establecerse en el presente estudio tal tipo de ilícitos en el 55,56% y en el año 1996 con la población general del mismo Centro (Sáenz et al., 1998) en el 58,6%, se podría afirmar que en este régimen se ubican mayoritariamente sentenciados por delitos contra la propiedad, en la medida en que se tratan de acciones que revisten, regularmente, menor gravedad y peligrosidad.

Además, el 85% de los evadidos había permanecido en el Centro menos de 1 año inclusive, procediendo de otro Centro de Confianza una proporción importante de los privados de libertad. Lo anterior debe implicar, por imperativo ético, una revisión de los procedimientos de acompañamiento técnico que permitan la contención del sujeto, dentro de los Centros de Confianza en general y del Centro San Agustín en particular, pues poco más de la mitad se evadió con 4 o más meses de permanencia en el Centro, tiempo más que suficiente para conocer la normativa disciplinaria y adecuarse a la dinámica institucional.

No obstante, ésto remite también a que la prisión no es la solución y, a que el paradigma del tratamiento penitenciario, impuesto desde fuera para cada caso, resulta en una legitimación de la violencia institucionalizada; ante lo cual la evasión podría ser una respuesta individual y no política de los privados de libertad, en tanto pertenecientes a los sectores sociales postergados.

Sin embargo, en comparación con el estudio de Saborío (1992), se aprecia una reducción de aproximadamente el 50% en las evasiones ocurridas durante los 3 primeros meses de estancia en el Centro, así como de un 40% en la proporción que representaron las evasiones dentro del total de egresos. Lo anterior podría relacionarse con el acatamiento de las recomendaciones efectuadas en 1992, relativas al mejoramiento de los procesos de selección e inducción de los privados de libertad.

Otro elemento que merece ser destacado es la ocurrencia de la mayoría de evasiones en períodos posteriores a épocas festivas, asociadas en ciertos sectores poblacionales con la ingesta de alcohol, tales como la Navidad, el Año Nuevo y la Semana Santa. Esto guarda concordancia con los datos de años anteriores y podría explicar parcialmente que el mes de enero sea el que registre más evasiones. Sin embargo, no existe prueba empírica de que la evasión suceda cuando el privado de libertad se encuentre bajo los efectos de una o varias drogas; a pesar de. que una cantidad importante de privados de libertad evadidos reportó a su ingreso niveles de consumo problemático de bebidas alcohólicas y "crack", acompañado de consumo de otras drogas.

En este trabajo se estableció que más de la mitad de sujetos reportó haber cometido el delito bajo los efectos de alguna droga o para obtener recursos que le permitiera conseguirla. En el año 1996, Sáenz et al. (1998) encontraron en el mismo Centro Penal un 43,8% que cometió el ilícito bajo los efectos de alguna droga y un 25,5% que lo efectuó para obtenerla, determinándose una asociación altamente significativa entre ambas circunstancias (p=0,000), lo que, según los investigadores, expresaba importantes niveles de dependencia con respecto a la sustancia, conclusión que es totalmente aplicable al presente caso. Sin embargo, en el estudio de Bejarano (1994) no se logró establecer una relación estadísticamente significativa entre el abuso de drogas y la presencia de problemas judiciales.

En este sentido y con la finalidad de que los resultados de esta investigación no favorezcan la creación o reforzamiento del mito, consistente en que las drogas causan por sí solas las evasiones, es recomendable señalar la necesidad de mayores estudios, tanto sobre perfiles de la población que no se evade después de 6 meses de permanencia en el Centro, como de seguimiento a quienes se evadan, en el momento de su reingreso al Sistema Penitenciario.
 

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* Asesor Psicosocial en Alcoholismo y Farmacodependencia de la Dirección Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, Ministerio de Justicia y Gracia. Apdo. Postal 1871-1100, Tibás, Costa Rica.