1. Los grandes retos de la Centroamérica del bicentenario

La región se presenta a esta nueva coyuntura crítica: cuarenta años después de los Acuerdos de Paz y del proceso de Esquipulas. El balance de sus resultados, decíamos en la introducción, es positivo pese a los altibajos de estas décadas. Se han producido cambios sensibles porque los acuerdos fueron capaces de viabilizar la solución de los conflictos y de propiciar varias décadas de paz y entendimiento entre los países. Propiciaron, también, el final de los gobiernos autoritarios en todos los países de la región y la apertura de procesos de democratización. Facilitaron, también, la puesta en marcha de estrategias de desarrollo que fomentaron una mejor inserción de las economías centroamericanas y una cierta reducción de la pobreza y mejora del bienestar en algunos sectores.

Los avances han sido sensibles pero insuficientes. Como han señalado Diego Sánchez Ancochea y Salvador Martí, los Acuerdos de Paz fueron también el marco de estrategias nacionales de desarrollo para los países centroamericanos que pudieron enfrentarse, con un marco común, a un escenario conformado por la violencia, asociada a los conflictos nacionales y a su regionalización; así como a los efectos de un modelo socioeconómico agroexportador, al servicio de las élites y, generador de exclusión y desigualdad ^{(Sánchez Ancochea y Martí, 2014}).

La paz del conflicto regional ha cedido frente a las raíces estructurales de la violencia asociada al narcotráfico y otras manifestaciones de violencia organizada. La región centroamericana se convirtió, hace años, en uno de los focos más violentos del mundo, especialmente en torno a la ruta migratoria hacia Estados Unidos y en los países del llamado Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), una definición cargada de connotaciones negativas que seguro habría que descartar.

La democracia que parecía consolidada, al menos en sus rasgos más formales (elecciones limpias y libres, separación de poderes), parece haber cedido también; de esta manera se puede afirmar que hay un grave riesgo de des-democratización en muchos de los países de la región. No se trata de un fenómeno exclusivo de Centroamérica y se puede enmarcar en la crisis de la democracia moderna (^{Levitsky y Ziblatt, 2018}) que explica también algunos casos como la legislatura del presidente Trump en EE. UU., o los de algunos países de la Europea del Este en la UE, por no recurrir solo a los casos de Rusia o Bielorrusia.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega entró, a partir de la cruenta represión de las manifestaciones y protestas de abril de 2018, en una dinámica de represión que se multiplica con la cercanía de las elecciones de noviembre de 2021 y los numerosos casos de exilio forzado, encarcelamiento e inhabilitación de todos los candidatos electorales con voluntad de oposición, mediante leyes creadas ex profeso para ello y de difícil justificación jurídica.

El gobierno de Bukele había suscitado gran expectación en El Salvador al haber derrotado, con una gran contundencia, a los partidos tradicionales de la posguerra (ARENA y FSNL). Pero su mandato ha estado plagado de gestos autoritarios que han afectado, de forma sensible, la percepción de su proyecto político de renovación, en especial fuera del país, porque mantiene todavía altos niveles de popularidad interna.

El desgaste del presidente Hernández, en Honduras, es un síntoma de un deterioro democrático que viene desde el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en el 2009, precisamente por su intención de aprobar la reelección mediante modificación constitucional, aunque más adelante fuera aprobada por una decisión de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la reelección de Hernández, muy controvertida por las sospechas de manipulación de los resultados electorales. Además, la condena por narcotráfico de su hermano en EE. UU. salpica al presidente Hernández para el que se prevé un futuro judicial complejo.

Guatemala no ha recuperado la calma desde las grandes manifestaciones del año 2015, que acabaron con el procesamiento del expresidente Otto Pérez Molina y otros miembros de su gobierno. Ni la presidencia de su sucesor, Jimmy Morales, ni la del presidente Alejandro Giammatei han apaciguado los problemas del país ni las protestas ciudadanas que han vuelto a aparecer con intensidad en otros episodios. Los casos de corrupción entre la clase política y la difusa separación de poderes son una constante de la situación política en un país marcado por la existencia de élites empresariales muy reacias al cambio, por ejemplo, en la política fiscal.

Antes del final de su mandato, el expresidente Morales consiguió la expulsión de facto o no renovación de la Comisión contra la impunidad en Guatemala (CICIG), que había destapado numerosos casos de corrupción gracias a la colaboración internacional con la justicia guatemalteca (expresidentes, empresarios, militares, jueces, jefes de policía, ministros, alcaldes y políticos de todos los partidos fueron encausados o encarcelados). Ese debate sigue abierto en medio de un marco de numerosos partidos y mayorías legislativas muy débiles.

Los países más al sur de la región se alejan de este panorama marcado por la crisis de la democracia. Costa Rica mantiene la estabilidad política pese a la aparición de fuerzas populistas con potencial desestabilizador y al debate que, desde hace algunos años, se ha planteado sobre la viabilidad del particular modelo económico y social que ha distinguido al país a partir de los años cincuenta. Por su parte, Panamá permanece también estable, después de los episodios de corrupción, aunque ha sido especialmente afectado por la pandemia y trata de reanimar su desigual economía en medio de las tensiones provocadas por su inclusión en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Mientras tanto, Belice y la República Dominicana, a pesar de ser países miembros del SICA, están alejados de la situación regional.

Si la transición de la guerra a la paz se ha visto complicada por la violencia del crimen organizado, y los avances democráticos parecen en retroceso, algo similar se podría afirmar sobre el desarrollo, el tercero de los principios de Esquipulas. Las mejoras de estas décadas no han sido suficientes para corregir los niveles de pobreza, desigualdad o de vulnerabilidad.

Tres documentos son especialmente valiosos y significativos para hacer balance de las décadas posteriores a Esquipulas. En primer lugar, Revoluciones sin cambios revolucionarios, una de las últimas obras de Edelberto ^{Torres-Rivas (Torres-Rivas, 2011}). En segundo lugar, la contribución que hacen los autores del Handbook of Central American Governance (^{Sánchez Ancochea y Marti, 2014}). Ambos trabajos sostienen que los procesos de paz tuvieron éxito al romper una dinámica regional muy negativa y difícil, pero no han evitado la consolidación del modelo económico excluyente que sigue condicionado por los intereses de las élites. Torres-Rivas sintetizó muy bien varias décadas de la región afirmando que los procesos revolucionarios que desataron los conflictos no trajeron cambios revolucionarios en las estructuras políticas y económicas de la región. ^{Sánchez-Ancochea y Martí (2014}) hacen, también, especial hincapié en ello, con su idea de que los intereses de las élites siguen imponiéndose sobre los generales.

El tercer documento es el último Informe sobre el Estado de la Región, una secuencia de informes que es la principal contribución al análisis con enfoque regional que existe en Centroamérica. Su análisis riguroso y persistente de los principales problemas de la región desde 1999 es una contribución extraordinaria en la que conviene destacar su adopción de una mirada regional, mucho menos frecuente de lo necesario, en las investigaciones sobre Centroamérica.

El sexto Informe sobre el Estado de la Región estudia ampliamente las dimensiones del desarrollo en Centroamérica. Presta especial atención a los retos a largo plazo, que identifica en torno al análisis espacial de los desastres naturales, la conflictividad ambiental y la evolución de la política institucional y propone análisis en profundidad en torno al empleo, la educación y formación, la dinámica territorial de la violencia y el apoyo a la democracia ^{(Proyecto Estado de la Nación, 2021}).

Los Informes del Estado de la Región ofrecen la posibilidad de estudiar la evolución de los problemas centroamericanos y la influencia del entorno global en ellos, pero intentarlo es un ejercicio que desborda las posibilidades de este artículo. Sin embargo, el Informe del Estado de la Región de 2021 propone tres grandes ideas fuerza como síntesis de sus investigaciones que ayudan a hacer un balance de los problemas de la Centroamérica contemporánea. La primera idea fuerza se refiere al retroceso que la pandemia ha provocado en los tímidos avances que la región había experimentado en los años 2015-2019 en materia de violencia, reducción de la pobreza o acceso a la educación. La debilidad institucional no ha podido frenar el impacto de esta pandemia que compromete en muchos aspectos el futuro inmediato de la región.

La segunda idea, pone de manifiesto las potentes señales de agotamiento político del impulso integracionista que generó logros tangibles de desarrollo humano tras su refundación con el SICA. Su agotamiento ha impedido que fuera, esta vez, un escudo frente a la crisis que ha provocado la pandemia. Y la tercera idea fuerza se centra en las identidades regionales que son claves para fortalecer el apoyo ciudadano a la integración sobre el que construir las respuestas que Centroamérica necesita.

Un reciente ejercicio de reflexión colectiva impulsado por la Fundación ETEA, Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, entre un grupo de cincuenta investigadores centroamericanos y centroamericanistas ^{(Fundación ETEA 2021}), proponía una lista de problemas críticos que deben estar en la base de cualquier replanteamiento de objetivos y de agendas para la región que ayuden a abordar el análisis sobre la Centroamérica contemporánea. El análisis de la región en esta coyuntura crítica se puede resumir en estas ocho claves que resultan agravadas por los efectos de la pandemia (^{Caldentey, Estepa, De la Torre 2021}):

Se trata de un balance oscurecido porque se hace en la fase de agotamiento de un largo ciclo de desarrollo que se ve, además, agravado por los efectos de la pandemia. Se realiza, también, en un período marcado por las incertidumbres de la sociedad global que afectan, en específico, a los países más vulnerables. No obstante, conviene no olvidar que la región tiene grandes potencialidades sobre las que apoyar una nueva fase de desarrollo y que de las coyunturas críticas se puede salir reforzado con estrategias de medio y largo plazo. Podría haber escenarios propicios para cambios positivos para la región.

De los análisis que se presentan en este apartado parece obvio deducir la pertinencia de la dimensión regional del análisis sobre Centroamérica. Las investigaciones, impulsadas por los Informes del Estado de la Región o el ejercicio de reflexión impulsado por la Fundación ETEA, ofrecen un marco analítico sobre problemas que, aunque tienen manifestaciones diversas en cada país, derivan de las mismas raíces. Como ^{Sánchez-Ancochea y Martí (2014}), se cree que la ausencia o debilidad de los proyectos nacionales en los países centroamericanos forma parte del agotamiento de los principios inspiradores de todos ellos, derivados de los Acuerdos de Esquipulas y su aplicación.

2. La integración regional ante los retos del bicentenario

El análisis de la integración se hace pertinente y necesario si parte de que el enfoque regional es un instrumento útil para entender la región. Los Acuerdos de Paz incorporan como elemento funcional la reactivación del proceso de integración regional y los países centroamericanos reestructuraron el Mercado Común Centroamericano (MCCA) transformándolo, a través de nuevos protocolos, a los viejos tratados en el “Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un esquema multidimensional que definió un nuevo marco político y estratégico y amplió el entramado jurídico e institucional” ^{(Caldentey, 2015}: 178).

Las contribuciones del proceso del SICA en estas últimas décadas han sido variadas. Se pueden distinguir las siguientes etapas en su evolución en estos años:

A pesar de lo anterior, es difícil sintetizar el estado de la integración regional en Centroamérica. La dimensión económica parece vivir un buen momento pese a que sus alcances se puedan percibir como limitados. La integración económica en Centroamérica ha demostrado mayor relevancia que en otros bloques del regionalismo latinoamericano. En el marco de la Unión Aduanera, el mercado intrarregional es el segundo destinatario de las exportaciones de la región detrás de Estados Unidos. Tras los años ochenta, la cuota intrarregional de exportaciones no deja de crecer y supera las cifras alcanzadas por el MCCA, consolidándose en torno al 30-35 % y con algunas evidencias que apoyan el comportamiento anticíclico del comercio intrarregional. La evolución de las importaciones intrarregionales es también significativa, aunque inferior, en torno a 15 % de las importaciones totales (^{Caldentey, 2021}).

Centroamérica es, en 2021, una unión aduanera imperfecta formada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (que está adoptando, de forma progresiva, el acervo legal asociado a la unión aduanera). República Dominicana y Belice no forman parte de ella. Existe un libre comercio intrarregional con algunas excepciones regionales y bilaterales. Además, se ha desarrollado una amplia normativa común sobre legislación aduanera como medidas de salvaguardia, origen de las mercancías, prácticas desleales, tránsito aduanero, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras no arancelarias, controversias comerciales, administración aduanera, transporte regional y otros asuntos ^{(Caldentey, 2015}).

Existe también un arancel externo común que cubre todo el universo arancelario (algo menos del 4 % de los rubros que permanecen todavía desarmonizados por la sensibilidad de los intereses en torno a ellos). El principal problema de la unión aduanera está relacionado, sin embargo, con las incongruencias de los países miembros en su política comercial externa. Aunque la expectativa de las desgravaciones progresivas mitiga la gravedad de este problema, el arancel externo se enfrenta a negociaciones por separado que conceden preferencias arancelarias no comunitarias y que minoran en la práctica la eficacia de la Unión Aduanera y su legitimidad ante los productores y empresarios ^{(Caldentey, 2015}).

La integración económica centroamericana muestra también avances importantes en la facilitación comercial y la gestión integrada de fronteras; y cuenta con un marco intersectorial de instrumentos de política regional que tiene el apoyo de actores regionales como el BCIE y de socios externos con capacidad de apoyarlos en materia técnica o financiera.

Estas tendencias refuerzan una percepción positiva de la evolución de un mercado regional que es valioso y relevante para los agentes económicos, lo que en otros períodos no resultaba tan evidente. La integración económica centroamericana parece haber “promovido la competitividad de algunos sectores ligados al comercio exterior y la apertura de las economías latinoamericanas. Pero su enfoque resulta insuficiente para promover la distribución de sus efectos positivos y el desarrollo de las fuentes internas de crecimiento” ^{(Caldentey, 2015}: 187) y una estructura productiva competitiva e inclusiva que puede ofrecer alternativas de desarrollo a los países centroamericanos y adaptarse adecuadamente a los escenarios de futuro que la región va a afrontar.

En el ámbito más político de la integración regional, el SICA se ha dotado desde el año 2005 de un rico y heterogéneo conjunto de instrumentos de política regional. El conjunto de instrumentos tiene mucho valor, pese a la utilidad cuestionable de varios de ellos, y ha sido fruto del ejercicio de elaboración, con participación de socios extrarregionales y algunos procesos de consulta muy interesantes. La Política Regional MIPYME (2019), la Política Marco Regional de Movilidad y Logística Centroamericana de 2017, la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres de 2017, la Estrategia Regional de Articulación Productiva MIPYME (2017), la Política Regional de Salud del SICA 2015-2022, la Política de Integración de Pesca y Acuicultura 2015-2025, la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA o la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) de 2011, por citar algunas de ellas.

Sus resultados son, no obstante, limitados en términos de eficacia. Y ese es uno de los grandes debates de la integración. Sin olvidar el carácter complementario de lo regional, el reto es cómo hacer eficaces las intervenciones y las políticas regionales. Hay ejemplos concretos de instrumentos útiles e incluso tangibles más allá de la integración económica, por ejemplo, en torno a la prevención de desastres, o la atracción de la cooperación internacional, así como la compra conjunta de medicamentos o las políticas de promoción de la mipyme y el emprendimiento. Sin embargo, son resultados insuficientes para generar los incentivos necesarios para que los países miembros confíen en que la integración es un juego de suma positiva que puede ser rentable para todos a medio plazo.

Lo señala así el sexto Informe del Estado de la Región, a partir de las evidencias que aporta su capítulo 3 sobre las tendencias del proceso de integración regional, analizando la distancia entre las potencialidades y los resultados del SICA y apuntando algunas de las dificultades que explican los problemas de eficacia y compromisos asociados al sistema, en un debate que excede las posibilidades de este artículo:

Además de las asimetrías en capacidades y resultados, este Informe proporciona evidencia sobre la acumulación de señales sobre el agotamiento político del impulso integracionista inaugurado a fines del siglo pasado. Las diferentes naciones comparten recursos naturales e infraestructura, bienes públicos que podrían ser gestionados de manera conjunta para garantizar su adecuada protección, uso sostenible y mantenimiento oportuno. Centroamérica cuenta con veintitrés cuencas compartidas que representan el 37% del territorio de la región y posee más de un millón de km² de mar territorial (el doble de su superficie continental), así como ecosistemas marinos y terrestres que trascienden las fronteras territoriales entre las naciones. (…). Si bien la voluntad expresada en esos instrumentos fundacionales del proceso de integración regional partió del reconocimiento de recursos e intereses compartidos entre los países, la implementación a nivel nacional de los compromisos suscritos en el ámbito regional es débil en muchas áreas. Los Estados nacionales son los socios principales del proceso de integración, y tienen la obligación de dar direccionalidad a este proceso y garantizar las condiciones políticas y materiales para la “nacionalización” de los acuerdos y compromisos suscritos en el espacio regional. La falta de voluntad política agudiza los problemas endémicos del diseño institucional y la operación del SICA e impide su consolidación como plataforma para la aplicación de políticas públicas en temas de interés común para los países miembros. (Estado de la Región, 2021: 59-60)

En el marco de los problemas de Centroamérica, de esta coyuntura crítica en que se encuentra la región y del cambio de ciclo global que la enmarca, la integración es un ámbito imperfecto que no ha conseguido fructificar pese a ser el proceso de integración más dinámico de Latinoamérica. Pero dada la naturaleza y tamaño de sus estados miembros, está llamada a ser una fuente de soluciones tanto para definir estrategias de futuro, como para implementarlas.

3. España ante los grandes retos de la Centroamérica contemporánea

Se han analizado los problemas de la región y el enfoque regional que permite abordarlos. El alcance de este artículo es limitado, pero otra posible perspectiva sería la de los actores. El comportamiento e intereses de las élites centroamericanas, los partidos y movimientos políticos, la juventud, pueblos indígenas o movimientos sociales son variables de análisis relevantes. Sin duda, hablando de actores, entender la región exige estudiar el rol de actores externos como los Estados Unidos, la Unión Europea, España, China o los organismos internacionales y otros actores de la cooperación internacional.

El análisis del caso español puede ser interesante desde tres ángulos: Primero, por tratarse del antecedente colonial del que los países centroamericanos se independizaron en 1821. Segundo, este país es uno de los socios más importantes de la región y seguramente del más comprometido con su dimensión regional junto a la UE. Tercero, porque para España, Centroamérica ha sido un ámbito de cooperación muy significativo y porque también lo ha sido en otras facetas de la política exterior española e, incluso, de la internacionalización de sus empresas.

“La experiencia en Centroamérica de la cooperación española ha sido profunda y de largo recorrido. Han estado presentes en la región todos sus actores y todos sus instrumentos han tenido una aplicación intensa y muchas veces pionera” ^{(AECID, 2015}: 187). Centroamérica es la región del mundo que explica mejor la evolución y madurez de la política exterior española. Su dimensión regional constituye, por otra parte, su primera aproximación a la región con el primer programa regional de la cooperación de España en Centroamérica que nació en la primera mitad de los ochenta y es, incluso, anterior a los programas bilaterales que tanto desarrollo han tenido después (^{Ramos Rollón, 2021}).

De acuerdo con la ^{AECID (2015}: 189) “La cooperación con Centroamérica explica también el origen de buena parte de la cooperación no gubernamental. Tras la primera generación de ONGD de carácter religioso, en los años 80 surge en España una nueva generación de organizaciones derivadas de los movimientos de solidaridad con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en el marco de los conflictos centroamericanos”.

De esta forma, Centroamérica fue protagonista en el desarrollo de la cooperación descentralizada española. “Todos (sic) las autonomías, los ayuntamientos, diputaciones y fondo municipales de solidaridad, han estado o están en Centroamérica. La cooperación española ha estado presente en Centroamérica con todos sus actores y todos sus instrumentos. Todos los instrumentos bilaterales o multilaterales han sido intensamente aplicados en Centroamérica” ^{(AECID, 2015}: 189).

La presencia de AECID en la región inició con el Plan Integral de Cooperación con Centroamérica en 1984, con el cual se abrieron las primeras oficinas de cooperación técnica (lo que hoy se conoce como Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo). En esos años, la región estaba inmersa en sus conflictos políticos y militares y, en ese contexto, los mandatarios del Grupo de Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá) emitieron, en julio de 1983, el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica. “El Grupo de Contadora hizo también un llamamiento a los países desarrollados para contribuir a reducir los rezagos de la región que estaban en la base de los conflictos. Fue una solución latinoamericana, libre de injerencias de terceros, que se transformaría después en el Grupo de Río y que daría paso a las reuniones de Esquipulas I y II y a su contribución al final de los conflictos y a la reactivación de la integración” ^{(AECID, 2015}: 190).

La diplomacia española participó activamente en los esfuerzos impulsados desde Contadora y Esquipulas. Los gobiernos de Felipe González (1982-1993) fueron parte de los esfuerzos internacionales de mediación y cooperación. La diplomacia española actuó también con intensidad en los Acuerdos de Paz de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, promoviendo el diálogo y facilitando plataformas para el diálogo en cada uno de esos conflictos nacionales. Sin descartar la acción estadounidense, España fue, con México y otros socios de la región, un apoyo imprescindible en los esfuerzos centroamericanos por alcanzar la paz.

El impulso del Plan integral de 1984 dio paso a la cooperación bilateral que ha sido intensa y continuada desde entonces. Centroamérica ha sido y es hoy, una región prioritaria de intervención en el Plan Director de la AECID, que contempla en la región planes de cooperación con cinco países de asociación de renta media (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) y tres países de cooperación avanzada (Panamá, Costa Rica y México).

La cooperación española con Centroamérica se ha ido adaptando a las necesidades de los países de la región y ha cubierto un número elevado de asuntos, aunque destacan todos aquellos relacionados con el fortalecimiento institucional, la cooperación técnica y la reforma del Estado, en cuya implementación ha sido también pieza importante el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala.

Otras áreas que destacan en la cooperación bilateral española es el apoyo a los programas de igualdad de género o la actuación en los entornos rurales. De esta manera, la cooperación española es una de las más importantes en términos financieros en Centroamérica, junto a la UE y a la de Estados Unidos.

Sin embargo, la importancia de la cooperación española no reside tanto en criterios cuantitativos, sino cualitativos. Sin hacer un balance exhaustivo de éxitos o fracasos por área, España ha jugado el rol de promover políticas y reformas que sin su intervención hubiesen encontrado dificultades para prosperar entre las limitaciones institucionales y presupuestarias de los gobiernos de la región. Es una aportación muy valiosa en una región caracterizada por la dificultad de imponer el interés general sobre los particulares. La cooperación española cuenta, además, con programas sectoriales o de ámbito latinoamericano y global (algunos en asociación con otros socios y agencias), y todos ellos desarrollan actividad intensa en Centroamérica. El Fondo del Agua o Eurosocial son dos instrumentos recientes de este tipo.

Centrando el análisis en la cooperación regional, España ha concedido un elevado protagonismo en su política exterior en América Latina a los organismos regionales y a los procesos de integración regional como motor de desarrollo (^{Ramos Rollón, 2021}) y ha puesto en marcha programas de cooperación con el SICA, la Comunidad Andina, la CARICOM y Mercosur. Entre todos ellos, destaca por su volumen y profundidad, el apoyo al SICA. La cooperación regional no se reduce a la cooperación con procesos subregionales de integración. Algunos organismos y programas multilaterales reciben también atención preferente. Merece la pena señalar, en especial, el apoyo de España a la SEGIB, como dimensión regional de cooperación y diálogo con la región. La cooperación iberoamericana, más allá de su promoción de la cooperación triangular, es una oportunidad para que la región promueva sus intereses de manera colectiva.

Tras el Programa Integral de Cooperación, de naturaleza regional pero que dio lugar a la apertura de los importantes programas de cooperación subsiguientes, los grupos consultivos posteriores a Mitch, principalmente el celebrado en Madrid el año 2001, dieron un nuevo impulso al enfoque regional con la creación del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC), presentado a los países centroamericanos en la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre de 2002, en la República Dominicana. En el año 2004 se realizó una revisión del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica con el objetivo de generar un salto cualitativo en sus alcances y presupuestos.

Según la ^{AECID (2015}: 194):

El programa de cooperación regional tenía como objetivo general la mejora del diseño y ejecución en la región de políticas públicas encaminadas hacia la obtención de un mayor desarrollo humano y una mejora de la eficacia en la lucha contra la pobreza. Su objetivo específico fue la promoción de espacios institucionales para la convergencia, coordinación y armonización de actores y políticas públicas de Centroamérica, en áreas clave para el desarrollo y la integración regional.

En el 2006 se produce un cambio de instrumento tras la firma del Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España y el SICA para el establecimiento del Fondo España-SICA, que se puso en marcha en el año 2007 en una primera fase 2007-2009, a la que han seguido el Fondo España-SICA II (2010-2013), el Fondo España-SICA III (2014-2017) y el Fondo España-SICA IV (2018-2021), hoy vigente.

Más allá de los sectores y ejes de trabajo del SICA que el Fondo España-SICA ha apoyado, su relevancia tiene que ver más con su naturaleza como instrumento de eficacia de la ayuda. “El Fondo España-SICA traslada la responsabilidad de la ejecución a las instituciones del Sistema de la Integración y hace una apuesta por la eficacia de la ayuda, especialmente en la apropiación y el alineamiento con las agendas regionales de desarrollo y los sistemas y procedimientos de gestión y ejecución del SICA” ^{(AECID, 2015}: 201). La clave del Fondo es apoyar a las instituciones y a los países miembros del SICA respecto a estrategias y agendas estratégicas endógenas, así como la implementación gradual de normativas y procedimientos de gestión y seguimiento en las instituciones del SICA con el propósito de fortalecerlas ^{(AECID, 2015}).

Se considera que las evaluaciones del Fondo han hecho aportes valiosos debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación, así como su elevado nivel de alineamiento y apropiación, convirtiéndolo en instrumento idóneo y versátil para la agenda del SICA. No obstante, el Fondo no es ajeno al estado de la integración y su evolución más reciente se contagia de la atonía del proceso. La cooperación internacional es también impaciente en los procesos y tiene pocos estímulos para esfuerzos de largo plazo sometidos a altibajos, aunque la apuesta española por la integración centroamericana es evidente.

Sin duda, la debilidad reciente de la cooperación española tras la gran recesión, pendiente de una reforma y modernización siempre aplazada (^{Olivié y Pérez, 2016}), es un factor influyente en la evolución de la cooperación bilateral y regional con Centroamérica. La limitación del presupuesto español de cooperación internacional ha sobredimensionado la importancia que la cooperación española presta hoy a la cooperación delegada de la Unión Europea.

Cualquiera que sea la evolución de la cooperación española tras su reforma, no es probable que la importancia de América Latina en la política exterior española (y, por tanto, de Centroamérica) vaya a reducirse. Pese a todos los inconvenientes que rodean esa relación, el nexo de los agentes económicos, sociales y culturales es tan intenso que compensa las variables más políticas.

Si España quiere ser un país nodal en las relaciones internacionales, debe potenciar y revisar su relación con América Latina, dejando atrás un modelo de relaciones basadas en el legado civilizatorio (^{Malamud, Olivié y Escribano 2020}). De tal forma, que la conmemoración de los bicentenarios parece un momento idóneo para celebrar esa estrecha relación más en torno a los proyectos de futuro que respecto a los lazos pretéritos.

El compromiso de España con Centroamérica parece incuestionable. La relación entre ambos, en todo caso, va más allá de la cooperación. Del enfoque regional de esta relación, emergen dos características fundamentales. Primero, la condición de España como portavoz y mediador de los intereses centroamericanos ante la Unión Europea y los foros multilaterales, los Estados Unidos y ante el mundo. Un rol que puede ejercer dada su capacidad de entender los intereses comunes de la región, expresados en su proceso de integración. Segundo, la contribución que España puede hacer en todos los ámbitos de su relación de Centroamérica (cooperación, diplomática, política, empresarial, no gubernamental), para promover instituciones inclusivas y fomentar la capacidad de los intereses generales sobre los particulares o de las élites extractivas de la región.

En junio de 2021 se celebró una Cumbre España-SICA que fue la primera reunión presencial de los Presidentes centroamericanos y la primera visita oficial de un presidente del gobierno a Costa Rica tras la pandemia. La cumbre se centró, primero, en el abordaje de la recuperación económica sostenible, verde e inclusiva y en la contribución de la cooperación regional de España con el SICA. Las migraciones, el cambio climático, la transformación tecnológica, la modernización del SICA y la recuperación de los efectos de la pandemia son temas que deben articular las nuevas agendas. Parece claro, por tanto, que, como el SICA en su conjunto, la cooperación regional española necesita una visión y un propósito para enfrentar los retos de la región y que ayude a renovar sus instrumentos.