Aproximaciones al uso del aislamiento como factor de prevención

El encierro aparece como una práctica clásica cuando se trata de estudiar las diversas formas de represión a lo largo de la historia. Durante mucho tiempo, se ha podido considerar como la primera etapa de un proceso articulado alrededor del castigo corporal cuyo final, generalmente, era la muerte. Quienquiera que lo haya leído se acordará de la descripción, minuciosa y algo lúgubre dada por Foucault, del suplicio infligido a Damiens en las primeras páginas de Surveiller et punir ¹ . Sin embargo, como el mismo Foucault lo demostró, el encierro como herramienta represiva evolucionó a medida que se iba modernizando el sistema penal de los países europeos al final del siglo XVII, momento en el cual el suplicio, considerado desde ese momento como inaceptable, cede lugar al encierro punitivo y ciertamente «reformador».

Este encierro punitivo forma parte de una política de coerción entendida como una de las dimensiones de la «disciplina» dirigida al control de los cuerpos vueltos más dóciles. Sin caer en lo recóndito de los fundamentos teóricos del «biopoder»², parece importante recordar cómo la elaboración del sistema penitenciario moderno occidental ha sido parte del proceso más amplio de la institución de relaciones de poder, legitimadas por la capacidad legal de encerrar³. El encierro en sí, entonces, aparece como un fenómeno fundamentalmente político, desde el momento que se entiende como parte del funcionamiento de una comunidad o de la sociedad en general.

Se tienen las manifestaciones teóricas que hacen referencia al uso de la disuasión como un método para reducir la criminalidad, pero, además, incorpora el elemento de la amenaza del encierro y el aislamiento, teoría, denominada teoría económica del crimen. Siguiendo esta teoría, potenciales criminales analizan⁴ los costos y beneficios esperados de realizar acciones criminales y los comparan con actividades legales. El encarcelamiento actúa por dos caminos concretos en la ecuación: puede disuadir el crimen haciéndolo menos atractivo por las sanciones más duras, y puede reducir el crimen a través del efecto «incapacitación» ya que -en teoría- durante la condena los criminales están en aislamiento y fuera del mercado laboral ilegal.

A su vez, el canal de disuasión puede funcionar por dos vías. Por un lado, existe la disuasión por la amenaza del potencial encarcelamiento: en una sociedad en donde las penas son más altas y la probabilidad de ir a la prisión es mayor, los potenciales criminales pueden verse disuadidos de cometer delitos por miedo a estas penas. Estudios que analizan cambios en la probabilidad marginal de ir a la cárcel o de sentencias más duras en Estados Unidos, revelan un bajo efecto del encarcelamiento en la reducción del crimen agregado.

Algunos estudios fuera de Estados Unidos encuentran efectos mayores⁵. No hay consenso sobre la magnitud del efecto ni literatura específica para la región, pero la evidencia internacional parece indicar que lo que sí afecta la disuasión, son los aumentos en la probabilidad de aprehensión y condena posterior más que el aumento en la severidad de sentencias largas.

Además, cuando hay mucha población encarcelada, el efecto marginal de disuasión de más encarcelamiento es menor, lo que es consistente con la situación de Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.

También, existe la disuasión por la experiencia individual de encarcelamiento: aquellas personas que ya cometieron delitos y estuvieron en la cárcel, van a internalizar esta posibilidad de encarcelamiento la próxima vez que consideren delinquir. Sin embargo, hay poca evidencia a favor de la reducción en la reincidencia por el encarcelamiento, y existe evidencia que las estadías en la cárcel pueden tener efectos criminógenos que intensifican el involucramiento en actividades delictivas de los ex privados de libertad y también reduce sus oportunidades de empleo posteriores⁶.

Finalmente, el efecto principal que se espera del encarcelamiento es la incapacitación. Se parte de la idea de que las personas encarceladas no pueden cometer otros delitos y, por lo tanto, debería reducirse el crimen como efecto directo del encarcelamiento del delincuente. Sin embargo, esto depende también de las medidas de seguridad o de los mecanismos de seguridad tecnológicos existentes dentro de la cárcel y de qué tipo de ofensores se encuentran recluidos, así como por cuánto tiempo estarán en la cárcel.

Hay muchas lecciones para América Latina de estos estudios. En primer lugar, los efectos múltiples y a veces contradictorios del encarcelamiento son complejos y requieren de estudios rigurosos que en la región escasean. La disuasión del crimen, a través del aumento de la probabilidad de aprehensión, recae fuertemente en la policía y en su articulación con la justicia. En América Latina, la baja resolución de casos (menos de la mitad que en el mundo desarrollado) y la impunidad hacen que, por más que la población privada de libertad aumente, esta amenaza de encarcelamiento no se percibe como probable.

La literatura conocida muestra que el aumento de la severidad de las penas que ya son largas no tiene un efecto en la reducción del crimen, con lo cual sería mejor invertir en la prevención del delito, empezando por estimular la disuasión desde el contexto policial, como mediante la mejora de las posibilidades en el mercado laboral legal⁷.

La situación del sistema penitenciario en la región, por otro lado, también requiere un riguroso análisis y revisión. Se encuentran ciertos factores que favorecen los efectos criminógenos de la cárcel: altas tasas de hacinamiento (la ocupación en promedio casi duplica la disponibilidad de plazas), carencias en los servicios de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad, deficiencia en la infraestructura carcelaria para poder analizar el riesgo⁸ de las personas privadas de libertad y darles espacios y tratamientos diferenciados.

A pesar de tener claridad sobre lo útil o no del uso de la cárcel como mecanismo para controlar el crimen y sus manifestaciones, la sociedad latinoamericana sigue apostando abiertamente a utilizar esta institución como el mecanismo ideal para la reducción del crimen y la idea mágica de la desaparición de la criminalidad. De los datos existentes⁹, y teniendo como premisa de trabajo esta realidad, es válido iniciar una conceptualización del valor de la segregación, del uso de la contención especial y de este como un instrumento reformador de la conducta desviada del criminal, para el mejor entender de la persona privada de libertad.

También es de mérito mencionar que hablar de la cárcel y de la pena como buenos aliados en América Latina es falaz, dado que, en la mayoría de los congresos y reuniones latinoamericanas, los principales exponentes de la criminología y del derecho penal siguen manteniendo la tesis de que la privación de libertad y el derecho penal duro no solucionan el problema de interés. Por ejemplo, para Luis Rodríguez Manzanera:

El derecho penal latinoamericano está enfermo de pena de prisión; el abuso de la privación de libertad ha llevado a un franco deterioro de todo el sistema penal. La selectividad del sistema se hace más notoria en las sobrepobladas cárceles latinoamericanas, donde se acrecientan los fenómenos de prisionalización, estigmatización y etiquetamiento.¹⁰

Sin embargo, y a pesar de estas manifestaciones, la cárcel como institución social sigue teniendo una salud notable y su existencia, según parece, será extensa y, por lo tanto, se cree que al referirse a ella se tendrá que jerarquizar el discurso en la promoción de los derechos humanos y del buen trato al condenado.

Cárcel y su organización interna a propósito de la prevención del crimen

Los establecimientos penitenciarios se conciben arquitectónicamente como un núcleo urbano autosuficiente, donde desarrollan su labor -para con las personas privadas de libertad- una multitud de profesionales de diferentes disciplinas sociales o educativas. La construcción, organización y funcionamiento de los centros penitenciarios está condicionado por los distintos regímenes penitenciarios y grados de tratamiento en los que se basan, en su mayoría, los sistemas penitenciarios latinoamericanos.

La organización de los establecimientos penitenciarios se encuentra determinada, en la mayoría de los casos, por la política penitenciaria vigente o por el «modelo» de tratamiento o atención que se ha dispuesto para la población penitenciaria. En la mayoría de los países de la región, el sistema penitenciario está organizado de la siguiente manera:

Cierta literatura dedicada a la infraestructura penitenciaria denomina a estos recintos como cárceles dentro de otra cárcel. Sus edificaciones son diferentes en cuanto a materiales de construcción, además, la disposición de los alojamientos es normalmente lineal y en galerías, no existe comunicación alguna entre residentes -de alguna manera recuerda el sistema celular clásico- y la inspección por parte de la seguridad penitenciaria es directa y constante. Se mantienen sistemas de restricción de visita, así como de posesión de objetos que puedan generar alguna situación de inseguridad para residentes y el personal de tratamiento o custodia.

Normalmente, los centros penitenciarios ubican la mayor parte de su población en los alojamientos comunes, dado que en estos la población tiene la oportunidad de realizar diferentes actividades que les permite acceder a los programas de tratamiento y, por consiguiente, elaborar sus competencias sociales desde la perspectiva de la rehabilitación o resocialización¹¹. También, los establecimientos penitenciarios se van a organizar por grupos etarios¹², género¹³, condición jurídica¹⁴ y salud¹⁵. Una vez organizada la población privada de libertad, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas y por principios de derechos fundamentales, se clasificará para esta con el propósito de promover la atención o el tratamiento¹⁶. De esta acción se derivan personas por circunstancias como: a) comportamiento y relaciones interpersonales, b) adicciones y disciplina compleja, c) sentencias de prisión altas y organización para delinquir, d) pertenencia a organizaciones criminales de manejo complejo en recintos penitenciarios y e) por necesidad institucional¹⁷.

Papel de la clasificación de la población penitenciaria

Los diferentes instrumentos de derechos fundamentales mantienen la tesis de que la observación, el estudio y la ubicación de la persona delincuente son factores que están concatenados para un adecuado proceso de tratamiento. Sobre esta hipótesis se circunscribe la necesidad de favorecer la clasificación de la población penitenciaria.

En el ámbito de las técnicas o metodologías de clasificación de población penitenciaria se pueden describir todas las que sean necesarias, sin embargo, la experiencia ha decantado algunas como las factibles de realizar a propósito de las características de las poblaciones penitenciarias de la región y del tipo de infraestructura penitenciaria existente. Habitualmente, cuando se habla de clasificación, se encuentra una perfilografía de la persona criminalizada y que más o menos responde a las necesidades de segregación, que tiene la administración penitenciaria y las agencias de seguridad del Estado.

También, en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría y de la antropología social, la clasificación de las personas permite una mayor profundización en el tratamiento y en el conocimiento de la «patología» que esta posee. Con la clasificación se pueden realizar acciones como se muestra en la tabla 1.

En relación con la entrevista mencionada en el punto 5, se obtiene una serie de elementos de carácter sociodemográfico, penológico y victimológico que contribuye al establecimiento de una estrategia de acercamiento a la persona privada de libertad, mediante la cual se elabora un programa de tratamiento o rehabilitación como se llamaría en algunos países. Para el caso de los sistemas penitenciarios suramericanos, se tiene un formulario que se elabora en la entrevista inicial; para Centroamérica se tiene una entrevista semi estructurada, que en la mayoría de los países está digitalizada y en el caso de Chile, por ejemplo, se aplica un instrumento derivado de las teorías de valoración del riesgo de Adrews y Bonta, instrumentos de características «criminal profiling»²³.

En el caso chileno, los elementos contenidos en la entrevista o en la aplicación del instrumento de diagnóstico permiten visualizar situaciones como:

En el caso chileno, aparte de este diagnóstico por valoración de riesgo, también se aplican herramientas de la psicología social y ocupacional, que da como resultado un plan de intervención profesional individualizado. Para Costa Rica, por ejemplo, existe una entrevista estructurada construida a propósito de las necesidades de profesionales que componen el Instituto de Criminología²⁵, en esta entrevista se captura la siguiente información: estructura social y demográfica, nacionalidades, vínculos familiares, educación, trabajo, salud, aspectos criminológicos (fundamentalmente delitos o comentarios sobre su anterior estadía en prisión), etnia, género y vulnerabilidades, entre los más importantes.

A partir de esta entrevista se estructura un plan de intervención o de atención que se sustenta en los servicios determinados por el sistema penitenciario, como por ejemplo el trabajo en adicciones; en este espacio se tienen dos niveles de intervención, mediante la aplicación de la metodología de trabajo de James Prochaska y Carlo Diclemente²⁶ que, desde una posición conductivo conductual, favorecen la intervención con adictos y la otra es el apoyo de pares a través del trabajo grupal liderado por organizaciones voluntarias. Desde el modelo conductivo conductual también se interviene en violencia de género y en el campo de las habilidades sociales, desde una plataforma instrumental del constructivismo social.

Este formulario es semejante al que se utiliza en el sistema penitenciario de El Salvador, que implica también en sus procesos de atención o tratamiento el componente de las vulnerabilidades, por ejemplo, violencia de género, adicciones y competencias sociales.

Al tener los instrumentos de valoración anotados, corresponde decidir la ubicación penitenciaria como producto de la clasificación realizada.

Se presentará también la experiencia que, sobre el tema de clasificación y procesos de atención en cárceles cerradas con personas privadas de libertad sentenciadas y adultas, se ha tenido a nivel de Costa Rica. Y de esa experiencia, se construirá un catálogo de posibilidades de trabajo con personas de difícil manejo en las prisiones. También se analizará la experiencia de la gestión de una unidad de máxima contención, donde conviven poblaciones penitenciarias asociadas a delitos comunes (contra la vida, contra las libertades sexuales y del crimen organizado) con personas que son adictas a las drogas ilícitas y lícitas (fundamentalmente medicamentos).

Segregación, tratamiento y prevención del crimen

La estancia en la prisión suele ser considerada en sí misma un suceso traumático para quien lo experimenta, ya que representa una ruptura con el estilo de vida habitual: se pierden las rutinas, las labores ocupacionales y el ocio. Además, se está expuesto a una serie de estresores que conllevan diversidad de efectos psicológicos, cognitivos y psicoemocionales²⁷, los cuales, de manera progresiva, deterioran la calidad de vida de la persona.

Aunado a los aspectos citados, hay otras situaciones que incrementan la no garantía de la seguridad jurídica y justicia material, debido a que algunas medidas sancionatorias intracarcelarias ocasionan en las personas privadas de libertad estados psicoemocionales y físicos que desencadenan cuadros de ansiedad e inseguridad continuos, dado que son descritos como intolerables, injustos e «interminables». Un ejemplo de ello es el traslado que se lleva a cabo, por parte de la administración penitenciaria o grupos de seguridad, a unidades de tratamiento, custodia especial o de máxima contención.

Estas unidades o espacios de contención son un espacio físico aislado que aloja de manera temporal a la persona privada de libertad, con el objetivo de «estabilizarlo», por presentar dificultades de carácter sanitario, psicológico o de seguridad, en especial esta última, al atribuir al sentenciado o indiciado estados de riesgo y peligrosidad para el establecimiento penitenciario²⁸.

Con frecuencia, el traslado no se lleva a cabo bajo condiciones derivadas de la salud mental, psicológicas o de seguridad, se da muchas veces porque el condenado manifiesta conductas disruptivas, violentas, de insolencia, falta de cooperación, desobediencia, provocación, violencia hacia objetos, personas o hacia sí mismo, verbalización grosera, lenguaje no verbal desafiante o dificultad para mantener relaciones interpersonales. Comportamientos como los mencionados causan estrés en el personal de seguridad y custodia, en los funcionarios y en la convivencia con otros sentenciados; en consecuencia, la decisión de una medida de contención física y control en un espacio aislado es la que se percibe más beneficiosa para el internado en la cárcel y la seguridad del establecimiento.

Sin embargo, la estancia en este sitio incrementa en las personas privadas de libertad los niveles de ansiedad, el estrés y la tensión emocional y, aunque el traslado tiene señalado un tiempo según la regulación normativa y fundamentalmente una decisión de permanencia por situaciones de salud, de convivencia o de aseguramiento, la acción de remitirlo allí hace un mayor énfasis en lo sancionatorio y, en menor proporción, en lo preventivo. El traslado a este lugar incluye restricciones para tomar el sol, recibir visitas y establecer comunicación con otras personas condenadas del centro penitenciario. Por consiguiente, los efectos de la estancia en este lugar no se hacen esperar; uno de los más significativos es la pérdida de la individualidad como consecuencia de las condiciones a las que son expuestas, sobre todo, el deterioro en la autoestima²⁹.

Hasta el momento, se han mencionado las condiciones en las que se dicta, por parte de la administración penitenciaria, una instrucción de ubicación en celdas o espacios de contención para personas que se encuentran internadas en un centro penitenciario. Este acto de ubicación obedece a un criterio derivado del perfil³⁰ que se tiene de la persona privada de libertad y no necesariamente de una valoración de los factores que inducen a la persona a comportarse de la manera que lo está haciendo; a este comportamiento se le da una connotación de violencia contra los reglamentos internos de funcionamiento del centro penitenciario, elemento que justifica la decisión de la segregación³¹.

La legislación vigente en Costa Rica señala que se debe fundamentar la razón que implique la ubicación o recomendación de ubicación de una persona en un espacio de contención especial y que la atención que la persona recibirá es específica, circunstancia que hace pensar que el proceso de atención es diferente al del resto del sistema penitenciario. La fundamentación se formalizó mediante el artículo 53, inciso j) y 64 inciso c) del reglamento vigente para el Sistema Penitenciario Nacional. Existen condiciones muy especiales que hacen factible que una persona, desde su mismo ingreso, se ubique en las instalaciones de máxima contención, estas en la mayoría de los casos se justifican desde el órgano de justicia o policial que tiene relación con la persona y con la conducta que se está investigando.

En el caso del sistema penitenciario chileno, este funciona con un reglamento emitido en la década de 1990, el cual ha sido modificado en cinco ocasiones con la adición de nuevos artículos, pero sin la modificación del cuerpo principal (Gendarmería), ente oficial que coordina la dirección y la seguridad de los establecimientos penitenciarios en Chile. Tiene, entre los artículos 13 y 28 del decreto 518/98, los elementos que hacen saber sobre las características de los establecimientos penitenciarios y el procedimiento para la ubicación de personas en el Régimen de Extrema Seguridad; es práctica de todos los sistemas penitenciarios consultados utilizar una clasificación de factores como los anotadas en páginas anteriores. Por consiguiente, hay factores de seguridad, de situación criminológica y de comportamiento como los básicos.

A continuación, se hará referencia al tratamiento y la atención que reciben las personas ubicadas en estas unidades de segregación parcial o total. Como bien lo define la legislación chilena, son espacios de extrema seguridad; la Guía para la Construcción de Prisiones de UNOPS³² las definía como cárceles dentro de otra cárcel y establecía los requerimientos para la construcción de acuerdo con los lineamientos que se derivan de la aplicación de las Reglas Nelson Mandela y de los principios de derechos humanos.

Programas de tratamiento o atención penitenciaria en sitios de máxima contención

En adelante, se referirá a la atención profesional que las personas privadas de libertad reciben en tanto se mantienen en un sitio penitenciario de contención máxima o de máxima seguridad, como se estila decir en el argot penitenciario. Por la definición de este lugar, y por las características arquitectónicas que posee, se puede pensar que existen inconsistencias a priori para hablar de atención o tratamiento de las personas privadas de libertad, que han sido remitidas temporalmente a un sitio de contención máxima por alguna autoridad penitenciaria o policial del país.

De acuerdo con las Reglas Nelson Mandela³³:

Sobre el tema del tratamiento o atención, las mismas reglas instruyen de la siguiente manera:

Por consiguiente, se deben mantener vigentes, a pesar de la ubicación, todos los principios de humanidad y de posibilidad de cambio que tiene la persona como producto del tratamiento penitenciario.

De acuerdo con lo anotado en las Orientaciones Técnicas para la Planificación de Establecimientos Penitenciarios de UNOPS (Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, por sus siglas en inglés) y en el texto de la Cruz Roja Internacional sobre presidios, denominado Agua, saneamiento, higiene y hábitat en cárceles³⁴, estas edificaciones tienen la característica física de ser restrictivas para el movimiento de las personas que las habitan; predomina, por su naturaleza, la restricción, seguridad y desconfianza de quienes administran sobre las personas administradas; por consiguiente, hablar de tratamiento o de programas de atención en estos espacios es complejo y probablemente frustrante para quien cree que todas las personas privadas de libertad deben estar atendidas de acuerdo con las reglas internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, en los países con una tendencia a creer en el tratamiento y en la atención de profesionales en ciencias sociales y de la salud del problema criminal, prevalece la idea de que todas las personas, sin restricción, deben ser objeto de los programas de atención, en tanto las condiciones físicas y de recursos en materia de seguridad lo permitan.

Se parte, entonces, de la hipótesis de que la atención en torno a los problemas psicobiológicos de la persona privada de libertad puede permitir dos efectos³⁵: 1) la posibilidad de mejorar la conducta y la relación del sujeto atendido con los demás, así como mejorar la comprensión de este sobre la autoridad y su situación existencial, y 2) elevar los niveles de desencanto de la persona intervenida hacia la función científica de la cárcel y de sus operadores, ante la imposibilidad real de cambio y lo adverso de su situación de encierro.

La experiencia que se tiene con instalaciones de esta naturaleza y con la población que en ella se ubica es poco útil desde la perspectiva de sostener el discurso que una estancia de tiempo en máxima seguridad provoca en el individuo privado de libertad una transformación en su comportamiento, desde la posición de la rehabilitación como objetivo de la privación de libertad. Por el contrario, algunas personas penitenciaristas consideran que esta estancia de alojamiento se debe usar lo menos posible y que debe restringirse a las personas peligrosas en el sentido destructivo para con estas y los demás. Empero, el objetivo de este documento es informar sobre el papel del tratamiento o de la atención profesional para promover la rehabilitación y, por consiguiente, la prevención del crimen.

Anteriormente se ha anotado una afirmación que se tratará de racionalizar conforme se avance en el documento, sobre la opción de desarrollar actividades de restitución de habilidades en las personas que se ubican en un «régimen» de máxima contención.

Para analizar y comprender adecuadamente la formación y el desarrollo de las políticas de atención penitenciarias, vale tener presente que la cárcel surgió y se ha desarrollado como una de las principales instituciones de control de las sociedades modernas³⁶. Su función social principal se ha constituido en torno a la reproducción y preservación del orden social, a través de la penalidad de lo no corporal y la absoluta regulación de la conducta de los penados o personas privadas de libertad. Para ello, esta institución se ha autoafirmado como una organización omnidisciplinaria³⁷, caracterizada tanto por su alto grado de especialización como por el desarrollo y uso de técnicas disciplinarias centradas en la vigilancia y el castigo. A su vez, el encarcelamiento y sus mecanismos específicos se han estructurado de manera continua y acumulativa³⁸, buscando con ello garantizar el conjunto de sus mecanismos disciplinarios.

La racionalidad técnica y dominación sobre la cual ha reposado la cárcel como institución social pareciera estar llegando a sus límites. En el marco de un sostenido incremento de las tasas de delitos en varias sociedades occidentales, ha surgido un creciente escepticismo frente a la eficacia de las instituciones penales modernas³⁹. Específicamente, se cuestionan tanto las prácticas y respuestas de actores estatales y no estatales, así como las formas técnico‐institucionales modernas (preventivos penales) de control del delito.

Todos estos mecanismos se sustentan sobre el principio básico del castigo moderno, específicamente la suposición de que el crimen y la delincuencia son problemas sociales a los cuales se puede dar una solución técnica‐institucional. Sin embargo, el problema de la delincuencia y el crimen pareciera ser «un problema social crónico»⁴⁰ frente al cual dichos mecanismos emergen como «irracionales, disfuncionales y contraproducentes»⁴¹. En el caso de los países que presentan altas tasas de delincuencia, como Chile, Estados Unidos e Inglaterra, ha surgido entonces una creciente demanda por una mayor seguridad pública y, consecuentemente, por un aumento del control y el castigo expresivo⁴².

En este contexto de redefinición de la cultura del control y del castigo, afectan directamente la política de rehabilitación de la población privada de libertad, la que también pasa a ser revisada con el afán de actualizarla y aparentar un sentimiento de modernidad en el tratamiento penitenciario. De acuerdo con Garland, las intervenciones en materia de rehabilitación ya no estarían centradas en los reclusos, en sus necesidades o vulnerabilidades y en la rehabilitación misma, sino en el delito mismo, en los riesgos asociados a éste y en sus víctimas⁴³. Esto ha significado un mayor énfasis en la imposición de restricciones con la creencia en que el aumento de las penas, el engrandecimiento del catálogo de conductas criminalizadas, se promociona una reducción del delito y, por ende, la protección del público en general.

Las políticas de rehabilitación están tendiendo a desarrollarse como una intervención focalizada, donde se inculca el autocontrol de la población penitenciaria⁴⁴ y, paralelamente, se intensifica la seguridad pública. Por consiguiente, las políticas penitenciarias se enfocarán en lo posible en determinar los factores o elementos propiciadores del crimen y en reducir los efectos que estos tienen en la persona que se encuentra en su control.

La clasificación y la ubicación, así como el proceso de tratamiento o atención, serán determinados por el delito cometido y por la interpretación que de este realice el operador penitenciario, sea este profesional o encargado de la seguridad y la custodia del establecimiento.

En algunos países de la región, el nacimiento y el establecimiento de cárceles de máxima contención ha obedecido a circunstancias diferentes a las que justificaron su origen en Europa, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos que se han visto afectados por el terrorismo y el crimen organizado a escala empresarial⁴⁵. En el caso de Costa Rica, la unidad o cárcel de máxima seguridad surge con motivo de la implementación del Sistema Progresivo Penitenciario y entonces en uno de los recintos carcelarios del país se construyó una edificación que, por sus características y acondicionamiento infraestructural, había sido determinada para retener «a los más peligrosos» de las personas privadas de libertad de principios de la década de 1980. Similares circunstancias corrían el resto de los países centroamericanos, con excepciones marcadas a partir de la década de 1990, fundamentalmente en los países en donde había violencia política y guerrillas.

En la actualidad, los países centroamericanos manejan instalaciones penitenciarias diseñadas para restringir específicamente el movimiento y la comunicación de algunas personas privadas de libertad, que, por sus características penológicas y de comportamiento, es conveniente para el país o para el sistema que se mantengan contenidas en una edificación, que por excelencia es restrictiva del movimiento y de la comunicación.

Estas edificaciones se han utilizado con frecuencia para internar a personas asociadas a crímenes violentos que han provocado conmoción a nivel de la sociedad, para mantener custodiados y asegurados a aquellos miembros de bandas de criminales dedicados a sustraer los bienes de los ciudadanos libres, o personas asociadas a actividades criminales organizadas transnacionales, para aquellos que por sus asociaciones diferenciales intracarcelarias merecen control y seguridad y, por último, para aquellos que, producto de los años de privación de libertad y por trastornos psíquicos, necesitan de aislamiento y contención.

Tomando en consideración los elementos antes anotados, se trata de trabajar la atención o el tratamiento penitenciario de las personas ubicadas en los centros o unidades de máxima contención, por lo que se enunciarán elementos pertinentes a consideración en el diseño del trabajo con población penitenciaria en condiciones de encierro máximo.

Características y particularidades de las actividades ocupacionales

El encierro total amerita también una organización del tiempo de la persona privada de libertad, desde esa perspectiva se deben realizar diferentes actividades que permitan a la persona privada de libertad encontrar en el encierro un beneficio. En este contexto, se han estructurado acciones como las siguientes⁴⁶:

1. Por las condiciones del encierro que implican el aislamiento, al menos durante 23 horas al día, las personas permanecen segregadas del resto de la población. Por lo que las actividades terapéuticas deben estructurarse al interior de la celda o de espacios de contención unipersonales o de grupos pequeños.

2. Las actividades deben ser controladas y requerir el uso de objetos o herramientas mínimas, de fácil revisión y transporte.

3. El tiempo de la actividad no puede verse superpuesto al tiempo de asoleo o de uso del teléfono, de la visita de familiares, de funcionarios del centro penitenciario encargados de algunos servicios o de personas encargadas de asesoría profesional en temas legales o comerciales.

4. Por lo que debe existir un programa de trabajo personalizado y adecuado a cada uno de los miembros residentes de este establecimiento penitenciario.

5. En estos espacios carcelarios se fomenta el uso del tiempo en actividades de carácter educativo-académico, elemento que le permite a la población avanzar en sus habilidades sociales, además de incorporar competencias sociales que les permitirán en el futuro incorporarse activamente a los procesos educativos formales que en la prisión se llevan a cabo, y participar con el resto de la población penitenciaria de los programas de estudio y trabajo en las mismas condiciones que el resto de los residentes de la cárcel.

6. Algunos países como Costa Rica reglamentaron el uso del Régimen de Máxima Seguridad como una excepcionalidad del sistema penitenciario, por lo que organizaron el tiempo y las actividades que se podrían realizar «únicamente» en este espacio carcelario⁴⁷

7. En este reglamento se establecen las actividades que desde el componente profesional pueden ser objeto de intervención para con la persona privada de libertad ubicada en ese ámbito penitenciario, se hace énfasis en el estudio y en la atención de problemas psicológicos. Por primera vez, en el último reglamento se dice que la estancia en este espacio carcelario será de hasta dos años, sin embargo, existe población ubicada ahí desde hace más tiempo.

Se ha intentado revisar documentación de segunda mano sobre los procesos de atención o rehabilitación en sitios de máxima contención a nivel de la región. En la mayoría de ellos, sin excepción, el encierro se encuentra en primer lugar como una medida de sanción al eliminar la visita externa y limitar la comunicación con el exterior por un tiempo, así como sustraer totalmente cualquier actividad de ocupación por un tiempo limitado, en tanto se cumple la sanción de aislamiento⁴⁸.

En resumen, se tiene que la estancia en un espacio de máxima contención se aplica en el contexto de circunstancias relacionados con «la peligrosidad», el comportamiento violento con los demás y consigo mismo, la asociación para delinquir dentro de la prisión y por necesidad institucional. Sin duda alguna, estas personas deben ser atendidas para disminuir o contrarrestar alguna distorsión a nivel de comportamiento y funcionalidad del sistema penitenciario en el plano de la gestión de la pena privativa de libertad y de sus objetivos explícitos⁴⁹.

La función de la pena y de la cárcel como tal, serán de utilidad de acuerdo con la ideología vigente. Si las personas que generan dificultad para su manejo en grupo son atendidas de forma diferencial y esta diferencia logra ser el mecanismo que los integre a posteriori al grupo de personas encarceladas, entonces, vale la pena hacer el esfuerzo de una atención distinta. De acuerdo con esta exposición, las unidades de contención y de máxima contención son necesarias y útiles desde la perspectiva de una sana gestión penitenciaria⁵⁰.

Propuesta de atención para las personas ubicadas en máxima contención. El caso de Costa Rica

Hasta este punto se han trabajado las características del espacio y las formalidades a cumplir para que una persona en estado de privación de libertad pueda ser objeto de ubicación y atención en un espacio de máxima o extrema contención. Si se repasa la historia de la cárcel, es probable encontrar que la mazmorra, el claustro o el calabozo significaron el antecedente de la figura de los regímenes de contención y segregación que hoy se tiene en la mayoría de las prisiones del continente y, en el caso de Costa Rica, se le ha dado un nombre en particular.

Desde el origen del castigo corporal, la intención del hacedor de justicia ha sido separar al castigado de todo privilegio de la vida en sociedad y, por consiguiente, entiende que esta limitación es el castigo de los castigos, debido a la naturaleza del ser humano⁵¹. En la actualidad, este pensamiento no ha cambiado en lo profundo y, al igual que en los razonamientos de Jeremías Bentham sobre el aislamiento y sus beneficios, en este momento se aplica la segregación siguiendo esta doctrina.

La segregación total en Costa Rica tiene su historia reciente en los calabozos de la Antigua Penitenciaria Central, o en el disco del antiguo presidio de San Lucas, donde se ubicaba a las personas que cometían actos violentos al interior de los pabellones y los que por clamor popular se consideraban peligrosos. Se describían como espacios oscuros, sucios, sin ventilación y fundamentalmente sin servicios de aseo e higiene personal, estos elementos eran parte del castigo y se constituían en el marco ideal para reforzar la idea de autoridad que se pretendía por parte de quienes administraban la prisión.

En el caso de los centros para personas menores de edad, la reclusión en espacios de segregación se utilizó en muy pocas ocasiones, de hecho, los edificios centrales no tenían construcciones explícitas para esta situación (aunque en el antiguo centro para menores Luis Felipe González Flores, se tenían tres celdas para segregar y atender diferenciadamente a algunos menores de edad); en el centro penitenciario para mujeres, el espacio de contención se construyó en la década de 1970 y eran celdas unipersonales y estas sí tenían luz, aseo e higiene, hasta un patio central en donde las privadas de libertad durante el día podían dialogar o atender algunas actividades de ocupación.

Con la implementación del Régimen Progresivo Penitenciario, se destinó una edificación con las características de segregación total, compuesta por dos espacios, uno de confinamiento y otro con celdas unipersonales, pero en capacidad de generar concierto entre las personas detenidas. Desde el inicio, la atención y el respeto a la dignidad humana de las personas reclusas fue una prioridad, aunque la ubicación en ese espacio no tenía límite de tiempo⁵². Esta edificación se mantuvo activa hasta el 2016, cuando fue cerrada por instrucciones de la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero; años antes, el también ministro del ramo, Luis Paulino Mora Mora, cerró el denominado «submarino», que correspondía a un grupo de celdas unipersonales de aislamiento total⁵³.

En la actualidad, el sistema penitenciario costarricense cuenta con una edificación conocida como Centro Nacional de Atención Específica, que sustituyó a la anterior desde hace algunos años, donde se encuentran ubicados de 74 a 80 personas constantemente.

En este establecimiento predomina el confinamiento como señal de autoridad, control y racionalización del castigo. No hay explícitamente una teoría criminológica sobre la cual se pueda cimentar el tratamiento o la atención que reciben las personas privadas de libertad que se encuentran ubicadas en ese lugar. Aunque sí se tiene vigente la atención psicológica individual y de sus necesidades, cuando estos las requieran, se mantiene el contacto con el exterior a través del trabajo con la familia, se fomenta la visita y se mantienen los vínculos íntimos que existan, si se ajustan a la normativa reglamentaria existente para el «régimen de máxima seguridad».

Una pregunta frecuente, cuando se habla o se escribe sobre este tipo de espacios o regímenes, es si los espacios existentes son los suficientes para atender las necesidades de control de población privada de libertad, que, por sus características criminológicas, puedan estar afectando la dinámica de los diferentes establecimientos penitenciarios del país. Sobre esto, en diferentes momentos se intentó dar una respuesta, principalmente cuando se ha tenido que atender el problema del crimen organizado y la presencia de grupos o bandas al interior de las cárceles del país. Estas organizaciones, por sus características, mantienen niveles de organización importantes (cohesión) al interior de la prisión y hacen que las relaciones de control y autoridad del personal administrativo y policial se vean constantemente cuestionados o eliminados con el resto de los residentes del módulo o del establecimiento penitenciario.

No existe una respuesta única sobre cuántas celdas, cuántos módulos o establecimientos de máxima seguridad se necesitan, pero, además, se da el dilema de cuántas son las personas que necesitan de aislamiento o control en un establecimiento penal de máxima restricción. Esta decisión es arbitraria y está supeditada básicamente a los intereses de quienes gestionan el sistema penitenciario en un momento determinado o cuáles sean las políticas penitenciarias implementadas con referencia a algunos grupos de personas o delincuencias⁵⁴. Se tiene certeza sobre la incertidumbre que se genera cuando le corresponde a un ministro o secretario de gobierno determinar la necesidad o la cantidad de espacios carcelarios de restricción de movimiento que se necesitan; esta decisión, al parecer, va a estar aparejada a las definiciones que se tengan sobre violencia, organización para delinquir o peligrosidad de las personas en custodia⁵⁵.

Sobre esta lógica, se debe implementar una actividad de atención profesional y con contenido criminológico, que permita atender el sustento jurídico de la pena de prisión y, a la vez, darle al encierro una lógica científica, y procurar con esta una alternativa para la reinserción social futura de la persona residente de la Unidad de Máxima Seguridad o del espacio de contención máxima. En adelante, se presentará una oportunidad de trabajo con la población privada de libertad de máxima seguridad.

La literatura sobre el tema de la atención específica en espacios de máxima contención es pobre, o casi no se refiere al tema de qué atención profesional o criminológica es la ideal para resolver el entorno criminal y de violencia de las personas que se encuentran ubicadas en estos espacios carcelarios. La literatura penitenciaria norteamericana es prolífica en mencionar las características de los edificios y la funcionalidad de estos para contener y suprimir las conductas y las manifestaciones de violencia de las personas privadas de libertad o para contener a aquellas que esperan la ejecución de una pena capital⁵⁶, y hace énfasis en las características de los edificios y los medios tecnológicos de supervisión y vigilancia.

Para el ámbito de interés y a propósito del objetivo de este documento, es poner en la mesa del análisis una propuesta de trabajo con población penitenciaria que, como se ha dicho anteriormente, necesita de cierto control, vigilancia y reducción de capacidades para el crimen o para la organización del crimen, tanto al interior de las instalaciones penitenciarias como al exterior de esta. Personas expertas en el tema han indicado que el trabajo profesional con personas privadas de libertad, segregadas e incapacitadas penalmente, merece cierta organización. De esos elementos se hace la siguiente propuesta.

Siguiendo como referencia teórica los lineamientos del Sistema Progresivo Penitenciario a propósito del uso del aislamiento y la contención física expresados en el Reglamento del Centro de Adaptación Social La Reforma⁵⁷, se ubicaba en este espacio a las personas de difícil manejo técnico y disciplinario. Dicha ubicación no era necesariamente corta -desde el punto de vista de tiempo-, porque dependía del cumplimiento de objetivos institucionales, del mismo sistema progresivo y qué logros o avances se computaban mediante un sistema de puntos que le permitía a la persona privada de libertad continuar avanzando en el sistema progresivo. Por ejemplo, siguiendo el modelo de W. Crofton, se avanzaba del sistema de las cadenas (máxima seguridad) a la etapa de mediana seguridad cerrada, se avanzaba a mediana seguridad abierta y, por último, se avanzaba a la mínima seguridad; este último espacio se concebía al final de la sentencia de prisión.

La ubicación en máxima seguridad se caracterizaba por el encierro individual sin contacto con los demás o en encierro con aislamiento. En el caso de Costa Rica, este modo de control se mantiene vigente hasta la actualidad, con la variante de que no existe un sistema de puntos para abandonar la Unidad de Máxima Seguridad, sino cuando media un informe técnico o profesional.

De manera resumida, a continuación, se presenta el funcionamiento del denominado régimen de máxima seguridad y, posteriormente, una propuesta para el trabajo profesional y de seguridad con la población penitenciaria de máxima contención.

Situación actual

Tipo de infraestructura

El espacio de máxima seguridad utilizado en la actualidad tiene una capacidad máxima de 80 personas y está distribuido en cuatro módulos de celdas individuales y dos módulos de celdas colectivas. También cuenta con los siguientes lugares de atención: a) locutorios internos para la atención que brinda el equipo técnico o profesional y externos para la atención de abogados u otras personas; b) gimnasio (se utiliza un espacio del CAI Jorge Arturo Montero Castro-JMC); c) clínica de atención en salud (se utiliza la del CAI JMC); d) espacios para la visita íntima.

Atención profesional

Este es un tema que durante algunos años ha traído ciertos problemas a las personas tomadoras de decisiones penitenciarias. Primero, no existe una normativa internacional que brinde un punto de referencia mínimo sobre qué tipo de profesional o qué tipo de asistencia se debe brindar a esta población, que no sea la de custodia y asistencia en salud. Sin embargo, el sistema penitenciario costarricense, a partir de la década de 1990, determinó un grupo profesional mínimo de atención⁶⁰.

Personas funcionarias

En la actualidad, el equipo profesional que interviene en el Centro está formado por profesionales en derecho, educación, orientación, psicología y trabajo social.

Atención profesional

Como se dilucidó en la parte reglamentaria, existe una norma clara que establece el tiempo (mínimo y máximo) de estancia en esta unidad o centro (art. 92), y dependerá de las posibilidades de ubicar a la persona en otro centro o ámbito, posterior a la atención y valoración interdisciplinaria que haya recibido y tras atender también el criterio policial y de seguridad institucional.

Dadas las características criminológicas de la población ubicada en este régimen, la atención ha tendido a un enfoque individualizado, específicamente en las siguientes áreas: visita familiar, visita

íntima, educación (para las personas que lo soliciten) y atención psicológica.

Existen acciones de carácter no protocolizado que son parte de un proceso de atención en violencia intrafamiliar o sexual y de aspectos de control o manejo de adicciones, pero esto no implica que en ese espacio exista las condiciones físicas o materiales para la formalización de una atención profesional sistemática en estas áreas⁶¹. A manera de ejemplo, la atención en este sitio es la siguiente:

Es importante resaltar que toda persona privada de libertad que ingresa a este centro tiene asignado un plan de atención definido por una valoración disciplinaria o interdisciplinaria, de acuerdo con las posibilidades de intervención con cada persona y la existencia de condiciones ambientales y personales para trabajar con esta. Sin embargo, la aplicación del plan se dificulta por factores como los siguientes:

Propuesta de trabajo con población privada de libertad en régimen de Máxima Contención o de Seguridad Restringida

En Costa Rica, desde la década de 1970, se mantiene vigente el concepto aislamiento y segregación penitenciaria como un método de disciplina o castigo, que, a la postre, se configura en un modelo de contención y aislamiento de la población penitenciaria, con antecedentes de violencia y organización para delinquir. Para el propósito de este artículo, se toma en consideración el actual modelo de funcionamiento del Régimen de Máxima Seguridad o Centro Nacional de Atención Específica. Conviene mencionar que el concepto de atención específica tenía el interés de eliminar del lenguaje penitenciario la idea de máxima seguridad.

Este cambio en la nomenclatura no solamente pretendía dejar en el olvido la idea del concepto de máxima seguridad del modelo progresivo penitenciario, sino también construir una ideología de derechos mínimos para la población recluida en ese sitio. Factores como el tiempo de estancia en el lugar, la atención profesional, incluyendo trabajo, educación de forma sistemática y atención profesional más allá de la psicológica, daban ese paso para eliminar el aislamiento y la segregación como métodos de control.

En el 2002 se escribió un nuevo reglamento penitenciario para el uso de un ámbito asociado al modelo de atención multimodal del sistema penitenciario costarricense. A este se le atribuyeron características de funcionamiento diferentes a las del resto de los centros penitenciarios del país. Dentro de estas diferencias se establece que existe una comisión⁶² que ratifica las ubicaciones y los egresos de esta, el ingreso y el egreso son potestades del director del nivel con la aprobación definitiva de la comisión y que estas son el producto de fenómenos como los siguientes: a) pena impuesta, b) características del crimen o la criminalidad cometida, c) condiciones de la persona para convivir con otras, e) necesidad de una contención, como producto de la reacción social, f) peligro a que otros se le asocien y conformen una institución contraria al sistema penitenciario y sus valores, g) enfermedad mental, h) dependencia a medicamentos, i) conducta de autodestrucción y j) incompetencia institucional para manejar su comportamiento en ambientes colectivos.

El reglamento en cuestión permitió mantener cierto orden en las ubicaciones que, por motivo de seguridad (reportes policiales internos y externos) o mal comportamiento, se justificaba una ubicación en este espacio, reduciéndose, por consiguiente, la arbitrariedad o la complacencia con la ubicación. Este reglamento estableció formalmente los motivos de ubicación en este lugar, en este nuevo periodo de uso de espacios carcelarios dedicados a la segregación de personas del resto de la población penal.

Para los años previos a 1993, el Régimen de Máxima Seguridad funcionaba bajo el amparo del denominado Reglamento del Complejo Penitenciario La Reforma se justificaba bajo el modelo del Progesivismo Penitenciario, situación que varió con la publicación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) en 1993. Durante este periodo se abandonó el concepto de rehabilitación y de tratamiento penitenciario y se adoptó el principio de la atención técnica y de atención multimodal⁶³.

Este cambio en la ideología penitenciaria provocó que algunas acciones justificadas en el reglamento del Complejo Penitenciario La Reforma se dejaran de realizar, pero, además, dejó pendiente la regulación normativa de los espacios de contención y, por ende, se dejó sin regulación el uso de celdas y espacios de máxima contención.

Con el tiempo hubo abusos en el manejo de las instalaciones, así como la indeterminación del tiempo de reclusión en este ámbito, fenómeno que generó situaciones como las siguientes: a) aislamiento, b) descontextualización de la persona privada de libertad y rezago en los métodos de atención para algunas problemáticas sociales, c) conformismo, d) incapacidad para el logro de objetivos personales en asocio con el trabajo profesional penitenciario, e) permanencia de largos periodos en reclusión individual y disociación, f) incapacidad para compartir con otras personas, g) reforzamiento de comportamientos asociales y h) deterioro psicológico y mental.

Para combatir los elementos antes descritos, una de las primeras acciones que se propone es la institucionalización de un concepto de máxima seguridad, asociado a la definición de contención y de atención profesional, entendiendo esta última como un mecanismo que garantiza una atención sistemática y que supera la provisionalidad que ha dominado el trabajo profesional en ese ámbito durante muchos años.

Propuesta de acción

En lo que respecta a la atención, desde inicios de los 2000 se trabaja la idea de desarrollar actividades profesionales con la población penitenciaria que, por motivos diferentes, se mantiene o es ubicada en la Unidad de Máxima Seguridad (el denominado Centro de Atención Específica). La referencia a estos procesos de atención aparece por primera vez en el reglamento del centro La Reforma de 1976 y luego en el publicado en 2007.

La referencia a la atención estaba sujeta a la colaboración de la persona privada de libertad y a las condiciones espaciales y de custodia; si estos factores no se asociaban adecuadamente, la atención era olvidada. Esto implicaba que, por motivos tan circunstanciales como los mencionados, las personas ubicadas en este espacio carcelario estuvieran segregadas del resto de las ventajas de la atención penitenciaria durante largos periodos y, por ende, se veían afectados sus derechos desde la perspectiva de los beneficios penitenciarios y de los penales.

Con la presente propuesta de intervención y trabajo, se pretende poner en el contexto de los derechos penitenciarios modernos a esta población penitenciaria y favorecer una intervención profesional más justa y oportuna, de acuerdo con los lineamientos de los últimos congresos de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente⁶⁴. Por lo tanto, se enumera los elementos que pueden contribuir a un manejo científico de este grupo de población penitenciaria.

a. Clasificación de la población

La clasificación de las personas privadas de libertad es fundamental para el logro de los objetivos de la sanción penal desde el contexto de la rehabilitación o de lo que se ha dado en llamar reinserción social. Las reglas de Naciones Unidas han hecho énfasis en la necesidad de la clasificación, para garantizar una atención y el respeto a las particularidades de la población en privación de libertad, de esta circunstancia se desprenderían los modelos o programas de atención.

Asimismo, se deben de aplicar instrumentos de clasificación de la población penitenciaria, que permitan determinar la necesidad de contención o de atención especializada o diferenciada que necesiten, para tal efecto se han diseñado instrumentos psicodiagnósticos que permiten determinar el grado de violencia que una persona puede poseer o desplegar en un sitio de encierro y confinamiento. Los resultados de estos y su análisis determinarán el tipo de trabajo profesional que se debe desarrollar con la persona adscrita a este espacio carcelario.

b. Procedimiento para la valoración

c. Valoración de factores de riesgo

Análisis del riesgo. Se entiende que este instrumento de selección o clasificación permite tener un perfil más claro de la persona privada de libertad, que estará siendo parte de la Unidad. Se considera oportuno que el capital humano se encuentre formado en la aplicación de instrumentos de carácter valorativo ampliamente comprobados y con validación nacional por parte de un ente profesional científicamente acreditado, que puede ser un colegio profesional.

Un aspecto clave que debe ser incluido en el análisis es la agresividad/impulsividad/psicpatía. Las pruebas más conocidas son, por ejemplo, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), Pruebas Psicométricas de Personalidad (PAI) y otras de las que se tenga disposición a nivel institucional o disciplinar. Se deberá incluir otras de nivel penitenciario y forense, validadas empíricamente, dependiendo de las características de la persona privada de libertad. Se recomienda la utilización de los siguientes instrumentos existentes en los catálogos forenses:

El personal técnico profesional del equipo multidisciplinario de la UP deberá añadir a la entrevista de ingreso para la valoración inicial y definición de un plan de atención técnico, los resultados de estas pruebas. Para lograr una primera idea del riesgo de reincidencia y de valoración de los factores de riesgo, se puede utilizar la entrevista el DFR (Diagnóstico sobre los Factores de Riesgo)⁶⁹.

Estos instrumentos se utilizarán en la fase de selección de las personas privadas de libertad y se aplicarán en los centros de atención institucional del sistema penitenciario⁷⁰, o sea, en las cárceles que actualmente existen y que se encuentran ubicadas en el territorio nacional. Para lograr una clasificación adecuada de acuerdo con el perfil sugerido, el personal interdisciplinario deberá estar entrenado por una persona especialista en estos instrumentos de valoración.

Plan de Intervención Profesional

Este componente se propone que se organice como se muestra en la tabla 2.

d. Resultados esperados

La primera acción por desplegar es clasificar la población mediante la aplicación de métodos científicos, separando por ámbito de convivencia aquella que necesita de mera contención de aquella que requiere de una atención especializada. La primera puede mantenerse adscrita a los programas educativos y laborales ordinarios del sistema penitenciario, así como otras actividades que promuevan el desarrollo de habilidades sociales; la segunda merecería la aplicación de las herramientas psicológicas para valorar: a) su capacidad convivencial, b) su interés en continuar un proceso de atención organizado para mejorar su convivencia y la atención de sus adicciones, c) su interés de incorporarse a un programa de sustitución de medicamentos y disminución de su adicción y d) su interés por mantenerse activo en programas de atención profesional y ser parte de procesos grupales como la educación y el trabajo.

En los casos que se lleguen a concretar los elementos antes anotados, se procederá con la implementación de una fase de egreso donde se realicen las acciones de coordinación a través de una instancia que se encuentre familiarizada con el trabajo de inserción social o con el Consejo de Ubicación, para trasladar a la persona a un establecimiento penal de menos contención o abierto. Para ello se establecerán todas las acciones de coordinación necesarias a través de la dirección de la UMC o la responsable profesional de trabajo social.

Para cada actividad ejecutada se llevará un registro escrito o digitalizado, donde cada profesional interviniente registrará las observaciones y comentarios que le generen los procesos de atención en los que la persona privada de libertad se haya incluido; esta información quedaría anotada en una hoja de registros y servirá para futuras intervenciones o para el histórico de atención de la persona.

Documentos para registro de información

Para efectos de dar seguimiento al trabajo que se realiza con la persona ingresada a UMC, se establecerá un registro de las actividades y del resultado de la participación en estas. Se sugiere la creación de un expediente especial o separado del habitual expediente administrativo existente en el sistema penitenciario (tabla 3).

Se considera importante el registro sistemático de los procesos de intervención, dado que una de las ausencias en los expedientes de las personas recluidas en este régimen es su proceso de atención. Por consiguiente, ante la falta de información sustantiva, la toma de decisiones a nivel de reubicaciones, traslados o recomendaciones penales y penitenciarias se ve sujeta a una apreciación del personal custodio y no al resultado de un esfuerzo científico.