El fin del modelo agroexportador y la emergencia de un Nuevo Modelo Económico

El viejo modelo agroexportador tradicional en Centroamérica entró en crisis a inicios de la década de 1980, pero será hasta los años noventa cuando acontece su quiebre final e irreversible. La estrategia de desarrollo en la década de 1980 se basó en tres ejes centrales: a) la inserción de Centroamérica en la economía internacional, basada en la apertura de los mercados y los productos no tradicionales de exportación; b) acotamiento de la intervención estatal en la economía, a través de reformas políticas; y c) la estabilidad macroeconómica como factor clave para garantizar el crecimiento económico (^{Torres-Rivas, 2006}: 168). El Nuevo Modelo económico, cuya piedra angular es la liberación de la economía, se impulsa de manera deliberada a través del Consenso de Washington y de sus políticas neoliberales (^{Segovia, 2004}).

Como resultado de las luchas políticas centroamericanas en el contexto de la Guerra Fría, fracasaron tanto los viejos regímenes autoritarios como los proyectos revolucionarios populares y emergió una nueva fracción dominante, conectada con la globalización neoliberal. Por la importancia de este tema, a continuación se cita el análisis que realiza al respecto William I. Robinson.

A nivel del proyecto dominante, los antiguos regímenes autoritarios se han desmoronado a través de las transiciones a la poliarquía, y los movimientos de izquierda que en la década de los ochenta se postulaban como alternativa antisistémica a la integración al orden global emergente ya han sido vencidos o se han transformado. En cada país centroamericano, una nueva fracción de derecha, o bien fracciones “tecnocráticas” transnacionalizadas, ha alcanzado la hegemonía dentro de las clases dominantes y ha impulsado la agenda transnacional de neoliberalismo y de consolidación de las poliarquías a través de diversas instituciones, incluyendo partidos políticos, Estados y órganos de la sociedad civil. A nivel de los proyectos de grupos subordinados, fracasó el modelo de cambio revolucionario mediante la toma del poder del Estado y, desde esas alturas, la transformación de la estructura social. Al mismo tiempo, la incursión del capitalismo global en el tejido social, combinado con la experiencia colectiva del levantamiento revolucionario, ha generado el despertar de la sociedad civil y el surgimiento de nuevos movimientos sociales de base (^{Robinson, 2011}, 110-111).

Los cambios deliberados en la economía fueron impulsados a inicios de los años noventa por gobiernos neoliberales. En los primeros años de la década de los noventa, se instauraron gobiernos que fueron calificados como “la nueva derecha en Centroamérica”, los cuales profundizaron en las reformas económicas neoliberales. Violeta Barrios de Chamorro, en Nicaragua (1990-1996); Rafael Leonardo Callejas, en Honduras (1990-1994); Alfredo Cristiani, en El Salvador (1989-1994); Rafael Calderón, en Costa Rica (1990-1994); y Jorge Serrano Elías, en Guatemala (1991-1993).¹

La sociedad hondureña ha experimentado cambios no solo en la dimensión política (como la llamada transición a la democracia), sino también en otras dimensiones, por ejemplo, la demográfica (pasó de 4 millones a ocho millones de habitantes), económica (pasó del viejo modelo agroexportador a un Nuevo Modelo Económico), espacial (pasó de predominantemente rural a mayores niveles de urbanización), social (emergencia de nuevos actores) y cultural (mayores expresiones de diversidad). Se trata del fenómeno conocido como de las transiciones múltiples (^{PNUD, 1998}).

En marzo de 1990, a través del Congreso Nacional, el presidente de la República Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), del Partido Nacional, puso en marcha la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía. Esta Ley significó un impulso al Nuevo Modelo Económico; en síntesis, las medidas emitidas fueron las siguientes: devaluación del lempira, desgravación arancelaria, anulación de franquicias, incremento de impuestos y liberalización de las tasas de interés bancario. Todo lo anterior llevó a la reducción de los impuestos de importación, a la eliminación del proteccionismo local, a la apertura de la economía ante la competencia internacional y al aumento del precio de los combustibles y del transporte. También implicó el incremento de las tarifas de los servicios públicos, de la energía eléctrica, del agua, del servicio telefónico nacional e internacional y el incremento de los techos a las tasas de interés sobre los préstamos bancarios (^{Irías, 1992}, 69-70).

Asimismo, en abril de 1992, se aprobó en el Congreso Nacional la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA). Con esta Ley se dio por finalizado el proceso de reforma agraria, además, significó el programa de ajuste en el campo. La LMDSA cercenó los principales artículos de la Ley de Reforma Agraria de 1975,² así, redefinió el concepto de función social de la tierra, con lo cual se redujeron las causas de expropiación.

La LMDSA también abrió el camino para la titulación de tierras nacionales y ejidales que los terratenientes habían usurpado e hizo desaparecer el fondo de tierras para hacer reforma agraria. No obstante, para las cooperativas agrarias y comunidades campesinas, el golpe más fuerte que esta Ley infligió tiene que ver con el hecho de que les permitió a los beneficiarios de la reforma agraria vender las propiedades adjudicadas, con lo cual se profundizó el acaparamiento y la concentración de tierras en manos de los terratenientes y los empresarios agrícolas.

Fue una Ley diseñada en función de los intereses de las transnacionales y del capital agroexportador, sin considerar los intereses de la mayoría de la población concentrada en las zonas rurales, en condiciones de pobreza y pobreza extrema (^{Irías, 1992}, 67).

Así las cosas, se pasó de una economía basada en la agroexportación de unos pocos productos, a una economía más diversificada en las exportaciones.

Se ha dado una caída relativa en el sector agropecuario, un bajo dinamismo del sector industrial y una preponderancia del sector servicios. El grado de apertura del país se ha incrementado con la reducción sustancial de aranceles y de varios tratados de libre comercio, en especial el firmado por Centroamérica y la República Dominicana con los Estados Unidos (^{ICEFI, 2015}, 213).

En 1990, las exportaciones tradicionales (banano, café, azúcar, tabaco, madera y minerales) sumaron 662 millones de dólares y las exportaciones no tradicionales (mariscos, frutas, productos industriales, oro, entre otros) apenas representaron 169 millones de dólares. No obstante, en 2003 esta situación se invirtió de manera significativa. Así, durante ese año, las exportaciones tradicionales fueron de 440 millones de dólares y las no tradicionales de 893 millones de dólares (^{Hernández Chávez, 2005}, 265-266). Esta tendencia continúa reafirmándose; por ejemplo, para el año 2013, las exportaciones tradicionales fueron de 1 465.4 millones de dólares y las no tradicionales fueron de 2 487.4 millones de dólares (^BCH, 2010-2013).

La diversificación de los productos agropecuarios de exportación, la industria de la maquila y el sector servicios pasaron a jugar un papel más dinámico en el crecimiento de la economía hondureña. En tanto que la agricultura redujo su participación, al pasar de un 21 %, en 1980, a un 13 % de la producción total, en el 2015. La industria manufacturera, por su parte, pasó de un 13 %, en 1980, a un 19.6 % en el 2015.

Sin embargo, el sector financiero pasó de un 11 %, en 1980, a un 16.4 %, en el 2015 (ICEFI, 2015, 215; ^{BCH, 2015}). La inversión extranjera directa en telecomunicaciones, la cual era nula a principios de los años noventa y empezó de manera incipiente a partir de 1997, logró alcanzar, debido a la privatización de este sector, un 25 % en el año 2001; un 37 % en el año 2002; y, para el 2015, se mantenía con 31.9 % del total de la inversión extranjera directa en Honduras (^{Hernández Chávez, 2005}, 277; BCH, 2015).

Nuevos grupos económicos ligados a la maquila, las telecomunicaciones, el turismo, la energía y el sector financiero han utilizado al Estado para potenciar su acumulación de capital en estos rubros. El sector industrial, sobre todo la maquila, ha contado con una serie de incentivos, bajo la forma de exoneraciones fiscales. Las zonas libres y las zonas industriales de procesamiento han estado exoneradas en un 100 % de los impuestos de importación, exportación, fiscales y municipales y sobre la renta. Además, la repatriación de capitales no tiene restricciones y el mercado de cambio es completamente libre (^{CESPAD, 2013}).

Una comisión técnica, creada por el Gobierno, reportó en su informe de mayo de 2013 cerca de 200 leyes y decretos que contemplan exoneraciones. También reportó 1 706 empresas beneficiadas por los diferentes regímenes de las exoneraciones fiscales. Para el año 2012, el monto exonerado llegaba al 6.57 % del PIB y a un 46 % de la recaudación total de los impuestos. Asimismo, otras instituciones cuentan con exoneraciones, por ejemplo, las municipalidades, las iglesias, embajadas y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), pero las empresas mercantiles concentran el 96 % del total de las exoneraciones.³

El conjunto de medidas, como las privatizaciones de empresas estatales, las concesiones y las exoneraciones, abrió oportunidades para las inversiones y la acumulación de capital. Uno de los impactos más significativos es el cambio en las elites y grupos económicos empresariales, vía ampliación y diversificación de la economía.

La elite económica tradicional hondureña estaba conformada, principalmente, alrededor de los siguientes sectores: el financiero, donde se encontraban las familias Vinelli, Bueso, Bueso Arias, Rosenthal, Smith, Goldstein, Agurcia, Callejas, Lamas, entre otras; los medios de comunicación, donde resaltan las familias Ferrari, Villeda, Andonie, Larach, Rosenthal y Sikaffy; el sector agroindustrial, con las familias Facussé, Kafatti, Kafie, Fasquelle, Rosenthal; y el comercial, que incluye las familias Kafie, Sikafy, Kattán, Canahuati y Atala. En este último sector había que tomar en cuenta transversalmente a las compañías extranjeras establecidas en el país (ICEFI, 2015, 231).

Como parte de los cambios en la economía y las modificaciones de los grupos de poder, el sector de servicios tuvo una fuerte expansión, específicamente en las telecomunicaciones, la producción de energía y el sistema financiero. Familias como los Canahuati, Kattán, Chaín y Facussé invirtieron en el campo de las maquilas; por su parte, los Faraj, Atala y Canahuati lo hicieron en el campo financiero; los Facussé, Kafie y Nasser en la agroindustria, generación de energía eléctrica y en otros sectores; los Rosenthal y Goldstein se dedicaron a la agroindustria, la producción de cemento y las telecomunicaciones; los Maaloufy Faraj en centros comerciales; Santos y Williams, en construcción; y los Ferrari y Rosenthal en televisión por cable y transmisiones de datos (ICEFI, 2015, 234-235).

Como efecto del Nuevo Modelo Económico, viejos grupos económicos se han transformado o han emergido nuevos, con capacidad de veto político fáctico ante los gobiernos. Entre los grupos económicos más poderosos del país destacan:

El Nuevo Modelo Económico y los cambios en los sectores subalternos

Los cambios en la economía y la configuración de un Nuevo Modelo Económico impactaron negativamente en las estructuras organizativas sindicales y campesinas. Este nuevo modelo ha destruido las bases materiales y simbólicas de la organización sindical y campesina. De 1955 a 2001 se fundaron 446 sindicatos; no obstante, desaparecieron 261 y se mantenían activos, para el 2001, solamente 185, es decir, un 41 % del total de sindicatos fundados. En el año 2009, se llegó a determinar que en el país existían 151 sindicatos, con un total de 92 552 afiliados (^{Sosa, 2013}).

Los trabajadores agrícolas bananeros sindicalizados se redujeron de manera significativa. El Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco), para 1990, conservaba una membresía de 10 000 trabajadores. Raúl Rubén, en 1991, afirmaba que: “a nivel del proletariado agrícola, el grado de sindicalización es particularmente elevado entre los obreros bananeros, contando con cerca de 10 000 miembros, 45 % de la PEA [Población Económicamente Activa] bananera permanente”. (Rubén, 1991, 38). En 1996, la membresía de Sitraterco se había reducido a 6 000 trabajadores y, para el 2010, apenas llegaba a 1 760 afiliados (^{Sosa, 2013}).

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del Instituto Nacional de Estadística (^INE), en el año 2013 únicamente en el 5.6 % de los trabajadores expresó que en las empresas donde laboran había sindicatos, el 92.3 % expresó que en las empresas donde trabajan no hay sindicatos y el 2.1 % no respondió (INE, 2013).

Los sindicatos han perdido la capacidad de representar a la sociedad hondureña y de negociar frente a los gobiernos. Se han quedado reducidos a la negociación del salario mínimo, lo cual beneficia a muy pocas personas, porque la gran masa de trabajadores se encuentra en el sector informal de la economía. Tanto el Estado como los empresarios irrespetan sistemáticamente los derechos laborales, sin que las centrales obreras y sus sindicatos tengan capacidad de respuesta. En los dos ciclos de movilización colectiva más recientes, las movilizaciones de la resistencia contra el golpe de Estado en 2009 y las movilizaciones de la ciudadanía indignada contra la corrupción y la impunidad en 2015, los sindicatos son los grandes ausentes.

Las políticas agrarias neoliberales y la venta de tierras han impactado en la afiliación de las organizaciones campesinas. Producto de los programas de ajuste en el campo, especialmente la venta de tierras y de la fragmentación y división del movimiento campesino, la afiliación se ha reducido de manera drástica. Según Thorpe y otros autores, de un total de 71 754 socios iniciales que integraban los 2 641 grupos campesinos, para el año de 1992, permanecían un total de 59 718, lo cual registra una deserción de 12 036 socios. Un cuadro detallado del Instituto Nacional Agrario (INA) revela que para diciembre de 1995 existían unos 2 555 grupos asociados, con un total de unos 48 106 socios (^{Thorpe et al., 1995}). Se carece de datos más recientes acerca de los campesinos organizados, pero es plausible plantear que se han reducido de manera drástica.

Las organizaciones campesinas también han perdido la capacidad para representar a los sectores rurales de la sociedad hondureña y su capacidad de negociación ante los gobiernos está muy debilitada. En el 2009, se reactivaron organizaciones y movimientos campesinos regionales en el Bajo Aguán, departamento de Colón, como el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y otros. Estos movimientos campesinos regionales han estado en proceso de negociación con el Gobierno, pero no han logrado expandirse en el ámbito nacional. Departamentos como Olancho, Santa Bárbara y Choluteca, que fueron bastiones del movimiento campesino en las décadas de los setenta y los ochenta, hoy son prácticamente inexistentes.

A partir de los años ochenta, y sobre todo de los noventa y los del siglo XXI, emergieron en el escenario político nacional nuevos actores sociales: pueblos indígenas y negros, organizaciones de mujeres y feministas, ambientalistas y movimientos territoriales regionales. Estos nuevos actores son el reflejo de una sociedad hondureña mucho más compleja y diversa. Los pueblos indígenas y negros impulsaron durante los años ochenta y noventa un fuerte proceso de organización, lo cual les permitió emerger como actores sociales relevantes en la sociedad hondureña.

En 1994, durante el gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1998), irrumpe en la escena política nacional el movimiento indígena. Las protestas de los indígenas adquirieron la forma de las “peregrinaciones”, las cuales son movilizaciones de tipo “procesiones religiosas” que se explican por la religiosidad de los pueblos indígenas y por el acompañamiento que tuvieron estas movilizaciones por parte de algunos sacerdotes católicos.

A sus órdenes mi capital. Un Estado al servicio del capital y capturado por elites empresariales y redes de corrupción e impunidad

El Estado hondureño ha tenido una orientación claramente proempresarial. Entre las políticas que más han favorecido los grupos económicos nacionales y extranjeros sobresalen: la privatización de empresas públicas, la devaluación de la moneda, leyes de estímulo a la inversión y exoneraciones fiscales y la eliminación de los impuestos a las exportaciones e importaciones. Estos fueron instrumentos claves para los nuevos procesos de acumulación de capital. Además, el Estado creó un marco legal favorable a los intereses privados, tales como: la Ley de las Zonas Libres de Procesamiento, Ley de Modernización Agrícola, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Incentivos al Turismo, Ley General de Minería, entre otros (ICEFI, 2015, 235-244).

Desde los años noventa, en Honduras, se privatizaron empresas como la Azucarera Cantarranas, S. A. de C. V. (ACANSA) y la Industria Cementera Hondureña (INCEHSA). También pasaron a la iniciativa privada las empresas de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), las cuales el Estado había asumido cuando fracasó en manos del sector privado. Además, se concesionaron los aeropuertos y la construcción y mantenimiento de carreteras. Honduras no privatizó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ni la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), pero realizó un proceso de externalización (^Posas, s. f.).

La ENEE se vio obligada a comprar energía térmica a proveedores privados y a traspasar a la empresa privada la lectura de medidores de consumo de energía eléctrica. En el caso de HONDUTEL, con el argumento de terminar con los monopolios del Estado, al igual que en el caso de la ENEE, se abrió un proceso de liberalización de las telecomunicaciones, a través de la Ley Marco de Telecomunicaciones (Decreto N.° 185-95 del 31 de octubre de 1995). El fin del llamado monopolio del Estado inició el 25 de diciembre de 2005, al permitir que las compañías de teléfonos móviles realizaran llamadas internacionales de forma libre y sin restricciones.

Para profundizar en el tema de las concesiones, el 11 de agosto del 2010 se creó la Comisión de la Alianza Público-Privada (COALIANZA). Una de sus primeras acciones fue concesionar, el 20 de marzo de 2013, por 30 años la construcción, equipamiento, financiamiento, operación y mantenimiento de la nueva terminal de contenedores de Puerto Cortés.

En los últimos años, el Estado ha impulsado un proceso agresivo de concesiones de los recursos naturales, especialmente ríos para represas hidroeléctricas y territorios para la extracción de minerales. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, incrementaron las concesiones en ríos y fuentes de agua para la generación de energía eléctrica. En agosto de 2010, el Congreso Nacional aprobó un primer bloque integrado por 41 contratos y, en julio de 2012, autorizó un segundo bloque de 24. Estas concesiones se inscriben en el comportamiento histórico de entrega de los recursos naturales a sectores privados nacionales e internacionales.

En los últimos años, los gobiernos han colocado a la minería como uno de los rubros de importancia para atraer la inversión extranjera. En función de ello, han potenciado un marco legislativo favorable al extractivismo neoliberal. En 1998, aprovechando la tragedia de la tormenta tropical y huracán Mitch, se aprobó en el Congreso Nacional la Ley General de Minería. Los cuestionamientos más relevantes a esta Ley fueron: a) Permitir a las compañías mineras transferir los derechos recibidos; b) permitir la expropiación forzosa; c) establecer una contribución mínima a las municipalidades y al fisco hondureño; d) disposiciones sobre las jornadas de trabajo; e) carecer de una reglamentación adecuada para el cierre de las minas; f) otorgar exoneraciones exageradas a las compañías; y g) permitir exploración y explotación en todo el territorio nacional, incluso en áreas protegidas (^{ICEFI, 2013}, 24).

En enero de 2013, se aprobó una nueva Ley General de Minería, la cual recoge muchas de las solicitudes de los grupos organizados, pero contiene serias fallas que impedirán su aplicación correcta, como la falta de sanciones (ICEFI, 2013, 65). El Estado, al igual que en el caso de las fuentes de agua, ha impulsado una política agresiva de concesión de territorios para la minería metálica y no metálica. En el año 2013 se contabilizaban 844 concesiones, entre metálicas y no metálicas, entre otorgadas y en proceso de otorgamiento. De este total, 92 son concesiones mineras metálicas ya otorgadas, 326 son concesiones mineras metálicas en trámite, 193 son concesiones mineras no metálicas ya otorgadas y 233 son concesiones mineras no metálicas en trámite (^{CEHPRODEC, 2013}).

Un nuevo componente de la economía hondureña lo constituyen las remesas, enviadas fundamentalmente de los Estados Unidos, pero también en menor escala de otros países, como Canadá y España. Las remesas empiezan a ser visibilizadas en la economía hondureña a partir de 1997, año en que se descubre la magnitud del fenómeno a través de la Encuesta de Hogares. Su importancia en la economía nacional es tal que supera en la generación de divisas a sectores como maquila, café y banano. Las estadísticas del Banco Central de Honduras reportan que las remesas en 2001 alcanzaron 500 millones de dólares y para el 2016 llegaron a 3 847.3 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Lo anterior ha favorecido considerablemente al sector financiero del país.

El Nuevo Modelo Económico se sostiene sobre tres pilares: una nueva inserción internacional con los Estados Unidos; inserción vía migraciones y exportaciones de la industria de la maquila, estabilidad financiera y cambiaria; y ensanchamiento del mercado regional. Como características del Nuevo Modelo Económico, se identifican: una orientación hacia afuera, rol preponderante del sector privado, nuevos excedentes provenientes del exterior a través de las remesas, es fundamentalmente urbano, se basa en el uso intensivo de mano de obra no calificada y convive con regímenes democráticos o, por lo menos, formalmente democráticos (^{Segovia, 2004}, 18-29).

En el contexto de este Nuevo Modelo Económico, grupos de poder fáctico e ilícito han puesto al Estado al servicio de sus intereses. Camarillas empresariales, organizaciones del crimen organizado y redes de corrupción han tomado al Estado para sus propios intereses; lo han capturado (^{Castellanos, 2004}). Esta captura ha llevado a altos niveles de corrupción e impunidad del Estado y de la sociedad hondureña. En el informe de 2007, “Informe Nacional de Transparencia. Hacia un Sistema Nacional de Integridad”, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) plantea que la captura del Estado es causa y consecuencia de la corrupción.

Según el CNA, Honduras es un país que puede caracterizarse por una expansión acelerada de la corrupción, en concurrencia con la profundización de la captura del Estado por parte de los grupos políticos y económicos. La captura del Estado puede verse como causa y efecto de la corrupción. Mientras no se inactiven las condiciones que la provocan (especialmente las que tienen que ver con el financiamiento de la política y la intromisión de los grupos fácticos en la orientación legislativa y en el sistema de justicia) difícilmente se podrá revertir el fenómeno de la corrupción (^{CNA, 2007} , 10).

La captura del Estado, de acuerdo con el CNA, se entiende como:

La capacidad de grupos para influir a través de prácticas corruptas en los procesos de alta decisión del Estado, que a su turno se convierte en una forma predominante de corrupción asociada con el favorecimiento de intereses privados en las altas esferas del poder (Kaufmann, citado por CNA, 2007, 10).

El informe también señala que:

La relación entre Estado y corrupción en Honduras es un hecho que ha estado presente a lo largo de la historia nacional, y puede constatarse que diversos grupos han accedido a su control más en función de sus intereses corporativos que en función del interés nacional (CNA, 2007, 10).

La raíz de la captura del Estado hondureño se ubica directamente en el financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos, debido a las debilidades y vacíos del régimen de financiación de la política que, entre otros efectos, provoca un alto costo de las campañas. Esto ha creado una brecha inequitativa en la competencia política y, a su vez, mediante el financiamiento, los grupos empresariales controlan para su beneficio importantes áreas y procesos de la gestión gubernamental (CNA, 2007, 10-11).

Según Javier Auyero, se podría decir que en el tema de la corrupción y la impunidad, el asunto en juego no es la debilidad del Estado, sino una colusión entre políticos, funcionarios y las redes de corrupción e impunidad. Más que un fracaso del Estado, se trata de una activa constelación de intereses cuyo resultado es la promoción de la corrupción y la impunidad. No se trata de un escenario de abandono estatal, sino de conexiones usualmente ilícitas, entre actores estatales y empresarios actores de la corrupción y la impunidad (^{Auyero, 2013}, 121).

La persistencia de la corrupción se debe a la relación que se ha construido entre el Estado y las clases, grupos y elites de poder. En esta relación los valores liberales y republicanos como la libertad, el pluralismo y el Estado de Derecho no han llegado más allá de ser una ficción. Así se creó el “país legal”, el cual funcionaba como mecanismo de poder para someter a los sectores populares, y el “país real”, en el cual han actuado los grupos de poder con toda discreción.

Procesos de democratización y de desdemocratización

En la década de los años noventa se impulsaron los mayores esfuerzos por democratizar la sociedad hondureña. Así, se realizaron reformas políticas como el voto domiciliario y la separación del voto para presidente, diputados y alcaldes; se creó una nueva institucionalidad estatal, entre las que destacan el Ministerio Público (MP), el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH); se crean instancias de diálogo, como el Foro Nacional de Convergencia (FONAC); se realizaron reformas para la desmilitarización; y se adoptaron convenciones internacionales a favor de los derechos humanos de diversos sectores sociales.

Después del paso del huracán Mitch, entre 1998 y 2006, también se produjeron algunas iniciativas democratizadoras. Por ejemplo, la ampliación de los espacios de diálogo y concertación en relación con la pobreza, seguridad y corrupción; la construcción participativa de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP); la aprobación de una nueva Ley Electoral y de las organizaciones políticas; la reactivación de plataformas, espacios y organizaciones de la sociedad civil; la creación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) con rango ministerial; la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades; la aprobación de la Ley de participación ciudadana; y la aprobación de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.

Sin embargo, muchas de estas acciones democratizadoras fueron rápidamente distorsionadas, o bien, fueron sucedidas por varias contrarreformas. De esta forma, la llamada transición democrática se volvió permanente y la consolidación democrática nunca llegó o fue fallida.

La persistencia de los problemas estructurales viejos (desempleo, desigualdad, exclusión y pobreza) y la emergencia o reemergencia de nuevos problemas estructurales (corrupción, impunidad, crimen organizado y violencia) son expresión del agotamiento de la democracia como régimen político para promover los cambios que la sociedad hondureña necesita. De manera más directa, el agotamiento de la democracia se expresa en el abstencionismo y desafección política, el malestar con la democracia, la pérdida de confianza y legitimidad institucional y en la crisis del Estado.

En este contexto de agotamiento del proceso de transición política y de crisis del Estado, asume la Presidencia de la República, el 27 de enero de 2006, José Manuel Zelaya Rosales del Partido Liberal. Zelaya Rosales triunfa con un porcentaje bajo de votos válidos⁹ y bajo negociaciones y compromisos con diferentes sectores de su propio partido, la mayoría conservadores. Esto hace que el de Zelaya Rosales fuera un gobierno débil, en términos de correlación de fuerzas en el Estado y al interior de la sociedad.

No obstante, Zelaya Rosales, con el fin de “oxigenar” el sistema político hondureño, se distanció tímidamente de los grupos oligárquicos que han capturado al Estado, al imponer algunas medidas favorables para los sectores populares, asimismo, practicó un estilo de acercamiento a estos. Las medidas que más destacaron son:

Aunado a lo anterior, Zelaya empleó un discurso que se identificaba cada vez más con la izquierda del siglo XXI, con cierto contenido antimperialista. Este discurso y las medidas anteriores crearon malestar en varios grupos de poder, especialmente en quienes se vinculan con la comercialización de combustibles y de medicamentos y en los grandes medios de comunicación. Las medidas de Zelaya Rosales no significaban ninguna amenaza real al status quo ni a los grupos de poder; pero la elite económica, política, religiosa y mediática hondureña, conservadora y antidemocrática, no toleró los más tímidos indicios de cambio y lo derrocan mediante un golpe de Estado, el 28 de junio de 2009.

A pesar de la amplia e intensa movilización popular rechazando el golpe de Estado, se impuso una salida conservadora a la crisis política. Lo anterior se sustenta en que las demandas inmediatas del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado no fueron alcanzadas. Por ejemplo, la restitución del presidente derrocado José Manuel Zelaya Rosales, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la salida del poder del presidente de facto Roberto Micheletti Baín. En otras palabras, la salida a la crisis política fue favorable a las fuerzas que propiciaron el golpe de Estado en colaboración, o al menos complicidad, con el gobierno de los Estados Unidos.

Una de las consecuencias políticas más importantes del golpe de Estado es que profundizó la crisis del sistema político y abrió un proceso de cambios en el sistema de partidos. El golpe de Estado implicó la implosión y fragmentación del Partido Liberal y le abrió oportunidades al Partido Nacional (el partido tradicional menos afectado con el golpe).¹⁰ Sin embargo, también creó condiciones para que emergieran nuevas fuerzas políticas con capacidad de competencia política efectiva, como el partido Libertad y Refundación (Libre)¹¹ y el Partido Anticorrupción (PAC),¹² frente al histórico y tradicio nal bipartidismo conformado por el Partido Liberal y el Partido Nacional.

Esta reconfiguración del sistema de partidos políticos quedó evidenciada en los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2013. El domingo 24 de noviembre de ese año, se celebró el décimo proceso electoral,¹³ después de más de tres décadas de la llamada “transición a la democracia”. El bipartidismo tradicional salió muy erosionado, pero con vida, de estas elecciones. Los partidos Nacional y Liberal, juntos, en más de tres décadas de procesos electorales continuos, siempre habían retenido un alto porcentaje de los votos. En las elecciones generales de noviembre de 2009 obtuvieron un 94.60 % de los votos válidos. Sin embargo, en las elecciones de 2013, solo retuvieron un 57.19 %. Es decir, su caudal electoral se redujo en un 37.41 %; una reducción significativa si se toma en cuenta la cultura política bipartidista de la sociedad hondureña.

Esta erosión del bipartidismo se expresa con mayor claridad en el Congreso Nacional. No obstante, el viejo bipartidismo continúa exhibiendo mucha fuerza en el ámbito local municipal. Los partidos Nacional (184 alcaldías) y Liberal (83 alcaldías), en conjunto, obtuvieron 267 corporaciones municipales, contra 31 corporaciones de Libre y cero corporaciones municipales del PAC. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la participación electoral fue de un 61 %; es decir, 3 275 346 personas ejercieron el sufragio, sobre la base de 5 355 112 que constituyó el Censo Electoral.

Lo anterior significó un quiebre en la tendencia ascendente que mostraba el abstencionismo. Sin embargo, el dato del TSE sobre la participación electoral no refleja la realidad, ya que el Censo Electoral presenta una serie de problemas relacionados con su depuración. La mayor deformación del censo consiste en que incluye a más de un millón de hondureños y hondureñas que residen en el exterior, especialmente en los Estados Unidos de América. Es plausible asumir que el Censo Electoral real no está más allá de los cuatro millones. Por tanto, la participación electoral de los ciudadanos que residen en el territorio nacional se podría calcular en un 82 %.

Los procesos electorales en la etapa posgolpe de Estado presentan un problema fundamental: hay una contradicción entre un sistema de partidos que se amplió y pluralizó, con nuevas fuerzas políticas, y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la cual se volvió obsoleta y está “hecha a la medida” del viejo bipartidismo político. A lo anterior hay que agregarle la pérdida de legitimidad del TSE, por estar controlado por el Partido Nacional, el cual gobierna.¹⁴

A pesar de la reconfiguración del sistema de partidos políticos y la representación más plural en el Congreso Nacional, el Partido Nacional en su segundo gobierno después del golpe de Estado ha logrado imponerse y controla los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y toda la institucionalidad estatal como el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República y el TSE.

Esto le ha permitido gobernar de manera autoritaria y profundizar las políticas neoli berales a favor de los grupos económicos oligárquicos.

En el periodo posgolpe de Estado y tras dos gobiernos nacionalistas, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018), se han producido retrocesos democráticos que constituyen verdaderos procesos de desdemocratización. Uno de estos se relaciona con la destitución, por parte del Congreso Nacional, de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por haber declarado inconstitucional, en el 2012, la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), conocidas popularmente como “ciudades modelo”.

El actual presidente Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso Nacional, acusó a los cuatro magistrados de estar coludidos con el crimen organizado, versión que nunca se investigó. Las ZEDES¹⁵ se aprobaron en el año 2013, lo cual se constituye en uno de los retrocesos más grandes en el proceso de construcción democrática de Honduras. Se trata de un régimen especial que lleva al extremo el extractivismo y el concesionamiento territorial. Es una nueva versión de los enclaves en el siglo XXI.

A principios del siglo XXI, en el gobierno de Ricardo Maduro Joest (2002-2006) inició un proceso de remilitarización de la seguridad y la sociedad. Después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, este proceso se profundizó. Los militares retomaron el control de instituciones como La Marina Mercante, Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, entre otras. El presupuesto de Defensa y Fuerzas Armadas ha crecido de manera sustantiva, de 1 807 435 899 a 5 418 882 357.¹⁶ A todo lo anterior hay que agregar que los militares han tomado amplio control en el tema de la seguridad ciudadana, utilizando la Policía Militar de Orden Público (PMOP)¹⁷ y otras instituciones.

En el 2014 un grupo de diputados afines al presidente Hernández, del Partido Nacional y de otros partidos políticos, solicitó ante la Sala de lo Constitucional que se declararan inconstitucionales los artículos pétreos de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial.¹⁸ Esta Sala resolvió de manera favorable a los diputados, con lo cual se habilita la reelección.¹⁹ La concentración de poder del presidente Hernández, junto con la complicidad de los grupos de poder fáctico, empresariales, religiosos y mediáticos, le permitió imponer la reelección presidencial sin pasar por reformas en el Congreso Nacional, ni por ningún tipo de consulta popular, como el plebiscito.

Se puede afirmar que durante el periodo del gobierno del presidente Hernández se produjeron más retrocesos democráticos. Además de la excesiva concentración de poder y la reelección presidencial inconstitucional, se ha consolidado el proceso de remilitarización de la seguridad pública y de la sociedad hondureña. Aunado a lo anterior se encuentra la aparición sistemática y recurrente de escándalos de corrupción, de impunidad y de penetración del crimen organizado en eslabones claves del Estado y en los círculos cerrados de las elites políticas y empresariales del país.

En el 2015, la ciudadanía hondureña se movilizó de manera masiva en el ámbi to nacional en repudio al saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), uno de los escándalos de corrupción más grandes en los últimos años. Se llegó a estimar que el monto del fraude financiero podría llegar a los 7 mil millones de lempiras, unos 304 millones de dólares. La ciudadanía indignada demandó en las calles la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El gobierno de Honduras, al buscar una salida ante las movilizaciones ciudadanas, solicitó la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA) para firmar un convenio de apoyo al combate de la corrupción y la impunidad. Así se firmó el convenio entre el gobierno de Honduras y la OEA, el cual posibilitó la creación e instalación de la Misión de Apoyo en Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).²⁰

Las competencias de la MACCIH son importantes y variadas, pero relativamente limitadas y no vinculantes. Después de un año de instalada, los resultados más importantes producto de su trabajo son la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y los Candidatos,²¹ el proceso de creación de la Unidad Especial Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC)²² y el Proceso de Nombramiento de Jueces, Juezas, Magistrados y Magistradas de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.²³ Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha denunciado que actores relevantes de los grupos de poder le están poniendo límites al trabajo de la MACCIH y buscan que se retire o que fracase.

En el contexto del Nuevo Modelo Económico y de la captura del Estado por grupos de poder fáctico y redes ilícitas, Honduras se ha vuelto uno de los países más peligrosos para los comunicadores sociales y los defensores de los derechos humanos. Entre 2001 y 2017 han sido asesinados 68 periodistas y comunicadores sociales; y, entre 2009 y 2016, fueron asesinadas 224 personas sexualmente diversas, 123 defensores de la tierra y el medio ambiente y 17 defensores de los derechos humanos.²⁴ La gran mayoría de estos crímenes han quedado en la impunidad.

En los últimos meses del 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC)²⁵ anunció la designación de tres empresarios hondureños y siete compañías como Traficantes de Narcóticos, de acuerdo con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. Según la OFAC, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello brindaron servicios de lavado de dinero, entre otros, para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales,²⁶ sobre todo de los “Cachiros”.²⁷

Yankel Rosenthal fue apresado en Miami,²⁸ Yani Rosenthal Hidalgo se presen tó voluntariamente ante la justicia estadounidense²⁹ y Jaime Rosenthal Oliva enfrenta un proceso judicial en el país por defraudación fiscal. Durante el proceso, el Estado, a través de las oficinas correspondientes, procedió a la incautación de los bienes de la familia Rosenthal. Como parte de este proceso, se liquidó de manera forzosa el Banco Continental y cerró operaciones Diario Tiempo. Yankel y Yani Rosenthal abandonaron la Correccional Metropolitana de Nueva York, después del pago de una fianza. En la actualidad, ambos están en libertad condicional en los Estados Unidos.

El 3 de diciembre de 2015, Estados Unidos pidió la extradición del expresidente de la República de Honduras Rafael Leonardo Callejas,³⁰ también expresidente de la Federación Nacional de Futbol de Honduras (FENAFUTH), por el caso de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).³¹ Rafael Leonardo Callejas se presentó el 15 de diciembre ante la justicia estadounidense³² y el 17 de diciembre fue puesto en libertad bajo una fianza de 4 millones de dólares, con arresto domiciliario y monitoreo electrónico. La audiencia de Callejas se llevó a cabo en el Tribunal del Distrito de Brooklyn, en Nueva York. Puede recibir una pena máxima de 20 años de prisión por los cargos que se le imputan.

Las autoridades judiciales acusan al expresidente de delitos de crimen organizado y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con la recepción de sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos de derechos comerciales y de transmisión de partidos de eliminatorias mundialistas. La justicia estadounidense aplazó al 16 de junio la sentencia del expresidente Callejas, acusado de embolsarse 1.6 millones de dólares en sobornos, en el marco del escándalo FIFA. Es acusado de haber recibido sobornos a cambio de asignar a Media World, una empresa con sede en Florida, los derechos de televisión y comercialización de los partidos de Honduras en las eliminatorias para los campeonatos mundiales de 2014, 2018 y 2022. Al momento de escribir estas notas, Rafael Leonardo Callejas no ha recibido sentencia.

El 20 de mayo de 2015, las autoridades haitianas y agentes de la DEA capturaron a Fabio Lobo, hijo del expresidente de la república Porfirio Lobo Sosa, en Puerto Príncipe. Inmediatamente fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta un juicio por introducir y distribuir drogas en Estados Unidos, asimismo, por sus vínculos con el cartel de los “Cachiros”, encabezado por los hermanos Devis Leonel Rivera Maradiaga e Isidro Maradiaga. Se le declaró culpable de narcotráfico entre el año 2009-2014.

El gobierno de Estados Unidos reclama a Lobo el pago de 13.11 millones de dólares por concepto de “ingresos obtenidos en la conspiración por narcotráfico”, por parte de él y los coacusados. Los coacusados en el caso de Fabio Lobo son siete policías hondureños, la gran mayoría de ellos se encuentra en prisión en Estados Unidos. En el juicio contra Lobo, Devis Leonel Rivera Maradiaga vinculó a su cartel, a través del soborno y lavado de activos a altos funcionarios y miembros de la elite política hondureña, incluso al expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).³³

El Departamento de Justicia de Nueva York sentenció a Fabio a 24 años de prisión. En su sentencia se menciona:

Antes y mientras el padre de Lobo era presidente de Honduras, Lobo utilizó la reputación y la red política de su padre para realizar conexiones corruptas entre narcotraficantes hondureños de gran escala y personas dentro del gobierno hondureño, incluyendo funcionarios de alto nivel como congresistas hondureños, como aduanas, militares, y el personal de aplicación de la ley. Al manejar la seguridad y lo que Lobo describió durante una reunión registrada como “logística” para estos delincuentes, Lobo facilitó y participó en un extenso tráfico de cocaína con el fuerte apoyo de múltiples elementos del gobierno hondureño (2017, s. p.)³⁴

El caso Rosenthal, Callejas y Fabio Lobo evidencia que el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción han alcanzado tal nivel de complejidad en Honduras que se encuentran imbricados profundamente con las elites políticas y económicas. En ninguna sociedad el crimen organizado, la corrupción y la impunidad logran crecer tanto, sin aliados entre las elites políticas y económicas. El lavado de activos en el sistema bancario hondureño no es un caso aislado del Banco Continental. Una notificación edictal de la Corte Suprema de Justicia demuestra que la familia Rivera Maradiaga (los “Cachiros”) no solo tenía cuentas en Banco Continental, sino también en otros bancos, por ejemplo, el Banco Atlántida, BAC-Honduras, Banco de Occidente, Davivienda, Banpaís, Ficohsa, Banco de los Trabajadores y BANADESA.³⁵ De esa manera, quedó demostrada la debilidad de la institucionalidad estatal. La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público tenían conocimiento de la situación de Banco Continental y no actuaron oportunamente.

Conclusiones

A partir de los años noventa se han producido transformaciones significativas en las elites y grupos económicos en Honduras, ligadas a la crisis del Modelo Económico Agroexportador y la emergencia de un Nuevo Modelo Económico de corte neoliberal, el cual se ha potenciado con el dinamismo de rubros económicos como la industria de la maquila, las telecomunicaciones, las finanzas, el turismo, el comercio y el sector financiero. Estos grupos económicos han crecido no solo por el dinamismo de la economía, sino también por causa de un Estado proempresarial que los ha favorecido con las privatizaciones, concesiones y exoneraciones. Todo lo anterior, en detrimento de los sectores medios y de los sectores populares más excluidos.

Las elites y los grupos económicos por sí solos, aunque en muchos casos vinculados con redes de corrupción y de crimen organizado, han secuestrado la democracia y el Estado de Derecho. Lo anterior se trata de una reiterada violación a la Carta Constitucional, lo que sin duda hace que se presenten en el país altos grados de criminalidad, corrupción e impunidad, tal y como lo evidencian diversos informes de organismos nacionales e internacionales. Asimismo, se generan altos niveles de indefensión de la ciudadanía y hace que el territorio nacional se convierta en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, la libertad de expresión, el derecho a la protesta y defender los derechos humanos.

El Nuevo Modelo Económico también ha impactado negativamente en la capacidad de organización, representación y negociación de los actores sociales subalternos. En particular, fueron destruidas las bases materiales y simbólicas de las organizaciones sindicales y campesinas, las cuales han sido reducidas drásticamente, producto de la liberalización de las tierras y la tercerización y flexibilización laboral (que también es parte del Nuevo Modelo Económico neoliberal). Sin embargo, nuevos sujetos han emergido, por ejemplo, los pueblos originarios y los movimientos territoriales comunitarios que luchan contra el extractivismo que llevan adelante empresas nacionales y transnacionales.

El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue un ejemplo de que estos grupos de poder económico, político, mediático y religioso, los cuales se benefician de la captura de la democracia y del Estado, no están dispuestos a permitir los cambios más tímidos de corte popular, como los que impulsó el defenestrado presidente José Manuel Zelaya Rosales. Estos mismos grupos oligárquicos son los que después del golpe de Estado han permitido la concentración de todo el poder estatal en el Partido Nacional y, en especial, en el presidente actual Juan Orlando Hernández (2014-2018), quien, de manera ilegal e ilegítima, aspira a la reelección presidencial para el periodo 2018-2022.