Orígenes políticos de la recomposición de lo religioso

Costa Rica atraviesa la etapa paroxística de un fenómeno que se remonta a algunas décadas atrás. La cristalización de un poderío electoral cristiano, el cual alcanzó expectativas presidenciales en 2018 y prácticamente cuadriplicó su número de congresistas en la siguiente legislatura, muestra una imagen de inmediatez que falsea las raíces de la reconfiguración de las identidades político-partidarias con una base religiosa. Esta reconfiguración se remonta a 1986, el año que marca en este país el último umbral de confesionalidad del siglo XX, caracterizado por la entrada en la liza electoral del primer partido evangélico costarricense (^{Fuentes Belgrave, 2012}).

Por este motivo, a continuación, se realizará una contextualización del despegue político cristiano-evangélico para, de forma ulterior, analizar la coyuntura electoral costarricense de 2018 y las pistas que ofrece para el estudio de las relaciones entre religión y política.

En la “comunidad imaginada” de Costa Rica (^{Anderson, 2002}), las fronteras simbólicas delimitan el sentido de nación compartido, donde el catolicismo se fusiona desde la Colonia como un constructo de la naciente identidad nacional (^{Campos Salas, 2000}), al cual posteriormente se integran los protestantismos históricos, así como otros tipos de creencia, en particular identificadas con el cristianismo evangélico.

En términos de representación política religiosa -no católica-, y organizada ante el gobierno de la república, el primer antecedente es la Alianza Evangélica Costarricense, la cual se funda en 1950, bajo la iniciativa de la Iglesia Metodista (1917), el Seminario Bíblico Latinoamericano (1922), las Asambleas de Dios (1944) y la Iglesia Bautista (1946), entre las primeras iglesias protestantes que llegaron a Costa Rica. Originalmente, el fin de la Alianza fue coordinar eventos interdenominacionales y algunos programas nacionales (^{Holland, 1981}).

Posteriormente, las tesis de la Teología de la Liberación causan divisiones dentro del mundo protestante en la década de 1970, sin que paradójicamente la opción preferencial por los pobres tuviera mayor efecto en la Iglesia católica costarricense (^{Picado, 1988}), la cual se inquieta más bien por el incremento en las conversiones de los sectores católicos al pentecostalismo, una situación que apenas logra afrontar la institución católica, aprobando la creación de escasos grupos carismáticos, mientras mantiene una tendencia neoconservadora (^{Opazo, 1987}).

El pentecostalismo tiene muchas ramas, pero su elemento en común es el bautismo por el Espíritu Santo. No obstante, es su versión clásica. Se originó en 1901, en Estados Unidos, la que se expande con mayor rapidez en América Latina. Esta se caracteriza por su exacerbación del puritanismo y del fundamentalismo bíblico, así como por el uso del “don de lenguas” o glosolalia, al tiempo que rechaza cualquier compromiso político, pues, de acuerdo con su doctrina, la búsqueda de la salvación es individual. El neopentecostalismo es una corriente pentecostal que se manifiesta a partir de 1959, ligada a las clases medias estadounidenses y al teleevangelismo norteamericano; se diferencia del pentecostalismo clásico al potenciar la espectacularización técnica del culto y de su infraestructura, donde si bien el Espíritu Santo se manifiesta a través de la glosolalia, este se expresa también mediante la taumaturgia y el exorcismo, haciendo de la teología de la prosperidad, que supone que la riqueza material es signo de la bendición divina, una bandera erigida en las megaiglesias, la cual ondea en redes transnacionales influenciadas por la derecha estadounidense de la época (^{Corten, 1999}), en un movimiento que se ha renovado constantemente hasta la actualidad.

En un escenario más cercano, la fundación de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana (CONELA) en 1978 prepara el terreno para la incursión política evangélica de la mano de la neopentecostalización de algunas iglesias protestantes como Asambleas de Dios, al identificar al Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y a la Teología de la Liberación como sus enemigos o los representantes del demonio (^{Stoll, 1993}).

CONELA desempeña un papel significativo en la formación de los primeros dirigentes de tendencia neopentecostal en la región, porque permite la interacción entre el espacio público de cada país y el espacio público transnacional, al convertirse en el primer lugar de debate de valores y principios pentecostales en el mundo político latinoamericano (^{Colonomos, 2001}).

En Centroamérica, el arribo, en 1982, a la presidencia de Guatemala del dictador Efraín Ríos Montt, adherente a la neopentecostal Iglesia del Verbo, se convierte en un hito que derriba el muro doctrinal entre lo religioso y lo mundano, al cambiar los creyentes pentecostales su idea de no involucrarse en política por considerarla pecaminosa (^{Stoll, 1993}). Este giro neopentecostal implicó que se desatara una guerra espiritual que involucra, hasta hoy, la materialización del demonio en personas y lugares por combatir, pues su objetivo continúa siendo eliminar a sus oponentes para “conquistar a todas las naciones para Cristo”, según el lenguaje utilizado por estos grupos.

La investigación comparativa de ^{Valverde (1990}), realizada durante la década de 1980 en iglesias pentecostales de Hatillo y de Guápiles, evidenciaba que la mayoría de pentecostales de Costa Rica todavía desdeñaba la idea de participar en política en aquella época, así como la investigación pionera de Rojas (1989), mostraba que las necesidades básicas de las personas de la zona atlántica convertidas al pentecostalismo pasaban a segundo plano ante el espacio de sentido y socialización que ofrecían las iglesias. Sin embargo, en las élites pertenecientes a CONELA, fructificó la idea de crear partidos que fueran el emblema de una moral traducida en honestidad y transparencia en la función pública, de la cual se presumía que carecía América Latina.

El partido costarricense Alianza Nacional Cristiana, fundado por Justo Orozco, se presentó a las elecciones de 1986 sin alcanzar ningún resultado, pues todavía era necesario articular a los creyentes, en consecuencia, ese mismo año se organiza la primera marcha evangélica que contó con aproximadamente 200 000 participantes y se reprodujo en 1987 y en 1990 (^{Bastian, 2000}). Por otra parte, desde 1986, el empresario costarricense Jonás González obtuvo la autorización gubernamental para utilizar el canal 23, hoy denominado Enlace, para crear una red de televisión evangélica latinoamericana. En 1988, obtuvo el apoyo de la Trinity Broadcasting Network (TBN) y, a partir de 1996, comenzó a transmitir su señal durante toda la jornada en los siguientes países: Costa Rica, República Dominicana, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España, Portugal y Estados Unidos.

Durante la década de 1990, la Alianza Evangélica y la Fraternidad de Pastores intentaron negociar con el gobierno costarricense la creación de una oficina de asuntos religiosos, así como una reforma constitucional para brindar igualdad de tratamiento a todas las iglesias, pero las negociaciones fueron infructuosas. En 1998, como producto de una división dentro de Alianza Nacional Cristiana, se inscribe el partido Renovación Costarricense, que obtiene un diputado por la provincia de San José, Justo Orozco, mientras el entonces apóstol Ronny Chávez, perteneciente a la Nueva Reforma Apostólica, sobrevolaba en avioneta el territorio nacional para exorcizarlo (^{Bastian, 2000}).

En 2002, Renovación Costarricense obtiene también un escaño legislativo en San José para el pastor Carlos Luis Avendaño, quien contaba con un programa en la cadena Enlace, al igual que el ya autoproclamado profeta Ronny Chávez. No obstante, Avendaño es excluido del partido al no ceder su escaño a la mitad del período parlamentario. Por ello, sin dejar su sitio, en 2005, inscribió el partido Restauración Nacional, en el mismo año en que el Ministerio de Salud cerró 37 locales de culto o iglesias de garaje, debido a su contaminación sonora, las cuales son reabiertas después de que Avendaño protestara encadenándose al Monumento Nacional, con una amplia exposición mediática (^{Sequeira, 2013}).

En 2006, Renovación Costarricense no obtuvo ninguna diputación, a diferencia de Restauración Nacional que elige al pastor Guyón Massey, quien negocia con el gobierno la creación de un Reglamento para el Funcionamiento Sanitario de Templos y Locales de Culto según el Decreto ejecutivo 33972-S (^{Presidencia de la República de Costa Rica, 2007}). En 2007, se constituyó la Federación Costarricense de Ministerios Cristianos (FECOMIC), que se opone a dicho reglamento, se aleja de la Alianza Evangélica y denuncia las maratones para la obtención de dinero que realizan los pastores mediáticos de la cadena Enlace con el apoyo de la Alianza Evangélica (^{Fuentes Belgrave, 2012}).

En aquel momento, esto evidenció dos tendencias dentro del campo cristiano-evangélico costarricense: la de FECOMIC que decía representar a las iglesias sin recursos, independientes o “de garaje”, mayoritariamente pentecostales, y la supuesta inclinación de las iglesias pertenecientes a la Alianza Evangélica a encarnar los intereses de las élites, ligados a las megaiglesias neopentecostales y a los medios de comunicación de estos grupos.

La diversificación dentro del mundo protestante se expresa también en las elecciones de 2010, cuando cada partido obtuvo un diputado por San José: Justo Orozco por Renovación Costarricense y Carlos Avendaño por Restauración Nacional. El primero representó a FECOMIC y el segundo a la Alianza Evangélica, por lo cual ambos realizaron una reconciliación pública con la intermediación de la Alianza Evangélica. En 2014, estos partidos aumentaron sus escaños legislativos con la elección, en el caso de Renovación Costarricense, de Gonzalo Ramírez, por la provincia de San José, y de Abelino Esquivel por la de Limón, así como de Fabricio Alvarado, diputado de Restauración Nacional, por San José.

Los rasgos más comunes que se observan en este tipo de diputados confesionales en toda América Latina, analizados por Paul ^{Freston (2001}), Jean Pierre ^{Bastian (1994}, 1997, 2000, ²⁰⁰¹, ²⁰⁰⁷, 2013), André ^{Corten (1999}, ²⁰⁰⁰, ²⁰⁰⁶) y Ari Pedro ^{Oro (1992}, ²⁰¹¹), entre otros sociólogos que han estudiado el tema, son el voto corporativista donde un hermano vota por un hermano, el ligamen privilegiado con los medios de comunicación cristianos, la necesidad de favorecer los valores cristianos dentro de la política, especialmente en lo relacionado con el presunto orden natural en el cual se fundamentaría la familia nuclear heteronormada, la negociación del voto estratégico en el Congreso, la movilización de masas a través de la proyección populista de transparencia moral y la búsqueda de transformación del mundo desde la literalidad bíblica.

Las acciones de estos congresistas forman parte de lo que ^{Bastian (1997}, 110) define como “el juego corporativista de reciprocidad y de redistribución vertical y asimétrica entre actores políticos legítimos y actores subalternos religiosos”, común en la región latinoamericana.

La legitimación política dentro de la comunidad imaginada costarricense de estos partidos confesionales se establece a través de la alianza católico-evangélica en contra de los derechos sexuales y reproductivos, la cual fortalece a la debilitada Iglesia católica y permite a los actores religiosos actuar en el campo político de forma integral, interpelando a los orígenes cristianos de la identidad nacional. Esta alianza se cristaliza en Costa Rica a partir del primer umbral de confesionalidad del siglo XXI, cuyo símbolo, no obstante, global, es la demanda de derechos para el sujeto embrionario (^{Fuentes Belgrave, 2012}), o la defensa de la personificación de la vida desde la fusión de gametos, como ya lo proponía la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano desde 1974, renovando la modificación del Derecho canónico realizada por Pío IX en 1869, consignada en el Acta Apostilicae Sedis (^{Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 1974}).

Análisis de la coyuntura electoral de 2018 en Costa Rica

En más de tres décadas, los partidos confesionales costarricenses se consolidan en el escenario político, mientras aumentan las conversiones a las iglesias cristiano-evangélicas neopentecostalizadas. En la primera investigación sobre creencias y prácticas religiosas realizada en Costa Rica por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional (^{Fuentes Belgrave, 2015}), se encontró en la fase cuantitativa que, dentro del mundo protestante, un 16 % de personas se declaraban cristianos evangélicos, un 4 % se consideraba cristiano-evangélico no practicante y un 1,5 % de una denominación cristiana de tipo protestante histórica, como anglicanos y bautistas; es decir, que las cifras remiten a considerar que la población cristiano-evangélica pertenecientes a iglesias neopentecostalizadas ronda o sobrepasa el 20 % de la población nacional, mientras los protestantismos históricos se encuentran en franco declive. Paralelamente, en la fase cualitativa de esta investigación, se halló que los creyentes cercanos al neopentecostalismo pertenecen mayoritariamente a una segunda generación, por tanto, los valores predicados por esta corriente ya forman parte de su linaje familiar.

Si bien el pentecostalismo originalmente provoca más conversiones en personas de menores ingresos, con el paso del tiempo, ante la promesa de salvación material, propia de la teología de la prosperidad, se integran clases medias y altas, lo cual provoca una estratificación social ascendente, pese a que las bases del movimiento pentecostal continúan estando formadas por sectores empobrecidos (^{Shäfer, 2009}).

Esta acelerada radiografía de los cambios en el espectro cristiano-evangélico conduce a la coyuntura electoral costarricense de 2018 (^{Díaz González, 2018}), la cual es posible analizar considerando los antecedentes brindados, así como tres ejes fundamentales para su explicación, los cuales implican el ejercicio de la memoria histórica; estos ejes están constituidos por componentes de desintegración social, de politización de lo religioso y de comunicación política.

En el eje de desintegración social, se localiza una progresiva desigualdad y exclusión socioeconómica de amplios y diversos sectores de la población, unida a un creciente deterioro institucional (^{Arias Ramírez y Muñoz López, 2007}). Estas condiciones se intensifican desde 1995 con la aplicación del III Plan de Ajuste Estructural, la declaración de bancarrota del Banco Anglo y la huelga de varios meses del Magisterio Nacional (^{Hidalgo Capitán, 2000}). Este eje también recoge la discriminación geopolítica del Valle Central hacia el resto del país, cuyo origen data de la misma independencia en 1821, la cual origina una conformación identitaria meseteña, cuya base reside en la indiferencia hacia la multiplicidad de identidades fragmentadas que se gestan en casi 200 años.

Este historial contribuye al desencanto y a la apatía popular ante las formas de hacer política tradicional bipartidista, lo cual se muestra a partir del Pacto de Concertación Nacional, denominado también Pacto Figueres-Calderón de 1995 (^{Méndez y Leitón, 1995}). Esta atomización social prosigue con el movimiento de protesta ante la eventual privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el año 2000 (^{Menjívar, 2012}) y se consolida con la fractura del sistema bipartidista a partir del ingreso del Partido Acción Ciudadana en el año 2002 a la Asamblea Legislativa (^{Rodríguez, Espinoza y Madrigal, 2005}). La organización de la sociedad civil ante el Referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana en Costa Rica en 2007 (^{Martínez 2004}, ^{Raventós 2018}), así como su posterior desarticulación, también expresan la desintegración social ya estructurada para ese momento en la sociedad costarricense (^{González y Solís 2001}).

El último componente de este eje es la expresión de corrupción interpartidaria, gubernamental e interinstitucional, ligada al caso del “Cementazo”, en 2017, caracterizado por el tráfico de influencias para aprobar un préstamo millonario de la banca costarricense a un empresario nacional, lo cual fortalece la ruptura simbólica con la clase político-empresarial tradicional, como lo refleja la prensa de la época en ^{Alfaro (2018}), ^{Arguedas (2017}), ^{Astorga (2017}), ^{Cascante (2017}). ^{Chinchilla (2017}), ^{Jiménez (2018}), ^{Miranda (2017}), ^{Rivera (2017}) y ^{Sequeira (2017}).

En cuanto al eje de politización de lo religioso, se ha comprobado que principalmente las iglesias cristiano-evangélicas se han apropiado de funciones de intermediación social de tipo educativo, sanitario, laboral y recreativo, en comunidades abandonadas por el Estado, localizadas en zonas rurales y costeras (^{Fajardo Andrade y Fuentes Belgrave 2017}), lo cual inicia específicamente con la expansión pentecostal en la década de 1980 (^{Rojas 1989}), coincide con el desencadenamiento de la crisis económica y se perfila con el declive del catolicismo durante el mismo decenio (^{Maroto 2012}), aunque se consolida a finales de la década de 1990, cuando el partido Renovación Costarricense obtiene su primer diputado.

Además, este eje trae consigo la resacralización del orden natural a través de la juridización de la política, un fenómeno expuesto por el establecimiento de la alianza católico-evangélica contra los derechos sexuales y reproductivos, con particular énfasis en la región latinoamericana y en Estados Unidos (^{Balchin y Shankaran, 2011}).

En Costa Rica, esto se revela con la institucionalización en 1999 del Día por la Vida antes de Nacer (^{Presidencia de la República de Costa Rica, 1999}), lo cual coloca posteriormente al sujeto embrionario, es decir, al óvulo fecundado y personificado, en el escenario jurídico, específicamente con la prohibición de la fecundación in vitro (FIV), según el respectivo fallo (Sala Constitucional, 2000). Una decisión impugnada durante doce años por las parejas afectadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que al final de ese período condena al Estado y brinda una sentencia favorable para la reintroducción del método de asistencia reproductiva (^{CIDH 2012}), por lo cual entra en conflicto con la alianza católico-evangélica que había impedido su posible regulación a través de un reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa. Una muestra de ello fue la presentación de seis mociones legislativas por parte del diputado Carlos Avendaño, quien buscaba adicionar un artículo denominado “Asesinato de embriones” a uno de los nueve textos sustitutivos que discutió el Congreso para regular la FIV, así como sancionar con prisión de 20 a 35 años a quien destruyera embriones humanos (^{Asamblea Legislativa 2011}).

Debido a esta atmósfera, de forma posterior a la sentencia de la CIDH, se busca regular la FIV mediante decreto ejecutivo (^{Presidencia de la República de Costa Rica 2015}), decreto que incluso debe ser ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (^{CIDH 2016}) ante la continua obstaculización religiosa para aplicarlo, lo cual abarcó tanto la presentación de acciones de inconstitucionalidad rechazadas (Sala Constitucional 2015b) como la admisión de acciones de inconstitucionalidad contra la FIV, presentadas por legisladores cuya oposición pública a la asistencia médica para la procreación se justificaba en sus creencias cristianas, tales como Mario Redondo Poveda, Gonzalo Ramírez Zamora, Fabricio Alvarado Muñoz, Luis Alberto Vásquez C. y Alexandra Loría Beeche (Sala Constitucional, 2015a).

Asimismo, la alianza católico-evangélica contribuye a la resacralización del orden natural al promover el archivado permanente del proyecto de ley para regular los derechos sexuales y reproductivos, presentado y clasificado en múltiples ocasiones entre 2005 y 2011 (^{Asamblea Legislativa de Costa Rica 2005} y ^2007c). Esta alianza se fortalece mediáticamente a través de una férrea oposición a la Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo (2006), a la Ley de Sociedades de Convivencia (2010), y al proyecto de ley de Matrimonio Igualitario (2015).

Esta unión estratégica entre sectores católicos y evangélicos también presenta un proyecto (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2007b). Buscaban la reforma del artículo 21 de la Constitución Política, el cual afirma que la vida humana es inviolable al pretender añadirle que: “la vida humana es inviolable desde la concepción”, una noción cristiana utilizada en lugar del término fecundación. Este proyecto de ley fue presentado por los diputados Guyón Massey de Restauración Nacional y los diputados católicos José Manuel Echandi (independiente) y Patricia Quirós (Acción Ciudadana), quienes asistieron, en 2007, al Primer Encuentro de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia en Chile y firmaron el Acta de Santiago (^{Acción Mundial, 2007}), cuyos contenidos, que instan a proteger la vida desde la concepción, posteriormente reprodujeron el pastor Guyón Massey y el también diputado de confesión bautista Alexander Mora, del partido Liberación Nacional, en varios proyectos de ley destinados a defender la vida y la familia, presentados en la Asamblea Legislativa entre 2007 y 2008 (^2007a, ^2007b, ^2008a, ^2008b y ^2008c).

La visibilización pública y multitudinaria de esta alianza se evidencia en las dos primeras marchas por la vida y la familia en Costa Rica, cuyos participantes fundamentalmente se oponen al Estado laico, a la anticoncepción de emergencia, al aborto y a las uniones entre personas del mismo sexo, las manifestaciones se realizan en agosto de 2008 y noviembre de 2009, con la participación de los candidatos presidenciales (^{Ávila, 2009}; ^{Vizcaíno, 2009}; ^{Mata, 2010}), incorporando en la agenda política el peso de la alianza católico-evangélica, cuyo apogeo se manifiesta una década después en la nutrida marcha del 3 de diciembre de 2017 (^{Cerdas, 2017}).

Paralelamente, los partidos Restauración Nacional y Renovación Costarricense iniciaron un proceso de especialización y crecimiento de su estructura partidaria, mediante el proselitismo electoral realizado tanto en “iglesias de garaje” como en megaiglesias de todo el país, para la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales de 2010, donde cada partido obtiene un diputado.

La politización de lo religioso implica, a su vez, la satanización de la posibilidad de laicización jurídica del Estado costarricense (^{La Nación, 2009}), desde el primer proyecto de ley presentado en 2009, y luego en 2012, para reformar los artículos 75 y 194 del texto constitucional (^{Fuentes Belgrave, 2014}). El proyecto de reforma constitucional establecía así, en el 2012, para el artículo 75 que “El Estado será neutral en materia religiosa, y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley”. Por su parte, el artículo 194 afirmaba que el juramento de las personas en función pública sería: “-¿Jura por Dios, o por sus convicciones personales y promete a la Patria observar y defender la Constitución, las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de su cargo?’ ‘-Sí, juro.’ ‘-Si así lo hiciere, que la Patria se lo reconozca; y si no, que ella se lo demande’.” (^{Asamblea Legislativa de Costa Rica, 2012}, 4).

Este nuevo proyecto de reforma constitucional, también, se justificaba sobre el principio de neutralidad religiosa y sobre el respeto a la libertad de conciencia y de culto, e incluía, a diferencia de la reforma de 2009, nuevamente la palabra “Dios” en la propuesta para el artículo 194, dado que su eliminación en la primera versión había provocado su condena inmediata por parte de la alianza católico-evangélica, cuyo púlpito fue erigido en los medios de comunicación.

Además, el uso transnacional del término marxista “ideología de género”, para oponerse a la educación para la sexualidad, se materializa en el sistema educativo costarricense entre 2016 y 2018. No obstante, la Conferencia Episcopal se contraponía desde 1991 a este tipo de formación, cuando el Estado retiró de las aulas las primeras guías sobre educación sexual preparadas por el Ministerio de Educación, puesto que la Iglesia católica alegaba que este material no explicaba el funcionamiento de los métodos de anticoncepción natural (^{Faerron Ángel, 2002}). La atmósfera ulterior se nutre ideológicamente de ese antecedente, al erosionar la confianza en el Estado para educar a la niñez y favorecer la legitimidad de las iglesias para esa labor, caracterizando la “ideología de género” como una imposición estatal cuyos presuntos objetivos, con base en una teoría de la conspiración orquestada desde Naciones Unidas, serían revertir el denominado “orden natural” -en cuanto a los roles de sexo/género atribuidos socioculturalmente-, y elegir “el sexo” a partir de la educación escolar, -obviando cualquier diferenciación entre identidad de género, expresión de género y orientación sexual, al concentrarse en el sexo asignado al nacer-.

Estos elementos son visibles en la acción de inconstitucionalidad presentada en octubre de 2017 contra la “ideología de género” presente en el decreto N.° 38.999, Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población sexualmente diversa (Presidencia de la República de Costa Rica, 2015), un recurso de amparo firmado por los diputados: Nidia Jiménez (Partido Acción Ciudadana), Gonzalo Ramírez, Abelino Esquivel (Partido Renovación Costarricense), Rosibel Ramos, Luis Vásquez, Rafael Ortiz, Jorge Rodríguez, Gerardo Vargas (Partido Unidad Social Cristiana), Aracelli Segura, Olivier Jiménez, Marta Arauz (Partido Liberación Nacional), Mario Redondo (Partido Alianza Demócrata Cristiana), Óscar López (Partido Accesibilidad Sin Exclusión), Natalia Díaz, José Alberto Alfaro, Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Carlos Hernández (independiente) que, sin embargo, fue rechazado por la Sala Constitucional mediante la resolución N. ° 17793-2017 (^{Arrieta Pérez, 2017}).

Este eje incluye la instrumentalización de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (^{CIDH, 2017}), la cual robustece la alianza católico-evangélica, con más de un decenio de oposición legislativa a las uniones entre personas del mismo sexo. Este criterio jurídico se centra en el denominado matrimonio igualitario y se convierte en un detonante del subsiguiente crecimiento en la intención de voto presidencial para el partido Restauración Nacional, el cual se transforma en el abanderado contra el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y el Estado laico (^{Murillo, 2018}). Este partido encauza los temores morales y la resistencia al cambio de una parte de la población en la figura de un predicador cristiano, Fabricio Alvarado, ungido mediante revelaciones proféticas como el futuro presidente costarricense. Alvarado promueve así el retorno a un antiguo orden moral, secundado por la figura mesiánica e internacional del profeta Ronny Chávez.

Con respecto al eje de comunicación política, es posible rastrear la explotación periodística de la fractura entre el imaginario sobre la identidad nacional; es decir, la comunidad costarricense imaginada y las transformaciones sociales en curso desde 1999 hasta la fecha, analizando los formatos y los contenidos correspondientes a categorías dicotómicas y excluyentes como trabajadores/vagabundos, creyentes/ateos, heterosexual/homosexual, mediante las cuales los medios de comunicación masiva han informado sobre hechos sociales que ejemplifican la fractura en los ejes de desintegración social y de politización de lo religioso, tales como la Huelga del Magisterio Nacional, el movimiento de protesta contra la privatización del ICE, la organización de la sociedad civil contra el Tratado de Libre Comercio, la fecundación in vitro, la laicización jurídica del Estado, el matrimonio igualitario, entre algunos de los citados anteriormente.

En este eje, también, se halla la proyección mediática de la búsqueda de polarización entre candidatos presidenciales al oponer el discurso religioso de investidura secular a los derechos sexuales y reproductivos, específicamente a través del binomio cultura de la vida versus cultura de la muerte (^{Fuentes Belgrave, 2012}), que inicia en 2009, y se relaciona directamente con la consolidación de la alianza católico-evangélica y su rentabilidad electoral, alcanzando su cúspide en la elección de 2018. Este eje integra, a su vez, la digitalización y la fragmentación de mensajes en la campaña electoral de 2017-2018 hacia audiencias cada vez más específicas, mediante el uso de redes sociales o diversas aplicaciones digitales, lo cual aísla los grupos sociales con distinto tipo de identificaciones al profundizar la desarticulación de las identidades políticas en un escenario complejo, donde se desencaja la identidad de la comunidad imaginada y se promueve la emocionalidad en la decisión electoral.

Frente al revés electoral obtenido por el excandidato del partido Restauración Nacional Fabricio Alvarado, el 1° de abril de 2018 en las elecciones presidenciales costarricenses, en las cuales perdió frente al candidato oficialista del partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, con un resultado de 39,41 % ante 60,59 %, con un total de 2 183 296 de votos válidos y 24 260 de nulos y blancos (^{Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, 2018}), es necesario señalar que en las urnas se eligieron catorce diputados del partido Restauración Nacional y, ante sus eventuales acciones y discursos, habría que indicar que la maquinaria narrativa neopentecostal, como la ha estudiado ^{Corten (1999}), se distingue por proponer de forma simplista, ejes semánticos opuestos que operan en el cuadro de la teología de la prosperidad, confrontando el problema a su solución, la miseria a la riqueza, la destrucción a la restauración del antiguo orden y, desde luego, el demonio a Cristo.

Esta categorización binaria fue encontrada tanto en el eje de comunicación política como en el discurso de las iglesias de la Nueva Reforma Apostólica, originadas en el neopentecostalismo paracristiano, a las cuales pertenecen el profeta Ronny Chávez y el excandidato presidencial de Restauración Nacional Fabricio Alvarado. Estas iglesias se caracterizan por el uso de un lenguaje bíblico medieval, por la utilización exclusiva del Viejo Testamento sin fundamento doctrinario y por la puesta en escena de una guerra espiritual en nombre de un Dios vengativo y castigador, sujeto de temor para sus seguidores, con el cual solamente algunos privilegiados, como apóstoles o profetas, alcanzan a comunicarse e informar de sus propósitos, religiosos o bien, políticos.

Conclusiones provisorias

La fractura entre imaginario y transformaciones sociales cubre amplios sectores de la población costarricense. Estos últimos se encuentran muy distantes de los imaginarios propuestos tanto por las élites empresariales como intelectuales, en su devenir epistemológico y práctico en el que como grupos dominantes construyen su propia comunidad imaginada como nación.

Los sectores subalternos han perdido su marco de referencias más íntimo y se encuentran en una crisis de sentido explícita, signada por la desestructuración familiar, la exclusión cultural, el desempleo, el trabajo informal y el envejecimiento de las instituciones sociales, entre otros factores pertenecientes al eje de desintegración social, que explican la experiencia compartida de angustia, incertidumbre y vacío que conduce a la búsqueda de sentido y refugio en instituciones cuyo capital religioso o simbólico, se transmuta en capital político al canalizar, desde hace décadas, las demandas comunitarias e individuales de quienes no han sido consideradas personas y han emergido como sujetos políticos a través de un movimiento religioso abiertamente politizado.

La gradual tensión entre valores religiosos de índole moral y valores democráticos en las elecciones de 2018 en Costa Rica, se expresó en un clivaje identitario, en la medida en que los resultados electorales estuvieron marcados por la escisión entre el Valle Central y las zonas costeras y rurales, así como por la distinción entre votantes de confesión cristiano-evangélica y católica, quizás los elementos más visibles del témpano de incertidumbre moral, escondido bajo las aguas electorales.

Esto es comprobable en los resultados de la encuesta¹ realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (^{CIEP-ECP-UCR, 25 de abril de 2018}), donde el perfil de los votantes de Acción Ciudadana se caracterizó por constituir un grupo mayoritario de residentes del Valle Central y personas católicas que aceptaron que las ofensas contra la Virgen de los Ángeles realizadas por Ronny Chávez, influyeron en su decisión de voto. Además, el grupo de votantes de Restauración Nacional estuvo conformado por residentes de fuera del Valle Central y personas no católicas, quienes consideraron que las ofensas a la Virgen de los Ángeles no tuvieron influencia en su sufragio.

Dichas ofensas a la Virgen de los Ángeles, declarada patrona de Costa Rica, estuvieron constituidas por un video que circuló en las redes sociales, de forma previa, a la segunda ronda electoral, donde el profeta Ronny Chávez narra su incursión a la Basílica de los Ángeles y le declara la guerra a la susodicha figura, llamándola su enemigo y el diablo (^{Chávez, 2018}).

Para precisar el perfil religioso de los costarricenses, es posible acudir a otra encuesta² del mismo centro de investigación (^{CIEP-ECP-UCR, 6 de marzo de 2018}), donde se muestra que un 52 % de mujeres se declaran católicas, un 26 % evangélicas y pentecostales, un 14% no profesa ninguna religión, un 3 % se identifica como protestante y un 3% se identifica con otras religiones, mientras que entre los hombres costarricenses un 52% se declara católico, un 19 % evangélico y pentecostal, un 19 % no profesa ninguna religión, un 3 % protestante y un 2 % se identifica con otras.

Ante el declive del catolicismo, la recomposición de lo religioso afecta el campo político, cuyos límites desdibujados favorecen el vínculo entre la desigualdad social y el mensaje paracristiano inserto en una reestructuración de la cultura política, dirigida a tutelar los valores nacionales, cuya caricaturización electoral reposó en el enfrentamiento entre el profeta Ronny Chávez y la Virgen de los Ángeles. Esta última figura fue reivindicada por el presidente electo, Carlos Alvarado, y su esposa, Claudia Dobles, en su visita al respectivo santuario, al día siguiente del triunfo electoral del Partido Acción Ciudadana. Una visita en la que el presidente electo legitimó los valores católicos sobre los evangélicos y eliminó cualquier atisbo de laicidad en su recién inaugurado gobierno. Las figuras evocadas representan por una parte al movimiento transnacional paracristiano de la Nueva Reforma Apostólica y, por otra, a la comunidad imaginada costarricense, de cuño católico, considerada ganadora tanto en la refriega de la segunda ronda electoral como en la contienda simbólica.

En este último caso, la pugna simbólica se dirimió igualmente en el terreno del cambio generacional en la clase político-partidaria y en la base electoral, cuyo voto mayoritario fue ejercido contra expresiones evangélicas proféticas, representadas por Ronny Chávez como mentor del excandidato Fabricio Alvarado, último hecho reconocido por el mismo político, lo cual contribuyó también a la visibilización de la diversidad dentro del mundo cristiano. De tal forma, la mayoría de los votantes apostó por la mesurada tradicionalidad costarricense, alérgica a cualquier extremismo, como ya lo ha estudiado Molina (2007), identificando a su alteridad en el fundamentalismo profético que aparentemente habría conducido a una ruptura cultural y de clase³ (^{Bourdieu, 1984}, ²⁰⁰¹), con la élite gobernante deseable para la comunidad imaginada.

La aceptación del vaciamiento del concepto de derechos humanos, a cambio de una esperanza de seguridad futura mediada por lo divino, puede caracterizar a parte de la población que ejerció el sufragio a favor del partido Restauración Nacional, pues, según el CIEP-ECP-UCR (25 de abril de 2018), el electorado católico se movilizó masivamente hacia el partido Acción Ciudadana en la segunda ronda electoral, con un 60 % de inclinación hacia el candidato oficialista, así como las personas de medianos ingresos (60 %) y de mayores ingresos (70 %), lo cual muestra que las personas no católicas y de menores ingresos, aparentemente votaron en mayor medida por el partido Restauración Nacional, así como las que residen en algunos cantones caracterizados por albergar distritos cuyas posiciones en el Índice de Desarrollo Social (^{MIDEPLAN, 2013}), oscilan entre valores medios y bajos, tales como Talamanca, Guácimo y Matina (provincia de Limón), Central de Puntarenas, Buenos Aires, Osa, Quepos, Golfito, Parrita y Corredores (provincia de Puntarenas), La Cruz (provincia de Guanacaste), Sarapiquí (provincia de Heredia), San Carlos, Upala, Los Chiles y Guatuso (provincia de Alajuela), según los votos contabilizados por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (2018) en los sitios mencionados.

Sin embargo, el problema de fondo consiste en que, en la campaña previa a la segunda ronda electoral, ambos partidos evacuaron todo sentido vinculado a los derechos sexuales y reproductivos de la noción de derechos humanos, al tiempo que la laicización del Estado fue paulatinamente desvinculada del discurso político partidario, como se percibe al entrecruzar los componentes de los ejes de politización de lo religioso y de comunicación política presentes en la cuadro 1.

El difuminado de estos elementos en las primeras acciones gubernamentales del presidente electo, al relegitimar a la Virgen de los Ángeles y al evadir toda reglamentación del aborto terapéutico (^{Madrigal, 2018}), persigue la recuperación del discurso consensual costarricense, y lesiona particularmente las garantías constitucionales de poblaciones vulnerabilizadas, como mujeres, niñez y población sexualmente diversa, al no reconocerles una ciudadanía plena que involucre la justicia y la igualdad, encarnadas en su autonomía, intimidad y posibilidad de elección sobre sus cuerpos (^{Cáceres, Frasca, Pecheny y Terto 2004}). Igualmente, la evasión gubernamental del compromiso de proteger las libertades de conciencia, pensamiento y religión que debería asegurar un Estado democrático de Derecho (^{Asamblea General de la ONU, 1948}), supone que los temores morales de las élites políticas y económicas no se diferencian tanto de la alarma cristocéntrica de quienes continúan armándose políticamente para la guerra espiritual.