Características de la población y el empleo rural

De acuerdo con la ENAHO 2017, se estima que en la zona rural habitan un total de 1.354.630 personas, correspondiente a 418.935 hogares. Como se muestra en la tabla 1, la región Central concentra 31% de los hogares y personas de los territorios rurales; el restante 69% se distribuye en su orden en las regiones Huetar Norte, Brunca, Huetar Caribe, Chorotega y Pacífico Central.

En cuanto a la composición de estos hogares según su tamaño, el porcentaje de hogares unipersonales es cercano a 13% y llega incluso a registrar porcentajes superiores en las regiones Chorotega, Brunca y Huetar Caribe. En promedio, los hogares rurales tienen de uno a tres miembros, similar al que se registra a nivel nacional. El porcentaje de hogares con más de tres miembros es cerca de 40%, que resulta idéntico en todas las regiones. Por su parte, el porcentaje de hogares con jefatura femenina es de 30% y es superior en regiones como la Chorotega, Brunca y Huertar Caribe.

Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo solo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria. El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo: en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones es alrededor de 6 años.

Esta situación induce a la población rural a tomar trabajados no calificados o semicalificados con un rango salarial entre 9.822,07 colones y 10.680,80 colones por jornada ordinaria, según la escala de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) del 2017. Además, se limita el acceso a los mercados laborales, principalmente si consideramos que las actividades económicas que secundan las del sector primario son los servicios y, con ello, el dominio de un segundo y tercer idioma.

En cuanto al porcentaje de personas ocupadas de la zona rural, en todas las regiones se registran cifras muy similares: un poco más de 50% de la población rural se mantiene en alguna ocupación. La tasa de desempleo en todas las regiones rurales es relativamente baja, con cifras inferiores a 5%. A nivel nacional, la ENAHO 2017 registra una tasa de desempleo de 7,5¹. Es importante enfatizar que hasta el 2013 el desempleo era mayor en la zona rural que en la urbana. Sin embargo, a partir de ese año los patrones de comportamiento cambiaron, en el sentido de que el desempleo rural continuó bajando pero el urbano creció (Loría y Martinez, 2016, 9). A propòsito de la población fuera de la fuerza de trabajo, es decir, los menores de 15 años, adultos mayores o personas con discapacidad, representa 45,6% de la población rural total.

A pesar de que la tasa de desempleo en las zonas rurales es baja, como se mencionó anteriormente, los bajos niveles de escolaridad que muestra la población rural influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo por el que pueden optar. En este contexto, el sector informal provee un conjunto de unidades de producción de bienes o prestación de servicios, que funcionan en pequeña escala, con una organización rudimentaria, y escasa división entre trabajo y capital; adicionalmente, las relaciones de empleo (cuando existen) no están amparadas por contratos formales que supongan garantías y derechos.

Durante la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 1993, se definió el sector informal de trabajo haciendo referencia principalmente a las características de la empresa o negocio como unidad económica de estudio. En concordancia con el marco del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidades (^{SCN, 1993}), dichos establecimientos forman parte de las empresas comerciales de los hogares no constituidas en sociedad. En este sentido, el sector informal debe de verse como un conjunto de unidades de producción de bienes o prestación de servicios, que funcionan en pequeña escala, con una organización rudimentaria, escasa división entre trabajo y capital; además, las relaciones de empleo (cuando existen) no están amparadas por contratos formales que supongan garantías y derechos (^{Delgado, 2013}, 37).

En efecto, de acuerdo con los datos, cerca de 40% de la población rural con trabajo se dedica a ocupaciones consideradas como elementales (no calificadas), ya sea como asalariados de empresas privadas e instituciones públicas, o en un negocio, una empresa o actividad propia.

En términos generales, se tratan de ocupaciones relacionadas con labores agrícolas, trabajo doméstico, construcción y ventas al por mayor y menor en algún establecimiento comercial. En regiones con una alta vocación agrícola como la Brunca, la Huetar Caribe y la Huetar Caribe, resulta lógico que un bajo porcentaje de la población rural se encuentre vinculada al sector de servicios.

De esta manera, existe una conformación diversa de grupos familiares que requieren un ingreso estable para subsistir sin la formación necesaria para desempeñar tareas calificadas. Se trata únicamente ocupaciones elementales o no calificadas, las cuales implican según la Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica (^{INEC, 2014}), la realización de tareas sencillas y rutinarias que pueden requerir la utilización de herramientas manuales y un esfuerzo físico considerable, como por ejemplo limpiar, tareas básicas de mantenimiento, de preparación de alimentos, tareas simples en la agricultura, la construcción y fabricación de productos, e incluso la clasificación de productos, embalar y desembalar productos a mano y llenar estanterías o proporcionar diversos servicios en la calle, etc.

Si se examinan los salarios monetarios brutos que perciben estos trabajadores en todas las regiones, los más altos se registran la construcción y el comercio. Les siguen los trabajadores de la agricultura: se notan algunas diferencias entre regiones, en particular la región Huetar Caribe y la Pacífico Central con las restantes. Por su parte, los salarios más bajos son registrados por los trabajadores que realizan labores domésticas o de mantenimiento en los hogares.

Estas diferencias que se establecen entre los salarios de los trabajadores se explica en razón de la cantidad de horas trabajadas por semana. Es decir, los trabajadores de la construcción y la agricultura tienen los salarios promedios más altos, pero también son los que más horas trabajan. En el caso de los trabajadores domésticos y de mantenimiento de hogares, cuentan con el salario promedio más bajo y la menor cantidad de horas trabajadas, lo cual indica que este grupo de trabajadores, en su mayoría, se contrata por horas o por jornadas de medio tiempo.

En cuanto a los aportes a la seguridad social, un poco más de la cuarta parte cotiza. No obstante, en su condición de asalariados, este porcentaje de trabajadores que cotizan debería ser muy superior. Esto no implica que se encuentran del todo descubiertos por el seguro social (atención médica) porque lo pueden tener por otros medios distintos a su condición de asalariado, ya sea por el Estado, gracias a un familiar de asegurado directo, por pago voluntario, como trabajador independiente o por convenio, como sucede con los trabajadores agrícolas que son parte de organizaciones como la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) o la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPA Nacional).

Incluso con estas consideraciones, un poco más de la cuarta parte no tienen seguro social en absoluto. La cifra más alta y quizás preocupante se halla en la región Huetar Caribe con 33,2% de los trabajadores calificados sin seguro social. La situación es distinta en la región Huetar Caribe, donde 54,4% de los trabajadores asalariados tienen seguro social; esto se debe, principalmente, a la presencia de las grandes empresas transnacionales bananeras que tratan de cumplir sus obligaciones con la seguridad social.

La principal preocupación con respecto a que los trabajadores no coticen a la seguridad social como asalariados, es que en el futuro no tendrán acceso a las pensiones del régimen contributivo, lo cual agravaría su condición de pobreza y comprometería al Estado a proporcionar una pensión bajo el régimen no contributivo. Tal situación también implica que muchos empleadores no le están haciendo frente a sus obligaciones de seguridad social.

Si se examina la condición de migrante de la población rural, sobre todo la migración interna, se observa que una cuarta parte de las personas ha tenido que migrar de su región de nacimiento en búsqueda de oportunidades laborales o mejor acceso a los servicios.

En este contexto, se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento práctico real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales: las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de la región. Las personas que deseen abrir sus expectativas educativas y laborales mediante la dinámica de la movilidad interna tienen que considerar la posibilidad de no retorno o un retorno condicionado por las expectativas laborales reales y las de desarrollo de capacidades.

Todo lo anterior viene a redefinir la posición de la población rural en términos de generación de ingresos. En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.

En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza extrema o no extrema; muy superior al porcentaje nacional, que se ubica alrededor de 20%. La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%. En la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero en todo caso, superior a la cifra nacional de 20%.

Es evidente que la población instalada en los territorios rurales podrá mejorar sus condiciones por medio de cambios en la inversión, la estructura del empleo local y el funcionamiento del sistema institucional para el acondicionamiento y la implementación de políticas públicas y estrategias de atracción y generación de nuevos mercados laborales. Para ello, es necesario apuntalar, con claridad operativa y contextualizada, las estrategias de desarrollo diferenciado de la política económica nacional; y, por consiguiente, la elaboración de directrices estratégicas que relacionen la promoción de empleo con el contexto, lo mismo que vincular las condiciones y necesidades locales con el rumbo de la economía.

Rumbo económico, empleo y desarrollo rural

Entre las alternativas que se plantean para revertir la situación de pobreza y desigualdad, se encuentran aquellas dirigidas al fortalecimiento de la producción y a la diversificación del trabajo, así como las políticas de fomento de la investigación, la extensión y la innovación tecnológica para mejorar los salarios, el acceso a la salud y la educación y la disponibilidad y el acceso a alimentos.

El ideal de “progreso”, producto de la revolución industrial y, posteriormente, de la revolución tecnológica, tendió a mimetizar las contradicciones globales del sistema capitalista, reivindicando el método clásico de crecimiento lineal, por etapas, cuantificable y predecible. En este sentido, la consolidación del capital empresarial-privado y los ajustes estructurales que promovieron la modernización y nueva industria, redujeron sustancialmente las posibilidades de un desarrollo a “escala humana”. Por el contrario, afianzaron un modelo dual funcionalista en que el beneficio mutuo y la dependencia del centro con respecto a su periferia atascaron el intento de lograr un desarrollo endógeno que fuera contrario a la idea sistema del mundo.

De esta forma, los debates ideológicos se avivaban cuando los defensores del llamado “desarrollo hacia afuera” y la perspectiva de la acumulación de capital y de la dominación política certificaban verdaderas prolongaciones de los territorios extranjeros, mientras que, por otro lado, los aportes de la teoría marxista de la dependencia analizaban el desplazamiento del sistema oligárquico-terrateniente a uno centrado en las necesidades y variables regionales; esto implica innovación permanente focalizada en la calidad del producto (^{Rivera, 2015},19).

Así, las relaciones entre los actores sociales con los medios de producción que acentuaban el trabajo de oficio y cuyo patrono tenía el control absoluto del trabajo, han cambiado paulatinamente. Además, la desterritorialización del trabajo como “la venta a domicilio, que subvierten los conceptos de jornada de trabajo y de espacio productivo” (^{De la Garza, 2001}) luchan por la apertura de nuevas fuentes de empleo y no por la reinstalación de puesto de trabajo de oficio.

En el caso particular de Costa Rica, las reformas estructurales aplicadas a partir de la década de los ochenta orientadas a la liberación económica, la desregulación y la privatización de los sectores productivos y algunos servicios para favorecer los intercambios comerciales y la atracción de inversión extranjera directa, transformaron la estructura de empleo y las actividades económicas en el medio local y rural, donde no se logra fortalecer el empleo de calidad y los mercados de trabajo en los territorios periféricos. En consecuencia se consolidan la concentración de las actividades económicas en el Gran Área Metropolitana (GAM) y el aumento de los costes de la producción; y, con ello, la localización de empresas en las regiones centrales, el desarrollo de la infraestructura económica y los servicios, la calidad de la educación y la dotación de recursos humanos calificados, etc.

Precisamente, el fundamento que determina -en gran medida- las desigualdades en los niveles de desarrollo de las poblaciones urbanas con respecto a las poblaciones rurales se basa en el análisis histórico de la producción agropecuaria y la generación de materias primas producto de los modelos de desarrollo ejecutados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso, ha existido la acumulación de un capital latifundista que acaparó las cúpulas políticas y las grandes obras de infraestructura, altiempo que ha segmentado los territorios.

Este proceso impulsó una legislación que permitió, por un lado, el desarrollo empresarial junto con la inversión del Estado para construir las bases tecnológicas y burocráticas con las que contamos actualmente; y, por otro, la creación de garantías sociales para salvaguardar la salud, la educación y el trabajo en condiciones adecuadas. Sin embargo, el reacomodo de los compromisos adquiridos en esa primera fase de desarrollo agropecuario latifundista por parte de la clase política, trajo consigo el asentamiento de niveles de especialización del trabajo relacionados con la producción de las materias, su industrialización y comercialización, en una especie de fordismo que consolidó las diferencias estructurales de principios del siglo XX en desigualdades sociales que involucraban un ascetismo laboral y, por ende, una baja en el ingreso familiar rural.

Desde la configuración y promoción del Código de Trabajo de 1943, producto de la coyuntura política asociada a la promulgación de las garantías sociales y el desarrollo de un Estado de bienestar caracterizado por la regulación estatal en el ámbito económico y la unión -a la fuerza- de la industria con la producción agropecuaria, se permitió aumentar la productividad. Pero hubo un estancamiento de las condiciones laborales y se inició de una brecha de ingresos y dependencia económica.

En este sentido, la inserción a los mercados internacionales de un país cuya base productiva es la manufactura y los servicios, tuvo un fuerte impulso en los noventa con los Programas de Ajuste Estructural (PAE) con políticas tendientes a lograr el equilibrio fiscal con nuevas tarifas arancelarias. De esta forma, se programaron tres fases (^{Arias y Muñoz, 2007}, 9): la estabilización que prepara la economía para el cambio de sus principales parámetros macroeconómicos; el ajuste estructural que incluye modificaciones en los precios relativos, la orientación de la estrategia de desarrollo hacia la apertura, la liberalización comercial, la eficiencia y la productividad y la transformación estructural que refiere a cambios mayores y de carácter estratégico como los relacionados con el cambio tecnológico, la calificación y calidad de la mano de obra, el desarrollo sostenido, la equidad y la competitividad de largo plazo. Estos cambios, en esencia, no modificaron la estructura productiva costarricense basada en la exportación de materias primas e importación de bienes manufacturados; de ahí que los salarios aumentan, pero en desequilibrio con la inflación y el costo de la vida.

Al menos en el 2017, el Consejo Nacional de Salarios aumento en 2,43% el salario mínimo para el sector privado, que conjunta 80% de la fuerza laboral del país. Empero, las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estiman una inflación de 4% para el 2018. Asimismo, el Pacto Mundial para el Empleo (2009) y la Declaración de Lima (2014) acordaron paquetes de estímulo macroeconómico, la formalización de la economía, el impulso al empleo juvenil y al empleo verde²; todos son aún retos que se tienden a desvanecer en medio de la crisis fiscal³. En este sentido, el factor determinante del desarrollo de un país con un modo de producción sustentable es la correlación entre la búsqueda de un nuevo potencial redistributivo del trabajo en clave territorial -o espacio local jurídicamente diferenciado⁴- y los grados de interrelación entre la producción, la oferta y la demanda de los mercados y el Estado.

El reposicionamiento de los territorios rurales

Es innegable que la creciente interdependencia económica y alta competitividad tiene como juicio de hecho dos vertientes ineludibles que determinan en gran medida el campo de acción del trabajo por el cual se van a distribuir los nuevos puestos de trabajo. La primera vertiente es el grado de inserción en los mercados nacional e internacional y el uso de las tecnologías para la especialización del trabajo, como instrumento básico para impulsar y aumentar las transformaciones productivas. La otra vertiente es la acción intergubernamental para comprender los flujos transfronterizos y de movilidad social, que implica la creación de imaginarios sociales sobre la persona que se traslada y cambia su asentamiento en razón de diversas condiciones estructurales que determinan la decisión, personal y familiar, de adoptar un nuevo rumbo en su situación de vida.

Estas dos vertientes insertas en el factor determinante del desarrollo laboral en territorios rurales se pueden esquematizar de la siguiente forma:

Fuente: Elaboración propia, 2017

Figura 1 

Al menos en su acepción básica, la territorialidad como parte de los ejes de funcionamiento del Estado-nación se asienta sobre la base de una cartografía simbólica, la cual a su vez legitima el espacio de tierra demarcado con discursos, paisajes, iconografías y costumbres en esquemas jurídicos que promueven una identidad nacional, al mismo tiempo que tensiona la eficacia y relevancia normativa que el paradigma de la globalización -de la libertad de frontera- prolifera.

Así, el territorio es considerado como un espacio físico orgánico, rizomático y flexible, donde convergen formas del trabajo específicas, producto de las particularidades -ambientales, culturales, políticas y jurídicas- cuyo asidero histórico determina, desde la lógica instrumental capitalista, el valor o potencialidad para el desarrollo. Este sesgo es el principal problema estructural que permea el mundo del trabajo, particularmente el desempleo juvenil, en los territorios rurales y, por consiguiente, todas sus relaciones.

El nuevo potencial redistributivo de las formas especializadas de trabajo emergentes, generadoras de ingreso, así como las no necesariamente remuneradas -exclusivas de cierto tipo de trabajo- en el corolario de un plan de desarrollo o política social, debe interpelar a la cohesión social y la generación de capacidades comunitarias. Con este ligamen se forma, por la codependencia de los actores en la toma de decisiones, una coordinación que escalonadamente genera distintos nichos de actividades productivas y, de ese modo, una especialización de actividades laborales útiles para el desarrollo general del territorio.

Esta dinámica es la interacción entre la dispersión geográfica y nuevos tipos de economías de aglomeración. La especificación de un marco analítico común para estas dos muy diversas formas espaciales deberían permitirnos, en primer lugar, desarrollar una aproximación más aguda sobre las políticas; y, en segundo lugar, establecer el poder de negociación actual de los actores urbano/regionales, así como nuevos tipos de actores inter-gubernamentales (^{Sassen, 2007} (a), 10).

Para que este nuevo potencial redistributivo se constituya, es fundamental comprender que la población económicamente activa está compuesta por procesos de movilidad social o migración laboral que son producto de un continuum colonial que traza la salida y llegada de migrantes, quienes deciden encontrar mejores condiciones y formar espacios transnacionales cuyo génesis -sin que ello determine una causalidad absoluta- se encuentra en “los lazos entre las antiguas colonias y los países colonizadores” (^{Sassen, 2007} (b), 169).

Tal impulso, abonado a la apertura o diversidad de puestos de trabajo, establece una vía de fuentes de ingresos familiares. Pero, a su vez, también se constituye en una actividad de no retorno del territorio rural. Esta ubicación da pista para valorar el trabajo en términos morales e identitarios. Es decir, con una decisión que interpela otros factores emocionales y afectivos, de paz, estabilidad; y no solo criterios económicos de cantidad de salario, así como la codependencia de la persona trabajadora (sujeto), la organización del trabajo (empresa, cooperativa, gubernamental) y el modelo o esquema de desarrollo (política). Todo lo anterior estaría en función de erradicar la pobreza y establecer mejores condiciones de vida para la población.

De esta manera, la concepción ampliada del trabajo permite comprender la complejidad de los procesos de cambio que se desarrollan desde el proceso productivo, la reorganización social del trabajo, sus colectivos y tendencias, la incidencia la globalización en las formas capitalistas de producción, y la dependencia y creación de nuevos los puestos de trabajo y competencias a partir del desarrollo de las tecnologías. De ese modo, se permite resignificar el mundo del trabajo como instancia conformadora de subjetividades e identidades, cuyas transformaciones productivas, historicidad de los colectivos y tendencias de los modelos de desarrollo se involucran y reaccionan en un juego integrador en la personalidad del trabajador y en los “los efectos de la condición de la vida” (^{Offe, 1985}). Es ineluctablemente necesario comprender lo anterior en referencia a los territorios rurales, ya que su acción ciudadana o promoción de estrategias de desarrollo están vinculadas con un arraigo territorial que forma, en perspectiva, su personalidad, sus intereses y sus decisiones políticas.