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Introducción
La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica ha tenido varios impactos en Centroamérica. Inmediatamente despertó la preocupación de los gobiernos de la región ante las amenazas de deportaciones masivas desde ese país, así como la cancelación de programas de regularización migratoria, como efectivamente se ha observado a finales del año 2017. También hizo encender las alarmas acerca de lo que podría representar para economías remeso-dependientes una disminución en la llegada de estas divisas. Acerca de esto último, los datos disponibles en países como Guatemala, El Salvador, Honduras e incluso México, muestran que la llegada de remesas familiares ha tenido un crecimiento superior al diez por ciento durante los primeros diez meses del año con respecto al año 2016. El temor ante posibles deportaciones parece estar motivando a muchas personas a enviar a sus países de origen los ahorros acumulados.
La amenaza de Trump obligó por otra parte a hacer un frente común en materia migratoria a los países centroamericanos y México, país que frecuentemente es señalado de violar, sistemáticamente, los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por ese país. Para las personas migrantes, la llegada de Donald Trump a la presidencia ha sido una mala noticia en distintos planos. El anuncio del endurecimiento de los controles migratorios y la construcción de un muro fronterizo con México incrementó el costo del pago a los traficantes de personas hacia Estados Unidos de Norteamérica, al tiempo que está empujando las rutas migratorias hacia puntos que aumentan el riesgo durante la travesía. Tan duro como lo anterior ha sido la propagación al más alto nivel de un discurso xenofóbico hacia las personas migrantes, a quienes se acusa de quitar los empleos de los estadunidenses y de aprovecharse “de los beneficios que brinda ese país”.
En un país como Costa Rica, la llegada de una figura como Trump con un discurso altisonante y de rechazo a la inmigración ha sido una especie de música para los oídos de algunos sectores que han visto en la inmigración -especialmente la de personas nicaragüenses- una amenaza. Como se verá más adelante, durante el primer semestre del año 2017, un sector de la clase política costarricense llevó a cabo torpes réplicas, que arropándose en un discurso nacionalista, esconden un retorcido y claro sentimiento xenófobo. En España, Cortina (2017) ha señalado cómo esa aversión hacia las personas extranjeras se traduce en la idea que el recién llegado, que, además de ser pobre:
(…) engrosará los costes de la sanidad pública, quitará trabajo a los autóctonos, es un potencial terrorista, traerá valores muy sospechosos y removerá sin duda, el estar bien de nuestras sociedades, en las que indudablemente hay pobreza y desigualdad, pero incomparablemente menor que la que sufren quienes huyen de las guerras y la miseria (2017, 14).
Ante los inmigrantes y, en particular frente a los pobres, explica Cortina (2017) que se construyen discursos de odio y se acepta un trato con hostilidad.
No sería ocioso discutir si en Costa Rica hay evidencias de discursos de odio y trato hostil hacia las personas migrantes y refugiadas que han llegado al país. Este país y otros que reciben población migrante y refugiada frecuentemente elaboran relatos que ha apelan al otro como criterio de distinción para la construcción de un nosotros. En Costa Rica, Sandoval (2002) o Jiménez (2009) han mostrado cómo la elaboración de un discurso que apela a la excepcionalidad costarricense utiliza como recurso establecer distinciones y diferencias “con los otros”, como estrategia que permita destacar la propia identidad nacional. Esta diferenciación respecto de “los otros” va acompañada del reforzamiento de un sentido de superioridad. ¿Tendría que construirse la noción de identidad a partir de la distinción de lo propio respecto a los otros? Esta ruta quizás solo lleve a reforzar una especie de sentido de superioridad sobre los otros y ello no lleva a ningún lado. En contextos de interdependencias globales, tendríamos que reconocer la mutua necesidad que tenemos quienes llegamos y quienes reciben. Hay un enriquecimiento que se expresa de múltiples formas.
La globalización permite observar hoy las más absurdas contradicciones: una de ellas es permitir el desplazamiento inmediato del capital financiero de un país/continente a otro, mientras que se restringe y criminaliza el desplazamiento y la migración de las personas.
Costa Rica es un país que, durante varias décadas, ha sido conocido como receptor de personas migrantes y refugiadas. Los desplazamientos migratorios que buscan el norte del continente americano y la ubicación geográfica de este país, además, lo hacen territorio de tránsito. Es también un país expulsor de población migrante como ha sido investigado (Gatica 2017; Garro 2016; Caamaño 2012).
El presente artículo responde a dos preguntas básicas que suelen surgir en contextos en donde la llegada de personas migrantes y refugiadas es relevante: ¿es realmente una carga para el Estado esta población? y ¿cuál es el aporte que realizan a la generación de riqueza del país?
Responder a las preguntas anteriores lleva a establecer un balance entre los costos que tiene para el Estado la provisión de bienes y servicios básicos (en especial salud y educación), a partir de la demanda que hacen las personas extranjeras. El balance se complementa con la estimación de la contribución que llevan a cabo estas personas a la creación de riqueza en el país, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, se avanza en calcular un dato -no encontrado en otros estudios- acerca del aporte de las personas migrantes a los ingresos fiscales del Estado. Para ello, se tomará como base el potencial contributivo a través de un solo impuesto: el Impuesto General de Ventas (IGV).
El artículo parte de establecer algunas precisiones conceptuales. Posteriormente, describe el contexto general migratorio en Costa Rica. Se toma en consideración que existe una buena cantidad de estudios que indagan en las razones por las cuales llegan las personas extranjeras al país, así como en los rasgos de esta población, no se ahonda en estos aspectos. Para la persona lectora interesada, la lectura de trabajos como los de Segura (2016); Banco Central de Costa Rica (2014); Gatica (2014); Voorend, Robles y Venegas (2013), Organización Internacional para las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo y Ministerio de Trabajo (2011); Voorend y Robles 2011), le ofrecerá un panorama detallado de esta población.
En un segundo momento, se presentará evidencia empírica acerca de la demanda de servicios públicos de la población migrante respecto de la educación y salud. Se hicieron consultas a las autoridades del Banco Hipotecario de la Vivienda sobre el otorgamiento de bonos familiares de vivienda a hogares con jefatura de una persona extranjera; sin embargo, no hubo respuesta a las consultas realizadas. Ello impidió incluir esta información en el presente trabajo. La información disponible se complementa con datos que permiten tener una estimación de la contribución que realizan a la creación de valor y riqueza (a través de la producción) en Costa Rica, así como el aporte que llevan a cabo a la recaudación fiscal nacional. Finalmente, se señalarán algunas conclusiones.
Precisiones conceptuales
En este artículo se hace referencia a tres conceptos que permiten comparar las demandas y los aportes que realiza la población migrante y refugiada en Costa Rica. Estos conceptos son los siguientes: riqueza, demanda de servicios públicos de la población extranjera y potencial aporte fiscal pleno de los hogares extranjeros. Adicionalmente, se incluye la noción de transferencia de valor oculto sugerida por Amin (1981). Si bien no es un concepto central en este artículo, interesa recuperar esta categoría conceptual para destacar que aquellos países que reciben a población extranjera (sean personas inmigrantes o refugiadas) y se ven beneficiadas con la llegada de estas en los términos sugeridos por este autor.
Sin pretender agotar una discusión presente en la literatura económica, se asume que la riqueza es equivalente al valor acumulado (pasado y presente) producido por el trabajo y la tecnología que permiten la transformación de recursos; incluye asimismo el valor de los servicios (abarca, por ejemplo, financieros, médicos, de cuido o domésticos) y se expresa en términos monetarios. La centralidad del trabajo en la creación de riqueza o lo que más estrictamente se ha llamado la teoría del valor estuvo presente en el análisis de los economistas clásicos. Este fue un tema de absoluta centralidad en el pensamiento de Marx. Como analiza en el Tomo I de El Capital, el trabajo humano expresado como unidades de medida permite expresar cuantitativamente el valor de cambio de una mercancía que, al acumularse, produce riqueza. Más concretamente, Marx expone que el trabajo humano: “es el padre de la riqueza material y la tierra la madre” (2014, 33).
Keynes, de su parte, señaló que “todo es producido por el trabajo, ayudado por lo que acostumbraba llamarse arte y ahora se llama técnica, por los recursos naturales libres o que cuestan una renta… y por los resultados del trabajo pasado...” (2014, 212-213). En una perspectiva cercana a Keynes, Robinson (1976), en su definición de riqueza económica, destaca la centralidad del trabajo. Para esta economista británica, la riqueza económica es “...una cantidad de valor que ha sido puesto en ella por el trabajo” (1976, 32).
Existen autores como Piketty (2014) que asumen, de manera análoga, los conceptos de riqueza y capital. Este economista, recientemente “de moda”, utiliza indistintamente los conceptos de capital y riqueza, a los que define como “el valor total, estimado a los precios de mercado de todo lo que poseen los residentes y el gobierno de un país dado en un momento determinado, siempre y cuando pueda ser intercambiado en un mercado” (2014, 62). Esto no es ni más ni menos que la suma de activos financieros y no financieros menos los pasivos financieros. Aunque no entramos en esta discusión, la utilización análoga de los conceptos de capital y riqueza da lugar a confusiones que Piketty no explica claramente en su texto.
La riqueza es entonces el valor que se ha producido y se ha acumulado a partir del trabajo pasado y presente con intervención humana. Si bien el valor es expresado en términos monetarios, es el trabajo humano mediante la utilización instrumental de tecnologías y técnicas (que la misma intervención humana ha creado), el que permite contar con niveles crecientes de productividad, lo que da lugar al incremento de la riqueza. La riqueza suele medirse en relación con la producción total de bienes y servicios de un país (PIB), a lo largo de un año, lo que permite estimar su comportamiento (crecimiento o decrecimiento). Por otra parte, se tiene presente el análisis y las críticas respecto de las diferencias entre las tasas de rendimiento del capital financiero y del trabajo humano que dan lugar a enormes desigualdades, señaladas por autores como Atkinson (2016); Galbraith (2016); Piketty (2014) o desde una perspectiva marxista: Arrighi (2014) y Amin (1981). A pesar de la importancia de este debate, no se retoma debido a los límites y fines de este trabajo.
La discusión acerca de los alcances de la noción de riqueza requiere hoy revalorizar el trabajo humano, que no tendría que ser reducido solamente a ser un factor de producción para la acumulación patrimonial. En vista de que no lo consideramos solo un factor de producción, se prescinde de la utilización del concepto de mercado de trabajo y se prefiere la noción de estructura sociolaboral de la que el trabajo humano forma parte y que se orienta en un sentido amplio a la satisfacción de las necesidades humanas, que permitan la reproducción de la vida en equilibrio con el entorno.
Un segundo concepto presente en este artículo es el de demanda de servicios públicos de la población extranjera. Entendemos por ella, el uso de servicios públicos (entre otros y de forma no limitativa la matrícula educativa, servicios de atención médica, hospitalización, consulta externa, bonos o subsidios de vivienda) que son utilizados o adjudicados a personas nacidas en el extranjero, registrados por las estadísticas oficiales de las instituciones públicas respectivas. Se concebiría como un indicador de alta demanda de cada uno de estos servicios por parte de la población extranjera, aquel servicio cuyo registro atribuible a este grupo (expresada en términos relativos), sea mayor al porcentaje que representa dentro del total de la población que habita el país. Un ejemplo podría ilustrar lo antedicho: si la población extranjera que habita Costa Rica representa el 10% de la población total, una demanda de este grupo en los servicios de médicos de atención de urgencias que brindan los hospitales públicos del país que supere el 10% durante varios años, indicaría una alta demanda atribuible a esta población. Contrariamente, una demanda de servicios públicos en términos relativos menor al peso que tiene esta población dentro del conjunto de toda la población del país, indicaría una baja demanda cuando ello se observa durante varios años de manera consecutiva.
Asumimos como potencial aporte fiscal pleno de los hogares extranjeros, las contribuciones al Estado a través del pago de impuestos que realizan los hogares integrados por personas no nacidas en el país u hogares con jefatura de una persona nacida en el extranjero. De acuerdo con la teoría hacendística tradicional, los impuestos son obligatorios y tienen como finalidad contribuir al sostenimiento del Estado y sus instituciones. Los impuestos suelen dividirse en dos grandes tipos: directos e indirectos. “Los tres principales impuestos directos recaudados son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta de las sociedades… los principales impuestos indirectos son los aranceles aduaneros sobre las importaciones de bienes y los impuestos sobre consumos específicos” (Stiglitz 2011, 477). El potencial aporte fiscal pleno de los hogares extranjeros corresponde a la sumatoria de los pagos de impuestos directos e indirectos llevado a cabo por este segmento de la población en un período determinado.
El cálculo preciso de este aporte fiscal pleno se enfrenta a restricciones en el acceso a la información como la siguiente: los datos sobre el pago del impuesto sobre la renta de personas físicas no se encuentran desagregados por nacionalidad; el impuesto sobre la renta de las sociedades no permite establecer si el obligado tributario es una persona costarricense o extranjera. Además, existen impuestos como el de bienes inmuebles cuya recolección se lleva a cabo a nivel de los gobiernos locales o municipalidades y no se cuenta con un registro centralizado que permita desagregar por nacionalidad el pago de este impuesto. Con base en lo anterior, se comprenderá que cualquier cálculo del aporte fiscal pleno de los hogares extranjeros es solo una estimación que no logra capturar todo el aporte fiscal de esta población en países de acogida como Costa Rica. A pesar de lo anterior, el cálculo a partir de un impuesto específico (como el Impuesto General de Ventas en el caso costarricense) permite tener una noción aproximativa y claramente parcial de esta contribución, misma que suele quedar invisibilizada en los datos y las estadísticas oficiales. En este trabajo presentamos una estimación del pago potencial de este impuesto que realiza la población extranjera que habita el país.
Si bien no es un concepto central en este escrito, resulta relevante recuperar la noción de transferencia de valor oculto que propone Amin (1981). Este señala las diferencias salariales entre los trabajadores del centro y de la periferia. Las diferencias son aprovechadas por las empresas para beneficiarse de contingentes de trabajadores que requieren trabajo en los países de la periferia, al tiempo que permiten el incremento de la tasa de ganancia de las empresas del centro. Indica Amin: “para combatir la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en el centro, el capital importa mano de obra que procede de la periferia que no solo paga menos (mano de obra a la cual le reserva las tareas más ingratas) sino que, además, utiliza para pesar sobre el mercado de trabajo metropolitano” (1981, 39). Lo planteado por Amin acontece como puede observarse entre los países expulsores y receptores de fuerza de trabajo. Evidentemente, ello beneficia a los países receptores: por una parte, reciben a una fuerza de trabajo que antes no tenían y que usualmente se dirigen hacia actividades que los nacionales de los países receptores no quieren realizar y, por otra, reciben a trabajadores cuyo costo de formación estuvo a cargo de los países expulsores (periféricos), con lo cual hay una transferencia de valor que no se contabiliza y a la que Amin denomina “transferencia de valor oculto” (1981, 40). En el caso de Costa Rica, la llegada de población extranjera (migrante y refugiada), le permite beneficiarse en los dos sentidos citados.
¿Los cálculos de los discursos o los discursos sin cálculos?
A principios del mes de marzo del año 2017, el nieto de inmigrantes Otto Guevara, anunciaba a través de un video que por quinta ocasión se lanzaría como candidato a la presidencia de Costa Rica, con el derechista Movimiento Libertario. En su mensaje y con un tono directamente dirigido a la población migrante afirmaba: “con las ayudas sociales como el bono de vivienda y ayudas del IMAS, también hay que poner orden, solo se entregarán a costarricenses que califiquen… también acabaré con los abusos de los servicios de la Caja por parte de los extranjeros que no pagan...”.1
En el análisis que hace este político se resaltan tres cosas: en primer lugar, en los programas sociales como el bono familiar de vivienda y las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) existe desorden. Aunque no indica a qué tipo de desorden se refiere, se podría sugerir que alude a la forma y los procedimientos que se utilizan para entregarlos, afirmación que en todo caso tendría que ser discutida y comprobada. En segundo lugar, define que en un eventual gobierno suyo: “solo se entregarán a costarricenses que califiquen” y; en tercer lugar, afirma que los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) son utilizados de forma abusiva por parte de extranjeros que no pagan. Esta última aseveración no es respaldada con datos o información que pueda ser verificable y se apela, en cambio, a una afirmación prejuiciosa que ha existido durante muchos años. El político citado, congruente con los intereses pro-empresariales que usualmente defiende, en ningún momento hace referencia a la práctica de muchos empleadores que no cumplen con la obligación de asegurar a las personas trabajadoras; en especial, a personas trabajadores inmigrantes que laboran en actividades como la construcción, la seguridad, el comercio, el empleo doméstico o la agricultura. El discurso de este político, al mejor estilo del estadunidense Trump, tiene un claro cálculo político: seducir a un sector del electorado al que un mensaje que se presenta duro con los inmigrantes le resulta atractivo. El discurso es flojo y calculador, no presenta evidencias o datos que lo respalden.
Una nota de prensa confirma la posición de Guevara: “ellos no deberían tener acceso a las ayudas sociales que se financien del presupuesto nacional e instituciones autónomas o que sean de los costarricenses que, de alguna manera, aportamos para darles a los sectores más pobres del país”.2 Indica el redactor que para Guevara, “no es correcto que las personas que se califican como pobres en otros países vengan a Costa Rica a obtener transferencias sociales”. La nota resalta la propuesta de este político dirigida a cerrar cualquier posibilidad de destinar recursos públicos a través de las políticas y los programas sociales a población extranjera. Esta posición no reconoce en lo absoluto el aporte que hacen las personas migrantes, tanto a la producción de riqueza nacional como la contribución a las finanzas públicas a partir del pago de impuestos. El planteamiento del político derechista, al ignorar estos aportes, coloca al Estado costarricense como una víctima de personas extranjeras que solo vienen a aprovecharse de las bondades de este país. Las afirmaciones de Guevara pueden verse como la actualización criolla de las posiciones nacionalistas y xenofóbicas vistas en los discursos de la ex candidata presidencial francesa Marine Le Pen.
Otro candidato a la presidencia de Costa Rica, el prominente empresario bananero Antonio Álvarez Desanti, miembro del Partido Liberación Nacional, a propósito del tema migratorio y en un tono aparentemente moderado expresaba en un debate que:
Hay que buscar un equilibrio entre el tema de derechos humanos, las necesidades laborales del país y los niveles de pobreza o limitaciones económicas que tenemos los costarricenses. Nosotros hemos sido un país que siempre ha abierto las puertas a la llegada de extranjeros y hemos visto con buenos ojos que en Costa Rica podamos tener personas de otros países. Y esta regla, y este principio nacional que hemos tenido, tiene un freno, que es nuestra capacidad de absorción en el mercado laboral, y nuestra capacidad para poder afrontar las necesidades de salud de la población”.3
Guevara, como Álvarez Desanti, dirige su discurso político en materia migratoria a señalar y enfatizar en la presión que ejerce la población migrante, tanto en las políticas sociales (Guevara), los servicios de salud (Guevara y Álvarez Desanti) y en el mercado laboral (Álvarez Desanti). Ninguno de los dos candidatos ofrece datos o estimaciones de la demanda de los servicios de salud que requiere esta población que puedan sustentar lo que afirman. Este discurso genérico, a la vez nacionalista, es conveniente políticamente frente a un sector de la opinión pública y del electorado proclive a aceptar y apoyar discursos que criminalizan la migración y que ven en esta el origen de muchos males sociales. Son discursos con un claro cálculo político: seducir a una parte del electorado poco informado y favorable a un mensaje nacionalista y xenofóbico. Son discursos elaborados con cálculo político, pero sin datos que lo respalden y ahí reside, quizás, su mayor debilidad: no se sostienen por sí mismos. Estos discursos desconocen por completo la transferencia de valor oculto de la que Costa Rica se ha beneficiado con la llegada de personas con formación en la que no invirtió; desconocen, asimismo, el aporte fiscal al Estado que hacen los hogares extranjeros y la contribución a la creación de riqueza económica nacional.
¿Qué dicen los datos sobre esta población? ¿Cuáles evidencias existen acerca de la demanda de dos servicios públicos de parte de la población migrante? En las siguientes páginas se revisará la demanda que hace la población extranjera de los servicios de educación y salud.
Algunos datos para discursos flojos
En el año 2011 se realizó el “X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda” (INEC 2012). Este permitió tener una caracterización general de la población que vivía en ese momento en el país. El Censo registró a 385 899 personas extranjeras. En ese contexto, la institución encargada de las estadísticas nacionales afirmaba que “la inmigración internacional ha tendido a una estabilización a partir del año 2000, lo cual incide también en el menor ritmo de crecimiento de la población total del país” (2012, 16). Esta afirmación se confirma con los datos de los que se dispone actualmente.
La fuente principal de información para este artículo son los microdatos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2016), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) disponibles en el Programa Acelerado de Datos. La base de datos completa de la ENAHO (2016) fue descargada y los microdatos fueron analizados utilizando el programa PSPP, versión de software libre del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Se tuvo preferencia por los datos de la ENAHO (2016) y no por la Encuesta Continua de Empleo (ECE), en razón que la primera presenta una actualización de la información y las características de la población desagregada por nacionalidad información que no incluye la ECE.
La Encuesta Nacional de Hogares registró, a julio del año 2016, un total de 4 889 762 personas viviendo en Costa Rica, de las cuales 440 109 son extranjeras, lo que representa en términos relativos el 9,0% de la población nacional. Las personas nacidas en Nicaragua son las más numerosas al alcanzar las 340 298 (equivalente al 77,31% del total de personas extranjeras). En relación con el Censo Nacional de Población (2011), el peso relativo de la población extranjera que vive en Costa Rica no presenta variaciones significativas.
Un dato relevante consiste en la participación que tienen las personas extranjeras dentro de la fuerza de trabajo (personas ocupadas mayores de 15 años), que es de 271 746 personas, lo que equivale al 12,69% del total. Como se verá más adelante, a partir de los datos disponibles esta población hace una notable contribución al Producto Interno Bruto (PIB) costarricense.
Medida la pobreza por línea de ingreso, se distinguen variaciones significativas según la nacionalidad de los hogares. Al desagregar los datos sobre pobreza de la ENAHO (2016),4 se observa que esta afecta al 22,69% de los hogares de nacionalidad costarricense; al 28,67% de los hogares nicaragüenses y solo al 9,09% de los hogares de personas extranjeras no nicaragüenses. Esto tendría que llamar la atención respecto de las políticas sociales de forma que puedan dirigirse a evitar la ampliación de las brechas sociales en el país.
Educación
En países receptores de población migrante suele tenerse la percepción acerca de que la presencia de esta población satura los servicios públicos, especialmente los que son gratuitos o tienen un bajo costo. Este es el caso de los servicios de educación destinada a niñez y adolescencia. Los datos oficiales para los años 2011-2016, que contiene la tabla 1, muestran el comportamiento real de esta demanda.
Durante el año 2011, la matrícula inicial de estudiantes extranjeros con respecto a la matrícula total fue equivalente al 4,26%; seis años más tarde disminuyó a 3,45%. Al comparar las tasas de crecimiento de la matrícula inicial, se verifica que en el caso de la matrícula general hubo una tasa negativa de -0,02, mientras que la matrícula de niñas, niños y adolescentes extranjeros fue de -0,2; este dato muestra que la caída en la tasa de la matrícula de la niñez y adolescencia extranjera fue mucho más pronunciada que la observada en la matrícula general. Debe tenerse presente que las niñas y niños, hijos de padres extranjeros que nacen en el país, son costarricenses por nacimiento.
Tabla 1 Costa Rica: Matrícula inicial en el sistema educativo tradicional según nivel de enseñanza, nacionales y extranjeros (incluye dependencia pública, privada y subvencionada). Período 2007-2016
El acceso a la educación es uno de los principales factores que favorece la movilidad social ascendente. Promover el acceso a la educación regular y a la formación técnica de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como la población migrante y refugiada, debe ser parte de una estrategia que tenga como propósito la eliminación de las brechas sociales y el fortalecimiento del sentido de pertenencia social. La niñez y la adolescencia extranjeras desarrollan vínculos con el país de acogida, quizás nunca retornen a su país de origen, por lo que es altamente probable que toda su vida transcurra en Costa Rica. Stiglitz (2011) ha señalado que la educación tiene externalidades positivas: ayuda a corregir las desigualdades sociales, fortalece la socialización de las personas fomentando valores que benefician a la sociedad e influye directamente en la mayor productividad de las personas (2011, 446-464). Un país como Costa Rica tiene la oportunidad de mostrar que una forma de integrar plenamente a la población migrante y refugiada que llega al país brindando oportunidades a la niñez y adolescencia en materia educativa.
Además, asegurar el acceso y la permanencia en el sistema educativo serán acciones que darán réditos presentes y futuros al país, pues esta población en el corto y mediano plazo se insertará en la economía nacional como fuerza de trabajo. Su productividad dependerá de la educación, las habilidades, las destrezas y la formación técnica con la que cuenten en ese momento.
La inversión pública en la educación de la niñez y la adolescencia migrantes y refugiadas pueden tener un doble impacto: contribuirá a evitar brechas y desigualdades sociales en el mediano plazo y mejorará las capacidades y la productividad de quienes reemplacen a la población que hoy está en edad económicamente activa y que necesitará de una pensión durante su etapa de retiro. Una buena formación de esa población será un elemento clave para que al momento de insertarse a la estructura sociolaboral -preferiblemente en el sector formal- las contribuciones o las cuotas a la seguridad social permitan aportar a la estabilidad financiera de los sistemas de salud y de pensiones que ha sido clave para la paz social del país.
¿Es desmedida la demanda de los servicios de salud?
El aparente uso excesivo y el aprovechamiento desmedido de los servicios de salud de la seguridad social costarricense por parte de la población extranjera, ha sido uno de los temas a los que recurre un sector de la población nacional, formadores de opinión y políticos locales (como el ejemplo citado de Guevara), para culpabilizar a la población migrante y refugiada del deterioro de este servicio público. Este discurso busca también convertir a las personas migrantes en los responsables del incremento de la inseguridad y del deterioro de los servicios a cargo del Estado. Empero, este discurso no es una invención local, en países como Francia, Austria, Estados Unidos o Alemania los discursos antiinmigrantes han sido convertidos en la principal bandera de partidos políticos. Costa Rica hasta ahora no llega a tal nivel.
Hace ya varios años, Sandoval (2002) mostró las limitaciones de un discurso que transfería a la población migrante (especialmente nicaragüense) la responsabilidad del deterioro de los servicios públicos en el país. Asimismo, señalaba un factor al que poco se le prestaba atención: al deterioro de la inversión pública social en materia de salud (2002, 291-293). Trabajos posteriores mostraron que la demanda de servicios médicos, por parte de esta población, no parece ser ni excesiva, ni superior al peso relativo que tienen dentro de la población que vive en este país (Gatica 2008, 128-130; 2007, 68-70).
Las demandas de servicios como emergencias, consulta externa o egresos hospitalarios son tres indicadores que pueden mostrar (al menos parcialmente) cuál es la demanda de parte de la población extranjera de estos servicios. Los datos que se citan a continuación fueron suministrados por funcionarios del Área de Estadísticas en Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos datos, a su vez, tienen como fuentes la Encuesta Nacional de Consulta Externa (ENCE) y la Encuesta Nacional de Urgencia (ENUR), que brindan las características de las personas usuarias. Estas encuestas se realizan en una semana específica (las últimas encuestas fueron realizadas en 2012 para Consulta Externa y en 2011 para Urgencia). Con los datos que ofrecen las encuestas, se realizan estimaciones acerca de la demanda, las proyecciones y la planificación de los servicios médicos que brinda la institución.5
Durante el período que abarca del año 2007 al 2016, los servicios de emergencias brindados por las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no parecen estar saturados por demandas de atención de personas extranjeras, según puede verse en la tabla 2.
Tabla 2 Costa Rica: Estimación del total de atenciones del servicio de emergencia, por año, según país de nacimiento. CCSS, 2007-2016 en términos absolutos y relativos
En términos relativos, el peso de la demanda durante todo el período corresponde a la atención a personas nacidas en Costa Rica (cercana al 94%). Las personas de nacionalidad nicaragüense demandan poco más de un 5% y otras nacionalidades el restante 1%.
¿Qué sucede con la demanda de consultas externas? El uso de este servicio tampoco muestra un uso excesivo de parte de la población extranjera. La tabla 3 muestra que aproximadamente un 94 % de la demanda de estos servicios, para el período 2007-2016, es realizada por personas de nacionalidad costarricense.
Tabla 3 Costa Rica: Estimación del total de atenciones del servicio de consulta externa, por año, según país de nacimiento. CCSS, 2007-2016 en términos relativo y absolutos
Lo datos disponibles no permiten sostener las afirmaciones que culpabilizan a la población extranjera por un uso desmedido de los servicios de la CCSS como un factor relevante que afecte la calidad e incremente los costos para la seguridad social costarricense. Por el contrario, los datos de la tabla 3 muestran que la población inmigrante, especialmente la de nacionalidad nicaragüense, hace un uso proporcionalmente menor al peso que tienen dentro del total de la población que vive en el país. El desconocimiento que muestran amplios sectores de la sociedad costarricense, acerca de la información oficial sobre la demanda de estos servicios de parte de la población extranjera, así como un latente sentimiento de xenofobia, podría estar a la base de los discursos que transfieren la responsabilidad del deterioro de estos servicios a esta población.
¿Cuál es el comportamiento de los egresos hospitalarios según nacionalidad? La tabla 4 muestra que, para el período en referencia, un porcentaje de entre el 8 y 9 % de los egresos hospitalarios correspondieron a personas nacidas en el extranjero. De los tres indicadores vistos, este último es el más alto; sin embargo, no presenta valores que superen -de forma comparativa- el peso relativo que tiene la población extranjera que vive en Costa Rica. Dicho con otras palabras, según la información anterior, el 9% de la población que habita el país es población extranjera. Esta población no demanda los servicios de emergencias y consulta externa en el mismo porcentaje que el peso que tiene dentro del conjunto de toda la población que habita en el país. De los indicadores observados, una leve variación se verifica en los egresos hospitalarios, que, en todo caso, no superan el 9% del total.
Tabla 4 Costa Rica: Egresos hospitalarios por año según país de nacimiento. C.C.S.S., 2007-2016 en términos relativos y absolutos
La idea acerca de que las personas extranjeras se aprovechan de los servicios que brinda la CCSS no tiene que ver solo con la percepción de que hay un uso excesivo, sino también que haciendo un uso abusivo, estas personas no pagan por estos servicios. Las cotizaciones que realizan de manera tripartita el Estado, los empleadores y las personas trabajadoras, son el principal ingreso de la CCSS. El aporte a la seguridad social es considerado un impuesto (cuyos obligados tributarios son el empleador y la persona trabajadora asalariada o que trabaja por cuenta propia). ¿Realmente no contribuye con su parte esta población? Según el XI Censo de Población del año 2011, para ese año, había un total de 100 377 personas extranjeras aseguradas directas. Ello significaba que el 26,01% del total de personas extranjeras que vivían en el país, estaba bajo esta condición. En el caso de las personas costarricenses, este porcentaje era inferior y alcanzaba el 22,34% de las personas nacidas en este país.6 Para ese mismo año, las personas extranjeras aseguradas por cuenta propia, voluntaria o bajo algún convenio, como porcentaje del total que vivían en Costa Rica era de 12,32%; mientras que en el caso de las costarricenses era de 8,72%. En ambos casos, las personas extranjeras mostraban, en términos relativos, un aseguramiento directo o por cuenta propia más alto que sus pares costarricenses, como porcentaje del grupo del que formaban parte según lugar de nacimiento.
Los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2016) van en la misma dirección.7 De acuerdo con la muestra de la ENAHO, solamente el 22,4% del total de personas nacidas en Costa Rica son asalariadas aseguradas directas; en cambio, la proporción es mayor entre las personas nacidas en el extranjero: 28,44%. Por su parte, las personas nacidas en Costa Rica, aseguradas bajo la figura de un convenio, aseguramiento voluntario o trabajadora independiente eran el 8,24%, mientras que en el caso de las personas extranjeras era de 12,58%.
Los datos del último Censo Nacional de Población (2011), de la Encuesta Nacional de Hogares (2016) y del Área de Estadísticas en Salud de la CCSS, nos ofrecen información relevante en materia de seguridad social y acceso a los servicios de salud por varias razones. La primera es la socorrida idea acerca de que la población extranjera cotiza poco o muy poco a la seguridad social y ello induce a pensar que hay un abuso de parte de esta población y simultáneamente un perjuicio para las personas costarricenses. En realidad, las personas asalariadas directas extranjeras que cotizan a la CCSS son proporcionalmente más que sus pares costarricenses.
En segundo lugar, a pesar de que con frecuencia la inserción de las personas trabajadoras migrantes a la estructura sociolaboral las lleva a realizar actividades en sectores con alta desprotección social (agricultura, construcción, seguridad, empleo doméstico, comercio) y en las que muchos empleadores incumplen sus derechos laborales, el aseguramiento directo de esta población es alto. ¿Acaso no tendría el Estado costarricense y más específicamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tutelar eficazmente los derechos laborales de esta población? Por supuesto que sí. Con una actitud mucho más proactiva de parte del área de inspección laboral de este Ministerio podría lograrse no solo un mayor cumplimiento de los derechos laborales de esta población, al tiempo que se incrementaría la cantidad de personas trabajadoras extranjeras que contribuyen a la seguridad social como asalariadas directas.
En tercer lugar, la información disponible permite pulverizar la prejuiciosa idea que las personas extranjeras son una de las principales cargas de la CCSS. Mantener un discurso semejante es apostar claramente por un discurso xenófobo que abre las puertas a los prejuicios y construye muros a los argumentos.
Aportes a la producción y a la creación de riqueza
A pesar de las condiciones adversas en las que se incorporan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas a la estructura sociolaboral de Costa Rica, sea por las limitaciones que impone la segmentación de dicha estructura (que “empuja” principal aunque no exclusivamente hacia algunas actividades como la agricultura, construcción, servicios de seguridad, trabajo doméstico, cuido o comercio) o la condición de irregularidad migratoria que facilita la contratación espuria (inexistencia de contratos de trabajo, pago por debajo del salario mínimo, no aseguramiento social, incumplimiento de las jornadas de trabajo); existe un aporte real de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas a la creación de valor y riqueza en Costa Rica y, en general, a los países a donde llegan.
En este artículo se ha definido la riqueza como el valor acumulado (pasado y presente) producido por el trabajo y la tecnología que permite la transformación de recursos; contiene, asimismo, el valor de los servicios (incluyendo, por ejemplo, financieros, médicos, de cuido o domésticos) expresada en términos monetarios. La variable clave en la creación de riqueza es el aporte del trabajo humano y es justamente este el principal aporte que brindan las personas trabajadoras migrantes.
Para estimar el aporte de la población extranjera (migrante y refugiada) a la creación de riqueza en Costa Rica se toma como referencia la contribución que realizan al Producto Interno Bruto (PIB), a través del trabajo remunerado según los salarios que perciben y la productividad promedio por trabajador según rama de actividad. El PIB mide el conjunto de bienes y servicios producidos a lo largo de un año en el territorio de un país; es decir, es la suma del valor de toda la producción llevada a cabo en Costa Rica. Se toma como parámetro el PIB, pues posibilita establecer el valor de cada uno de sus componentes y el peso que tienen dentro de toda la producción. Señalado lo anterior, deben indicarse algunas limitaciones inherentes a los cálculos que se presentan y que podrían subestimar y dar lugar a la discusión acerca de los datos del aporte de esta población. Estas limitaciones son las siguientes:
El aporte de la masa salarial devengada por las personas extranjeras al PIB. Para este cálculo, se tomaron como referencia los datos agregados de la ENAHO 2016 sobre el salario principal monetario bruto, según rama de actividad en el empleo principal. Al establecer este aporte al PIB, se calculó la masa salarial devengada por las personas trabajadoras extranjeras reportadas por esta encuesta por cada una de estas ramas económicas y se establecieron los salarios medianos.
La masa salarial devengada solamente incluye un cálculo de doce meses que se multiplicó por cada trabajador en las diferentes ramas de actividad económica. Se asume, por tanto, que cada persona trabajadora tiene un ingreso estable y promedio durante doce meses al año. Además, este cálculo no toma en cuenta otros ingresos recibidos durante el período por estos trabajadores tales como aguinaldo, bonos, incentivos o salario escolar.
No se contabilizan en la presente estimación el valor del trabajo doméstico no asalariado o las labores de cuido no asalariadas pues esta información no es posible obtenerla de manera directa en la ENAHO 2016. Ambos trabajos tienen un valor y contribuyen a la generación de riqueza nacional, pero no están cuantificados.
Dado que la estimación a la contribución de esta población al PIB se realiza a través del trabajo remunerado (salarios y productividad promedio), no se logra estimar el potencial aporte a través de otras actividades económicas en las que incursionan las personas extranjeras y a partir de las cuales generan riqueza; por ejemplo, la creación de pequeñas y medianas empresas.
Se asume una productividad promedio similar entre personas trabajadoras nacionales y extranjeras para cada una de las ramas de actividad económica en las que participan.
No se incluyen datos acerca de la participación de esta población en la economía del sector informal.
Se comprenderá, con base en lo anterior, que el cálculo que se ofrece en este artículo puede subestimar el aporte real de esta población a la creación de riqueza en el país; sin embargo, ofrece un primer acercamiento para posteriores cálculos y para la discusión académica de la metodología utilizada.
Diversos estudios han documentado el incumplimiento a los derechos laborales de esta población (Estado de la Nación 2014, 79; Morales et al. 2011, 98-99; OIM-OIT-MTSS 2011, 99-103; Voorend y Robles 2011, 49-51, 86). Ello revela una de las principales contradicciones en el tratamiento a esta población: se les da un trato con frecuencia en desigualdad de condiciones aunque su participación sea fundamental para muchas actividades económicas.
A partir de datos de la Encuesta de Hogares (ENAHO 2015 y 2016) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se mostrará el aporte de las personas trabajadoras migrantes a la economía costarricense, medida a partir de la participación en el Producto Interno Bruto (PIB). En primera instancia se mostrará la contribución de los trabajadores a través de la masa salarial según la participación en las distintas actividades económicas. Posteriormente, se estimará el aporte al valor agregado de la producción nacional. Finalmente, se ofrecerá información sobre el potencial aporte del consumo de la población extranjera a las finanzas del país.
Masa salarial de las personas trabajadoras migrantes
La masa salarial de las personas trabajadoras migrantes corresponde a la sumatoria de los salarios principales expresados en términos monetarios brutos según la actividad principal registrados por la ENAHO 2016, devengados durante dicho año y multiplicados por la cantidad total de trabajadores reportados para cada rama de actividad por esta encuesta. La tabla 5 muestra que la fuerza de trabajo extranjera (nicaragüenses y de otras nacionalidades) asciende a 271 746 personas trabajadoras. Ello representa el 12,69% de la fuerza de trabajo del país.
Tabla 5 Costa Rica: Rama de actividad en el empleo principal de la población extranjera y salarios medios
La tabla anterior ofrece una primera información para estimar el aporte a la creación de la riqueza que hacen las personas migrantes y refugiadas en Costa Rica a través de la masa salarial que perciben. Esta masa salarial fue equivalente a poco más de $ 2000 millones o 3,56% del Producto Interno Bruto calculado a precios de mercado para el año 2016. Siguiendo a Marx (2014), Keynes (2014) y Robinson (1976), si aceptamos que todo es producido por el trabajo humano, incluida la riqueza económica, el trabajo de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas contribuye a la creación de riqueza económica de Costa Rica.
Ahora bien, esta información ofrece únicamente datos específicos sobre la masa salarial devengada por esta población. Ello constituye una fracción del aporte que realiza esta población al país. En otras palabras, es “el piso” de su contribución en el proceso productivo.
Aporte a la producción según rama de actividad
Una segunda forma de estimar la contribución de la población migrante y refugiada a la creación de riqueza es estableciendo el valor de la producción de cada actividad económica. En este caso, para el año 2016 e identificar cuál ha sido la participación de la población extranjera a la creación de ese valor. Para llegar a ello, se calcula cuál es el valor económico de cada rama de actividad dentro del PIB y se divide entre la cantidad total de trabajadores (nacionales y extranjeros) registrados para cada actividad. El cociente resultante es el valor promedio producido por cada trabajador (se asume que existe una productividad promedio que es homogénea para cada trabajador). Este cociente, a su vez, se multiplica por la cantidad total de trabajadores extranjeros, según la actividad económica respectiva. Ello da como resultado la contribución, por rama económica, que realiza esta población. La sumatoria de cada una de las actividades económicas da como resultado el aporte del trabajo de las personas extranjeras al PIB nacional, que es una expresión de la riqueza económica del país. Los datos de la tabla 6 ofrecen una síntesis de este cálculo.
De acuerdo con los datos anteriores, el aporte del trabajo de las personas extranjeras en Costa Rica representaría aproximadamente un 11,32% del PIB nacional. Al expresarse en dólares al tipo de cambio de julio del año 2016, superaría los $ 5,856 millones, monto equivalente, por ejemplo, al 44,27% del PIB de Nicaragua para el año 2016 según datos del Banco Central de Nicaragua.8 Al tomar en consideración que la fuerza de trabajo extranjera, registrada por la ENAHO (2016), representa el 12,69% del total de la fuerza de trabajo en el país, la participación en la producción nacional de un 11% sería razonable en vista de la incorporación que hacen a la estructura productiva del país y a que es una población que llega en edad económicamente activa. Debe señalarse nuevamente como una limitación que se asume una productividad promedio para cada persona trabajadora en cada rama de actividad. El valor económico de la participación de la fuerza de trabajo extranjera en el país se calcula como el cociente resultante de la división entre el valor económico agregado de cada actividad económica en el PIB nacional y la cantidad de personas trabajadoras extranjeras en dicha actividad.
Tabla 6 Costa Rica: PIB por actividad económica 2016. Aporte al valor agregado a partir del trabajo migratorio (millones de colones a precio de mercado)
Elaboración propia con datos de producción y empleo del 6 y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Las referencias en línea pueden encontrarse en el anexo.
Una contribución silenciosa: el aporte fiscal
Con frecuencia no se cuantifica el aporte que realizan las personas extranjeras, migrantes y refugiadas a la recaudación fiscal de los países receptores. No se conoce en Costa Rica ninguna estimación al respecto. A continuación se presenta una primera estimación de dicho aporte fiscal a partir de un impuesto específico siguiendo el concepto de potencial aporte fiscal que hemos señalado en la primera parte de este artículo.
Los hogares compuestos por personas nacidas en el extranjero, al igual que sus pares nacidos en el país, consumen bienes y servicios diariamente. Muchos de estos bienes y servicios han sido previamente gravados con algún tipo de impuesto. Un impuesto claramente regresivo (que grava proporcionalmente más a los hogares con menores ingresos), es el de ventas, tributo que grava el consumo de los hogares. En Costa Rica, este impuesto es del 13%. El aporte fiscal de los hogares extranjeros en el país se calculará con base en este impuesto tomando en cuenta que se dispone de información oficial necesaria para establecer el cálculo.
¿Cuáles son las fuentes de información para realizar el cálculo? Se utilizaron tres fuentes de información: la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2016), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2014) y las cifras mensuales de ingresos, gastos y financiamiento del Gobierno Central del Ministerio de Hacienda, que publica en la página web esta institución.
La primera fuente (ENAHO 2016) proporcionó información sobre la cantidad de trabajadores, según rama de actividad, empleo principal y salario neto promedio por actividad económica. Para el cálculo del potencial aporte fiscal, se tomó como base el salario neto por trabajador y se multiplicó por la cantidad de personas trabajadoras extranjeras, según la rama de actividad; esto, a su vez, se multiplicó por doce que corresponde a los meses del año. Ello brindó dos datos complementarios: el primero, la masa salarial neta anual por rama de actividad y al realizar la sumatoria de la masa salarial de cada una de las ramas de actividad se obtuvo un segundo dato, la masa salarial neta total anualizada, devengada por las personas trabajadoras extranjeras durante el año 2016. No se incluyeron otros ingresos como aguinaldo o salario escolar, porque no fue posible extraer de la base de datos esta información para las personas trabajadoras extranjeras. De incluirse esta información, el potencial aporte fiscal podría incrementarse.
Una segunda fuente de información fue ENIGH (2014). Esta encuesta proporciona información acerca de la estructura del gasto de los hogares y de la distribución porcentual por grupo de gasto (ENIGH 2014, 37). Dentro de los gastos de consumo de los hogares, se asumió un comportamiento similar entre los hogares nacionales y los hogares compuestos por personas extranjeras. Del gasto de consumo de los hogares, se excluyeron los gastos de salud y educación. Se tomó en consideración que, según la Ley de Impuesto General sobre las Ventas (Ley N.° 6826, artículo 9), las medicinas y los libros se encuentran exentos del pago de este impuesto. Asimismo, se excluyeron bienes como el calzado y los uniformes escolares, así como los bienes esenciales para la educación de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 37073-H del 18 de abril del año 2012, que los exonera del pago del Impuesto General de Ventas. Tampoco se incluyó el gasto de los hogares destinado a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Se excluyeron los “gastos no de consumo”, entre ellos: contribuciones sociales, impuestos y transferencias en dinero. Ello con el fin de no sobreestimar el aporte fiscal de esta población.
Esta segunda fuente de información permitió establecer una proporción del gasto de los hogares que puede ser sujeto del Impuesto General de Ventas (IGV). Al tener a la vista la distribución porcentual que propone la ENIGH (2014, 37), se estimó que un 45,1% del gasto de los hogares es gravable con este impuesto. La estimación y el cálculo del dato se presentan en la tabla 7.
Para calcular el potencial aporte a los ingresos fiscales de las personas extranjeras se procedió de la siguiente manera: la masa salarial neta percibida por las personas trabajadoras extranjeras (segunda fila de la tabla), se multiplicó por la estimación de consumo potencial expresada en porcentaje (45,1%) gravable del Impuesto General de Ventas (IGV). Ello permitió establecer el monto total (expresado en colones y dólares) sujeto al pago del impuesto seleccionado (IGV). Este cálculo indica que el potencial aporte fiscal de la población extranjera que vive en Costa Rica a partir de un solo impuesto, es cercana a los ¢60 000 millones, equivalente al tipo de cambio de julio 2016 de $ 107,7 millones. Como se indicó antes, este dato podría incrementarse si se incorporaran otros ingresos salariales como aguinaldo y salario escolar.
Tabla 7 Costa Rica: potencial aporte a la recaudación fiscal a partir de las estimaciones de consumo de personas trabajadoras extranjeras a través del Impuesto General de Ventas (IGV), en millones de colones corrientes durante el año 2016
Para poner en perspectiva el aporte fiscal de las personas extranjeras durante el año 2016, los ingresos recibidos por el Estado, a través del IGV pagado por esta población (aproximadamente ¢60 000 millones), son cercanos a los presupuestos totales del Consejo Nacional de Producción (¢60 439 millones) o la Universidad Estatal a Distancia (¢ 62 450 millones) y superior a los presupuestos aprobados por la Contraloría General de la República, durante ese mismo año, para instituciones como la Municipalidad de San José (¢ 59 641 millones), el Patronato Nacional de la Infancia (¢ 52 290 millones), el Fondo Nacional de Becas (¢ 50 853) o el Instituto de Desarrollo Rural (¢ 42 661 millones). Dicho con otras palabras, el IGV pagado por las personas extranjeras durante el año 2016 pudo alcanzar para cubrir el presupuesto de alguna de las instituciones como las citadas en este párrafo.
La estructura de los ingresos tributarios en Costa Rica tiene en el IGV su fuente principal (aproximadamente el 35% de dichos ingresos). Este impuesto indirecto supera los que proporcionan los impuestos directos de ingresos y utilidades (32%) o los impuestos a los combustibles (11,5%), según las Cifras Fiscales Mensuales del Gobierno Central que publica periódicamente el Ministerio de Hacienda. Una estimación completa del aporte fiscal que realizan las personas extranjeras a Costa Rica tendría que tomar en consideración impuestos como los mencionados y otros como el impuesto sobre la renta, los impuestos de bienes inmuebles y, evidentemente, las contribuciones a la seguridad social.
Los datos anteriores muestran que las personas extranjeras migrantes y refugiadas no solo no demandan intensivamente servicios públicos como la educación o salud, sino que, tal y como lo hacen las personas nativas de Costa Rica, también contribuyen tanto a la creación de riqueza como al sostenimiento del Estado a través del pago de impuestos.
Conclusiones
En los últimos cuarenta años, con el advenimiento del sistema económico neoliberal a escala global, muchas de las personas, desterradas y excluidas de los beneficios de este modelo han tenido que buscar un lugar al que puedan irse. Harvey (2004) lo ha planteado con lucidez: “si existen excedentes de capital y de fuerza de trabajo dentro de un territorio determinado... que no pueden ser absorbidos internamente deben ser enviados a otro lugar a fin de encontrar un nuevo terreno para su realización rentable para no ser devaluados” (2004, 103-104). Lo trágico de ello consiste en que a las personas expulsadas se les convierte en culpables de todos los males en los países a los que llegan, se les criminaliza y, con frecuencia, se legitima un discurso de odio hacia ellos. La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica ha sido un ejemplo de cómo la posición de rechazo a las personas migrantes y un discurso xenofóbico resultan atractivos y eficaces ante un sector del electorado.
El contexto electoral costarricense de inicios del año 2018 es una inmejorable oportunidad para discutir el tema migratorio de manera serena y madura. No es la restricción a la migración, la construcción de muros, el blindaje de las fronteras o la propagación de discursos de odio hacia las personas migrantes y refugiadas la mejor forma de abordar este tema. Ello es, sin duda, una respuesta poco o nada inteligente. Una respuesta alternativa debe partir de valorar el aporte que realizan al país. Esta población demanda bienes y servicios públicos pero esta demanda, como ha sido mostrado en el caso de la educación y la salud, está lejos de ser excesiva o desproporcionada. Según los datos que se han presentado y que se pueden confirmar en las tablas 1-4 de este artículo, hay tres aspectos que nos ha interesado resaltar y son los siguientes:
La contribución a la producción nacional y a la creación de riqueza económica. Según los cálculos realizados, para el año 2016, sería equivalente al 11,32% del PIB nacional, que expresado en dólares al tipo de cambio de julio del año 2016 supera los $ 5856 millones.
La contribución a la recaudación fiscal a través del pago de impuestos. De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir del pago del Impuesto General de Ventas (IGV), el potencial aporte fiscal de los hogares migrantes y refugiados que vive en el país, en concepto de este impuesto, es de aproximadamente ¢ 60 000 millones, equivalente al tipo de cambio de julio 2016 de $107,7 millones. Como se indicó, ello es un monto muy cercano al presupuesto anual de una institución como la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que atendió, durante el año 2016, a 31 370 estudiantes universitarios.
La contribución a la seguridad social de las personas extranjeras, como asalariadas directas, es proporcionalmente más alta que la de sus pares costarricenses al analizar el porcentaje de aseguramiento de acuerdo con la nacionalidad. Los datos del censo de población del año 2011 y de la ENAHO 2016 coinciden en mostrar esta evidencia.
Los tres puntos recién citados permiten afirmar que las personas migrantes, contrario a lo que suele creerse, no son una carga para el Estado costarricense. Contribuyen a la producción nacional, con el pago de impuestos y cotizan a la seguridad social a pesar de las precarias condiciones en las que se insertan a la estructura sociolaboral local. Los discursos de actores políticos como Guevara o Desanti tendrían mínimamente que acompañarse de datos y evidencia que los respalden. Mientras ello no suceda, solo serán ejemplo de prejuicio, odio y xenofobia.
En el artículo hemos recuperado el concepto de transferencia de valor oculto, propuesto por Amin (1981). Con este concepto, este economista egipcio explicaba las ganancias que reciben los países del centro, al contar con contingentes de trabajadores que proceden de países periféricos con abundante mano de obra. De alguna forma, países receptores de población migrante y refugiada, como Costa Rica, se ven beneficiados de contar con personas trabajadoras que antes no tenían y cuyo costo de formación (sea cual sea el nivel educativo) fue asumido por los países de origen. Este beneficio es invisibilizado en los discursos que se oponen a la migración.
Costa Rica tiene la oportunidad de mostrar que hay caminos diferentes al que ha tomado Estados Unidos para abordar el tema migratorio. Los datos que se han incluido en este artículo pueden dar lugar a comprender que toda inversión pública que se haga y que se destine a la población migrante y refugiada no es una cuestión de generosidad o de caridad del país. La inversión pública destinada a esta población contribuye a la equidad y a fortalecer el sentido de pertenencia. También es una acción de justicia, pues aquellas personas que han y hemos llegado contribuimos día tras día, frecuentemente con las tareas más pesadas, a generar riqueza económica para el país que nos ha recibido.
Esta inversión también lleva implícita una actitud de solidaridad y humanidad. Cortina (2017) afirma que la hospitalidad “es un signo de civilización” (2017, 152) y que el recibir a otras persona (migrantes y refugiadas) lleva implícita una “exigencia ética incondicionada” (2017, 163).
Finalmente, y con un espíritu propositivo, se describen algunas acciones que puedan contribuir a la integración de las personas migrantes y refugiadas:
A partir de los datos oficiales, mostrar a través de campañas de información a la opinión pública que la presencia de las personas migrantes y refugiadas, lejos de ser una carga para el país o de contribuir al empobrecimiento, es una oportunidad para crear distintos tipos de riqueza. Riqueza en la variedad de costumbres, hábitos y prácticas que evidencian la diversidad humana. Riqueza como posibilidad de construir expresiones y creaciones humanas que aumentan el acervo cultural del país. Riqueza económica a partir del aporte con trabajo humano, pago de impuestos y contribuciones sociales al Estado costarricense.
Promover el pleno acceso a los servicios de salud (nutricional, dental, sexual y reproductiva). Esta es una inversión que mejorará las condiciones de vida de esta población; en especial, los servicios preventivos y disminuirán los costos de atención de enfermedades crónicas.
Incrementar los recursos que se dirigen al otorgamiento de becas educativas para la educación técnica y formal de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados. Con ello, aumenta las capacidades, las habilidades y las destrezas con las que contará esta población y se asegura que en el futuro cercano todas las personas, que habitan este país, tengan las condiciones mínimas básicas para su inserción en la estructura sociolaboral del país. Esto no solo beneficiará a los futuros hogares, sino también al país en su conjunto, pues la actual niñez y adolescencia, que hoy se están preparando, serán el relevo de la población asalariada que en pocos años se jubilará.
Incrementar los contenidos educativos para que desde la educación formal (incluyendo la educación preescolar), se valore la importancia de la población extranjera, migrante y refugiada en la construcción de un país plural, diverso y respetuoso de las diferencias; que valore y promueva la solidaridad y haga de la acogida y la hospitalidad un imperativo ético para cada persona.
Fortalecer los servicios de inspección laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto puede contribuir a mejorar el cumplimiento de los derechos laborales de la población migrante y refugiada que vive en el país (y de las personas trabajadoras costarricenses en general), al tiempo que puede presionar a los empleadores a que respeten el derecho a la seguridad social y se aumente la cantidad de personas aseguradas directas como asalariadas.
Finalmente, el país debe valorar el reconocimiento de los derechos políticos de esta población. Valga citar un ejemplo si aportan contribuyendo con el pago de impuestos municipales ¿por qué no reconocer la participación de las personas migrantes y refugiadas en este nivel de gobierno?
