*Dirección para correspondencia:

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El articulo presenta los relatos de vida proporcionados por cuatro mujeres Guanacasteca, quienes participaron en la actividad ilícita del narcotráfico, en el momento del estudio las participantes  se encontraban privadas de libertad en el Centro Penal Calle Real de Liberia.
Esta investigación se elaboró desde un paradigma cualitativo, para ello se utilizó el método de estudios de casos. Se aplicó dos técnicas para la recolección de la información: entrevista en profundidad y revisión de antecedentes penales, esto permitió describir y analizar la situación de cada una de las mujeres participantes.
La información recolectada, sugiere la existencia de una ruta crítica común de participación en el narcotráfico, pero con vivencias y significados distintos en cada una de las participantes. En este recorrido se determina que dicha incorporación es un proceso circunstancial y multicausal donde intervienen distintos factores de vulnerabilidad psicosocial.

Palabras Claves: Género – Ruta Crítica – Droga – Cárcel – Guanacaste.

Summary

The article presents the life stories of four Guanacasteca women who participated in illegal drug activity at the time of the study participants were detained in the Criminal Calle Real Center of Liberia.
This research was drawn from a qualitative paradigm, and a case study (method) was used. We applied two techniques for data collection: in-depth interview and background check, this allowed us to describe and analyze the situation of each of the participating women.
The data collected suggests the existence of a critical path of common involvement in drug trafficking, but with different meanings and experiences in each of the participants. On this tour we determine that such incorporation is a circumstantial and multicausal process which involved various psychosocial vulnerabilities.

Keywords: Gender - Critical Path - Drugs - Prison - Guanacaste.

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El tema mujer y criminalidad femenina en el tráfico de drogas ilegales ha sido poco desarrollado, puesto que surgen una serie de interrogantes en relación con el tema mujer y su relación con las drogas. Ante la escasez de estudios sobre la delincuencia femenina, se planteó este estudio llamado: “Rutas críticas hacia la participación en el narcotráfico de mujeres privadas de libertad en Liberia, Guanacaste”, el cual describe las vivencias de cuatro mujeres privadas de libertad por tráfico de drogas del Centro Penitenciario Calle Real en Liberia, Guanacaste. A través de la experiencia de vida de cada participante, se dan a conocer diversos aspectos psicosociales que incidieron en la incorporación en la venta de psicotrópicos.

La investigación desarrolló un análisis crítico en el que se visibilizó la participación de las mujeres en el narcotráfico, no desde el orden psicologista², sino desde un análisis psicosocial ya que esta situación es un reflejo de la problemática del contexto sociopolítico actual de  Latinoamérica y, particularmente, de Costa Rica.

A nivel Latinoamericano, el fenómeno social mujer–delincuencia se ha acrecentado en los últimos años, en delitos relacionados con la venta y el tráfico de drogas. Según la estadística realizada por Núñez (2007), en el periodo 2003-2004 a nivel de América Latina, los porcentajes de mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con el tráfico de drogas es el más alto históricamente en la región; siendo Costa Rica el segundo país centroamericano, sin incluir a Panamá, con mayor incidencia en este tipo de delitos en la población femenina privada de libertad.

Así se informa: Tabla 1

Rodríguez (2005) señala que en el año 2002, en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor ubicado en el cantón de Desamparados, provincia de San José, de 431 mujeres privadas de libertad por diversas infracciones, 281 mujeres penaban delitos relacionados con el comercio y trasiego de drogas, lo cual representa el 65,2% de la población recluida. En el Centro de Atención Institucional de Liberia de la población total conformada por veinte mujeres durante ese mismo año, el 90% de la población se encontraba sentenciada por trasgresión a la ley de psicotrópicos.


Según lo plantea el Instituto Costarricense sobre Drogas (2005-2007), el consumo de drogas constituye uno de los principales problemas de salud pública que afecta a nuestro país; debido a las consecuencias que genera en la persona consumidora, al alterar su comportamiento y ocasionar conductas inadecuadas que van en perjuicio del bien común y de la seguridad ciudadana.

Respecto a la situación del consumo de drogas en Costa Rica, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA, 2000-2001, citado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, 2005-2007) aporta los siguientes datos sobre el consumo de drogas ilícitas:

El cannabis y el crack son las drogas ilícitas con mayores niveles de prevalencia, estableciéndose en un 0,3% y un 0,1% respectivamente. Existe una relación entre el consumo activo de crack y el consumo activo de tabaco y marihuana. A su vez, este consumo se asocia con altos niveles de estrés. Asimismo, las drogas que ocupan los primeros lugares en atención ambulatoria del IAFA son: el alcohol, seguido por la marihuana y el crack.

Aunque la edad de inicio de consumo de drogas ilícitas no tuvo diferencia significativa entre los sexos, el consumo en mujeres es menor que en los hombres. Respecto al cannabis, el consumo en los hombres es mayor que en las mujeres (9% y 2%, cada uno).

Las provincias en las cuales existe una proporción mayor de consumidores activos, consumidores recientes y ex consumidores son San José, Heredia y Puntarenas.

Por su parte, el Instituto Costarricense sobre Drogas (2005-2007) señala que el cannabis es la droga ilícita más producida, traficada y consumida alrededor del mundo. Esta es la única droga cultivada y producida en Costa Rica principalmente en la zona de Talamanca, particularmente en Telire y en Cabeza de Piedra, debido a que las condiciones territoriales dificultan el acceso policial. El productor indígena costarricense encuentra en el cultivo de la marihuana su principal medio de subsistencia, en razón de la pobreza y el desempleo de esta zona. En menor escala se da el cultivo de cannabis en Limón y Buenos Aires de Puntarenas y algunos casos en la zona metropolitana.

Otras drogas de mayor consumo en el país son importadas o se derivan de cargamentos en tránsito por Costa Rica, entre ellas están: cocaína, crack, heroína y drogas sintéticas de tipo anfetamínico como el LSD, ketamina, éxtasis, etc. (Instituto Costarricense sobre Drogas, 2005-2007)

En lo referente al tráfico ilegal de drogas en el país, se evidencia que la ubicación geográfica de Costa Rica en el istmo centroamericano facilita a las redes de narcotráfico el transporte y almacenamiento temporal de marihuana, cocaína y heroína proveniente de Sur América y con destino a Estados Unidos y Europa. Los estupefacientes son traficados por vía aérea, marítima y terrestre; debido a las incautaciones que se dieron en los años noventa en la Carretera Interamericana. Actualmente, se utilizan más los medios marítimos (litoral en costa pacífica y en la costa atlántica) y aéreos, para trasladar las drogas por nuestro país (Instituto Costarricense sobre Drogas, 2005-2007).

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Seguridad (s.f., citado por Instituto Costarricense sobre Drogas, 2005-2007), un 85% de los estupefacientes que se trasiega de Sur América hacia Norteamérica se transporta por mar. Además, se estima que los barcos y lanchas rápidas colombianas pasan por aguas costarricenses casi diariamente. Los puertos por donde entran y salen los cargamentos de drogas son: Puntarenas, Quepos, Puerto Jiménez, Golfito y Limón.

Según estadísticas del 2003 (Instituto Costarricense sobre Drogas, 2005-2007), se ha observado un incremento en las detenciones relacionadas con delitos de drogas, de los cuales el 93.63% son costarricenses y 6,37% son extranjeros, principalmente de origen latinoamericano.

Para comprender la inserción de la mujer guanacasteca en el narcotráfico, fue necesario realizar una lectura de la condición sociopolítica en la que se encuentra la provincia de Guanacaste durante el periodo del año 2007 al 2010.


Según datos el Banco de Costa Rica (BCCR), citado por Fournier (2009), en el año 2007, Guanacaste generó con solo el 6,94% de la población nacional, el 39,15% de toda la inversión en turismo, el 25% de las divisas y el 20,55% de la inversión inmobiliaria de todo el país.

No obstante, la provincia de Guanacaste es una de las regiones de Costa Rica con mayor índice de pobreza, según el Decimoquinto Informe del Estado de la Nación del año 2008. Dicho informe refiere que cerca del 6,5% de la población de la provincia vivía en extrema pobreza y el 19,4% de hogares no satisfacía sus necesidades básicas, ocupando Guanacaste el segundo lugar de índice sobre pobreza extrema del país si lo comparamos con la Región Brunca, que ocupa el 6,7% de extrema pobreza en Costa Rica.

De acuerdo con estos datos, queda en evidencia una realidad poco alentadora entorno a la canalización de recursos económicos y sociales para el desarrollo de la provincia; esto si lo comparamos con las ganancias económicas generadas por el sector turístico, las divisas e inmobiliaria durante el 2007; esto según la información planteada por Fournier (2009). Esta realidad, por tanto, pareciera ser que excluye a las poblaciones autóctonas, dando origen a una brecha de desigualdad social entre sus habitantes.

En esta misma línea de desigualdad social, en lo que respecta a empleos, Guanacaste pasó de ocupar los primeros lugares en cuanto a la población económicamente activa durante el periodo de los 70s, a los penúltimos lugares durante los últimos 4 años en lo que respecta a la población dedicada al sector primario. Sin embargo, la transformación hacia el sector servicios no representa ni la mitad de los empleos abandonados de agricultura y pesca.

Al inicio de los años 70s, el 72,94% de la población económicamente activa se dedicaba a la agricultura y la pesca, mientras que para el cuatrienio 2005-2008, ese porcentaje había bajado a 20,76%. Es decir, un 52,18% de la población abandonó las actividades en el primer sector, mientras que en ese mismo periodo, el porcentaje de personas trabajando en actividades relacionadas con el comercio y el turismo representaba apenas un 21,25% entre 1973 y el último cuatrienio 2005-2008. (Fournier, 2009,108)

Dicha situación se agudiza cuando se habla de condiciones laborales en la provincia. Al respecto, Fournier (2009) expone que las condiciones laborales en la región Chorotega se muestran deficitarias cuando se trata de derechos como incapacidades, seguro social, vacaciones, aguinaldo, calidad del salario y estabilidad laboral, ocupando la provincia de Guanacaste el penúltimo lugar con respecto a las otras zonas del país. Al hacer un balance en la zonza, en relación con las tasas de desarrollo económico y producción de divisas en la provincia. En consecuencia, estas no brindan respuestas a las realidades que enfrentan las personas autóctonas de la zona.

Las familias guanacastecas presentan ciertas particulares socioculturales. Al respecto Chant et al. (2007), plantea que en la provincia de Guanacaste hay una predominancia de hogares uniparentales liderados por una mujer, donde sus hijos e hijas son nacidos fuera de matrimonio, situación que obliga a las mujeres a ejercer el liderazgo femenino en su hogar. No obstante, este liderazgo femenino de hogares se da bajo situaciones desventajosas para las mujeres. Esto se debe, según el Decimocuarto Informe del Estado de la Nación (2008), a que existen problemas estructurales en relación con la feminización de la pobreza, al demostrarse una desigualdad de ingresos por género en las familias más pobres, condiciones desfavorables para el acceso del mercado laboral, baja educación, factores que afectan los hogares encabezados por las mujeres y los hace más vulnerables a los problemas sociales.

Chant et al. (2007) refiere que la situación de las mujeres en Guanacaste se agudiza por la presencia de la violencia contra las mujeres, las dificultades que ellas tienen para derribar las normas tradicionales y prácticas culturales de género, la escasez de recursos para las iniciativas de mujeres y la falta de ideologías de género efectivas –es decir que el hecho de contar con leyes de protección e igualdad y el contar con una política pública de la Igualdad y Equidad de Género-, no significan ser garantes de buenas prácticas de igualdad o de disminución de la discriminación por sexo en la región Chorotega.

De esta forma, surge un panorama de desigualdad social en la población guanacasteca, evidenciándose un porcentaje considerable de personas que se ven obligadas a desplazarse a las regiones periféricas de los proyectos turísticos o de las ciudades en vía de desarrollo. En este sentido, el tema planteado en la investigación vislumbra la siguiente interrogante: ¿cuáles son las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y su vinculación con el tráfico de drogas?


Según los datos presentados por Rodríguez (2005) y Núñez (2007), existe una mayor participación de las mujeres en delitos relacionados con narcotráfico que en otro tipo de infracciones. Rodríguez (2005) indica que en el año 2002, en el Centro de Atención Institucional Buen Pastor el 63,6% de la población privada de libertad penaba delitos relacionados con el comercio y trasiego de drogas. Asimismo, en el Centro de Atención Institucional de Liberia, de la población total conformada por diez mujeres, nueve estaban sentenciadas por trasgresión a la ley de psicotrópicos y para el año 2010 de veinte mujeres que estaban reclusas, 18 penaban por el delito estudiado, por lo que se demuestra un aumento poblacional de un 90%.

Las estadísticas revelan que la mayoría de las mujeres privadas de libertad han cometido delitos vinculados con la venta y tráfico de drogas, especialmente relacionados con la micro comercialización de la droga. La mayor parte de estas mujeres provienen de grupos de escasos recursos y limitadas oportunidades de desarrollo (Rodríguez, 2005).

Autoras como Carpio y Villalobos (1998) y Rodríguez (2005) sostienen que la alta rentabilidad del tráfico de drogas versus la baja rentabilidad del trabajo femenino, aparece como factor determinante en el ingreso a las redes del narcotráfico. A su vez, la venta o tráfico de estupefacientes no le demanda a la mujer un desplazamiento fuera de su vivienda o de su territorio inmediato.

En relación con lo anterior Carpio y Villalobos (1998), revelaron una cadena de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, quienes en su mayoría no tuvieron un acceso a la educación y experimentaron abuso infantil, maltrato físico, explotación sexual comercial y trabajo infantil. Lo anterior, provocó como consecuencia una violación a sus derechos básicos, lo cual indica las disparidades de género que acompañan las vidas de estas mujeres. También indica que en la mayoría de los casos la inclusión de las mujeres al narcotráfico está precedida por una cadena sistemáticas de violaciones previas a sus derechos, lo cual, si bien no justifica la comisión del delito, visualiza su carácter complejo en relación con el tutelaje de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado y sus instituciones.

Respecto a las experiencias de las mujeres en las redes del narcotráfico, Rodríguez (2005) argumenta que el rol desempeñado por ellas corresponde al último escalón en la pirámide del narcotráfico (entregar sustancias a las y los consumidores). Ellas son quienes transportan y/o comercializan la droga y como representan la parte más visible de la cadena, corren el mayor riesgo de ser detenidas.

De acuerdo con los planteamientos de Facio (2002a), la incorporación de la perspectiva de género en la descripción de una realidad implica la inclusión a partir de la visibilización de las estructuras de género que discriminan y excluyen a las mujeres, de manera que no se oprima ni discrimine a ninguno de los sexos.

El Enfoque de Género, desde la propuesta teórica de Campillo y Guzmán (2001), señala que esta perspectiva es una forma de mirar la realidad y una forma de intervenir en esa realidad. Se relaciona con el enfoque conceptual que se da al género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la legislación y el ejercicio de derechos, diseñar estrategias y evaluar. Campillo y Guzmán (2001) señalan que existen diversas vertientes en la aplicación del enfoque de género, pero todas suponen una acción directa para:

Cambiar los términos de las relaciones sociales, democratizándolas y propiciar una voluntad política para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en razón de su género y a la subordinación a que ellas están sometidas.

Construir condiciones que garanticen la equidad en el acceso y beneficio de todos los bienes entre los géneros, la igualdad en sus oportunidades y derechos, empoderando a las mujeres para que puedan participar en posición de igualdad en el desarrollo social y económico.

Según Campillo y Guzmán (2001), la perspectiva de género posee algunas características, tales como: es inclusiva, debido a que incorpora al análisis otras condiciones que agudizan la discriminación de género, como son la clase, etnia y edad. Cuestiona el androcentrismo³  y el sexismo⁴ que permean todas las instituciones y actividades sociales, a la vez que propone estrategias de acción para enfrentarlos críticamente y erradicarlos. Hace posible visualizar las experiencias, perspectivas, intereses, necesidades y oportunidades de las mujeres. Con ello, se pueden mejorar sustancialmente las políticas, programas y proyectos institucionales; así como las acciones dirigidas a lograr sociedades equitativas, justas y democráticas.

Por otra parte, la investigación tomó en cuenta algunos instrumentos de derechos específicos para las mujeres, entre ellos: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de “Belem do Para” (1995) y Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (1981).


Al ser el concepto de vulnerabilidad social un proceso multidimensional, se entenderá como la debilidad frente a la amenaza o ausencia de la capacidad de resistencia y la falta de capacidad de resiliencia, la cual depende de múltiples factores; por consiguiente, referirse a vulnerabilidad social es identificar los factores sociales (económicos y macro estructurales), familiares, comunales y personales que ponen en riesgo a un ser humano ante un evento o situación en particular, en este caso, a la incorporación de las mujeres en las redes del narcotráfico.

Por vulnerabilidad social se entiende:
“…la noción de vulnerabilidad es entendida como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas. La vulnerabilidad social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como el desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para afrontar concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar”. (Busso, 2001, 8)

La vulnerabilidad social depende de dos variables que inciden en su construcción: la pobreza y la exclusión social. Para el Instituto Nacional de la Mujer (2008), la pobreza es un “fenómeno complejo multifacético y heterogéneo diverso en sus causas y en sus consecuencias. Tiene que ver con 'privaciones materiales' y con incapacidades sociales y organizativas, por lo tanto tiene que ver con privación de capacidades” (Trejos, 1998, Chant et al. 2006 y Martínez, 2001, citado por el INAMU, 2008: p. 6). Por consiguiente, el concepto de pobreza y desigualdad social, no solo consiste en ausencia de lo material, sino también en el no reconocimiento de la participación de experiencias sociales y organizativas.


Para una comprensión integral del objeto de estudio, la investigación utilizó el concepto de ruta crítica planteado por Claramunt (1998) para referirse a la explotación sexual comercial. Cabe mencionar que dicho concepto no había sido aplicado a la problemática del narcotráfico.

Claramunt (1998) describe la ruta crítica de comercio sexual como un proceso donde convergen diferentes factores: personales (haber sufrido abuso sexual, incesto, otros.), familiares (violencia doméstica, adicciones, desintegración, otros.) y ambientales (relaciones con el comercio sexual). La autora agrega que la ruta crítica no es un camino lineal, sino un proceso dialéctico donde entran en juego los aspectos psicosociales. Por tanto, la investigación se dirigió a reconstruir la(s) ruta(s) crítica(s) de participación en las redes del narcotráfico a partir de la narrativa de las informantes.

Según Claramunt (2003), los factores de riesgo o de vulnerabilidad constituyen características individuales, familiares y comunales que colocan a las personas en una posición de mayor vulnerabilidad ante una situación de violencia doméstica o de explotación sexual comercial.

A partir de los relatos de vida proporcionados por las participantes, se aborda la temática de la participación femenina en el narcotráfico, escenario en la que convergen múltiples factores y violaciones a los Derechos Humanos.


El objetivo general de la investigación fue determinar los procesos históricos-biográficos de cuatros mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Calle Real en relación con la(s) ruta(s) crítica(s) hacia la participación en las redes del narcotráfico.

Esta investigación se elaboró desde un paradigma cualitativo, para ello se utilizó el método de estudios de casos. Se aplicó tres técnicas para la recolección de la información: entrevista en profundidad, revisión documental de antecedentes penales y observación no participativa. Esta estrategia metodológica permitió describir y comprender la situación de cada una de las mujeres participantes.


a) Entrevista en profundidad: esta se realizó a cuatro mujeres privadas de libertad, lo que permitió conocer, desde los relatos de las participantes, el sentir y pensar en relación con su ruta crítica de participación hacia el narcotráfico. La entrevista permitió ahondar en aspectos básicos a nivel históricos-biográficos en la vida de las mujeres, como lo fue su historia personal y familiar; los factores familiares, los económicos, los comunales, condiciones de vida  antes y durante su participación y los significados atribuidos por las mujeres mientras estuvieron involucradas en el narcotráfico. Dicha entrevista también buscó conocer recomendaciones de las participantes para prevenir la incorporación de las mujeres en el tráfico de drogas.

b) La revisión documental de expediente penal: la revisión se dio con el previo consentimiento de las participantes. Esta técnica tuvo el propósito de conocer los aspectos relevantes para el análisis relacionado desde el ámbito judicial como el tipo de sentencia, el tiempo de permanencia en la cárcel, aspectos biográficos, además esta revisión brindó información para contextualizar la población.

c) Observación no participativa: Dicha técnica permitió tener una mejor claridad sobre la cotidianidad que viven las mujeres privadas de libertad del Centro Institucional Calle Real en Liberia, en dinámicas relacionadas a la comunicación entre ellas, con sus familiares, con las oficiales de seguridad y las formas que utilizan para expresar afecto a las personas del mismo sexo o contrario.
Estudiar varios casos conjuntamente permitió analizar la información recolectada, donde se pudo constatar las características comunes, variadas o diferentes en las mujeres participantes del estudio.


Para la selección de las mujeres entrevistadas, la investigación estableció criterios de inclusión, entre ellos se destacan: a) Ser mujer privada de libertad, b) haber recibido una condena por infringir la ley de psicotrópicos, c) en el momento de la investigación deben de encontrarse recluidas en el Centro Penitencial Calle Real, d) tener un mínimo de tres meses de estar en el Centro Penitenciario e) disposición o motivación a hablar sobre el tema a investigar,  firmar consentimiento informado, f) poseer edad entre 18 años a los  25 años y/o de 30 años a los 50 años.

Según los intereses de la investigación, se establecieron también criterios de exclusión de las mujeres participantes, entre ellos se mencionan: a) estar a tres meses de cumplir su condena, b) no encontrarse bajo efectos de sustancias psicoactivas en el momento de la entrevista.

Las entrevistas se realizaron en un encuadre determinado con el tiempo límite, una sesión por semana de dos horas cada una hasta completar la entrevista y en un espacio facilitado por el Centro Penitenciario Calle Real.

Cada participante, fue informada sobre el tema de investigación, sus características generales y sus derechos de participación mediante el documento consentimiento informado. Se mantuvo la confidencialidad de las mujeres, por medio de la utilización de seudónimos y se abstuvo el uso de aspectos personales de las participantes que pudieran haberlas identificado. Se indicó que la participación era voluntaria y que la participante tenía el derecho de abstenerse de contestar cuando así lo quisieran y a suspender la entrevista en el momento que lo desearán hacer. Se les pidió autorización a las participantes para ser grabadas y se les solicitó su consentimiento para ser escuchadas posteriormente para la investigación. Las cintas de grabación fueron destruidas después de terminar el proceso de análisis de la información. 


En total participaron cuatro mujeres oriundas  de la provincia de Guanacaste. Todas las participantes fueron víctimas y testigos de situaciones de violencia doméstica, psicológica y física durante el desarrollo de su vida. Una sufrió de abuso infantil por parte de su padrastro y otra fue objeto de prostitución durante su adolescencia.

El análisis de las historias de vida revela la existencia de una ruta crítica común de participación de las mujeres en el narcotráfico con las siguientes características:

1) Haber sido víctima de violencia contra la mujer en diferentes etapas de su vida, especialmente durante su niñez y adolescencia (psicológica, física, sexual y patrimonial). La violencia intrafamiliar: Fue un factor que expulsó a las adolescentes fuera su hogar. Se identifica este hecho como un factor crítico para una adolescente. La familia jugó un papel importante en cada participante. Tres de las familias se caracterizaron por estar por debajo de la línea de pobreza, tener al menos un miembro de la familia consumidor de drogas o alcohol. Además, todos los casos reflejaron la ausencia de la figura paterna a nivel de apoyo emocional o bien económico.

2) No contar con redes de apoyo familiar o institucional. Las familias de origen de estas adolescentes vivenciaron emigraciones constantes al interno de la provincia de Guanacaste  durante su niñez o adolescencia. Esto no les permitió a las participantes desarrollar redes de apoyo a nivel comunal o institucional que las protegieran mientras se les violentaba.

3) Ser madre adolecente constituyó un factor de vulnerabilidad social y de riesgo. Las cuatro participantes durante su etapa de adolescencia manifestaron haberse fugado o ausentado por largas horas de su casa en la búsqueda de mayor compresión, apoyo y búsqueda de un ambiente libre de violencia. Lamentablemente, muchas de ellas lo que encontraron fue una serie de violaciones a sus derechos. Las cuatros adolescentes, al buscar refugio en la calle, quedaron embarazadas entre los 14 años y 15 años, situación que las obligó a abandonar los estudios secundarios o bien postergarlos para otro momento para cumplir su ahora rol materno.

Las adolescentes, al tener que asumir su rol de madre, se dedicarían a trabajos informales para solventar los gastos de sus hijos e hijas. Entre las labores que realizaron las adolescentes se destacan las labores de empleadas domésticas, vendedoras ambulantes, niñeras, bartender, saloneras o dependientes de tiendas, entre otros.

Las cuatro participantes en el momento de su involucramiento eran jefas de familias. Al respecto Chant et al. (2007) plantean que la jefatura femenina del hogar en Guanacaste se considera una situación extremadamente dura, la cual fuerza a las mujeres a luchar contra la pobreza de manera individual y, cuando se hace en compañía de un hombre, son las mujeres las que piensan en la comida y el bienestar del hogar. Por el contrario, las ganancias que obtienen los hombres son para uso personal (por ejemplo tomar licor), lo cual a menudo perjudica a sus parejas, sus hijos e hijas.

4) Las limitaciones socioeconómicas que enfrentaron estas mujeres, jugó un papel importante para solventar los gastos de manutención de sus hijos e hijas y de ellas. Por lo tanto, las mujeres participantes cumplieron el de rol proveedoras y la función de cuidado se la dieron a terceras personas que no precisamente fueron sus familiares. (Clert 1998, Torres 2008, Carpio y Villalobos 1998)

La relevancia de los lugares para el tráfico de droga, es fundamental para comprender los roles de género en las participantes, dos de ellas vendían en lugares públicos (colegio, bares, playas, plazas, lotes baldíos), pasando largas horas fuera del hogar. En este sentido, las participantes se preocuparon por cubrir las carencias económicas del hogar requiriendo para ello pasar largas horas fuera de su casa. Dicha situación preocupaba a las mujeres en relación con quién cuidaba a sus hijos e hijas (vecinas, amigas). Al vender droga en la calle se estaba evitando que sus hijas e hijos las vieran y evitaban, de esa forma, algún cuestionamiento y, a su vez, impedían darle malos ejemplos a sus hijos e hijos.

Dos de las participantes se dedicaron a vender droga en la casa. Una  de ellas tenía a su hijo de meses de nacido y otra vivía sola, por lo que no podría haber algún cuestionamiento de sus hijos. Sin embargo, esta última al utilizar la casa para venta y consumo de droga, involucró de esta forma a otros miembros de su familia como hermanos, hermanas, sobrinos y un cuñado que vivían cerca de su casa.

5) Como quinto aspecto se señala haber tenido contacto con la droga a través de una figura masculina y el consumir droga. Las cuatro participantes empezaron a vender droga influenciadas por un hombre (tres por sus parejas y una por un amigo cercano a la adolescente).
 
Consumir droga es considerado como un factor de participación. En este punto se enfatiza sobre la cercanía que tuvieron las participantes con la droga al tener que consumir para vender en los sitios destinados a la venta y consumo. El consumo para vender droga fue visto por las entrevistadas como un acto de valentía, al ganarse la confianza y respeto de consumidores y vendedores. Cabe mencionar que solo una de la participante no consumió drogas, esto se debió a experiencias cercanas que ella había tenido con la drogas en su familia de origen (madre, padrastro y hermano eran consumidores de drogas).

Ante la información expuesta anteriormente, el recorrido realizado por las cuatro historias de vida refleja la existencia de una ruta crítica común, pero con vivencias y significados distintos. Al respecto, las participantes mencionan sobre sus significados atribuidos a su participación en el trasiego de drogas. 

Para “Ana”, vender droga le significó encontrar una nueva familia donde fue “querida, acompañada, protegida y respetada” por sus amigos de la calle (pandilla de vendedores de droga). El espacio de las drogas también le permitió continuar con sus estudios secundarios, mismo que le servirían en el centro penal para cursar la carrera universitaria en Turismo de la Universidad Estatal a Distancia. Esto representó estatus en relación con otras privadas de libertad; sin embargo, a nivel de estrategia de sobrevivencia emocional ir a clases constituyó un espacio para refugiarse ante las circunstancias que le representaba estar privada de Libertad.

Con Respecto a “Alicia”, su pasar por las drogas obedeció a un intento de querer independizarse de sus padres y al no contar con recursos económicos, vio en la venta de droga una “solución” para separarse de su familia y sentirse aceptada una vez que adquirió bienes materiales como un carro y el pago de educación privada para sus hijos.

 Por su parte para “Carmen”, vender drogas representó sentirse acompañada y aunque ella aduce que la cercanía de su familia y amistades se debían al dinero ganado por la venta de droga; su compañía servía para enfrentar la depresión que sentía tras el suicidio de una de sus hijas y la reciente desilusión amorosa que enfrentaba en ese momento. La necesidad de “Carmen” de sentirse útil productivamente fue otra constante importante; en el momento de realizarse la investigación, ella era la mujer con mayor  edad del Centro Penal.

Y, finalmente para “Mónica”, significó una “oportunidad” para llevar sustento al hogar. En este caso, la desesperanza y el sentimiento de impotencia al no contar con recursos económicos, ni familiares, la llevaron a vender drogas para asegurarle a su hijo bienestar, sin importarle las consecuencias que esto le pudo traer a ella y posteriormente a su hijo.

Aunque parece paradójico (las drogas al ser un “negocio” lucrativo), ninguna de las participantes alcanzó mayor estatus económico vendiendo droga y más bien apenas les alcanzaba en la mayoría de los casos solo para cubrir las necesidades básicas de su familia y las de ellas, situación que las vulnerabilizó y las atrapó en la venta de droga. Al pertenecerle la droga a una figura masculina, este se quedaba con las ganancias reales de este negocio. Al respecto Lagarde (1996) plantea que, en la ideología patriarcal en la que se encuentran inmersas las mujeres, propicia que todavía haya menores oportunidades para las mujeres en su desarrollo personal o el de sus familias. La participación en el narcotráfico queda relegada a una condición femenina tradicional, asociada al peso de la especialización doméstica y al servir de transportista, de presa judicial o de foco distractor para el Estado.

En relación con el delito de infracción a la ley de psicotrópicos, las participantes  manifiestan una débil conexión entre la ilegalidad del delito y las sanciones que se representan a nivel legal y moral. Esta débil conexión obedece a que ellas no sintieron que estaban haciendo algo indebido porque se encuentran brindándoles oportunidades a sus hijos e hijas o para ellas mismas. En este sentido, la funcionalidad que tiene la participación en la venta de drogas es vista como una oportunidad o bien una estrategia de sobrevivencia económica.

Al respecto Martín-Baró (1985:143) plantea que “la valoración de un comportamiento como bueno o como malo, supone la confrontación de los intereses sociales con las necesidades individuales: la conveniencia del grupo con los deseos de la persona”. Desde la socialización moral, la persona incorpora principios y valores, considerados buenos o malos socialmente. En este sentido, la moral se encuentra relacionada en la medida en que satisfagan las necesidades básicas, es decir, al no satisfacerse las necesidades, el control personal del ser humano se vuelve deficiente. Por el contrario, cuando se logra un desarrollo moral, esto le permite que la persona logre sus objetivos, canalice sus energías, satisfaga sus necesidades y finalmente pueda minimizar el daño a sí mismo(a) o a los demás.
 
Por otro lado, el involucramiento de las participantes en la venta de drogas estuvo acompañado de emociones y sentimientos, entre ellos el miedo, la ira, el odio, la soledad, el sentirse engañadas e inclusive manipuladas por sus parejas o amigos una vez que fueron apresadas.


El hogar de cada una de las mujeres participantes del estudio no les brindó ningún recurso protector para evitar su participación en la venta de drogas. Estos se caracterizaron por el abandono de uno o ambos progenitores a nivel económico y emocional, ser observadoras directas y haber sufrido de violencia en algunas de sus manifestaciones (doméstica, física, sexual patrimonial y psicológica) por parte de figuras parentales o cercanas a ellas. Dicha situación expondría a las participantes a recurrir en ocasiones a fugarse del hogar como una estrategia para no sufrir más abusos por parte de sus cuidadores.

Desde los discursos de las participantes se reconoce que la feminización de la pobreza no es porque haya más hogares liderados por las mujeres, sino que esto se debe particularmente a una desigualdad social. Todo ello es producto de Políticas Públicas de un Estado Patriarcal, donde el papel de las mujeres se encuentran en desventaja social cuando se trata de equidad e igualdad de género en diversas áreas relacionadas con una mejor calidad de vida  para ellas y sus hijos e hijas.

La importancia del factor económico pareciera ser uno de los principales agentes motivadores para la participación de las mujeres en tráfico de drogas, al “responder” ante la escasez de trabajo formal para ellas que se desempeñan en la sociedad. En este sentido, las repuestas que se pueden plantear al Estado deben de dirigirse para que este brinde oportunidades laborales, de educación, en el área de salud sexual y reproductiva a las poblaciones vulnerables la provincia Guanacasteca.

Las redes de apoyo familiar, social e institucional fueron los grandes ausentes en la encrucijada que han tenido que enfrentar estas mujeres. El no contar con apoyo en momentos críticos ubicó a las participantes en una posición de vulnerabilidad y a partir de esta situación fueron utilizadas por el crimen organizado, al atraparlas, por ejemplo, como transportistas o vendedoras de droga a pequeña escala.

Las condiciones de vida de las participantes durante su participación en las redes del narcotráfico, estuvieron marcada por escenarios de riesgo para ellas y sus hijos e hijas. Al ser expuestas ante las diversas manifestaciones de violencia, amenazas y control por parte de sus parejas o bien por figuras masculina, ejercían control en la venta de drogas.

La participación femenina en la venta de drogas, es un intento desmesurado de adaptabilidad de las mujeres ante el contexto sociopolítico y económico que vive Costa Rica, particularmente la provincia de Guanacaste. En este sentido, el deseo y necesidad de sobrevivencia de las participantes van más allá cuando se trataba de garantizarles a sus hijos e hijas buenas oportunidades de estudios y de poder comprar lo que ellas desean.

Las participantes refieren que las mujeres que trasiegan drogas para consumo son señaladas socialmente como “malas mujeres”. Caso contrario sucede con las mujeres que se dedican a esta actividad ilícita para llevar sustento a su hogar y evitar que sus hijos e hijas sufran de hambre o que no puedan estudiar. Pareciera ser que estas mujeres no son “castigadas” socialmente por su comunidad, ni sus familias, porque están evitando que sus hijos e hijas sufran carencias de tipo material.

Durante la participación en la venta de psicotrópicos, las mujeres participantes de la investigación no refieren haber sufrido alguna manifestación de violencia contra ellas mismas. Esto se debe a que ellas percibían el concepto de violencia a gritos, golpes, abuso sexual; no logrando deducir el círculo de violencia en las que se encentraban mientras participaban de la venta de drogas.

Un aspecto a destacar, es que las cuatro mujeres participantes en el estudio NO cometieron el delito de infracción de la Ley de Psicotrópicos para financiar su autoconsumo. Dicha situación declara que las mujeres podrían presentar otros intereses en la dinámica del trasiego de droga y no precisamente el consumo, sino que es tomado como estrategia de sobrevivencia para ellas y sus familias.


Uno de los alcances investigativos del estudio se dirigió a la construcción de recomendaciones desde las participantes. Es, por lo tanto, que desde ‘la escucha’ resultó fundamental reconocer sus necesidades para posteriormente elaborar estrategias de intervención que se adapten a las realidades de las personas involucradas en las redes de narcotráfico:

En este sentido, las participantes refirieron que se hace necesario desarrollar temáticas informativas respecto a la prevención de drogas y las consecuencias a nivel emocional, personal y familiar de trasegar droga. Dentro de las temáticas señaladas se encuentran: 1) autoestima de la mujer: el valorarse a ellas mismas como mujeres, madres, hermanas; 2) recibir terapia psicológica o médica en situaciones de adicción; 3) estudiar y/o capacitarse en áreas técnicas o académicas; 4) contar con redes de apoyo que les brinde apoyo a nivel emocional o bien económico.

Las participantes refieren la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas de prevención y consumo de drogas al interno del penal. Lo mismo sucedió con el tema de tratamiento y rehabilitación en la adición a las drogas. El Centro Penal no ofrecía las condiciones para que estas mujeres llevaran un tratamiento de adicción a las drogas.

Aunado a ello, en la provincia de Guanacaste no se cuenta con un centro especializado que brinde tratamiento a la adicción a las drogas para la población femenina o que, al menos, ellas conocieran. Si se sabe de la existencia de grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos (A y A), Narcóticos Anónimos (N y A) y Hogar Crea. Este último de uso exclusivo para el género masculino, por lo cual urge un abordaje integral con una perspectiva de  género en la provincia de Guanacaste.

El abordaje de intervención de a las mujeres debe de tomar en cuenta estrategias metodológicas desde un enfoque de derechos humanos y de género.

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2. “El orden psicologista trataría de encontrar en las características personales del sujeto las razones de su comportamiento como tal”. (Martín – Baró,1985:26)
3.Fundapen – Asociación ANDAR (2008:45) refieren que el androcentrismo “es ver al mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como parámetro humano”
4.Fundapen – Asociación ANDAR (2008:46) refieren que el sexismo “es la creencia de la superioridad de un sexo sobre el otro”.


*Correspondencia a:
Lang Ying Hernández Chévez. Costarricense. Psicóloga. Docente e investigadora de la Sede Guanacaste. Universidad de Costa Rica. Email: lang.hernandez@gmail.com
1 Costarricense. Psicóloga. Docente e investigadora de la Sede Guanacaste. Universidad de Costa Rica. Email: lang.hernandez@gmail.com 
2 “El orden psicologista trataría de encontrar en las características personales del sujeto las razones de su comportamiento como tal”. (Martín – Baró,1985:26)
3 Fundapen – Asociación ANDAR (2008:45) refieren que el androcentrismo “es ver al mundo desde lo masculino, tomando al varón de la especie como parámetro humano”
4 Fundapen – Asociación ANDAR (2008:46) refieren que el sexismo “es la creencia de la superioridad de un sexo sobre el otro”.

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