Informes de la verdad y la justicia en América Latina

A lo largo del siglo XX en América Latina, principalmente a partir de la segunda mitad de dicho siglo, se constituyeron diferentes regímenes dictatoriales en países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, entre otros. Según lo indica Carlos Figueroa (²⁰⁰¹), estas dictaduras tuvieron repercusiones violentas y perversas. Así, entre 1960 y 1996 se contabilizaron entre 150 000 y 160 000 personas muertas y entre 40 000 a 45 000 desaparecidas. Las implicaciones fueron significativas para la población en general y más aún para quienes tenían una postura crítica en contra de los regímenes autoritarios y en contra de la constante violación de los derechos humanos.

En Guatemala, uno de los países con mayor violencia en este contexto, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el registro de víctimas de una o más violaciones o hechos de violencia ascendió a 42 275 personas y sobre los datos del tipo de violación se registró “un 38% de ejecuciones arbitrarias, seguidas, en orden de frecuencia, por las torturas (19%), las desapariciones forzadas (10%), y las violaciones sexuales (2%)” (^{1999, p. 318}).

De acuerdo con Figueroa (²⁰⁰¹), la mayoría de estas dictaduras, como parte de su estrategia para sobrevivir, inician en el ocaso del siglo XX un proceso de transición a la democracia:

En Latinoamérica, la justificación de la dictadura como un hecho transitorio y temporal fue particularmente evidente. Aun dictaduras como la de Pinochet en Chile, que abiertamente rompieron un orden democrático y derrocaron a un gobierno que ganaba cada vez legitimidad (expresada en elecciones libres y limpias), se autopresentaron como recursos extremos y transitorios para defender a la democracia de la amenaza del marxismo. En Centroamérica, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX, las dictaduras tuvieron que recurrir a la construcción de un andamiaje democrático (pluripartidismo, división de poderes, elecciones) para embozar el hecho real de que el núcleo fundamental de las decisiones políticas, no las tomaban los funcionarios electos, sino el alto mando militar (^{p. 57}).

En medio de este contexto, como parte de las medidas de reparación que se establecieron en los diferentes países, se crearon las comisiones de la verdad y la justicia, cuya labor consistió en generar informes para recuperar los hechos sucedidos, los testimonios de las personas víctimas de actos violentos y las medidas reparadoras.

Además, Ignacio Dobles advierte que estas comisiones se instauraron en cada uno de los países durante períodos de excesiva violencia:

Parten de que la “verdad” debe ser conocida y proclamada oficial y públicamente, que no se debe ofrecer compensación a las víctimas para que brinden sus testimonios, y que no se debe dar la impresión de que los abusos de un lado justifican los del otro (^{2009, p. 220}).

A este tipo de medidas que recuperan la memoria de forma oficialista, Aguilar (²⁰⁰⁸) las denomina políticas de la memoria ⁴ , en tanto pueden llegar a constituirse como dominantes y con una fuerte influencia a nivel público. La mayoría de estas comisiones se convirtieron en la versión oficial de lo sucedido, pues en sus informes se expresa esa mirada o reconstrucción de la memoria institucionalizada; también se conciben como el instrumento oficialista que da respuesta en materia de cumplimiento de derechos humanos a todas las personas sobrevivientes de las dictaduras.

De acuerdo con Dobles (²⁰⁰⁹) y siguiendo a Hayner (²⁰⁰⁸), las comisiones de la verdad implican las siguientes características:

Estas comisiones tienen como propósito encontrar la “verdad” de lo sucedido, por ende, tratan de explicar y justificar todo lo acontecido en cada contexto. Según Sieder (²⁰⁰²), dichas instancias se han particularizado en cada país y su impacto ha dependido tanto de cuanta intervención exista por parte de la sociedad civil como de su intención de superar la visión oficialista.

Asimismo, Dobles indica que las comisiones de la verdad y la justicia han pretendido constituirse como una “sutura social” con la finalidad de volver “a poner las cosas en su lugar” (^{2009, p. 211}). Sin embargo, este objetivo no siempre se ha logrado, pues en muchos casos los hechos se concretan en el informe desde la memoria oficial de lo que sucedió en la dictadura sin un análisis y respuesta ante estos. Además, esta pretensión de reorganizar y generar una transición paulatina se refleja desde su propia constitución, pues las comisiones tienen intrínsecamente tres finalidades: la búsqueda de la verdad, la ejecución de la justicia y el proceso de reparación y reconciliación de la sociedad.

En América Latina, desde 1974, se han creado alrededor de 21 comisiones en los diferentes países, incluyendo los centroamericanos. A continuación, se presentan 13 ejemplos de comisiones con su respectivo año de creación y país (Cuadro 1).

Estas comisiones generaron diversas implicaciones en cada uno de los países en donde se establecieron y cada informe presenta particularidades y tratamientos diferentes sobre los testimonios recogidos. A continuación, se analiza el caso de Guatemala.

Guatemala y el informe Memoria del Silencio

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos Violentos se establece a través del Acuerdo de Oslo en 1994 (^{Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999}). El período estudiado por esta comisión comprende desde el inicio del enfrentamiento armado hasta que se suscribe el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, es decir, de enero de 1962 a diciembre de 1996 (^{CEH, 1999, p. 24}). Dicha instancia fue conformada con el fin de responder a tres grandes propósitos, a saber:

La comisión de la verdad y la justicia debía estar integrada por tres miembros: el moderador de las negociaciones de paz –cuya designación se realizaría por el secretario general de las Naciones Unidas–, un miembro ciudadano de conducta irreprochable –designado por el moderador– y un académico elegido por el moderador, procedente de una terna propuesta por los rectores universitarios guatemaltecos (^{CEH, 1999, p. 25}). A partir de esta propuesta, los integrantes de la comisión fueron el doctor Christian Tomuschat –director de la CEH– y dos comisionados de Guatemala, Alfredo Balsells Tojo y Otilia Lux de Cotí (^{Taracena, 2007}). El período de su funcionamiento se estableció, en primera instancia, por seis meses, con una prórroga de seis meses. Finalmente, la comisión trabajó durante 18 meses, del 31 de julio de 1997 hasta el 25 de febrero de 1999.

Por su parte, el informe Guatemala Memoria del Silencio destaca en tres aspectos. El primero es la constitución de un análisis de las causas y orígenes del conflicto armado (Tomo I), elaborado por un grupo de investigadores de las ciencias sociales, quienes plantean una propuesta investigativa seria y rigurosa sobre la reconstrucción del pasado guatemalteco. El segundo refiere a la inclusión de los casos ilustrativos que intentan reflejar la variedad de testimonios recolectados. Finalmente, se añaden los casos presentados que incorporan toda la información de las situaciones de violación a los derechos humanos. El documento se organiza en 12 tomos distribuidos tal y como lo presenta el Figura 1.

Elaboración propia de acuerdo con CEH (¹⁹⁹⁹).

Figura 1.  Estructura del informe Guatemala Memoria del Silencio  

La estructura del informe, como ya se vio, es bastante particular y, por ello, se diferencia de otros como el de Argentina, Chile y El Salvador, principalmente en la forma de recopilación y en el tratamiento de los testimonios.

Análisis crítico de Memoria del Silencio: tiempo y memoria

A partir de estos datos básicos de la CEH y de la organización del informe, queda en evidencia el interés y la centralidad de esta comisión por la búsqueda de la verdad desde la objetividad, para propiciar una lectura neutral, parcial y sin elementos ideológicos del informe. Según Espinoza, Ortiz y Rojas (²⁰⁰³), es difícil lograr este esclarecimiento de la verdad en el caso estudiado, ya que no se logra señalar a los responsables de los actos cometidos, lo que imposibilita la acusación para quienes cometieron los actos de violencia, muerte y desaparición en el proceso de dictadura.

Asimismo, el ímpetu de objetividad de esta comisión se presenta desde su surgimiento mediante el Acuerdo de Paz como instrumento mediador entre dos partes en conflicto: el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (^{CEH, 1999}). Además, en la constante búsqueda de objetividad, se integraron diversos criterios en el seno de la comisión, situación que limitó en algunos momentos su trabajo:

La CEH empezó a funcionar como institución en medio de las dificultades laborales entre los integrantes (quienes tenían distintos cargos a la hora de sumarse al proyecto), de la vigilancia efectiva de los servicios de seguridad del estado, del enfrentamiento entre “actores” y “neutrales” y entre funcionarios internacionales (de las Naciones Unidas) y contratados nacionales (^{Taracena, 2007, párr. 21}).

Sin embargo, y a diferencia de otras experiencias, lo que hace más interesante este informe es que frente a su constante interés de objetividad y neutralidad, se presenta la intervención de las organizaciones de la sociedad civil y de comunidades locales con la finalidad de garantizar algún tipo de compensación y justicia:

De hecho, la amplia participación social en la labor de la memoria quizá sea el rasgo más característico del proceso de esclarecimiento de la verdad guatemalteca. Aunque esto provenía en parte de los acuerdos de paz y de la apertura política que proporcionaba el acuerdo para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el impulso principal procedió de un movimiento de defensa de los derechos humanos diverso y dinámico, cuya fortaleza e independencia política respecto a la URNG había aumentado en los años noventa (^{Sieder, 2002, p. 265}).

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico recuperó aproximadamente 8 000 testimonios y calculó que “alrededor de 200.000 personas habían sido asesinadas o habían desaparecido durante el conflicto y daba pruebas de unas 658 masacres” (^{Sieder, 2002, p. 267}). El tratamiento que se realiza en el informe de cada uno de los testimonios recolectados tiene características particulares, tal cual se presenta en el Cuadro 2.

En este sentido, el informe refleja un tratamiento complejo de los testimonios porque recupera gran cantidad de ellos, lo que se observa desde el tomo VI al XI. No obstante, los testimonios pierden centralidad, en tanto en el informe no se muestran en sí cómo se reconstruyeron, sino que los hechos ocurridos se establecen a partir de la mirada de quienes conformaron la comisión.

Los casos ilustrativos se detallan principalmente en los tomos del VI al VIII. Allí, los testimonios se exponen en epígrafes y mediante la transcripción de fragmentos. Por ejemplo, en el epígrafe del caso ilustrativo N.º 64 se presenta un extracto de un testimonio:

Yo vivía en Buena Vista; a mi hijo lo mataron los soldados en Guatemala; me quemaron mi casa; me golpearon mucho en el destacamento; me detuvieron casi dos meses y me hicieron mucho daño; me quitaron mi tierra y por eso no quiero regresar a Guatemala. Mejor me quedó en México. El sufrimiento ha sido mucho. Hay muchas cosas que uno no puede terminar de contar (^{Testigo directo, CEH, 1999, p. 367}).

Esta manera de utilizar la información proporcionada por las víctimas limita las posibilidades de reconstrucción de los testimonios. En el caso del informe, la forma de narrar genera una disrupción con lo sucedido y con la voz de quienes sufrieron los procesos violentos. Esto evidencia la complejidad de la tarea, ya que al momento de la reconstrucción y de la lectura del informe se pierde la voz de las víctimas, pues se “escucha” más la de los investigadores.

En cuanto a las conclusiones, se discute, en términos generales, sobre los hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos y sobre el proceso de paz y reconciliación. Por su parte, en las recomendaciones se expone sobre:

Las recomendaciones que brinda este documento se limitan a discutir aspectos que no necesariamente van a lograr el resultado esperado, pues no se expresa la aplicación de la justicia:

Cuando el 23 de junio de 1994 se acuerda crear la Comisión de la Verdad, el ejército guatemalteco plantea que su informe se haga público hasta el año 2020, lo que evidentemente no era aceptable para las otras partes. Este informe guatemalteco no individualiza responsabilidades, y como suele ser el caso, no tenía propósitos jurídicos (^{Dobles, 2009, p. 245}).

Las medidas de reparación, que se encuentran en las conclusiones y en las recomendaciones, dejan entrever que no se resuelve sobre los responsables de los actos violentos y queda bajo responsabilidad del Estado y de la sociedad en general el cumplimiento de estas. La razón de que estos informes no expliciten quiénes son los verdaderos responsables de la violencia enfrentada y de los hechos ocurridos es porque su interés primordial se centra en la transición de la ruptura con el pasado desde una búsqueda de la “verdad” objetiva y neutral, tal como indica Mattarollo:

Las Comisiones han aparecido en períodos de salida de regímenes dictatoriales o autoritarios y de transición hacia la democracia o en el curso de la solución negociada de un conflicto armado, muchas veces resultado de injusticias estructurales, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la inexistencia del estado de derecho. Esto hace que uno de los requisitos de la estabilidad política y del desarrollo sostenible en la nueva situación, sea la vigencia plena de la democracia y de los derechos humanos (^{2001, p. 168}).

Un elemento más de análisis es si la configuración de los informes de la verdad y la justicia, específicamente el caso analizado, permite la construcción de procesos de memoria o si más bien limita la posibilidad de recuperarla a partir de los hechos ocurridos.

Para esto, se relacionan las categorías analíticas de tiempo y memoria con el caso en estudio, a partir de dos principios. En primera instancia, el tiempo pasado necesita el presente y es reconstruido desde ese lugar, tal como lo indica Calveiro:

A su vez, la “apropiación” del presente implicará la reconstrucción de cierto pasado, su interpretación, convertido ahora en el pasado, y la proyección hacia un futuro que se presenta como promisorio, en tanto extensión de este presente. En definitiva, toda apropiación ocurre en ese presente, incluso la del pasado (^{2008, p. 62}).

En segunda instancia, existe un vínculo intrínseco entre memoria y tiempo, puesto que aquella se reconstruye en el presente. Taracena (²⁰¹²) explica que la memoria y el recuerdo tienen lugar en lo reciente, en tanto “el pasado fue presente pero no a la inversa” (^{p. 2}).

En este sentido, al analizar el trabajo de la comisión y su informe bajo estos dos principios, se observa sobre todo esta contradicción temporal, ya que se reconstruyen los hechos pasados desde una mirada presente, reflejada en varios aspectos de la investigación, tal como lo expresa Taracena (²⁰⁰⁷): “Visto retrospectivamente, el trabajo emprendido por la CEH representaba un esfuerzo de grandes proporciones en un país donde el olvido cuidadosamente calculado se apoya en una enseñanza sintética del ‘presente histórico’, sin líneas profundas de análisis” (^{párr. 6}).

Esta relación entre tiempo y memoria también se ve plasmada en el caso del tratamiento de los testimonios, pues aunque estos cuentan, desde un momento determinado, lo ocurrido en el pasado, tienen la particularidad de ser intervenidos por el grupo investigador. El testimonio –es decir, la voz de quienes sufrieron la deshumanización de esos procesos violentos– queda relegado a aparecer en epígrafes o citas dentro de cada caso ilustrativo preparado por las personas encargadas de la investigación. De tal manera, la posibilidad de leer y entender lo sucedido desde esas voces se limita no solo por la naturaleza en general del testimonio, que ya en sí es incompleto, sino también por las decisiones tomadas por el cuerpo investigador para presentar de determinada manera esos testimonios. A continuación, la Figura 2 ofrece un ejemplo que ilustra esas limitaciones:

Elaboración propia de acuerdo con CEH (^{1999, pp. 333-334}).

Figura 2  Ejemplo de testimonio en la forma de caso ilustrativo 

Como se observa en el ejemplo anterior, hay una intención en recuperar los actos desarrollados en las dictaduras y, al mismo tiempo, dignificar a las personas que sufrieron estos actos, por la forma en que se homogeneiza la memoria de lo ocurrido frente al recuerdo de cómo sucedió. Sin embargo, esa memoria que se representa como “acumulación-apropiación de experiencia y tiempo de lo múltiple y lo diverso, lo cual tiene como núcleo la resistencia a la dominación, al poder expresado en la racionalidad instrumental, abstracta y homogeneizante” (Tischler, 2005, p. 105) queda reducida a una sola mirada, la oficialista, con finalidades que transitan entre encontrar la “verdad”, controlar el conflicto y caminar hacia el proceso de transición.

Esta situación se complejiza aún más cuando el informe, además de reflejar esa memoria de los hechos, se propone esclarecer lo sucedido para que se convierta en un instrumento del proceso de transición y reconciliación de la sociedad:

La CEH puede asegurar que lo que se describirá en este capítulo ocurrió efectivamente. La Comisión ha cumplido su misión con toda objetividad, equidad e imparcialidad, confiando en que el conocimiento de esta verdad, por terrible que sea, encaminará al pueblo de Guatemala, preservando la memoria de las víctimas, a fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos, a efecto de fortalecer el proceso democrático (^{CEH, 1999, pp. 15-16}).

Ese propósito constante de las personas que conformaron la comisión y que se plasmó en el informe posee como finalidad preservar la memoria de lo que pasó para que se conviertan en memorias contrahegemónicas. Sin embargo, esta ambición se confronta con las posibilidades y los límites del informe, tal cual lo señala Taracena (²⁰⁰⁷):

A ocho años de su firma, los Acuerdos de Paz son letra muerta y el informe Memoria del silencio parece hacer –paradójicamente– honor a su título, pues a pesar de ser un buen texto analítico de las cuatro décadas de conflicto armado interno, pocos lo conocen en Guatemala y casi nadie lo cita. Esto se debe en gran medida a que el estado guatemalteco lo oculta, a que la URNG no se interesa en él (la CEH, una vez desmontada, perdió toda influencia institucional). Así, el alcance de los logros de la CEH sobre la verdad es relativo, aunque algunas organizaciones sociales –sobre todo aquellas que fueron víctimas de la violencia–, asumen y defienden su legado (^{párr. 51}).

La conexión entre tiempo pasado y presente se manifiesta en el informe en la reconstrucción, apropiación y constitución de una memoria histórica de lo sucedido con la finalidad de que cumpla una función de justicia. Este entrecruzamiento “obliga a superar la huella, en tanto pura remisión al pasado, y reclama relanzar la memoria como posibilidad de ser como apertura hacia un futuro posible. En este sentido, la memoria, se vincula con la promesa y la esperanza” (^{Calveiro, 2008, p. 68}) ⁵ .

Es en este punto de encuentro entre el pasado y el presente que el informe no logra cumplir su ambición, pues sus límites de reconstrucción del pasado se centran en demasía en la mirada de quienes conformaron la comisión y no de quienes fueron víctimas de los hechos violentos ocurridos.