Introducción

Desde los años setenta contamos con normativas internacionales y nacionales que visibilizan y protegen los derechos de las mujeres, desde la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer de 1975 hasta la Convención Belem do Pará de 1994, pasando por promulgación de políticas públicas y legislaciones a favor de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres en todos los países de la región centroamericana que se desarrollan, fundamentalmente, en los años noventa con el advenimiento de procesos democráticos. Lo anterior es el logro de un amplio movimiento social que muestra que la lucha de las mujeres atraviesa todos los ámbitos de la vida y que se orienta hacia un desarrollo social justo y equitativo en el marco general de una perspectiva de género.

El género y los derechos de las mujeres se instalan en el quehacer académico, sobre todo de las Ciencias Sociales, como reflejo de ese movimiento social emergente. En la Universidad de Costa Rica (UCR), en 1989, surge el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PRIEG). Posteriormente, en 1999 este se transforma en el ^{Centro de Investigación en Estudios de la Mujer} (CIEM) que, al incluir entre sus funciones: “3) Promover en la Universidad de Costa Rica, el desarrollo de políticas institucionales no sexistas” (Consejo Universitario [CU], 1999, 17), nos permite ubicar el inicio de las políticas institucionales de género.

En el 2003, el Consejo Universitario, en la sesión 4814, toma un acuerdo con respecto al uso de lenguaje inclusivo de género; los dos puntos principales indican:

1. Incorporar el lenguaje inclusivo de género en los documentos oficiales de la Universidad, así como en producciones de cualquier otra índole que se elaboren en la Institución.

2. Solicitar a la administración activa que en coordinación con el CIEM y otras instancias especializadas de la Universidad ofrezca la asesoría y capacitación que se requiera para cumplir con el acuerdo anterior. (CU, 2003,p.37)

Esta decisión puede ser vista como el inicio de una política lingüística -si tomamos en cuenta el punto 1- y una planificación lingüística universitaria -a partir del punto 2- (^{Rivera Alfaro, 2018}). En 2007, dicho acuerdo se convierte en política universitaria, carácter que mantiene hasta el presente. A pesar de que la política institucional ha existido durante más de 10 años, no son claros los avances que se han dado hasta el presente; en esta misma línea, es posible discutir el modo en que se ha implementado, las limitaciones que presenta la PPL para ser aceptada por parte de la comunidad y las necesidades que se pueden observar para que se llegue a dar una adopción consciente de la política (^{Rivera Alfaro,} en prensa). De hecho, hasta el presente, diversos estudios reportan el sexismo en la Universidad (CIEM, 2001; ^{Carcedo, 2007}; ^{Carcedo y Amador, 2012}; Canal UCR, 2017).

En este contexto institucional, en 2017 la Vicerrectoría de Investigación (VI) envía a las revistas científicas el oficio VI-4764-2017, donde les solicita el cumplimiento de la PPL universitaria. En este mismo marco, la VI contacta al CIEM (VI-4762-2017) para que participe en el proceso y, producto de ello, formulamos el proyecto Lenguaje inclusivo de género y de diversidad sexual: estrategia para la equidad en la Universidad de Costa Rica.

La investigación trabaja dos componentes: los textos administrativos producidos por la VI y las publicaciones académicas que se encuentran en el Portal de Revistas de la Universidad de Costa Rica. En ambos casos, partimos de las características de la institución, los distintos actores que participan en los procesos de producción de textos y las características textuales, entendiendo que una PPL es un desarrollo que involucra a toda la comunidad. Este proceso representa un reto conjunto para el CIEM y la VI, pues son pocas las pesquisas sobre el lenguaje inclusivo de género en textos académicos en castellano (^{Lagneaux, 2017}) y también son escasas las investigaciones sobre este tipo de PPL (^{Rivera Alfaro, 2018}; ^{Furtado, 2013}).

Profundizar en la PPL en nuestro contexto institucional nos permite formular sugerencias para mejorar su adopción y ejecución, es decir, trabajar en la planificación lingüística. Así las cosas, el objetivo de este artículo es presentar un mapeo sobre la implementación de la política lingüística de uso lenguaje inclusivo de género (CU, 2015) en las publicaciones científicas que se encuentran en el Portal de Revistas de la Universidad de Costa Rica.

Desde nuestra perspectiva, el lenguaje y el género representan realidades que operan en el marco de la cultura: son productos culturales en los que podemos incidir para impulsar cambios en las formas de pensar, estar y actuar en determinados contextos, épocas y grupos sociales (^{Butler, 1997}; ^{Cooper, 1997}; ^{Calvo, 2017}; ^{Fairclough, 2003}). De este modo, la tríada cultura-lenguaje-género se retroalimenta de forma dinámica y cada aspecto por separado puede ser visto como espejo de los otros dos.

Partiendo de esta mirada, en el CIEM buscamos colaborar en el fortalecimiento de la PPL de uso de lenguaje inclusivo de género teniendo en cuenta su relación con otras políticas de género institucionales, para favorecer el ejercicio del derecho de todas las personas a ser reconocidas y nombradas y para aportar a otros modos de producir conocimiento y construir comunidad. Por esto, entendemos el lenguaje inclusivo como un posicionamiento político de quien escribe/habla hacia el contexto que se expresa por medio de estrategias lingüísticas que se han ido planteando desde movimientos sociales para identificarse con posiciones relacionadas con derechos humanos, ya sea en el tema de género, de discapacidad, edad u otros (^{Rivera Alfaro, 2018}); de ahí, y considerando las características de la PPL universitaria, desde el CIEM comprendemos el lenguaje inclusivo de género como aquel que utiliza estrategias lingüísticas para expresar y visibilizar, de forma oral y escrita, a todas las personas, con independencia de su identidad sexual y género.

Metodología

La investigación, de carácter descriptivo, utiliza dos instrumentos para recolectar información con respecto a la implementación de la política lingüística universitaria de uso de lenguaje inclusivo de género en las publicaciones del Portal de Revistas de la UCR. Por un lado, implementamos un cuestionario disponible en línea a través de la plataforma Google Drive; por otro, realizamos un análisis documental de los sitios web de las revistas de la UCR (tal como aparecían en línea a octubre del 2018), con el cual confrontamos y completamos la información de la encuesta.

Tomamos cada revista como unidad muestral, en vista de que todas tienen una estructura organizacional y características similares y están regidas por las mismas normativas y reglamentos de la UCR; en otras palabras, es posible decir que los comités editoriales de las revistas -máxima instancia dentro de ellas- representan un mismo nivel de toma de decisiones en el marco institucional.

Conocer las revistas incluyendo sus instancias de toma de decisiones y a quienes participan en los distintos momentos del proceso editorial, responde a nuestra perspectiva teórica: no tomamos la política lingüística como una norma que se aplica a los textos como productos, sino como un proceso que requiere participación y en el que convergen diversos actores institucionales. Además, esta decisión permitió abordar el trabajo de acuerdo con la metodología de investigación-acción participativa; de este modo, en esta primera etapa, trabajamos con las personas del contexto y sus experiencias.

Según el Portal de Revistas de la UCR, contabilizamos un total de 51 publicaciones categorizadas por áreas: Ciencias Agroalimentarias (3), Artes y Letras (8), Salud (8), Ciencias Sociales (20), Ingeniería (6) y Ciencias Básicas (6). Observamos que algunas de las revistas aparecen en más de una de ellas; por ejemplo, la revista e-Ciencias de la Información se encuentra en Ciencias Sociales y en Ingeniería. Por esto, creamos el grupo multicategoría para agrupar a las publicaciones que aparecían en más de un área a la vez. También, encontramos que la Revista de la Universidad de Costa Rica no se incluye en ninguna de esas categorías, -dejó de publicarse en los años setenta- por lo que tampoco fue tomada en cuenta en este trabajo.

De este modo, las 50 publicaciones, objeto de nuestro trabajo, quedaron agrupadas de la siguiente forma: Ciencias Agroalimentarias (3), Artes y Letras (8), Salud (7), Ciencias Sociales (18), Ingeniería (4), Ciencias Básicas (5), multicategoría (5). La Figura 1 muestra los porcentajes que representan las revistas por áreas según nuestra categorización final.

Fuente Figura elaboración propia 1. Porcentaje de representación de cada área del conocimiento para el total de revistas según el Portal de Revistas UCR 

Para garantizar nuestros resultados, optamos por una muestra probabilística por conglomerados, constituidos por las áreas de conocimiento e, igualmente, por estudiar un 50% del universo absoluto, que corresponde a 25 de las unidades muestrales; en esto seguimos la recomendación de un porcentaje mínimo de 50% de las unidades cuando no se cuenta con un marco de muestreo previo o “particularmente cuando seleccionamos por vez primera una muestra en una población” (^{Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010}, p.179).

Nuestra muestra es representativa, pues la cantidad de unidades muestrales mínima en cada conglomerado representa a este grupo en el universo. Definir su representación llevó a calcular los porcentajes y los números absolutos que corresponden a cada una de las áreas tomando en cuenta las 50 revistas que se publican en la actualidad. El área más grande es Ciencias Sociales con un 36 %, que incluye 18 revistas; las siguientes son Artes y Letras con 16 % (8 revistas) y Salud con 14 % (7 revistas); le siguen Ciencias Básicas y las revistas multicategoría, con 10% (5 revistas) cada una; el área de Ingeniería con 8 % (4 revistas); y, por último, Ciencias Agroalimentarias, que representa 6 % con 3 revistas.

La Tabla 1 muestra el total de revistas por conglomerados y la cantidad mínima esperada para alcanzar un 50 % de respuestas. Como se observa, el total de publicaciones de varias de las áreas no es divisible entre 1/2; para estos casos redondeamos el número al entero superior, tomando como criterio analizar más del 50 %, no menos. No obstante, en caso de no contar con el mínimo establecido en el redondeo según nuestra proyección, previmos aceptar el redondeo hacia abajo como última opción.

El cuestionario en línea se mantuvo abierto hasta cumplir con las cuotas mínimas requeridas para cada área. De este modo, la muestra quedó constituida por 29 revistas -un poco más que las requeridas- distribuidas de la siguiente manera: 2 revistas de Agroalimentarias, 5 de Artes y Letras, 4 de Salud, 10 de Ciencias Sociales, 3 de Ingeniería, 3 de Ciencias Básicas y 2 multicategoría.

La Tabla 1 evidencia que, dentro de cada conglomerado, el número de revistas que respondió al cuestionario corresponde al porcentaje requerido por área según la delimitación de la muestra. Ciencias Básicas es la única área donde el redondeo hacia arriba no fue posible de llevar a cabo en la muestra, pues se obtuvo una respuesta menos que las esperadas. Así las cosas, el alcance que tendrán las conclusiones de esta investigación es adecuado para el carácter exploratorio del trabajo y para sentar bases para futuras etapas de este u otros proyectos.

Como parte de la metodología investigación-acción, impartimos una charla de presentación del proyecto (cuando el cuestionario se encontraba cerrado para no afectar las respuestas) que permitió dialogar, en dos fechas distintas, con personas que inciden en la toma de decisiones en los comités editoriales de las revistas o que representaron la voluntad de dichos órganos.

Para el análisis tomamos como insumo las respuestas al cuestionario, los datos obtenidos de la revisión de las páginas web de las revistas del portal de la UCR y la información de los espacios participativos. Para la sistematización de resultados sobre la implementación de la PPL de uso de lenguaje inclusivo de género creamos dos categorías: revistas que muestran rezago en la implementación y revistas con avances en la implementación. La ubicación de cada publicación dentro de una u otra categoría se basó en las respuestas al cuestionario sobre la toma de acuerdos por parte del comité editorial, la inclusión de la PPL en las normas de publicación, la puesta a disposición de herramientas (ej. guías) para las personas autoras, actividades de capacitación sobre el tema, uso de lenguaje inclusivo en la página web, otras medidas respecto a la implementación de lenguaje inclusivo de género o políticas de género en general.

3. Resultados

4. Discusión

Dado el carácter aplicado de este trabajo, nos interesa discutir avances en la implementación de la PPL por parte de las revistas y conocer sus características generales. A partir de ello, buscamos formular sugerencias, a la Vicerrectoría de Investigación (VI), orientadas a profundizar en la implementación de la PPL en las revistas.

Para empezar, al observar los años de creación (Tabla 1), vemos que algunas revistas coinciden en el tiempo con el surgimiento de distintas políticas de género en la universidad. Además, encontramos una posible relación entre el año de creación de la revista y el nivel de avance de implementación de la política. Al respecto, en las revistas con rezago encontramos las revistas de mayor antigüedad y, en las revistas con avances, encontramos mayoritariamente revistas creadas luego del 2003.

Otro posible criterio relacionado con el nivel de avance o rezago es el área donde se ubican las revistas. En esta línea, es posible argumentar que los porcentajes de revistas rezagadas coinciden con los estereotipos y los sesgos de género en los campos del conocimiento al que pertenecen, según señalan investigaciones sobre el sexismo en la Universidad (^{Canal UCR, 2017}). Por ejemplo, en el grupo de revistas rezagadas hay 3 que se publicaron después de la política, y se ubican en Ciencias Agroalimentarias e Ingeniería, ámbitos del conocimiento masculinizados en el marco de los estereotipos sexistas de nuestra cultura universitaria en particular.

En contraposición, entre las revistas con avances encontramos que Anales en Gerontología (multicategoría) y Enfermería Actual de Costa Rica (Salud), a pesar de ser anteriores a 2003, tomaron decisiones sobre el lenguaje inclusivo desde su inicio; es importante anotar que ambas publicaciones se encuentran en campos del conocimiento feminizados en el imaginario social, sobre todo a nivel de áreas técnicas y de servicios como la Enfermería y la Gerontología, entre otras. Quizá eso haya contribuido a una sensibilización pronta (en relación con las otras revistas) para utilizar lenguaje inclusivo de género.

Con respecto al avance, si bien es cierto que, desde 1999, a través de investigaciones y foros abiertos, organizados en buena parte desde el CIEM, se ha impulsado la aplicación de las políticas de género de la Universidad, no podemos negar que esto ha tenido mayor énfasis después del 2003 y hasta nuestros días. De ello, inferimos que el grupo de revistas fundadas después del 2003 ha llegado a acuerdos editoriales de lenguaje inclusivo de género al calor de este cuerpo normativo y en el marco de un clima de rechazo al sexismo para el logro de mayor bienestar en la convivencia universitaria, tal como reza el eje donde ha sido colocada la PPL de lenguaje inclusivo de género (CU, 2015) a través de los años en la Universidad.

Con el fin de pensar en posibles mejoras para la implementación de la PPL de lenguaje inclusivo de género en las revistas, es necesario partir de una discusión de las características de estas publicaciones. En cuanto a la periodicidad, consideramos que la gama de posibilidades de tiempo (anual, semestral, trimestral, bimensual) suponen una oportunidad para orientar capacitaciones en el tema de lenguaje inclusivo de género y promover mejoras en la implementación de la PPL.

Asimismo, nos lleva a preguntarnos si, a partir de la periodización, se podría considerar un mayor aprovechamiento del recurso humano que revisa los textos, para poder contar con un equipo que trabaje de manera constante y pueda recibir mayor capacitación; para tal fin, podría depender de la VI, en lugar de hacerlo de distintas instancias: como hemos visto, al llegar al paso de revisión de estilo del proceso editorial (^{Camacho Villalobos, Rojas Porras y Rojas Blanco, 2014}), una razón común de las revistas para no contar con revisión es la falta de presupuesto o la ausencia de personal para esta tarea.

Con respecto al soporte, este se vuelve relevante para las decisiones sobre la PPL de lenguaje inclusivo de género que podría tomar la VI. El soporte electrónico ofrece ventajas respecto al papel, pues permite que haya secciones de la revista, tales como los datos editoriales y las herramientas para personas autoras, donde se pueden implementar mejoras constantemente. En este sentido, podría valorarse profundizar en las revisiones lingüísticas con las 9 revistas que publican en papel en la medida en que esta adopta la política de lenguaje inclusivo de la universidad.

Con respecto a las temáticas de las revistas, si bien se requeriría de un trabajo adicional para profundizar en este aspecto, llama la atención la ausencia de temas vinculados a géneros, feminismos y sexualidades en las revistas científicas estudiadas. Por un lado, esto podría significar una omisión al responder el cuestionario (igualmente, merecería una lectura); por otro, esta característica aparece también en “políticas de sección” en los sitios web, con excepción de la Revista humanidades, donde se menciona enfoques de género. Desde nuestra perspectiva, este dato es importante porque no se trata de una ausencia de temas y enfoques de género en las publicaciones de la UCR, sino que podría decirse que expresa la invisibilización de estos abordajes teóricos que, por simple observación empírica, sí se publican con relativa frecuencia en revistas de la UCR.

Revistas de las áreas de Ciencias Sociales, Artes y Letras y Salud han estado publicando artículos de mucha relevancia respecto a estos temas. Valga señalar títulos como Actualidades en Psicología, Revista de Ciencias Sociales, Reflexiones, Anales en Gerontología, entre otros. Consideramos que explicitar el enfoque de género y diversidades podría sumarse a las estrategias de una PPL como la que nos compete. Por simple analogía con la invisibilización de las mujeres y lo considerado femenino en nuestra cultura, también estos temas se “invisibilizan” en la descripción general de las revistas. No obstante, en esta misma línea, la VI también podría considerar unificar los criterios de las “políticas de sección” para que haya uniformidad en el tipo de datos que presentan las diversas publicaciones.

Con respecto a la revisión de los textos, sobresale que tanto en la de documentos en español como en otras lenguas se mencionaron los temas de la falta de personas especialistas y de presupuesto. También, llama la atención que una de las revistas señalara que la persona que hace revisión filológica en español no siempre conoce las otras lenguas, pues el hecho de que una persona sea experta en español no la prepara para realizar el trabajo en otros idiomas, inclusive si los conoce con fluidez. Consideramos que la ausencia de personas profesionales en Lengua puede implicar una limitación para la implementación de una PPL como la que nos compete, pues se requiere la mirada meticulosa de especialista para garantizar la calidad del texto.

En esta línea, consideramos que debería contarse con profesionales en la Lengua respectiva al menos para la revisión del inglés, por ser la segunda lengua más recurrente en las publicaciones. Además, sería necesario que dichas personas aprendan sobre las propuestas de uso de lenguaje inclusivo de género en el idioma respectivo; al menos en el caso del inglés, existe una variedad de propuestas creadas por distintas instancias y por la comunidad usuaria de la lengua desde los años ochenta (^{Cooper, 1997}).

Asimismo, consideramos necesaria la discusión del tipo de nombramientos para las personas encargadas de la revisión de textos. Puesto que no existen criterios uniformes sobre el perfil que deben cumplir tales profesionales, sería adecuado que la VI lo discutiera en conjunto con las instancias que se especializan en su formación, es decir, la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y la Escuela de Lenguas Modernas; en dicha discusión también sería adecuada la participación del CIEM, por su papel respecto a la PPL según la política universitaria.

Además, resulta llamativo el alto porcentaje de nombramiento en horas asistente, dado que el artículo 4 del Reglamento de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado define que:

ARTÍCULO 4. Horas asistente

Las horas asistente tienen carácter de colaboración, pero requieren de la población estudiantil mayor conocimiento, destrezas y responsabilidad.

Las personas designadas en el régimen de horas asistente, además de cumplir con los requisitos para ser designadas en horas estudiante, deberán tener aprobado al menos el 50 % del respectivo plan de estudios y un promedio ponderado anual de al menos 8,0

Desde la perspectiva de las investigadoras, tanto el nombramiento en horas asistente como los requisitos solicitados deben discutirse, pues, según el artículo 1 del Reglamento de horas estudiante…, “Las actividades desempeñadas por la población estudiantil en este régimen de designación de horas estudiante, horas asistente y horas asistente de posgrado no podrán sustituir labores propias del personal universitario”. De este modo, cabe discutir si al asignar tareas que en otras áreas son llevadas a cabo por personal universitario se incumple este artículo; asimismo, desde la perspectiva de la Política Lingüística se debe discutir si este tipo de responsabilidad puede atribuírsele a una persona que no tiene un vínculo laboral con la institución.

A partir de estos elementos, consideramos que implementar la PPL de lenguaje inclusivo de género en las revistas requiere discutir cómo se puede llevar a cabo una planificación lingüística que tome en cuenta las características de las publicaciones y del proceso editorial. Esta planificación debería realizarse interdisciplinariamente para que desde la administración se defina la manera más eficiente de encontrar soluciones. Adicionalmente, consideramos importante que la planificación tome en cuenta los diversos momentos del proceso editorial y a las distintas personas que participan en ellos.

En esta línea, por ejemplo, es más adecuada la inclusión de la política en las normas editoriales sin que resulte un criterio excluyente para los artículos: declarar la ausencia de lenguaje inclusivo como criterio excluyente puede traer como consecuencia un rechazo hacia la PPL o una adopción solo para evitar el castigo (^{Rivera Alfaro, 2018}). Además, responsabilizar a las personas autoras por la implementación del lenguaje inclusivo podría resultar un aspecto contraproducente, pues se sumaría a otras dificultades que se encuentran en el proceso de escritura de textos académicos (^{Camacho Villalobos et al., 2014}), con lo cual podría resultar un factor desmotivante para postular textos en las revistas.

En tal caso, deben discutirse las distintas posibilidades de participación en la implementación que pueden tomar las diversas partes de la revista durante el proceso (^{Camacho Villalobos et al., 2014}, ver Figura 2). De este modo, se puede solicitar el uso de lenguaje inclusivo a la persona autora sin que sea un criterio excluyente, sabiendo que podrían encontrarse debilidades en la implementación por falta de conocimiento o aspectos similares. Al recibir el artículo, la persona editora podría solicitarle mejoras en el tema. Luego, quienes participen como pares en la revisión pueden tomar en cuenta el lenguaje inclusivo y también podrían revisar el trabajo desde una perspectiva de género; esta perspectiva adquiere un peso particular en este paso, pues como observamos al discutir experiencias al implementar el lenguaje inclusivo de género, a veces aparecen sesgos que podrían tener incluso relación con la metodología; es decir, observar esto podría incluso mejorar la calidad de los trabajos enviados a las revistas. Después, las personas autoras tomarían esta retroalimentación y el trabajo llegaría a la revisión filológica con mejoras sustanciales. Durante todo este proceso la revista, por medio de la persona editora o la especialista en Lengua, podrían acompañar a quienes tengan dudas sobre la implementación, aportando recursos como guías especializadas o ejemplos de escritura e incluso respondiendo a algunas dudas específicas. En consecuencia, todas las partes participarían en la implementación de la política.

En este proceso, finalmente, consideramos que la revisión filológica es el paso más adecuado y de mayor peso para que se garantice la implementación de lenguaje inclusivo de manera coherente, verbigracia, para que no se den saltos semánticos ni representaciones desequilibradas (^{Guerrero Salazar, 2012}). Entre los ejemplos que supimos gracias a las revistas, tenemos que hay trabajos que inicialmente naturalizaban roles jerárquicos como “el director y las maestras” al hablar del contexto escolar. Este tipo de detalle solo puede encontrarse en la revisión minuciosa y consciente que puede llevar a cabo quien se especializa en textos y revisa desde el nivel morfosintáctico hasta el nivel textual. De esta manera, la persona profesional en Filología o Lingüística resultaría un actor clave para garantizar la adecuada implementación de la política.

Considerar las distintas partes que colaboran a lo largo del proceso editorial permitiría responder a la necesidad de trabajo con las revistas para que no se dé una implementación acrítica de la PPL que pudiera traer consecuencias negativas (Rivera Alfaro, en prensa). Asimismo, permitiría adoptar la PPL de uso de lenguaje inclusivo de género como un aspecto particular que repercute a nivel epistémico y social (^{Calvo, 2017}), y no como una mera prescripción normativa.

5. Conclusiones y recomendaciones

Las revistas académicas constituyen un foro abierto que permite no solo la divulgación de resultados de investigación, sino también la concreción y validación del conocimiento producido en el quehacer académico (^{Camacho Villalobos et al., 2014}). A través de ellas, un público amplio en la región y en el mundo conocen las propuestas de la Universidad, su rigor académico, sus temas de atención, sus programas y proyectos. De ahí que el estudio de estas publicaciones necesite la concurrencia de varias disciplinas.

Esta investigación propició un primer acercamiento a las 50 revistas académicas desde la Política Lingüística de uso de lenguaje inclusivo de género de la Universidad. Interesó contar con información estructural a través de un mapeo que nos dijera cuáles son esas revistas, en qué temas se especializan, cuándo surgieron en el tiempo, cuál es su visión y atención a la política de género y a la PPL de uso de lenguaje inclusivo, entre otros parámetros. De modo particular, era necesario identificar necesidades de capacitación en el tema.

En este nivel de análisis destacamos que el 66 % de las revistas académicas no han tomado acuerdos sobre el uso del lenguaje inclusivo de género. Además, al referirnos al 34 % que sí lo han hecho, interesa ponderar que el acercamiento a la Política Lingüística no es homogéneo, por lo que nos encontramos con un campo de trabajo abierto en este tema, que comprendemos como de carácter sensible porque -como con otros temas políticos- existen una serie de tensiones que se dan entorno a él (Rivera Alfaro, en prensa; ^{Fairclough, 2003}). Además, cabe señalar que el tema toca nuestras dinámicas de relacionamiento que nos lleva a entender que el lenguaje es una herramienta insoslayable si queremos que la Universidad avance en la eliminación del sexismo; no en balde, en el caso de la UCR, la política lo ha ubicado en el eje de “bienestar en la vida universitaria”.

Interesa ver la composición del resultado sobre revistas con acuerdos y sin ellos por conglomerado temático. Encontramos que, en Ingeniería, Ciencias Básicas y Ciencias Agroalimentarias el 100 % de las revistas se encuentran en el grupo de revistas sin acuerdos; asimismo, el 70 % del área de Ciencias Sociales, el 40 % de Artes y Letras, el 50 % de Salud y el 33 % de las revistas que ubicamos en multicategoría.

Como es de esperarse, la investigación permitió formular recomendaciones específicas que afectan distintos procesos e instancias de la Universidad. De modo general, destacamos la necesidad de una planificación lingüística que permita la articulación de actores universitarios en función de la promoción de la política y el uso del lenguaje inclusivo de género y diversidades que tome en cuenta los perfiles de las distintas personas que colaboran en el proceso editorial.