Introducción

De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), desde el año 2002 la población encarcelada ha aumentado de manera constante, registrándose un crecimiento exponencial a partir de 2015^[1]. Esta tendencia creciente, a la vez que nos habla de un aumento de la punibilidad; es decir, que hay más personas presas, tiene como corolario que en el año 2019 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por medio de la Resolución N° 184/2019, declaren una emergencia penitenciaria por el término de 3 años, hechos que nos habilitan para hablar de una situación crítica en las cárceles en Argentina. En consecuencia, identificamos que en la actualidad el despliegue de mecanismos punitivos se constituye como la estrategia que prevalece por sobre aquellas que buscan la promoción de la inclusión sociolaboral de personas que tienen antecedentes penales. Como hemos afirmado en artículos anteriores, asumimos un posicionamiento crítico y evitamos utilizar el prefijo «re», «ya que en esta línea argumentativa el sistema penal punitivo no busca resocializar a través de la ejecución de la pena, por el contrario, tiene por función ocuparse de la administración del encierro y el castigo» (^{Otero y Barrera 2021}, 12).

En Argentina, como desarrollaremos más adelante, la cárcel funciona como lugar de encierro y castigo, seleccionando preferentemente a varones jóvenes argentinos de sectores populares. Además, quienes transitan contextos de encierro salen en peores condiciones de las que ingresan y el portar con antecedentes penales condiciona enormemente su acceso al mundo laboral.

Asumiendo una perspectiva crítica de la teoría de la pena, identificamos un espacio vacante en materia de políticas orientadas a promover la inclusión sociolaboral de las personas con antecedentes penales. Como detallaremos, poco se ha explorado aún sobre el impacto que el encierro de una persona cercana genera en sus familias y en el entorno más próximo; en consecuencia, el escenario en el que nos posicionamos identifica la supremacía de la respuesta estatal punitiva por sobre la social como mecanismo de resolución de los problemas sociales.

Como una respuesta alternativa, aquí abordaremos la experiencia de una cooperativa que expresa la construcción de un camino viable a partir de un trabajo colectivo entre personas ex detenidas, familiares y otros vínculos próximos. Asimismo, entendemos estas prácticas como experiencias colectivas que delinean un horizonte conformado con base en relaciones de confianza, colaboración y solidaridad, cuyas estrategias productivas, financieras y laborales no responden prioritariamente a la acumulación de capital, como en una empresa convencional, sino en lo que refiere al bienestar de las personas asociadas y a los aportes al entorno comunitario y ambiental (^{Otero y Barrera 2020}).

Nos centramos en la Cooperativa Esquina Libertad, una asociación autogestionada que tiene sus inicios en el año 2010, pero formalmente obtiene su personería jurídica durante el 2012. Se trata de un proyecto que a lo largo de los años se fue ampliando sustantivamente en cuanto a la cantidad de participantes, actividades y propuestas. Propuestas que hoy implican no solo actividades productivas, sino que abarcan también un conjunto de actividades (como capacitaciones, talleres, charlas) y distintas áreas de acompañamiento tanto a personas detenidas y ex detenidas como a sus familiares y vinculaciones más cercanas.

Como veremos, por sus propios contornos, esta experiencia muestra un modo de atender el problema en su integralidad y en su multidimensionalidad, ya que nuclea a las personas privadas de su libertad, a las liberadas, a sus familiares y a su entorno más próximo. De la misma manera, a través de la organización de acciones colectivas y cooperativas, se aborda el fenómeno de la cuestión penal en sus múltiples manifestaciones, entendiéndolo como un proceso complejo que requiere intervenciones y tratamientos específicos. En breves trazos, esta experiencia cooperativa incluye las trayectorias intra y extramuros carcelarios; a su vez que incluye a familiares dando cuenta de una mirada más holística que transciende las cuestiones que exceden lo laboral. Como veremos, las actividades que realizan los asociados a la cooperativa superan los temas estrictamente relacionados con el trabajo, y como sucede en otros casos de experiencias similares, «involucran la discusión de temas más amplios relacionados con el sistema penitenciario y las consecuencias colaterales del castigo.» (^{Vegh Weis y Sosa 2020}).

A lo largo del artículo, en primer lugar, revisaremos la situación de la población carcelaria, incluyendo dimensiones que tienen que ver con la inclusión social, educativa y laboral. A su vez se mostrarán panorámicamente los ribetes de las problemáticas existentes. En segundo lugar, describiremos el caso de la citada cooperativa; proponemos así profundizar el análisis en el entrecruzamiento de la temática carcelaria y la construcción de un espacio cooperativo que va delineado su identidad colectiva. Por último, planteamos unas breves conclusiones en torno al tema y señalamos los principales desafíos que presenta.

Contextos de encierro, una alarma de situaciones en desmejora

Es conocido que en la situación crítica del Sistema Penitenciario del país se cuentan dos problemas estructurales de peso: la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario. Lejos de ser novedosas, se trata de problemáticas de larga data. En este sentido, el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación viene advirtiendo desde el año 2002, en los censos anuales sobre la población penitenciaria que hubo un crecimiento relativamente en esta. Sin embargo, a partir del 2015, a consecuencia de la «tercera ola neoliberal» (^{García Delgado y Gradín 2017}) ^[2]en nuestro país, el incremento fue exponencial, lo que agravó las condiciones de detención y los problemas derivados de la sobrepoblación carcelaria. Esto condicionó la vigencia de los derechos humanos en las cárceles del país.

Al respecto de lo anterior, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en sus informes anuales, viene dando cuenta del deterioro en las condiciones materiales de habitabilidad, los bajos niveles de alimentación, higiene y salubridad, así como las dificultades de accesibilidad a los derechos sociales, económicos y culturales de las personas presas. Este organismo señala la existencia de muertes bajo vigilancia estatal, de casos de malos tratos y torturas y del aislamiento individual como forma de castigo.

Ante la gravedad del escenario, es claro que la pandemia deja en evidencia, otra vez, que la cárcel es parte de la sociedad, ya que un brote dentro las mismas tendría consecuencias inmediatas a nivel de salud pública. La PPN puso de manifiesto en su informe de 2019 la grave situación de sobrepoblación y emergencia en que se debe enfrentar la pandemia, afirmando que «las cárceles constituyen uno de los lugares de mayor riesgo por concentrar una gran cantidad de población en espacios cerrados y en condiciones deficientes de salubridad e higiene, con situaciones de hacinamiento extremas» (^{PPN 2019a}, 11). Dicho informe lo considera un asunto de salud pública, ya que, si en estas graves condiciones se desata un brote, sería crítico y tendría implicancias no solo para las personas detenidas, sino también para el personal del servicio penitenciario y para las personas que visitan los penales, así como para la sociedad en su conjunto. No obstante, a raíz de la pandemia «en la Argentina se asumió que la solución debía ser judicial, correspondiendo a los distintos jueces y tribunales revisar la prisión preventiva o las condenas a penas de prisión de las personas privadas de libertad en situación de mayor riesgo y sustituir el encierro carcelario por arresto domiciliario en casos de delitos menores no violentos» (PPN 2019a, 14). La opción fue el tratamiento individual de la cuestión y la resolución judicial «caso por caso», sin desarrollar una política orientada a reducir los niveles generales de población detenida (como fue el caso de Chile, por ejemplo).

Tomando en cuenta las características de la población encarcelada del país, las estadísticas indican una destacada presencia de varones jóvenes entre 18 y 35 años, argentinos con un bajo nivel de escolarización. El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) mostró que «el 95% de los detenidos eran varones, el 94% eran argentinos, el 67% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al establecimiento y el 60% tenía menos de 35 años de edad» (2018, 20). En cuanto a la situación laboral, al momento de ingreso al penal señalan ^[3] que un 43% declaró estar desocupado, un 39% tenía trabajo a tiempo parcial, y solo el 18% a tiempo completo. Si se observa el nivel educativo alcanzado antes de entrar a prisión, 9 de cada 10 personas detenidas contaban con un bajo nivel de escolarización, siguiendo la misma fuente: «Esta es una clave de lectura imprescindible para identificar los focos de persecución penal en el país, que a grandes rasgos se concentra en varones, argentinos, jóvenes y de bajos recursos» (^{PPN 2019a}, 27).

Desde el espacio académico, distintos autores y autoras han analizado las características de la población carcelaria latinoamericana, quienes afirman que los contornos de este proceso de selectividad penal y la focalización complejos (D^{el Olmo 2002}, ^{Daroqui et al 2012}, ^{Krombauer 2015}, ^{Viegas Barriga 2012}). Incluso se ha sostenido que este proceso se sustenta en una cadena punitiva que enlaza eslabones claves: el policial, el judicial y el custodial (^{Daroqui et al. 2012}). Teniendo en cuenta la selectividad del sistema penal, en anteriores trabajos (^{Otero y Barrera 2020}) hemos desarrollado cuestiones vinculadas al proceso de estigmatización que afecta a los varones jóvenes de sectores populares, entendiendo que el tránsito por una institución total como la cárcel impacta directamente en aquellos en situación de vulnerabilidad socio penal.

Otero

Más allá de estas menciones y continuando con el reporte en lo que refiere al acceso a la educación, el informe de la PPN de 2018 da cuenta de las dificultades administrativas que obstaculizan el acceso e impiden la continuidad de las trayectorias educativas de las personas en contexto de encierro. El informe más reciente de la PPN verificó que las dificultades para concretar la cantidad de días de clases anuales y su correspondiente carga horaria, guardan relación no solo con la falta de cupos educativos, sino también con que estas dificultades suceden «como práctica regular» (2019a, 353). Sin embargo, se destaca el papel de preponderante de los Centros Universitarios que funcionan en diferentes establecimientos penitenciarios, los que promueven el acceso a la educación universitaria y experiencias como la que analizamos en este artículo.

En lo que respecta al mundo laboral dentro de la cárcel, tanto en lo que refiere a un trabajo remunerado como a espacios de formación o capacitación, los informes indican que la situación ha empeorado en los últimos años, no solo por el incremento poblacional, sino también por un drástico recorte presupuestario en materia laboral. Es más, las causas que enumera la PPN (2019) son: un recorte presupuestal del 50% para gastos de peculio (sueldos) ^[4]; nula generación de nuevos trabajos; restricción de cupos laborales y reducción del salario, (redujeron la cantidad de horas de trabajo y en consecuencia el salario). En cuanto a la incorporación a actividades de formación para el mundo del trabajo, el informe de la ^{SNEEP (2018)} arroja datos alarmantes: durante el 2018 el 78 % de la población detenida no participó en ningún programa de capacitación laboral y el 52% no participó en ningún programa educativo (formal o informal).

Así las cosas, la PPN en su informe más reciente indica la necesidad de «elevación de los niveles de ocupación laboral intramuros; apunta que esas relaciones de trabajo sean en oficios formativos y productivos, y se desarrollen en cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad social. La crisis que ha transitado el Sistema Penitenciario Federal (SPF) durante el 2019 ha reactualizado varias de esas aristas. Las acciones judiciales más relevantes en materia laboral avanzan a pasos demorados en el reconocimiento de las personas detenidas a una remuneración justa, respeto de sus licencias laborales y demás institutos protectorios del derecho del trabajo» (2019a, 358).

Ante este panorama desolador un dato significativo es que el incremento de la población encarcelada no fue acompañado «de un aumento proporcional de las prestaciones en los diferentes sectores de alojamiento (sanitarios, teléfonos, etc.). Tampoco se incrementa la oferta educativa y laboral, ni la cantidad de profesionales de las distintas áreas para la asistencia de las personas presas» (^{PPN 2019a}, 50). El mismo informe indica que las acciones que se implementaron para contener el crecimiento fueron improvisadas, como el reemplazo de camas simples por dobles en las celdas individuales; la construcción de alojamiento en espacios destinados para otros fines, como gimnasios, salas de visita, etc. Todo esto corrobora el asidero de sostener la situación crítica del sistema penitenciario argentino.

Trabajo intra y extramuros, baches y pendientes

En cuanto a las dificultades que condicionan el acceso al mundo del trabajo de las personas con antecedentes penales, la Procuración sostiene que uno de los factores determinantes es la falta de acceso al seguro de desempleo de quienes recuperan su libertad ambulatoria y estaban trabajando en prisión. Afirma que, «si la relación laboral dentro de la cárcel estuviera regulada conforme la Ley de Contratos de Trabajo, las formas mediante las cuales se extingue la relación deberían ser las que dicha ley determina. La recuperación de la libertad podría equipararse, entonces, al cese de la relación laboral y por consecuencia deberían acceder a la cobertura de la seguridad social. Debido a que esto no sucede, la pérdida inmediata del trabajo repercute en las condiciones de egreso.» (^{PPN 2018}, 319). Este hecho, sumado a que los antecedentes figuran durante diez años en el registro penal, profundiza aún más la situación desventajosa que deben enfrentar las personas ex detenidas, cara al mundo del trabajo. Es claro que las personas detenidas que trabajan dentro de las prisiones se encuentran en una situación más desventajosa y gozan de menos derechos que el resto de las y los trabajadores, situación que se intensifica y adquiere una profundidad aún más extrema con el egreso de la cárcel.

En relación al trabajo intra y extramuros, la PPN reconoce la organización colectiva y autogestiva del trabajo como un recurso sumamente valioso para ampliar las oportunidades laborales de las personas con antecedentes penales, a la vez que refiere como problema la falta de políticas específicas que promuevan las cooperativas como proyectos posibles de inclusión al mundo del trabajo. En este sentido, y como parte de las recomendaciones que efectúa el organismo, se emitió la Recomendación Nº 880/18, la cual sugiere, a los miembros del Senado de la Nación el tratamiento urgente de la modificación del artículo 64 de la Ley de Cooperativas (Ley N° 20337), la cual prohíbe a las personas condenadas por delitos comunes integrar el consejo directivo de la cooperativa. Si bien hasta el momento existen dos proyectos de ley presentados para tratar esta modificación, aún no están vigentes, puesto que la modificación de este artículo implica suprimir esas restricciones, reconocer derechos y eliminar los efectos estigmatizantes del encarcelamiento.

Entre los baches existentes también se encuentra aún pendiente la reglamentación e implementación de la Ley de Cupos Laborales para Liberados (Ley N°14301). Esta ley provincial reconoce las dificultades de acceso al ámbito laboral de la población con antecedentes penales y propone una serie de herramientas para promover su inclusión, tanto en el sector público como privado, aunque, hasta el momento, ningún municipio adhirió al régimen de la ley. Estas cuestiones dejan en evidencia el espacio vacante en materia de políticas sociales de accesibilidad de las personas que atravesaron contextos de encierro a un puesto laboral.

Por otra parte, la PPN implementa una línea estratégica de abordaje territorial para promover la inclusión laboral de ex detenidos y detenidas a cooperativas, buscando generar redes y encuentros con las cooperativas de los barrios. Esta tarea que se impulsa desde el organismo busca «generar un espacio de intercambio, asesoramiento y promoción de derechos entre la PPN y las personas que recuperaron la libertad, integrando también a otros familiares de detenidos, como parte del colectivo que se ve afectado por el encarcelamiento.» (2018, 322). Esto ha propiciado el estudio de la cuestión penal como un tema público ya que atañe a la sociedad en su conjunto. No obstante, ante los baches y vacíos que incluyan acciones estatales directas en cuanto a políticas post penitenciarias que acompañen y promuevan la integración social y productiva de las personas liberadas, las cooperativas de trabajo, surgen desde las mismas personas afectadas y ofrecen caminos que resultan un puente sumamente valioso ante la problemática.

En esta última dirección, diversos autores y autoras han señalado y analizado las posibilidades que despiertan tanto los métodos asociativos como, en particular, el modelo de organización basado en los valores, criterios y principios cooperativos a la hora de instituirse como un canal posible en el complejo proceso de integración social y productiva en el medio libre (^{Krombauer 2015}, ^{García 2017}, ^{Otero y Barrera 2020}). Múltiples experiencias como la aquí analizada resultan ejemplos que lo ilustran.

Lo familiar y lo vincular, temas indispensables

Es oportuno considerar ahora cómo y cuál es el impacto que el encierro tiene a nivel familiar y vincular, terreno poco explorado y del que contamos con escasa información. No obstante, hay algunas experiencias que sirven para reflexionar sobre los impactos que genera el encierro de una o un integrante del grupo familiar; también nos preguntamos cómo se modifica la organización de la vida cotidiana de la familia y de los niños, niñas y adolescentes, así como sobre las diferentes manifestaciones que puede presentar tan compleja problemática. Para reflexionar sobre el tema, retomamos algunos informes presentados por La Asociación Civil de Familiares de Detendidos (ACIFaD) ^[5], una de las pocas organizaciones de familiares de detenidos, así como también la investigación que ha publicado recientemente la PPN: «Más allá de la prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro» (2019b), en conjunto con esa Asociación de Familiares.

De acuerdo con esa publicación, hay cuestiones recurrentes respecto de lo que implica atravesar la experiencia del encarcelamiento. En principio «una de las principales repercusiones de la cárcel en la vida de las personas privadas de libertad se relaciona con los obstáculos que se les presentan para el sostenimiento de sus vínculos familiares. A la separación forzada de las personas privadas de su libertad y sus seres queridos a partir de la detención, se le añaden otras afectaciones propias de la gestión del encierro.» (^{PPN 2019b}, 388).

Esta experiencia atraviesa sus vidas modificándolas completamente y en el informe de la PPN la asemejan a la vivencia del duelo, en donde se afirma que «el impacto que la cárcel tiene sobre sus vidas no sólo recae sobre la persona privada de libertad, sino también sobre su entorno familiar, especialmente si se trata de niños, niñas y adolescentes» (^{PPN 2018}, 316). Otro aspecto recurrente, es que con las situaciones de encierro y tras la detención de una o uno de sus miembros, se acentúa el empobrecimiento de las familias, incrementándose la vulnerabilidad social de los hogares. La reducción de ingresos aportados por la persona detenida y el aumento de gastos que implica el juicio y el contacto con las visitas al penal provoca nuevas carencias al interior de los hogares ^[6].

Es interesante lo que señala el informe, se anota que «existe una tensión permanente entre la necesidad y el deseo de mantener el contacto» (^{PPN 2018}, 317), ya que quienes visitan a sus familiares en prisión no solo deben atravesar situaciones degradantes y violentas, sino que la cárcel es casi el único lugar de encuentro posible. A pesar del contexto adverso, la misma investigación revela que las personas detenidas y sus familiares desarrollan estrategias para sostener sus vínculos afectivos a pesar de la cárcel y «da cuenta de la dimensión que cobra en estos contextos el encuentro, la comunicación telefónica y el trabajo, en tanto les permite resistir a un escenario hostil e incluso superar algunos obstáculos con estrategias de solidaridad entre pares» (PPN 2018, 319). Uno de los mayores problemas de la privación de la libertad es que estas cuestiones están invisibilizadas; en este sentido, ACIFaD, como organización de familiares de detenidos, contempla entre sus objetivos el impacto del encierro en las familias, y señala la necesidad de «visibilizar lo que sucede y promover políticas públicas que den respuestas de manera integral a la compleja problemática del encierro y su impacto en las familias.» (^ACIFaD, s.f.)

Entonces, una problemática sobre la que la PPN y ACIFaD vienen investigando versa sobre los impactos que el encierro tiene sobre las y los familiares de las personas presas donde, según señalan, faltan políticas públicas específicas. Así, podemos pensar que la cárcel se configura con un impacto negativo y condicionante en la trayectoria de la persona que atraviesa el encierro, pero también es innegable que alcanza a sus familias. Desde allí también se gestan espacios donde existen respuestas posibles desde la organización colectiva que nuclea a personas detenidas, ex detenidas y familiares, como es el ejemplo aquí retomado.

Entendemos que el encarcelamiento es una situación traumática que genera transformaciones profundas en todos los niveles: el subjetivo, familiar, social y económico. Asimismo, como vimos, las personas que trabajan estando detenidas gozan de menos derechos, y cuando recuperan su libertad su situación se torna aún más extrema, viendo condicionadas sus oportunidades de acceso al ámbito laboral. También señalamos que desde el Estado faltan políticas que acompañen la integración sociolaboral de las personas liberadas. No obstante, aparece aquí el «capital vincular», sin el cual las personas detenidas no podrían tener la oportunidad de acceso al mundo cooperativo, ya que quienes tienen antecedentes penales no la pueden integrar, pero sí sus familiares. Y es en el espacio comunitario, en el territorio, donde aparecen experiencias que dan respuesta a las problemáticas derivadas del encierro. Como vimos, la conformación de redes colectivas, basadas en vínculos de confianza y solidaridad, posibilitan la construcción de prácticas y sentidos que permiten la inclusión sociolaboral de personas que transitan y transitaron contextos de encierro.

Esquina Libertad, entre acciones colectivas y cooperativas

Esquina Libertad, creada por personas detenidas y que da trabajo a personas liberadas y sus familias, se construye como una historia de posibilidad ante un contexto para nada alentador. Cuenta ya con una década, nace formalmente en el 2010 y fue constituida inicialmente por un total de 15 personas, entre las que había detenidos (algunos cursando las carreras de Administración de Empresas y Derecho); algunas pocas personas familiares, y participantes del Centro Universitario de Devoto (CUD). Este centro universitario funciona en un penal destinado solamente a población masculina.

Cabe destacar que la cárcel de Devoto es una de las que más alternativas de estudio ofrece y Esquina Libertad se gestó en este Centro Universitario, donde funciona el programa UBA XXII, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), que lleva la universidad a los establecimientos del SPF. La presencia y vinculación con las actividades de extensión universitaria cobra un papel sustantivo en experiencias de trabajos autogestivos y la conformación de unidades productivas que incluyen personas ex detenidas (^{Romero 2017}). No obstante, en rigor, la imprenta fue creada por fuera de los talleres que ofrece el SPF a través del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE). Su conformación es resultado de un proceso de encuentro entre el adentro y el afuera de la cárcel, una intersección que enfrenta múltiples desafíos a superar. Como mencionamos anteriormente, los obstáculos legales de la normativa argentina derivan en que la presidencia de la cooperativa no pueda encontrarse a cargo de personas que tengan antecedentes penales, lo que implicó un primer planteo, reclamo y denuncia por la arbitrariedad de la norma:

Nosotros éramos estudiantes del Centro universitario de Devoto donde empezamos a generar mayores vínculos con la sociedad (…) Fue a partir de ahí que conocimos a los compañeres que vinieron a darnos talleres de radio y ahí conocí a mi compañera, a partir de los talleres empezamos a hacernos preguntas a interpelarnos porque estábamos ahí, con que finalidad estábamos ahí, como alimentábamos y cuan funcionales éramos respecto a todo lo que nos estaba atravesando en el contexto de encierro, fue a partir de ahí que nos surge la necesidad de generar un proyecto de vida más concreto, empezarlo cuanto antes mejor. Y, fue así como empezamos primero a generar un grupo de laburo, un grupo horizontal en el que todos podemos opinar y ponerle nuestra propia impronta como colectivo a las cosas que hacemos teniendo muy en cuenta que lo que principalmente genera el contexto de encierro es la dependencia y un montón de dificultades al salir que son muy difíciles de superarlas a nivel individual y nos fuimos convenciendo en el transcurso y en el tránsito de que la salida es colectiva (Ale Cooperativa Esquina Libertad, 2020).

Así las cosas, esta experiencia colectiva trasciende los muros carcelarios y se constituye en una estrategia de inclusión intra y extramuros. Por un lado, la experiencia tiene sus inicios dentro de la cárcel (en el centro universitario), pero trasciende el territorio del encierro, alcanzando el espacio extramuros. Por otro lado, el apoyo de familiares se torna imprescindible para acceder a la organización cooperativa, ya que si tienen antecedentes penales no la pueden integrar.

La idea de base se construye a partir de dar forma a un proyecto de salida laboral que pudieran iniciar estando en la cárcel, pero que se continuará afuera; es decir, que desde sus inicios se entiende bajo la propuesta de una perspectiva de inserción social y productiva, intra y extramuros, que a la vez tiene una composición mixta, personas detenidas, liberadas y familiares, pues se pensó tanto en un espacio de trabajo como en una red de contención que permitiera una inserción socio productiva sostenida en el tiempo. Con base en esos pilares, emprenden una cooperativa autogestionada, en la cual comienzan con el diseño de unos primeros cuadernos de materiales reciclados de los que encontraban en la cárcel, como restos de ropa y revistas; que luego son vendidos por familiares en distintas ferias. Con las primeras ventas, reunieron un capital inicial para la adquisición de algunos insumos para seguir produciendo:

el proyecto fue siempre pensarlo integralmente, pensarlo siempre en la igualdad de uno con el otro y en ese sentido ir dejando atrás las prácticas del individualismo al que estamos tan acostumbrados y pasar a instancias colectivas y fueron surgiendo necesidades de generar más cantidad de asambleas, de generar mayor calidad de la asambleas en función de que en las asambleas se puedan decir labins cosas y que en ese sentido podamos ser sinceros los unos con los otros que es una cuestión fundamental para generar un proyecto autogestivo y colectivo (Ale Cooperativa Esquina Libertad, 2020).

Resta decir aquí que «un grupo de profesores, entre los que estaba Estela Cammarota, acompañaron al proyecto desde su inicio y también ayudaron a gestionar un programa UBANEX ^[7]con el que financiaron la compra de la primera impresora.» ^{(Bin 2019}, párr.6). Otros trabajos destacan la relevancia que pueden cobrar espacios que median entre la institución penitenciaria y el medio social. Espacios entre la prisión y la sociedad que propician herramientas y permiten el desarrollo de hábitos y prácticas sociales fundamentales para su vida fuera de la cárcel; en otras latitudes estas tareas se entienden a cargo de profesionales (^{García Jiménez y Lorente García 2016}). No obstante, ante los vacíos existentes, el mismo desarrollo de esta cooperativa da cuenta que el espacio productivo generado a través de su constitución rebasa con creces los asuntos vinculados a lo laboral.

Cooperativa Libertad está conformada por 35 personas en total -entre personas detenidas, liberadas y familiares-, con un promedio de edad de 30 años que trabajan en el área productiva y dando talleres; 10 viven del trabajo de la cooperativa que distribuye ingresos que rondan el salario mínimo, vital y móvil. En cuanto a la producción, la encuadernación es un área fuerte dentro de la cooperativa y los trabajos administrativos de producción y capacitación se siguen haciendo dentro y fuera de la cárcel. Producen desde copias anilladas, tarjetas y carteles hasta impresiones de libros cosidos o binder (pegados), también estampan tazas y telas, y hacen serigrafía sobre tela y papel. Quienes visitan las ferias, otras cooperativas de trabajo y la promoción en distintas redes sociales resultan las principales fuentes de la clientela.

Desde el 2014 hasta hace apenas unos meses atrás, la cooperativa se instala en el edificio de la Mutual Sentimiento ^[8]. Es durante este periodo que comienzan a desarrollarse las áreas de salud, niñez y género, entre otras que buscan acompañar a las familias y las personas detenidas, así poder asesorarlas sobre las mejores formas de transitar el tiempo de encierro, impulsando a que realicen capacitaciones y que trabajen. En paralelo la cooperativa va creciendo e incorporando más personas.

Cooperativa Esquina Libertad, una experiencia en su singularidad

Como decíamos inicialmente, esta es una experiencia cuya singularidad convoca a la reflexión y alienta una mirada que escapa a cualquier visión clásica y convencional, los que permite un acercamiento más integral a la cuestión penal. Promueve una alternativa que surge desde abajo, conformada al calor de la búsqueda de oportunidades laborales para quienes transitaron contextos de encierro, y también para sus familias. Una experiencia de personas detenidas, liberadas y sus familiares se activa en el adentro y en el afuera, lo que hace que no se asienta en rígidas fronteras, sino antes bien en el acompañamiento intra - extramuros, como el trabajo pre – pos encierro.

Esta experiencia autogestionada combina un espacio laboral tanto para personas detenidas como para familiares, la cual conforma una red de contención y acción que desde sus mismas raíces nace como un proyecto de trabajo pre y pos libertad, primero considerando la creación de espacios de capacitación, para luego construir lo que se transformó en un espacio de trabajo colectivo que generó fuentes laborales, asumiendo la cuestión laboral como uno de los tantos aspectos a atender desde antes de salir de la cárcel.

Sin embargo, entendemos que las trayectorias intra y extramuros no aluden aquí meramente a una cuestión de espacialidad, más bien refieren a una comprensión más abarcadora de la cuestión penal como parte de un proceso, que en su mismo devenir incluye instancias que pueden suceder adentro o afuera de la cárcel, pero que, ineludiblemente, requieren atención. En este sentido, el intra-extra muros supone ser parte de un proyecto que mira, reconoce y actúa apuntando a la integralidad, asumiendo la problemática del encierro y sus consecuencias en el afuera; es decir, se requiere de un enfoque multidimensional de la problemática, que contemple la integralidad en las propuestas. Integral porque cubre distintos aspectos de las problemáticas derivadas de las situaciones traumáticas vinculadas, no solo al encierro, sino también a las consecuencias derivadas del tránsito por una institución total como la cárcel. Pero, tampoco se trata de una mirada enfocada solamente hacia el sujeto que se encuentra en situación de encierro, sino que comprende sus vínculos familiares y próximos. Dicha mirada sobre distintos niveles del fenómeno de la cuestión penal expresa la consideración de un fenómeno social en su complejidad.

Recordemos aquí que la ley prevé trabajar en un momento de pre libertad para acompañar, prestando especial atención a lo laboral, en ese proceso. No obstante, la realidad demuestra que hay un claro abandono del fin resocializador de la pena y que la cárcel es un lugar de encierro y castigo, donde las personas salen en peores condiciones de las que ingresaron. Como observa el informe de la PPN, las vinculaciones familiares y los lazos afectivos se sostienen a pesar de la cárcel, es por allí por donde entendemos que tiene lugar una respuesta de inclusión laboral, en ese capital hay espacio para una respuesta colectiva que acompañe la integración productiva y social.

Es en el espacio comunitario, en el territorio, donde aparecen experiencias que dan respuesta a la problemática del encierro a través de la conformación de redes colectivas que posibilitan la construcción de oportunidades de otras prácticas y sentidos. Y, en las prácticas mismas de Esquina Libertad, la mirada integral se encarna en que las acciones emprendidas trascienden las mismas tareas cotidianas del trabajo productivo (en lo que sea las acciones de la gráfica, la imprenta y la serigrafía.) para acompañar a familiares y personas detenidas.

Esta cooperativa es una creación genuina que surge «desde abajo» con la impronta de personas que han transitado por la institución carcelaria, así como de lazos próximos que las han acompañado y se han visto afectados de múltiples modos por esta situación de encierro. Como experiencia más o menos directa, «la cuestión penal» ha atravesado sus vidas, calando de lleno, marcando no solo una huella sino más bien una profunda irrupción. La espacialidad carcelaria con sus lógicas marca a quienes cumplen una condena, luego de la cual nuevamente estarán en «libertad». Este paso no será neutral para sus familias, parejas y vinculaciones próximas, quienes también, de diferentes modos, enfrentarán los derroteros que conlleva el encierro.

Libertad, hoy …

Hoy por hoy las acciones de la cooperativa abarcan el complejo proceso de transitar el encierro y lo que implica ser una persona detenida y ex detenida. Esta mirada del fenómeno, que ya estaba presente en la gestación de la cooperativa, tiene su eco en la materialización de la creación de diferentes áreas: salud, jurídica, de niñez, género, comunicación, entre otras. Áreas que de a poco se fueron incorporando como parte de las acciones y actividades que se llevan a cabo en la cooperativa, que incluyen a las personas socias y constituyen espacios de consulta abiertos para todas las personas detenidas, familiares y quienes necesiten asesoramiento y se acerquen a participar. En este sentido, encierro y «libertad» forman un todo continuo ante el cual la cooperativa genera espacios que se van ajustando a las experiencias que encontraron y encuentran quienes son protagonistas del camino.

Es una cooperativa de trabajo que, como otras de su mismo estilo, nace ante la falta de políticas públicas inclusivas a la hora de atender la inclusión de las personas que estuvieron contextos de encierro, así como también a la hora de buscar una oportunidad de trabajo entre quienes portan el estigma carcelario. Esta fue una propuesta que progresivamente se fue consolidando, y que tenía como primer fin lograr la personería jurídica de una Cooperativa de Trabajo y robustecerse como organización destinada a intervenir en los múltiples aspectos entrelazados que van surgiendo al calor de su propia población destinataria.

La dinámica laboral-productiva se tiñe de las problemáticas que enfrentan intra y extramuros; pre y pos encierro, tanto quienes lo atraviesan como sus familiares y lazos cercanos. De aquí que la creación de las áreas responda a los problemas comunes relacionados con el sistema penitenciario y los debates en torno a cómo enfrentarlos en lo cotidiano; así como también incluyen otras tantas derivadas de las consecuencias colaterales propias del contexto de encierro y de «los efectos colaterales del castigo».

Sin embargo, en función del relato de los fundadores vemos que hay un «plus», «hay algo más». Vemos que apuntan a comprender a la persona en su singularidad, lo que implica la integralidad de la persona en cuanto a sus vinculaciones y el impacto que la cárcel tiene en lo subjetivo, en lo laboral, en lo educativo, aunque también en todo lo que desde la singularidad aporta a la red colectiva cada una de las personas que la integran. Quizás allí resida una fortaleza que posibilita que aún en momentos de extrema incertidumbre como la actual se crea en que: «la respuesta está en las bases de la solidaridad y del trabajo colectivo», así se apuesta por una construcción social y del trabajo más justa e inclusiva para todos y todas, una forma de trabajo, horizontal, colectiva, legítima, inclusiva y equitativa. Resta decir que se trata de una experiencia en desarrollo que desde su propia construcción deja entrever características distintivas que le otorgan un sello particular al conjunto de sus actividades y protagonistas.

Creo que lo más enriquecedor que tiene el proyecto es la singularidad de cada compañero que se sumó a la cooperativa siempre sumándolos desde un espacio en el que se puedan reactivar sus conocimientos, sus formas, su impronta y sumarla a lo que es lo colectivo. En ese sentido, hay una diversidad desde una señora de la villa hasta un compañero que le gusta cantar. Tomar en cuenta la diversidad y lo específico que tiene cada uno, es lo que hace más rico a esta experiencia y esa es una característica fundamental, que va acompañada de entender que no hace falta cooptar, ni aparatear ninguna personalidad, ni nada sino más bien incentivar y motivar a los compañeros ya que cada uno tiene sus propios conocimientos (Ale Cooperativa Esquina Libertad 2020).

Por último, destacamos el aporte de la Universidad Pública y su importancia en la conformación de estas experiencias cooperativas. Los intercambios producidos en espacios de este tipo resultan un recurso fundamental para la conformación de la cooperativa, y también posibilitan la gestión de los recursos materiales necesarios para llevar adelante las actividades, así como un acompañamiento válido para su consolidación. A a través de este intercambio se ha podido avanzar sobre la dificultad jurídica a la cual se enfrentan las personas detenidas, ya que hasta la fecha la Ley de Cooperativas restringe la participación de las personas con antecedentes penales en cooperativas de trabajo, hecho que implicó, en este caso, que la cooperativa sea presidida por familiares. Por otra parte, nos preguntamos por qué después de tantos años continúa vigente este bache que restringe la accesibilidad al mundo del trabajo de las personas que estuvieron o están en la cárcel.

Conclusiones

El estado crítico del sistema carcelario en combinación con la profunda crisis socioeconómica actual y la amenaza de la extensión amplificada del desempleo pospandemia, es una de las tantas piezas de un collage confuso y desalentador, ante el cual la visualización de experiencias de construcción colectiva como la aquí analizada permiten abrir un giro reflexivo. En lugar de desafiar la situación individualmente, la cooperativa de trabajo es una apuesta por mancomunar esfuerzos, apelar a la construcción de lazos colectivos y brindar oportunidades de trabajo.

Entendemos que en múltiples sentidos una de las cuestiones que muestra esta experiencia, como de otros tantos ejemplos de cooperativas de trabajo surgidas en el país con personas privadas de su libertad, tiene un doble propósito: denunciar la lógica carcelaria y visibilizar la falta de intervenciones que posibiliten una efectiva inclusión socio-productiva. El desarrollo de una organización colectiva resulta un puente de herramientas y prácticas para generar apuestas posibles, aún ante un contexto sumamente complejo y desfavorable para quienes transitan y transitaron el sistema carcelario.

Como parte de la lucha que vienen impulsando distintas organizaciones, entre las que se encuentra la Cooperativa Libertad, recientemente hemos presenciado gestos auspiciosos de organismos estatales como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (^{INAES, 2018}) respecto al reconocimiento y reivindicación del papel sustantivo de las experiencias de inserción con trabajadores cooperativistas en contexto de encierro y liberados en el país. Esperamos que sea el inicio para reforzar acciones y políticas orientadas a atender la postergada y crítica situación en la que se encuentran estas personas, así como de derribar los obstáculos restrictivos para el desarrollo de experiencias cooperativas similares a las del caso aquí analizado.