Introducción

El ejercicio de las profesiones adscritas a las ciencias sociales en Chile se encuentra actualmente subjetivado por el Nuevo Management Público (NMP) en sus prácticas cotidianas. Esta perspectiva desde inicios de las décadas de los ochenta y noventa comienza a reducir gradualmente la esfera estatal, acrecentando una mayor participación de sectores privados en la gestión pública, predominando incentivos, rendiciones de cuentas, mercantilización, y formación por competencias en el tejido educativo. Todo este contexto implica una profunda transformación en las narraciones que se construyen por parte de las personas y las colectividades, por ejemplo, entre la vida cotidiana y laboral.

Confluencias entre materialidades y el Nuevo Management Público (NMP)

Las transformaciones ideacionales, programáticas y prácticas que se producen en el Estado, envuelven una serie de cambios para diversas profesiones, especialmente para el trabajo social en políticas sociales (^{Castañeda y Salamé 2012}), que experimenta un importante giro en las últimas décadas en virtud al Nuevo Management Publico (NMP) o New Public Managment (NPM) (Sisto 2012).

El NMP ha sido resistido en algunos países como, por ejemplo, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil y Argentina. En otros aceptados como en Colombia y, particularmente, en Chile, donde se ha instalado robustamente (Sisto y Fardella 2014; Gunturiz, Gómez, Puello-Socarrás y Bautista 2018).

El NMP surge como estrategia en el marco de políticas neoliberales, las cuales son resultado de la negociación entre gobiernos nacionales y organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Fardella, Sisto, Morales, Rivera y Soto 2016).

El NMP intenta vigorizar al Estado a partir de una mirada empresarial privada, con el fin de terminar con la burocracia estatal y sumar la eficiencia del mercado en la gestión pública en un Estado neoliberal, reconstruyendo la esfera del trabajo, subrayando una cultura del accountability (Soto, Fardella, Valenzuela y Carvajal 2017); así como promoviendo flexibilidad laboral e individuación en los escenarios laborales. El NMP también subjetiva el ejercicio laboral de las profesiones, afectando su autonomía (^{Dubar y Tripier 1998}; Reyes, Olivares, Berroeta, Winkler 2015; Rivera-Aguilera 2017; Sisto y Fardella 2014; Sisto 2009; Fardella, Sisto y Jiménez 2015; Scocco, 2018).

Pero, para que la subjetivación del NMP sea constituyente en personas, colectividades y entornos laborales, se requiere del protagonismo de materialidades (^{Bruni 2005}; ^{Farrell y Morris 2003}) que se representan en prescripciones jurídicas; y que producen, limitan y conforman rupturas-continuidades en el trabajo social (^{Brenes 2016}).

A modo ilustrativo, en Inglaterra se presentan una serie de preceptos que emanan del Servicio Nacional de Salud . National Health Service .NHS), la Ley de Atención Comunitaria de 1990, las disposiciones relacionadas con la Comisión Nacional de Estándares de Atención del año 2000, que terminan por forjar un mercado del cuidado social, en el que se despliegan los y las profesionales del trabajo social (Littlechild y Lyon 2011).

Similar al caso inglés, resulta ser el de Estados Unidos. Por ejemplo, en el contexto de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud, un trabajador o trabajadora social clínico cobra por horas, aceptando las demandas de agencias de seguros de salud. Esto lo explican Moya, Stoez y Lusk (2014) del siguiente modo: «Lo que queda a los trabajadores sociales en dicha sociedad es trabajar para el beneficio de los hospitales, cuyo objetivo es atraer a pacientes de altos ingresos que están totalmente asegurados, y rápidamente deshacerse de indigentes o de pacientes con baja cobertura médica, los trabajadores sociales pueden trabajar para agencias estatales que han tenido presupuestos cada vez más reducidos para los servicios sociales» (Moya, Stoez y Lusk 2014, 197).

Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se ejerce el trabajo social en el campo de la salud y bienestar, terapéutica y asistencialmente, avalado por una serie de prescripciones presentes también en América Latina, pero en otro contexto.

Por ejemplo, en Colombia, en octubre de 2016, se propone una política de reubicación del trabajo social en el campo de la salud-bienestar. Esta idea restringe la autonomía de la formación general sobre el trabajo social y su lugar en las ciencias sociales forjado históricamente por la Ley de Infancia y Adolescencia, Nº 1098 de 2006, las regulaciones del Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social (CONETS), y el Ministerio de Educación Nacional.

Sin embargo, resistencias de colectivos profesionales de ese país, de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) y la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación de Trabajo Social (ALAETS) reivindican al trabajo social en las ciencias sociales.1 Lo interesante de este hecho se evidencia en las intenciones por resistir preceptos manageriales.

En Paraguay, a inicios del 2019, se promulga la Ley Nº6220, la cual regula el ejercicio profesional del trabajo social y abarca los requisitos y exigencias para la habilitación de los profesionales, así como sus derechos y obligaciones2: «Homológase bajo la denominación de licenciado en trabajo social, los títulos de asistente social y licenciado en servicio social de grado universitario legalmente reconocido en el país, conforme a la reglamentación a ser dictada por la autoridad competente» (artículo Nº4, Ley Nº 6220).

Lo anterior destaca por la homologación que se hace a la licenciatura en trabajo social, con los títulos de asistente social y licenciatura en servicio social de grado universitario. Estas nomenclaturas en tierras guaraníes son interesantes de corresponder con el caso chileno, que se construye entre prescripciones nacionales y otras dirigidas a la propia profesión, dictadas desde un Estado de bienestar hacia otro neoliberal.

El Estado de bienestar en Chile se ha ido conformando gradualmente durante los primeros decenios del siglo XX. En aquel contexto, las primeras escuelas de trabajo social, entre los años 1925 y 1960 aproximadamente, determinan, para la profesión, una formación eminentemente asistencial en el desempeño del área de la salud, infancia, y bienestar social, en un tejido paramédico y parajurídico con centro en las personas y la familia (^{Castañeda y Salamé 2012}).

Desde 1960 hasta 1973, en términos estatales, se expresa un proceso de cambio y extensión laboral para la profesión que gira hacia lo comunitario; en una etapa denominada reconceptualización y que implica un fuerte compromiso político respecto a las transformaciones de las estructuras sociales opresoras. Este propósito se interrumpe radicalmente en 1973, con la caída del gobierno de Allende y el advenimiento de la dictadura de Pinochet, que finalizó en 1990. (^{Castañeda y Salamé 2012})

En los primeros años del gobierno de facto y con el fin de constituir un Estado neoliberal, se experimentaron transiciones que terminaron por desarrollarse en toda la década de los ochenta. Por ejemplo, en la esfera del trabajo: «El plan laboral comprende los textos legales que establecieron el nuevo modelo normativo de las relaciones laborales, dictados entre los años 1978 y 1981, a saber: el Decreto Ley Nº 2.200 de 1978 sobre contrato de trabajo y de protección a los trabajadores, Decreto Ley Nº 2.756 de 1979 sobre organizaciones sindicales, Decreto Ley Nº 2.758 de 1979 sobre negociación colectiva y Ley 18.018, la que principalmente modificó al Decreto Ley Nº 2.200» (Rojas 2007, 196).

Estos mandatos jurídicos coinciden con escisiones en la profesión. Por ejemplo, con Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 1980 que inscribe la pérdida del rango universitario, junto al Decreto con Fuerza de Ley Nº5 de 1980, que crea los institutos profesionales (IP) que favorece una formación en trabajo social en estas instituciones hasta la actualidad.

Este hecho tendrá implicancias para la profesión, pues emerge una versión oficial relacionada con el trabajo social que se ampara en las políticas sociales de la dictadura (racionalidad funcionalista y pragmática); y otra versión crítica orientada por el respeto a los derechos humanos y la recuperación de la democracia (racionalidad comprensivo-crítica) (^{Castañeda y Salamé 2012})

Para el final de la dictadura, aparece la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, cuerpo jurídico relevante tanto en términos educativos nacionales, como para el trabajo social, pues ratifica la pérdida del rango universitario (iniciado en 1980).

Este mandato legal cambia con la Ley Nº 20.054 de 2005, que Modifica la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza restableciendo la exclusividad universitaria del Trabajo Social, pero homologa los términos asistencia y trabajo social, prescribiendo a profesionales con y sin licenciatura; favoreciendo inclusive una vía tardía para acceder a este grado académico en instituciones que la impartan. Por último, el dictamen Nº 39.296 del 15 de mayo de 2015 que, en un incipiente escenario de resistencia, termina por ratificar la Ley Nº 20.054.

En este predominio, Viveros (2017) plantea una crisis del trabajo social chileno exponiendo problemáticas en términos de formación y práctica; complejizando las posibilidades de un proyecto ético político en lo disciplinario y profesional.

Más cuando han generado una amplia cobertura, para ^{Castillo y Rodríguez (2016)} trabajo social corresponde a una de las profesiones con mayor nivel de matrícula, que aumenta de 5.296 en 1997, a 31.460 estudiantes en 2016. Iturrieta (2017) evidencia que el campo del trabajo social es el más masificado en Chile, pues representa el 22% de la oferta formativa en educación terciaria.

Esta autora también expone la existencia de 107 ofertas de programas universitarios de trabajo social, 97 de servicio social ofrecidos por institutos profesionales y 17 programas de trabajo social en institutos profesionales (Iturrieta 2017). Cabe destacar que, en la provincia de Valparaíso, territorio en que se sitúa la producción de datos de este estudio, se representa el 11.17% de la oferta nacional educativa (Saravia 2015).

La formación profesional en trabajo social que se propicia en Chile resulta fragmentada, paradójica y variada (Viveros 2017; Vidal 2016; Saravia 2015), oscilando entre lo confesional, lo laico y crítico; tanto en universidades privadas como públicas. En este contexto no se logran aunar los desafíos disciplinares y profesionales, tampoco se consolida una currícula común y compleja para la comprensión e intervención social (Matus 2016; González 2010)

De acuerdo al Ministerio de Educación chileno, específicamente en el portal «Mi futuro.cl», las estadísticas de empleabilidad en trabajo social son heterogéneas dependiendo de la institución de educación superior de los egresados y al ámbito de desempeño. Sin embargo, se presenta en septiembre de 2018, un 72.4% de empleabilidad al primer año de inserción laboral, con un ingreso de $635.231 pesos chilenos al primer año de egreso. Esto equivale a US$ 876, 51 dólares norteamericanos.

Tomando en cuenta todo este contexto, la Comisión de Estudios del Consejo Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Chile en 2019, en coordinación con sus 19 consejos provinciales, plantea una propuesta nacional de sensibilización para una nueva Ley de Trabajo Social, con el fin de repensar la profesión en su primer centenario a partir de lo ético, histórico, metodológico, político y económico, en el año 2025.

Considerando estos antecedentes y sobre todo el papel de las materialidades jurídicas que se despliegan en Chile con asidero en el NMP, el presente artículo se pregunta por las subjetividades que emergen en términos de identidad laboral en las trayectorias formativas y laborales, a través de las narrativas de trabajadores sociales con y sin licenciatura, incluyendo aquellos profesionales que la obtuvieron tardíamente. Se utiliza el análisis propuesto por la teoría fundamentada de Glasser y Strauss (1967), a modo de comprender la configuración de identidad que se manifiesta en base a los relatos de estos actores.

Identidad (es) y narrativas

Las identidades, de acuerdo a Sisto (2012), se encuentran dentro de los discursos, en ámbitos históricos, en instituciones específicas y al interior de las formaciones de prácticas. Es un concepto dinámico, un proceso dialéctico y biográfico (Stecher y Godoy 2014; Inda 2018).

La identidad se entiende en base a normas sociales, poder y producción de subjetividad, en virtud de su construcción lingüística y discursiva (^{Cabruja, Iñiguez y Vásquez, 2000}), en complemento, Tajfel en González, Manzi y Noor (2013) plantean la asociación de la identidad con categorías sociales y, en virtud a lo anterior, emerge la pertenencia e identificación como un aspecto fundamental (Sisto 2009; Soto 2009).

Para ^{Dubar (2000)} existen dos modos de identificación, las atribuidas por otros, «heterocategorizaciones» y las reivindicadas por uno mismo «autocategorizaciones», que experimentan «crisis» pues actualmente los recursos de identificación tienen una marcada preeminencia del yo, sobre el nosotros.

Pero no solo todo lo anterior, pues las personas adquieren una identidad socialmente reconocida a través del trabajo (Sisto y Fardella 2008). Sin embargo, la esfera laboral se ha visto transformada por las estrategias del NMP en el contexto de variadas normativas. Por ejemplo, con el denominado Plan Laboral impuesto por Pinochet en el año 1979 y ya mencionado que gradualmente incide en las identidades laborales y en las profesiones de la acción pública, entre las que se encuentra el trabajo social.

Las prescripciones sobre el trabajo llevan a que los trabajadores y sus puestos laborales se transformen a sí mismos (Sisto 2009), ya que su significado se construye conforme una narrativa situada y particular (^{Ruvalcaba-Coyaso, Uribe y Gutiérrez 2011}; ^{Bentura, y Mariatti 2018}).

Stecher y Godoy (2014) plantean que las narrativas direccionan al oyente en cuanto a los escenarios de construcción de eventos que expresan pensamientos, motivaciones y por qué determinados hechos se desarrollaron en trayectorias.

Las trayectorias de acuerdo a Soto (2009) se utilizan para argumentar que la identidad es esencialmente temporal, que se construye en contextos sociales y es más compleja que una noción lineal del tiempo, por el contrario, siempre se está haciendo.

Smith y Sparkes (2008) plantean una perspectiva performativa, relevando el papel de lo social por sobre lo personal. Por ende, estas identidades narrativas son prácticas discursivas históricas, dialógicas, emergentes, y fragmentadas, conformadas por cuerpos parlantes en trayectorias convergentes y divergentes.

Las ideas antes planteadas también se conectan con lo establecido por Pierre Bourdieu (Zurita 2013) respecto al habitus, el cual se comprende genéricamente como las disposiciones o esquemas con los cuales los actores piensan, hacen, sienten, y que están asociados a la posición social.

En este punto, cabe resaltar lo referido a su estructuración simbólica pues, en la configuración del habitus, emergen representaciones, percepciones y visiones que los agentes construyen en un contexto de prácticas pasadas, que proyecta a las futuras, en una trayectoria que se inscribe en las identidades (^{Capdevielle 2011}).

Teniendo en cuenta estos itinerarios, resulta complejo una consideración única en torno a la identidad laboral del trabajo social, esto por la dinamicidad y performatividad del término. Pero a escala latinoamericana, Nora Aquin plantea que «hay un núcleo duro de nuestra identidad que se mantiene. Ese núcleo duro radica en que el trabajo social es al mismo tiempo una práctica distributiva y una práctica cultural» ( ^{Aquin 2003}, 107).

En esta línea, Bibiana Travi se vale de Ricoeur para establecer que «la memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la función narrativa. Y como la configuración de la trama de los personajes del relato se realiza al mismo tiempo que la historia narrada, la configuración narrativa contribuye a modelar la identidad de los protagonistas de la acción, al mismo tiempo que los contornos de la propia acción» (Travi 2014, 52). Esta autora plantea por una mirada situada y crítica, apuntando a cómo se escriben determinadas perspectivas e historias de la profesión. Su emplazamiento resguarda el protagonismo de las trabajadores y trabajadoras sociales y sus propias narraciones, que se van constituyendo en determinados contextos históricos y societales.

Metodología

Resultados

Se organizan de acuerdo a tres categorías que han sido el resultado del análisis desde los propios textos: licenciatura un, buen negocio, la salida ficticia y empleabilidad crítica. Estas nomenclaturas surgen desde las narrativas de los participantes. La primera se conforma gracias a los relatos de las personas en el contexto de desregulación del trabajo social; la segunda hace referencia a sus experiencias en el contexto de libre mercado como estudiantes y profesionales para, finalmente en la tercera narrativa, dar cuenta de las condiciones laborales.

La licenciatura, un buen negocio

Esta narrativa alude a los cambios en la dictación de la carrera de trabajo social, que terminológicamente se homologa con servicio social. También incluye relatos relacionados con la pérdida del rango universitario, ocurrida en 1981. Este escenario se fortalece el año 2005, cuando se produce la recuperación de la exclusividad universitaria mediante la Ley N°20.054 (Ministerio de Educación, artículos 1, inciso 3 y artículos 2 y 3) que modifica la Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, en lo que respecta a la profesión.

En esta categoría se interpretan los testimonios de un escenario cambiante y difuso para la profesión. En el primer caso, la narrativa de Iris analiza la dictación de la licenciatura en trabajo social como una de las tantas manifestaciones de desregulación, que significaba más bien un negocio. Existirán entonces falsas promesas de alcanzar logros en competencias disciplinares cuando las personas optan por la licenciatura tardíamente, sin alcanzar la competencia reflexiva que se requiere para el quehacer investigativo. En síntesis, se aprendería todo rápidamente:

la licenciatura, pa las instituciones ha venido a ser un buen negocio, porque solucionan o apoya, las bajas admisiones, pero no es el modelo ideal…porque en un año tú no cambiai el «switch», entonces como que hay una falsa ilusión como que hoy día tengo falsas competencias disciplinares, pero no las tengo… la gente paga la licenciatura, y, transcurrido un año obtiene la licenciatura, pero eso no significa adquirir las competencias disciplinares, básicamente en investigación (Iris).

La narrativa precedente se complementa con la de Alejandra respecto a cómo los institutos profesionales centran su formación en el hacer profesional, esto con proyectos educativos funcionalistas:

yo soy jefa de carrera de servicio social, estamos formando con una mirada bastante direccionada hacia la aplicación, hacia al hacer ¿ya? Nosotros en el instituto profesional estamos sujetos a un proyecto educativo que no es el mismo proyecto educativo de una universidad. Formamos a nuestros estudiantes bajo un paradigma funcionalista, más que constructivista ¿ya? Estamos centrados más en el hacer, por tanto, los asistentes sociales tienen una identidad y un sello en el hacer (Alejandra).

Una nueva narrativa, la de Nora, plantea que la formación profesional con mayor profundidad se encuentra en la universidad porque ésta prepara para la resolución de los problemas complejos desde la investigación e intervención:

y la disciplina implica dolor, no es una cosa que uno se la gane solo, entonces la producción de conocimiento es en el fondo un esfuerzo... te prepara pa tomar desafíos que son mayores… la formación en investigación de los estudiantes de trabajo social es como hacer pesas, ¿ya? Es decir, para hacer una investigación formal, hicieron pesas, están preparados pa resolver los problemas complejos de la investigación en el campo de la intervención, en el campo de la práctica profesional (Nora).

En la narrativa que sigue, Sandra hace referencia a la pérdida del rango universitario del trabajo social, esto junto con otras profesiones que también se vieron menoscabas como efecto de la diversificación de la oferta. Lo anterior evidenciaría que la producción de trabajadores y trabajadoras sociales y sus trayectorias formativas, desde 1980, ha obedecido a lógicas libremercadistas en educación:

la pérdida del rango universitario es la pérdida eh del rango de la condición universitaria de un conjunto de, profesiones y formaciones universitarias, como tú ya debes manejar, es una decisión eh realmente enfocada al mercado y particularmente lo que desea es sacar la enseñanza o la educación superior del espacio universitario y diversificar la oferta (Sandra).

La narrativa de Beatriz establece como aspecto central que, la lógica de la diversificación en la educación superior, funcionó de manera relativa, más bien engañosa, pues se logra descentralizar la universidad pública. Así, en lugar de articular los niveles educativos a escala de centros de formación técnica e institutos profesionales y universidades, lo que ocurrió fue ofrecer la misma oferta que en su momento el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) proponía:

para que efectivamente los IP, los CFT, pudieran entonces funcionar con esta lógica de diversificación, si eso pasaba entonces había más oferta. En la lógica de la cultura país, eso funcionó de manera relativa porque si bien es cierto logra descentralizar de la universidad, y de la universidad tradicional, pública, esa condición no nos saca del imaginario, por lo tanto lo que sucede, es que a pesar de querer tener un sistema de educación superior diversificado y con tres niveles, que además ojalá se articularan entre ellos, lo que sucedió en términos reales es que nos llenamos de universidades que ofrecen exactamente la misma condición o la misma oferta de lo que el CRUCH en su momento también ofertaba (Beatriz).

En el relato de Fernanda se da cuenta de dos tensiones relevantes en términos de identidad laboral. La primera, respecto a la confusión que surge entre el título de asistente social y de trabajador y trabajadora social; la segunda respecto a la falta de claridad en la oferta de los programas de licenciatura para acceder al grado académico, pues se aprecia que los esfuerzos de cinco años de la formación universitaria no podrían ser homologables a la elaboración de una tesina de un año que se lleva a cabo en los programas de licenciatura.

igual ha ayudado a la confusión entre el, el título de asistente social y de trabajador o trabajadora social porque tampoco está estandarizado qué haces tú en un año pa una licenciatura, entonces uno supone que eh la licenciatura tendría que montar particularmente ramos vinculados a investigación social, no obstante, lo que tú observas, terminan con una tesina que no es homologable al esfuerzo de cinco años de un trabajo en un estándar universitario (Fernanda).

La salida ficticia

En esta sección, las personas investigadas hacen referencia a las diversas manifestaciones que asumen sus experiencias respecto de la precariedad y vaivenes en la identidad formativa del trabajo social. Lo anterior se cuenta desde los distintos hitos históricos que afectaron a la disciplina, tales como el cierre de la carrera en las universidades producto del golpe militar, la aparición de los institutos profesionales y la pérdida y recuperación del rango universitario.

A modo ilustrativo, la narrativa de Irma, desde una lógica argumentativa histórica, refiere su experiencia como estudiante y la impronta trasmitida por sus académicos y académicas; en donde el peso de la pérdida del rango se significa como el desdibujamiento de la identidad universitaria exclusiva del trabajo social, que se quiere trasmitir marcada e intencionadamente al estudiantado:

cuando yo estudiaba, entre el 88 y el 92, las profesoras de planta siempre trasmitieron en los estudiantes una angustia respecto al rol perdido del trabajo social. Me acuerdo de una lectura de «Manríquez», que se llama «El Agente de Cambio», que hablaba del profesional como agente de cambio…Y las, asignaturas de la escuela eh… instalaban la angustia por el rol perdido, o sea como que uno estudiaba sabiendo que su inserción laboral iba a ser confusa. Aunque estuvieras trabajando en una empresa, te podía reemplazar un ingeniero comercial, si trabajabas en un sector salud, te podía reemplazar un psicólogo, si trabajabas en una ONG te podía reemplazar un antropólogo, entonces era como, esto de la tierra de nadie, somos todo y nada, se instaló en mi época formativa, bajo la pregunta del rol perdido. Cuál es el rol, más que la identidad (Irma).

Por otra parte, la experiencia estudiantil de los participantes vivida en la universidad se complejiza cuando comienzan a integrarse al mercado laboral, donde la proliferación creciente y heterogénea de ofertas educativas aumenta la incertidumbre. Todo lo anterior en un contexto desregulado de la educación superior, donde la recuperación del rango universitario no tuvo el impacto esperado y significó solo un triunfo moral. Además, extemporáneo en términos de ocurrencia, como señala nuevamente Beatriz:

pero también entendí que en este proceso en paralelo y no teniendo que ver con el rango hay una explosión enorme de oferta educativa en Institutos Profesionales, en Centros de Formación Técnica y también en universidades privadas, que van levantando una formación de trabajo social con o sin rango universitario, por tanto, recuperar el rango universitario era una lucha legitima y válida, solo que contextualmente a destiempo. Es decir, si el rango universitario hubiera sido algo que sí recupera, a los pocos años de recuperada la democracia, se entiende, pero la reforma a la educación superior en Chile ya se había iniciado, explota en los años 90, no en los años 80 paradójicamente. Se liberaliza la educación, superior, y eso hace que exista toda una serie de explosión de programas de formación profesional donde el trabajo social es una de las carreras que explota, pero que finalmente si nosotros pensamos que la obtención del rango universitario iba a regular un mercado desregulado de educación superior, no tenía ningún sentido. Son dos procesos vinculados, pero no directamente imbricados y entonces lo que ocurrió más bien fue un cambio de nombre (Beatriz).

A juicio de Álvaro, emergen indefiniciones, pues no hay reconocimiento de la identidad de quienes se han formado en institutos profesionales. Al contrario, se busca la asimilación a una identidad universitaria, aunque sea de manera prestada, auto atribuida al cursar alguna de las tantas ofertas de programas de licenciatura, que, a decir de la narrativa de Isabel, no permitiría tampoco la recuperación del rango perdido. Entonces emerge una promesa incumplida.

en cuanto a la formación, eh… eh nosotros hemos como generado, como… disciplina, lo podría decir en abstracto, una salida, a los egresados de Institutos Profesionales, con la licenciatura, pero es una salida ficticia, porque yo hago clases de la licenciatura en la Universidad…. y los estudiantes que vienen de diversos IP tienen una formación bien heterogénea entre ellos, y segundo, eh un año de licenciatura, eh… hacen como que los dejan preparados disciplinariamente, pero no los deja preparados disciplinariamente (Álvaro).

Empleabilidad crítica

En lo que respecta a la siguiente narrativa, se verá que el campo laboral para los trabajadores y trabajadoras sociales presenta una compleja estructura, marcada por la apertura y masificación de la profesión en institutos profesionales. Esto convierte al trabajo social en una profesión precarizada y con alta incertidumbre respecto a su empleabilidad.

Según se advierte en la narrativa de Hugo, hay una preocupación en cuanto a la empleabilidad de quienes ejercen el trabajo y servicio social, debido a la gran cantidad de universidades y centros de estudios que agudiza el desempleo debido a la saturación en el mercado laboral producto del aumento progresivo de titulados:

el tema de la empleabilidad es crítico, a mí me preocupa y me da pena también la frustración que tienen los nuevos profesionales hoy día por la saturación en el mercado educativo y lo que está pasando …Una saturación ¿no cierto? En el mercado laboral, hay muchos profesionales que después no tenían posibilidades reales laborales ¿ya? y una frustración en los profesionales jóvenes (Hugo).

En complemento con lo anterior, Iris señala una alta demora en la obtención del primer empleo y la frustración para ejercer la profesión. Esto se aprecia en los comentarios a las distintas bolsas de trabajo, donde se da a conocer la existencia de largos períodos de tiempo antes de encontrar el primer empleo, lo que se dificulta aún más cuando se carece de experiencia profesional:

no sabía que había estudios así tan claros de los tiempos de demora para el primer trabajo (sí), pero sí lo veo en las «bolsas de trabajo», comentarios que hacen los que postulan a bolsas de trabajo… se llama bolsa de trabajo de trabajo social y ahí los comentarios son muy tristes, personas que llevan mucho tiempo buscando trabajo y con el círculo vicioso de la experiencia, sin experiencia, ahí como que queda, queda ahí como en tierra, perdidos (Iris).

Una situación develada por Fernanda da cuenta del gran número de profesionales en el mercado laboral con bajas remuneraciones que no son acordes a las funciones que desempeñan. Lo anterior presenta depreciación salarial, al igual que una descendencia en el status de la profesión, encontrando también a profesionales desprotegidos laboralmente:

Los trabajos basura tienen tres características y es muy importante reconocerlas allí. Uno que son trabajos cuya remuneración no es acorde con la función que se desempeña, es decir, te pagan menos. Segunda condición que los trabajos basura es que son trabajos que no tienen seguridad social, es decir, no tiene contrato de trabajo, no tienen leyes laborales de trabajo asociadas y lo tercero es que, son trabajos riesgosos para la salud física o mental de quien lo ejerce…Las malas condiciones laborales en las que se desempeñan los trabajadores sociales. Me refiero a las remuneraciones que obtienen a la poca capacidad de escalamiento que tienen esas remuneraciones a lo largo del tiempo, basta con meterse a futuro laboral y mirar el promedio salarial de los trabajadores sociales al primer y al quinto año, cuáles son sus proyecciones (Fernanda).

Conclusiones

El trabajo social chileno se ha entramado en un contexto de prescripciones donde emerge una escisión entre lo disciplinar (supuesto en la formación universitaria) y profesional (imaginado en la formación en institutos). Esta dicotomía sigue presente por la Ley Nº 20.054 de recuperación del rango universitario, que releva la reificación del consumo, en este caso, por trabajo social en un contexto de una amplia oferta en educación terciaria.

La mercantilización en la dictación de la carrera, currícula y ejercicio profesional, crean un escenario inestable y confuso de despliegue para el trabajo social chileno. En aquel sentido las formaciones universitarias y de institutos profesionales para el caso del trabajo social chileno se tensionan, particularmente las auto (nociones para sí) y heterocategorizaciones (nociones para otros) cuya agudeza eleva la preponderancia de la subjetividad y de la identidad como proceso constitutivo.

Aquello se advierte en la subjetividad que el NMP pretende instituir en un escenario de flexibilidad laboral, pues cada quien es responsable de acceder a las utilidades del mercado, pero aquello, solo en términos potenciales, pues la realidad situada de las narrativas aporta otras sentencias, relacionadas con lo planteado en secciones anteriores de este artículo por Dubar (2000), como crisis que en vínculo con los textos y la categoría central que propicia la teoría fundamentada, emerge una configuración precaria de identidad laboral.

De acuerdo a los relatos, se presenta un contexto de incertidumbres frente a las transformaciones que presenta la empleabilidad reflejados a modo de ejemplo, en la demora para la obtención de un primer trabajo, las bajas remuneraciones y el ejercicio profesional.

Todo se complejiza cuando lo trastocado incumbe al lenguaje, cuando trabajo y/o asistencia social no son lo mismo, es en este campo donde se desdibuja la identidad laboral, pues se experimentan erróneas promesas en el logro de competencias, por ejemplo, para aquellos casos de formación con licenciatura tardía.

La formación de grado supone la suficiencia para la investigación y la comprensión de fenómenos complejos. Por ejemplo, en el campo de las políticas sociales en un escenario de tensión a la ética de lo público. Desde este ángulo, la necesidad de portarla es perentoria en el supuesto que establece una posibilidad de mejor posicionamiento en lo laboral, pero la licenciatura está enfocada como un negocio, cuya desregulación se materializa con la diversidad de la oferta, y en lo tácitamente problemático que se produce no poseerla.

En estas dicotomías es necesaria una transformación a la Ley Nº 20.054 que implica una demanda por una nueva conformación sobre la base de los ejes éticos, históricos, metodológicos, políticos y económicos de la profesión, tal como se ha planteado por el consejo nacional de trabajadores sociales de Chile.

Por otra parte, en estos escenarios de tonalidad adversa no hay que olvidar las resistencias que se fraguan a través de las prácticas cotidianas de profesionales. En estos trazos es dable construir un esquema disímil a la materialidad y discursividad del NMP, pero aquello implica relevar la posición y praxis de trabajadores y trabajadoras sociales en el marco de las ciencias sociales.

Por otra parte, una ruta de posibilidades investigativas ante la complejidad de la teoría emergente es factible a través de los estudios críticos del managment, pues contribuyen a la comprensión del contexto societal en la actualidad y, sobre todo, para bosquejar micro resistencias a diversas configuraciones, que en este caso precarizan y subjetivan las identidades laborales de trabajadores y trabajadoras sociales, bajo la supuesta infranqueable ideología neoliberal.