Introducción

No se puede entender la situación actual en México sin un breve análisis de la historia del narcotráfico. Este artículo sugiere que la situación de violencia e inseguridad en México es en gran medida resultado de la Guerra contra las Drogas de Washington, particularmente en la región andina. El Plan Colombia (PC) solo tuvo victorias parciales, ya que la droga disponible es más pura, barata y está más disponible. Inmediatamente después de la implementación del PC, las zonas de cultivo y producción de cocaína se trasladaron a Perú y Bolivia; las rutas del tráfico de drogas se diversificaron en la región andina y Centroamérica; posteriormente, la violencia relacionada con el narcotráfico se trasladó a México. A pesar de los esfuerzos de cooperación entre Estados Unidos y países de la región latinoamericana, el tráfico de drogas sigue en los mismos niveles y la violencia amenaza la seguridad y el estado de derecho en los países de la región.

A lo largo de este artículo se argumenta que la guerra contra las drogas ha sido una guerra perdida, considerando en particular los resultados en cuanto a los siguientes indicadores: cultivo y producción de drogas ilícitas en la región; los flujos del tráfico y consumo de drogas; niveles de violencia relacionada con el narcotráfico; y la existencia de carteles de la droga o grupos del crimen organizado. No se soslayan las victorias en el combate al narcotráfico sino que se subraya que la estrategia general ha fracasado.

La guerra contra las drogas en los estados unidos

El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Richard Nixon (1969-1972) inició la Guerra contra las Drogas (War on Drugs) en 1971. Nixon argumentó que los narcotraficantes van a traficar drogas siempre y cuando exista un mercado. Además, se enfocó más en la demanda e invirtió recursos financieros para combatir la adicción a las drogas en los EE.UU. (Bagley, 2013; ^{Cuellar, 2008}). En 1973 Nixon creó la Agencia Antidrogas DEA (Drug Enforcement Administration - Administración de Drogas y Narcóticos) para combatir la producción y tráfico de drogas como elemento central de la Guerra contra las Drogas. Desde la década de los setenta, el combate al tráfico de estupefacientes pasó a formar parte de la agenda de seguridad del gobierno de los Estados Unidos.

Posteriormente, el presidente Ronald Reagan (1981-1989), asumió una visión diferente del problema y la solución de la adicción a las drogas. Durante su mandato se dieron brotes de drogadicción que afectaron a muchas personas en centros urbanos debido a que Reagan no invirtió suficientes recursos para el tratamiento y prevención de las drogas como lo había hecho Nixon, porque pensaba que el problema era la producción y el tráfico de las drogas desde otros países hacia los EE.UU. Reagan continuó la Guerra contras las Drogas pero la convirtió en el primer objetivo de la política de seguridad nacional y de la política exterior de los EE.UU. En este sentido, se puede decir que Reagan implementó exitosamente el proceso de securitizacion (^{Buzan, Weaver y de Wilde, 1998}) de la Guerra contra las Drogas, ya que la convirtió en uno de los principales objetivos de seguridad de la agenda de gobierno y promovió campañas para combatir la producción de drogas en otros países, particularmente en la región andina (^{Bagley, 2012}a).

Durante la presidencia de Reagan, los críticos de la Guerra contra las Drogas en América Latina argumentaron que el problema era el consumo de drogas de los EE.UU. Expertos como Bruce Bagley han indicado que si las personas en los EE.UU. no fueran adictas, los gobiernos de América Latina no tendrían problemas con el narcotráfico y el crimen organizado. La lógica es que los narcotraficantes cultivan, producen, y trafican drogas porque ha existido una demanda muy alta (^{Bagley, 2012b}). Además, expertos y oficiales de gobierno en América Latina han destacado que el mercado de los "gringos" ha sido el mercado más grande en todo el mundo (Ibid). Entonces, el problema se deriva de una enfermedad Americana (Bagley, 2012a; ^{Musto, 1999}). En suma, los críticos de la Guerra contra las Drogas dicen que los EE.UU. tendría que reducir la demanda de drogas para erradicar el narcotráfico en América Latina.

El presidente Reagan se enfocó en el suministro de drogas proveniente de otros países. Su estrategia se concentró en la oferta (supply-side strategy) y tuvo tres ejes principales. Primero, Reagan combatió la producción de enervantes. Segundo, sus iniciativas se enfocaron en la sustitución de cosechas ilegales por cosechas legales. Tercero, Reagan invirtió recursos financieros para promover la prohibición de las drogas, particularmente en América Latina (^{Carpenter, 2003}, 27). Al final, la administración de Reagan tuvo "victorias parciales" (^{Bagley, 2012}a, 3-5) en la Guerra contras las Drogas, particularmente en países de la región andina como Perú y Bolivia.

Existen en la región andina, tres países que cultivan la hoja coca, que es la planta que los narcos usan para producir la cocaína. Durante los ochenta, Bolivia y Perú produjeron la gran mayoría de la planta de coca. Por ejemplo, en 1985, Perú produjo el 65% del total de los cultivos, mientras que Bolivia produjo el 25%. En ese año, Colombia solamente cultivó el 10% de la coca (^{UNODC, 2010}; UNODC, 2011). En ese entonces, estos tres países produjeron casi el 100% de la coca en el mundo. Así pues, la administración de Reagan apoyó a los gobiernos de Perú y Bolivia para combatir la producción de coca (^{Bagley, 2012}a, 3-4; ^{Rojas, 2005}; Youngers, 2000).

En Bolivia, Reagan invirtió recursos en un programa denominado "Operación Alto Horno" (Operation Blast Furnace), destinado a combatir y erradicar la producción de coca en la provincia de Chapare (^{Bagley, 2012}a: 4; ^{Ledebur, 2002}; ^{Thoumi, 2003}). También en Perú, la administración de Reagan asistió al presidente Fujimori en combatir el transporte de la coca entre Perú y los laboratorios que procesaban la cocaína en Colombia. El programa conocido como "Plan Dignidad" tuvo éxito. De acuerdo con Bagley (2012a; 2012b), el resultado de estos programas fue que las rutas de producción de cocaína se trasladaron a Colombia, ya que en el año 2000, Colombia cultivó casi el 90% de la coca en el mundo.

Por lo tanto, el gobierno de los EE.UU. y la administración de Reagan fracasaron en la Guerra contra las Drogas, debido a que a pesar de los logros en el cultivo y transporte de la hoja de coca en países como Bolivia y Perú, las rutas de trasiego de la coca cambiaron, y el cultivo de cocaína se trasladó a Colombia. Es decir, la producción de cocaína continuó y la oferta de droga se mantuvo (Gráfica 1).

Gráfica 1:  Producción global de cocaína en Bolivia, Perú, Colombia y total 1990-2008 (toneladas métricas) Fuente: preparadapor los autores con datos de UNODC, 2010. 

Por otra parte, algunos autores se han referido a las estrategias anti-drogas de los Estados Unidos en Latinoamérica como un pretexto para intervenir en las políticas de seguridad de los países de la región. John ^{Saxe-Fernández (2009}: 102) ha advertido que

"Los diseños militares y de seguridad sobre México (...) avanzan por medio de la militarización de la campaña contra narcotráfico y crimen organizado. Este es un esquema ya aplicado por Washington en Colombia. Ha sido adoptado por el Presidente Felipe Calderón en México y, como esperaban sus gestores, produce un baño de sangre, debilita la función de defensa nacional y gesta una debacle de derechos humanos (...).

Saxe-Fernández subraya que utilizar al ejército en la lucha contra el narcotráfico fue una medida que lejos de solucionar los problemas planteados por el narcotráfico, los ha complicado y ha colocado al país bajo creciente vulnerabilidad ante las ambiciones geoestratégicas de Estados Unidos (Ibid, 103). No obstante, es evidente que las estrategias antinarcóticos y de combate al crimen organizado han involucrado a diversos países debido a que el crimen organizado transnacional no se circunscribe a los ámbitos nacionales, sino que engloba a amplias regiones y países, por lo que la cooperación regional es crucial.

La guerra contra las drogas en colombia (1990-2012)

La Guerra contra las Drogas impulsada por los EE.UU. continuó después de la presidencia de Ronald Reagan. Colombia lanzó una guerra contra el narcotráfico auspiciada por la política exterior y de seguridad de Washington (^{Bagley, 1989}). Este país fue el epicentro del narcotráfico por décadas; tuvo dos poderosos cárteles de la droga: el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. Washington gastó casi mil millones de dólares durante los noventa para combatir el narcotráfico y a los cárteles en este país. Sin embargo, Colombia continuó cultivando, produciendo y traficando drogas, principalmente cocaína (^{Bagley, 2001}; ^{GAO, 1999}).

Por una parte, los EE.UU. invirtió recursos materiales y financieros para capturar o ejecutar a los principales capos (King-pins) de los cárteles. En 1993, el gobierno de Colombia no solo ejecutó -con la asistencia de los EE.UU.- a Pablo Escobar, el líder del cartel más grande y peligroso en ese momento: el Cartel de Medellín, sino que combatió con éxito al Cartel de Cali. Con todo, el narcotráfico y la violencia continuaron a pesar de las victorias del gobierno en contra de estos dos cárteles. Como resultado de las victorias parciales en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, se produjo una fragmentación de los grandes cárteles en organizaciones más pequeñas, conocidas como "cartelitos". Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero con más poder en Colombia, aprovechó el vacío de poder dejado por los cárteles después de su fragmentación y obtuvo un mayor control del proceso de producción de enervantes de los cárteles (^{Bagley, 2012}a, 15 -17).

En el año 2000, el presidente Clinton firmó el Plan Colombia (^{Rosen, 2014}); un programa de cooperación entre EE.UU. y Colombia, destinado a combatir el cultivo, la producción, y el tráfico de drogas en Colombia (^{Crandall, 2002}a; ^{Crandall, 2002}b). En este marco de cooperación, Colombia recibió alrededor de ocho mil millones de dólares de los EE.UU. entre 2000 y 2012 (^{Bagley, 2012}a, 5). Washington apoyó a Colombia mediante la implementación de programas de fumigación de cultivos de coca que tuvieron efectos colaterales perniciosos en la preservación del medio ambiente. A pesar de los éxitos del Plan Colombia, el cultivo, la producción, y el tráfico de drogas continuaron en Colombia, incluso en mayores niveles (Crandall, 2002b, 193; Crandall, 2012a, 159). Por su parte, una de las consecuencias del Plan Colombia es que el cultivo de coca ha regresado a Perú y Bolivia, y las rutas han cambiado a otros países como México.

En suma, los países de América Latina han visto un ballon effect. El ballon effect se da cuando un gobierno decide combatir la producción y tráfico de drogas en un país o región; lo que da como resultado que el cultivo, la producción y el tráfico de las drogas cambien a otro país o región contigua (^{Carpenter, 2003}, 84). Este fenómeno se presenta porque estas actividades son ilegales y los actores tienen que cambiar las rutas para sobrevivir. En este sentido, se puede señalar que México es una víctima de la Guerra contra las Drogas en Colombia, porque las rutas del tráfico de drogas se han trasladado a México. La discusión anterior indica que no se puede entender la violencia y el conflicto actual en México sin la historia de la Guerra contra las Drogas promovida por los EE.UU. en la región Andina de Latinoamérica (Figura 1).

Figura 1:   Principales corredores de la droga hacia los Estados Unidos, 2011.Fuente: U.S. DEA, tomado de Melissa ^{Beale (2011}). 

La guerra contra las drogas en México (2006-2012)

Aunque la producción y el consumo de drogas en México, especialmente las derivadas de la amapola y la mariguana, se remontan hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX (^{Astorga, 2005}), no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando cobran más notoriedad. Los cultivos de amapola y mariguana, que se concentraban en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán y Guerrero, aumentan desde la década de los setenta (^{Grillo, 2012}). Durante gran parte del siglo XX, México estuvo gobernado por el PRI; el narcotráfico estuvo vinculado al poder político, por medio de una relación de tinte corporativo, en la cual los cárteles del narcotráfico estaban sometidos al poder político, en particular con el poder político encabezado por el partido hegemónico (^{O'Neil, 2009}; ^{Watt y Zepeda, 2012}).

Así, el control político que se ejercía sobre el crimen organizado se deterioró con el arribo de la democracia en el año 2000, con el primer gobierno democrático encabezado por Vicente Fox (^{Astorga, 2012}). El capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán, escapó de prisión, y en poco tiempo reorganizó el Cártel de Sinaloa hasta convertirlo en una poderosa organización del crimen organizado transnacional. En el sexenio de Fox (2000-2006) también surgieron nuevas organizaciones criminales violentas, como Los Zetas y La Familia Michoacana, que además de dedicarse al tráfico de drogas, recurrían a otras actividades como el secuestro y la extorsión. Como resultado del debilitamiento de las instituciones de seguridad del Estado y derivado de la lucha por el control de las plazas y las rutas del tráfico de drogas, la violencia aumentó especialmente en los últimos años del gobierno de Fox (^{Flores, 2009}) y la violencia generada por los cárteles del narcotráfico se había convertido en el principal problema de seguridad en el país.

Después de tomar posesión de la presidencia de México en diciembre de 2006, Calderón lanzó una ofensiva contra el narcotráfico para combatir la violencia e inseguridad en México (^{Carpenter, 2012}). La espiral de violencia en México que caracterizó al periodo de gobierno de Felipe Calderón se deriva principalmente de las luchas brutales entre los cárteles del narcotráfico por el control de la producción y las rutas del tráfico de drogas. La lucha contra los cárteles de la droga se convirtió en el principal objetivo de la administración de Calderón. La estrategia fue la militarización de la Guerra contra las Drogas. Aparentemente, Calderón no aprendió la lección de la Guerra contra las Drogas de los EE.UU. en América Latina, particularmente en Colombia, donde se recurrió a la militarización, con los resultados antes mencionados. México recibió la asistencia de los EE.UU. en la lucha contra el narcotráfico y ambos países implementaron una iniciativa de cooperación conocida como el "Plan México" (^{Lendman, 2008}) que más tarde cambió al nombre de Iniciativa Mérida (IM).

Los presidentes de EE.UU. y México, George W. Bush y Felipe Calderón respectivamente, firmaron la IM en 2007 (^{Velázquez y Prado, 2009}). La IM distribuyó recursos de los EE.UU. a México para combatir los cárteles de la droga en el país. El marco estratégico de la IM consiste en cuatro pilares, cada uno de los cuales se enfoca en los objetivos estratégicos: a) Afectar la capacidad operativa del crimen organizado; b) Institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de derecho; c) Crear la estructura fronteriza del siglo XXI; d) Construir comunidades fuertes y resistentes (^{Embajada de los Estados Unidos en México, 2013}).

No obstante, la IM apoyó al ejército y suministró recursos para el mejoramiento de la infraestructura tecnológica de las instituciones de seguridad, en lugar de destinar mayores recursos para el fortalecimiento de la democracia, las instituciones, y la educación. En otras palabras, la estrategia de Calderón apoyada por los EE.UU., tenía la misma visión del problema del narcotráfico en México y, al igual que en el caso de Colombia, optó por combatirlo principalmente con el ejército concentrándose en capturar capos del narcotráfico y en el decomiso de drogas. Sin embargo, no se combatieron problemas internos en el gobierno como la corrupción e impunidad en las instituciones de seguridad y el sistema judicial. Estos son problemas vinculados, ya que la impunidad en las instituciones públicas genera mayor corrupción y esto hace a las instituciones más débiles. Además, muchos de los recursos de la IM se han dirigido a las instituciones de seguridad del gobierno federal, pero no han atendido estos problemas en los gobiernos locales, donde el crimen organizado y los cárteles del narcotráfico operan con mayor facilidad.

Sin embargo, México no es responsable exclusivo de todas las incidencias del crimen organizado y la violencia en el país. Los EE.UU. tiene una corresponsabilidad al respecto, y nunca ha sido un aliado parejo (^{Bagley, 2012}b). México sigue teniendo problemas con la violencia y el narcotráfico, por lo que los EE.UU. debe tratar de reformar la estrategia fallida de la guerra contra las drogas. Primero, los EE.UU. debería controlar la demanda de las drogas en su país, ya que mientras exista demanda, el tráfico de drogas va a continuar. Segundo, los EE.UU. necesita regular y controlar el tráfico de armas porque el 90% de las armas en México proviene de los EE.UU. (^{Seelke y Finklea, 2013}; Bagley, 2012b). Obviamente, hay obstáculos para los políticos porque muchos grupos de interés quieren proteger el derecho para comprar armas y la producción de drogas. Tercero, los EE.UU. necesita apoyar más al gobierno de México. Este país recibió 1.9 mil millones de dólares de la iniciativa Mérida. Sin embargo, durante la administración de Calderón México gastó 46.6 mil millones de dólares en la lucha contra las drogas (Seelke y Finklea, 2013). Por esto, los EE.UU. tiene que invertir más recursos en México, no solamente en la militarización de la guerra contra las drogas (Ibid, 1). Finalmente, la violencia en México ocurre porque las rutas del tráfico de drogas han cambiado y van a seguir cambiando. México, los EE.UU., y los otros países en América Latina tienen que cambiar la estrategia y resolver los problemas subyacentes como el desempleo (^{Seijas, 2011}).

fragmentación de los cárteles del narcotráfico en México

Como resultado de la guerra contra el narcotráfico se incrementó el número de cárteles de las drogas en el periodo de Calderón. En el 2006, había seis organizaciones de este tipo: el Cartel Milenio, La Familia Michoacana, El Cártel de Gofo, El Cártel de Tijuana, El Cártel de Juárez, y el Cártel del Pacífico. La situación y las dinámicas respecto a los cárteles son complejas y están cambiando constantemente en México (^{Bagley, 2012}a, 9; ^{Cook, 2007}). En el año 2007 había ocho organizaciones, mientras que para el año 2010 el número aumentó a doce y en el 2012 se identificaron dieciséis cárteles. La fragmentación de los cárteles presenta mayores problemas para el gobierno pues las organizaciones pequeñas pueden funcionar más fácilmente porque no son tan perceptibles (Figura 2 y Cuadro 1).

Por una parte y de acuerdo con Ted Galen ^{Carpenter (2012}, 27), durante los primeros años del siglo XXI, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo eran las organizaciones criminales más poderosas en el país. Sin embargo, esta situación ha cambiado, y para el año 2012, el Cártel del Golfo vio disminuido su poder debido a que muchos miembros que trabajaban para este cártel-su aparato de seguridad-, lo abandonaron y formaron una nueva organización conocida como Los Zetas. Carpenter lo pone de la siguiente manera:

"Grandes cambios han ocurrido en el ranking del poder durante los años de la administración de Calderón. El Cartel del Golfo se ha fragmentado notablemente, especialmente en los dos últimos años, ya que el otrora brazo armado, la organización conocida como Los Zetas, se convirtió en un competidor devastador. De hecho, Los Zetas son la organización criminal que más está creciendo, impactando en los territorios de otras organizaciones criminales - no solo del cartel del Golfo." (^{Carpenter, 2012}, 27).

Por otra parte, según Bruce Bagley el combate al narcotráfico genera una tendencia, observable a través del hemisferio, que se le conoce como el efecto cucaracha, porque advierte cómo se escabullen rápidamente las cucarachas de una cocina sucia hacia otros lugares, para evitar la detección después de que se ha encendido la luz. Estrechamente relacionado con el efecto globo, el efecto cucaracha se refiere específicamente al desplazamiento de redes criminales de una ciudad, estado o región a otra cercana, dentro de un país dado o de un país a otro, en búsqueda de paraísos más seguros y autoridades estatales más débiles (^{Bagley, 2011}).

Así, México está presenciando el efecto cucaracha como resultado de los esfuerzos del gobierno en el combate al narcotráfico y crimen organizado. Esta situación ocurrió en Colombia después de que su gobierno-- con apoyo de los EE.UU.-- desmanteló los cárteles del narcotráfico en los noventa. De esta manera, no se puede declarar una victoria cuando se captura a los líderes de los cárteles. El arresto de un capo del narco no va a cambiar la situación en México porque hay una fila de criminales que quieren controlar las organizaciones y asumir el control. Aún hacia principios de 2013, México todavía tiene problemas con los cárteles del narcotráfico, la violencia e inseguridad en muchas regiones del país (Figura 2 y Cuadro 1).

Figura 2:  Áreas de influencia de los cárteles de la droga en México, 2013.Fuente: Tristan^{Reed, 2013}. Agencia Stratfor. 

Cuadro 1: principalescárteles del narcotráfico en México, 2013 

Fuente: Stratfor, 2013; The Telegraph, 2014.

Niveles de violencia en México

La estrategia de Calderón se enfocó en combatir a los cárteles del narcotráfico y capturar a sus líderes principales recurriendo en gran parte a la militarización. Sin embargo, la guerra contra el narco en México ha resultado en mayores niveles de violencia e inseguridad en el país, afectando no solo a los criminales que trabajan con los cárteles del narcotráfico, sino a toda la sociedad entera, incluyendo personas inocentes. No obstante, hay personas que han padecido los estragos de estas luchas violentas, sin ser traficantes de drogas ni participar en actividades ilegales. Durante la administración de Calderón hubo numerosos incidentes de violencia contra personas inocentes (^{Carpenter, 2012}). Lo más grave es que hay personas que murieron porque estaban en el lugar equivocado, en medio de una batalla entre criminales (Ibid, 80).

Carpenter observa que hay transeúntes inocentes que son atrapados en el fuego cruzado cuando se dan confrontaciones entre los cárteles de la droga o entre miembros de los cárteles y las autoridades. Las víctimas inocentes, en solo un breve periodo en el 2008, incluyeron a una niña en Ciudad Juárez, seis personas enfrente de un centro recreacional en la misma ciudad, una niña de 14 años de edad en Acapulco, dos niños pequeños en Tijuana, y otras víctimas quienes simplemente estaban en el lugar y momento equivocado (Ibid, 80, nota al pie 32).

Por lo tanto, la violencia en México no solamente afecta a los criminales o personas que se dedican a actividades ilegales, sino que también impacta en cualquier ciudadano, considerando los casos de personas inocentes que han sufrido la violencia generada por esta guerra contra el narcotráfico.

Durante la administración de Calderón, el número de homicidios se incrementó un 24%, hasta llegar a 27213 homicidios solo en el 2011 (^{Molzahn, Rodriguez y Shirk, 2013}). El crimen organizado es responsable de gran parte de los homicidios, ya que la violencia es resultado de las luchas entre los cárteles de la droga. De acuerdo con el rotativo Reforma, que lleva un conteo diario de las ejecuciones, solamente en el año 2012 hubo 9744 homicidios en todo el país que fueron asociados con el crimen organizado (Ibid, 14). En total, el número de narcoejecuciones durante el sexenio de Calderón fue de alrededor de 70000, de acuerdo con datos oficiales recientes proporcionados por el gobierno (^{Proceso, 2013}). Alrededor, del 10% de las muertes violentas en México relacionadas con el crimen organizado, incluye civiles inocentes, así como miembros de las instituciones de seguridad del Estado.

Sin embargo, las estadísticas sobre los niveles de violencia en México relacionada con el crimen organizado, difieren. Se puede señalar que abarcan un rango entre 50000 y 120000 muertos. Por ejemplo, de acuerdo al Diario Reforma, se dieron casi 50000 narcoejecuciones en el sexenio de Calderón. Para el Diario Milenio, este número llega a los 58000; mientras que el Semanario Zeta contabiliza poco más de 83000 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado (Gráfica 2). El Periódico Le Monde considera que esta cifra alcanza las 120000 muertes relacionadas con el crimen organizado en el sexenio de Calderón, una estimación que coincide con el número de homicidios que registra el INEGI en ese mismo periodo. Aún más, en el primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de homicidios dolosos ha continuado en niveles altos, ligeramente menor al último año del gobierno de Calderón. Por ejemplo, en el periodo de diciembre de 2012 a noviembre de 2013 se registraron 18458 homicidios dolosos. Es decir, un promedio de 1538 homicidios por mes y 50 por día (^{Sistema Nacional de Seguridad Pública, SSN, 2013}).

Aunque la violencia relacionada con el crimen organizado está presente en la mayor parte de la geografía del país, se concentra en algunos estados. Los estados de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León y Estado de México, registraron los más altos índices de homicidios relacionados con el crimen organizado en el periodo de Calderón.

En julio de 2013, 11 jóvenes, que estaban en un bar en la Ciudad de México en la Zona Rosa, desparecieron (^{Notimex, 2010}). Sus familias exigieron al gobierno que investigara el paradero de sus familiares. Meses más tarde, a finales de ese mismo año, sus cadáveres aparecieron a las afueras de la ciudad. Lamentablemente, este es un incidente de secuestro que se ha vuelto recurrente en los últimos años. Durante la administración de Calderón, más de 26000 personas desaparecieron (Proceso, 2013). El gobierno de México no sabe qué porcentaje de los desaparecidos están asociados al crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades ilegales. El hecho de que 26000 personas hayan desaparecido en México en el periodo de Calderón es un gran problema de seguridad. Sin embargo, no solo es un problema de seguridad nacional, sino que también involucra la seguridad humana. Los ciudadanos en México no se sienten seguros, como lo demuestra una encuesta reciente de INEGI del año 2013. De esta manera, los ciudadanos en México no tienen que ser miembros del crimen organizado o asociados con el narcotráfico para sufrir en carne propia las consecuencias de la violencia e inseguridad.

Gráfica 2:  Número de narco-ejecuciones, 01 Dic. 2006 - 31 Oct. 2012 Fuente: elaboraciónpropia, con datos de Semanario Zeta, 2012. 

Por su parte, durante la administración de Calderón las mujeres también fueron víctimas de la violencia del crimen organizado. A pesar de que la desaparición de mujeres (especialmente en la ciudad fronteriza de Juárez) no es un fenómeno reciente, el número de víctimas se mantuvo constante y se le ha vinculado con organizaciones del crimen organizado. De acuerdo con la Organización No Gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) "tan sólo de 2010 a junio de 2012, desaparecieron 3976 mujeres en el país, según datos de procuradurías estatales" (Rea Tizcareño, 2012). Además, esta misma organización asegura que los grupos criminales en México trafican y abusan de las mujeres: "el 51% de las víctimas de desapariciones forzadas en este período tenían entre 11 y 20 años de edad, por lo que detrás de este delito podrían estar poderosas organizaciones de trata y explotación de mujeres" (Ibid). Aunque la desaparición de mujeres no ha sido resultado de la guerra contra el narcotráfico, si podemos aseverar que diversos cárteles de las drogas que han ganado poder, como Los Zetas, El Cártel del Golfo, entre otros grupos criminales, han recurrido al secuestro y trata de personas y explotación de mujeres y hombres, según lo documentan diversas Organizaciones No Gubernamentales (^{Martínez, 2014}).

En suma, la guerra contra las drogas en México no solamente está relacionada con la seguridad nacional, sino que también afecta la seguridad de los individuos. Como consecuencia, muchas personas que se han mudado a otros lugares, particularmente a los EE.UU., porque no se sienten seguros en México.

Asimismo, durante el sexenio de Calderón, Ciudad Juárez se convirtió en el epicentro de la violencia (^{Bowden, 2010}). Calderón mandó 5000 mil tropas a Ciudad Juárez para combatir la violencia. Sin embargo, estas tropas no redujeron la violencia y el presidente Calderón mandó 7500 tropas más a la región y más miembros de la policía en el 2009 para mejorar la situación y combatir la inseguridad (^{Carpenter, 2012}, 51). En el 2010, 3000 personas murieron en Ciudad Juárez debido a la violencia y la guerra contra las drogas (Ibid). Había situaciones en que las mujeres estaban caminando y desaparecieron. Víctor Cruz declaró: "De 2008 a marzo de este año [2013], en Ciudad Juárez y otros municipios de Chihuahua se reportó la desaparición de 1818 mujeres, una cada día en promedio, con lo que la inseguridad para el sexo femenino no ha disminuido en la entidad, de acuerdo con los datos de un informe que el gobierno del estado hizo llegar a la Cámara de Diputados" (^{Chávez, 2013}). El resultado de la violencia en esta ciudad fue la migración de personas que viven allí hacia otros lugares, particularmente a El Paso, Texas, la cual es la ciudad estadounidense más próxima a la frontera con Juárez (Notimex, 2010).

El resultado de la violencia es que muchas personas en diferentes ciudades en México se mudaron a los EE.UU., particularmente las personas que trabajan en los negocios y en la política. La violencia, entonces, puede impactar la economía porque trabajadores cualificados emigraron a causa de ésta. Ted Galen ^{Carpenter (2012}, 125) ha detectado que "prominentes líderes de negocios abandonando regiones peligrosas del país debido a amenazas de secuestro, es otro signo de las grietas en la estabilidad política y social en México." De igual manera, este autor destaca el aumento del número de casos en los que oficiales de la policía, e incluso algunos políticos electos, renuncian a sus puestos. Por ejemplo, en diciembre de 2009, ocho funcionarios públicos en Tancitaro, una ciudad en Michoacán, renunciaron, diciendo que estaban siendo amenazados por los narcotraficantes. Estos funcionarios tenían razón en tomar tales amenazas seriamente, ya que un prominente funcionario de la ciudad, Gonzalo Paz, había sido secuestrado, torturado y asesinado a principios de ese año (Ibid).

En suma, la violencia en México no solamente impactó la seguridad del país; sino que también impactó a la economía y el sistema político. Hay políticos y funcionarios públicos que han abandonado el país por la violencia. Como resultado, empresas nacionales y extranjeras que quieren invertir en México, se ven influidas por la seguridad y estabilidad del país en el momento de invertir su capital.

Enrique Peña Nieto heredó una situación extremadamente difícil cuando obtuvo la presidencia de México. Como candidato, Peña Nieto se había comprometido a cambiar la estrategia en el combate al narcotráfico, enfocándose no solo en la captura de los líderes de los cárteles del narcotráfico, sino también en atender los problemas subyacentes como la corrupción y la debilidad de las instituciones públicas. A diferencia de su antecesor, Peña Nieto no ha promocionado en los medios masivos de comunicación, la captura de criminales y los capos del narcotráfico, sino que se ha informado de manera muy escueta al público de los avances en el combate al crimen organizado. Así, la violencia relacionada con el narcotráfico ha disminuido ligeramente comparando el último año de Calderón y el primer año de gobierno de Peña Nieto. Sin embargo, la situación es totalmente diferente cuando comparamos el primer año de Peña Nieto con el primer año del sexenio de Calderón. Por lo tanto, de continuar con los mismos niveles de violencia, México podría tener un sexenio de más violencia como resultado del combate al narcotráfico y de las disputas violentas entre los cárteles de la droga por el control del territorio y de las rutas del tráfico de drogas.

Sin duda, una institución clave de seguridad que Peña Nieto tiene que reformar es la policía. Peña Nieto declaró que quiere más coordinación entre los policías a todos los niveles (Corcorán, 2012). Pues esta institución no funciona por los altos niveles de corrupción. Calderón utilizó el ejército en la guerra contra los cárteles del narcotráfico porque no tenía confianza en la policía. Como los salarios de los policías no son muy altos, los narcotraficantes pueden sobornarlos sin problemas. Por esto, Peña Nieto tiene que reformar la policía de arriba abajo y combatir la corrupción. El proceso de reforma de los cuerpos policiacos es un proceso muy largo (^{Bagley, 2012}b). México tiene una larga historia antidemocrática bajo los gobiernos del PRI que controló el gobierno federal por 71 años. Además, transitó a la democracia en el año 2000, por lo tanto, México está en proceso de consolidación democrática (^{Watt y Zepeda, 2012}, 145); muchas instituciones públicas de seguridad y del sistema judicial, que no funcionan con transparencia y rendición de cuentas, están permeadas por la corrupción y controladas por el crimen organizado. La consolidación de la democracia en México aún tiene un largo camino por recorrer, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto tiene que implementar reformas en instituciones de todos los niveles para prevenir la corrupción e impunidad.

Asimismo, este país tiene que solucionar los altos niveles de delincuencia. Los millones de jóvenes que no trabajan ni estudian representan un gran problema para la seguridad en México, ya que pueden ser empleados por los cárteles del narcotráfico y otros grupos del crimen organizado. Si México quiere tener resultados en la estrategia y combate al crimen organizado tiene que resolver los problemas subyacentes como el desempleo, la desigualdad y la pobreza.

Uno de los fenómenos recientes en México, derivado de la creciente inseguridad en algunos estados, es el surgimiento de fuerzas de autodefensa en lugares donde las poblaciones locales se han visto afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Por ejemplo, existen autodefensas en los estados de Guerrero y Michoacán, que han visto la organización de grupos armados para proteger a los pueblos. No obstante, hay grupos de ciudadanos que se han organizado para proteger sus barrios porque la policía no está funcionando. Los cuerpos policiacos en México tienen muchos problemas de corrupción ya que sus salarios son bajos, por lo que son presas fáciles de sobornos. La proliferación de los grupos de autodefensa demuestra que la policía no funciona y no está protegiendo a los ciudadanos.

Después del aumento acentuado de la violencia en el 2008, un reporte del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos señaló a México como uno de los dos países en el mundo -junto con Pakistán- más propensos a sufrir un colapso fulminante hacia un Estado fallido (^{Molzahn, Rodríguez, & Shirk, 2013}).

^{Benítez (2009}: 174) observa que aunque México no es un Estado fallido, algunas de sus instituciones sí lo son, de tal manera que "es un Estado solo parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir al narcotráfico". Aunque México está lejos de ser considerado un Estado fallido, algunas regiones de un número reducido de estados, presentan algunas características propias de los estados fallidos, como por ejemplo "la incapacidad de los Estados para proteger a sus ciudadanos de la violencia e incluso de la destrucción" y el hecho de tener "un déficit democrático que carece de instituciones democráticas formales de substancia real" (^{Chomsky, 2007}: 1-2). En este sentido, las características del Estado fallido se presentan en algunas regiones dentro de unos estados como Michoacán, pero no en el plano nacional.

En el estado de Michoacán solo en el 2013 fueron asesinadas más de 1000 personas, alrededor de 400 fueron secuestradas; 300 están desaparecidas; más de 3000 familias fueron desplazadas y 1200 despojadas de sus tierras. Diversos analistas coinciden que Michoacán tiene las características de un Estado fallido, ya que existen cárteles del narcotráfico, la costa para la entrada de droga, la Sierra Madre para cultivar marihuana y amapola, y los laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas (^{García, 2013}).

En Michoacán, los grupos de autodefensa se han organizado para protegerse de los actos criminales del cártel de La Familia Michoacana, también conocida como "Los Caballeros Templarios", que controlan el tráfico de drogas pero que también practican la extorsión y el secuestro en contra de la población local. Michoacán es un lugar estratégico, puesto que el puerto de Lázaro Cárdenas, es uno de los principales puntos de entrada de droga al país; por ejemplo, los desembarcos de droga proveniente de Sudamérica. Michoacán es un ejemplo de un Estado fallido, en el cual los cárteles del narcotráfico se han apoderado de las rutas del tráfico de drogas, afectando los intereses de la población civil, lo que ha llevado al surgimiento de auto-defensas.

En Michoacán se conjuntaron además diversos factores que derivaron en una espiral de inseguridad y violencia, tales como: impunidad, corrupción, instituciones débiles y relaciones de complicidad y protección entre las autoridades y el crimen organizado.

Conclusión

Este artículo ha analizado el crimen organizado y el narcotráfico en México, mediante un enfoque histórico y comparativo, atendiendo las estrategias y resultados de la guerra contra el narcotráfico. Después de un sexenio de la lucha del gobierno contra el crimen organizado, México sigue padeciendo altos niveles de violencia e inseguridad, pero aún se sigue usando la misma estrategia errónea de años pasados. Richard Nixon declaró la Guerra Contra las Drogas en 1971. En los últimos 40 años, los EE.UU. ha gastado más de un billón de dólares apoyando la Guerra contra las Drogas en distintos países de Latinoamérica, no obstante los resultados han sido limitados, ya que actualmente las drogas son más baratas y más puras (^{Bagley, 2010}).

De esta manera, la Guerra contra las Drogas impulsada por Estados Unidos ha sido un fracaso tanto en Colombia como en México. Por esta razón, no es posible declarar una victoria. México es una víctima de la estrategia impulsada por los EE.UU. porque las victorias parciales de esta lucha solo han resultado en el cambio de las rutas del tráfico de drogas. Por esto, el presidente Calderón asumió la presidencia en 2006 y juró combatir a los narcos. Él no aprendió de las lecciones de la Guerra contra las Drogas de más de 40 años. Calderón mandó el ejército a muchos estados en México por la enorme corrupción que existe en los cuerpos policiacos y no tenía confianza es esta institución. De este modo, la estrategia de Calderón propició numerosos casos de abuso de los derechos humanos por parte del ejército, incluyendo homicidios y agresiones. Además, el número de homicidios aumentó de manera persistente durante su administración, durante la cual se dieron alrededor de 70000 narcoejecuciones como resultado de la Guerra contras las Drogas y la estrategia fallida (^{Hootsen, 2013}).

Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que iba a cambiar la estrategia en la lucha contra el crimen organizado para reducir la inseguridad y violencia. Sin embargo, hay dudas de que haya una diferencia entre la estrategia de Peña Nieto y la Calderón. Peña Nieto declaró que en el combate a los narcotraficantes, no va a recurrir a la militarización; más bien se enfoca en programas de prevención y ejecución. No obstante, la situación en México no a va a cambiar sin una nueva estrategia. En otras palabras, México no puede continuar la militarización de la Guerra contra las Drogas. Recientemente, Peña Nieto envió las tropas del ejército a Michoacán (^{Ruiz, 2013}); y a su vez, declaró que quiere componer el sistema judicial. Es evidente que muchas instituciones en México no funcionan y hay mucha corrupción. Por esto, él tiene que resolver los problemas subyacentes y es necesario que el gobierno de México gaste más dinero en instituciones y en la consolidación de la democracia (^{Bagley, 2012}b).