Introducción

En el siglo XVIII y durante las décadas iniciales del siglo XIX, el territorio de la América continental e insular fue influenciado por agitaciones políticas e ideológicas, la emergente corriente liberal y la era de las revoluciones, lo cual se vio reflejado en la revolución haitiana, en la caída del antiguo régimen absolutista y en el desarrollo de los proyectos independentistas emprendidos en buena parte de los dominios ibéricos del Nuevo Mundo (^{Piqueras, 2005}).

Hacia el año de 1810 se dio inicio en Venezuela al periodo de Independencia que se extendió por más de una década y que estuvo signado por un alto nivel de polarización y retaliación en la lucha política, y en el campo de batalla entre el bando realista y el bando republicano. Todo esto atizado con un fuerte ingrediente de confrontación social y étnica (^{Hébrard, 2005}).

Un gran avance logró en 1817 el general Simón Bolívar, al mando del ejército republicano, al liberar la provincia de Guayana en donde fijó su gobierno provisional y, dos años más tarde, instaló el primer Congreso republicano. En lo militar, el control de los llanos de Apure y Casanare serviría de espacio para organizar la campaña que le permitiría ocupar la Nueva Granada luego del triunfo obtenido en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Al cabo de cuatro meses, el Congreso aprobó la Ley Fundamental de la República de Colombia (¹⁸¹⁹), por medio de la cual se legitimó oficialmente la unión de la Nueva Granada y Venezuela dentro de la lucha conjunta de ambos pueblos por alcanzar la Independencia. Después de esto, los esfuerzos se enfocaron en la liberación del territorio venezolano.

El año de 1820 comenzaría con un ambiente de convulsión política en España tras el estallido de la revolución de Riego, lo cual dio inicio al trienio liberal bajo el cual se acrecentó la división en el ya “frágil” régimen político y militar español (^{Earle, 2014}, pp. 186-187). Por otro lado, se frenó el ritmo imparable de la guerra que se libraba en los dominios de ultramar y se allanó el camino para la firma a finales del mes de noviembre de un acuerdo de armisticio por espacio de seis meses y de un tratado de regularización de la guerra (^{Tratado, 1820}, p. 95). Tras la reanudación anticipada de las operaciones militares, se abrió paso a la fase final de la guerra en Venezuela con el triunfo alcanzado por los republicanos en la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821 y la toma definitiva de la ciudad de Caracas. De allí en adelante sería más evidente el paulatino debilitamiento del Ejército Expedicionario Español, cuya resistencia se había limitado a la zona costera central; a ese momento, faltarían, únicamente, dos años para ver caer sus últimos bastiones, que eran las plazas de Maracaibo y Puerto Cabello, con lo cual se dio fin al dominio colonial en estos territorios de Costa Firme¹.

Durante estos cruciales años, en el juego de la estrategia geopolítica, el gobierno español en Venezuela contaba con el apoyo y la alianza de las posesiones hispánicas en el Caribe insular, como Cuba, Puerto Rico y de manera intermitente República Dominicana². Sin embargo, el panorama en esta región insular era mucho más complejo por cuanto abundaba una gran cantidad de pequeñas islas pertenecientes a otras potencias europeas, dominios a los que se les conoció genéricamente en la época con el nombre de Colonias (Ver Tabla 1 y Figura 1).

Eran en total seis naciones europeas las que durante estos años ejercían su poder sobre el Caribe insular como puntos estratégicos de enlace para sus propósitos de expansión política y comercial. Es importante precisar que, desde el siglo XVI con la llegada de los conquistadores españoles a América, cada una de esas islas fue objeto de una álgida disputa entre aquellas naciones del Viejo Mundo, lo cual se vio reflejado en los continuos cambios de gobierno, ya fuera a través de pactos bilaterales o como resultado de las avanzadas en el dominio político-militar, todo esto en torno a la lucha por el control de las riquezas, la fuerza de trabajo y las potencialidades comerciales que ofrecían aquellas islas. Aunque este territorio de las Antillas tenía en común el hecho de hacer parte del mundo atlántico y de ser enclaves de aquellas potencias de ultramar, era evidente la diversidad social y las particularidades económicas y políticas de cada una de las islas que integraban ese espacio, cuyos contrastes eran marcados en relación con los dominios dependientes del imperio español (^{Naranjo, 2011}, p. 9).

Nota: Este mapa fue elaborado por el autor de este artículo con base en la información recopilada en este trabajo de investigación.

Figura 1.  Ubicación geográfica del territorio de Costa Firme y la zona del Caribe insular, 1820. 

Bastantes escritos han tratado de explicar los pormenores y las vicisitudes de la postrera fase del proceso de Independencia de Costa Firme, particularmente desde la perspectiva del bando republicano triunfante. Es por ello que aún existen vacíos historiográficos sobre las expectativas, vicisitudes y desaciertos del alto mando político y militar español. Bajo esta apuesta y, dentro del marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia de las naciones hispanoamericanas, el propósito central de este artículo apunta a examinar la relación que existió entre las autoridades políticas y militares españolas en Venezuela y las Colonias extranjeras en el Caribe en la etapa culminante de la lucha independentista.

Para la realización de este trabajo se tomó como base de fuente documental el Fondo del General español Miguel de La Torre, cuyos originales reposan en el Archivo Histórico Nacional con sede en Madrid y del cual se guarda una copia mecanografiada agrupada en 35 tomos en la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia. Es este uno de los más importantes acervos documentales para examinar la fase final del dominio hispánico en Venezuela.

Durante este proceso emancipatorio, la región del Caribe insular se constituyó en un espacio dinámico en el cual tanto el bando republicano como el bando realista buscaron ganar aliados con miras a fortalecerse políticamente y conseguir apoyo económico para mantenerse vivos en la lucha por el poder.

Particularmente en las Colonias extranjeras, los movimientos insurgentes lograron contactos valiosos ya fuera como destino de exilio o como epicentro para preparar operaciones militares (^{Gómez, 2005})³. En Jamaica, Simón Bolívar había buscado refugio y apoyo, siendo allí donde escribió su célebre carta en la que anunciaba las bases de su proyecto político. Algunas casas de comercio inglesas establecidas en las Antillas habían contribuido también al mantenimiento del ejército republicano (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXIII}, p. 34). Con Haití había solidaridad y coincidencias en el proyecto revolucionario y la búsqueda del reconocimiento de la independencia política, aunque no se llegaron a establecer formalmente relaciones diplomáticas (^{Gutiérrez Ardila, 2011}, pp. 68-93).

En principio, los españoles contaban con la ventaja de un historial de más de tres siglos de relaciones políticas y comerciales con buena parte de estos territorios insulares, aunque, desde luego, con ciertas interferencias y fluctuaciones, pues todo estaba supeditado al tipo de acercamiento del gobierno ibérico con las potencias de las cuales dependían aquellas posesiones caribeñas.

Comunicaciones y contactos políticos con las colonias

Durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando emergieron las primeras manifestaciones revolucionarias en Costa Firme, el gobierno español asentado en Venezuela mantenía relaciones activas con las Colonias extranjeras, en especial con Curazao, Trinidad y San Thomas.

Tan pronto asumió la comandancia del Ejército Expedicionario Español de Costa Firme en reemplazo del general Pablo Morillo, el general Miguel de La Torre⁴envió el 3 de diciembre de 1820 una carta a los gobiernos de las islas de Granada, Trinidad, Jamaica, San Thomas, San Bartolomé, Curazao y Martinica, expresándoles su deseo de “guardar la mejor armonía con todas las autoridades extranjeras” y, además, invitándolos a estrechar lazos de amistad como amigos y aliados de la nación española (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXV}, p. 115).

Trinidad a través de su gobernador Rulh Woodbonl respondió el 12 de febrero con un mensaje de felicitaciones y los deseos por el restablecimiento de la tranquilidad en Costa Firme. Cv. Gohocsen, gobernador de la isla de San Thomas, no respondió sino hasta el 24 de abril por no haber podido enviar oportunamente el correo, pero reiteró la buena armonía que debía regir entre España y Dinamarca, y el interés por fomentar una relación “tan lisonjera y apetecible”, cuyo antecedente más inmediato eran las relaciones amistosas logradas con el anterior general en jefe Pablo Morillo (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 214- 215).

Hay que reconocer que las autoridades de la Capitanía General de Venezuela mantuvieron las más intensas relaciones con la isla de Curazao, relaciones que venían desde de los tiempos del dominio hispánico y que se expresaron a través de un activo comercio con dicha costa continental. Sin embargo, tras las primeras manifestaciones independentistas en Costa Firme, la isla ⁵ se constituyó en sitio de refugio tanto para los expulsados patriotas como para los realistas de acuerdo con el vaivén de la confrontación política y militar. Con uno y otro bando se había logrado entablar también un activo flujo comercial y de contrabando, especialmente con la salida desde tierras continentales de productos como tabaco, café y añil. Desde luego, como era apenas de esperarse, el gobierno español no vaciló en exteriorizar su voz de protesta ante los acercamientos que de manera pública y secreta establecía la isla con los líderes del movimiento independentista, lo cual incluía el suministro de armas enviadas desde Holanda. A fin de cuentas, la actitud de las autoridades insulares se mostró más proclive hacia España y, aunque los republicanos empezaron a experimentar cada vez más progresos en su proyecto político y militar, especialmente después del triunfo alcanzado en los campos de Carabobo en 1821, el gobierno de Holanda no se decidió por estos años a reconocer oficialmente la naciente República de Colombia. De todos modos, el agónico gobierno español en Venezuela recurrió hasta último momento a la ayuda y solidaridad de la isla (^{Sytze, 2018}, pp. 80-87).

El 4 de agosto de 1822, cuando dejó su cargo como general en jefe para asumir como capitán general de Puerto Rico, La Torre informó a aquellas islas del Caribe anunciándoles que sería reemplazado por el general Francisco Tomás Morales, haciéndoles ver cuán importante era que no sufriesen “alteración las relaciones que deben conservarse” (^{ACH, La Torre, tomo XXVI}, p. 212).

Las Antillas se constituyeron también en una escala en la ruta que se hacía desde Venezuela hasta las otras posesiones españolas como Santo Domingo, La Habana y Puerto Rico, aunque no eran pocas las contingencias que debían afrontarse.

El oficial Lorenzo Fitz Gerah lamentó el 12 de marzo de 1821 su imposibilidad de realizar el viaje a Puerto Rico por no haber llegado un buque que fuera hasta allí de manera directa, pues solo había uno disponible que haría escala en San Thomas. Al final, decidió no tomar esta ruta larga porque los ministros del Tesoro solo le habían entregado 30 pesos, que era muy poco pues en las Colonias extranjeras “los gastos son muy grandes” y no sabía cuánto tardaría en conseguir un buque para embarcarse directamente a Puerto Rico. En razón a todas estas vicisitudes, pidió a sus superiores el anticipo de un mes de paga (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXII}, p. 226).

El 18 de julio de 1821 se embarcaron en Puerto Cabello 140 hombres al mando de la expedición del recién nombrado capitán general del Nuevo Reino de Granada, el mariscal Juan de la Cruz Murgeon, para lo cual el general La Torre pidió al gobernador de la isla de Curazao recibir y atender estos viajeros que harían allí escala (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, p. 185).

Fue activo el flujo de cartas cruzadas entre Costa Firme y las Colonias y, ante la dificultad en el transporte, bastante útil resultó el contacto con los gobiernos de las islas para enviar oficios a las sedes imperiales en Europa. El 17 de enero de 1822 se le informó a La Torre que en pocos días saldrían de la isla de Curazao dos buques “de confianza” por si deseaba mandar cartas a España, para lo cual debía contactarse en la isla con don José María Pando (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXV}, p. 84). Tras tener ya cinco meses de no recibir noticias de Europa por el escaso tránsito de embarcaciones provenientes de la península, La Torre despachó a Curazao un buque de guerra bajo el mando del alférez de navío don Francisco Machado para que a través de él enviase las noticias que hubiese recibido. Todo esto en aras de la buena correspondencia y cooperación que debía imperar entre la nación española y la holandesa (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, p. 209).

El 14 de enero de 1822 el conde de Danselot, gobernador de Martinica, aprovechó la salida de la goleta Bearnesa a Puerto Cabello para pedir noticias al general La Torre sobre la situación en Costa Firme, y para obsequiarle algunos periódicos que daban cuenta del panorama político en Europa. La inquietud era en torno a saber si a Venezuela habían llegado los vientos de la revolución que sacudieron el 1º de diciembre de 1821 a la isla de Santo Domingo. Aprovechó además la ocasión para informar sobre la insurrección acaecida en Veracruz a manos de los “revoltosos” de México y, por último, se ofreció a llevar cartas a La Habana o a Madrid que serían remitidas a través del embajador de España en París (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 224-225).

A finales de abril de 1822, el general La Torre aprovechó la salida desde Puerto Cabello de una goleta francesa que regresaba a Martinica para enviar unos oficios que serían recibidos por el gobernador de la isla, con el encargo de hacerlos llegar lo más pronto posible al embajador de Francia. En los pliegos se brindaba información detallada sobre la pérdida de Carabobo, la toma de Coro y la resistencia que hacía el Ejército Expedicionario en espera afanosa de cualquier tipo de auxilios que pudiera llegar de España (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 205-206).

Las autoridades españolas también aprovecharon sus relaciones cordiales con las Colonias para fijar allí espías e informantes que estuvieran al tanto de las noticias y acontecimientos políticos. Cuando estaba de paso por Curazao dentro del viaje a su nuevo destino en Puerto Rico, el general La Torre decidió comisionar el 2 de julio de 1822 al coronel Manuel Junquito, exgobernador de Maracaibo, para que pernoctara algunos días en aquella isla holandesa y recibieera cuantas novedades viniesen del extranjero y de las provincias “insurreccionadas” con el fin de reportarlas de inmediato al alto mando político y militar con asiento en Puerto Cabello. Para ello, podía asociarse con el ministro tesorero de las Cajas Reales de Caracas don Esteban Cambreleng, quien hacía poco había emigrado a aquella isla y manejaba varios idiomas extranjeros, lo cual podía resultar útil para conocer los papeles públicos sobre aspectos políticos y comerciales que se consideraban claves para el rumbo del gobierno de Costa Firme (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVIII}, p. 684; ^{tomo XXXII}, p. 306). Días después, La Torre reconoció la buena gestión de Cambreleng, quien, además de todo lo anterior, había ayudado a difundir proclamas a favor de la bandera monárquica, las cuales hizo imprimir en la gaceta de la isla y las tradujo al castellano para que circularan ampliamente por todas partes (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVI}, pp. 650-651).

El flujo de emigrados: entre apoyos y sospechas

El conflicto político y militar suscitado en torno a la Independencia de Venezuela afectó a todos los sectores de la sociedad, sin distingos de clase o condición social y étnica. Desde los tiempos de la guerra a muerte se vivió un espiral de odios y retaliaciones en donde fueron frecuentes los destierros y las amenazas que obligaban a varios habitantes a emigrar hacia otras tierras en procura de salvaguardar sus vidas y sus patrimonios. Incluso, durante el lapso de tiempo en que estuvo vigente el armisticio (^{O´Leary, 1983}, p. 576), los emigrados se hallaron sometidos a una situación de tensión y de permanente sospecha, por lo cual el flujo de personas padeció innumerables restricciones. No hay que perder de vista el hecho de que muchos de ellos eran parientes y allegados de los militares y autoridades políticas de uno u otro bando (^{Pita, 2019}, pp. 94-95).

Una de las opciones de escape que tenían los emigrados de Costa Firme eran las islas del Caribe y, en especial, Curazao por su cercanía a la costa continental. Las batallas y las capitulaciones que tuvieron lugar en Venezuela, especialmente durante el lapso de tiempo comprendido entre 1820 y 1823, fueron los hechos que suscitaron la mayor salida de personas que buscaban afanosamente un sitio seguro ante el ambiente de disputa y persecución reinante. También habría que tener en cuenta algunos prisioneros de guerra que fueron enviados temporalmente a aquellas posesiones en el Caribe, ya fuera por ser expulsados por el bando contrario o por ser remitidos como resultado de los acuerdos de canje. Sin embargo, fue tal el flujo de gentes que llegó a constituirse en un problema social y económico de grandes magnitudes para las autoridades de aquellas pequeñas islas.

Desde los inicios del proceso independentista en Venezuela y tras la escalada en los niveles de tensión política, las autoridades españolas se aseguraron de acordar con los gobiernos de las Colonias algunas medidas de control al creciente flujo de personas. El 13 de abril de 1815, el general de Reconquista don Pablo Morillo arribó a la isla de Margarita, y aferrado a las relaciones que desde tiempo atrás había sostenido con las islas extranjeras del Caribe, se aseguró de escribir sendos mensajes a los gobernadores de Trinidad, Martinica y San Thomas, instándolos para que sus territorios no se convirtieran en refugio para los emigrados y expulsados desafectos de la causa monárquica y para los que se habían rehusado a acogerse a los indultos decretados, y además, para que estuviesen muy atentos de impedir cualquier suministro de armas para las fuerzas rebeldes. Advertía Morillo sobre la amenaza que representaba también para esas islas la presencia de aquellos “revoltosos” y los planes de conspiración para atacar Costa Firme. En particular, a Martinica se pidió ubicar y deportar al general republicano cumanés Francisco Bermúdez, quien había huido junto con 500 hombres a aquella isla mientras que a Trinidad se exigió la expulsión del Marqués del Toro (^{Rodríguez, 1910}, pp. 449-459).

Esos llamados a cooperar en el control del flujo de emigrados se intensificaron durante los estertores de la guerra en territorio venezolano. El 12 de junio de 1820 el general Morillo, en cumplimiento de los propósitos conciliadores y pacifistas del Rey, envió una circular a los gobernadores de las Antillas: Curazao, Santo Thomas, Granada, Martinica, Jamaica, Guadalupe y Trinidad y, adicionalmente, a La Habana, Puerto Rico y Estados Unidos. En ese documento el alto mando español manifestó su intención de garantizar el retorno a Venezuela de los emigrados que habían salido por causa de las anteriores turbaciones políticas. Era, de algún modo, un mecanismo de conciliación con aquellos individuos que se habían alejado de la causa monárquica (^{ACH, Fondo La Torre, tomo X}, pp. 201-204).

Durante el levantamiento independentista de Maracaibo ocurrido a principios de enero de 1821, a varios “españoles europeos” se les tramitó pasaporte para pasar a las Colonias, entre los cuales figuraba el funcionario don José Vicente de la Huerta (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, p. 432). A mediados de año, la pérdida de la batalla de Carabobo y la pérdida de la capital desencadenó una masiva migración de más de 2.000 realistas que buscaron refugio en Curazao (^{Sytze, 2018}, p. 96) en momentos en que la población de la isla era de aproximadamente 14.000 habitantes. Esto puso en aprieto a la isla por cuanto esta ola de emigrados coincidió con una época de sequía que afectó la agricultura y el estancamiento en el movimiento comercial (^{Vogel y Hubrecht, 1992}, pp. 29-30).

Así entonces, en esas islas caribeñas confluyeron una capa heterogénea de gentes de todas las corrientes y con disímiles adhesiones políticas, un ambiente en el que no fueron extrañas las persuasiones y las lealtades fluctuantes. Sobre este particular, el oficial español José María Pando se quejaba, en julio de 1821, de la “poca delicadeza” de algunos militares al servicio del Rey que habían emigrado a Curazao, quienes no habían titubeado en plegarse a los insurgentes residentes en la isla. Incluso, muchos de ellos habían elevado brindis por la causa republicana y habían tildado al régimen español de sanguinario y represivo (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII}, p. 364).

Pando informó que, en días pasados, había llegado a Curazao la emigración realista de Coro, a causa de la invasión de la ciudad por parte de las huestes republicanas (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII}, p. 361). Durante la ocupación de esta plaza, Juan Firpo y Pedro Morón estuvieron presos en el castillo entre el 2 y el 30 de noviembre, en donde eran alimentados diariamente con una “totumita de maíz” hasta que un Mayor del Ejército de apellido Campos viajó a Curazao en comisión en la goleta Peroso a buscar harina, carne, arroz y menestra. Finalmente, el par de reos salieron de Coro a bordo de la embarcación de Peroso hasta aquella isla y desde allí reportaron a La Torre, el 19 de diciembre de 1821, la presencia de una gran cantidad de emigrados, la mayoría de ellos agobiados por la pobreza y sin poder costear sus pasaportes ni mucho menos realizar sus traslados de regreso a Costa Firme. Por ello, imploraron ayuda y de paso informaron que tenían listos cuatro quintales de pólvora, 45 fusiles y 2.000 piedras de chispa que no habían podido enviar en una goleta que recién había partido a tierras continentales (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXV}, pp. 665-668). Finalmente, La Torre logró rendir a principios de enero de 1822 las fuerzas republicanas que defendían Coro.

Al mes siguiente, desde aquella misma isla holandesa, José Torres informó haber sido enviado por el capitán general de la Nueva Granada, quien recomendó al gobernador Pablo Rodolfo Cantzlaar para que le proveyese lo necesario para su curación, pero al final ninguna atención había recibido. Torres aseguró que, de los oficiales venidos de la Península, algunos como el teniente de caballería, dos alféreces y otro se quedaron en la isla y, sorpresivamente, tomaron partido con los rebeldes de Costa Firme (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, pp. 386-387).

Uno de los temas más controvertidos y que causó mayores fricciones entre las autoridades realistas de Venezuela y las Colonias fue el de las órdenes de bloqueo al tráfico marítimo⁶. En una carta enviada el 13 de agosto de 1821 por el contraalmirante Cantzlaar, gobernador de Curazao, denunció el gran número de emigrados de Costa Firme que se hallaban en la isla tras el reciente bloqueo impuesto sobre La Guaira. Ante esto, propuso la necesidad de que estas gentes regresaran a sus sitios de residencia, todo con el “[…] objeto de desembarazarla de una cantidad de forasteros, quienes ocasionaron carestía, y lo que es más, gran escasez de víveres de primera necesidad, y principalmente de agua” (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, p. 186). El problema era cómo mantener por más tiempo a estos forasteros sin que cayeran bajo la amenaza de la pobreza, además de los temores asociados a las funestas consecuencias de una superpoblación. Fue así como se ordenó embarcar en varios buques convoyados por el bergantín de guerra holandés El Mercurio a una gran cantidad de esos migrantes de regreso a La Guaira, de donde muchos eran oriundos, pero el problema surgió a raíz del bloqueo que padecía esta plaza por cuenta de las huestes republicanas. Confiaba el comandante Cantzlaar en que los buques españoles que rodeaban aquella plaza autorizarían el desembarco de aquellas gentes y abrigaba además la esperanza de que esta operación no fuera vista como una infracción al bloqueo, todo esto en aras de la humanidad y del bienestar de la población nativa de la isla.

De manera especial, se instó al general La Torre que admitiera la operación de desembarco, tal como se había hecho meses atrás con la llegada de varios vecinos de La Guaira que habían buscado asilo en Puerto Cabello. Se pidió atender este clamor en aras de las históricas relaciones de amistad de la nación española con el Reino de los Países Bajos y como una forma de consideración a la hospitalidad y protección que esta Colonia había prodigado a aquellos emigrados españoles. A todo esto respondió el comandante de la marina española Ángel Laborde, quien explicó que solo se circunscribía a obedecer las órdenes superiores de bloqueo y, por lo tanto, sugirió tratar el asunto directamente con el general en jefe La Torre. Ya se sentía por esos días el ambiente de zozobra ante la creciente presencia de corsarios al servicio de los republicanos. Finalmente, La Torre respondió positivamente a esta solicitud, a fin de conservar las relaciones “amigables” y para que no se impidiese el regreso de aquellas embarcaciones con bandera de los Países Bajos.

Para el retorno de los emigrados, las autoridades españolas en Venezuela debieron establecer una serie de controles y filtros. El 22 de enero de 1822 el comandante militar realista de la provincia de Coro, pocos días después de haberse rendido la guarnición republicana que defendía esta plaza, fue alertado sobre la llegada de varios desafectos a la causa monárquica que estaban llegando de Colonias a esta zona costera para alentar la contraofensiva revolucionaria. Ante esto, se dispuso que cualquier sospechoso proveniente de aquellas islas sería detenido y deportado y, en caso de que algún adepto a la bandera del Rey quisiera retornar a su casa y a su antiguo negocio, debía tramitar formalmente el respectivo pasaporte (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 36-37).

El flujo de personas entre tierras continentales y las Antillas se dio también por el natural y sentido anhelo de estar cerca a los seres queridos. Don Blas de León envió en 1821, desde Puerto Cabello, un sentido clamor ante el general La Torre en el cual abogaba por la expedición de pasaporte para reunirse con sus familiares más allegados que se hallaban en Curazao, ante el agravante de no tener ellos alternativas para subsistir económicamente. Su estado de invidencia le impedía ser útil para el servicio militar y por ello, en aras de la humanidad, pedía estar al lado de sus seres queridos (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII}, p. 381).

De igual modo, por cuenta del conflicto militar en Venezuela, también se registró el paso a las islas del Caribe de algunos prisioneros de guerra que tras la firma del tratado de regularización en noviembre de 1820 habían quedado con ciertas garantías. Así por ejemplo, el l7 de abril de 1821 el general en jefe La Torre informó al general Simón Bolívar que el coronel Juan Escalona y demás prisioneros de guerra republicanos ya habían salido de Caracas hacia las Colonias extranjeras (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXV}, p. 340). No obstante, cabe precisar que la mayoría de los prisioneros realistas arribaron a las islas aliadas como Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico.

Desde luego, la situación para esas oleadas de emigrados que buscaban, afanosamente, refugio en las islas caribeñas no fue muy alentadora. Así por lo menos lo atestiguan dos emigrados españoles en una carta fechada el 30 de mayo de 1824 desde San Thomas, y dirigida a un amigo en Europa, en la cual hacían un crudo balance de la pérdida de los dominios de Costa Firme. Según ellos, eran muchos los que vagaban “[…] sin patria y sin hogar, obligados de pena y víctimas de la tristeza, de la miseria y el desprecio” (^{Carta, 1824}, p. 1).

Clamores de ayuda económica

Desde finales del periodo de dominio hispánico ya venía registrándose un decrecimiento de los índices de la economía venezolana (^{Álvarez, 1963}, pp. 110-112) a lo cual se sumaba el aumento de las cargas tributarias. Esta tendencia recesiva se acentuó durante las guerras de Independencia de principios del siglo XIX, y su impacto fue notorio en varios sectores: en el estancamiento del comercio marítimo y del mercado doméstico, en la caída de los precios de productos exportables como el café y el cacao, en la salida de capitales hacia las islas del Caribe, en la interrupción de las comunicaciones, en los crecientes niveles de inflación, en el encarecimiento de la mano de obra, en el estado de desolación de las haciendas y hatos ganaderos, en la escasez de alimentos y en la crisis del sistema fiscal (^{Arellano, 1973}, pp. 366-373; ^{Cartay, 1988}, pp. 38-60).

Por causa de la guerra, un considerable porcentaje de los recursos oficiales estaban direccionados al sostenimiento de las tropas y de las operaciones militares⁷. El panorama social y económico se complicó aún más con la implementación de medidas extraordinarias de represión, tales como las recurrentes contribuciones forzosas, los saqueos y las confiscaciones. Después de 1819, como resultado de la confrontación militar, los realistas habían perdido paulatinamente zonas de singular importancia estratégica como fuente de provisión de recursos.

Por la cercanía y por los vínculos de vieja data, el gobierno monárquico de Venezuela buscó de manera reiterada ayuda económica de las colonias extranjeras del Caribe, así como también recurrió al respaldo de las otras posesiones españolas en América para el pago de las acreencias adquiridas, todo con miras a no sucumbir frente a la creciente presión ejercida por los republicanos.

Tras la pérdida sufrida en la batalla de Carabobo, la inmediata toma de la capital Caracas por parte de las huestes independientes, el confinamiento de los vencidos reductos del ejército realista a Cumaná y Puerto Cabello, y la falta de recursos para abastecer esta tropa, el general La Torre decidió comisionar el 5 de julio de 1821 a don Antonio Bausá, comerciante y regidor del ayuntamiento de Puerto Cabello para que, luego de hacer escala en Puerto Rico, pasara a las Colonias a formar contratas de víveres (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVII}, pp. 217-218).

Ante la incontenible emigración de familias pudientes adeptas al régimen español y el estancamiento del flujo comercial en Puerto Cabello, en agosto la Junta de Autoridades establecida para la pacificación de Venezuela lanzó una campaña más amplia que se extendió a los Estados Unidos, a los aliados españoles en ultramar y a las colonias extranjeras en procura de obtener auxilios, en víveres o en metálico. A cada uno de esos puntos se enviaron sendos comisionados de la Hacienda pública para que reclamaran esos recursos, ya fuera de los respectivos gobiernos o de particulares ofreciendo para el pago libranzas sobre las casas comerciales de La Habana, Nueva España o de la Tesorería General de la Nación con sede en Madrid.

Ninguna respuesta se obtuvo de Estados Unidos, de donde nada podía esperarse tras el reconocimiento que esta nación había hecho del gobierno republicano (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXIII}, p. 186). Tampoco había señales de apoyo de las posesiones insulares españolas, pero sí de las Colonias del Caribe. Al gobernador de Martinica se le pidió que intercediera ante las personas adineradas de la isla para la remisión de 30.000 pesos en víveres, además de 12.000 pesos en metálico. En vista también de la buena armonía que había regido en las relaciones con la isla de San Thomas, el 16 de septiembre el general en jefe La Torre pidió esa misma cantidad de ayuda. Para ambos casos se trajo a colación el respaldo que brindarían las tesorerías de México y La Habana, según disposición Real (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, p. 189).

Desde Martinica, el gobernador conde de Danselot fue el primero en responder al llamado y remitió por cuenta de los particulares de la isla una carga de víveres estimada en 24.131 pesos a través de la casa comercial de Juan Dellue, cargamento que hizo escoltar por barcos de guerra de su marina, con el ofrecimiento adicional de que si el importe de este suministro era pagado cumplidamente, seguiría el abasto de cuantos fueren necesarios. El 14 de noviembre La Torre pidió al Intendente de La Habana el pronto pago de esta acreencia y de otras más, como la del comerciante de Puerto Cabello don Manuel María Moraton por valor de 5.344 pesos, recursos que habían permitido el mantenimiento de la tropa. Esta solicitud fue reiterada el 3 de diciembre, pues pensaba el general en jefe que el incumplimiento de estas obligaciones causaría en las naciones extranjeras el desprestigio del manejo del crédito por parte de España (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVII}, pp. 201-203; ^{tomo XXVI}, pp. 256-260).

Resultados muy poco satisfactorios fueron los que presentó en agosto de 1821 José Galcerán del Vall, comisionado por el gobierno venezolano a Curazao. Tras varias gestiones entre los comerciantes y emigrados que se hallaban en la isla, solo encontró lamentos, especialmente entre aquellos que habían dejado precipitadamente abandonadas sus riquezas tras la toma de Caracas. Por esos días la isla padecía una conmoción interior ante el descontento popular que había generado la orden del gobernador de reclutar milicianos para reemplazar la tropa veterana que debía marchar inmediatamente a Holanda, sede del imperio (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII}, pp. 268-269).

A través de una reunión de la Junta de Pacificación llevada a cabo en Puerto Cabello el 1º de octubre para evaluar nuevas estrategias de solución ante la escalonada escasez de medios para solventar la tropa y atender otras erogaciones propias de la guerra, se decidió que el brigadier Francisco Tomás Morales, segundo al mando del Ejército, pasara a Curazao con el fin de que invitara, personalmente, a los emigrados de las provincias de Venezuela que se hallaban en aquella isla para que contribuyeran a esa causa⁸. Se pensaba que el largo servicio y vecindad de más de seis años de aquel brigadier en Costa Firme podían ejercer un positivo influjo en aquellos exiliados. A manera de estímulo y respaldo, debía Morales llevar copia de las Reales órdenes en las que se prevenía el envío de caudales por las cajas de Nueva España y La Habana.

Morales llegó a la isla el 4 de octubre y, aunque reconoció haber sido recibido con honores, por otro lado fue objeto de actos hostiles al ser apedreada la casa en donde estaba pernoctando. Tan pronto arribó, programó para el día 7 la realización de una junta con los emigrados y españoles más pudientes para conseguir víveres al menos por tres meses para el Ejército Expedicionario, y recursos adicionales para emprender la campaña militar que tendría como meta el restablecimiento del gobierno central en Caracas. En su informe, lamentó que el gobernador de la isla se había mostrado muy poco diligente en este proceso. En una carta dirigida al general en jefe La Torre, se solicitó formalmente la venida de la goleta Hércules para que transportara con las debidas escoltas el metálico y los auxilios recogidos (^{ACH, Fondo La Torre, tomo IV}, pp. 377-382).

En respuesta a esta convocatoria, uno de los “beneméritos españoles” en responder fue don Eugenio Corona, quien franqueó 3.000 pesos pagaderos por la Tesorería General contra la cual se giró la correspondiente letra con cargo a la Tesorería de Madrid. Se consiguió, igualmente, formalizar un contrato con los comerciantes de la isla don Jorge Federico Lens y don Jorge Curiel. La suma total de lo contratado y donado ascendió a 44.400 pesos en metálico y en especie. Aun cuando la intención era haber conseguido mayor cantidad de víveres, el gobernador de la isla lo impidió en aras de no perjudicar el abastecimiento interno que cada vez era más gravoso debido a la masiva llegada de refugiados realistas. A finales del mes siguiente, el general La Torre solicitó de manera expresa a la Gobernación de Ultramar la pronta satisfacción de estas acreencias en reconocimiento al invaluable servicio prestado (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVI}, pp. 17-18; ^{tomo XVII}, p. 191).

Se reportó además que el gobierno insular, por representación de sus vecinos, había impedido la salida de mayor cantidad de víveres, aunque se reconoció el apoyo suministrado por el comerciante de Puerto Cabello, don Luis Manuel Galardi, para el establecimiento de los contactos con otros colegas aportantes (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, p. 635). En ese mismo mes de octubre, don Teodoro Jutting, comerciante de la isla, entregó a las autoridades de la plaza de Puerto Cabello el equivalente a 6.594 pesos en harinas, carnes y arroz a manera de libranza con cargo de la tesorería de la Nación. El general La Torre pidió al secretario de Gobierno de Ultramar el pronto pago de esta letra en momentos en que la plaza no contaba con reservas en sus almacenes. Desde esa fecha al 2 de octubre se tramitaron ese tipo de préstamos por valor de 314. 647 pesos (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVI}, pp. 207-210).

A principios de febrero de 1822 llegó un mensaje a Coro de los comerciantes de Curazao sobre el interés que tenían en hacer donativos para aquella provincia costera venezolana y, tan pronto se diera el aval del general en jefe, el Marqués de Casa León estaba dispuesto a enviar mil pesos en víveres (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XIII}, p. 80).

En el mes de abril se informó a la Gobernación de Ultramar que de nada valieron las reiteradas órdenes emanadas desde España a los gobiernos de La Habana, México y Puerto Rico, previniéndoles que socorriesen al Ejército de Costa Firme, ni las súplicas que, en el mismo sentido, había dirigido La Torre. Nuevas quejas se recibieron del gobernador de Curazao en solicitud de que se satisficieran las acreencias pendientes, pues le preocupaba haber quedado mal ante las casas comerciales que solidariamente contribuían a la causa. Esto, a juicio de La Torre, era un pésimo precedente que destruía la credibilidad del gobierno español en su reputación crediticia, siendo cada vez más difícil obtener ayuda de las naciones extranjeras (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVI}, pp. 625-626).

Pocos días antes de dejar el cargo como comandante en jefe y partir hacia Puerto Rico, el general La Torre en una reunión sostenida el 18 de junio expuso ante el ayuntamiento de la ciudad de Puerto Cabello las dificultades que afrontaba la plaza para su sostenimiento, pues solo quedaba en los almacenes reserva para 45 días y, por ello, había que adoptar soluciones extraordinarias. De otro modo, no habría más camino que acceder a la capitulación. Ante esto, se acordó delegar al alcalde segundo don José Antonio Cucullo para que pasara inmediatamente a la isla de Curazao en solicitud de auxilios adicionales para sostener la defensa de la plaza con la esperanza de que pudieran ser franqueados con el ofrecimiento que hicieron algunos comerciantes españoles residentes en aquella isla.

En virtud de este llamado, don José Benito de Austria, don Francisco de Aspurna, don Juan Carbó, don Juan Francisco Altuna y don Martín José de Yrigoyen lamentaron no poder contribuir de acuerdo con las expectativas sino a sus propias posibilidades, pues habían sido requeridos también para apoyar a la división del ejército que defendía Coro y por ello apenas se comprometieron con la provisión de unos cuantos víveres para un mes. Ese mismo día, este grupo de comerciantes envió una carta al gobierno de Puerto Rico y a los emigrados en esa isla exhortándolos a que se sumaran a la causa de auxiliar a la sitiada plaza de Puerto Cabello (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXIV}, pp. 424-433). Como resultado de las gestiones de ayuda, a principios de julio llegó a esta ciudad la fragata Ligera procedente de Curazao con un cargamento de arencones, carne salada, tocino, manteca, fríjol, pan, jabón, entre otros productos (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XIX}, p. 443).

La situación en los meses siguientes, para las tropas realistas, no fue más alentadora, ante lo cual, irremediablemente, sintieron de una manera más acentuada las privaciones y escaseces hasta mediados de 1823 cuando cayeron los últimos bastiones monárquicos: Maracaibo y Puerto Cabello.

Economía y flujo comercial

La consolidación del monopolio comercial de España, con sus colonias de ultramar en el periodo colonial tardío, fue una estrategia proteccionista de la Corona frente a las pretensiones de otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y Holanda. Esto suscitó cierta resistencia por parte de algunos sectores locales en el territorio americano que, ante las deficiencias de abastecimiento en los mercados, avizoraron en el contrabando una opción de supervivencia y de autonomía económica aun cuando fuera un claro desafío hacia la legislación imperante (^{Gutiérrez Mesa, 2011}, p. 197).

La guerra entre republicanos y realistas generó traumatismos en las actividades comerciales que tradicionalmente se desarrollaban entre la Costa Firme y el escenario insular del Caribe. Algunas islas como Curazao mantuvieron un activo movimiento mercantil con la costa venezolana aún dominada por los españoles, en tanto que, otras como Jamaica, estrecharon sus relaciones comerciales con los nacientes gobiernos republicanos. Está, también, el caso de la isla danesa de Saint Thomas que, en su condición de puerto libre, se mostró neutral y se constituyó en despensa tanto para el ejército realista como para el ejército independentista (^{Elías-Caro, 2016}, pp. 35-177).

En los numerales 8º y 10º del armisticio firmado en la provincia de Trujillo al occidente de Venezuela a finales de noviembre de 1820, el cual se prolongó por espacio de cinco meses, se estipuló que quedaba abierto el intercambio comercial entre los territorios dominados por ambos bandos y se dispuso, además, que los puertos de Maracaibo y Cartagena quedaban habilitados para el comercio interior tanto para los realistas como para los independentistas a excepción del tráfico de armas y pertrechos (^{AGN, Sección República, Fondo Historia}, tomo 7, f. 822r).

Hacia el mes de marzo de 1821, las autoridades españolas asentadas en el puerto de Carúpano aprovecharon la seguridad que ofrecía esta tregua para sacar la cosecha de cacao de la costa de Paria y venderla a precios rentables en las Colonias, especialmente, en la isla de San Thomas, donde sería canjeada por productos de subsistencia para las huestes del ejército de Oriente (^{AGN, Sección República, Fondo Historia}, tomo 7, f. 787r).

El 6 de junio, poco después de reanudado el ritmo de la guerra tras la ruptura anticipada de la tregua, La Torre notificó a los almirantes y gobernadores de las islas antillanas de Jamaica, Martinica, San Thomas, Granada, Trinidad, Curazao, Barbada y San Bartolomé, la decisión de declarar el estado de bloqueo en los puertos y costas de las provincias de Maracaibo y Coro que en ese momento estaban en poder de los republicanos, y con ello la recomendación expresa para que se abstuvieran de socorrer a estos insurgentes, con efectos de guerra y demás auxilios, pues de lo contrario, sus bienes serían expuestos a confiscación por parte del gobierno español. Igual advertencia se hizo con el gobierno de Estados Unidos. Esta decisión se adoptó en razón de la experiencia registrada con el suministro de recursos por parte del comercio de aquellas islas para el bando republicano, con lo cual, pudieron conquistar la capital Caracas y el puerto de La Guaira (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 167- 168). El 29 de julio se amplió el bloqueo en esta plaza y, además de esto, el comandante de la marina española en Puerto Cabello pidió extender esa medida restrictiva hacia la boca del río Orinoco y a la isla de Margarita, tal como lo había impuesto el general Pablo Morillo el 16 de agosto de 1817, esto con el fin de evitar futuras reclamaciones que pudieran comprometer la alianza y buena amistad con los gobiernos de aquellas islas extranjeras (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XIX}, p. 307; ^{tomo XXXII}, pp. 77-78).

Hacia el mes de agosto, el general La Torre dio vía libre para la entrada de la fragata Mercurio que llevaba, desde Curazao, varios emigrados de regreso a La Guaira pero con el compromiso de que no llevaran productos porque, de lo contrario, serían apresados. Este condicionamiento no le agradó al gobernador de la isla, Pablo Rodolfo Cantzlaar, pues consideraba que aquellas mercancías habían sido comercializadas durante el tiempo en que estaba en vigencia el gobierno español y, por lo tanto, se habían pagado los derechos respectivos. Por todo esto, creía legítimo el retorno sin ninguna restricción de estos cargamentos pertenecientes a los súbditos de los Países Bajos (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XII}, pp. 473-481; ^{tomo XXVI}, p. 186).

Desde luego, esta clase de barreras comerciales socavaba notoriamente los intereses económicos de las islas caribeñas y por ello sus gobernantes buscaron la forma de que se estipularan excepciones y algunos favorecimientos especiales para que no se viera truncado el flujo mercantil. El 10 de septiembre de 1821, el gobernador Cantzlaar pidió a La Torre que permitiera a los súbditos del Reino de los Países Bajos, residentes en la isla, continuar el comercio con los habitantes de Costa Firme en los puertos bloqueados, en especial con La Guaira. La Torre reiteró el legítimo derecho que le asistía a la nación española de interrumpir el comercio de potencias extranjeras con aquellos territorios que se hallaban sustraídos de la dominación española. No obstante, con el ánimo de conservar las mejores relaciones, se concedió la posibilidad de que los habitantes de aquella isla pudiesen extraer los caudales que tuviesen en Costa Firme por medio de libranzas o dinero pero, de ningún modo en víveres y frutos porque serían decomisados, con la posibilidad adicional de regresar a la isla las naves que estuviesen detenidas en La Guaira pero sin cargamento alguno, tal como se había dispuesto el 4 del mes de septiembre (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 191-192).

Al cabo de diez días, Cantzlaar hizo sentir nuevamente su voz de protesta a raíz del incidente sucedido en torno a la goleta holandesa, El Almirante, que en su viaje de Aruba a Curazao fue interceptada por la goleta armada española, La Centella. Se exigió, por un lado, la devolución de la nave incautada que había sido llevada a Puerto Cabello y, por el otro, la entrega de su cargamento con indemnización de daños y perjuicios. A raíz de estos incidentes, el gobernador insistía en que ese bloqueo solo podía ser efectivo entre las potencias extranjeras y los pueblos que se habían apartado del dominio español, mas no en los lugares precisos en donde habían ocurrido las interceptaciones. Cantzlaar hizo énfasis en el menoscabo que padecía el comercio y las arcas de la isla ante el bloqueo impuesto en buena parte de Costa Firme, aunque, se aceptó que se establecieran controles a los buques de bandera holandesa que no traficaran con pertrechos de guerra.

En aras del derecho de gentes⁹ se insistió en que el gobierno español en Venezuela debía advertir a los corsarios habilitados en los puertos que estaban bajo dominio monárquico para que se abstuvieran de hostilizar las embarcaciones neutrales y aliadas. Si La Torre no reconsideraba su posición, el gobernador asumiría esta actitud como un atentado a la armonía y a las cordiales relaciones entre España y el Reino de Holanda y al fluido comercio entre ambas partes, además de lo cual se exigirían las respectivas reparaciones por los perjuicios ocasionados a los mercaderes de la isla acostumbrados a negociar en los puertos venezolanos y se estaba a la espera del permiso para el retorno de las naves holandesas detenidas en aquellas costas (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XII}, pp. 510-515).

Por esos días, el gobernador de Curazao reclamó la devolución de la goleta holandesa, Teovallig, que había sido apresada con su cargamento por el corsario español Moraton, quien también se había apoderado de la correspondencia que conducía la goleta La Cornelia. Se exigió, también en este caso, el resarcimiento por los detrimentos causados (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXII}, p. 154). Otra reclamación de este tipo se hizo a principios de noviembre con la goleta holandesa, Alexandria, comandada por el capitán Cornelio Koolman que había sido interceptada en un viaje a Riohacha en la costa neogranadina. Puerto que no estaba cobijado por los decretos del bloqueo impuesto por los españoles, el cual solo iba hasta Maracaibo. El gobernador insistía en no reconocer los bloqueos establecidos y de nuevo amenazó con tomar represalias con miras a limitar también el comercio a las naves españolas.

El 10 de diciembre, La Torre reiteró la prohibición de comercio y criticó al gobierno de la isla por dejar en un segundo plano las relaciones armónicas con España, todo por el afán de ganancia particular al querer los comerciantes insulares entablar negocios con los “insurgentes” por el simple aliciente de estos de quedar exentos del pago de derechos. Esto fue catalogado como un acto de contrabando y como una negociación fraudulenta, según lo regido por los tratados internacionales (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVI}, pp. 199-200).

El gobernador estaba convencido de que ningún buque, así fuese de contrabando o por haber violado un bloqueo, podía ser apresado ni mucho menos confiscado luego de haber logrado entrar a su puerto de destino y, en un tono más enérgico, pidió tener en cuenta las peticiones elevadas en aras del derecho de guerra (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XII}, pp. 519-521).

El comandante realista de Paraguaná, Diego Fragoso, informó a finales de este mes que en las playas de esta península habían fondeado tres embarcaciones holandesas, procedentes de Aruba, que conducían varios barriles de harina vendidos a cambio de cuero y frutos de la región. Era tan generalizada la miseria de los pobladores costeros que se decidió mantener la orden impartida tiempo atrás por el coronel español, Pedro Luis Inchauspe, para que no se pagaran derechos de introducción a aquella provincia venezolana (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, p. 428).

Nuevos incidentes sucedieron también durante esos días con Estados Unidos de donde habían salido varios buques hacia La Guaira y allí resultaron intempestivamente apresados, sin saber que aquel puerto estaba bloqueado por el gobierno español. Ante esto, los norteamericanos pidieron que el gobierno de Costa Firme certificara el bloqueo a fin de tramitar los respectivos resarcimientos con las casas de seguros (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXII}, pp. 307-308).

Tras seguir el ejemplo del gobierno británico, el rey Guillermo I de Holanda dictó un decreto el 9 de julio de 1822 mediante el cual permitió la entrada de embarcaciones con bandera colombiana a los puertos holandeses, lo cual, implicó el libre acceso al puerto de Willemstad en la isla de Curazao, en lo que fue considerado, prácticamente, como un implícito reconocimiento del gobierno republicano (^{Sytze, 2018}, p. 140).

La incesante amenza de los corsarios

Desde el siglo XVI hasta mediados del XIX el espacio marítimo caribeño fue el escenario en el que corsarios, piratas¹⁰ y contrabandistas desplegaron reiterados ataques contra los excedentes coloniales y el tráfico de mercancías entre España y sus posesiones americanas. Muchas de las expediciones organizadas por la monarquía española para contrarrestar esa amenaza resultaron frustradas¹¹.

Durante el periodo de Independencia en el territorio de Costa Firme, se recrudeció la tensión y la alarma en estas aguas del Caribe tras el continuo accionar de los corsarios, quienes fueron hábilmente utilizados por el bando republicano y por el bando español para defender sus intereses y realizar operativos con los cuales pretendían menguar el poderío comercial y naval del adversario (^{Sytze, 2018}, p. 97). Durante estos años de conflicto político y militar se tornó más compleja la composición y lealtad de los corsarios, sin que fueran extraños los cambios de bando y la doble función como espías. Algunos de los gobiernos insulares y los comerciantes de la zona fungieron como aliados en las incursiones de esos grupos de corsarios (^{Grafenstein, 2004}, pp. 26-282). En todo el espacio marítimo caribeño, el puerto de Juan Griego en la isla de Margarita se constituyó como el sitio preferido por los corsarios insurgentes (^{Gámez, 2004}, p. 135).

El artículo 7º del armisticio de Trujillo, suscrito a finales de noviembre de 1820, estipuló que las hostilidades en los mares de América debían cesar a los treinta días de la ratificación de este tratado. Adicionalmente, se dispuso que “[…] las presas que se hagan pasados estos términos, se devolverán recíprocamente; y los corsarios o apresadores serán responsables de los perjuicios causados por la detención de los buques” (^{AGN, Fondo Secretaría de Guerra y Marina}, tomo 2, f. 260v).

Al llegar la goleta española San Pedro Alcántara el 3 de enero de 1821 al puerto de La Guaira, procedente de las islas de los Roques, su capitán informó al comandante de aquella plaza que el corsario Mr. Bernar había estado en aquellas islas el 30 de diciembre y se había llevado cuanto había en las salinas. Esto fue calificado por el comandante de La Guaira como un acto de hostilidad pues aquellas salinas eran de propiedad de España y porque esto había ocurrido cuando ya había fenecido el plazo para los 30 días señalados por el armisticio a los corsarios de estas costas. Esta inquietud fue trasladada al capitán general de las provincias de Venezuela para que adoptara las medidas pertinentes (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XIII}, p. 406).

Para combatir a los corsarios, el gobierno español optó por la vía diplomática o en otras ocasiones por la vía de la fuerza militar. Con base en denuncias previas elevadas por el comandante militar de La Guaira, el 22 de enero el general La Torre denunció cómo más de veinte corsarios de la isla de Margarita, en claro desacato a lo dispuesto por el armisticio, habían pasado a las Colonias, más específicamente a la isla de San Bartolomé, lugar donde estaban anclados varios barcos con bandera de Buenos Aires, para mudar allí de bandera y de esta manera hostilizar las fuerzas realistas. Luego de perpetrar sus ataques, llevaban a San Bartolomé sus presas en donde eran vendidas bajo la mira indiferente del gobierno de esta isla francesa (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXIII}, p. 36).

Estos cosarios habían apresado ya cuatro embarcaciones españolas, entre ellas, la goleta Tres Palos, cuyo cargamento fue vendido en otra isla y ninguna noticia se sabía de los pasajeros ni de la tripulación. Con estas agresiones, aquel comandante militar de La Guaira corroboró la mala fe con que procedían los republicanos que, según él, habían aprovechado el tiempo de tregua para cometer tales atropellos. Esto fue catalogado como una flagrante violación al artículo 7º del armisticio y fue una de las causas que justificó el 15 de marzo al gobierno español para romper anticipadamente este tratado (^{ACH, Fondo La Torre, tomo IX}, pp. 99, 102, 247; ^{tomo XIII}, p. 354).

El capitán general de Venezuela, Ramón Correa, puso en conocimiento otro incidente ocurrido en aguas marítimas. El reporte inicial fue hecho por el subteniente de Cachirí, don Francisco Melandro, quien había partido el 8 de marzo de Cumaná junto con el capitán Julián Llamora, el teniente Francisco Ortiz y cinco mujeres a bordo de la balandra La Misma. Al cabo de tres días, al frente del cabo Cadera, fueron interceptados por una goleta que iba a toda marcha con banderas de la isla de Margarita y sus ocupantes se apoderaron del navío. Este fue el relato de Melandro en el cual pueden advertirse otros tantos ataques cometidos por aquellos asaltantes:

Al momento que estuvimos a bordo de la mencionada goleta observé arriaron la bandera margariteña y enarbolaron otra que tenía la parte superior azul, la inferior blanca y una faja encarnada que atravesaba dichos dos colores desde el engaste superior hasta la esquina inferior de ella que según vi era de Buenos Aires. Al cabo de breve rato transbordaron a este buque todo el armamento de la tropa que iba en la balandra, los sables y los baúles saqueándolos a nuestras vistas a su satisfacción. […] Esta goleta, según conversaciones que observé en los marineros de ella, la Criolla, la que había hecho la guerra a favor de la Margarita, llevaba un cañón de calibre de a 12 y como 50 hombres poco más o menos mandada por un francés llamado Monsieur Alexandro Velgrat. Los oficiales a mi parecer eran franceses y la tripulación se componía de negros portugueses del Brasil, franceses, europeos y algunos criollos de la América española; tenían algunos prisioneros que habían cogido en la fragata mercante que iba convoyando para España la fragata Diana cuyo cargamento decían los marineros tenían en la vela nombrada Mona, y también supe habían cogido dos balandras en inmediaciones de la isla de Puerto Rico (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XIII}, pp. 452-453).

El día 12 los corsarios fondearon en la isla La Orchila y allí dejaron a toda la tropa retenida con algunos víveres. El 17 ancló otra embarcación que iba de La Guaira a Barcelona pero fue retenida por los mismos corsarios, cuyos tripulantes habían ofrecido una recompensa para salvar este navío. Finalmente, Melandro y los otros raptados pudieron, a los pocos días, embarcarse y regresar a La Guaira en donde pusieron en conocimiento de sus superiores este desafortunado episodio en el que se habían perdido además 500 vestuarios para el ejército expedicionario español.

El 22 de marzo el gobernador realista de Cumaná don Antonio Tobar pidió al general La Torre el envío de un buque de guerra que protegiera del ataque de corsarios “insurgentes” la llegada de embarcaciones cargadas con víveres. Esto fue en respuesta al constante accionar de corsarios que, luego de tramitar patentes en la isla de San Bartolomé con banderas de Buenos Aires, habían atracado barcos que venían de la península y otros que salían de Costa Firme para las Colonias (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXXII}, pp. 316-317).

Joseph Ignacio de Zabala avisó desde Curazao el 16 de julio que se estaba fraguando desde aquella isla un proyecto de algunos “sediciosos” para ocupar la plaza de Puerto Cabello. Informó, además, que algunos realistas intentaron salir de la isla hacia Coro, pero se abstuvieron de hacerlo debido a que por esos días había salido un corsario con cuatro cañones y cien hombres y, por ello, se pidió el envío desde Coro de algún buque armado que alejara a aquellos forajidos y permitiera auxiliar con víveres a esta ciudad costera (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, p. 406).

Tan pronto arribó a Curazao el 4 de agosto el teniente español Martín de Mendoza, comandante del bergantín español Hércules, elevó una queja ante el gobernador y capitán general de la isla al ver cómo entraban y salían con frecuencia, de ese puerto, varias embarcaciones, unas con banderas de Buenos Aires, otras de la isla de Margarita y otras más con bandera blanca. Mendoza se mostraba extrañado de observar cómo la autoridad local era permisiva frente a este movimiento al estar su Rey “en paz y alianza con la nación española”. Al tiempo que anunció dar parte de esta anómala situación al comandante de la marina de Costa Firme, Mendoza exigió que estos navíos fueran confiscados y su tripulación tratada como pirata. Sobre este particular, el gobernador contestó a Mendoza haciéndole ver que, si se percató de que eran piratas, debió haberlos capturado y conducido al puerto. Sin embargo, agradeció por esta información y prometió que adelantaría las investigaciones pertinentes (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XIX}, pp. 335-337).

Al parecer, durante este tiempo era ya generalizado el temor de navegar estas aguas. Juan Antonio Díaz escribió el 9 de agosto desde Curazao al general La Torre expresando su inconformidad ante el hecho de que ninguno de los buques que zarpaban desde allí querían llevarlo a Costa Firme “[…] por el temor de tantos corsarios insurgentes que siempre están a la vista de esta isla” (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, p. 180). En la mañana del 26 de agosto entró enfermo en una goleta el oficial Luis Brion a Curazao, nacido en esta isla pero con una larga trayectoria de servicios a favor de la causa republicana. De inmediato, el gobernador ordenó su expulsión pero al cabo de pocos días falleció (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XVIII}, p. 276).

Al año siguiente, el accionar de los corsarios no parecía ceder. Así lo confirmó un oficial al general La Torre, a mediados de enero de 1822, tras asegurar que ellos continuaban infestando las aguas de Curazao (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, p. 225). Por su parte, Manuel Junquito reportó el 19 de marzo que aún no había podido zarpar de la isla el buque fletado por los emigrados, debido a la presencia de tres corsarios que merodeaban esta zona insular. Juan Bautista Fraginal, entre tanto, confesó que a fines de este mes, cuando iba en su buque hacia Curazao fue apresado por un corsario “colombiano”. A mediados de junio las autoridades de Puerto Cabello estaban a la espera de la goleta Holandesa con migración a bordo pero había ya mucha preocupación pues a la fecha no aparecía y se creía que había caído prisionera a manos de corsarios (^{ACH, Fondo La Torre, tomo XXVII}, pp. 195, 377, 380).

Desde 1817 el gobierno español había elevado sentidas quejas ante el apoyo del gobernador Norderling de la isla de San Bartolomé a los corsarios insurgentes, entre ellos a Brión. Hacia el año de 1822 los reclamos aumentaron de tono y llevaron incluso al gobierno de España a enviar un delegado ante la Corte de Estocolmo. Al parecer, fue muy ambigua la actitud del gobierno sueco pues, al tiempo que pedía explicaciones al gobernador de la isla, también intentaba vender navíos de guerra a los gobiernos republicanos de Nueva Granada, Venezuela y México (^{Gámez, 2004}, p. 134).

A modo de conclusión

Desde el periodo de dominio hispánico, las autoridades monárquicas de Venezuela lograron mantener unas relaciones amistosas con las islas extranjeras del Caribe, relaciones que se vieron reflejadas en el activo intercambio comercial, aunque, también se registraron algunas complicaciones en cuanto a los altos niveles de contrabando y el ataque continuo de corsarios.

Sin duda, el proceso de Independencia experimentado en el territorio de Costa Firme a principios del siglo XIX alteró el estado de estas relaciones políticas y económicas. Las islas fueron clave como enlace en las relaciones de Venezuela y Nueva Granada con las potencias europeas y, asimismo, influyó la geopolítica vivida en Europa tras las continuas alianzas y el estado de convulsión experimentado en su territorio.

Bajo este nuevo panorama, atizado por el ambiente de tensión e incertidumbre, por causa de la guerra, fue importante el despliegue diplomático del gobierno español asentado en Venezuela, no solo en su acercamiento con las autoridades de aquellas islas sino con las potencias de las cuales dependían.

En realidad, la economía de estas islas no era tan próspera como para albergar la creciente ola de emigrados de Costa Firme, a lo cual se sumaba el estado de convulsión política interna vivida en algunas de esas posesiones insulares y la actitud deliberante que, en ciertas ocasiones, asumieron algunos de los gobernantes coloniales en claro distanciamiento con las directrices dictadas por la máxima autoridad de las potencias europeas de las cuales dependían.

Es importante precisar, además, que la situación de guerra que afectaba el territorio de Costa Firme propició una participación más activa de los corsarios, especialmente de aquellos al servicio de la insurgencia, por cuanto develaron las flaquezas de la Armada española, además del impacto causado en el comercio que tradicionalmente se realizaba desde y hacia la península ibérica. Resultó bastante difícil combatir el accionar de estos corsarios, ante lo cual primó un estado de constante zozobra e impunidad (^{Gámez, 2004}, p. 40).

Aún con este cúmulo de dificultades, fue valioso el apoyo de las colonias extranjeras al agónico gobierno de Venezuela, aunque, a fin de cuentas, fue insuficiente para evitar que sucumbiera frente a la arremetida de los republicanos. En los años posteriores a 1823 los contactos entre estas posesiones insulares extranjeras y los últimos reductos del dominio hispánico como Cuba y Puerto Rico fueron, en realidad, muy escasos y esporádicos en momentos en que estaba prácticamente desmoronado el otrora imperio español y cuando ya eran prácticamente remotas las esperanzas de reconquistar sus antiguos dominios (^{Ghotme, 2020}).

Por su parte, en su lucha emancipatoria, el bando republicano, cada vez más fortalecido militarmente y bajo el marco de una ofensiva diplomática, buscó abrirse nuevos espacios de relación con aquellas posesiones insulares en procura de respaldo a su proyecto revolucionario ampliado, a lo que se conoció, en ese entonces como República de Colombia, la cual, para 1823 había logrado integrar plenamente los territorios de Venezuela, Nueva Granada y al sur las provincias de Quito. Sin embargo, el reconocimiento político de las potencias europeas, bases de esos dominios coloniales, se dio de manera muy lenta y diferenciada pues dependió de los avances bilaterales logrados por los nuevos gobiernos republicanos.