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Diálogos Revista Electrónica de Historia

versão On-line ISSN 1409-469X

Diálogos rev. electr. hist vol.16 no.1 San Pedro Jan./Jun. 2015

 

Violencia política y conflictividad social durante el gobierno de la unidad popular. El caso de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), 1970-1971

Political violence and social conflict during the popular unity government. The case of Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), 1970-1971

Marcelo Alejandro Bonnassiolle Cortés1*


Resumen

Este artículo analiza el surgimiento y participación del grupo político de carácter revolucionario denominado la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) en Chile, organización que, a través de una serie de operaciones político-delictivas, como robos, expropiaciones y ajusticiamientos, se configuró como un actor crítico, cuyas actividades ayudaron a conformar el destino de la Unidad Popular. La decisión de la VOP de continuar las acciones armadas durante el gobierno de Salvador Allende y de “ajusticiar” al ex ministro Edmundo Pérez Zujovic fueron fundamentales en la conformación y gestación del acercamiento político de la oposición en su lucha contra el gobierno oficialista, con lo cual se generó, como lo demuestra el artículo, el inicio del fin del mandato de la Unidad Popular.

Palabras claves: Vanguardia Organizada del Pueblo, acciones político-delictuales, violencia política, conflicto social, unidad popular.

Abstract

This article examines the emergence and participation of revolutionary political group called laVanguardia Organizada del Pueblo (VOP), an organization through a series of political operations tort,such as theft, expropriation and executions was formed as a critical actor whose activities and operationshelped shape the destiny of the Popular Unity. VOP’s decision to continue the armed actions duringthat government and “execute” the former Minister Edmundo Perez Zujovic were instrumental inshaping and gestation of opposition political approach in their fight against the government of SalvadorAllende, generating as Article shows the beginning of the end of the Popular Unity government.

Keywords: People’s Organized Vanguard, political action tort, political violence, social conflict, popular unity.

Introducción

El Chile de fines de la década de 1960 y comienzos de 1970 estuvo marcado por la polarización, el conflicto político-social y la violencia. El sistema político-partidario estaba marcado por el “patrón de los tres tercios”, el cual aglutinaba una derecha liberal conservadora hegemonizada por el Partido Nacional, un centro ocupado por los demócrata cristianos y una izquierda representada por los partidos Comunista y Socialista (Corvalán, 2000; Corvalán, 2001; Moulian, 2006; Silva, 2011; Yocelevzky, 2006). La derecha sustentaba sus bases en el empresariado industrial agrario y financiero, la democracia cristiana se apoyaba en sectores de clase media y juveniles, mientras que la izquierda era respaldada por los trabajadores organizados, la clase media empobrecida, sectores poblacionales y algunos intelectuales. Entre estos tres grupos se desencadenó una fuerte disputa que se tradujo en nuevas modalidades de hacer política –estilo más confrontativo, ideologizado y antialiancista– debido a que cada uno intentaba llegar al gobierno e imponer su proyecto económico como alternativa de desarrollo del país. Tal situación implicó el término de los consensos políticos que habían caracterizado las décadas anteriores, y dio paso a la estructuración del cuadro partidario marcado por estos “tres tercios”, debido a que cada uno de estos sectores controlaba casi una tercera parte del electorado (derecha, centro ideologizado e izquierda). Dicho cuadro perduró hasta el golpe militar de setiembre de 1973 (Corvalán, 2000, pp. 10-11; Corvalán, 2001, pp. 43-111; Drake y Jaksic, 1999, pp. 11-38; Moulian, 2006; Silva, 2011, p. 9; Torres, 2014).

Además, estos partidos operaron en un sistema político de gobierno muy dividido y politizado, a pesar de la existencia en el periodo –1938-1973– del llamado “Estado de Compromiso” o “Estado de Bienestar” (Silva, 2011, p. 9), el cual se caracterizó por la creciente influencia estatal sobre las condiciones de vida de la población, mediante la creación de nuevas instituciones y el aumento del gasto público, para garantizar el bien social (Boeninger, 1997; Moulian, 2006). Sin embargo, la fragilidad del Estado de Compromiso o Bienestar, el agotamiento del patrón de acumulación capitalista basado en la sustitución de importaciones, los signos de colapso del sistema económico de postguerra y la incapacidad de llegar a consensos y gestar acuerdos para dar soluciones a las problemáticas sociales motivó, desde mediados de 1950, un fuerte desprestigio de los partidos y la política en general; al igual que una marcada división ideológica, que llegó a su máximo apogeo en la elección presidencial de 1970. Debido a esto es que, durante gran parte del siglo XX chileno, el sistema de partidos se definió por la incapacidad para llegar a consensos y dar soluciones a los problemas nacionales (Boeninger, 1997; Moulian, 2006; Silva, 2011, p. 9).

Al mismo tiempo, el contexto internacional de la Guerra Fría y las luchas anticoloniales y antiimperialistas, como la revolución cubana y la guerra de Vietnam, repercutieron de gran manera en la sociedad chilena, debido a que impulsaron la radicalización de cientos de jóvenes que decidieron luchar por la transformación estructural del continente. Lo anterior, permitió la modificación y readaptación de las estrategias y tácticas de lucha de la izquierda latinoamericana, tanto en el ámbito cultural como político, de ahí que la idea de la revolución social y el surgimiento de dichos grupos y organizaciones configuraron a “la nueva izquierda” o “izquierda revolucionaria”, la cual, a través de la violencia política y la lucha armada, vio la posibilidad de realizar cambios estructurales en la sociedad, para avanzar en la construcción del socialismo (Angell, 1992, pp. 73-131; Pozzi y Pérez, 2012, pp. 9-21). Lo expuesto anteriormente motivó que, desde mediados de la década de 1960, comenzaran a configurarse grupos políticos que consideraban la violencia política y la lucha armada como herramienta de combate y cambio social. Así, por ejemplo, el Partido Socialista de Chile y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) pasaron a reivindicar la lucha armada y la ruptura con la “institucionalidad burguesa” como medio de avanzar al socialismo (Corvalán, 2000, p. 12).

Lo anterior agregó una creciente politización al constante conflicto entre los diversos proyectos ideológicos, producida por el impacto de la polarización en bloques, lo que produjo en Chile un clima permanente de disconformidad social, hostilidad y violencia política que fue poco a poco en aumento –y como se dijo con anterioridad– de forma más acelerada bajo el contexto de la campaña presidencial de 1970, en la cual se enfrentó el candidato del Partido Nacional Jorge Alessandri contra el demócrata cristiano Radomiro Tomic y el socialista y candidato de la Unidad Popular Salvador Allende, quien obtuvo la victoria electoral e impulsó la denominada “Vía Chilena al Socialismo”.1

Así, bajo este contexto, emerge la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), una organización política de carácter revolucionario que operó entre agosto de 1969 y mediados de 1971. Los orígenes de este organismo son imprecisos, sin embargo, fue formado por los hermanos Ronald y Arturo Rivera Calderón, Heriberto Salazar e Ismael Villegas Pacheco. La VOP operó en este profundo clima de politización y conflictividad política-social antes expuesta y se declaró a sí misma como: “una organización socialista y revolucionaria dirigida por proletarios armados”. De igual manera, fueron responsables de gran cantidad de operaciones político-delictivas, entre las que sobresalen constantes robos y expropiaciones, como también asesinatos y ajusticiamientos. Si bien, dicha organización se originó antes de la llegada de Salvador Allende a la presidencia de la República, fue bajo su gobierno el periodo durante el cual manifestaron más fuertemente su constante disconformidad y sus críticas hacia las políticas gubernamentales; y desarrollaron operaciones más radicalizadas, dentro de las cuales destaca su acción más emblemática: el asesinato del ex ministro demócrata cristiano Edmundo Pérez Zujovic (La VOP Vanguardia organizada del Pueblo…, 2012; Palma, 2013, pp. 279-305; Pomar, 2010, pp. 14961506; Pomar, 2011; Vanguardia organizada del Pueblo VOP, 2013).

En las siguientes páginas nos proponemos analizar la incidencia de esta organización en la coyuntura de la época y el impacto y la repercusión política de una de sus operaciones más exitosas, el “ajusticiamiento” o asesinato del demócrata cristiano (DC), ex Ministro del Interior y de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Frei Montalva, señor Edmundo Pérez Zujovic. Dado lo anterior nos interesa dar respuesta a preguntas tales como: ¿Fue la VOP realmente una organización política-revolucionaria?, ¿quiénes pertenecieron a la VOP?, ¿por qué continuaron la lucha durante el gobierno de la Unidad Popular y de qué forma sus acciones impactaron en la actividad política de la época? y ¿cómo repercutió el atentado a Pérez Zujovic en la coyuntura política? Creemos que la experiencia de la Vanguardia Organizada del Pueblo es fundamental para comprender las dinámicas políticas del periodo en estudio y, más aún, nos permitirá demostrar cómo un pequeño grupo, carente de un programa político amplio y claro, con escasa reflexión teórica y alejado de las relaciones con los partidos políticos tradicionales, logró poner en jaque al gobierno de la Unidad Popular, a través del impacto y la repercusión de una de sus operaciones puntuales, ya que con su accionar fue capaz de causar el quiebre definitivo entre el Partido Demócrata Cristiano, la izquierda y el gobierno de la Unidad Popular, lo que permitió el acercamiento entre la DC y la derecha y por ende, el inicio de la gestación del golpe militar de 1973.

Violencia política, delincuencia y subversión. El surgimiento de la VOP y los inicios de su accionar político-delictual.

En general es ampliamente aceptada la definición propuesta por Lewis A. Coser, quien ha caracterizado al conflicto social como una lucha en torno a valores, pretensiones y objetivos de los participantes del conflicto, los cuales no responden sólo para la obtención de los valores deseados, sino también a la acción para contrarrestar, dañar o destruir a sus rivales. Lo anterior puede desarrollarse entre individuos, entre colectividades o entre individuos y colectividades (1956,pp. 15-33; 1970, pp. 23-107). El historiador español Eduardo González Calleja (2002), por su parte, ha destacado que la violencia y el fenómeno violento con su derivado de la violencia en política, deben ser vinculados al conflicto y al cambio social ya que “la violencia es una manifestación del conflicto y el conflicto es una condición necesaria (pero no suficiente) para que surja la violencia” (p. 61). En este sentido, el conflicto político-social y la violencia política hacen referencia a los desacuerdos que afectan a diferentes grupos al interior de la sociedad, en relación con la distribución de recursos materiales o simbólicos, y a la profunda divergencia que se produce en torno a sus metas e intereses, operando en favor de la formación de poderes alternos, que cuestionan la autoridad y definen nuevas alternativas de poder (Benjamín, 1998, p. 24-25; Gruner, 1997, pp. 31-49; Howard Ross, 1995).

Para comprender las dimensiones reales de la violencia política, entendida esta como una táctica y estrategia de lucha racional, para la consecución o imposición de objetivos sociales y políticos de forma rápida, lo cual es difícil de alcanzar en el juego político convencional pues hay poca receptividad a tales requerimientos (Aróstegui, 1994, p. 36; Calleja, 2002, p. 266); es necesario tomar en consideración los factores internos y externos, estructurales y estratégicos, ya que los modos de violencia política varían notablemente en su forma, frecuencia y capacidad destructiva, según la costumbre, cultura, coyuntura política o la evaluación razonada de posibilidades. Lo anterior, se debe a que en el momento de actuar cada colectivo despliega sus propios repertorios de lucha, en función de sus tradiciones, organización, recursos, objetivos y oportunidades específicas (González Calleja, 2002, pp. 401, 411-413; Tarrow, 2004; Tilly, 2007).

Desde la perspectiva anterior, la Vanguardia Organizada del Pueblo constituye un caso particular, ya que no tuvo un carácter insurgente, pre o sub-revolucionario, y tampoco fue protagonizada o apoyada por una élite, sino por un sector específico y acotado de la población, que anhelaba cambios radicales en el sistema político o social, el cual no disponía de los recursos necesarios para arriesgar un enfrentamiento masivo, directo y decisivo contra el Estado. En este sentido la VOP se vio obligada a optar por estrategias de lucha, que supusieron una menor implicación humana y material, aunque por su intensidad y duración acarrearon elevados costes sociales, debido al impulso de cambios radicales al sistema político, social y económico.2 Lo anterior, permite interpretar que la violencia política, y específicamente las acciones político-delictuales desarrolladas por la Vanguardia Organizada del Pueblo eran vistas por la organización como un recurso al servicio de un proyecto político. En este sentido, se entiende la violencia política –individual y colectiva– de la VOP como un método y una táctica de acción política, sea o no bien definidos y conscientemente formulados (doctrinarios), emitidos de manera racional y reflexiva, con un objetivo claro; y también su accionar, entendido como una respuesta espontánea al ambiente de coacción y enfrentamiento político-ideológico que dominó el periodo, en el quetuvo primacía el ámbito político como principal agente de conflictividad (González,2002, pp. 12, 57-63 y 264; González, 2008, pp. 191-239; Marchesi y Yaffé, 2009).

En este sentido, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) vio en la aplicación de la acción y confrontación violenta un recurso político y un medio de lucha y resolución de conflictos para la consecución de objetivos, mediante la imposición de sus términos en desmedro de otros (González, 2002, pp. 12-13; 401-411; Tarrow, 2004, pp. 55-56; Tilly, 1969, pp. 191-240; Tilly, 2007, pp. 25-53). De allí que el acto violento aplicado por la VOP haya encerrado tres componentes operativos fundamentales: la aplicación –o la amenaza de aplicación– de una fuerza física intensa de forma deliberada, con la intención de causar efectos sobre el receptor de la misma. Esta tríada: la intencionalidad del emisor, el tipo de fuerza aplicada y los resultados que la misma puede acarrear, permitió el desarrollo de una amplia gama de acciones violentas, que fueron desde los robos a mano armada y los ataques planificados hasta el asesinato político (González, 2008, pp. 192-193), o sea, como “otra forma de hacer política” (González, 2002, pp. 12 y 264).

La Vanguardia Organizada del Pueblo, como se dijo con anterioridad, fue constituida en agosto de 1969 por los hermanos Ronald (Miguel Compillay) y Arturo Rivera Calderón (el Hippie), Heriberto Salazar (el Viejo) e Ismael Villegas Pacheco (Francisco). Los hermanos Rivera Calderón pertenecieron a las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) y posteriormente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del cual fueron expulsados. Heriberto Salazar había sido dado de baja de las filas de Carabineros de Chile en 1968, por agresión a un oficial superior; mientras que Ismael Villegas Pacheco, de oficio tipógrafo, también había pertenecido a las JJ.CC. Villegas, mientras perteneció a las juventudes comunistas había formado un grupo fraccionario de nombre “Arauco”, ya que sostenía que los jóvenes comunistas debían recibir entrenamiento de tipo militar para hacer frente al aparato armado del Estado burgués. Esta actividad le mereció la expulsión de las JJ.CC., junto con otros compañeros, al poco tiempo se incorporó a las filas del MIR, no obstante en agosto de 1968 formó con los hermanos Rivera Calderón y Heriberto Salazar la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15).

Si bien la VOP ha sido considerada como una “sedicente guerrilla urbana”, carente de antecedentes y perfilamiento político e ideológico (Corvalán, 2000, p. 79), es posible afirmar que la VOP, en la práctica, sí tuvo un perfilamiento político-ideológico, marcado, claramente, por un insuficiente desarrollo teórico y programático, pero fundamentado constantemente en las críticas al gobierno y al sistema capitalista. Se declararon a sí mismos como una “organización socialista y revolucionaria dirigida por proletarios armados”, e influenciados por el Marxismo-Leninismo. Desde esta perspectiva, la VOP, a través de su accionar, intentó el ataque y el derrocamiento de las clases explotadoras y la burguesía, al igual que la transformación estructural de las relaciones económicas y sociales existentes, mediante la lucha armada y revolucionaria, lo que nos demuestra una clara postura política-ideológica (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15). De lo anterior, se entiende que en la Vanguardia Organizada del Pueblo participaran jóvenes alejados de las filas de las JJ.CC. y del MIR., algunos de tendencia anarquista, y en su mayoría radicados en las poblaciones de Santiago. Por esto es necesario comprender a la VOP no como un compacto ideológico, sino como una postura política generada de forma heterogénea y diversa, en donde la unión se gestó en la continuidad del accionar de la organización en contra del Estado (La VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012. pp. 7-8).

Sin duda, en Chile pocos grupos han sido tan silenciados y olvidados historio-gráficamente como la Vanguardia Organizada del Pueblo, sin embargo, a través de sus acciones político-delictuales y posteriormente de represalia y venganza, lograron poner en jaque la estabilidad política del gobierno de la Unidad Popular, y alteraron las relaciones entre los diversos partidos políticos durante el primer año del gobierno de Salvador Allende. Sus acciones delictivas de carácter político contribuyeron a la continuación de la lucha armada con un claro énfasis en la justicia social y, por ende, de rechazo total a la vía reformista e institucional proclamada por la UP y seguida por los partidos y organizaciones de izquierda a excepción del MIR.

Así, la VOP, entre los meses de diciembre de 1969 y julio de 1971, llevó a cabo una serie de operaciones político-delictuales, las cuales se convirtieron en constantes “recuperaciones” de automóviles, como también asaltos, robos y expropiaciones a bancos, supermercados, almacenes, bodegas y negocios; todo con el único fin de extraer dinero, productos alimenticios y de necesidad básica, al igual que el transporte para el desarrollo de las actividades de la organización. Debido a este accionar, la VOP se vio envuelta en constantes incidentes y enfrentamientos tanto con la policía de investigaciones como también con Carabineros de Chile.

El día 20 de diciembre de 1969, por ejemplo, integrantes de la VOP cometen un asalto en la Sucursal Santa Rosa del Banco Nacional del Trabajo, ubicada en la calle Tucapel 3095, y el 26 del mismo mes otro asalto a la sucursal Macul del Banco Osorno y La Unión, ubicada en la Av. José Pedro Alessandri 4257. En esta oportunidad fueron extraídos del banco 8.420 escudos y una pistola marca Room, calibre 22, de uno de los guardias. Sobre el incidente, el prefecto en jefe de Santiago, Jorge Maluenda, declaraba a los periodistas:

No creemos que se trate de un asalto cometido por el MIR. Se trata de un hecho muy mal ejecutado, que no tuvo una planificación anterior, cosa que no ha ocurrido en los atracos perpetuados por los extremistas. Creo que el uso de la bomba es una imitación usada por delincuentes comunes para luego hacer aparecer al MIR (Delincuentes se llevan 8 mil 420 escudos. Espectacular asalto a mano armada en un sucursal bancaria.1969, pp. 1 y 12).


Los delincuentes comunes, que declaraba el prefecto de la policía, eran los militantes de la VOP y dichos atracos fueron las primeras “expropiaciones” de una larga cadena de operaciones político-delictuales desarrolladas por el grupo durante los siguientes meses. Así, el día sábado 31de enero de 1970 –un mes después de los atracos bancarios– en un confuso incidente con Carabineros, muere en un tiroteo uno de los miembros fundadores de la VOP, Ismael Villegas Pacheco, alias “Francisco”, quien cumplía junto a otro compañero una misión asignada por la organización, sin embargo, un choque automovilístico en la calle Santa Elena con Avenida Matta terminó con una persecución policial y un posterior tiroteo entre el cabo de carabineros Luis Avendaño Orozco y los miembros de la VOP. El resultado de dicho tiroteo fue la muerte, en la esquina de calle Copiapó con Avenida Portugal, de Ismael Villegas; el carabinero resultó herido y los otros miembros de la VOP lograron huir del lugar (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15; Se investiga nuevo caso de extremismo, 1970, pp. 33 y 36). Según una declaración dada por los detectives de la brigada de homicidios al diario El Mercurio, Villegas Pacheco no era un “delincuente común” y más bien pertenecía a una “organización extremista”. La suposición policial se reforzaba en la decisión de disparar al carabinero, lo cual no era una práctica habitual de los ladrones de automóviles, además, según la publicación el revólver usado era un Smith & Wesson calibre 38, arma que no estaba –según los detectives– al alcance de los delincuentes comunes (Se investiga nuevo caso de extremismo, 1970, pp. 33 y 36). Una de las células de la VOP, “El Grupo Liberación”, emitió a través de la prensa dos extensos comunicados aclarando la postura de la organización respecto al asesinato de unos de sus miembros:

A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile: COMPAÑEROS: Ante el asesinato a mansalva de nuestro camarada Ismael Villegas Pacheco (“Francisco”) …nosotros, Grupo Liberación, declaramos: 1.- Que estamos conscientes que la muerte de nuestro compañero “Francisco” no es el primer crimen, ni el último, que la policía, instrumento de las clases adineradas, comete contra el movimiento revolucionario socialista de América Latina; antes hubo muchos otros que murieron de igual forma, luchando por la liberación de sus pueblos. 2.- Que no ignoramos la magnitud de nuestra responsabilidad frente al pueblo de Chile y de América sojuzgada. 3.- Que comprendemos, y queremos que los demás hermanos de lucha comprendan, lo que significa para el movimiento revolucionario de Chile, el crimen alevoso de nuestro camarada “Francisco”: la burguesía y el imperialismo siempre han actuado así frente a quienes exponen sus vidas por liberar al pueblo y frenar a quienes se oponen resueltamente, con las armas en la mano, al poder reaccionario del crimen. 4.- Que la muerte de “Francisco” es para nosotros un golpe rudo y doloroso, pero su ejemplo de heroísmo revolucionario nos guiará en la lucha por la revolución socialista y debe también guiar a los revolucionarios de Chile. 5.- Que el crimen de “Francisco” no es sino una muestra más de cómo el poder burgués actúa y actuará en contra de la clase obrera y campesina de Chile y de los revolucionarios ¡la izquierda no se debe engañar más!
6.- Que, desde hoy, los que quieran verdaderamente cambiar la actual sociedad deben dejarse de engañifas “democráticas” y tomar realmente el único camino posible de cambio: la lucha armada popular y revolucionaria. 7.- Que, desde hoy, el movimiento revolucionario no debe trepidar en ajusticiar a los que se opongan a la revolución, quienes quieran que sean. A cualquiera que se oponga a las tareas revolucionarias se le ajusticiará como se merece: como un esbirro y un criminal al servicio de la burguesía. ¡Eliminar los obstáculos, esa es la consigna! ¡POR LA RAZÓN Y LA FUERZA! ¡VENCEREMOS! GRUPO LIBERACIÓN. VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PUEBLO, ENERO 31 DE 1970 (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15)

Según continuaba este comunicado, con los hechos ocurridos. La lucha revolucionaria en Chile tomaría otro cariz, un cariz más consecuente y más decidido y que no admitiría “inocentes”, debido a que la guerra por la liberación de América y de Chile y por la creación de la sociedad socialista futura había comenzado y la vida de un revolucionario es muchísimo más valiosa que diez, cien, mil vidas de policías y “cerdos de terno”, o sea la policía de Investigaciones (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, p. 15). Otro comunicado de la VOP, emitido el mismo día, era dirigido a los familiares, amigos y compañeros de Ismael Villegas Pacheco, y recitaba:

Por razones de más conocidas por ustedes, no podemos presentarnos a despedir a nuestro camarada y amigo Ismael Villegas Pacheco, conocido por “Francisco”, su nombre político revolucionario: con ese nombre fue asesinado por la policía burguesa y con ese nombre lo recordaremos; como Ismael quedará entre ustedes, sus familiares y amigos y así lo recodarán; pero una cosa es clara: “Francisco” murió luchando por la revolución socialista, es decir, murió luchando por el pueblo. Así es que su nombre verdadero quedará como Ismael “Francisco” Albino Villegas Pacheco, para siempre. No podemos separar al padre de familia y al revolucionario: en él eran una misma cosa. “Francisco” no murió como delincuente, como afirman los diarios al servicio de los explotadores del pueblo chileno, para nublar la mente de los explotados. “Francisco es un revolucionario, porque como revolucionario no ha muerto: vivirá para siempre en las páginas de la historia de la revolución. Un hombre honesto y consecuente, porque comprendió que la única manera de acabar con la explotación y la miseria es luchando con las armas en la mano, y murió con las armas en la mano. Habrá muchos como él, pues es un ejemplo de verdadero heroísmo revolucionario, no dejó de disparar hasta que la bala mortífera le llegó a él. …Ustedes y nosotros debemos recordarle como lo que verdaderamente fue y no como pretenden los diarios burgueses que sea. “Francisco” Ismael fue un revolucionario y no un delincuente común. “Francisco” fue, es y será un revolucionario siempre. Por último, queremos decir que nuestra responsabilidad y nuestra lucha por la revolución, que debe ser la responsabilidad y la lucha de los explotados, se acentuará en muchos grados más: un revolucionario como “Francisco” vale diez, cien, mil veces más que la vida de un policía.
Un abrazo revolucionario para todos”. ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE! 31 de enero 1970. GRUPO LIBERACION VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PUEBLO (La VOP. Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012, pp. 122-124).

En una entrevista realizada por la revista Punto Final a algunos dirigentes de la VOP, a raíz de la muerte de Ismael Villegas, se les consultó sobre los propósitos de la organización:

Nos propusimos fundamentalmente crear cuadros político-militares que en el momento adecuado pudieran responder plenamente a la problemática técnica de la revolución, es decir, la preparación de cuadros capacitados para enfrentar con fuerza a las fuerzas represivas (¿Vía pacífica? La policía ya comenzó a matar revolucionarios, 1970, pp. 4-7).


Respecto a la diversidad de grupos en la izquierda revolucionaria los dirigentes de la VOP señalaron “la unidad dependerá en gran parte de la concreción de una verdadera vanguardia del pueblo” y agregaban que habían tres posibles tipos de unidad: una entendida como la suma de las organizaciones existentes; otra “como la unidad en la acción, que ya es un hecho y si no tiene mayor resonancia política es por falta de coordinación de ésta y su falta de relación con la lucha de clases en que cae a veces”; y una tercera entendida como la colaboración técnica de los diferentes grupos. Para la VOP “toda unión de la izquierda revolucionaria” debía estar basada en “la aplicación de un método marxista leninista de análisis y una consecuente honestidad revolucionaria para proclamar como objetivo último el derrocamiento de las clases explotadas, la transformación profunda de las relaciones económicas existentes, la creación del hombre nuevo desechando todo lo que signifique retórica, conciliábulos innecesarios, palabrería inútil” (¿Vía pacífica? La policía ya comenzó a matar revolucionarios, 1970, pp. 4-7).

Posterior a la muerte de Ismael Villegas, la VOP siguió con las operaciones político-delictuales. Así, por ejemplo, el día 8 de febrero de 1970 fue asaltado el puesto de Loncoleche ubicado en la calle Diez de Julio y fueron robados algunos automóviles (Ayer fue asaltado un local de Loncoleche en el centro de Santiago, 1970, p. 33). El desarrollo de dichas acciones político-delictuales (expropiaciones) eran parte del repertorio de estrategias de la organización; el dinero obtenido o expropiado era entregado a la Comandancia Central y de allí destinado a gastos operacionales y compra de armamento. La aplicación de este tipo de estrategias no fue una medida aislada en el periodo, y al igual que el MIR, la VOP consideraba de primera medida: “la realización de acciones expropiadoras que permitieran el financiamiento de la organización y así mismo asestar un golpe a la banca privada, pilar de la economía capitalista” (A los obreros, campesinos y estudiantes revolucionarios de Chile, 1970, pp. 14-15).

El gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, en conjunto con los Carabineros y la policía de Investigaciones, comenzó rápidamente la persecución y la realización de operativos para poder desarticular la VOP, por lo que efectuó varias detenciones de sus integrantes como, por ejemplo, la de cuatro estudiantes, quienes fueron interceptados por la policía y detenidos por viajar en un automóvil -propiedad de uno de ellos-sin documentos. Los jóvenes pertenecientes a la VOP fueron puestos a disposición de la justicia como “delincuentes comunes” y se les acusó de diecisiete delitos que iban desde el robo de automóviles hasta el asalto de bancos. Según la revista Punto Final este tipo de detenciones era otra forma de lucha del gobierno democratacristiano y de la policía, en contra del “despertar revolucionario de la juventud obrera y estudiantil”. Según esta publicación los detenidos eran Leonardo Farfán Guerra (23 años, alumno de tercer año de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile), Eduardo José Magaña Torres y Juan Gabriel Carvajal Berrios (19 y 18 años respectivamente, ambos licenciados secundarios) y Arturo Rivera Calderón (19 años, estudiante de sexto año de humanidades en un liceo nocturno) (Otras calumnias de la policía, 1970, pp. 6-7).

La revista Punto Final conversó con los vecinos de la Población Macul quienes confesaron que: “el verdadero delito de estos jóvenes delincuentes ha sido el de cuestionar la estructura social del sistema enfrentando a la sociedad y su aparato represivo” (Otras calumnias de la policía, 1970, pp. 6-7). Las detenciones de algunos integrantes de la VOP hicieron presumir a la prensa y al gobierno sobre una posible desarticulación de la organización. Sin embargo, y aún con algunos de sus miembros en la cárcel, las operaciones político-delictuales continuaron, incluso de manera más intensa. De igual modo, Punto Final denunció constantemente las torturas y abusos a los que se vieron sometidos en prisión los militantes de la VOP. Ronald Rivera Calderón, a través de una carta, denunció dichas prácticas:

Se nos ha tachado de delincuentes comunes. Esta afirmación ya nadie la cree.
El gobierno pretende cerrar los ojos ante una fría realidad. Esta realidad indica que el obrero, el trabajador y el estudiante ya se cansaron de escuchar patrañas, mentiras, promesas que no se cumplen. Han dicho ¡Basta!, y se han incorporado de lleno en la lucha clandestina. …la VOP está orgullosa de contar entre sus filas con los mejores hombres de la clase proletaria: porque su presencia en nuestra organización es reflejo del despertar de la clase obrera, que por primera vez en Chile se incorpora de hecho a la lucha armada por el socialismo. Por lo cual, exigimos el trato de reos políticos que merecemos…hemos de decirle -a la policía- que las redes clandestinas no se rompen con torturas: tampoco pueden con torturas apagar la llama revolucionaria que está encendiéndose en el corazón de los oprimidos” (Rivera, 1970, pp. 14-15).

La carta continuaba atacando al gobierno ya que según Arturo Rivera Calderón“con nuestra detención, en febrero, la policía informó que la VOP había dejado de existir, pero nuevos camaradas a los cuales personalmente no conocemos, han sido detenidos y la policía luego de ‘cargarle’ los mismos delitos que a nosotros… vuelve a decirque la VOP ha dejado de existir” (Rivera, 1970, pp. 14-15). De igual manera, informaba del “cinismo de los jefes policiales” que, según Arturo, “llega a extremos cuando desmienten la aplicación de torturas a toda clase de detenidos (entre ellos nosotros)”:

Los revolucionarios hemos sentido en carne propia estas torturas: ser sometidos a un camastro de fierro luego de ser amarrados de pies y manos; introducción de un palo envuelto en trapos sucios y malolientes en la boca para evitar gritos; bajada de pantalones y aplicación de descargas eléctricas en los testículos, pene, boca, sienes, oídos, estómago, piernas, manos, etc.; se pisan las manos haciendo girar el taco de la bota sobre ellas; se echa agua caliente por nariz y boca; patadas en riñones y estómago hasta provocar hemorragias y así innumerables torturas que dejan por el suelo nuestra falsa democracia. Una tortura muy usada por Carabineros, es la de hacer comer excrementos al detenido (Rivera, 1970, pp. 14-15).


Finalmente, la carta culminaba con una amenazante declaración de Arturo, en contra del Escuadrón de la Muerte–Grupo represivo, formado por el gobierno de Frei Montalva–, que manifestaba:

Les decimos que seguirán encontrándose con la VOP; continuaran las expropiaciones a entidades creadas para el robo y la explotación; seguirán las expropiaciones de elementos para la revolución… yo les digo nosotros no hemos buscado el enfrentamiento y cuando lo busquemos será en las condiciones y el lugar que nosotros fijemos. Y ahí verán los “héroes”, “valientes” etc., que su “escuadrón” sólo sirve para patear mujeres y niños y violar domicilios, etc., pero no para combatir mano a mano con revolucionarios que dan su vida por su ideal. La VOP está formada por camaradas de diferente extracción social… la VOP es algo más que una organización armada, es un grito de libertad del pueblo, porque la VOP forma puro pueblo. ARTURO RIVERA CALDERON. VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PUEBLO “VOP” CARCEL PÚBLICA (Rivera, 1970, pp. 14-15).


Según Jorge Pomar (2010), los integrantes de la VOP, al entrar en contacto con los delincuentes en la cárcel, experimentaron un “proceso refundacional” ya que supieron que la revolución debía realizarse con gente como esa (delincuentes), a quienes el sistema no les importaba para nada. Esto permitió, de acuerdo con este autor, que la “idea del caos” se instalara entonces definitivamente en los vopistas. La reflexión anterior justifica las declaraciones de Rivera Calderón:

La subversión debe hacerse con delincuentes, porque son los únicos no comprometidos con el sistema: los obreros luchan solamente por aumentos de sueldo, y los estudiantes son pequeños burgueses jugando a la política; en el hampa está la cuna de la revolución (Pomar, 2010, p. 1504).


A la par con las actividades de la VOP se desarrollaban las actividades de las campañas presidenciales para la elección del 4 de septiembre de 1970, las cuales estuvieron marcadas por la fuerte radicalización, ante la posibilidad de que la izquierda alcanzara el gobierno. Lo anterior, se vio reflejado en el incremento de la conflictividad política y la violencia entre militantes y adherentes al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, el democratacristiano, Radomiro Tomic y el socialista y representante de la Unidad Popular (UP) Salvador Allende Gossens. El resultado de la elección dio como ganador a Allende, lo que desató el pánico en Washington y la celebración en Cuba (Harner, 2013, pp. 78-95). Allende era partidario de un programa de gobierno popular sustentado por una amplia alianza de los partidos de izquierda comunista y socialista, los cuales debían estar en total relación con las bases sociales (obreros, campesinos y pobladores) para que todos juntos impulsaran la transformación social revolucionaria a través de la “vía chilena al socialismo”. En este sentido, Allende promulgaba un proceso de transición del capitalismo al socialismo y, por ende, el desplazamiento de la hegemonía de la burguesía por la clase trabajadora y la construcción de una nueva economía predominantemente socializada y planificada, la cual se haría de modo pacífico y en el marco del estado de derecho que garantizaba el respeto a las prácticas democráticas, el pluralismo político y las libertades ciudadanas (Riquelme, 2008, p. 81).

Allende asumió formalmente la presidencia en noviembre de ese año y de inmediato el gobierno de la UP amplió el gasto fiscal e impulsó medidas de carácter social, como el mejoramiento de los hospitales y la distribución de medio litro de leche al día para cada niño, también promovió la enseñanza preescolar, básica, media e industrial y también el acceso a la universidad. De igual manera, se introdujeron otras medidas más radicalizadas como la participación de los trabajadores en fábricas y empresas, la profundización de la reforma agraria y la nacionalización de la banca y el cobre (Angell, 1993, pp. 61-89; Collier y Sater, 1998, pp. 284-306; Garcés, 1976; Riquelme, 2008, pp. 81-109). También se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba, lo que motivó que Estados Unidos aumentara su influencia en el cono sur e intensificara sus relaciones con sectores castrenses y con la oposición no marxista al gobierno (Harner, 2013, pp. 120-104). Según el historiador norteamericano Peter Winn (1986), la experiencia de la Unidad Popular significó una doble revolución y una gran encrucijada, debido a que se impulsó una revolución desde arriba, liderada por Allende y los partidos políticos y una desde abajo, liderada por las bases sociales (trabajadores y pobladores). Lo anterior provocó que la creación “del poder popular”, los cordones industriales y la toma de fábricas respondieran al clima de revolución social, creado por la misma izquierda y la UP, y despertaran la reacción de la derecha. De igual manera, la izquierda se vio envuelta en una encrucijada, ya que al aceptar las transformaciones radicales no estaba en concordancia con su propuesta de llevar a cabo transformaciones pacíficas y legales.3

A pesar del impulso de medidas como las anteriores, el gobierno fue visto, por algunos componentes de la izquierda y por las bases sociales, como reformista y no revolucionario. El MIR, por ejemplo, se vio envuelto en constantes disputas y críticas al gobierno y a su programa. Por este motivo, se alentó, constantemente, a los campesinos para que corrieran los cercos, y tomaran y ocuparan los fundos, como forma de acelerar la reforma agraria; también se animó a los pobladores para que ocuparan terrenos y a los obreros para tomar las fábricas.

Luis Oscar Pérez Azócar, militante de la VOP, recuerda que con la llegada de Allende a la presidencia “la VOP consideró que nada había ocurrido, que todo seguía igual” (Pérez, 1972, pp. 16-19). Allende incitó a los militantes activos a dejar las armas para iniciar la vía pacífica hacia el socialismo, sin embargo, los militantes de la VOP rechazaron el llamado y continuaron en la lucha, ya que para ellos no había existido cambio alguno, más aún, este era el preciso momento para agudizar el enfrentamiento (La VOP Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012. p. 17). El gobierno, a finales de diciembre de 1970 realizó un indulto masivo de presos a través de la emisión del decreto presidencial Nº 2071. Según informó La Prensa de Santiago, el gobierno indultó a 43 “extremistas de extrema izquierda” acusados de participar en una serie de delitos comunes y políticos, tales como la instalación y participación en centros guerrilleros, asaltos y robos a mano armada, lesiones a carabineros y otras acciones delictivas que motivaron juicios, tanto en juzgados civiles como en tribunales militares. Los beneficiados, según esta publicación, fueron todos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), los cuales estaban condenados, procesados o prófugos de la justicia en el momento en que se dio a conocer el decreto presidencial Nº 2071 que los indultaba (43 procesados del MIR y VOP, 1971, p. 17; Gobierno indultó a 43 extremistas, 1971, p. 1). Sin embargo, dicho indulto fue rechazado por la Contraloría General de la República y aprobado mediante el Decreto de Insistencia Nº 2092 el 28 de diciembre de 1970. La intención del gobierno era que, a través de este tipo de gestos, los militantes de estos grupos (MIR y VOP) se incorporaran a la vía pacífica (La VOP Vanguardia Organizada del Pueblo…, 2012, p. 13). Entre los beneficiados con el indulto que pertenecían a la VOP se encontraba Arturo Rivera Calderón, Raúl Stroz y René Vargas. El MIR por su parte decidió suspender cualquier acción armada y las expropiaciones a bancos durante el gobierno de la UP, pero la VOP –y al poco tiempo de la entrada en vigencia del indulto– radicalizó sus operaciones político-delictuales e ingresaron a sus filas nuevos militantes (Sigmund, 1977, p. 99). Así, durante la madrugada del 31 de enero de 1971, cinco integrantes de la VOP fueron sorprendidos por una patrulla de la policía de investigaciones, mientras pintaban propaganda política en los muros de la intersección de las calles Ramón Carnicer y Avenida Bustamante en la comuna de Providencia. Según el periódico La Prensa de Santiago los policías “conminaron a los extremistas a detener su trabajo y entregarse” pero estos respondieron utilizando las armas de fuego que portaban y a continuación se trabó entre ambos grupos una intensa balacera. A consecuencia de lo anterior, quedaron heridos Fernando Gutiérrez y Guillermo González, mientras los otros tres integrantes de la VOP se dieron a la fuga (¿Serán indultados? Compañeros terroristas balearon a detectives, 1971. p. 1). Posteriormente, mediante allanamientos policiales fueron detenidos en la Población Santa Julia en el sector de Macul, Patricio Dagach Rabí, David Alcayaga Díaz y Fabián Ahumada. Según la misma publicación se encontraron en su poder armamento, principalmente dos pistolas calibre 7.65; tres automóviles robados de marca Fiat, dos de ellos modelo 1500 y el otro 600, y placas patentes pertenecientes a otros automóviles robados. Los cinco integrantes de la VOP fueron puestos a disposición de la justicia, acusados de homicidio frustrado a personal policial, robo de autos y porte ilegal de armamento (¿Serán indultados? Compañeros terroristas balearon a detectives, 1971. p. 1). Según La Prensa de Santiago: “la VOP, autores de varias “expropiaciones” registradas los dos años anteriores han continuado actuando aun después de la asunción de Salvador Allende al poder, manifestando su disconformidad con la política gubernamental” (1971. p. 1). Ante los sucesos, el “Comando Nacional” de la VOP emitió las siguientes declaraciones:

A los compañeros trabajadores: Ante los sucesos acontecidos el domingo 31 de enero, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) informa lo siguiente: Encontrándose en funciones de propaganda revolucionaria el comando “Ismael Villegas Pacheco” (Francisco) fueron baleados por los perros guardianes de la burguesía, los “tiras”. La prensa los ha acusado de delincuentes por haber encontrado en su poder unos vehículos expropiados. La comandancia se hace responsable de la expropiación de esos vehículos y deja en claro que los compañeros revolucionarios detenidos pertenecen a la Vanguardia Organizada del Pueblo, y que están dispuestos a dar su vida si es preciso por una causa en favor de la clase proletaria. Así lo demuestra su frente limpia y su brazo rebelde en alto sin traiciones a la clase obrera ni pactos con la burguesía. Advertimos que responderemos golpe por golpe, muerto por muerto. ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE Y HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE! Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). Comandancia Nacional (Mayúsculas y negritas en el original) (A los compañeros trabajadores, 1971, p. 9).

Seis días después del incidente, con la policía de investigaciones, la prensa informó sobre una nueva operación político-delictual de la VOP, esta vez el asalto a la Ferretería Santo Domingo, en Santiago centro, de donde se llevaron alrededor de 130 mil escudos de dinero en efectivo (Asaltantes de la VOP se hicieron humo, 1971, p. 8). Días después, a través de un comunicado, la VOP calificó este asalto como una expropiación y criticó a la prensa contrarrevolucionaria por atribuirles conductas delictuales, ya que según declaraban: “Todas [nuestras] acciones son en defensa de los trabajadores, nos responsabilizamos plenamente y asumimos el riesgo de que este gobierno popular nos aplique las leyes que heredó del orden burgués y con el cual no ha roto” (El mundo de fantasía del MIR y la VOP, 1971, p. 3).

Las acciones político-delictivas y las recuperaciones de dinero siguieron ejecutándose constantemente durante los primeros meses del gobierno de la UP. Así, por ejemplo, en el mes de marzo de 1971, la VOP realizó una expropiación de alrededor de un millón de escudos, luego de un allanamiento perpetrado a la casa de una comerciante apodada “La Sultana”. De la casa se expropiaron, según la prensa, “300 mil escudos en dinero efectivo, 4700 dólares en billetes, 200 mil dólares en cheques, 200 mil dólares en bonos y 400 mil escudos en cheques”, según el comunicado emitido por el “Comando Arnoldo Ríos Maldonado”, la VOP declaró:

Hemos actuado en contra de “La Sultana” por dedicarse al tráfico ilegal de dólares, haciendo como base de sus operaciones delictivas su local comercial en el pasaje Matte. Una parte de esta suma será entregada a nuestros hermanos de clase, ya que a ellos pertenece, realmente; el resto del dinero será para fortalecer nuestra organización aumentando la potencia de fuego de los fusiles vopistas, para aplicar en el futuro EL PAREDON REVOLUCIONARIO. Comando Arnoldo Ríos Maldonado (El paredón revolucionario “Comando Arnoldo Ríos Maldonado, 1971, p. 8).4


En abril de ese mismo año, la VOP realizó una nueva expropiación al supermercado EGAS, ubicado en San Joaquín y Gran Avenida. Sin embargo, el día 24 del mismo mes la VOP perpetró un robo con homicidio en la confitería “Don Raúl”, en el sector de Estación Central, de donde fueron expropiados más de 700 escudos y fue asesinado su dueño, Raúl Méndez. En el atraco participaron, según la prensa, Raúl Stroz y René Vargas, ambos beneficiados con el indulto presidencial de fines de 1970 (Son asesinos dos extremistas indultados por el gobierno, 1971, p. 1). El día 25 de mayo de 1971 las páginas del Diario La Prensa de Santiago informaron sobre un asalto ocurrido el día anterior a un furgón bancario de la sucursal Franklin, del Banco Sudamericano, que retiraba dinero desde el supermercado Montemar, ubicado en la calle Santa Rosa, esquina San Joaquín. Durante el atraco se produjo una balacera entre los integrantes de la VOP y los carabineros, que dejó un saldo de tres civiles heridos y la muerte del carabinero Tomas Gutiérrez Urrutia (El VOP asaltó furgón bancario. Extremistas asesinan a carabineros, 1971,p. 1). En esa misma publicación se reprodujo un panfleto que fue dejado en el lugar, con una declaración de la comandancia de la VOP. En este documento se informaba que el comando guerrillero “Francisco”, Ismael Villegas Pacheco había recuperado (expropiado) parte importante del dinero robado al pueblo, de una camioneta bancaria en la cual “los cómplices de los amos del dinero” (los contadores) lo recogían sistemáticamente de los diversos centros de explotación como fábricas, bodegas y supermercados:

Estos lugares han sido creados por los amos del sistema capitalista (sistema de explotación) para estrujarnos hasta la última gota de sangre: 1.- Crearon fabricas donde somos día a día pisoteados y humillados y se nos paga solo lo justo para no morirnos de hambre y con esto seguir explotándonos. 2.- Crearon supermercados y almacenes en los cuales nos dan escasos alimentos por el valor del dinero que nos tienen asignados (tarifas por capacidad de producción asignadas por el Estado) y que estamos obligados a gastar allí o en su defecto, para comprar ropa de mala calidad (desechos de los ricos) para mal abrigarnos.
3.- También crearon bodegas que son utilizadas para esconder mercadería y así poder subir los precios y con esto estrujar aún más nuestros escuálidos bolsillos. 4.- Los únicos que tienen todo y son los dueños de los bancos son los malditos ricos. Garantizamos a ustedes que iremos aplicando la justicia de los obreros a quienes nos han tenido humillados por largo tiempo, previo quitarles su capital que será devuelto a nuestros hermanos de clase, en parte, y también ayudar a perfeccionarnos aún más. Por último afirmamos una vez más nuestro propósito y decisión de lucha revolucionaria y a la vez te llamamos hermano de clase por los pisoteados y asesinados constantemente con armas de guerra, para que te unas a nuestras filas y te organices clandestinamente y formes muchas células guerrilleras que den golpes demoledores a todos estos perros desgraciados, causantes de todo nuestro sufrimiento hasta el día, hermanos, que seamos los dueños del poder político y económico y poder dejar de ser explotados, ser libres verdaderamente sin la tutela de los ricos ni de los intereses extranjeros o ajenos a nosotros. “Hasta el último hombre”. Comando político militar Francisco Ismael Villegas Pacheco. VOP, Organización socialista y revolucionaria dirigida por proletarios armados (Comando político militar Francisco Ismael Villegas Pacheco, 1971. p. 9).

Sobre este incidente, días después, La Tercera de la Hora informó que, a través de una llamada anónima a los estudios de la radioemisora “Presidente Balmaceda”, se logró encontrar en las dependencias del Cine Metro “una supuesta carta del movimiento extremista Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), en la que reconocen su participación en el asesinato del carabinero Tomas Gutiérrez Urrutia el pasado lunes 24 de mayo durante un asalto a una camioneta bancaria” (VOPreconoce en supuesta carta crimen de carabinero, 1971, p. 7). Según esta publicación, la carta acusaba al presidente de Chile, Doctor Salvador Allende, de mentir “cuando dice que en Chile no hay presos políticos ya que en las cárceles del país hay muchos compañeros del ‘VOP’ y del ‘MIR’ detenidos”. La policía política, por su parte, se presentó en el lugar a recoger la carta pero sin pronunciarse sobre la veracidad de ella. Sin embargo, según la publicación, la carta contenía “duros ataques contra el gobierno del presidente Salvador Allende y de los carabineros que custodiaban las camionetas bancarias y señalaba que ellos, los vopistas “No le hacen el juego a nadie y que continuarán fustigando a los ricos, ya que el gobierno del pueblo (Unidad Popular) los está tratando con mano muy blanda” (VOP reconoce en supuesta carta crimen de carabinero, 1971, p. 7).

La policía montó grandes operativos para capturar a los integrantes de la VOP, la capital fue “virtualmente aislada por piquetes armados de la policía” y numerosas poblaciones –entre ellas la Isabel Riquelme en la comuna de San Joaquín– fueron “sistemáticamente vigiladas y allanadas”, sin obtener mayores resultados (VOPreconoce en supuesta carta crimen de carabinero, 1971, p. 12). Durante la semana siguiente la VOP realizó una nueva operación, esta vez el asalto a las dependencias de la Industria Azucarera Nacional (IANSA) y las diligencias e investigaciones policiales sobre el esclarecimiento del asalto a la camioneta del Banco Sudamericano y la muerte del cabo Gutiérrez tuvieron un vuelco. La policía informó que el esclarecimiento del suceso cuando se descubrió que los autores “obedecían a los apodos o alias de “el oso” o “pelado Manuel”, “matasano”, “el hippie” y “el compillay” (Detenido herido no está implicado. Falló pista en el asesinato del cabo Gutiérrez. 1971, p. 18; Tenaz cacería para capturar a dos hermanos asesinos del carabinero, 1971. pp. 1, 13 y 21). Lo anterior permitió a la policía identificar a Ronald y Arturo Rivera Calderón. Según la Tercera de la Hora los asaltos habían sido cometidos por:

Un sector marginado de la VOP (VOP-2) que decidió por su cuenta y riesgo continuar las llamadas expropiaciones. Ellos alegando seudos ideales políticos actúan con impresionante sangre fría, sin respeto alguno por los seres humanos y dispuestos a sacrificar cuántas vidas sea necesario para lograr sus objetivos (Identificados los asesinos del carabinero, Ronald y Arturo. Ayer asaltaron la IANSA, 1971, pp. 1 y 7).


No existen registros que demuestren que la Vanguardia Organizada del Pueblose separara en VOP y VOP-2, como señalaba La Tercera de la Hora, y más bien estetipo de informaciones erróneas sobre las acciones u operaciones de la VOP respondíana la campaña iniciada por los medios de prensa en contra de la organización, ya quede esta manera se atacaba al gobierno de la UP como garante de este tipo de acciones.

La brigada de homicidios, por su parte, capturó a numerosos vopistas como presuntos implicados en el robo y homicidio, los cuales fueron dejados en libertad, al establecer su inocencia. Según la Tercera de la Hora, entre los detenidos se encontraba una joven anónima, quien fue sindicada como la esposa de Ronald Rivera “dirigente de la VOP, organización en la cual se ocultan ex convictos y delincuentes habituales que no han sido aprehendidos, pero que se sabe positivamente que son los que a la fecha prácticamente están dirigiendo las operaciones de ‘expropiación’, las que en más de una oportunidad terminaron en alevoso asesinato” (Capturada mujer clave en homicidio de carabinero, 1971, 08 de junio, p. 5; Fracasa cacería para ubicar a los asesinos del carabinero, 1971, p. 32).

Desde la lectura de los comunicados emitidos por la VOP, es posible sostener que la organización estuvo constituida por una serie de Comandos Políticos Militares (células) los cuales dependían de una Comandancia Nacional (Comando Central). Ronald Rivera Calderón actuaba con el cargo de “Comandante de Operaciones” y tomaba parte activa en todas las acciones del grupo. Daniel Vergara, por su parte, tenía el cargo de “Comandante Político”, mientras que Hugo Romero Navarro “el Víctor” estaba encargado de las operaciones de tesorería, y ocupaba el cargo de “Comandante Económico”. A los anteriores dirigentes, es interesante agregar a Heriberto Salazar Bello y Arturo Rivera Calderón, ya que ambos ejercieron una fuerte influencia en las decisiones de Ronald Rivera, por edad y lazos familiares. Si bien, las acciones político-delictuales de la VOP sobrepasan en mucho las aquí descritas, hemos decidido considerar solamente aquellas que fueron reivindicadas formalmente por la Vanguardia Organizada del Pueblo, a través de comunicados. Una lista detallada de las acciones de la VOP aparecen en el documento VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo (2012. pp. 149-159).

Sin embargo, no todas las operaciones de la VOP eran robos, asaltos y expropiaciones; y como bien lo ha demostrado la investigación de Samantha Avendaño (2012) a través de la recopilación de testimonios orales, para la VOP las “expropiaciones” de alimentos y productos de necesidad básica perpetradas a camiones, supermercados, almacenes y bodegas –para posteriormente repartirlo entre los más pobres– eran sustentadas bajo la idea de devolver al pueblo lo que se le había quitado, producto de la explotación. Robarles a los ricos para darles a los pobres no era un delito común, desde el punto de vista de la VOP, sino más bien “se trataba de devolverle al pobre, al obrero lo que a él por derecho y por trabajo le pertenecía y lo que el burgués les quitaba, explotándolo y adueñándose de las mercaderías de consumo básico”. Lo anterior, es interpretado como la faceta más humana, una especie de trabajo social al interior de las poblaciones, aunado a las tomas de terrenos, principalmente en sectores de la comuna de San Joaquín y la Población 23 de enero, en la comuna de Macul. Desde esta perspectiva, según Avendaño, sería posible pensar a la VOP como una organización que planteaba la acción como su bandera ideológica (Avendaño, Espoz y Obregón, 2012).

En síntesis, dichas acciones aquí descritas pueden ser interpretadas –y según las palabras de González (2002) –, como “otra forma de hacer política”. Desde esta perspectiva, y tomando en consideración que este tipo de acciones se desarrollaron en mayor medida bajo el contexto de la campaña presidencial de 1970 y los primeros meses del gobierno de la UP, es posible sostener la idea de que la VOP y sus militantes rechazaban la vía reformista y pacífica, al igual que el programa de transformación social radical, revolucionario e institucional proclamado por Allende, los partidos de izquierda y la UP (vía chilena al socialismo), ya que, como lo demuestra una de sus frases más comunes, “El pan que con sangre fue quitado, con sangre será recuperado”. En sus comunicados, la VOP denunció constantemente los abusos de “los centros de explotación”, criticó al gobierno reformista y a los “amos del sistema capitalista”, entre otros (Pomar, 2010, pp. 1496-1506). En este sentido, los integrantes de la VOP consideraron las gestiones del gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular y de los partidos de izquierda como acciones netamente reformistas y no como revolucionarias, y si bien la VOP no tuvo una propuesta programática más amplia de cambio social, a diferencia del MIR, esta organización vio en la violencia política, el robo, la expropiación y la justicia revolucionaria unos recursos al servicio de su proyecto político, y una opción estratégica para llevarlo a cabo.

El “ajusticiamiento” de Edmundo Pérez Zujovic y su impacto en la coyuntura política de la época

Durante la mañana del día martes 8 de junio de 1971 la VOP ejecutó su operación más significativa de “ajusticiamiento” y que tuvo un mayor impacto político, así como fuertes repercusiones para el gobierno de la Unidad Popular: el asesinato del empresario y político demócrata cristiano y ex Ministro del Interior y de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic, quien fue interceptado y acribillado a tiros en la comuna de Providencia, cuando se trasladaba en su vehículo particular en dirección al centro de Santiago, acompañado de su hija María Angélica Pérez Yoma (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 1).

Dentro de la tipología de la violencia estrictamente política, las acciones terroristas ocupan un lugar relevante. Tomando en consideración que esta acción fue la única de esta naturaleza, desarrollada por la VOP, interpretamos dicha acción desde la perspectiva propuesta por González (2002), que la califica como una respuesta al contexto socio-político y una forma de protesta popular; y no como un ejercicio característico del grupo o como un instrumento al servicio de una estrategia de subversión o de control, dentro del conjunto de las manifestaciones violentas de un conflicto político; a diferencia de las acciones político-delictuales y “expropiaciones” descritas anteriormente, las cuales sí formaron parte de las tácticas y estrategias del grupo (pp. 445 y 475).

La reacción al incidente fue inmediata, Allende se dirigió al país mediante una cadena nacional a través de las emisoras radiales, para anunciar que “un nuevo atentado a escala sediciosa se había consumado”, e intentó encuadrar el hecho criminal como un ataque para alterar la convivencia democrática. Señaló que los asesinos pertenecían a la extrema derecha y estaban impulsados por su afán de crear un clima caótico y desprestigiar su administración (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 1). Pocas horas más tarde, el director de investigaciones, Eduardo Paredes, informó que la hija de Pérez Zujovic había reconocido la fotografía de uno de los victimarios, Ronald Rivera Calderón “integrante del grupo terrorista de extrema izquierda VOP”, según Paredes, para perpetrar el asesinato se había utilizado la misma metralleta Carl Gustav de fabricación checoslovaca sustraída (expropiada) días antes en el asalto a la camioneta en el cual fue asesinado el cabo de carabineros Tomas Gutiérrez (Asesinado el exministro Pérez Zujovic , 1971, p. 1).

Allende tildó a la VOP como “los enemigos de la patria” y afirmó que el asesinato era “un atentado contra Chile”. De la misma manera declaró que “los criminales serán descubiertos, juzgados y condenados ejemplarmente” y que en minutos enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley que contemplara las más drásticas sanciones en contra de este tipo de atentados, ya que la iniciativa incluiría la cadena perpetua y la pena de muerte (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 1 y 16; Los enemigos de la patria no se detienen con nada, 1971, p. 2). Además, Allende, en una reunión con el Comandante de la Guarnición Militar de Santiago Augusto Pinochet, decidió nombrar a este último –Pinochet– como “Jefe de Zona”, ordenó el acuartelamiento de todas las fuerzas policiales y declaró la ciudad de Santiago bajo zona de emergencia, por lo que se impuso “toque de queda” entre una y seis de la madrugada. Lo anterior, bajo el argumento del uso de las atribuciones que le confería la ley Nº 12.927 de Seguridad Interior del Estado. Pinochet, por su parte, convocó a los miembros de las Fuerzas Armadas, Aérea, Carabineros y demás miembros de la policía para que permanecieran en “estado de alerta”, mientras el gobierno decretaba duelo nacional los tres siguientes días (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 16).

El asesinato de Pérez Zujovic fue ampliamente cubierto por la prensa. El Mercurio, por ejemplo, lo tildó como “una acción tipo comando en que actuaron con sangre fría, crueldad y calculada premeditación tres individuos que ametrallaron y asesinaron al ex ministro” (1971. p. 1); también véase La Tercera de la Hora (1971. p. 2); mientras que el periódico francés Le Monde, vinculaba a la VOP con la ultra derecha e informó que, al igual que el asesinato del general René Schneider, este incidente era provocado por elementos de la ultraderecha para culpar a la izquierda y causar inestabilidad al interior del país (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 25). Rafael Agustín Gumucio, miembro del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) declaró que: “condenamos ampliamente y esperamos que se aclare cuáles han sido los móviles políticos que han motivado este crimen” (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, pp. 19-21). Por su parte, la comisión política del Partido Comunista condenó en términos enérgicos el asesinato, declarando que: “El asesinato político es completamente extraño a las prácticas chilenas y si se han cometido es precisamente para alterar las normas de convivencia democráticas gestadas y defendidas por la clase obrera” (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 21).

Miguel Henríquez, Secretario General del MIR, después de sostener una reunión de suma urgencia con Allende, en La Moneda, declaró que: “desde hace cuatro años han repudiado en forma categórica y pública el atentado personal y el terrorismo como forma de lucha del pueblo hoy en Chile” (El MIR condena el crimen de Pérez Zujovic, 1971, p. 19).5 Por otra parte, los Carabineros y la Policía de Investigaciones fueron asesorados por el jefe de zona de emergencia, Augusto Pinochet y por el ejército, para llevar a cabo las redadas y allanamientos ejecutados en la capital, posteriores al asesinato, y que se extendieron durante la siguiente semana. La Tercera de la Hora, por ejemplo, informó que luego de perpetrado el asesinato “se desató la más impresionante cacería humana de todos los tiempos”, para capturar al despiadado y frío asesino que de doce tiros le quitó la vida a Pérez Zujovic (Gigantesca redada nocturna para ubicar el feroz asesino, 1971. pp. 12-13).

Según El Mercurio, Carabineros, la Policía de Investigaciones y hasta el servicio de la Defensa Nacional fueron movilizados con todos los medios disponibles, para “cazar al asesino” identificado oficialmente como Ronald Rivera, ese “monstruo humano”, –según esta publicación– era el mismo que el lunes de la semana antepasada había dirigido a un grupo de “cuatro pistoleros” que había asaltado la camioneta del Banco Sudamericano y matado a tiros y por la espalda al cabo de carabineros, Tomás Gutiérrez Urrutia, robándole su arma de servicio –una metralleta Karl Gustav–, la cual había sido empleada “ayer en el bárbaro homicidio del destacado hombre público” (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 1) (Gigantesca redada nocturna para ubicar al feroz asesino, 1971, pp. 1, 12 y 13).

Cuando la noche cayó sobre la ciudad, según La Tercera de la Hora, comenzó “la más gigantesca operación policial de que se tenga historia en los últimos cincuenta años”. Todas las fuerzas policiales fueron acuarteladas y más tarde lanzadas a la calle. “Poblaciones enteras comenzaron a ser allanadas y esta madrugada la actividad no tenía límites”. Se operaba con todos los medios disponibles y con una decisión absoluta de capturar a los fríos asesinos que actuaron con una audacia y sangre fría impresionantes (Asesinado el exministro Pérez Zujovic, 1971, p. 13). La detención de Ronald Rivera y los miembros de la VOP se transformó en prioridad nacional para la Policía de Investigaciones, Carabineros y algunos cuerpos del ejército.

El asesinato también fue ampliamente condenado en la oposición, el Partido Nacional y la Democracia Radical objetaron al gobierno al declarar que “el crimen constituía la culminación de una serie de atentados emprendidos por elementos marxistas armados con quienes el gobierno había observado complaciente debilidad”. Ambos partidos sostuvieron que el gobierno debía asumir su propia responsabilidad, absteniéndose de descargarla en sectores de oposición (Chile, 1971, pp. 3-8). El Partido Demócrata Cristiano exigió además que el crimen fuera investigado por el ejército y emitió una declaración pública en la cual expresaba que:

Este crimen era consecuencia, al igual que numerosos otros atentados, del clima de violencia mantenido por órganos de difusión directamente dependientes del gobierno o de los partidos de la Unidad Popular, sin que las autoridades hicieran nada por poner coto a sus desbordes (Los enemigos de la patria no se detienen con nada, 1971, p. 4).


En ese mismo documento la DC planteó al gobierno cuatro exigencias que calificó de perentorias y definitivas: primero, la disolución de los grupos armados existentes en el país y la restitución de su autoridad a los Carabineros y la policía civil; segundo, la incautación de estas armas y su entrega a la autoridad militar o Carabineros; tercero, la entrega de la dirección de la investigación a los servicios de inteligencia militar, por no haber confianza en la actual jefatura de Investigaciones; y cuarto, el cese de la campaña de difamaciones sostenida por los órganos de difusión oficialistas contra partidos y personeros de oposición (Los enemigos de la patria no se detienen con nada, 1971, p. 4).

La VOP por su parte tildó el asesinato como un “ajusticiamiento revolucionario”, ya que desde su perspectiva ellos no habían desarrollado ningún crimen, sino un acto de justicia, ya que Pérez Zujovic, desde su cargo de ministro del gobierno anterior, había ordenado el asesinato de un grupo de trabajadores en Puerto Montt, en la llamada “Masacre de Puerto Montt” o “Matanza de la pampa Irigoin”; por lo cual, su muerte era interpretada como una represalia por su responsabilidad en aquel suceso. Mediante un panfleto, encontrado luego de explotar un basurero en la Universidad Católica, la VOP declaraba que:

Ante el ajusticiamiento revolucionario del masacrador E. Pérez Z. Declaramos que: 1.- Constituye un acto de justicia que llena de alegría el corazón del pueblo. 2.- Rendimos un homenaje a los revolucionarios asesinados por el grave delito de ejecutar a un miserable. 3.- El juego al imperialismo, se lo hacen quienes tienen a los trabajadores desorganizados y sumidos en la más grande ignorancia política. 4.- Agentes de la CIA son los que denuncian, reprimen y asesinan a los revolucionarios. 5.- La reacción ha avanzado lo que la burócrata UP y su ala izquierdista revolucionaria han retrocedido. 6.- La burguesía gobierna hoy a través de la UP y la CIA reprime a través del aparato de investigación popular. 7.- El proyecto de leyes represivas ya lo conocen los revolucionarios de Argentina, Uruguay y Brasil. 8.- Chile vive hoy un golpe militar disfrazado”. ¡LOS COMBATIENTES NO SE LLORAN… SE REMPLAZAN! CON ELLOS… ¡HASTA EL ULTIMO HOMBRE! ¡O HACER DE CHILE LIBRE O MORIR POR LA REVOLUCION! (La VOPVanguardia Organizada del Pueblo, 2012, p. 131).


Los operativos policiales permitieron capturar rápidamente a miembros de la VOP en las ciudades de Arica y Antofagasta, los cuales fueron traídos en helicópteros hasta Santiago. En la capital, los operativos y allanamientos continuaron arduamente durante los siguientes días, sin mayores resultados, hasta tres días después de cometido el asesinato. A través de la llamada de una vecina del sector de Villa Esmeralda, ubicada en la población El Pinar, en la comuna de San Joaquín, la policía logró dar con el paradero de Ronald Rivera, sin embargo, Rivera consiguió burlar el cerco policial y las balas, y escapó en un automóvil que dejo abandonado minutos más tarde en la entrada de la población La Legua, para continuar su huida a pie (Espectacular cacería. Asesino eludió cerco de balas, 1971, p. 1). Como resultado de esta situación, en las horas posteriores se realizaron allanamientos masivos en el sector, los que incluyeron la presencia de helicópteros y tanquetas militares. Con el trascurso de los días, la policía encontró algunas casas utilizadas por miembros de la VOP en el área, sin embargo, ellos lograron evadir los cercos policiales (En punto muerto las pesquisas para capturar a Ronald Rivera, 1971, p. 12).

Mientras tanto, la contraofensiva democratacristiana y las detenciones de otros miembros continuaron (Asesinato estaba destinado a alterar la institucionalidad, 1971, p. 24; Espectacular acción de las fuerzas policiales. Cuatro detenidos por el asesinato de carabineros y ex ministro, 1971, p. 27). Dos días después, el 12 de junio, la Policía de Investigaciones, a través de los interrogatorios a vecinos de militantes de la VOP, llegó durante la madrugada a una casa con garaje, ubicada en la calle Coronel Alvarado 2711, en el sector de Vivaceta e Hipódromo Chile. El subdirector de Investigaciones, Carlos Toro, encabezó el operativo. Sin embargo, desde el interior de la casa son recibidos con una “ráfaga de balazos” y como resultado quedó herido un detective. Carlos Toro pidió refuerzos a carabineros, a través del prefecto César Mendoza y al jefe militar de la guarnición de Santiago, Augusto Pinochet. Según la información de la prensa llegaron alrededor de doscientos detectives, un centenar de carabineros de la prefectura de servicios especiales y efectivos del Regimiento de Infantería Nº 1 Buin, a cargo de Pinochet; apoyados de dos helicópteros y vehículos blindados. En el interior de la casa se encontraban algunos miembros de la VOP, entre ellos los hermanos Rivera Calderón, Carlos Rojas, Juan Carvajal, Juan Oscar Pérez, Carlota Bellebone (Natacha), Carmen Silva (Corina) y su hija Mariana, quienes decidieron atrincherarse y resistir el allanamiento. Repelieron las fuerzas policiales desde los techos, con lo que se desató –según El Mercurio– un enfrentamiento a balazos que se prolongó por cinco horas, desde las 3:30 de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana. Al operativo se sumaron dos helicópteros de la Fuerza Aérea y uno de carabineros, al igual que vehículos blindados (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete heridos, 1971, p. 1).

Una tanqueta de carabineros logró derribar el portón de la casa y alrededor de las 7 am, salieron de la casa las tres mujeres y Juan Oscar Pérez, quienes se rindieron y entregaron a la policía. Los demás miembros de la VOP, por su parte, siguieron resistiendo a la policía y al ejército. El ejército decidió ocupar los tejados de una fábrica cercana con lo que quedó en mejor posición de tiro que los vopistas. Así, Ronald Rivera es alcanzado por uno de los disparos, muriendo en el lugar. La policía y el ejército intensificaron el ataque e hirieron a Arturo, quien ante la presión policial, y según la prensa, decidió darse un tiro en la sien, quedando agónico en el lugar y falleciendo en la Posta horas más tarde; los otros vopistas se infringieron heridas y fueron detenidos y llevados a la Posta Central (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete heridos, 1971, p. 1) Según El Mercurio, las fuerzas policiales, al entrar al garaje de la calle Coronel Alvarado, se encontraron con:

Más de 20 armas de diferente tipo, entre ellas dos metralletas Carl Gustav, pistolas, ametralladoras Lugger, revólveres, balas de diverso calibre, transmisores, un generador de energía, un mimeógrafo, volantes del VOP, sacos de dormir, televisores, etc. [también] más de un centenar de carnet de identidad en blanco, con timbres, estampillas y firmas, listos para ser llenados… todo esto hace pensar a la policía que detrás de estos sujetos existen otras personas que colaboran con ellos [también habían] bombas caseras, algunas hechas con botellas con bencina y otras de tarros con Trotil [y] documentos con direcciones de miembros de la VOP, al igual que de connotados políticos y miembros de la policía (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete heridos, 1971, p. 1).


En menos de una semana de constantes allanamientos y persecución murieron los hermanos Rivera Calderón y fueron detenidos otros miembros de la VOP. El operativo policial fue tan grande que el Ministro del Interior, José Tohá, tuvo que presentar un informe en el Congreso sobre las acciones de los cuerpos policiales y el ejército (Ministro del interior informó sobre acción contra terroristas, 1971, p. 19). De acuerdo con los informes policiales posteriores a la muerte de los hermanos Rivera, la “VOP quería causar problemas al gobierno” (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete heridos, 1971,p. 1) (El VOP quería causar problemas al gobierno, 1971, p. 16). Según la Tercera de la Hora, la única forma de dejar de pertenecer a la VOP era “estando muerto” (En espectacular baleo murieron hermanos Rivera. Enfrentamiento con soldados y policía, hay siete heridos 1971, pp. 12 y 14). Ocho días después del asesinato de Zujovic terminó el toque de queda. Sin embargo, con la muerte de los hermanos Rivera los operativos policiales no terminaron, ya que la policía intensificó sus gestiones para detener a los demás miembros de la VOP que aún seguían prófugos y de esta manera lograr desarticular la organización en su totalidad (Felices los trasnochemos [sic]. Se terminó el toque de queda, 1971, p. 14).

Es posible identificar que algunas acciones de la VOP continuaron posterior a la represión, captura y muerte de algunos de sus integrantes, claramente en menor escala y ya no con carácter de acciones político-delictuales (robos y asaltos) y de propaganda revolucionaria, esta vez eran de venganza y represalia. La captura de Heriberto Salazar pasó a ser de prioridad nacional, tanto para Carabineros como para la Policía de Investigaciones. Durante la mañana del miércoles 16 de junio, Investigaciones realizó una serie de allanamientos en su búsqueda, en el sector de Recoleta. Sin embargo, la tarde de ese mismo día, Heriberto Salazar, armado con una metralleta y con explosivos adosados a su cuerpo logró entrar al cuartel de la Policía de Investigaciones, ubicado en General Mackenna. Como resultado se dio un intenso tiroteo, en el cual quedó sin vida el detective Heriberto Marín y resultaron heridos Gerardo Romero y Carlos Pérez –quienes morirían días después–. Salazar, por su parte, recibió un balazo en la cintura durante el tiroteo, que detonó los explosivos adosados a su cuerpo y explotó (Asalto suicida a investigaciones. Hay dos policías muertos, vopista se dinamitó, 1971, p. 1; Murió el 3er. Hombre de General Mackenna. No pudo vencer a 14 balas, 1971, p. 1 y 13; Tres muertos en asalto a Gral. Mackenna. VOP cargó con la policía, comando suicida se dinamita, agoniza detective con doce balas, 1971, pp. 1. 10, 12, 13 y 17).

El incidente motivó que los cuerpos policiales y el ejército aumentaran aún más la seguridad de la ciudad. El gobierno decidió mantener la “zona de emergencia” sin el toque de queda, mientras informó que la VOP amenazaba incluso con matar al ministro del interior Tohá (Tres muertos en asalto a Gral. Mackenna. VOP cargó con la policía, comando suicida se dinamita, agoniza detective con doce balas, 1971, p. 5). La DC reiteró la necesidad de disolver a “todos los grupos armados que actúan al margen de la ley”, al igual de aumentar la dotación policial (PDC insiste en disolver grupos armados ilegales, 1971, p. 2). Las detenciones continuaron, algunos vopistas se entregaron voluntariamente, como el “Francisco” –armero de la VOP– y Sonia Rivera Calderón, mientras los demás eran buscados ampliamente como, por ejemplo, Hugo Romero Navarro, conocido como “el Víctor” y quien desempeñaba funciones de tesorería dentro de la organización, que era buscado, según El Mercurio, “por todas las unidades policiales del país”. El ministro Antonio Rivera se declaró incompetente y el gobierno decidió que la justicia militar se hiciera cargo del proceso contra la VOP (Murió el 3er. Hombre de General Mackenna. No pudo vencer a 14 balas, 1971, p. 14). Los intentos policiales por dar con el paradero de Romero fallaron, mientras algunos miembros de la VOP, que resultaban heridos en estas incursiones policiales, fueron trasladados desde la Posta Central a la penitenciaria, en una verdadera “caravana enrizada de metralletas” (Dramático traslado de la posta central de la asistencia pública. En caravana enrizada de metralletas trasladan a vopistas a la penitenciaria, 1971, p. 16 y 17). Mientras tanto, el Fiscal Carlos Leyton, encargado del proceso judicial contra de los vopistas, envió a otros 17 detenidos a la cárcel pública y ordenó mantenerlos incomunicados (Fiscal Leyton incomunicó a 17 miembros de la VOP, 1971, p. 21).

Sin embargo, la búsqueda de lo que la prensa denominaba “fanáticos vopistas” generó nuevas detenciones, como la del “japonés” y la de los profesores Hugo Silva Soto y su esposa Marcia Olmedo, acusados de colaborar con las actividades de la VOP. Según explicó el Subdirector de Investigaciones Carlos Toro, el matrimonio había redactado y distribuido panfletos “con expresiones injuriosas contra el presidente de la República por lo tanto caen en sanción de acuerdo con la ley de seguridad del Estado” (Dos nuevos detenidos. La VOP tenía planos de varios regimientos, 1971, p. 19). La policía también dio a conocer los resultados de los allanamientos y los nuevos antecedentes en relación a la investigación en contra de la VOP. Los detectives habían incautado algunos planos de regimientos en los que se detallaba la rutina que mantenían estas unidades. Tanto la jefatura policial como los asesores del Servicio de Inteligencia del Ejército, que colaboraban en la investigación, declararon que dichos planos habían sido confeccionados años atrás por militantes del MIR y robados por los hermanos Rivera Calderón cuando fueron expulsados de esta organización (Dos nuevos detenidos. La VOP tenía planos de varios regimientos, 1971, p. 19). La prensa informó de nuevos ataques y atentados perpetrados por la VOP y que la hacienda Chicauma, ubicada en Lampa, era el campo de adiestramiento de los vopistas. Según la investigación en Chicauma:

Se realizaban maniobras de instrucción sobre manejo de armas de fuego bajo las órdenes del ex carabinero Heriberto Salazar. En el mismo predio Daniel Vergara –administrador del lugar– realizaba conferencias de adoctrinamiento para los militantes que eran escogidos con precaución extrema. La mayor parte de los integrantes de la VOP debían soportar una serie de pruebas antes de ser admitidos. Finalmente eran conducidos con la vista vendada a la llamada casa de seguridad situada en el paradero 14 de Gran Avenida, allí el postulante debía enfrentar un severo interrogatorio respecto a sus ideas políticas, de las inclinaciones ideológicas de la familia y sobre otros aspectos de la vida privada del aspirante, después de lo cual eran evaluadas sus respuestas antes de permitir el acceso a los secretos del grupo (Nuevo atentado extremista. Con dinamita VOP quiso silenciarlo, 1971, p. 1).


Según el historiador Paul E. Sigmund (1977), las circunstancias de cómo el gobierno de Allende llevó a cabo la investigación y la represión policial que culminó con el tiroteo y muerte de los principales líderes de la VOP, levantaron rumores en los círculos de la oposición de que el líder de la organización había sido asesinado, en vez de capturado, con el fin de evitar la posible revelación de vínculos entre el grupo y el director de investigaciones designado por Allende (pp. 148-149).La revista Punto Final, que anteriormente había desarrollado una férrea defensa de la VOP, inició una campaña de desprestigio hacia el grupo a través de la idea del “terrorismo sin brújula” y declaró:

Que en dos años de actividades pusieron en primer plano un estilo donde se perdía el sello revolucionario sobrepasado por la marca ominosa de los delincuentes… en la nueva situación nacional la VOP no distinguió ningún cambio. Sus afiebrados dirigentes entre los que figuran personas que en algún momento actuaron honestamente en el campo revolucionario, llegaron a un extremo tal de confusión que todo hace suponer que fueron víctimas del manejo de los enemigos del pueblo. En los hechos las últimas acciones ejecutadas por la VOP favorecieron objetivamente a los reaccionarios y a la CIA (Terrorismo a control remoto, 1971, pp. 2-5).


La publicación afirmó que el asesinato de Pérez Zujovic golpeaba directamente al gobierno del presidente Allende, ya que volvía en su contra a “rabiosos y aguijoneados por el pánico a los sectores más conservadores”. Desde la perspectiva de Punto Final, el asesinato tenía por objetivo instaurar una dictadura fascista en Chile, ya que el corolario de la cadena de atentados terroristas de la VOP sería lógicamente un “gobierno gorila” represivo. Sin embargo, al instalar en el poder un gobierno represivo –presumían los de la VOP– la lucha armada se generalizaría, lo cual pondría la insurrección a la orden del día y esto finalmente terminaría por llevar al poder al pueblo en armas (Terrorismo a control remoto, 1971, pp. 2-5). El MIR, por su parte, dos semanas después del asesinato emitió una extensa declaración pública de seis apartados, en donde se criticaba la acción de la VOP, al mismo tiempo que denunciaba la contraofensiva política que se abrió a raíz del atentado, en el momento preciso en que la izquierda y el movimiento de masas avanzaban en su lucha. Según la declaración, a través del “griterío y la alharaca sediciosa”, los patrones y sus partidos pretendían detener la marcha de los trabajadores, poner a la izquierda a la defensiva y separar a la Unidad Popular de la izquierda revolucionaria:

EL M.I.R. A LOS OBREROS, ESTUDIANTES Y SOLDADOS: A partir del atentado que ultimó a Edmundo Pérez Zujovic, la captura y muerte de los hermanos Rivera y el asalto suicida de Heriberto Salazar al Cuartel de Investigaciones que costó la vida de tres funcionarios de esta institución, la derecha y el freísmo democratacristiano más que lamentar esas muertes las han utilizado para abrir a gritos una contraofensiva reaccionaria y sediciosa en contra de la izquierda y el movimiento de masas. Han intentado desautorizar al gobierno, de implicar a toda la izquierda en el atentado, crear una imagen de caos y desorden en el país; han hecho llamados abiertamente sediciosos a las FF.AA… han buscado responsabilizar a la izquierda y al gobierno del clima de “odios y violencias” que ellos abrieron con el asesinato de Schneider y con las “campañas del terror” de las elecciones de septiembre y abril. Por último, han hecho descarado obstruccionismo en el Parlamento; coludidos derribaron la Mesa de la Cámara y abruman a la prensa con declaraciones, denuncias y comentarios en contra del gobierno, de la izquierda y del movimiento de masas… Es que los dueños del poder y la riqueza rechazan horrorizados lo que ellos mismos han creado, en odios y violencias, a través de siglos de explotación y miseria a la que han sometido al pueblo… Así han originado hombres como Ronald Rivera que, animados por un odio instintivo de clase, llegan a realizar acciones que sobrepasan la racionalidad política y que, desgraciadamente, terminan dañando la causa del pueblo (Terrorismo a control remoto, 1971, pp. 6-7).


Para el MIR, los hermanos Rivera y Heriberto Salazar estaban estimulados por las masacres y asesinatos de los anteriores gobernantes, instrumentalizados por sus enemigos de clases, por sus organizaciones, posiblemente infiltradas por la reacción en un proceso político tan complejo como el que se estaba viviendo en Chile. Así, los integrantes de la VOP, por encima de su arrojo personal, no habían entendido la importancia de la táctica y la racionalidad política y expresaron en su accionar “el odio elemental de una clase esclavizada contra los patrones y asesinos de gobiernos anteriores”. Del mismo modo, no habían comprendido que con la llegada de Allende al gobierno la situación política era distinta a cuando estaba Frei. De ahí que el MIR considerara que el accionar de la VOP había entregado a la derecha y al freísmo democratacristiano el pretexto que necesitaban para “abrir su ofensiva reaccionaria y sediciosa”, por lo que condenaron públicamente el accionar de los vopistas (Terrorismo a control remoto, 1971, pp. 6-7).

Un equipo de Punto Final, a mediados de 1972, realizó una entrevista a once militantes y ex-militantes de grupos de izquierda recluidos en la Cárcel Pública. Según Punto Final existía la necesidad de librar un combate implacable contra las posiciones reformistas que entorpecían el camino revolucionario y flotaban como un gran amortiguador sobre la energía del movimiento obrero, ya que el debate ideológico estaba a la orden del día para los revolucionarios. Los entrevistados pertenecían a la VOP, al FAR y al MR2. Al entrevistar a los integrantes de la VOP, se les consultó sobre la utilización de métodos de lucha “que hoy en día estiman incorrectos” para el proceso iniciado con la llegada de la UP al gobierno, por lo que se les preguntó: ¿Podrían ustedes fundamentar esta corrección de sus posiciones?, ¿qué apreciaciones los llevaron a pensar que el método utilizado en ese entonces era válido? Juan Zala Farías, ex militante de la VOP, estudiante de veintiún años en espera de juicio por una solicitud de la fiscalía militar a quince años de presidio, respondió lo siguiente:

Que los métodos utilizados por la VOP fueron muchos, algunos correctos, otros incorrectos. Las últimas acciones, a partir del asalto a la confitería Don Raúl, de Raúl Méndez, son de marcado carácter anarquista y fueron ejecutadas en una política de hechos consumados, por el pequeño grupo anarco, en contra incluso de la opinión de las bases o en el desconocimiento de sus alcances. En las expropiaciones no se quería matar a nadie. El fundamento de que esos métodos son incorrectos está en la práctica misma. Estas acciones de corte terrorista favorecieron claramente a la reacción. Unificaron a la oposición haciendo caer a la DC en brazos de la ultraderecha; los sectores revolucionarios de dentro y fuera de la UP se vieron desconcertados y acorralados; los reformistas ganaron posiciones, estuvo a punto de concretarse el golpe militar fascista (Lucha de masas y no terrorismo anarquistas, 1972, pp. 16-19).6


Ese golpe militar fascista al que hace referencia el militante de la VOP, Juan Zala Farías en el mes de julio de 1972, llegó catorce meses después (septiembre de 1973), sin embargo, la unificación de la oposición y su alineamiento con la DC comenzó a configurarse desde los días posteriores al asesinato de Pérez Zujovic. Dicho asesinato tuvo profundas consecuencias políticas, pues marcó el quiebre definitivo entre la Democracia Cristiana y el gobierno de Allende. Lo anterior, permitió a la derecha avanzar en sus posiciones políticas, con lo que se debilitó aún más el gobierno de la Unidad Popular. El gobierno, por su parte, y en un intento por contrarrestar las consecuencias políticas del asesinato debió, según Punto Final, “tender puentes” hacia los sectores reformistas, cuyo eventual apoyo tendría un precio muy alto (Terrorismo a control remoto, 1971, pp. 6-7).

Según Luis Corvalán (2000) el atentado permitió que al interior de la DC, el discurso de los sectores conservadores se reprodujera con más fuerza y esto propició un acercamiento adicional entre ambas alas de la oposición, que se tradujo en una verdadera ofensiva antigobiernista. Lo anterior produjo un cambio en la correlación de fuerzas (políticas), que debilitó a la UP y contribuyó a la confluencia fatal de la oposición, por lo que se desató un contexto de nuevos alineamientos políticos en el cual los partidos políticos opositores tomaron la iniciativa política con renovada fuerza (pp. 85-86; Salomone, 1995). Todo lo anterior permite sostener que las ideas de la derecha fueron captando más terreno y el centro comenzó a adaptarse cada vez más a ellas, mientras que la izquierda se fue debilitando. Los efectos políticos del asesinato se dejaron sentir al mes siguiente en el ámbito electoral, ya que en julio de 1971, en una elección complementaria en Valparaíso, el Partido Nacional aceptó apoyar al candidato de la Democracia Cristiana el Dr. Oscar Marín. El Partido Demócrata Cristiano negó que hubiera una alianza formal, pero aceptó el apoyo del ala derecha y solicitó la concurrencia a las urnas de todos, “quienes repudian la violencia y el odio, el sectarismo y los grupos armados ilegales” (Collier y Sater, 1998, p. 298; Sigmund, 1977, pp.148-149).

El gobierno de Allende se fue debilitando y, más aún, se vio en la necesidad de ponerse a la defensiva en el ámbito parlamentario. La decisión de apoyar a Oscar Marín determinó que una parte del ala izquierda del PDC se retirara de este y posteriormente se formó la Izquierda Cristiana, a la cual se unió la UP. La relación entre ambos partidos se fortaleció durante 1972 con lo cual se intensificó el conflicto entre dichos partidos con el gobierno de la UP. Se creó la Confederación Democrática (CODE), que aglutinaba a los partidos de oposición del gobierno de la UP, principalmente al PDC y al Partido Nacional, quienes atacaban al gobierno a través de la presión parlamentaria, ya que obtuvieron la mayoría de dos tercios, lo cual les permitió revocar los vetos presidenciales y poner en tela de juicio al presidente (Collier y Sater, 1998, p. 300).

El mayor ejemplo del impacto parlamentario generado tras el ajusticiamiento de la VOP puede encontrarse en la iniciativa legislativa propuesta por el diputado demócrata cristiano Juan de Dios Carmona, en octubre de 1972, correspondiente a la modificación relativa al control de armas (Ley Nº 12.927). Dicha ley fue impulsada por el Partido Demócrata Cristiano, fue apoyada por la derecha y aprobada por Allende. Lo anterior permitió a las fuerzas Armadas poder allanar fundos y fábricas de los cordones industriales, en busca de dichas armas. Si bien el gobierno de la Unidad Popular logró concretar parcialmente una parte de su programa gubernamental, principalmente a través de la nacionalización de las minas de cobre, la nacionalización de una parte del sector bancario y las expropiaciones de algunos fundos e industrias; la mayoría de sus reformas y proyectos sufrieron el bloqueo parlamentario. En este sentido, su accionar generó resistencia y oposición por parte de la derecha y la DC y los logros económicos del primer año de gobierno comenzaron a desvanecerse en 1972, debido, principalmente, a las políticas de abstinencia económica impulsadas por Estados Unidos, las que generaron escasez, propiciaron el mercado negro y la inflación y, por ende, una mayor agudización de la resistencia al gobierno por parte de la oposición (Harner, 2013; Power, 2002).

Comentarios finales

Los párrafos anteriores nos permiten comprender cómo la decadencia y posterior crisis del “Estado de Compromiso o Bienestar”, la incapacidad de los sectores políticos para llegar a consensos e imponer su voluntad sobre el resto, y la fuerte politización de la sociedad chilena agrupada en el “patrón de los tres tercios” fueron factores que generaron un profundo clima de conflictividad político-social, polarización, radicalización extrema y violencia política, que se desató en Chile durante el periodo de fines de la década de 1960 e inicios de 1970. Lo expuesto, sumado al impacto de las luchas anticoloniales como la Revolución Cubana o la Guerra de Vietnam, posibilitó el surgimiento de grupos que impulsaron ideas revolucionarias a través la lucha armada. Así nace la Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo pequeño y clandestino, carente de un proyecto político a gran escala que, sin embargo, a través de su accionar fue capaz de desatar una crisis política de gran escala y la antesala de lo que sería la gestación del golpe de 1973.

Como se demostró, durante el periodo en estudio, los militantes de la VOP fueron tildados de agentes del gobierno, de contrarrevolucionarios, de ser miembros de la ultraderecha, agentes de la CIA, psicópatas y delincuentes; lo cierto es que dichas afirmaciones respondían al profundo desconocimiento e ignorancia de la prensa, la policía y el gobierno con respecto al accionar de la VOP, ya que la Vanguardia Organizada del Pueblo representó la estrategia armada de un grupo de jóvenes ligados a la izquierda, pero críticos de la izquierda reformista que estaba vinculada con los partidos tradicionales, y a la Unidad Popular. En este sentido, su lucha no tenía como meta captar votos e incorporarse al sistema político tradicional, ya que se enfocaron en atacar el sistema capitalista, la burguesía y los explotadores. La radicalización de su accionar, con la llegada de Salvador Allende al poder, puede ser interpretada como estratégica en términos políticos, como una forma de acción y de crítica y, por ende, como otra manera de hacer política, frente a un gobierno calificado como reformista y no revolucionario. La crítica vopista hacia el gobierno estaba fundamentada principalmente en el carácter burocrático del gobierno de la Unidad Popular, ya que para los militantes de la VOP, la misma burguesía era la que gobernaba Chile, a través de la UP, y la CIA era el organismo encargado de reprimir al pueblo, a través de su aparato de investigación popular.

La particularidad de la VOP consistió en dos puntos centrales: el primero reside justamente en la decisión de la organización de criticar y, más aún, de no abandonar sino de ampliar la lucha armada y la vía revolucionaria durante el gobierno de la Unidad Popular, mientras que el segundo aspecto tiene relación con el acercamiento del Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, posterior a la muerte de Pérez Zujovic, ya que a nuestro juicio, una pequeña acción fue capaz de desatar la crisis política en el Chile de la época, y más aún, favoreció, principalmente, los planes de Estados Unidos y de la CIA, en contra de Chile. Por lo cual, lejos de hallarse al margen del proceso político generado con la llegada del gobierno de la Unidad Popular, la VOP se configuró como un actor crítico, cuyas actividades y operaciones político-delictuales ayudaron a conformar el destino de la UP.

Creemos que la decisión de la VOP de continuar las acciones armadas durante el gobierno de la Unidad Popular y de “ajusticiar” a Pérez Zujovic marcó el inicio del fin del gobierno de la Unidad Popular, ya que el impacto de su accionar repercutió de forma política y acrecentó aún más la crisis de la UP. De lo anterior, se desprende que las acciones de la VOP fueron fundamentales en la configuración y gestación del acercamiento político de la oposición que, años más tarde y con apoyo militar, terminó derrocando al gobierno, mediante el golpe de Estado de septiembre de 1973. Dicho de otro modo, el accionar de la VOP favoreció a los sectores de derecha, a ciertos sectores del PDC, a las Fuerzas Armadas y al gobierno de Estados Unidos, todos los cuales se coludieron para derrocar al gobierno de Allende y la Unidad Popular.

Citas y notas

1 Para una revisión detallada y amplia de la “Vía Chilena al Socialismo” y el gobierno de la Unidad popular véanse, entre otras, las investigaciones de (Angell, 1993. pp. 61-89; Casals, 2010; Collier y Sater, 1998. pp. 284-306; Corvalán, 2001. pp. 57-77; Garcés, 1976; Pinto, 2005; Power, 2002; Riquelme, 2008. pp. 81-109; Winn, 1986).

2 Para este punto nos han sido de utilidad los trabajos de González Calleja (2002. p. 445) y Marchesi y Yaffé (2009).

3 Sobre este tema véase a Cancino Troncoso (1988), Gaudichaud (2004), Silva (1998) y Winn (1986).

4 Oscar Arnoldo Ríos Maldonado fue un estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción perteneciente al MIR, quien murió el día 3 de diciembre de 1970 en un enfrentamiento armado entre militantes del MIR y elementos del Partido Comunista.

5 Para un análisis detallado de la visión de la izquierda sobre el atentado de Edmundo Pérez Zujovic, a través de una interpretación sobre la noción de ajusticiamiento político véase a Palma (2013. pp. 279-305).

6 Para una descripción detallada de los abusos a los que fueron sometidos los integrantes de la VOP en la cárcel pública durante el gobierno de la Unidad Popular véase el reportaje “Abusos en la Cárcel Pública” de la revista Punto Final, Nº 182 del 24 de abril de 1973.

Referencias

¿Serán indultados? Compañeros terroristas balearon a detectives. (02 de febrero de 1971. La Prensa de Santiago, No. 98, p. 1.         [ Links ]

¿Vía pacífica? La policía ya comenzó a matar revolucionarios. (17 de febrero de 1970). Punto Final No. 98, p. 4-7         [ Links ]

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1. Investigador del Centro de Documentación e Investigación de Historia Reciente, Escuela de Historia. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Candidato a Magíster en Historia. Universidad de Santiago de Chile.

Fecha de recepción: 2 de abril de 2014 - fecha de aceptación: 9 de setiembre de 2014

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