Sociedad, tierra y poder en los Estados Unidos de Colombia, 1857-1885: El caso del Estado Soberano de Bolívar

Society, land and power in the United States of Colombia, 1857-1885: the case of the Sovereing State of Bolivar

Sergio Paolo Solano D^1*, Roicer Flórez Bolívar^2*

Este artículo analiza algunos aspectos sociales del proceso de apropiación de las tierras públicas (baldíos y ejidos) y privadas en la Colombia del periodo federal (1857-1885), los recursos empleados por los interesados en ese propósito, la racionalidad geográfica y económica de esas apropiaciones y la instrumentalización del Estado llevada a cabo por algunos sectores interesados en ese bien inmueble. Nuestro análisis descansa sobre la idea de recuperar el protagonismo que va adquiriendo la relación empresarios-Estado acorde con las circunstancias de las localidades y provincias que integraban el entonces Estado Soberano de Bolívar.

Palabras claves: Colombia, tierras, Estado regional, ganadería, siglo XIX.

This article discusses some aspects of the process of appropriation of public land (wastelands and ejidos) and private in Colombia Federal period (1857-1885), the resources used by those interested in that purpose, geographic and economic rationality of such appropriations and instrumentalization of the state held by some stakeholders in the land. Our analysis rests on the idea of recovering the prominence it is acquiring the social sectors-State relationship in accordance with the circumstances of the towns and provinces that comprised the Sovereign State of Bolívar then.

Keywords: Colombia, land, regional state, livestock, nineteenth century.

En la Colombia de la segunda mitad del siglo XIX el acceso a las tierras estuvo determinado por la libertad de empresa, la existencia de baldíos, la búsqueda de productos con que vincularse a los circuitos comerciales internos e internacionales, las concesiones cedidas por los gobiernos a empresarios, el crecimiento de la población, las colonizaciones de tierras calientes y de vertientes de montañas, los vínculos de poder y las continuas guerras civiles. En la Costa Caribe colombiana el crecimiento de la población y los éxitos parciales de cultivos comerciales (tabaco, caña de azúcar, banano), de la ganadería y el aumento del consumo interno de productos agropecuarios, obligaron a expandir las áreas ocupadas debido a que las técnicas agrícolas y pecuarias eran muy precarias¹.

La comparación de los estimativos de los principales ganaderos de las provincias del Estado Soberano de Bolívar² recogidos en 1874, con los cálculos del geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco para finales del siglo XIX, y los realizados por los historiadores Salomón Kalmanovitz, José Antonio Ocampo y Eduardo Posada³, permiten colegir que entre 1850 y 1900 el hato ganadero de esta región se multiplicó de forma significativa. Esto se reflejó en el aumento del valor de la caballería de tierra en las provincias de este Estado donde la ganadería era la principal actividad económica (en la provincia de Chinú el valor pasó de $40,oo en 1850 a $400,oo en 1880), como también en la apropiación de los baldíos⁴.

Ese auge se debió a los ciclos de exportación de ganado en pie hacia Centroamérica y el Caribe y al aumento de la demanda interna que obligó a introducir mejoras técnicas. Alambre de púa para cercar potreros, hierbas más resistentes y de mayor valor proteínico (pará, guinea y yaraguá) y razas extranjeras para cruzarlas con las nativas, beneficiaron la ceba de reses y la producción de carne⁵.

Empresarios de toda la región intensificaron sus inversiones en esta actividad, ascendiendo los ganaderos a los órganos legislativos del Estado de Bolívar en especial los provenientes del área de las Sabanas y del bajo curso del río Sinú. Desde estas instituciones adecuaron las políticas del Estado y las iniciativas públicas a sus intereses. Igualmente, mediante el impuesto al degüello de ganado consiguieron trasladar las cargas impositivas a los consumidores y no a los productores, al tiempo que resistieron y echaron atrás cualquier intento por gravar la producción ganadera en los momentos en que el Estado vivía intensas crisis fiscales (1863-1870)⁶. También removieron los obstáculos al desarrollo del mercado de tierras, y fueron los más favorecidos con los remates de los bienes inmuebles rurales desamortizados a la Iglesia en 1861⁷.

Recientes estudios prosopográficos y de las redes sociales y políticas tejidas por las elites del Estado de Bolívar muestran las concordancias entre algunos ciclos económicos y la movilidad social y política de los empresarios ganaderos durante el último tercio del siglo XIX⁸. Aunque estos siempre estuvieron presentes en los organismos de decisión política de este Estado regional, con el despegue y la consolidación de esta economía empezaron a actuar como grupo⁹. De 1870 en adelante promulgaron una legislación sobre asuntos agropecuarios, para esclarecer los tipos de dominio y posesión del suelo y garantizar la libre comercialización de la tierra, intentando que su valor estuviera determinado por las leyes del mercado y no por factores extraeconómicos, como las tradiciones corporativas de dominio territorial y otras costumbres locales y comarcanas. Esto fue necesario porque el acceso a la tierra en un contexto caracterizado por diversas formas de propiedad y de usufructo del suelo, y la dificultad para establecer, aclarar y delimitar los títulos, revivió y suscitó viejos y nuevos conflictos con las formas corporativas de propiedad (ejidos y resguardos de comunidades indígenas¹⁰) y con los proindivisos o tierras de mancomunidad que tenían propietarios comuneros¹¹.

Pues bien, para poder comprender lo sucedido en el mundo rural del Estado de Bolívar durante la segunda mitad del siglo XIX y en la centuria siguiente proponemos el estudio de los procedimientos y vías por medio de los cuales los diferentes sectores sociales de esta región pudieron apropiarse de los recursos públicos (tierras, agua, pastos y ganado cimarrón), aspecto que a su vez exige tener presente la existencia de unas relaciones entre algunos sectores sociales y el poder. Comerciantes, hacendados, ganaderos, políticos, profesionales, indígenas, comunidades campesinas, agricultores residentes en los espacios urbanos, autoridades distritales y provinciales y del Estado de Bolívar, se vieron gratificados o frustrados en sus aspiraciones de bienes materiales en concordancia con sus influencias y espacios de poder en sus áreas de influencia. La concentración de una buena proporción de la riqueza pública de esta región, en manos de un sector que unía su ascendencia económica y social, se acentuó desde finales de los años 1860, cuando ganaderos de las provincias empezaron a hacer presencia de manera cada vez más creciente en la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar y en otros niveles de la administración pública.

La racionalidad de la primera fase de desarrollo de la economía ganadera llevó a que se enfrentaran empresarios con comunidades indígenas y con vecindarios. Esto se debió a que el interés inicial de los ganaderos no estuvo dirigido a cualquier clase de tierras baldías, sino a las más valorizadas, tanto porque estaban civilizadas como por su cercanía a los centros urbanos, a las provisiones de pastos y aguas, a los principales caminos de tráfico y a los centros portuarios de acopio de reses con destino a la exportación. En estos conflictos el creciente sector de ganaderos contó; por un lado, con el beneplácito de las autoridades que veían que al fin se contaba con un producto para exportar y abastecer los mercados regionales, y por otro con la presencia de voceros de esta actividad económica en los organismos de poder regional. Por tanto, creemos que el análisis de la expansión de la economía ganadera no se puede desligar, por una parte de los factores de poder que favorecieron de los empresarios con las mayores cantidades y mejores tierras, y por otra parte de los conflictos que suscitó el despojo de tierras comunales de uso colectivo y la apropiación de las tierras baldías que también eran usufructuadas por los campesinos¹².

Si se analiza el impacto del desarrollo de la economía ganadera sobre la riqueza regional y sobre la sociedad, hay que reconocerle un doble efecto, pues al tiempo que fue uno de los sectores que dinamizó la economía costeña desde la segunda mitad del siglo XIX, también indujo a una redistribución desigual de la riqueza regional, la que se irradió de manera muy disímil entre los distintos segmentos de la sociedad costeña. A partir de contratar las posesiones, los niveles de vida y el acceso y empleo del poder entre los distintos sectores sociales que participaban en esa economía, las evidencias muestran que la mejor porción de los ingresos se quedaba en el ápice social, algunos de sus miembros amasaron riquezas significativas para lo que se conocía en el contexto regional, y luego concentraron el poder, y desde este accedieron a los recursos públicos, los inmensos baldíos. Este es un modelo que se repite en casi toda la geografía agraria colombiana.

En los años iniciales de la ganadería pocas personas vivían directamente de ella, lo que puede indicar que era muy común que casi todos los labriegos poseyeran sus pequeños lotes de reses, usualmente de diez a veinte vacas. Muchos de estos pequeños hatos estaban constituidos por “vacas de vientre”, como se puede observar en la testamentaria de Barranquilla de la primera mitad del siglo XIX; esto indica que se trataba de criadores que podían vender cantidades exiguas de novillos, pues por lo regular no disponían de suficientes tierras. En los distritos que poseían, estos pequeños hatos estaban en soltura en el área destinada para “cría y pastos”, o se llevaban allende los linderos de los ejidos, a las sabanas y dehesas, o a los playones y abrevaderos. Otros eran condueños de tierras indivisas o de mancomunidad, y bajo la condición de comuneros (o “accionistas”) reglamentaban el usufructo de la tierra y el número de cabezas de ganado que podía poseer cada persona. Otros habían logrado hacerse usufructuarios de parcelas en el interior de los ejidos, o allende los límites de estos, en las tierras baldías, como eran las sabanas, playones y montes. Lo dice todo la nota final que coloca Juan García Turín, el empadronador de Barranquilla en 1777: “Todos son labradores”¹³.

Pero cuando el negocio del ganado prosperó y se pudo vivir de él, fue apareciendo el estatus sociocupacional de “ganadero”, cuyo significado (el que negocia con ganado, el que se encarga del abasto público) siempre estaba ligado con el comercio continuo de reses. Al menos en la segunda mitad del siglo XVIII, en pleno auge de la hacienda ganadera costeña que abastecía a los mercados locales, solo los “criadores” podían aspirar a competir por el remate del abasto de carne, pues eran los únicos que podían demostrar que poseían un hato considerable, exigencia indispensable para que las autoridades provinciales les reconociera la condición de “criador” (Ver figura 1). Por eso, cuando la actividad ganadera empezó a crecer, obligando a las autoridades urgidas por las necesidades de ingresos fiscales, a intentar tener ideas más precisas sobre lo que era esta economía, con el fin de imponerle un impuesto. La información oficial distingue entre “hacendados” y “criadores”, lo que supone, tal como lo ha señalado Posada, una especialización acorde tanto con los recursos de las personas como con las fases de crecimiento del ganado. En el censo de 1870 comienza a aparecer la ganadería como una actividad independiente, pero en unas proporciones bajas que esconden la realidad de posesiones de pequeños lote de reses por parte de amplios sectores de la población¹⁴.

El cuadro 1 ilustra un poco respecto a esta diferenciación ocupacional entre la población económicamente activa (PEA). Resalta el caso de la provincia de Chinú (distritos de Sahagún, San Andrés, San Benito Abad, Caimito, Ayapel, Santiago y Chinú), (ver mapa 1), la que vivía el más intenso proceso de expansión de la frontera agrícola y ganadera, gracias a que su condición de frontera abierta ubicada entre los valles bajos de los ríos Sinú y San Jorge, la dotaba de recursos en sabanas de pastos y ciénagas óptimos para la ganadería, así como la proximidad de Ayapel al norte del Estado de Antioquia facilitaba el tráfico de ganado para el abasto diario de importantes municipios de este. La documentación notarial del periodo la presenta como la provincia en la que más se realizaban transacciones de tierras y protocolización de títulos, al tiempo que usualmente los denuncios y solicitud de titulación de baldíos provenían de esa comarca como también de la de Montería hacía la parte media del río Sinú. Es una colonización con un doble frente: el occidental representado en los colonos y hacendados de Corozal, Sincelejo, Sincé y Chinú; y el oriental que tenía como base las poblaciones orilleras del San Jorge como San Benito Abad, Caimito y San Marcos.

Para esos años, Chinú era la provincia que, en proporción con su población, recaudaba más por los impuestos de degüello de reses, dado que algunas poblaciones situadas en los caminos de tránsito del ganado se habían dedicado a la preparación de carne salada. También era la que más recaudaba por impuesto pecuario (establecido entre 1868 y 1870, cobrando $0,20 por cada ternero de un año) y el impuesto agrario (establecido entre 1868 y 1869 sobre la propiedad territorial, y teniendo como base $3,oo por caballería, que equivalía a 437 hectáreas cuadradas), pues allí se declararó un significativo número de estas posesiones. Desgraciadamente no existen otros censos ocupacionales para años posteriores que permitan comparar e ir dando cifras del crecimiento de este grupo social. No significa esto que los poseedores de ganado solo fueran los computados en los censos, pues como ya se anotó, lo común era que el pequeño y mediano agricultor poseyera un pequeño lote de reses.

El despegue del primer ciclo de exportaciones de ganado en pie a Centroamérica y las islas del Caribe (1868-1882), así como el inicio del abasto de los Estados de Antioquia y de Santander atrajo el interés de muchos empresarios que de una u otra manera tenían vínculos con fincas, ganado y bestias de montar. Y ese interés va a concentrarse en un aspecto clave para el desarrollo de la ganadería como actividad económica significativa: la apropiación del suelo (Ver cuadro 1). No es extraño que haya sido durante este primer boom exportador que la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar se hubiera preocupado por asumir de manera definitiva la reglamentación de esta economía, en parte como expresión de sintonía con una situación económica favorable y que respondía a las potencialidades de la región, pero también como un reflejo del peso de los ganaderos en esa entidad pública.

No quiere esto decir que antes no hubo presencia, pues la economía y la sociedad costeña del siglo XIX era abrumadoramente agropecuaria, y por tanto los notables de las diversas provincias que componían el Estado de Bolívar se interesaban en acumular tierras y ganado. Muchos de ellos por tradición familiar heredaron posesiones territoriales de consideración y después las fueron agrandando por diversos mecanismos como el préstamo con hipoteca, se contrataron jornaleros para el desmonte de la selva, se dio acceso a las tierras públicas mediante concesiones estatales, se expulsó a los campesinos de sus parcelas, etc. Pese a esto, durante la primera mitad de esa centuria la tierra no concentraba el interés económico de esos notables que integraron la Cámara de la Provincia de Cartagena y la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar, lo que se refleja en la legislación sobre ganadería emanada de ambas entidades, solo se remite a lo contenido en los códigos de policía.

A comienzos del siglo XIX el interés por la tierra era escaso, al tiempo que existía una diversidad de formas de uso y posesión del suelo. Las leyes de los años 1860 clasifican el uso del suelo en terreno de dos propósitos: el de cultivo o “labor” y el de “cría”; a su vez este se clasificaba en potreros y dehesas (terrenos con pastos cercados), de pastos, de soltura, bosques, maleza, pantanos, lagunas, pajonal, ingenios, hatos, estancias, rozas, playones, sabanas, montes y lomas. Sabanas y playones servían para mantener el “ganado en soltura”, es decir, libre en terrenos no cerrados, sin necesidad de patrones que los vigilaran constantemente…”; esas mismas tierras podían servir para mantener el ganado en pastoreo, es decir, vigilado por pastores, al igual que las “bestias en soga”, amarradas. Las formas del uso del suelo estaban organizadas acorde con la “costumbre del lugar”, y el valor podía variar, pero durante la primera mitad del siglo XIX se mantuvo bajo. Al respecto informaba en 1880 el gobernador de la provincia de Chinú, que el incremento de la ganadería había valorizado el suelo, pues en 1850 una caballería de tierra (equivalente a 463 hectáreas) costaba cuatro pesos, mientras que en 1880 esa misma área costaba cuatrocientos pesos¹⁵. Esto no significa que el número de propietarios de ganado sea el señalado por las anteriores cifras, pues era usual que casi todos los campesinos poseyeran pequeños lotes de reses; pero si es significativo que esta categoría ocupacional comenzara a aparecer en los censos después del despegue de la economía ganadera, lo que quiere decir que ya comenzaba a existir personas que vivían de la ganadería como una actividad comercial y empresarial.    

Para los primeros decenios de vida republicana no existió un mercado de tierras. En las notarías de las provincias se registraban transacciones de pequeñas posesiones, “labores”, “estancias”, “parajes”, “partes” y “acciones” sobre terrenos proindivisos, con excepción de Cartagena en cuyos alrededores existían medianas haciendas en decadencia. En el caso de Barranquilla, las transacciones de hatos de ganado van acompañadas por compraventas de globos de tierras iniciadas por miembros de la elite local como Esteban Márquez, Manuel Molinares, Vicente Palacio, Ildefonso Molinares, Esteban Donado, Pablo Roncallo, Manuel G. de Mier y otros. Las transacciones de ganado se efectuaban en las tierras del margen oriental del río Magdalena, en un área que iba desde Barranquilla hasta Santo Tomás¹⁶. También, arrendaron tierras de los resguardos de Malambo, mientras que presionaban sobre los de Galapa y Tubará. Pero también hubo medianos y pequeños ganaderos (Remigio de la Hoz, José Cantillo, Manuel Moreno Tejera, José Catalino Guell, Fernando Llanos, Rudesindo Cantillo, Manuel Comas, José del Carmen Bula, Manuel Ballestas, Domingo J. Olivares, Eugenio Macías, Manuel Mariano y otros, quienes para el último cuarto del siglo XIX integran las capas medias en Barranquilla) sobre los que sabemos muy poco. Estos tenían sus hatos en los alrededores de los centros poblados, transaban y abastecían los mercados locales.

La actitud del campesinado fue diversa acorde con las circunstancias locales y comarcanas que le tocó vivir. Hubo campesinos que sacaron provecho de la situación de diversas maneras; ya sea haciéndose propietarios, o lo más común civilizando el monte para luego vender a los interesados. Por muchos factores que tenemos en cuenta sabemos que en las poblaciones de cualquier lugar de la Costa es posible encontrar registros de personas que no formaban parte del sector de los notables. En los listados de contribución directa de los años 1870 en muchos distritos ganaderos aparecen personas que no alcanzan prestancia social y política más allá de su sitio de residencia, pero que por el impuesto que cancelan se deduce que eran propietarios de medianos lotes de ganado o de tierras que arrendaban a criadores y cebadores, como también en los listados de Servicio Personal Subsidiario de los años 1840, en los de contribución directa de la siguiente década, en los de impuestos a la renta de los años 1860 y 1870, en el remate de impuestos menores, y en muchos más.

Para la segunda mitad del primer siglo de la república la situación entre productores y tierras empezó a variar. Durante esos años es fácil observar una tendencia de la ganadería a ocupar primero las zonas en las que abundan y son permanentes los cuerpos de aguas (ríos, ciénagas y caños). Por eso, el mayor número de cabezas de reses se concentra en los municipios orilleros de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, Canal del Dique, ciénagas como las de Ayapel, Repelón, Manatí, Simití. El 68% del ganado vacuno se concentraba en los distritos orilleros. El 15.5% en los distritos de la sabana de Bolívar, el 10.3% en los Montes de María y el 7.2% restante en los municipios costaneros. Esto porque el problema de la provisión de recursos para el ganado (pastos y aguas) era de vida o muerte para esa época; ya que solo se contaba con hierbas que la naturaleza producía espontáneamente, sin intervención humana.
La introducción de elementos modernos como los pastos artificiales de mayor valor proteínico y del alambre de púa, para tender cercas, solo produjo resultados graduales, puntualizados y a mediano plazo, lo que fue permitiendo desprender la ganadería de la trashumancia.

En su fase inicial o al menos hasta finales de los años 1880, la competencia por los recursos públicos se desarrolló en torno a tres espacios: los territorios de frontera de reciente colonización que por sus ubicaciones facilitaran la movilización del ganado hacia los mercados del interior del país o de la región; los terrenos más valorizados por su ubicación próxima a los centros de consumo, puertos de exportación, a los caminos por los que se movilizaba el ganado tanto cuando eran destinadas al sacrificio, como por el traslado a sabanas, playones y humedales. Ejidos, resguardos, tierras comuneras, baldíos próximos a los poblados, fueron espacios disputados entre los diversos actores de la sociedad costeña; y sitios en los que hubiese disponibilidad de mano de obra.

En medio de una abundancia de recursos públicos, esas eran las tierras más valorizadas. No interesaba cualquier tierra en cualquier lugar. No debe olvidarse que se trata de las fases iniciales de la economía ganadera y del mercado de tierras, y que la competencia se concentraba alrededor de las tierras conocidas. Las disposiciones sobre policía rural de los códigos de policía del último cuarto del siglo XIX dan la impresión de un mundo agrario literalmente parroquial, es decir, el espacio del mundo campesino casi se circunscribía a las goteras de las poblaciones. Al respecto, en 1880 el gobernador de la provincia de Chinú informaba sobre inmensos baldíos en los distritos de Ciénaga de Oro y Ayapel, y señalaba el poco interés en los mismos debido a su lejanía de los centros poblados. En esto, el peso de las tradiciones representaba un papel de primer orden. La migración hacia los territorios de frontera era el último recurso que querían agotar los campesinos costeños, descritos bellamente por el general Justo Durán en sus memorias de la Guerra de los Mil Días, cuando señaló que los soldados liberales costeños no querían combatir más allá de las goteras de sus poblaciones. El gobernador de la provincia de Mompox en 1880 creía que debía repartirse la tierra entre un gran número de propietarios, para que los que quedaran sin tierra por fin se verían obligados a “… pensar en cultivar las tierras que hasta hoy permanecen incultas, solo porque están apartadas de la orilla del río Magdalena”¹⁷. En estos casos del poblamiento orillero a los ríos y caños, los asentamientos seguían un curso paralelo a las riberas, y las actitudes de los hombres no escapaban a la aspiración de estar próximos al curso de las aguas, tanto por los recursos que estas proveían como por la facilidad de las comunicaciones.

Todo esto indica que en sus comienzos no hubo tanto interés por aquellos baldíos alejados de los centros poblados y del tráfico comercial. Toda la atención y los esfuerzos se concentraban en las tierras valorizadas y en las ubicadas estratégicamente. En sabanas y playones, siguiendo las tierras que bordeaban los caminos de trashumancia del ganado acorde con los periodos de lluvias y sequías se tejieron unos corredores en torno a los que se podía poseer varias propiedades destinadas al resguardo y pastura de las reses en sus movilizaciones. De igual forma, las tierras de los contornos de los caminos que comunicaban con el interior, fueron apropiados por hacendados y comerciantes en ganado. El caso del llamado Camino Padrero es muy ilustrativo de lo que venimos afirmando. Este camino fue una constante preocupación de las autoridades de la antigua provincia de Cartagena, a la que al menos se le puede registrar un dato remoto en la memoria al Consulado de Comercio de esta ciudad, escrita por José Ignacio de Pombo en 1808. Desde finales de los años 1830 la Cámara provincial de Cartagena mostró interés en facilitar el tráfico de ganado hacía Antioquia. En 1839 expidió un decreto convocando a los empresarios a abrir un camino a Nain (Chocó), y otro a Ayapel (Córdoba, limítrofe con Antioquia), concediendo un privilegio por diez años y el cobro de varios peajes, en especial medio real por cabeza de ganado. En 1842, el gobernador de la antigua provincia de Cartagena, informaba que desde Ayapel el cura José Pío Miranda Campuzano le hizo conocer que se había abierto un camino que se dirigía hacia Antioquia, uniendo las sabanas y valles del Sinú y San Jorge con esta provincia del interior. En 1849 quedó completamente trazado, pues se unió a Ayapel con la quebrada de Tarazá.

La importancia del camino Padrero para el comercio con Antioquia atrajo a empresarios antioqueños, lo que suscitó que escasos años después se elevara una queja pública por lo que se consideraba los intentos de estos comerciantes por monopolizar ese camino que obligatoriamente atravesaba por las tierras de Vásquez, T. Moore y W. R. Jervis. Por tanto, qué tipo de tierra concentraba el interés de todos los sectores no es un asunto tan ajeno al estudio de la economía ganadera¹⁸.

Por las características del medio costeño, por tradición y por las fases de la producción ganadera (cría, levante y ceba), los sectores más favorecidos por esta actividad fraccionaron sus propiedades en concordancia con: disposición de pastos y aguas; disponibilidad de mano de obra; condiciones del terreno y del ambiente acorde con exigencias mínimas por cada fase de la producción; y cercanos a los caminos de movilización de reses y del comercio.

De hecho el uso del suelo por la ganadería originó una especialización entre playones, sabanas, potreros y pastizales, tal y como se clasifican en los códigos de policía de la época. Los dos primeros permitían tener al ganado en “soltura”; los playones se formaban por la sedimentación de los ríos y durante la temporada de bajo cauce. Los dos últimos eran propiedades particulares. Muy rápidamente se avanzó en la apropiación de las sabanas y playones, existiendo muchos ganaderos y hacendados con múltiples propiedades a lo largo del territorio de una y más provincias. Esto se debió a que la trashumancia del ganado obligaba a poseer muchas propiedades, las que se especializaban en relación con sus condiciones naturales (para cría, levante y engorde), como también a su ubicación a lo largo del camino de tránsito del ganado. Quizá esto explique que la hacienda costeña del tránsito del siglo XIX al XX no sobrepasara las 15.000 hectáreas. En muchos casos esas propiedades fragmentadas formaban una unidad empresarial que involucraba todas las fases de la ganadería.

Otra área de conflictos generados por el crecimiento de la economía ganadera fue el de los ejidos o tierras del común de las poblaciones. Fue durante la segunda mitad del siglo XIX cuando las formas corporativas de posesión y propiedad de las tierras (resguardos de indígenas, ejidos, tierras en mancomunidad, bienes inmuebles rurales de la iglesia) comenzaron a sentir la presión del aumento de la población, de la expansión de la economía ganadera y de algunas variantes del discurso liberal que demandaron su abolición. Hasta el momento se dificulta calcular la influencia del factor demográfico y del crecimiento de la ganadería en los problemas que empezaron a afrontar las tierras corporativas, debido a la ausencia de estudios particularizados acerca de evolución de cada uno en las provincias del Bolívar Grande que permita señalar cómo y en qué dirección ejercieron presión. Se ha anotado algunas cifras del aumento global de la población en Bolívar y para el resto de la Costa durante la segunda mitad de la centuria decimonónica, para explicar la desaparición de los recursos públicos apropiados por particulares para satisfacer sus crecientes necesidades. Posada ha señalado la importancia de esta variable en el análisis de la distribución de la riqueza social en el campo de esta región, pero sin mayores detalles, a no ser que las cifras del crecimiento de la población entre 18 y 19 la que pasó de representar el % al % de la población nacional, permita inferir que aumentó la presión sobre los recursos naturales. En sus propias palabras, “... las presiones demográficas y el desarrollo de una economía de mercado impusieron crecientes limitaciones al uso de los recursos, mientras determinaban nuevos patrones de relaciones sociales”¹⁹.

Esa presión también estuvo determinada por las técnicas agrícolas empleadas (quema y roza y tierra por pastos) y porque la característica fundamental de la ganadería costeña hasta bien avanzado el siglo XX era la de una actividad económica extensiva determinada por las condiciones ambientales del medio y por la escasez de capitales, obligando a que el crecimiento total del hato de reses llevara a una progresiva demanda de tierras, pastos y agua. Los informes del siglo XIX así como los cálculos realizados por los investigadores señalan que en la región costeña entre mediados de esa centuria y finales de la misma el hato ganadero se multiplicó por cinco, lo que se reflejó en la presión sobre las tierras y los pastos. Esta situación se mantuvo a lo largo de los años en estudio dado que las innovaciones tecnológicas introducidas durante este tiempo (pastos artificiales, cruce de razas y alambre de púa) tuvieron un radio de influencia muy reducido²⁰.

En la primera mitad del primer siglo de vida republicana ese problema no tuvo la envergadura de los siguientes cincuenta años. En algunas áreas del Bolívar Grande la república heredó una concentración en pocos dueños de las mejores tierras, mientras que en otras zonas, en especial en las escasamente pobladas, la existencia de enormes baldíos fue la situación predominante. Aunque aun no se ha estudiado el impacto del conflicto de la independencia sobre la tenencia de la tierra más allá de las secuelas de desorganización y de la crisis de las haciendas de trapiches y ganaderas basadas en la mano de obra esclava²¹, no cabe duda que la naciente república no puso en entredicho la concentración de la propiedad territorial heredada de la colonia, y solo afectó a las propiedades de los allegados a la causa española, las que pasaron mediante remates públicos a manos de miembros de las familias criollas más prominentes. Asimismo, grandes latifundios fueron penetrados por comunidades de campesinos como lo ha ilustrado Orlando Fals Borda para casos puntuales en la antigua provincia de Cartagena, mientras que en otros casos núcleos de trabajadores de haciendas en decadencia se convirtieron en parroquias de vecinos libres.

Por tanto, durante la primera mitad del siglo XIX la propiedad territorial no se convirtió en un problema público. En esos años los conflictos sociales en torno a la tierra que involucraron a campesinos y propietarios fueron mediados por un orden jurídico que respaldaba el control de estos últimos y excluía a amplios sectores de la población de los mecanismos legales de acceso a la propiedad del suelo. Además, los asuntos de la propiedad de la tierra fueron concebidos como inscritos en la órbita de lo privado, como problema entre ciudadanos, y en consecuencia, el Estado se sustrajo de cualquier intervención que no fuera la de garantizar el derecho a la propiedad.

Esta situación tuvo que ver con el hecho de que la agricultura comercial no estimuló la existencia de fuertes presiones sobre la estructura de la tenencia de la tierra, las que solo se hicieron presentes en algunas regiones cuando comenzaron a responder a las demandas internacionales e internas de productos agropecuarios, lo que indujo a la desamortización de los bienes de la iglesia, a la reconsideración parcial de las políticas de otorgamiento de baldíos a los particulares, a la abolición del diezmo agrícola, el desestanco del tabaco y de la elaboración y comercialización de aguardiente, a políticas de colonización y a estimular la movilidad comercial de la tierra. En consecuencia, hasta mediados de la centuria decimonónica los problemas de la tierra estaban representados en los gravámenes sobre la producción agrícola, los monopolios estatales (estancos) y las limitaciones a la circulación de la propiedad raíz rural representadas en los censos, las capellanías, los mayorazgos y las formas de propiedad corporativas, que al limitar el libre desarrollo de la  propiedad individual se les consideraba atentatorias contra el nuevo orden republicano. En torno a estos aspectos se agruparon diversos intereses locales, comarcanos y regionales que entraron en conflicto con las políticas centrales del Estado, con las autoridades de menor escala y entre los sectores interesados en aprovecharse de la situación o en mantener el orden tradicional.

Una vez que arrancó la comercialización y el interés por la tierra gracias al despegue de la ganadería, los problemas se fueron haciendo cada vez más evidentes hasta el punto de llegar en muchas ocasiones a los enfrentamientos físicos entre indios, colonos y hacendados. Los primeros frentes sobre los que presionó la economía ganadera fueron las tierras sometidas a formas de propiedad corporativa, como eran los ejidos o terrenos municipales, los resguardos indígenas y los terrenos proindivisos (tierras comuneras o de mancomunidad), porque el incremento de la demanda interna de carnes y cueros gracias al crecimiento demográfico y a las exportaciones de tabaco y algodón (que empleaban el cuero de res para el embalaje de estos productos) hicieron de estas tierras un objetivo apetecible para la actividad empresarial que de manera creciente demandaba tierras civilizadas y próximas a los centros poblados. Se trataba de un viejo conflicto de origen colonial que llevaba a que muchas poblaciones constantemente elevaran representaciones a las autoridades superiores pidiendo ser protegidas en sus derechos sobre las tierras del común que rodeaba a los poblados, destinadas por las autoridades españolas como recurso público para satisfacer las necesidades de todos los vecinos, en especial de los más pobres. Más adelante volveremos sobre los ejidos.

Al lado de las tierras de los resguardos, también los terrenos comunales de los distritos soportaban una fuerte presión por parte de quienes se los apropiaban y dejaban a las comunidades sin recursos. Las quejas de las autoridades distritales (alcaldes, concejos municipales y procuradores), de los campesinos y de gentes del común se fueron intensificando a medida que la ganadería extensiva y la mediana y pequeña iba acabando con las posibilidades de vida independiente de miles de familias de campesinos costeños, convirtiéndose algunas áreas de la región en escenarios de conflictos sociales por el control de la tierra, en los que se vieron involucrados; por una parte campesinos pobres, comunidades indígenas y colonos; por otra parte hacendados y terratenientes, campesinos medios como también las autoridades. De ahí que la historia de los conflictos agrarios en la Costa a comienzos del siglo XX muestra una cartografía de la protesta campesina y de colonos que manifiesta esa relación, la que debió ser más fuerte en las poblaciones de más reciente formación como las creadas durante los siglos XVIII y XIX, fundaciones que estuvieron acompañadas por la expansión de las haciendas²², y que siempre tuvieron en litigios los terrenos comunales.

Los trabajos exploratorios sobre este tema para el caso de zonas muy puntuales de la región costeña (depresión momposina, zona bananera del Magdalena, valles de los ríos Sinú y San Jorge), como también los datos que citaremos un poco más adelante permiten conjeturar que los conflictos en torno a la tierra y demás recursos naturales también se escenificaron en otras áreas de la Costa, debido a que el problema no radicaba en que estos abundaran en medio de una baja densidad demográfica, sino en la competencia entre los diversos actores sociales era en torno a las mejores tierras, tanto por su feracidad, el acceso a la mano de obra y a los mercados. Hacendados y terratenientes siempre aspiraban a establecerse y acaparar tierras cerca de las concentraciones poblacionales para tener un fácil acceso a la mano de obra, o para someterla a la condición de terrajeros o arrendatarios. Por tanto, como la ganadería afrontaba problemas como la provisión de mano de obra y el acceso a recursos (tierra, pastos y aguas), la cercanía a los mismos era algo perentorio, en especial, para la economía ganadera de cierta escala. Esto porque la provisión de estos recursos era un problema de vida o muerte para esa época; ya que solo se contaba con hierbas que la naturaleza producía espontáneamente y de escaso valor proteínico, sin intervención humana. La introducción de elementos modernos como los pastos de mayor valor proteínico y del alambre de púa para tender cercas solo produjo resultados gradualmente, lo que fue permitiendo desprender la ganadería de la trashumancia.

En consecuencia, todo hacía de las tierras colindantes con las zonas pobladas las más apetecidas, cercando e impidiendo a muchas comunidades campesinas, tanto concentradas como semidispersas, el libre acceso a los recursos de los que tradicionalmente extraían su diario sustento. También se intentaba acceder a las tierras próximas a los recursos hídricos. En el censo ganadero ya citado (ver cuadro anexo), se observa una tendencia a ocupar primero las zonas en las que abundan y son permanentes los cuerpos de aguas (ríos, ciénagas y caños). Por eso, según el cuadro anexo el mayor número de cabezas de reses se concentra en los municipios orilleros de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, Canal del Dique, ciénagas como las de Ayapel, Repelón, Manatí, Simití (ver las cifras más arriba). El 68% del ganado vacuno se concentraba en los distritos orilleros, el 15.5% en los distritos de la sabanas de Bolívar, el 10.3% en los Montes de María y el 7.2% restante en los municipios costaneros.

Este problema fue angustioso en el caso de los terrenos municipales (también llamados del común o ejidos), despertando el interés de algunos sectores oficiales por legislar y poner en claro todo lo relacionado con estas tierras. Además, estaban muy vivos los recuerdos que dejó el levantamiento popular en Cali en 1854 contra las elites de la ciudad por motivo de la apropiación indebida de las tierras del común, recuerdo que se asocia con el hecho de que por los años 1860 y 1870 el gobierno nacional y el regional otorgaban privilegios a empresas ferrocarrileras y entregaban grandes cantidades de tierras, lo que muchas veces chocaba con los intereses municipales. Desde mediados de los años 1860, cuando se discutía la concesión del privilegio para construir el ferrocarril Barranquilla-Sabanilla, y qué hacer con los terrenos por donde pasaría la vía, las autoridades de esta ciudad mostraron cierta preocupación por legalizar los títulos y la posesión y dominio de sus ejidos.

La misma Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar, por medio de la ley 27 del 31 de diciembre de 1873, dio atribuciones a los distritos para que en caso de carecer de tierras comunales por estar rodeados de propiedades privadas, solicitar la expropiación con indemnización. Poco después, en 1877, la ley 45 autorizó la expropiación de esas propiedades, acudiendo al poder judicial. Luego, por medio de la ley 31 de 1880 prohibió que las autoridades distritales enajenaran las propiedades públicas²³.

Esta última ley permite inferir los problemas por los que atravesaban el usufructo de estas tierras y los conflictos que se generaban, pues no solo prohíbe la enajenación, sino que también declara nulo cualquier contrato de arrendamiento de esos terrenos debido a que constreñían las labores de los campesinos pobres y demás gente humilde que no solo utilizaba los ejidos para pasto de pequeños números de reses y para coger sus sementeras de pan, sino que de allí extraían la leña, la enea para techar sus casas y la madera necesaria para la obra. Era una práctica muy común de muchas autoridades distritales de arrendar grandes globos de terrenos del común a miembros de sector de notables de las poblaciones de vocación ganadera y agrícola, obligando a los pobres a desplazarse a los baldíos allende los linderos del casco urbano.

De ahí que las autoridades centrales, en vista de cierta inoperancia de las herramientas jurídicas otorgadas a los distritos para definir la situación de sus tierras, en 1883 exigieran a las autoridades de aquellos que rindieran informes sobres sus terrenos, y de la escasa información que se recibió demuestra el estado de confusión que existía en cada cabecera distrital sobre los términos y títulos de propiedad. Para estas autoridades del Estado de Bolívar la solución de estos problemas era una necesidad para permitir que la ganadería no ocasionara enfrentamientos sociales.

Sin duda, algunas autoridades municipales respondieron con este cuerpo de leyes a la presión sobre la propiedad territorial y al conflicto social que suscitaba, y si no pudieron evitar la apropiación privada en ciertos casos pusieron en limpio la tradición de títulos de las propiedades públicas, lo que en muchas ocasiones se convirtió en un mecanismo de defensa de las propiedades públicas. Casi todos los distritos pensaron en aclarar qué había sucedido con los suyos, dónde se hallaban los títulos de propiedad, quiénes usufructuaban las tierras y demás bienes públicos, y si carecían de ejidos, comenzaron a tramitar su posesión mediante la expropiación con indemnización de las tierras privadas de los contornos de las poblaciones. Así, por ejemplo, en 1863 el gobernador de la provincia de Lorica informaba a las autoridades centrales del Estado de Bolívar, que el distrito de San Antero se encontraba situado en terrenos de la hacienda El Zapote, que desde 1861 pertenecía al gobierno en virtud de la desamortización de bienes de manos muertas.

En iguales condiciones se hallaban los distritos de Purísima, Momil y Lorica, situados el primero en terrenos del resguardo indígena de Purísima, el segundo en terrenos de la iglesia, hasta que en 1862 el vecindario remató esas tierras que habían pasado al Estado de Bolívar por efectos de la mencionada desamortización, y el tercero situado en terrenos de los resguardos indígenas de San Sebastián y San Nicolás.

Igualmente, los habitantes del distrito de Manatí, en la provincia de Sabanalarga, desde los años de 1860 venían enviando representaciones ante las autoridades regionales y nacionales para que se les permitiera contar con terrenos del común, ya que esta población se encontraba situada en tierras de particulares y habían tenido continuos enfrentamientos con sus propietarios, hasta que en 1875 el gobierno nacional les cedió a este vecindario 3.780 hectáreas²⁴. En esta misma provincia, los distritos de Usiacurí y Juan de Acosta ilustran el caso de poblaciones de mestizos y blancos que surgieron en los terrenos de los resguardos indígenas de Usiacurí y Tubará, pero con la diferencia que el primero controlaba la administración de las tierras del resguardo pues la población indígena había disminuido notablemente, mientras que el segundo tenía continuos enfrentamientos con los nativos de Tubará que se habían mantenido y eran muy celosos en salvaguardar lo que les había quedado del antiguo resguardo que entre los siglos XVIII y XIX se vio penetrado por colonos y hacendados de la comarca.

En la provincia de Sincelejo el distrito de Toluviejo presentaba una parecida situación, pues carecía de tierras del común y de baldíos a sus alrededores, pero sus habitantes usufructuaban las tierras del resguardo indígena sin que estos se opusieran. Asimismo, el distrito de Yatí era el resultado de la transformación de pueblo de indios en parroquia de vecinos libres, por lo que usufructuaban las tierras del antiguo resguardo²⁵.

Lo que pone de manifiesto esta información es que la sociedad agraria costeña del último tercio decimonónico se empezó a sacudir por los conflictos originados en el interés por la ganadería que involucraba a amplios sectores de la población, y como reflejo del malestar suscitado en diferentes sectores de la sociedad despertó ciertos celos entre sectores de la administración pública y del común por la propiedad de las tierras y por las disputas extendidas en torno a los usos que debía dársele en “tierras de labor” y “tierras de pastos” a los ejidos y baldíos cercanos a las poblaciones; ya que el crecimiento del hato ganadero que pastaba en estas últimas se había vuelto un grave problema, pues la costumbre de tenerlo libre llevaba a que pasaran a las “tierras de labor” y arrasaran las sementeras. A estos últimos problemas se le dieron soluciones acorde con la vocación de la economía agrícola de los distritos²⁶.

Para finales de los años 1870 el concejo del distrito de Galapa declaró que todos los ejidos eran tierras para labores agrícolas, lo que llevó a quienes poseían ganado a protestar y elevar una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Bolívar, organismo que declaró ilegal la disposición del concejo distrital, pues una ley de la Asamblea Legislativa de esa unidad político-administrativa obligaba a que anualmente los cabildos demarcaran las tierras de labor y las de cría de ganado. Estas disputas llevaron a que en 1879 el Procurador General del Estado de Bolívar sugiriera la necesidad de precisar las jurisdicciones de las diversas autoridades públicas sobre los terrenos, para evitar las continuas confusiones entre los terrenos ejidales que eran competencia de los concejos y demás autoridades distritales, y los terrenos baldíos que estaban bajo la jurisdicción de la nación²⁷.

Algo similar había ocurrido en Barranquilla en 1866, ciudad en la que tradicionalmente las actividades agropecuarias se desarrollaban en los terrenos comunales de Guaimaral, Carretal, Villalón, Mequejo y en el indiviso de la isla de los Gómez situado en el margen oriental de la desembocadura del río Magdalena, como también las islas y playones que formaba la corriente. Desde tiempos remotos estos terrenos comunales fueron usufructuados por centenares de personas pagando derecho de terraje a los descendientes de los primeros pobladores, hasta que a finales de los años de 1830, con base en la Ley 1a del 19 de mayo de 1834 (“Sobre régimen político municipal...”) que otorgó a las cámaras provinciales atribuciones para decidir sobre ejidos, el Concejo Municipal se hizo cargo de la administración de los mismos²⁸.

A mediados del siglo XIX con la supresión de la propiedad corporativa eclesiástica de la tierra y su consiguiente comercialización, así como por el despegue de la ganadería como actividad empresarial, se intensificó la compraventa y la apropiación indebida de esos terrenos comunales. Prueba de ello es que si en los años que van de 1815 (cuando comienza la documentación notarial de Barranquilla) a 1849 se registraron en la única Notaría que existía 81 transacciones de partes de tierras (cabuyas, acciones, rozas y estancias), entre 1850 y 1871 las compraventas ascendieron a 145, correspondiendo el 55% a los años de 1861-1870. Esto coincidió con el primer auge exportador de ganado motivado por la demanda de Las Antillas, la alta concentración población que trabajaba en la construcción del Canal de Panamá y por el aumento del consumo interno, lo que ocasionó una demanda de tierras en los alrededores de esta ciudad, surgiendo potreros para la cría y ceba del ganado destinado al exterior o al sacrificio para el abasto de carnes²⁹.

Como la economía ganadera involucró a muchos sectores sociales por la existencia de una división de funciones entre pequeños y medianos campesinos que se dedicaban a la cría del ganado joven, y a los hacendados y grandes ganaderos que se ocupaban en la compraventa, ceba y engorde de las reses, la situación generó conflictos en varias direcciones tanto por la reducción del espacio como porque las reses arrasaban con las sementeras de los agricultores. Quien mejor describió lo que estaba sucediendo con las tierras comunales a finales del siglo XIX, fue Juan M. Burgos, gobernador de la provincia de Lorica en 1881, cuando informaba que en casi todos los distritos que integraban esa provincia,

... reina una lucha permanente entre el agricultor y el ganadero, por los constante daños que mutuamente se hacen, debido a que pocos son los distritos que tienen terrenos propios, por lo que los concejos no pueden hacer la demarcación para ambas industrias, y a título de propietarios los ganaderos no remuneran el perjuicio al pobre agricultor, que cansado de sufrir se lanza en las vías de hecho. De aquí resultan las luchas que absorben el tiempo de los jefes de policía. En concepto del infrascrito, la asamblea debe adoptar una medida que ponga fin a esa situación; y en mi muy humilde opinión bastaría que se hiciesen mesurar los terrenos a cada propietario con vista de los títulos legítimos que se exhibieran, pues la mayor parte de los titulados propietarios no lo son legítimamente; que se adjudique a cada distrito la porción de terrenos necesarios para sus industrias; y que se expidan las leyes respectivas, cuanto para premunir los daños, como para garantizar la propiedad territorial³⁰.

Las representaciones que varios individuos han dirigido a esta Alcaldía, las quejas que por todas partes se oyen y una inquietud sobre el porvenir que se hace notar en esa masa del pueblo que viven de las faenas del campo y de la agricultura, aparte de las empresas del campo y de la agricultura, aparte de las empresas que por su magnitud están patentizadas, acometidas día por día en los terrenos del distrito con la fuerza irresistible del capital, dejan ver claramente que se está marchando con celeridad al tiempo en que esas clases menesterosas no encontrarán bosques de donde extraer los materiales que nuestra civilización aún incipiente demanda para los usos comunes de la vida y de la habitación, ni un pedazo de tierra donde establecer una sementera que las tierras vendrán a parar en las pocas manos que el capital hace avaras de un objeto que es de todos, pobres y ricos debemos disfrutar...³¹.

Es el caso que de los bosques y tierras del distrito se está disponiendo por los capitales como de una pieza de tela que desaparece hecha retazos, en pocas manos. Se puede asegurar que dentro de una década, al paso que van las ocupaciones de bosques, el pobre labrador no encontrará siquiera un ángulo de tierra para cultivarla, y entonces, ese pobre labrador, que tiene tanto derecho como el rico a lo que es de la comunidad, tendrá que pagarle terraje al opulento propietario....

En los años de tránsito de los siglos XIX al XX en Barranquilla sobresalen algunas familias que se han hecho a la parte más notable del negocio de la ganadería. La importancia alcanzada por esta actividad en los negocios locales aparece ilustrada en una publicación de 1892 cuando contabiliza 16 individuos dedicados a ella. Esa lista contrastada con otra de 1910 muestra cómo el número se ha elevado a 28 y quiénes se mantenían en el negocio: Correa & Heilbron, José F. Insignares Sierra, Juan B. Roncallo, Manuel M. Márquez, Joaquín M. Lascano, Miguel Segrera, Evaristo Obregón, Jenaro Salazar, Juan J. Urueta, José M. Rendón y Manuel M. Manotas. Para 1934 se les encontrará metidos en el negocio de las urbanizaciones, para sectores medios y bajos³².

Quejas y conflictos también se daban en otras comarcas de la Costa, ocasionando enfrentamientos entre las autoridades civiles, en especial entre los gobernadores provinciales interesados en promover el desarrollo de la ganadería como empresa, y las autoridades distritales que de alguna u otra forma tenían que velar por los intereses de las comunidades. Los puntos de vista de las autoridades provinciales estaban sintonizados con el desarrollo de la economía ganadera, pues la ubicación del cargo en la estructura político-administrativa del Estado de Bolívar y sus atribuciones, le permitían tener una visión de conjunto del proceso expansivo de esa economía, lo que estaba muy ligado a cierto sentido de racionalidad económica.

Además, esta es la razón más determinante, en su mayoría provenían de familias de hacendados y ganaderos de provincias, y estaban investidos con la prestancia social y el protagonismo político concedido y/o logrado por haber accedido a ciertos niveles de educación formal, la condición social de la que provenían, sus roles políticos en las estructuras de clientelas, la posición económica. Adscritos a las formaciones partidistas de la época, rápidamente se hacían elegir para cargos de representación popular como era la diputación a la Asamblea Legislativa del Estado, o eran designados por las autoridades para cargos ejecutivos como el de gobernador al que nos referimos. Fácilmente pasaban de la diputación a la gobernación de sus respectivas provincias o a cargos en la rama judicial para los que también eran nombrados por la Asamblea Legislativa previo listado elaborado por los diputados.

Por tanto, desde comienzos de los 1880 este sector de hacendados y ganaderos utilizó todas esas armas para diseñar una política que liberara de cualquier obstáculo a la economía ganadera, en especial en sus conflictos con la economía agrícola campesina. Para finales de los 1870 y comienzos de los 1880, alrededor de los terrenos arcifinios que se creaban por la sedimentación que arrastraba la corriente del río Magdalena (conocidos como “playones”), a la altura de las provincias de Mompox y de Magangué, se entabló una intensa disputa que involucró a las comunidades campesinas, autoridades distritales y a la naciente economía ganadera. Esto se debía a que una vez retiradas las aguas en estos terrenos crecían pastos muy propicios para la alimentación del ganado al tiempo que los animales quedaban cerca de los recursos hídricos. En 1878, el gobernador de la provincia de Mompox denunciaba que desde 1873 el Concejo del distrito de Talaigua se había abrogado la facultad de legislar sobre los terrenos baldíos, imponiendo cobro de derecho de pastos a los ganaderos de Magangué. Quejas de parecido tenor elevó el gobernador de la provincia de Magangué, al considerar que ese cabildo distrital violaba normas nacionales al lanzar a los agricultores magangueleños, destruirles sus sementeras y convertir las tierras destinadas para la agricultura en pastos para ganado.

En igual dirección se manifestaba el gobernador de la provincia de Mompox en 1880 cuando solicitaba la intervención de las autoridades centrales del Estado de Bolívar para que se pusiera fin a lo que consideraba los desafueros de los concejos distritales que al no delimitar con precisión las tierras de labor de las tierras de pastaje, y que se originaban muchas inconformidades e injusticias en el desconocimiento de cuales terrenos eran propiedad de los municipios y cuales eran baldíos y por tanto propiedad de la nación. Pero para lo que nos interesa, ese funcionario público informaba que la decadencia de la agricultura en esa provincia, el hambre y la miseria que acosaba a la mayoría de la población de la misma se debía tanto a la creciente del río Magdalena del año inmediatamente anterior, como al “… incremento que ha recibido la cría de ganado en estos últimos años. Bien examinado este punto, existe hoy establecida una pugna de interés entre los que labran la tierra y los que en ella establecen cría de ganado…”³³.

Disputas parecidas también se dieron en la provincia de El Carmen después del colapso de las exportaciones de tabaco a Europa durante la segunda mitad de los años 1870, economía que al ser reemplazada por la ganadera llevó al gobernador provincial de esa comarca a quejarse porque esta actividad demandaba mucha tierra, incluyendo a las más aptas para el cultivo, al tiempo que veía con preocupación como se estaba destruyendo el medio ambiente para darle paso a los terrenos para pastos. Este funcionario solicitaba, “… dictarse y hacer cumplir las mejores leyes en beneficio de los agricultores, y preferir a estos mejor que a los ganaderos. No nos fijemos en el presente; miremos adelante. Una irrupción de inmigrantes no es imposible, y como el campo que apenas basta para pacer una vaca, sirve, cultivado, para alimentar a una familia. Los potreros y pajares inmediatos a los poblados están siendo ya un positivo mal para los agricultores en muchos lugares”.

Los conflictos entre los hacendados y las comunidades campesinas también podían suscitarse por el acceso a los recursos hídricos, como sucedió en Santa Marta hasta el tercer cuarto del siglo XIX cuando la familia de empresarios de Mier, propietarios de la hacienda San Pedro Alejandrino, pudo al fin poner fin a un bicentenario conflicto con los habitantes del pueblo de Mamatoco en torno a la disputa de la corriente de agua de Minca que aprovisionaba del precioso líquido tanto a la hacienda como al mencionado pueblo, conflicto que llevó a que los habitantes de éste hirieran en 1872 a Manuel Julián de Mier. También puede conjeturarse que el asesinato de David Pereira, alcalde de Barranquilla entre 1866 y 1867, en parte se debió a su interés en hacer cumplir las leyes que ordenaban que las tierras fueran divididas en de pasto y labor, obligando a los ganaderos a sacar sus reses de determinadas zonas de los terrenos comunales³⁴.

En algunos de los casos señalados todo parece indicar que el fondo del problema era; por un lado, la ausencia de precisiones en torno a qué terrenos pertenecían a los distritos y cuáles eran de la nación. Al respecto, en 1881, Carmelo Arango, el gobernador de la provincia de Magangué informaba que, “En los distritos casi no hay idea de lo que son bienes comunales, y donde más se descubre esto que digo, es en los decretos dictados por muchos concejos municipales, estableciendo impuestos por el uso de los terrenos baldíos, o de las fuentes, montes, dehesas i pastos que contienen estas en su jurisdicción”³⁵. Por otro lado, los ganaderos casi siempre se apoyaban en las autoridades provinciales cuando sus intereses chocaban con aquellos municipios que contaban con unas autoridades muy diligentes y dispuestas a defender los derechos comunitarios.

Problemas de igual tenor sucedían en 1892 en el Distrito de Calamar, poblado que había tomado auge con los ciclos de tráfico de vapores fluviales de carga y pasajeros por el Canal del Dique, y con su escogencia como puerto terminal sobre el río Magdalena del ferrocarril de Cartagena, inaugurado en 1894. De ahí que en plena construcción de la vía férrea la gobernación de Bolívar se preocupara por nombrar alcalde de este puerto a Arturo Stevenson, comerciante y comisionista cartagenero muy allegado a los altos círculos de los regeneradores de la región, quien en unión con el cabildo Distrital, integrado en su mayoría por agentes de las casas comerciales de Cartagena, acordaron cobrar derecho de terraje a quienes utilizaran los pajares y praderas del distrito, porque consideraban que los habitantes de la región carecían de títulos y que las tierras, propiedad del cabildo de Cartagena pasaron por cesión a la compañía del ferrocarril.

Esta decisión ocasionó protestas y sacó a flote viejos problemas entre los primigenios habitantes de Barrancanueva y El Yucal, poblaciones situadas en jurisdicción de la nueva cabecera distrital y que decrecieron rápidamente en habitantes una vez empezó a surgir Calamar. Para los habitantes de las poblaciones que vivían del usufructo de los ejidos y baldíos por donde se proyectaban las vías férreas y acuáticas de uso de barcos de vapor, la posesión por tradición de esas tierras se convirtió en un continuo sobresalto, pues cuando se otorgaban las concesiones a las empresas constructoras, salían lesionados los intereses de los campesinos y pequeños ganaderos lugareños. Las obras de adecuación del Canal del Dique para la navegación a vapor siempre involucraban la concesión de grandes extensiones de tierra a los empresarios que las adelantaban.

En 1836 el gobierno nacional aprobó un acuerdo del concejo municipal de Cartagena que cedía a la compañía que adelantara las obras el canal, incluyendo los “censos, cargas y pensiones impuestos sobre el canal”. Diez años más tarde, en 1846 el personero Provincial de Cartagena informaba que la concesión de tierras a la compañía que canalizaba el Dique se enfrentaba al problema de la posesión y usufructo de las tierras y playones en las inmediaciones de la embocadura de ese canal por parte de los habitantes de Barranca; luego agregó:

Sobre las tierras de Barranca no he podido obtener los datos necesarios para instruir la acción correspondiente para aclarar la propiedad de dichas tierras. Lo único que se sabe es que estas tierras como anexas al Dique eran propiedad de concejo municipal de este cantón [Cartagena], en cuyos derechos se ha subrogado hoy la Cámara y que por una resolución del Gobierno del Estado de Cartagena en la primera época de la República se compensaron a favor del vecindario de Barranca con la dispensación de su derecho que pagaba el impuesto conocido con el nombre de Armada de Barlovento. Pero esto se sabe por referencias y de una manera que no da los conocimientos necesarios para llenar el objeto que la Cámara de propuso con el decreto de 12 de octubre de 1843…

Por eso, el mencionado alcalde de 1892 creía que estaba a su favor el hecho de que “… según los barranqueños, Calamar no solo no tiene “ejidos”, sino que las casas mismas están edificadas en terrenos de ellos”. El acuerdo fue vetado por el Tribunal Superior del Departamento de Bolívar, aduciendo que se olvidaba que, “… todo el que adquiere la vecindad en un distrito determinado, adquiere por ese hecho el derecho de usufructuario en los terrenos que ocupe, y de ahí que el ocupante pueda disponer de los productos del terreno que ocupe, sea o no erial”³⁶.

Otros distritos, como el caso de Juan de Acosta, fronterizo con el resguardo de indígena Tubará, en 1879 era presentado en total decadencia por el gobernador de la provincia de Sabanalarga “… por la falta de terrenos propios, que pudiera administrar libremente y con provecho de los asociados…”. Siete años después (1886) se le bajó a la condición de corregimiento del distrito de Tubará, y seis años más tarde, en una ordenanza de 1892 que lo volvía de erigir en distrito, justificaba la decisión porque los habitantes de estas dos poblaciones vivían en constante discordia, “… por la manera como se hace uso de los terrenos comunales…”³⁷.

Situación similar vivían otros distritos debido, por un lado a que carecían de terrenos ejidales pese a que una disposición de 1874 demandó que los distritos en esta situación podían acudir a la expropiación con indemnización de aquellos terrenos particulares situados en los términos municipales; de igual modo, podían estar ubicados en terrenos de particulares, en tierras de otros distritos, o tener adscritos corregimientos y caseríos situados en terrenos de otros distritos, lo que ocasionaba continuos enfrentamientos por el usufructo de los terrenos y el cobro de terraje, y ante qué autoridad se adelantaba cualquier diligencia. En esta última situación para 1892 hemos registrado los casos de los distritos de Pinillos y Majagual, Calamar y Campo de la Cruz por la jurisdicción del corregimiento de Santa Lucía (actual departamento del Atlántico), y Sabanalarga y Villanueva por la jurisdicción del corregimiento de Santa Cruz³⁸.

Las imprecisiones en la demarcación de las tierras comunales entre de cría y de labor era un hecho generalizado en casi todos los municipios de la región, y ello encubría conflictos entre quienes se podían dedicar a la agricultura y quienes a la ganadería. Al menos en 1881 así lo manifestaba Pedro Salzedo Ramón, gobernador de la provincia de Mompox:

La industria agrícola está en manos de los pobres, quienes se contentan con los productos de una roza, cuyo cultivo deja bastante tiempo al ocio y al sueño.

La falta de brazos y de seguridad son las causas principales de que los ricos no quieran  exponer sus capitales en empresas agrícolas; a los que se agrega que encuentran otras especulaciones de que derivar, sino mayor renta, por lomenos más inmediata y segura. Además, la iniciación de cualquier trabajo en el campo es el principio de una serie no interrumpida de disgustos con los ganaderos, por lo común atropelladores de todo derecho rural, con los vecinos que roban, con los fingidos o verdaderos dueños de terrenos, y por último, con los trabajadores en su mayor parte perezosos i estafadores...

El gobernador de provincia de Lorica, la de mayor incremento en la ganadería, fue más lejos en sus análisis de estos enfrentamientos: “En todos y cada uno de los [distritos] reina una lucha permanente entre el agricultor y el ganadero, por los constantes daños que mutuamente se hacen debido a que pocos son los distritos que tienen terrenos propios…y a título de propietarios los ganaderos no remuneran el perjuicio al pobre agricultor que cansado de sufrir, se lanza a las vías de hecho. De aquí resultan las luchas que absorben el tiempo de los jefes de policía”. La ley 24 de 1868 cedió 150.000 hectáreas a la compañía que construiría el ferrocarril entre Barranquilla y Sabanilla, lo que movió una gran cantidad de intereses de pequeños y medianos campesinos, hacendados y autoridades distritales para clarificar los derechos de propiedad, como se muestra en la documentación notarial de Barraquilla de esos años³⁹.

Por eso lo más usual es que las autoridades provinciales solicitaran que los terrenos comunales fuesen liberados de la condición corporativa para poder afincar la propiedad privada y el cercamiento de las tierras, para acabar de una vez por todas con los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos. Además, quienes llegaban a cargos como las gobernaciones provinciales, sin excepción compartían la idea del progreso de la ilustración europea, por lo que era fácil que pensaran que lo primero que debía desaparecer eran esas formas “arcaicas” de propiedad (resguardos, ejidos, proindivisos), que impedían la libre iniciativa individual, la libre competencia que era la encargada de llevar al hombre a una mejoría sin fin. Por eso siempre elevan una queja ante el gobierno central de Bolívar Grande: había que luchar casi hasta lo indecible para intentar convencer infructuosamente al campesino de la importancia de afincarse en la tierra, de poseer una propiedad.

Suponían que si no había apego, esa identidad del hombre con su propiedad, la búsqueda del progreso no sería un propósito colectivo. Conocedores del medio, dada la condición de juez y parte en la vida política y social, los gobernadores provinciales se aferraron a la idea de la ganadería como el renglón económico más promisorio desde el primer despegue de exportación de ganado con destino a Centroamérica y el Caribe. En su imaginario también veían a esta actividad como el buscado punto de despegue del anhelado modelo agroexportador.

En 1881, Juan Francisco de la Espriella, gobernador de la provincia de Barranquilla, insistía en que los ejidos generaban costumbres entre los agricultores que se oponían al progreso material de esa provincia, pues los labriegos disponían de esos terrenos a sus antojos, realizaban quemas para desbrozar pequeñas rozas, sembraban uno o dos años y luego procedían a despejar nuevos terrenos para sembrar en la mayor e las veces productos de pan coger, lo que otorgaba a la agricultura un carácter itinerante que no le permitía avanzar. Inmediatamente afirmaba:

Pero ya que no es posible acabar con esos terrenos comunales, origen de tantos reclamos y disputas, de tantas desavenencias que a veces suelen tomar proporciones alarmantes, ya que no es posible repito, ni aun con el objeto de repartirlo a título mejor, a fin de despertar el interés que naturalmente se tiene por lo que es propio pudieran disminuirse los inconvenientes apuntados, limitando el derecho de cada vecino, a escoger por una sola vez la porción de terreno en que crea conveniente establecer su labranza, sin que le fuera permitido nunca el abandono con el objeto de ocupar otro lugar⁴⁰.

Con toda seguridad que una revisión exhaustiva de la información de los archivos del último cuarto del siglo XIX serviría para conocer muchos datos de parecido tenor.

Tierra, poder y legislación agraria

Cuando los ganaderos que tenían asiento en la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar lanzaron iniciativas para favorecer sus actividades en ese renglón de la economía región, se suscitó un debate en el que participaron intelectuales y políticos costeños que mantuvieron puntos de vistas encontrados, en especial con lo referido a los gravámenes que debían establecerse y sobre que sectores económicos debían recaer. Esas discrepancias fueron significativas durante la segunda mitad del decenio de 1860, años en que el Estado de Bolívar acusó un continuo déficit fiscal que obligó a discutir y a establecer las cargas impositivas. Comercio, producción agrícola (tabaco y caña de azúcar empleada en la elaboración de licores) y ganadería fueron el centro de los debates fiscales, los que en contadas ocasiones se deslizaron al campo de las conveniencias de la concentración de la propiedad territorial y de la ganadería para el desarrollo económico de esta parte del Caribe colombiano⁴¹.

Las críticas a la ganadería se empezaron a manifestar a mediados del decenio de 1860 cuando en el Estado de Bolívar se discutía un nuevo sistema de impuestos que cobijaba la contribución directa sobre la renta anual calculada a cada contribuyente, el impuesto al consumo de carne, a la gran propiedad territorial, a la destilación de aguardiente y a la cría de ganado. Los proyectos de leyes que creaban el primero y el último impuesto suscitaron fuertes discusiones en la Asamblea Legislativa de Bolívar entre quienes eran partidarios de solo gravar la riqueza individual y la producción ganadera con el impuesto a la cría de reses, y los opositores a cualquier intento de cargar la libre iniciativa privada, los que terminaron transándose con el proyecto gubernamental del impuesto al degüello.

En la discusión, los partidarios de gravar la producción ganadera argumentaban que esa actividad era poco conveniente para el desarrollo de la región pues demandaba escasa inversión y poco trabajo y que en ella no estaba presente la racionalidad económica del cálculo. Los ganaderos tuvieron su mejor adalid en Manuel Antonio Pineda, diputado por la provincia de Chinú y miembro de una importante familia ganadera del bajo Sinú y de las sabanas por donde corren las aguas del río San Jorge. Este político se había distinguido como un empresario activo, hombre de letras, liberal radical sobresaliente que había viajado a los Estado Unidos de Norteamérica a contratar una misión de expertos en petróleo para que estudiaran los yacimientos del distrito de San Andrés de Sotavento.

En la Asamblea Legislativa dirigió la oposición a cualquier gravamen directo a la economía ganadera, argumentado en los debates que contrario a lo que se creía, la ganadería era una actividad que demandaba trabajo y que poseía su racionalidad económica expresada en el trabajo de los vaqueros y en los periódicos desplazamientos de los hatos de las tierras bajas de los ríos y ciénagas a las partes altas de las sabanas en concordancia con los periodos de lluvias y de sequías en la región:

¿Todo esto no prueba que es un error creer que el ganado se produce sin la asistencia esmerada de su dueño y sin sujetarlo a duras fatigas? Véase pues, que esta profesión en vez de ser tranquila y sedentaria, trae al individuo que la ejerce multitud de riesgos personales de que carecen las demás. Y si por ventura produce una utilidad positiva, es como una compensación de los males que proporciona⁴².

Pese a que este es el único registro que encontramos sobre estas discusiones, sirve para apreciar que los disputados provenientes de las provincias en las que el desarrollo agrícola era más significativo (El Carmen y Lorica), plantearon en varias oportunidades las inconveniencias de la ganadería y la apropiación del suelo que generaba para el desarrollo del Bolívar Grande, mientras que las diputaciones de las provincias que estaban a la cabeza del desarrollo pecuario (Chinú y Corozal) eran las que más insistieron en gravar la producción agrícola para los mercados internacionales, como era el caso del tabaco, al tiempo que mostraron una fuerte oposición a cualquier disposición legal que obligara a medir y deslindar la propiedad territorial⁴³.

En las condenas a la ganadería eran determinantes la lectura de economistas europeos que colocaban al trabajo como el factor fundamental de la riqueza de una nación, en especial de Juan Bautista Say, quien había combinado las teorías de los fisiócratas sobre la tierra como principal factor de económico, con las de Adam Smith y David Ricardo, quienes habían resaltado la importancia del trabajo humano como el elemento central de la creación de la riqueza social (Rodríguez, 1989: 93-110; 1990: 107-117)⁴⁴. Este aspecto intelectual se combinaba con la obligatoria crítica de la generación postindependencia al pasado colonial, pues al corresponderle la tarea del desmonte de buena parte de la herencia de ese periodo que pervivía en las políticas económicas y fiscales, en las instituciones sociales y jurídicas de los primeros decenios de la república, lo hicieron con las armas del arsenal de la economía e ideología liberal.

De ahí, y este es otro factor a tener en cuenta, la fe en el modelo económico fundado en las exportaciones de productos agrícolas producidos y extraídos, modelo que para el tercer cuarto de la penúltima centuria tenía una experiencia exitosa en la producción tabacalera en la provincia de El Carmen (1854 y 1875). Estos factores ayudaron a crear un ambiente crítico frente a la ganadería como actividad económica, hasta que el inicio de las exportaciones ganaderas a Cuba y Centroamérica (1868-1882) atrajo la atención de muchos sectores sociales y las críticas pasaron a un segundo plano. El tema volvió a aparecer por los años de 1920 debido al ascenso de las protestas campesinas e indígenas en las regiones de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cauca y el valle del río Sinú, en el actual departamento de Córdoba, que obligó a pensar sobre lo que estaba sucediendo en el agro colombiano.

La expedición de un cuerpo de normas sobre la ganadería ayudó a la expansión de esta actividad en el Bolívar Grande a fines de la primera centuria republicana, la que presionó sobre las tierras en varias direcciones en especial sobre los resguardos indígenas, los terrenos comunales (municipales o ejidos), la pequeña economía campesina de zonas de colonización reciente. Desafortunadamente carecemos de censos ganaderos que permitan relacionar el crecimiento del hato con la expansión de la propiedad territorial y demográfica, las prioridades que determinaban los actores y la geografía de la misma.

Según estimativos que en 1874 hicieron prestantes ganaderos del Estado de Bolívar (ver anexo 1), el número de reses ascendía a 130.009, lo que sin duda estaba muy por debajo de la realidad⁴⁵. En este estimativo no aparece la totalidad de los distritos del Estado de Bolívar (verbigracia, Baranoa, Galapa, Cartagena, Turbaco y otros). Además, los estimativos por debajo de las cifras reales se debió al hecho de que entre 1866 y 1867 se establecieron los impuestos de cría de ganado ($0,20 por cada novillo mayor de un año y propiedad de personas con un mínimo de 10 “vacas de vientre”), el impuesto agrario ($3,oo por cada caballería de tierra titulada, y en una proporción decreciente del 50% y el 25% de esa suma para media y un cuarto de caballería de tierra), calculados con base en las declaraciones de los propietarios, informes y “el conocimiento público” sobre un estimativo de la riqueza de las personas que no se presentaban ante las autoridades a declarar.

Por tanto, es fácil colegir que las circunstancias fiscales y policivas que las acompañan constituían una invitación a esconder el ganado (que era muy usual como lo manifiestan los gobernadores y administradores de hacienda provinciales y los colectores del impuesto de cría de ganado, cuando señalaban que muchos propietarios vivían en un continuo desplazamiento o en parajes alejados que les permitía evadir la acción de las autoridades fiscales. En consecuencia, los datos del cuadro anexo deben tomarse con mucha cautela, pues pocos años después, en 1878, el gobernador de la provincia de Mompox (distrito del mismo nombre, Morales, Margarita, Simití, Barranco de Loba, Loba, Pinillos, Talaigua y San Fernando, que reunían una población de 26.415 habitantes), señalaba que las transacciones por ganado ascendían en toda la provincia a $250.000,oo, de las que correspondían al distrito capital el 72%. Un año después, en 1879, Nicolás Llinás, gobernador de la provincia de Sabanalarga (que comprendía al distrito del mismo nombre y a los de Baranoa, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Candelaria, Piojó, Repelón, Usiacurí y Campo de la Cruz, y a la que le calculaba una población de 25.000 habitantes), estimaba la riqueza ganadera en más de 120.000 reses, 12.300 cerdos, 2.550 cabras y 4.160 bestias de carga. Al hato vacuno lo valoraba en un poco más de $300.000,oo, y el movimiento comercial del sector agropecuario lo calculaba en $491.000,oo. En este mismo sentido, en 1880 el gobernador de la provincia de Chinú calculaba que el hato de esa provincia alcanzaba las 100.000 cabezas de ganado⁴⁶. En los informes de los gobernadores provinciales aparecen otros datos que también desmienten el mencionado estimativo. Por tanto, debemos calcular un hato mucho mayor y en continua expansión desde la segunda mitad del siglo XIX.

Pese a estas deficiencias este estimativo ganadero permite hacer algunas lecturas sobre la situación de la ganadería costeña en la fase inicial de su despegue. De sesenta y un distritos solo seis están por encima de los cien mil pesos de riqueza pecuaria (en su orden: El Carmen, Corozal, Chinú, Sincelejo, Barranquilla y Sabanalarga). Así mismo, solo quince poseían riquezas pecuarias por encima de los $50.000,oo, (los anteriores y luego Calamar, Mompós, Mahates, San Estanislao, Magangué, San Andrés, Sahagún, San Juan Nepomuceno, Arjona). Esto revela la geografía ganadera de la región, pues se observa que son las poblaciones de orilleras de ríos, caños y ciénagas las que más riqueza pecuaria poseen. Existían otros distritos que estaban muy por debajo de las mil reses, en su orden: Malambo, Sabanagrande, Arroyo grande, Bocachica, María la Baja, Pasacaballos, San Antonio, Turbana, Morroa, Momil, Sucre, Yatí, Barranco de Loba, Juan de Acosta, Palmar de Candelaria, Caracol, Palmito, Tolú y Toluviejo⁴⁷. De la riqueza vacuna, doce distritos (Corozal y El Carmen con 10.000 reses cada uno; Sabanalarga: 8.000; Chinú: 7.300; Sincelejo: 7.000; Calamar: 6.800; Montería: 6.000; Sahagún y Barranquilla: 5.000 cada uno; Ayapel y Mompós: 4.500 cada uno y San Andrés: 4.000 reses) contaban con el 60% de las cabezas vacunas del Estado de Bolívar. El 40% restante se lo repartían 49 distritos.

Conclusiones

El 15 de junio de 1857, el Congreso de la República aprobó una ley que le dio vida político-administrativa al Estado Soberano de Bolívar. Su territorio fue dividido en diez provincias: Barranquilla, Cartagena, Corozal, Chinú, El Carmen, Lorica, Magangué, Mompox, Sabanalarga y Sincelejo. Sin embargo, poner a funcionar el nuevo Estado no fue tarea fácil pues era precaria su presencia en todo el territorio. También era pobre su base tributaria, propiciando que el Estado solicitara préstamos a comerciantes, hacendados y ganaderos. Esto tuvo como consecuencia, por un lado, la concentración del poder político, económico y militar en unas pocas familias de cada provincia y, por otra parte, que el gobierno se viera obligado a negociar su gestión con estos grupos de notables locales.

Algunas características definían a estas familias. Las primeras eran sus orígenes y las actividades económicas que desempeñaban. Algunas de esas fueron el resultado de la reconfiguración del poder político propiciado por la revolución de Independencia, y por las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Desde los órganos de poder como la Asamblea Legislativa estos grupos sociales diseñaron políticas para proteger sus actividades económicas y para mantenerse en la cúspide de la pirámide social. Por otra parte, además de estar adscritas al partido liberal, estaban unidos por vínculos familiares como el ser compadres, cuñados, yernos, padrinos de matrimonio, primos, tíos, etc. El control del Estado implicaba un complicado juego de alianzas con las que estas familias vigilaban y consolidaban sus intereses. Así, los distintos ámbitos de la vida social eran permeados por las redes familiares que por una u otra vía anudaban la acción de los individuos.

Y esto sucedía así porque no existía una distinción nítida entre las funciones, recursos y actos públicos y privados. Entre más se alejaba el Estado de las capitales provinciales era mucho más frágil su poder, confundiéndose con mayor facilidad el poder público y el privado. El dominio era claramente personal⁴⁸. Resultaba tan borrosa esta distinción, que los empleados públicos eran los que accedían, personalmente o a través de intermediarios, a la adjudicación de los contratos que se sometían al sistema de arrendamiento. Así, al construir un Estado cuya misión principal fue el de otorgar puestos y favores, el sector dirigente se aseguró de detentar el poder en los diversos niveles del aparato estatal y el control político de sus  territorios⁴⁹.

Ahora bien, los caciques y gamonales locales eran los elementos esenciales en el funcionamiento de estas relaciones de poder⁵⁰. La relación privilegiada que mantenían con las autoridades estatales era uno de los recursos estratégicos que hacían posible su autoridad. El manejo del poder político les permitía el acceso al control del Estado, que pese a sus debilidades y pobreza, ofrecía un rubro de posibilidades que fueron aprovechadas sistemáticamente⁵¹. El control del Estado permitía a aquellas familias el acceso a recursos valiosos como las tierras públicas, las exenciones fiscales, las prebendas y patentes, las rentas públicas rematadas, así como a los contratos para satisfacer las necesidades que el gasto público generaba. Para estas familias, el Estado era un recurso más, tan valioso como podría serlo la tierra o el capital. Por ejemplo, los listados de licencias para destilar y rectificar aguardientes es uno de los ramos en el que se confirma lo sostenido⁵². Esto era posible porque aunque el monopolio del aguardiente se había abolido, la práctica demostraba otra cosa. El establecimiento de una serie de medidas impedía la libre fabricación. Con el fin de eliminar la competencia, a través de la Asamblea Legislativa se expidieron una serie de leyes como el contar con licencias para destilar y rectificar aguardientes, provocando que muchos ciudadanos pobres se retiraran del negocio o que lo hicieran clandestinamente porque no contaban con los recursos económicos para cancelar la mencionada licencia⁵³.

En síntesis, para las elites del Estado de Bolívar, la política, la guerra y la inestabilidad no eran necesariamente malas amigas de los negocios como han expuestos para otros contextos otros autores. En este Estado sucedía todo lo contrario. El déficit fiscal, los conflictos y levantamientos armados eran las formas habituales de reproducir un orden que descansaba sobre las bases locales. El mantener o el alterar el orden público fue una de las tantas estrategias para conseguir prebendas del Estado. Si lograban mantener su autoridad, podían, a su vez, esperar el reconocimiento de sus jurisdicciones por parte de los agentes del Estado. Por la incapacidad fiscal y la debilidad institucional, el monopolio de la violencia estaba en las manos de los gamonales y caciques locales y provinciales. Sin embargo, estas formas de autoridad reconocida y eficiente no servían para arraigar un Estado liberal moderno, sino a la utilización del poder para ponerlo al servicio de unos intereses, lo que les ofrecía el control político de sus diversos territorios. En últimas, al decir de Fernán González, la federación fue la manera que encontraron las oligarquías regionales para ganar autonomía y disponer del patrimonio nacional, como tierras, minas y burocracia, sin entrar en una confrontación general, gracias a un poder central débil y limitado a unas funciones⁵⁴.

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Citas y Notas

* Artículo resultado del proyecto de investigación Comunidades indígenas, ganadería, tierra y poder en el Bolívar grande (Colombia) durante el siglo XIX, que cuenta con el respaldo institucional de la Universidad de Cartagena.

1 Ausdal, Shawn van, “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950”, en José Polo y Sergio Paolo Solano, Historia social del Caribe colombiano. Cartagena, Universidad de Cartagena-La Carreta Eds., 2011, pp. 123-161; “Un mosaico cambiante: notas sobre una geografía histórica de la ganadería en Colombia, 1850-1950”, en Alberto Flórez (ed.), El poder de la Carne. Bogotá, Universidad Javeriana-Colciencias, 2008, pp. 48-109; “Potreros, ganancias y poder. Una historia ambiental de la ganadería en Colombia, 1850-1950”. Historia Crítica edición especial, (2009), pp. 126-149; Ocampo, Gloria I., La instauración de la ganadería en el valle del Sinú: la hacienda Marta Magdalena, 1881-1956. Bogotá, Universidad de Antioquia-ICANH, 2007; Fals Borda, Orlando, Historia doble de la Costa. El Presidente Nieto. Bogotá, Carlos Valencia Eds., 1986, pp. 77B-87B; Tovar, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas. Bogotá, CIEC, 1980, y Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-1900. Bogotá, Colcultura, 1995, pp. 25-76; Meisel, Adolfo, “Esclavitud, mestizaje y hacienda en la provincia de Cartagena 1533-1851”, en Gustavo Bell (ed.), El Caribe colombiano. Barranquilla, Universidad del Norte, 1986, pp. 69-138; Santos, Adriana, “Haciendas, esclavos y economía: Valledupar entre 1810 y 1850”, en Leovigildo Martínez y Hugues Sánchez (comps.), Indígenas, poblamiento, política y cultura en el departamento del Cesar. Valledupar, Universidad del Cesar, 2002, pp. 128-137; Sánchez, Hugues, “Haciendas y mano de obra en la provincia de Valledupar (1790- 1880)”, en Becas culturales en investigación sociocultural e historia regional y/o local del departamento del Cesar. Bogotá, Observatorio del Caribe Colombiano-Gobernación del Cesar, 2006, pp. 1-46; Bejarano, Jesús, Economía y poder. Bogotá, SAC-CEREC, 1985, pp. 79-122.

2 El Estado Soberano de Bolívar comprendía el territorio de la región Caribe colombiana situado entre el margen occidental del bajo curso del río Magdalena y el golfo de Urabá, en la frontera con Panamá. Durante la Colonia y la primera mitad del siglo XIX se le llamó provincia de Cartagena. Entre 1857 y 1885 se le llamó Estado Soberano de Bolívar. A partir de 1886 se le conoció como Departamento de Bolívar, o Bolívar Grande. Abarcaba los territorios de los actuales departamentos del Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés Islas, con una extensión de 65.300 kilómetros cuadrados. Durante el periodo liberal radical (1857-1885) estuvo dividido en las provincias de Cartagena, Barranquilla, Sabanalarga, El Carmen, Mompox, Magangué, Corozal, Sincelejo, Lorica y Chinú. A su vez esta estaban divididas en distritos. Solano, Sergio Paolo, Flórez, Roicer y Malkún, William, “Ordenamiento territorial y conflictos jurisdiccionales en el Bolívar Grande, 1800-1886”. Historia Caribe, No. 13, (2008), pp. 67-121.

3 Posada, Eduardo, El Caribe colombiano. Una historia regional (1870-1950). Bogotá, Banco de la República-El Áncora Eds., 1997, pp. 145-147; Kalmanovitz, Salomón y López, Enrique, La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá, Banco de la República-FCE, 2006, pp. 123-124; Ocampo, José A., Colombia y la economía mundial 1830-1910. Bogotá, Universidad Nacional-Siglo XXI Eds.-Fedesarrollo, 1984, pp. 38 y ss. y 369-371.

4 “Informe del gobernador de la Provincia de Chinú”, en Biblioteca Luís Ángel Arango (BLAA), colección de prensa microfilmada, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 29 de agosto de 1869; “Cuadro que manifiesta el número y valor aproximado de las cabezas de ganado de todas clases, que existen en el territorio del Estado de Bolívar” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú” en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 13 de febrero de 1875 y 20 de agosto de 1880. Tovar, Hermes, “Los baldíos y el problema agrícola en la Costa Caribe colombiana (1830-1900)”. Fronteras No. 1, (1997), pp. 35-55; LeGrand, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá, Universidad Nacional, 1988.

5 Sobre las innovaciones técnicas que favorecieron a los grandes hacendados, ver Lorente, Luís, “La ganadería bovina en Colombia”, en Absalón Machado (coord.), Problemas agrarios colombianos. Bogotá, Siglo Veintiuno Eds.-Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, 1986, pp. 336-337; Ausdal, Shawn van, “Labores ganaderas en el Caribe colombiano, 1850-1950”, pp. 123-161.

6 Flórez, Roicer y Solano, Sergio Paolo, “Autonomía económica y descentralización fiscal en el Estado Soberano de Bolívar, 1857-1886”. Historia y Espacio, No. 37, (2012), pp. 97-126.

7 “Cuadro de la Provincia presentado por el Señor Gobernador a la Cámara en su cuarta reunión ordinaria”, en BLAA, Constitucional de Cartagena, Cartagena, 30 de septiembre de 1835; Nieto, Juan José, “Geografía histórica, estadística y local de la Provincia de Cartagena, República de la Nueva Granada descrita por cantones”, en Gustavo Bell (ed.), Selección de escritos históricos y políticos, Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 1993, pp. 35-52; “Informe del gobernador de la provincia de Chinú sobre el cultivo del tabaco”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, 12 de octubre de 1862; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 5 de octubre de 1862; “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 29 de agosto de 1869; “Cuadro que manifiesta el número y valor aproximado de las cabezas de ganado de todas clases, que existen en el territorio del Estado de Bolívar 1874”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 13 de febrero de 1875; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 24 de julio de 1878; “Informe del gobernador de la provincia  de Corozal” e “Informe del gobernador de la provincia de El Carmen”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 10 de agosto y 30 de julio de 1879; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 15 de julio y 20 de agosto de 1880; “Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga”; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú” en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 6 y 7 de agosto de 1879, 23 y 24 de julio de 1878 y 20 de agosto de 1880. Sobre la defensa de los ganaderos contra los gravámenes ver “Informe de la comisión de revisión […] del proyecto de ley sobre derecho de degüello”, en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 4 de noviembre de 1866.

8 Verbel, Grey, Elites y redes de poder en torno al proyecto regenerador. Cartagena 1874-1892. Universidad de Cartagena, tesis para optar al título de historiadora, 2005; Troncoso, Luís, “Crisis y renovación del conservatismo cartagenero”, en El Taller de la Historia, No. 1, (2001), pp. 123-150; Quiroz, Patricia, “Manuel Dávila Flórez y la construcción de la hegemonía conservadora en Bolívar”, en Giobanna Buenahora et al (eds.), Desorden en la plaza. Modernización y memoria urbana en Cartagena. Cartagena, Instituto Distrital de Cultura, 2001, pp. 65-82; Fernández, Alfonso, “Clientelismo y guerra civil en Cartagena. Sobre las estrategias políticas de la élite cartagenera, (1885-1895)”. Memorias, No. 2, (2005). Para un seguimiento a la movilidad de la elite del Bolívar Grande a lo largo del siglo XIX ver Restrepo, Jorge, “Personajes de la vida económica, política y social de Cartagena a fines del siglo XIX”. Huellas, No. 26, (1989), pp. 17-23; Restrepo, Jorge y Rodríguez, Manuel, “La actividad comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a fines del siglo XIX”. Estudios Sociales, No. 1, (1986), pp. 43-109; Restrepo, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1995; Viloria, Joaquín, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial. Ganaderos y comerciantes en Sincelejo, 1880-1920, No. 8. Cartagena, Banco de la República, 2001; Ripoll, María  T., Empresarios centenaristas en Cartagena. Cuatro estudios de caso. Cartagena, Eds. Unitecnológica, 2007, pp.81-234; Burgos, Remberto, El general Burgos. Cartagena, Gobernación de Bolívar, 2000.

9 En la provincia de Sabanalarga: las familias Manotas, Solano, Llinás, Moreno; en la de Chinú: Santodomingo, Navas, Pinedo, Castillo, Mendoza y Pineda; en la de Lorica: Burgos, Laza Grau, Lugo, Corrales, Martelo, Martínez Camargo; en la de Barranquilla Palacio, Márquez, Insignares; en la de Magangué: Comas, Viñas y García; en las de Corozal y Sincelejo Verbel, Flórez, Navas, Támara, Vergara, Pérez, Valverde, Romero, Gómez-Casseres, Arrázola, Urzola, Martelo; en Mompox Salzedo Ramón, Jiménez, Guerra; en la de El Carmen, Bustillo, Pareja González; en Montería, Gómez, Recuero, Martínez, Vélez, Racero y Cabrales. Solano, Sergio Paolo, Flórez, Roicer y Malkún, William, “Ganaderos y comerciantes: el manejo del poder político en el Estado Soberano de Bolívar (Colombia), 1857-1886”. Historia y Sociedad, No. 18, (2010), pp. 15-42. Aparecen igualmente muchas otras registradas en las actas de las sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar en calidad de diputados y desempeñando otros cargos públicos. También se les registran en los listados de contribuyentes por posesiones de caballerías de tierras, llamado “impuesto agrario” que se estableció entre 1867 y 1869. Ver “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Lorica […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Corozal […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Sabanalarga […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Cartagena y Chinú […]” ; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Mompos […]” “Registros adicionales de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Corozal, Sabanalarga, Chinú y Cartagena […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Sincelejo, Carmen y Cartagena […]”; “Registro de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en las provincias de Sincelejo, Carmen y Barranquilla […]”; “Registro adicional de las personas obligadas al pago del impuesto agrario en la provincia de Lorica […]”; en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 5, 19 y 26 de abril; 10 de mayo; 21 y 26 de julio y 16 de agosto de 1868.

10 Solano, Sergio Paolo y Flórez, Roicer, “Indígenas, tierra y política en Colombia. Las comunidades indígenas del Bolívar Grande en la segunda mitad del siglo XIX”. Mundo Agrario, vol. 13, No. 25, (2012); “Indígenas, mestizaje, tierras y poder en el Caribe Colombiano, siglo XIX”. Indiana, No. 26, (2009), pp. 267-295; “Ganadería, resguardos indígenas y conflictos sociales en el Bolívar Grande, 1850-1875”. Historia Crítica No. 34, (2007), pp. 92-117; “Expropiación de las tierras del resguardo indígena de Tubará y las normas jurídicas de la época”. Justicia, No. 12, (2006), pp. 81-89; Solano, Sergio Paolo, “La novela Yngermina de Juan José Nieto y el mundo racial del Bolívar Grande en el siglo XIX”. Revista de Estudios Sociales, No. 31, (2008), pp. 34-47; Blanco, José A., Tubará la encomienda mayor de Tierradentro. Bogotá, Universidad de los Andes, 1995, pp. 89-96; El norte de Tierradentro y los orígenes de Barranquilla. Barranquilla, Banco de la República, 1987, pp. 27-104; Atlántico y Barranquilla en la época colonial. Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 1994, pp. 9-106; Juan de Acosta y Saco: tierra y sociedad. Barranquilla, Gobernación del Atlántico, 2007; Conde, Jorge, Ensayos históricos sobre el departamento del Atlántico. Bogotá, Presidencia de la República-Ministerio de Cultura-Departamento del Atlántico, 2002, pp. 43-67, y Espacio, sociedad y conflictos en la provincia de Cartagena 1740-1815. Barranquilla, Universidad de Atlántico, 1999, pp. 15-16.

11 Sobre la remoción de obstáculos al mercado de tierras, ver “Proyecto de ley sobre movilización de la propiedad raíz”, en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 16 de diciembre de 1869; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1878 y 1879. Cartagena, Tip. de A. Araujo, 1880, p. 81; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1880. Cartagena, Tip. de A. Araujo, 1881, pp. 48-49, 57-58 y 68-72; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1884. Cartagena, Tip. de A. Araujo, 1884, pp. 91-105. Sobre los conflictos por tierras en mancomunidad, ver “Presidencia de la junta de condueños de los terrenos ‘La Negra’, en Tetón”, en BLAA, Diario de Bolívar, 11 de marzo de 1876. Flórez, Roicer, “La borrosa línea de lo público y lo privado en el Estado Soberano de Bolívar, 1857-1880”, en Amauta, No. 14, (2009), pp. 75-97.

12 Flórez, Roicer, “Economía agrícola y circuitos comerciales en el Estado Soberano de Bolívar, 1857-1886”. Memorias, No. 16, (2012), pp. 131-164.

13 Blanco, J. A., “El censo del departamento del Atlántico (Partido de Tierradentro) en 1777”, en Atlántico y Barranquilla en la época colonial, p. 47.

14 Sobre los criadores del siglo XVIII ver Sourdís, Adelaida, “Estructura de la ganadería en el Caribe colombiano durante el siglo XVIII”. Huellas, Nos. 47-48, (1996), pp. 38-48.

15 “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en BLAA, Diario de Bolívar, 27 de Cartagena, agosto de 1880.

16 Ver, por ejemplo, Archivo Histórico del Departamento del Atlántico (AHDA), Fondo notarial, Protocolo de 1867, tomo 1, Escritura No. 45, “Documento de propiedad de las tierras de Pestagua, Salamanca y San Blas, protocolizados por Esteban Márquez”.

17 “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 15 de julio y 20 de agosto de 1880. (Cursivas nuestras).

18 “Decreto de la Cámara de la Provincia de Cartagena”; “Memoria del Gobernador de Cartagena a la Cámara de la provincia”; “Memoria del gobernador a la Cámara de la Provincia” y “Denuncio”, en BLAA, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 24 de octubre de 1839; septiembre 18 de 1842; enero 4 de 1846 y septiembre 23 de 1849.

19 Posada, Eduardo, “Progreso y estancamiento 1870-1950”, en Adolfo Meisel (comp.), Historia económica y social del Caribe colombiano. Barranquilla, Universidad del Norte, 1994, p. 265.

20 El cálculo de 1890 lo debemos a Vergara, Francisco J., Nueva Geografía de Colombia. Bogotá, Imp. Nacional, 1902; Posada, Eduardo, “La ganadería en la Costa Atlántica colombiana 1870-1950”, en Coyuntura Económica vol. XIII, No. 3, Bogotá, Fedesarrollo, 1988, pp. 75-149; Ocampo, J. A., Colombia y la economía mundial; El estimativo ganadero de 1874 calcula que en el Bolívar Grande había 196.500 reses.

21 Meisel, A., “Esclavitud, mestizaje y hacienda en la provincia de Cartagena 1533-1851”, pp. 69-138; Santos, A., “Haciendas, esclavos y economía: Valledupar entre 1810 y 1850”, pp. 128-137.

22 Fals Borda, Orlando, Resistencia en el San Jorge. Bogotá, Carlos Valencia Eds., 1984, y Retorno a la tierra. Bogotá, Carlos Valencia Eds, 1986; LeGrand, C., Colonización y protesta campesina en Colombia; “De las tierras públicas a las propiedades privadas: acaparamiento de tierras y conflictos agrarios en Colombia, 1870-1930”. Lecturas de Economía No. 13, (1984), pp. 13-50; y “Campesinos y asalariados en la Zona Bananera de Santa Marta (1900- 1935)”, en G. Bell, El Caribe colombiano, pp. 183-198; Botero, Fernando y Guzmán, Álvaro, “El enclave agrícola en la Zona Bananera de Santa Marta”. Cuadernos Colombianos No. 11, (1977), pp. 311-382. Sobre las disputas entre hacendados y muchas de las recién fundadas poblaciones por parte de José Fernando de Mier y Guerra, a finales del siglo XVIII ver Restrepo, Ernesto, Historia de la provincia de Santa Marta. Bogotá, Ministerio de Educación Nacional, 1954, y Sánchez, Hugues, “De esclavos a campesinos, de la ‘roza’ al mercado: tierra y producción agropecuaria de los ‘libres De todos los colores’ en la gobernación de Santa Marta (1740-1810)”. Historia Crítica No. 43, (2011), pp. 130-145; “El surgimiento de una economía campesina: poblamiento y mercados locales en el Bajo Magdalena”, pp. 71-83; A. Santos, “Haciendas, esclavos y economía Valledupar entre 1810 y 1850”, pp. 61-70. El mejor estudio sobre la hacienda ganadera y de trapiche costeña del siglo XVIII es el de Tovar, H., Grandes empresas agrícolas y ganaderas; también puede consultarse a Fals, O., Mompox y Loba, y Meisel, A., “Esclavitud, hacienda y mestizaje en la provincia de Cartagena 1533-1850”.

23 Recopilación de leyes del Estado Soberano de Bolívar de 1857 a 1875, p. 72; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1876 y 1877, pp. 139-140; Leyes expedidas por la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1880, pp. 57-58.

24 “Provincia de Lorica. Nota del gobernador sobre área de la población de los distritos parroquiales de aquella provincia”, en BLAA, Gaceta Oficial del Estado Soberano de Bolívar, Cartagena, 29 de marzo de 1863. Sobre el caso de las tierras de Manatí ver “Decreto No. 629 de 1877”, y “Terrenos de los distritos”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 8 de  enero de 1878 y 6 de septiembre de 1883.

25 Sobre Yatí, Usiacurí, Juan de Acosta y Toluviejo ver “Terrenos de los distritos”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 3, 6 y 11 de septiembre de 1883. Para los casos de Baranoa (provincia de Sabanalarga), Caracol, Sincé y Galeras (provincia de Sincelejo), ver “Terrenos de los distritos”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 6 y 7 de septiembre 1 de 1883.

26 BLAA, El Promotor, Barranquilla, 1 de mayo de 1875 y Ministerio de Gobierno, Censo de 1912. Sobre el régimen alimenticio costeño ver E. Posada, El Caribe colombiano, pp. 161 y ss. Una falsa imagen entre los historiadores representa a los principales centros urbanos de la Costa totalmente desligados de las labores agrícolas, y lleva a pensar que la apropiación de las tierras comunales (ejidos) estaba más atada al impacto del crecimiento demográfico y urbano que presionaba sobre el suelo, y no a los problemas que podía suscitar su apropiación por particulares entre la población campesina de esas ciudades que era muy significativa. Según el censo de 1875 el 26% de la PEA de Barranquilla se dedicaba a las labores agropecuarias; casi cuarenta años después, el censo de 1912 trae las cifras de un 6.2% y el 18% de la PEA de Barranquilla y Cartagena respectivamente consagradas a faenas agrícolas y ganaderas.

27 “Tribunal Superior de Justicia del Estado”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 11 de abril de 1879. También ver: “Informe del gobernador de la provincia de Mompox”, “Informe del gobernador de la provincia de Magangué” e “Informe del gobernador de la Provincia de El Carmen”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 22 de julio y 1 de agosto de 1878 y 30 de julio de 1879. “Informe del Procurador General del Estado”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 5 de septiembre de 1879.

28 Sobre los problemas legales por ausencia de títulos de propiedad ver: AHDA, Fondo notarial, Libro protocolo de 1815-1817, tomo único, legajo No. 5, folios 41v-43r, Escritura de 3 de diciembre de 1818 por medio de la cual los dueños y condueños de las tierras de Carretal otorgaron poder para cobrar derecho de terraje; Libro protocolo de 1834-1837, tomo único, legajo No. 34, fs. 16v-20r, escritura de 12 de marzo de 1835 en la que 108 condueños de las tierras de Guaimaral otorgaron poder para averiguar el paradero de los títulos de las mismas. También ver Carta de David Pereira, alcalde de Barranquilla, al Concejo Municipal fechada el 29 de mayo de 1866, en Archivo del Concejo Municipal de Barranquilla (ACMB), Libro de 1861, varios; Informes de Joaquín Batis (febrero 23 de 1881) y Domingo Malabet (marzo 20 de 1881) al Concejo Municipal de Barranquilla en los que reconstruyen la tradición de propiedad de los terrenos comunales, en Libro de 1881, correspondencia. Sobre la propiedad municipal sobre estos terrenos ver Libro protocolo de 1863, tomo único, escritura No. 77 de 31 de marzo 31 1863 “Protocolización de unos documentos relativos a la posesión de esta ciudad”.

29 AHDA, Fondo notarial, Libros Protocolos de los años citados. Sobre el despegue de la ganadería ver Ocampo, J. A., Colombia y la economia mundial, pp. 369-375; Posada, E., “La ganadería en la Costa Atlántica colombiana, 1870-1950”, pp. 75-149. Sobre la necesidad de tierras para fomentar la ganadería de exportación ver: “Informe del gobernador de la Provincia de Barranquilla”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 27 de agosto de 1878.

30 “Informe del gobernador de la provincia de Lorica”, en Diario de Bolívar, Cartagena, 26 de agosto de 1881.

31 ACMB, Libro de 1886, comisiones. Carta fechada el 18 de mayo de 1886. Un memorial fechado el 13 de agosto de ese año y firmado por Juan Bautista Insignares denunciaba que, “… aunque se ha establecido la costumbre… de que todo el que quiere dispone a su antojo de las tierras comunales del distrito, hasta el punto de que muchos han hecho de ese abuso negocio, cercando a diestra y siniestra grandes porciones de tierra para enseguida vender al pobre…”. Ibid, folios sin numerar.

32 Rasch Silva, Enrique, Directorio comercial de Barranquilla. Barranquilla, Imp. El Conservador, 1910. Entre los ganaderos que incursionaron en la urbanización de Barranquilla resaltan: N. Salzedo Ramón y Cía., barrio Las Delicias; Correa Heilbron y Cía., San José; Herederos de J. Medina Medina y Candil; Correa Heilbron y Cía., La Luz; J.F. Insignares Sierra, El Recreo; Julio Montes, Balboa; William Ladd y Cía., Boston; Ricardo Arjona Sardá, Monigote; Marco T. Mendoza Amarís, La Ceiba; Petrona Pascual Miranda, Miranda; Familia Lux-Puccini, La Concepción; Echeverría Salas y Cía., Sin Nombre; Cía. Urbanizadora El Prado, El Prado; Familia Obregón Arjona, Las Nieves; Rafael Candil y Atienza, Modelo; Familia Santo Domingo, El Lucero; Arturo F. Manotas, San Felipe; Cía. General de Urbanizaciones, El Gas; Salcedo Hermanos, El Tanque; Gerlein y Ladd, Barranquillita; Ramón Santo Domingo, Buena Esperanza; Julio Montes, Barrio Montes; Cía. Urbanizadora El Prado, San Francisco; Julio N. Rondón, Paraíso; Correa Heilbron y Cía., El Carmen; Arturo F. Manotas, San Francisco; Ramón Goenaga, Nueva Granada. Boletín Municipal de Estadística, No. 16, (1934). Sobre las familias empresariales de Barranquilla vinculadas a la ganadería ver Solano, Sergio Paolo y Conde, Jorge, Elite empresarial y desarrollo industrial de Barranquilla 1875-1930. Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1993, y Zambrano, Milton, El desarrollo del empresariado en Barranquilla 1880-1945. Barranquilla, Universidad del Atlántico, 1998. En Cartagena viejas haciendas contiguas al casco urbano tradicional (San José, Heredia, Diamante, Alcibia, Boston, Tesca, Amberes, Bosque, Amador, Bocagrande, Zaragocilla, Crespo, España, Andalucía, Armenia, La Esperanza) comenzaron a poblarse de manera organizada después de 1920. Pretelt, Manuel. Monografía de Cartagena. Cartagena, Tip. El Comercio, 1929. Restrepo J. y Rodríguez, M., “La actividad comercial y el grupo de comerciantes de Cartagena a fines del siglo XIX”; Machado, Adalberto, La exportación de carnes y el Packing House de Coveñas 1918-1938. Cartagena, Corporación Tecnológica de Bolívar, tesis de grado en Economía, 1989.

33 “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” y “Memorial en que se solicita aclaratoria de una resolución sobre tierras baldías y resolución”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 15 de julio y 3 de agosto de 1880.

34 Sobre el conflicto entre el pueblo de Mamatoco y los hacendados de Mier ver Alarcón, José del Carmen, Compendio de historia del departamento del Magdalena (de 1525 hasta 1895). Bogotá, El Voto Nacional, 1963, p. 265, y Viloria, Joaquín, Empresas y empresarios de Santa Marta durante el siglo XIX: el caso de la familia de Mier. Bogotá, Universidad de los Andes, 2002, p. 23.

35 “Informe del gobernador de la provincia de Magangué”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 29 de agosto de 1881.

36 “Secretaría de Gobierno. Nota relativa a la suspensión de un acuerdo del Concejo Municipal de Calamar”, y “Asamblea Departamental. Nulidad de un acuerdo”, en BLAA, Registro de Bolívar, Cartagena, 15 y 19 de diciembre de 1892. “Informe del Personero Provincial”, en BLAA, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 11 de octubre de 1846.

37 “Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 7 de agosto de 1879. “Ordenanza 42, por la cual se erige en distrito una porción del territorio” y “Ordenanza 55, por la cual se erige en distrito una porción del territorio”, en Ordenanzas y resoluciones expedidas por la Asamblea departamental de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1892 y extraordinarias de 1893. Cartagena, Imp. de A. Araujo L., 1894, pp. 79 y 103.

38 “Ordenanza 23, por la cual se reforma el decreto número 312 de 1886”, en Ordenanzas y resoluciones expedidas por la Asamblea departamental de Bolívar en sus sesiones ordinarias de 1894. Cartagena, imp. de A. Araujo L., 1894, pp. 43-44.

39 “Informe del gobernador de la provincia de Lorica” y “Continuación del informe del gobernador de Mompós”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 26 y 16 de agosto de 1881.

40 “Informe del gobernador de Barranquilla”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 9 de agosto de 1881.

41 Flórez, Roicer, “El sistema de arrendamientos y la monopolización de los ingresos fiscales en el Estado Soberano de Bolívar, 1860-1878”. El Taller de la Historia No. 1, (2009), pp. 13-40.

42 “Informe de la comisión de revisión… del proyecto de ley sobre derecho de degüello”, en BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 4 de noviembre de 1866.

43 Sobre estos debates ver: Solano, Sergio Paolo, “Del ‘antilatifundismo sociológico’ al revisionismo historiográfico. Estudios sobre la ganadería en la región Caribe colombiana”. Mundo Agrario vol.10, No. 20, (2010), pp. 1-38. http://goo.gl/pU1ld

44 Algunas ideas sobre las influencias de economistas mercantilistas, fisiócratas y la economía clásica inglesa en el medio colombiano decimonónico en el prólogo que escribió Jesús Antonio Bejarano a la reedición del trabajo de Aníbal Galindo. También ver Rodríguez, Oscar, “El pensamiento económico en la formación del Estado granadino 1780-1830 (primera parte)”. Historia Critica No. 2, (1989), pp. 93-110; “El pensamiento económico en la formación del Estado granadino 1780-1830 (segunda parte)”. Historia Critica No. 3, (1990), pp. 107-117.

45 “Cuadro que manifiesta el número y valor aproximado de las cabezas de ganado de todas clases, que existen en el territorio del Estado de Bolívar 1874”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 14 de diciembre de 1874.

46 “Informe del gobernador de la provincia de Sabanalarga”; “Informe del gobernador de la provincia de Mompós” e “Informe del gobernador de la provincia de Chinú”, en BLAA, Diario de Bolívar, Cartagena, 6 y 7 de agosto de 1879, 23 y 24 de julio de 1878 y 20 de agosto de 1880.

47 El bajo número de animales de montura (asnos: 13.027, caballos: 7.388 y mulas: 2.402) deja ver la pobreza del campesinado de la región, la que según el censo de 1870 contaba con una población de 240.781 habitantes. Los distritos con más animales de montura era en su orden: Sabanalarga: 2.840 bestias; Corozal: 2.600; Barranquilla: 1.800 bestias; El Carmen: 1.500 bestias; Arjona: 1.200 bestias; Chinú: 1.000 bestias. Estos distritos poseían el 49% de las bestias del Estado de Bolívar. Al parecer esta concentración de animales de carga y montura obedecía al florecimiento de la economía tabacalera en los Montes de María y en algunos distritos de las sabanas.

48 Buve, Raymond, “Transformación y patronazgo político en el México rural continuidad y cambio entre 1867-1920”. Cuadernos Ahila N° 1, (1993), pp. 1-17.

49 Como argumenta Richard Graham, los historiadores que postulan la existencia de una tensión entre los poderes públicos y privados han creado una falsa dicotomía. Las clases afortunadas no ejercían su poder privado contra el poder público sino dentro del mismo; no actuaban contra el gobierno, sino como gobierno. Graham, Richard, “Formando una nación en el Brasil del siglo XIX”, en Antonio Annino y Francois-Xavier Guerra (coord.), Inventando la Nación Iberoamérica. Siglo XIX. México, FCE, 2003, pp. 641-642.

50 Según Jorge Orlando Melo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX los términos de caciques y gamonales tomaron un sentido peyorativo y se utilizaba para designar a quienes dueños del poder local, lo usaban para manipular a la población y controlar la política lugareña mediante la repartición de favores personales, contratos y beneficios de todo orden. “Caciques y gamonales. Perfil político”. Revista Credencial No. 104, (1998).

51 Sobre el papel jugado por los gamonales y caciques ver: Deas, Malcolm, Del poder y la gramática y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas. Bogotá, Taurus, 2006, pp. 209-234.

52 AHC, Manuscritos, Fondo: Gobernación, sección: Hacienda. Caja No. 2. Cartagena, 21 de mayo de 1878.

53 BLAA, Gaceta de Bolívar, Cartagena, 15 de agosto de 1873.

54 González, Fernán, “Problemas políticos y regionales durante los gobiernos del Olimpo Radical”, en Para leer la política. t.1 Bogotá, Cinep, 1994, pp. 189-208.

Bibliografía

Alarcón, J. (1963). Compendio de historia del departamento del Magdalena (de 1525  hasta 1895). Bogotá: El Voto Nacional.         [ Links ]

*Correspondencia: Sergio Paolo Solano D: Profesor Asociado del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena (Colombia). Investiga temas de historia social y política de Colombia y Latinoamérica, siglos XVIII y XIX. ssolanod@unicartagena.edu.co
Roicer Flórez Bolívar: Profesor asistente del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena (Colombia). Investiga temas de historia social y política de Colombia y Latinoamérica, siglos XVIII y XIX. rflorezb@unicartagena.edu.co
1. Profesor Asociado del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena (Colombia). Investiga temas de historia social y política de Colombia y Latinoamérica, siglos XVIII y XIX. ssolanod@unicartagena.edu.co
2. Profesor asistente del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena (Colombia). Investiga temas de historia social y política de Colombia y Latinoamérica, siglos XVIII y XIX. rflorezb@unicartagena.edu.co

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Fecha de recepción: 3 de febrero, 2013 - Fecha de aceptación: 17 de julio, 2013