Introducción

Con la extensión de la frontera hacia el suroeste y California en virtud del tratado Guadalupe Hidalgo de 1848 que puso fin a la guerra con México, Estados Unidos adquirió dominio territorial desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. El presidente James K. Polk en su informe anual al Congreso en diciembre de 1848 resaltó la importancia de ese hecho señalando que la reciente adquisición de los territorios de California y Nuevo México, el arreglo con Gran Bretaña que permitió definir la frontera de Oregon y la anexión de Texas en conjunto traerían mayores consecuencias y le agregarían más fuerza y riqueza a la nación que ninguna de las que les habían precedido desde la adopción de la constitución federal en 1787.¹ California, más que cualquier otro de los territorios recién adquiridos, poseía un enorme potencial en recursos y ventajas comerciales los cuales, apuntaba Polk, serían explotados por empresarios navieros y manufactureros de los estados del este.² El promover la apertura de una ruta de paso interoceánico se convirtió en política prioritaria del gobierno estadounidense dada la necesidad de comunicar en forma rápida y segura los estados de la costa atlántica con los nuevos territorios en el oeste para alcanzar las expectativas de desarrollo y prosperidad. En consecuencia se dio apoyo a las negociaciones para la construcción de un canal o ferrocarril ya fuese en el istmo de Tehuantepec en México, en Nicaragua o en Panamá.³

Al año siguiente, en 1849, Zachary Taylor, el sucesor de Polk, hizo un llamado de atención al Congreso sobre otra consecuencia importante de la incorporación a Estados Unidos de los territorios del suroeste. Destacó que el rápido desarrollo de California fomentaría el intercambio con el resto de los países americanos cuyos territorios bordeaban el océano pacífico, particularmente con la república de Chile. Por lo tanto, consideraba que era deseable que el gobierno hiciera todo lo que estuviera en su poder para fomentar y fortalecer las relaciones con los estados americanos en un espíritu de mutua y cordial amistad. Señalaba que Estados Unidos se erguía como el mayor poder americano, al cual el resto de los estados del continente veían "como su natural aliado y amigo" y al que siempre estaban dispuestos a buscar de primero para una mediación y asistencia en el caso de un choque entre ellos o con alguna nación europea. Taylor agregaba que por su condición Estados Unidos con frecuencia debía mediar benévolamente en su nombre cuando los tratados existentes con dichos estados así lo requirieran pero sin involucrarse en guerras extranjeras o controversias innecesarias.⁴

Los planteamientos de Polk y Taylor retomaban los objetivos primordiales de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina que se empezó a gestar a principios de la década de 1820 al tiempo que las colonias españolas alcanzaron la independencia: proteger su seguridad y promover sus intereses económicos. A pesar de reconocer la existencia de diferencias derivadas de sus raíces anglosajonas frente a las raíces hispánicas de los vecinos, a partir de las dos presidencias de James Monroe políticos y diplomáticos se esforzaron por promover la idea de que los latinoamericanos compartían un interés común con los estadounidenses el cual era el de expulsar a Europa del continente americano. Se realizaron esfuerzos para que las naciones hispanoamericanas vieran en la Doctrina Monroe, cuyos principios fueron enunciados en el mensaje presidencial de 1823, no solamente la protección de la seguridad de Estados Unidos sino también la propia. Las recién independizadas naciones hispanoamericanas igualmente interesadas en promover sus economías procuraron el reconocimiento de Estados Unidos y la firma de tratados de amistad, comercio y navegación.⁵

En las décadas de 1840 y de 1850, la organización por parte de particulares de expediciones militares ilegales dentro del territorio de Estados Unidos con propósitos de invasión y conquista de Cuba, México y Nicaragua constituyó un serio obstáculo para alcanzar el objetivo de mantener relaciones cordiales con los países hispanoamericanos, promover el comercio y mantener a las potencias europeas fuera del continente. Este artículo analiza el tratamiento que dieron los presidentes estadounidenses al asunto del filibusterismo en sus informes al Congreso entre 1848 y 1860. Plantea que el rechazo de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos de las peticiones de Nicaragua y Costa Rica para que se tomaran acciones para detener la oganización de las expediciones filibusteras de William Walker e impedir su salida llevaron a cuestionar su compromiso de aplicar estrictamente las leyes de neutralidad y a que se interpretaran como evidencia de un apoyo oficial al filibusterismo hecho que .obligó a rechazar categóricamente esa acusación.

El filibusterismo y la Ley de Neutralidad

Desde el establecimiento del gobierno federal en 1787, Estados Unidos adoptó el principio planteado por los teóricos del derecho internacional de que los estados debían detener a aquellos que bajo su jurisdicción organizaran expediciones contra países con los que se encontraban en paz. La constitución autorizó al Congreso a penalizar las "ofensas contra la ley de las naciones", facultad que los legisladores emplearon para aprobar leyes de neutralidad a partir de 1794 para reprimir las violaciones al derecho internacional, entre ellas el filibusterismo. Ese implicaba una conducta criminal y sus ataques, como era de esperarse, serían respondidos por los países invadidos, poniendo en riesgo a Estados Unidos de entrar en guerras innecesarias. Las leyes de neutralidad fueron uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos durante las etapas iniciales de su historia porque los líderes políticos de la generación de la independencia tuvieron la intención de fundar un país basado en el derecho y porque fueron conscientes de que su poder militar era limitado.⁶

George Washington, el primer presidente, abogó por que la neutralidad y el aislamiento fueran los principios rectores de las relaciones exteriores para mantener alejados a Estados Unidos de los males de Europa: el despotismo monárquico, la tiranía, las luchas religiosas y los conflictos de clase. La independencia de Estados Unidos se legitimó precisamente como una rebelión contra esos males. Se gestó un mito fundador según el cual el nacimiento de Estados Unidos marcó el principio de una nueva historia, la creación de un país que había nacido inocente, es decir sin los males del Viejo Continente antes mencionados. De acuerdo con el mito, Estados Unidos era un segundo Edén, un pueblo elegido por Dios, un país único que estaba destinado a llegar a ser una gran nación por sus instituciones políticas.⁷

Una condición sine qua non para que Estados Unidos cumpliera con lo que planteaba la ideología del Destino Manifesto fue el aumento de su tamaño para que el sistema republicano pudiera desarrollarse y para prevenir la injerencia europea mediante la adquisición de las tierras colindantes al sur este, oeste y suroeste que, a principios del siglo XIX, estaban bajo el dominio de Gran Bretaña, Francia, España. Posteriormente se negoció con México y con las tribus indias la compra y cesión de territorios. El proceso de crecimiento territorial se inició en el gobierno de Thomas Jefferson con la compra a Francia del territorio de Lousiana en 1803 con el cual se duplicó el tamaño del país y se incorporaron las tierras al oeste del río Mississippi. La expansión continuó con las negociaciones con España por Florida occidental y Florida oriental, con Gran Bretaña por el territorio de Oregon, con las tribus indias por las tierras que les habían sido reconocidas como propias durante la colonia, con la entrada de Texas como estado de la unión en 1847 y culminó, como lo señalaba el presidente Polk, con la compra de los territorios del suroeste en 1848.⁸

El filibusterismo tomó auge al tiempo de la guerra con México (1846-1848) impulsado por la ideología del Destino Manifiesto que enfatizó en que la superioridad de los anglosajones les llamaba a tomar y ocupar las tierras habitadas por "las raza inferiores" para desarrollarlas, explotar sus riquezas e implantar las instituciones políticas democráticas.⁹ Otro factor de peso fue el conflicto entre los estados del norte y los estados del sur en torno a la extensión de la esclavitud que se agravó en la década de 1850. Los estados del noreste se opusieron a implantar la esclavitud en los recién adquiridos territorios del suroeste, principalmente, porque afectaba sus intereses económicos y políticos y no tanto porque se pensara que la institución degradaba al ser humano. Lo que estaba en juego era el equilibrio de poder en el Congreso que podría inclinarse a favor de los estados esclavistas si al crecer en número aumentaba su representación. El noreste, cuya economía se basaba en la manufactura, el comercio y la producción agrícola para un mercado interno, y empleaba mano de obra libre, ambicionó expandir sus actividades productivas y mantener las políticas arancelarias que protegieran su industria. Los esclavistas aspiraron a extender sus plantaciones al oeste del río Mississippi para aumentar el cultivo de algodón y de otros productos para la exportación a los mercados internacionales. La aprobación en el Congreso de leyes que prohibieron la esclavitud en el suroeste, incluyendo a California, a principios de la década de 1850 motivó que algunos sureños concibieran planes de expansión hacia México, Centro América y las islas del Caribe, particularmente hacia Cuba, para implantar el sistema de producción esclavista. Desde la óptica de quienes creían en la superioridad anglosajona, la conquista de esos lugares sería fácil dada la inferioridad racial de sus habitantes y el continuo estado de inestabilidad en que vivían por las guerras civiles.¹⁰ El más famoso de los filibusteros fue William Walker quien después de fracasar en expediciones en Sonora y Baja California, México intentó poner en práctica sus proyectos en Nicaragua a partir de 1855.¹¹

Evidencia de la importancia que alcanzaron las actividades filibusteras fue el hecho de que entre 1849 y 1860 los presidentes Taylor, Fillmore, Pierce y Buchanan se vieron en la obligación de emitir pronunciamientos contra la organización de las expediciones dirigidas hacia Cuba, México y Nicaragua por violación a la Ley de Neutralidad de 1818 y de girar órdenes a todos los funcionarios civiles, militares y navales para que tomaran las medidas que fueran necesarias para impedir su salida del territorio estadounidense. La Ley de Neutralidad en el artículo 6 imponía un máximo de tres años de prisión y multas de hasta $3000 dólares para aquellos que dentro de la jurisdicción de Estados Unidos iniciaran o colaboraran en cualquier expedición o empresa militar contra territorios o dominios de cualquier colonia, distrito o pueblo con los que el país se encontraba en paz. Taylor en 1849 informó al Congreso que en razón de las relaciones amistosas que existían con España y sobre todo por "el honor de Estados Unidos", tan pronto como recibó información de que "un número considerable de aventureros" estaban alistando una expedición para invadir Cuba, giró órdenes para evitar su salida.¹² Se trató de la primera expedición de Narciso López. En 1851 le correspondió a Millard Fillmore referirse al tema del filibusterismo, exponiendo que ciertos cubanos y otros extranjeros residentes en Estados Unidos, que habían estado de una u otra forma involucrados en la fallida invasión anterior de Cuba en lugar de sentirse desalentados, habían abusado de la hospitalidad del país haciéndolo el escenario del equipamiento de otra expedición militar contra esa posesión española. El presidente señaló que había ordenado la detención de los responsables de la empresa pero lamentaba informar al Congreso que el vapor que llevaba abordo a Narciso López y a 400 hombres armados había burlado a las autoridades y había zarpado de New Orleans el 3 de agosto de 1851.¹³

Para reiterar el compromiso de Estados Unidos de proclamar y adherirse a la doctrina de neutralidad y no intervención, Fillmore argumentó que el país en ese particular no había seguido el ejemplo de las naciones civilizadas. Al contrario, dijo, había tomado el liderazgo y había sido seguido por otros. Añadió que ese hecho había sido reconocido por uno de los más eminentes estadistas británicos quien, mientras servía como ministro de la Corona, dijo en el Parlamento que si se deseaba una guía sobre un sistema de neutralidad debería seguirse la establecida en Estados Unidos en los tiempos de George Washington. Fillmore señaló que el acta de neutralidad de 1819 aprobada por el Parlamento británico en sus provisiones generales era sustancialmente igual a la ley de Estados Unidos.¹⁴ Llamó la atención del Congreso sobre las dificultades que existían para aplicar la ley de neutralidad en un país que tenía en ese momento entre 3000 y 4000 millas de costas y un número infinito de puertos y pequeñas ensenadas desde las cuales podían salir expediciones ilegales contra estados extranjeros en forma repentina y sin conocimiento del gobierno. Sus sucesores utilizaron ese mismo argumento para responder a los reclamos que hicieron gobiernos como los de Nicaragua y Costa Rica cuando las autoridades fallaron en impedir la salida de las expediciones filibusteras de William Walker.

Franklin Pierce en 1855 se refirió a la existencia de otro obstáculo que dificultaba la aplicación de las leyes de neutralidad. Ese tenía que ver con el escaso poder que tenían algunas de las repúblicas americanas para frenar las invasiones de su territorio. Dijo que Estados Unidos por su proximidad y otras consideraciones tenía relaciones especiales con dichas repúblicas y que su objetivo siempre había sido observar estrictamente todas las obligaciones de amistad política y de buena vecindad con ellas. Aludiendo a la llegada de William Walker a Nicaragua, aunque sin mencionar su nombre, Pierce explicó que las condiciones de inestabilidad de ese país le obligaban a apelar a la buena fe de los ciudadanos estadounidenses para que se abstuvieran de intervenir de manera ilegal en sus asuntos internos. Pierce indicó además que sería recomendable adoptar medidas preventivas como las que se habían aplicado para restablecer la paz en los estados mexicanos de Sonora y Baja California, que habían sufrido incursiones filibusteras. El presidente recalcó que la debilidad política de las repúblicas americanas hacía que recayera en Estados Unidos todo el peso de frenar las expediciones militares ilegales.¹⁵

En el informe al Congreso de 1857 James Buchanan se refirió al deber que tenía Estados Unidos de velar por que las comunicaciones a través del istmo centroamericano, "la gran carretera entre el Atlántico y el Pacífico sobre la cual una gran porción del comercio mundial estaba destinado a pasar," no fueran interrumpidas ni por invasiones provenientes de su territorio ni por guerras entre los estados independientes de Centro América. Expresó que Estados Unidos, más que ninguna otra nación, estaba interesado en preservar la libertad, la seguridad y la neutralidad de todas las comunicaciones interoceánicas.¹⁶ Buchanan recomendó al Congreso pasar una ley que, en caso de necesidad, autorizara al presidente a emplear las fuerzas terrestres y navales para hacer efectiva esa garantía de neutralidad y protección.

Al igual que sus predecesores, Buchanan argumentó que Estados Unidos tenía la obligación y el interés de cultivar las relaciones más amistosas con las repúblicas independientes del continente americano. Ellos no podrían nunca ser indiferentes a su suerte y deberían regocijarse siempre por su prosperidad. Lamentó que, desafortunadamente, como consecuencia de las expediciones ilegales que habían sido organizadas dentro de sus fronteras, el ejemplo y el consejo que ofrecía Estados Unidos a las repúblicas americanas habían perdido mucha de su influencia. Buchanan apuntó que nada podía ser mejor calculado para retrasar el continuo progreso material o perjudicar más la entereza de los Estados Unidos como nación que la tolerancia de las empresas filibusteras en violación de la ley de las naciones. Afirmó que el filibusterismo había evitado que se diera una emigración pacífica de Estados Unidos hacia Centro América, la cual podría haber sido altamente beneficiosa para todas las partes involucradas. Señaló además que la toma y el cierre de la vía del tránsito entre los dos océanos por el río San Juan, como consecuencia de las actividades filibusteras, había causado grandes pérdidas económicas a ciudadanos estadounidenses. Buchanan continuó su discurso exponiendo la idea de que los estados débiles e ineficaces como los de Centro América no se sentían en capacidad para hacer valer y reivindicar sus derechos. Enfatizó que el caso hubiese sido muy diferente si tales expediciones hubiesen sido organizadas dentro de los límites de Estados Unidos para hacer una guerra privada contra una nación poderosa. Asimismo, destacó que si tales expediciones fueran preparadas en el extranjero contra cualquier porción del territorio de Estados Unidos para quemar sus ciudades, saquear y asesinar a su pobladores y usurpar el gobierno ellos llamarían a rendir cuentas a cualquier poder de la tierra por no haber evitado tales atrocidades. Por lo tanto, instó a velar por el cumplimiento del deber de adoptar medidas efectivas para frenar a los ciudadanos que planearan cometer actos hostiles de agresión contra ciudadanos o súbditos de naciones extranjeras. Tales actos, apuntó Buchanan, habían sido calificados de robo y asesinato por los autores más eminentes del derecho público.¹⁷

La intercesión por razones humanitarias

Todos los presidentes del periodo en estudio además de declarar su compromiso de velar por el estricto cumplimiento de la ley de neutralidad y la aplicación del castigo a los infractores, reiteraron que Estados Unidos reconocía y respetaba el derecho de autodeterminación de todas las naciones. Ese derecho incluía el de defender su territorio contra invasiones y cualquiera otra forma de agresión y aplicar los castigos correspondientes. Sin embargo, como se ilustra a continuación se realizaron gestiones ante gobiernos extranjeros en favor de la reducción del castigo, liberación y repatriación de ciudadanos estadounidenses que habían participado en incursiones filibusteras infringiendo las leyes no solo de Estados Unidos sino también de los países que invadieron. Uno de los casos se dio después del fracaso de la segunda expedición de Narciso López a Cuba en 1851. El presidente Fillmore en el mensaje al Congreso de 1851 explicó que los medios escritos en Estados Unidos habían exagerado la importancia de un movimiento de rebelión que se había gestado en Cuba contra las autoridades españolas y desafortunadamente, como consecuencia de ello, numerosas personas en su mayoría jóvenes y mal informadas fueron alentadas a unirse a la expedición de López. Muchos de los que se enlistaron, apuntó Fillmore, lo hicieron creyendo que la población criolla de Cuba deseaba derrocar la autoridad de la Madre Patria y que ya se había iniciado una lucha bien planeada para conseguir ese objetivo.¹⁸

En la realidad, el levantamiento armado que serviría de plataforma a López para tomar el poder en Cuba fue sofocado antes de que la expedición bajo su mando dejara el puerto de New Orleans. Poco después de esembarcar en Cuba, López y 50 de sus hombres fueron capturados, sometidos a una corte militar y ejecutados. De los restantes integrantes del ejército filibustero, muchos murieron de hambre y fatiga y 160 fueron enviados a España como prisioneros donde fueron condenados a trabajo forzado en las minas de mercurio.¹⁹ Fillmore encargó al enviado diplomático en España, el gestionar ante ese gobierno la liberación de los prisioneros y su retorno a Estados Unidos. El presidente explicó al Congreso que las personas que acudieron al llamado de López habían infringido la ley y por lo tanto habían perdido la proteccción de su gobierno; sin embargo, agregó, tenían el atenuante de que habían sido inducidas a ayudar en una revolución en otro estado con "representaciones falsas y fraudulentas y expectativas temerarias." ²⁰ Según Fillmore, en quienes debía caer el más severo juicio y castigo era sobre los organizadores de las expediciones porque ellos, movidos por la codicia y con conocimiento de la situación, habían canalizado para sus fines "el ardor de la juventud y un mal dirigido amor por la libertad política." ²¹ Señaló que lo que lo motivó a no desaprovechar ningún esfuerzo para lograr su liberación. fue la compasión que sentía por los jóvenes, sus inocentes familias y amigos. Manifestó que tomó la decisión de interceder por los prisioneros a pesar de que su gobierno debía ser consistente con sus obligaciones con otros países y de su firme propósito de hacer cumplir las leyes de neutralidad y aplicar el merecido castigo a la violación de esas leyes para que Estados Unidos mantuviera su respetabilidad entre las naciones de la tierra.²² Las gestiones diplomáticas fructificaron, en febrero de 1852, fueron repatriados 90 de los que estaban presos en España y el resto regresó poco tiempo después.²³

Fillmore abogó por uno de los tipos de las personas que engrosaron las filas de los ejércitos filibusteros. En la década de 1850, los puertos de los que partieron las expediciones filibusteras, Nueva York, Mobile, Nueva Orleans y San Francisco, por su condición de centros urbanos importantes y con gran actividad económica, atrajeron a centenares de personas provenientes de las zonas rurales y del extranjero. Esas personas en su mayoría fueron menores de veinticinco años y desempleados que aceptaron sin mucho reparo las ofertas de los organizadores de las expediciones militares y se enlistaron en ellas motivados por la posibilidad de mejorar su situación. Se contó entre los reclutados con los aprendices cuyo oficio entró en crisis ante la competencia que generó el surgimiento de las fábricas y los que no habían tenido éxito en las minas de oro de California. El filibusterismo les ofrecía una paga mensual, que varió según la expedición, bonos y quizás hasta algún puesto en el territorio por conquistar.²⁴ A los que se enlistaron con López se dio un adelanto de dinero para la compra de bonos y se les ofrecieron $5000 dólares que les serían pagados con tierras y propiedades públicas. En el caso de la empresa filibustera de William Walker en Nicaragua la oferta fue $25 a $30 dólares por mes y un bono que les daría derecho a obtener 250 acres de tierra después de seis meses de servicio. Para sustentar las gestiones para repatriar a los prisioneros en España, Fillmore enfatizó en que ellos se habían involucrado en el filibusterismo por ignorancia y necesidad. Su intención probablemente fue la de diferenciarlos de otros integrantes de los ejércitos filibusteros que tenían un historial de violencia; de los hombres que habían formado parte de bandas de ciudadanos que tomaban la ejecución de tareas policiales por su cuenta, de los que habían tenido problemas con la ley por robos, estafas y asesinatos y de los veteranos de la guerra con México.²⁵

La desbandada del ejército filibustero de William Walker en Nicaragua después de su rendición el 1 de mayo de 1857 motivó al gobierno de Estados Unidos a gestionar la repatriación de sus ciudadanos que carecieron de medios para regresar a su país por su cuenta. En marzo de 1856 Costa Rica había iniciado una guerra en Nicaragua para expulsar a Walker y frustrar su proyecto de fundar un nuevo estado, poblarlo con estadounidenses e introducir la esclavitud negra aprovechando el vacío político existente por la lucha fratricida entre liberales y conservadores. Para principios de 1857, las tropas de Costa Rica con el apoyo de los otros ejércitos centroamericanos habían ido cercando a los filibusteros hasta sitiarlos en la ciudad de Rivas, Nicaragua. Allí Walker, viéndose sin posibilidad de seguir luchando firmó la capitulación.²⁶ Lo que estaba ocurriendo en Nicaragua fue seguido con atención por el gobierno de Estados Unidos. Muestra de ello fue que a mediados de mayo de 1857 el presidente Buchanan designó a William Carey Jones como agente especial para que visitara los países de Centro América con el propósito de observar la situación y evitar hasta donde fuera posible que la reciente lucha contra Walker causara mayores perjuicios a los intereses de Estados Unidos. En la carta de nombramiento que remitió Lewis Cass, el secretario de Estado, a Jones le comunicó que prestaría un servicio especial en Nicaragua donde, de acuerdo con las últimas informaciones que habían recibido, se encontraban ciudadanos estadounidenses que se habían involucrado en los conflictos locales y que por el revés de la guerra habían quedado sin medios para volver a su país. Cass le explicó que por razones humanitarias había que hacer un esfuerzo por rescatarlos de la situación en la que se encontraban sin importar los méritos de la controversia en la que participaron. Debido a que en el momento en que se hizo su nombramiento, aún no se conocía en Estados Unidos cual había sido el desenlace de la guerra en Nicaragua, Jones recibió instrucciones de interponer sus buenos oficios como mediador entre las partes en conflicto. En el caso de que a su llegada a Nicaragua la guerra hubiese terminado con la derrota y captura de Walker y sus partidarios, Jones tenía órdenes de dedicar sus esfuerzos a obtener su liberación y salida del país. Se le informó que si Walker y sus hombres querían salir por el atlántico, habría un barco estadounidense para recibirlos en Greytown o si preferían hacerlo por el pacífico podrían abordar en San Juan del Sur el mismo barco en el que arribaría Jones y dirigirse a Panamá.²⁷

El secretario Cass le insistió a Jones que debería dejar claro ante las autoridades de Nicaragua que la intercesión a favor de sus compatriotas se hacía por razones humanitarias sin ninguna intención de expresar opiniones sobre el conflicto político de ese país. Cass manifestó que Estados Unidos no tenía ninguna responsabilidad en la recién terminada lucha. Agregó que era evidente que la guerra había comenzado como una lucha entre diferentes partidos nicaragüenses sin la participación en una primera instancia de ningún ciudadano de Estados Unidos. Cuando posteriormente los estadounidenses intervinieron en el conflicto, decía Cass, lo habían hecho bajo la invitación expresa de uno de los partidos locales cuyo líder decía ser el presidente legítimo de Nicaragua. El secretario de Estado continuó señalando que el partido al que se habían unido los estadounidenses había resultado victorioso pero como consecuencia de la intervención armada de Costa Rica y de otros ejércitos centroamericanos, los extranjeros invitados a Nicaragua habían sido dejados sin apoyo y muy probablemente habían resultado vencidos. Cass instruyó a Jones de usar esos hechos junto con otras consideraciones que se le ocurrieran para explicar la conducta de sus compatriotas y mitigar cualquier sentimiento hostil que se hubiese gestado contra Estados Unidos entre los miembros del partido dominante en Nicaragua.²⁸

El derecho de Costa Rica de defenderse de la invasión de las tropas de Walker que entraron en su territorio en marzo de 1856, fue cuestionado por John H. Wheeler, ministro residente de Estados Unidos en Nicaragua. El diplomático acusó al gobierno costarricense de violar las reglas de la guerra civilizada al emitir un decreto que advertía que todos los filibusteros de cualquier nacionalidad que fuesen apresados con armas en la mano serían fusilados. Wheeler protestó ante el presidente Juan Rafael Mora porque el decreto ordenaba la muerte de ciudadanos estadounidenses que podrían no ser culpables de ningún crimen. Argumentó que dicho decreto era contrario a las afirmaciones hechas en 1854 por Felipe Molina, representante en Washington, de que las leyes de Costa Rica eran "liberales en exceso" y que ofrecían grandes facilidades a los extranjeros que quisieran establecerse en su territorio. Asimismo hizo alusión a que el tratado de 1851 entre Costa Rica y Estados Unidos garantizaba a los ciudadanos de ese último residentes en el primero la protección de sus personas y propiedades El diplomático afirmó que protestaba en nombre del pueblo y del gobierno de Estados Unidos cuyas autoridades realizarían una investigación sobre esos actos de violencia ilegal e inexplicable y tomarían medidas para proteger las vidas de sus ciudadanos y vindicar el honor de la nación. ²⁹ Wheeler por otra parte, le escribió al secretario de Estado William L. Marcy para informarle de los hechos y expresarle su opinión de que tal y como estaban las cosas era dudoso que ningún estadounidense de cualquier naturaleza o posición estuviera seguro si cayese en sus manos del gobierno de Costa Rica cuya conducta estaba "fuera de los límites de la civilización." Además, le hizo saber a Marcy que le había escrito al comodoro de la flota de La Habana y a los de otros barcos de guerra para que lo encontraran en San Juan del Norte para proteger los buques mercantes de capturas ilegales y pillaje y para dar asilo a los ciudadanos que quisieran escapar "de las escenas de violencia y del baño de sangre." Wheeler sugería a Marcy que solicitara la remoción inmediata de Molina como representante del gobierno de un país que por su conducta no merecía ser clasificado entre las naciones civilizadas.³⁰

El presidente Mora rebatió los cargos de haber violentado las reglas sobre la guerra explicando el trato que se le había dado a los filibusteros que quedaron en Nicaragua después de la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857 y de su salida del país rumbo a Estados Unidos acompañado de sus colaboradores más cercanos. El decreto cuestionado ofreció otorgar el perdón a los que no hubiesen levantado las armas, a los que las despusieran voluntariamente, desertaran y se entregaran a las autoridades costarricenses. Mora enfatizó en que el gobierno de Costa Rica había gastado grandes cantidades de dinero en la manutención y transporte de los muchos filibusteros que se habían rendido en Rivas y de las "bandadas que habían desertado las filas de su audaz caudillo". El gasto, dijo Mora, no significaba pérdida si se consideraba que "comprobaba nuestra condición humanitaria en todas ocasiones y que no somos bárbaros como se nos pintaba. Por el contrario, nuestros enemigos desde su ingreso a Nicaragua han patentizado al mundo entero que la barbarie les es inherente y que la verdadera civilización es desconocida para ellos".³¹ Mora agregó que esos hombres en su afán por satisfacer su imprudente ambición habían ensangrentado los cadalsos con inocentes víctimas centroamericanas, habían arruinado caudales valiosos en Nicaragua, habían incendiado hermosas ciudades, saqueado templos y cometido otros mil excesos que resentían la moral, habían hoyado el derecho de gentes y conculcado todas las leyes humanas y divinas. Y terminaba preguntando "¿a quiénes pues se llamará con justicia bárbaros? Respondan los hechos, responda la historia." ³²

William Walker en Nicaragua y la Ley de Neutralidad

William Walker llegó a Nicaragua en junio de 1855 amparado por un contrato de colonización firmado por su socio Byron Cole con el líder liberal Francisco Castellón cuya verdadera finalidad fue la de introducir soldados extranjeros para su lucha contra el bando conservador. El historial filibustero de Walker y la publicidad con la que se invitó a reclutarse en la expedición dejaron pocas dudas sobre la naturaleza de ella y motivaron a los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica a realizar gestiones ante el de Estados Unidos para impedir su salida. José de Marcoleta, representante diplomático de Nicaragua en Washington, le escribió al secretario de Estado William L. Marcy para informarle con "pesadumbre y asombro" sobre la partida desde el puerto de San Francisco del "así llamado Coronel Walker", en compañía de varias personas armadas, con destino a su país en evidente violación de las leyes de ambas naciones. Marcoleta afirmaba haber sido testigo ocular de los esfuerzos hechos y las medidas enérgicas adoptadas por el gobierno federal poco tiempo atrás para refrenar y reprimir las expediciones "piráticas y criminales" formadas en Nueva York y otros puntos por Henry Kinney y sus asociados. Por esa razón, él no podía evitar expresarle al secretario de Estado el pesar que sentía por la indiferencia mostrada con respecto a Walker por las autoridades de Alta California, las cuales si hubiesen tenido voluntad, hubiesen secundado en esa "parte remota de la unión americana", los esfuerzos nobles y generosos del gobierno federal en el estado de Nueva York. En razón de ello, Marcoleta se sentía impelido a elevar su protesta en la forma más fuerte y enérgica contra la tolerancia de las autoridades de San Francisco y contra la salida de ese puerto de una expedición militar contra una nación hermana que estaba en "la más perfecta paz y armonía con el pueblo americano y su gobierno."³³

En su respuesta, el secretario Marcy, le indicó a Marcoleta que si su fuente de información era una declaración de un periódico de que Walker y sus asociados iban rumbo a Nicaragua con el propósito de entrar a formar parte del servicio militar del gobierno de esa república, eso no era indicativo de que estuviera fraguando una conspiración porque eso no estaba prohibido por las leyes de Estados Unidos. Con respecto a la queja por la alegada negligencia de las autoridades de San Francisco, el secretario dijo que iba a solicitar un informe al respecto. ³⁴ Con fecha 11 de agosto de 1855, Marcoleta hizo una petición a Marcy para que se enviara un barco de guerra al puerto de San Juan Sur para refrenar los "planes anárquicos de los piratas," evitar la reunión de personas sospechosas en ese lugar y oponerse a cualquier desembarco de armas, municiones y otros artículos.³⁵ Marcy, en su contestación a esta última nota, le hacía notar a Marcoleta que él tenía pleno conocimiento de que los particulares gozaban del derecho de dejar Estados Unidos e irse a donde quisieran y que el gobierno no tenía derecho a preguntarles sobre los motivos de su salida. Solo se podría interrogarlos como miembros de una expedición preparada dentro de sus límites contra un estado amigo y mientras estuviesen dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Si la expedición escapaba la vigilancia de sus funcionarios y llegaba a un estado extranjero, ellos no podían ser perseguidos y capturados en ese territorio por autoridades de Estados Unidos, porque, decía Marcy, sus leyes no operaban ni podían ser cumplidas más allá de sus fronteras. Continuaba indicando que si un barco de guerra de Estados Unidos estuviese en el puerto de San Juan del Sur no tendría autoridad legal sobre las personas que tuvieran intenciones hostiles hacia Nicaragua, su intervención implicaría asumir facultades ilegales que comprometerían los derechos soberanos de ese estado. De modo que atender a la solicitud de Marcoleta implicaría una abierta invasión de Nicaragua para incurrir en acciones contra ciudadanos estadounidenses que no tendrían justificación en ninguna ley municipal ni internacional. Su gobierno, concluía Marcy, estaba dispuesto a atender las peticiones de Nicaragua a favor de la neutralidad y en nombre de sus relaciones de amistad pero no a cometer actos agresivos e injustificables.³⁶

Por su parte, el encargado de negocios de Costa Rica en Washington, Luis Molina, en diciembre de 1855 le dirigió una carta al secretario Marcy explicándole que se veía en la necesidad de llamar su atención sobre lo que estaba sucediendo en Nicaragua. En la carta afirmaba que Costa Rica como descendiente de la misma estirpe, heredera de la misma religión, leyes y costumbres no podía permanecer pasiva ante los hechos que estaban ocurriendo en el vecino país puesto que amenazaban con destruir, por medios violentos y para siempre, los lazos de fraternidad que existían entre sus pueblos. Asimismo causaba preocupación el que la presencia de soldados extranjeros estuviera socavando la independencia de Nicaragua y se temía que pronto se vieran afectadas también la de Costa Rica y la de los demás estados centroamericanos. Molina, exponía que, la fuerza, ayudada por el fraude y la traición, había triunfado temporalmente sobre todo principio de justicia y legalidad en Nicaragua, dando nacimiento intempestivamente a un remedo de gobierno que no había dudado en arrastrarse servilmente ante una asamblea de aventureros ilegítimos que vadeaban en la sangre derramada por los más horribles asesinatos.

Molina señalaba que el gobierno de Costa Rica abrigaba la esperanza de que ese asunto no fuera indiferente al de Estados Unidos, al ver que ese era el resultado de un gran crimen, complejo, multiforme que había sido fraguado e iniciado en territorio norteamericano. Sostenía que dicho crimen había sido continuado sin interrupción en tierras extranjeras por ciudadanos estadounidenses con medios, asistencia y hasta cierto punto, con la fuerza moral de la nación, en contra de la existencia de estados pacíficos y amigos. Agregaba que la nacionalidad de los aventureros no dejaba duda, ellos la manifestaban abiertamente y el mundo entero los considera como ciudadanos de la república estadounidense. Aunque los aventureros hubiesen sido despojados del derecho a ser protegidos por su gobierno, según Molina, su carácter nacional no podía perderse fácilmente porque tenían rasgos fuertemente marcados y añoraban los lazos que los unían con la nación estadounidense. Los aventureros creían que en caso de ser repudiados en Nicaragua, en su país serían recibidos con los brazos abiertos, serían exaltados y su botín sería legitimado.³⁷

Molina expresó que no creía necesario absorber el tiempo del honorable secretario Marcy con un relato de hechos que eran notorios ni preguntar si los atropellos a los que él aludía se habían originado en Estados Unidos por deficiencia de las leyes o por el descuido de las autoridades. Le bastaba con demostrar que existía un serio mal que no solo le concernía a las naciones débiles a las que amenazaba con destruir, sino también a la gran república en cuyo seno se estaba fermentando y desarrollando el principio desmoralizante del filibusterismo, en desacato de las autoridades, las leyes, las relaciones internacionales y los principios de la eterna justicia que observaban todas las naciones civilizadas. El gobierno de Costa Rica confiaba en que el sentido de justicia del secretario Marcy lo moviera a denunciar esos hechos en los términos más severos y a idear los medios legales proporcionales a la inmensidad del mal para suprimirlo y evitar que se extendiera más en perjuicio de Costa Rica y de las otras repúblicas de Centro América y para que el pueblo de Nicaragua pudiera recobrar la libertad de gobernarse a sí mismo. Molina confesó la sorpresa que le había causado leer en los periódicos que John Wheeler, ministro de Estados Unidos en Nicaragua, había reconocido "la farsa de un gobierno de filibusteros." En nombre de la justicia y de las relaciones de amistad entre la república de Costa Rica y Estados Unidos, Molina le solicitaba a Marcy persuadir a su gobierno para que anunciara pública y solemnemente la desaprobación a la empresa filibustera en Nicaragua y para que condenara la conducta de Wheeler. El silencio del gobierno de Estados Unidos, opinaba el representante de Costa Rica, podría inducir a personas incautas y con malas inclinaciones a creer que los filibusteros actuaban con su aprobación. Esa creencia podría aumentar el número de aventureros que amenazaban con cubrir de sangre a toda Centro América.³⁸

Marcy en su respuesta a Molina reconoció la importancia que tenía para Costa Rica llamar la atención sobre los hechos de Nicaragua. Sin embargo, le señaló que estaba en un error al atribuir la revolución en Nicaragua únicamente a la intervención armada de ciudadanos de Estados Unidos ya que él había sido informado que ellos tomaron parte en la lucha como tropas auxiliares invitadas por nicaragüenses. Añadió que si esos hombres al aceptar la invitación para participar en una guerra local hubiesen violado las obligaciones prescritas por las leyes de Estados Unidos serían llamados a cuentas al regresar a su país. Asimismo enfatizó en que su gobierno lamentaba que de su territorio salieran personas hacia países extranjeros con propósitos hostiles y reconoció la obligación de evitar esa mala conducta por todos los medios apropiados. Agregó que existían circunstancias que ocasionalmente podían permitir que los transgresores no fueran detectados pero que esas no podían ser imputables a la insuficiencia de las leyes o la falta de buena fe de las personas a cargo de la administración. Marcy destacó que la mayoría, si no todos, los ciudadanos de Estados Unidos que habían tomado parte en la reciente revuelta en Nicaragua eran pasajeros de los vapores que daban servicio entre San Francisco y San Juan del Sur. Ellos al embarcarse tenían toda la apariencia de ser ciudadanos pacíficos que regresaban a sus hogares en los estados atlánticos, por lo tanto, no había nada que pudiera justificar su arresto, y que, como era del conocimiento de Molina, bajo la constitución, ese solo podía hacerse por la existencia de una causa probable o la declaración de un testigo fiable. Marcy reiteró que Estados Unidos tenía deseos, voluntad e interés de respetar la independencia tanto de las naciones débiles como de las fuertes. Con respecto al reconocimiento dado por Wheeler al gobierno de Rivas, Marcy explicó que había sido hecho sin autorización del Departamento de Estado.³⁹ Aparentemente Wheeler había procedido de esa manera porque no había recibido un despacho enviado por Marcy a principios de noviembre ordenándole abstenerse de establecer cualquier relación oficial con las personas que habían asumido el poder político en Nicaragua como tampoco había llegado a Washington la carta en la que el diplomático exponía las razones de su proceder. Así quedo expresado en la carta que Marcy le remitió a Wheeler a inicios de diciembre en la que le reiteraba que debía cesar toda comunicación con los que gobernaban Nicaragua en ese momento. El secretario le explicaba que era fuertemente objetable que se llegara a interpretar que Estados Unidos aprobaba el proceder de aquellos, en su mayoría extranjeros, que por la violencia habían derrocado el gobierno anterior y se habían hecho con el poder.⁴⁰ El 8 de diciembre de 1855 el presidente Pierce hizo una proclama condenando el filibusterismo que fue recibida con beneplácito por los centroamericanos.

La posición adoptada por Washington con respecto a la situación en Nicaragua condujo a rechazar la acreditación de Parker H. French, compañero de luchas de Walker, como su representante en Estados Unidos y a tomar la decisión de no entablar relaciones diplomáticas con esa nación. Se argumentó que quienes habían tenido un papel principal en el derrocamiento o suspensión del anterior gobierno de Nicaragua, no eran ciudadanos de ese estado y hasta donde se sabía, ningún grupo considerable de los que sí lo eran había expresado libremente su apoyo o conformidad con la situación de los asuntos políticos de su país. De manera que hasta que ese fuera el caso, no se consideró apropiado que el presidente estadounidense recibiera a ningún ministro nombrado por el gobierno de Nicaragua.⁴¹

Molina fue comisionado por el gobierno costarricense para informar al secretario Marcy sobre las causas que motivaron a Costa Rica a emprender la guerra contra Walker en Nicaragua. Para cumplir con ello, escribió una carta en la que hizo un recuento de los hechos relacionados con Walker. Expuso que en octubre de 1855 "los piratas" que habían salido de las costas de Estados Unidos, habían tomado por sorpresa el poder en Nicaragua destruyendo el carácter nacional del gobierno y suprimiendo la independencia de su pueblo. Explicó que los otros estados centroamericanos se sintieron amenazados por "el mismo yugo ignominioso de quienes con la solemne intoxicación del triunfo habían declarado, en un lenguaje que evidenciaba el desprecio más insultante hacia ellos, su bien conocido propósito de establecer por todo el país, la supremacía de una raza sobre otra".⁴² Los centroamericanos, continuó Molina, viendo aumentar el número de sus declarados enemigos naturales, solicitaron a su debido tiempo la ejecución inmediata de las leyes de neutralidad de Estados Unidos.

Sin embargo, señaló el diplomático, la situación había llegado a un punto en el que ya no existía la más mínima posibilidad que se pudiese mantener la paz entre la república de Costa Rica y las otras naciones de Centroamérica y "el poder usurpador y tiránico" que había asumido el control de Nicaragua. Molina enfatizó en que el gobierno de Costa Rica había tenido eso claro desde un principio y consecuentemente se había abstenido de toda relación con los usurpadores y había advertido a los habitantes de la república sobre el peligro que la amenazaba. Además, Costa Rica había formado una alianza defensiva con los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Mientras tanto los filibusteros habían mostrado su hostilidad mediante intentos por usurpar los derechos de posesión de Costa Rica sobre la provincia de Guanacaste. Asimismo, dijo Molina, la actitud de su gobierno había irritado a los filibusteros quienes confiados por el aumento de sus propias fuerzas nombraron a un comisionado, merecedor de representarlos dados sus antecedentes, para viajar a San José a pedir a las autoridades costarricenses explicaciones por su silencio y su no respuesta a las "comunicaciones insidiosas" que le habían sido dirigidas desde Granada. Molina señaló que el gobierno de Costa Rica no podía caer en la trampa y no podía considerar a ese comisionado como otra cosa que un espía. Fue por esa razón que al comisionado en cuestión, Louis Schlessinger, no se le permitió el ingreso al territorio costarricense debiendo regresar inmediatamente a Granada donde hizo una declaración de guerra en medio de protestas y amenazas. Molina le hacía ver a Marcy que "la usurpación pirática de Nicaragua" era un acto flagrante de agresión contra todos los estados consolidados de la familia centroamericana y que pretendía repetirlo invadiendo el territorio de Costa Rica.⁴³

Molina explicó que el gobierno de Costa Rica se había visto en la necesidad de recurrir a las armas para repeler y castigar a los agresores y para ello había depositado su confianza en la Providencia y en el derecho que le amparaba. El en su calidad de encargado de negocios le comunicaba que Costa Rica iba a ejercer su derecho como beligerante hasta donde le alcanzaran sus fuerzas y medios y los de sus aliados. Para evitar las complicaciones que podrían presentarse en el futuro derivadas del ejercicio de ese derecho y con el deseo de mantener las buenas relaciones que existían entre Costa Rica y Estados Unidos, Molina consideraba apropiado declarar con sinceridad y franqueza que la conducta ilícita de los ciudadanos o residentes de Estados Unidos había sido la única causa de la decisión tomada por Costa Rica. Esa constituía el solo motivo que le había compelido a emprender la guerra en la que estaba envuelta y a hacer los sacrificios que posteriormente reclamaría a los causantes de ellos. Ya para concluir su carta, Molina le retiró a Marcy la solicitud de que gestionara medidas preventivas contra la repetición de expediciones piráticas contra estados que estaban en paz con Estados Unidos ya que se tenía conocimiento de que había continuado la salida de reclutas filibusteros desde Nueva York, Nueva Orleans y San Francisco sin ningún obstáculo por parte de las autoridades.⁴⁴

El secretario de Estado en su contestación le hizo ver a Molina que debía estar consciente de que su carta contenía una acusación tan grave que afectaba directamente el honor de Estados Unidos porque desacreditaba la buena fe de las relaciones neutrales que tenía no solo con Costa Rica sino también con los otros estados centroamericanos. Dicha acusación no podía hacerse a la ligera o presentarse sin prueba adecuada para sustentarla. El derecho a la expatriación, afirmaba Marcy, no podía negarse a los ciudadanos de ningún gobierno libre o a los residentes bajo su jurisdicción. Estados Unidos siempre había estado abierto al ingreso de extranjeros los cuales tenían libertad para llegar y también libertad para irse. La emigración de sus propios ciudadanos tampoco estaba restringida. Marcy dijo no estar enterado de que los ciudadanos o residentes de Costa Rica no gozaran del mismo derecho a la expatriación que los de Estados Unidos. El suponía que las leyes de ninguno de los dos países daban autoridad para examinar los motivos que podían llevar a alguien a ejercer su derecho a expatriarse. Agregó el secretario que la libertad de ir donde las esperanzas de una mejor fortuna los sedujeran pertenecía a los hombres libres y ningún gobierno se las podía quitar. Por lo tanto, no constituía una causa de queja contra una nación neutral el que las personas que habían ejercido el derecho a emigrar se encontraran después en las filas del ejército de un país beligerante. Marcy pensaba que Molina no tenía otra base mejor que esa para cuestionar la buena fue de Estados Unidos que había dado un temprano ejemplo a otras naciones con respecto a sus deberes de promulgar estrictas leyes de neutralidad, habiendo precedido incluso a Inglaterra en la legislación en ese respecto. Esas leyes imponían a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos las restricciones que demandan las obligaciones neutrales requeridas hacia otros estados o que eran compatibles con el espíritu de las instituciones libres. Dichas leyes prohibían el enlistamiento para el servicio extranjero dentro de los límites de Estados Unidos, incluyendo el organizar expediciones contra estados extranjeros o sus territorios y pertrechar corsarios o cualquier arreglo para ir más allá de esos límites. Marcy indicaba que a Molina le sería difícil mostrar un caso en el cual algún otro país, incluyendo el suyo, hubiese hecho más por medio de la legislación que Estados Unidos para mantener fielmente las relaciones neutrales con otras naciones. La ejecución de esas leyes era todo lo que requería su gobierno para mantener sus relaciones exteriores. Rechazó la acusación de confabulación por parte del gobierno en la violación de esas leyes de neutralidad apuntando que era de presumir que Molina, siendo residente en Estados Unidos, estuviera informado sobre los esfuerzos que el gobierno hacía constante y vigorosamente para cumplir sus obligaciones de neutralidad no solo con las naciones beligerantes de Europa sino también con los estados del continente americano. Marcy continuaba explicando que los funcionarios ministeriales y demás autoridades habían recibido repetidas instrucciones de evitar el equipamiento y de detener las expediciones organizadas dentro del territorio de Estados Unidos para el servicio militar extranjero y que en consecuencia se habían realizado numerosos enjuiciamientos contra los transgresores obteniendo condenas en varios casos. Reiteraba que cada vez que los ministros extranjeros habían presentado una queja sobre transgresores o actos que violaban las leyes de neutralidad en forma pronta y vigorosamente se habían iniciado los procedimientos. No se había demostrado justa causa de queja contra funcionarios por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. La acción del gobierno en ese asunto era bien conocida por lo que resultaba extraño que se hubieran escapado a la particular atención de Molina. Destacó que precisamente en el mismo momento en el que Molina escribió su carta, se estaban abriendo causas contra personas sospechosas de violar o evadir las leyes de neutralidad al reclutar hombres para el servicio militar en Nicaragua y se habían inspeccionado los vapores que salían con destino a ese país. De manera que, concluía Marcy, Molina en lugar de reprochar al gobierno estadounidense negligencia en aplicar las leyes de neutralidad debería hacerle justicia por sus honestas intenciones y sus esfuerzos vigorosos en ejecutarlas.⁴⁵

Conclusiones

El filibusterismo fue un asunto que alcanzó importancia nacional en Estados Unidos hacia mediados del siglo XIX en el contexto de auge de las posiciones a favor de la expansión territorial y de la ideología del Destino Manifiesto. Todas las administraciones que debieron enfrentar ese fenómeno declararon su compromiso de prevenir y castigar las expediciones militares ilegales mediante el cumplimiento estricto de la Ley de Neutralidad de 1818. Combatir el filibusterismo, sin embargo, resultó una tarea difícil y obstaculizada por varios factores y circunstancias. Numerosos funcionarios cumplieron con su deber ejecutando acciones para impedir la salida de las expediciones filibusteras y cuando no llegaron a tiempo para evitarlo avisaron a los gobiernos de los lugares a donde se dirigían para que prepararan su defensa. No obstante, hubo también funcionarios que las favorecieron volteando la mirada hacia otro lado e incluso apoyándolas porque simpatizaban con la causa sureña de extender la esclavitud, compartían los ideales filibusteros o eran partidarios de la expansión territorial para cumplir con el Destino Manifiesto.⁴⁶

El mito fundador de la nación estadounidense forjado por los ideólogos de la generación de la independencia instó a que sus instituciones políticas fueran el modelo a imitar. Los Padres Fundadores argumentaron que la verdadera misión de Estados Unidos no era propagar sus opiniones o imponer a otros países su forma de gobierno por el ardid o la fuerza, sino enseñar con el ejemplo y mostrar por medio de su éxito, moderación y justicia las bendiciones del gobierno soberano y las ventajas de las instituciones libres. El rechazo del gobierno de Estados Unidos a las quejas presentadas por Costa Rica y Nicaragua respecto a William Walker creo tensiones y roces diplomáticos que afectaron las relaciones con aquellos a quienes deseaba servir de modelo político. El argumento de que Walker no había infringido la Ley de Neutralidad pues había llegado a Nicaragua invitado por el bando liberal y sus acompañantes habían viajado en calidad de colonos y que por lo tanto no había motivos para detenerlo generó desconcierto. La negativa de tomar las acciones solicitadas se dio en un momento en el cual la prensa estadounidense daba testimonio de las simpatías de que gozaba el filibusterismo entre algunos miembros de los altos círculos políticos y económicos y de algunos sectores de la población y dio pie par afirmar que contaba con el apoyo oficial del gobierno. Así quedó expresado en una declaración que hicieron en forma conjunta Juan Rafael Mora, presidente de Costa Rica y Tomás Martínez, presidente de Nicaragua el 1 de mayo de 1858 con ocasión de la firma de un contrato para la construcción de un canal interoceánico con Felix Belly, un empresario francés. Destacando que habían recibido información de que Walker estaba organizando una nueva expedición militar contra Nicaragua, Mora y Martínez afirmaron en el documento firmado en la ciudad de Rivas que la invasión "oficialmente reprobada por el gobierno de Estados Unidos estaba siendo preparada bajo su patrocinio" como un medio para tomar posesión definitivamente de Centro América si se rehusaba a rendirse a él. En la declaración se acusó a los representantes diplomáticos estadounidenses acreditados en Nicaragua de haberse "hecho cómplices y auxiliares" de los invasores actuando como amos, ondeando audazmente su bandera, como en San Juan del Sur, donde debía ondear la de Nicaragua y amenazando abiertamente a Centro América al afirmar que la anexión era inevitable. Asimismo, se afirmaba que el gobierno de Estados Unidos se había declarado impotente para evitar nuevos ataques filibusteros y para proteger la neutralidad de Centro América debido a la insuficiencia de sus leyes en esa materia. Los presidentes manifestaron que habían tomado el acuerdo de poner a sus respectivos países bajo la protección de Francia, Gran Bretaña y Cerdeña. Justificaron dicho acuerdo señalando que tres años de guerra y destrucción habían desprovisto a las dos repúblicas de los medios para resistir un nuevo ataque de miles de bandidos, que las ciudades de Nicaragua estaban destruidas parcial o totalmente, que su población había sido diezmada y que después de su obstinada resistencia, que había evidenciado su patriotismo, podrían sucumbir ante la superioridad numérica de los invasores. Mora y Martínez agregaron que las acciones empredidas por los países a los que solicitaron protección para hacer respetar la independencia y la nacionalidad del Imperio Otomano les dio la confianza de que actuarían de igual manera en el caso de los países centroamericanos.⁴⁷

Mirabeau B. Lamar, el ministro residente de Estados Unidos en Nicaragua y Costa Rica tuvo conocimiento de la firma del contrato del canal y de la Declaración de Rivas por medio del periódico New York Herald. Así lo comunicó en una carta al secretario de Estado Lewis Cass en la cual le comentaba además que aunque esos documentos no se habían hecho del conocimiento público él había tenido indicios de su existencia. Lamar propuso que su gobierno como primer paso indagara con el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua sobre la autenticidad de los documentos publicados y en caso de que esa fuese admitida se demandase a la autoridad por "la asquerosa calumnia" que contenía la Declaración de Rivas. Con respecto a la parte del documento que lo aludía, Lamar le explicó a Cass que desde que había asumido su cargo a principios de 1858 había sido constante en el esfuerzo por mitigar los temores que existían hacia el gobierno estadounidense en lugar de provocar miedos. Destacó que se había tomado todas las molestias para convencer a las autoridades y a la población de que el gobierno de Estados Unidos no iba a permitir una nueva invasión filibustera, y que esa decisión no estaba condicionada a la ratificación del tratado Cass-Irisarri que se negociaba con Nicaragua en ese momento. Para Lamar, la Declaración de Rivas aportaba evidencia de la "profunda malignidad y la propensión a la metira de esta gente miserable" sobre la cual él había informado a Cass con anterioridad. Agregó que la indignación que sentía y que su repugnacia hacia "ese pueblo pérfido y disoluto" era tan grande que se veía compelido a expresar su deseo y esperanza de que se tomaran algunas medidas prontas, drásticas, enérgicas y decisivas contra ese para convencerlo de que era responsable de sus conductas y que si estaba decidido a ser enemigo sería tratado como tal.⁴⁸ Recordando el engaño de que había sido objeto poco tiempo atrás por parte del gobierno de Nicaragua cuando se le entregó el tratado Cass-Irisarri sin ratificar y él sin saberlo lo envió a Washington, Lamar argumentó que el gobierno debía buscar un desagravio y enseñarle "a esos bárbaros que hay un límite a toda paciencia y que su imbecilidad no siempre los va a proteger contra nuestro justo resentimiento por su ingratitud y sus crímenes."⁴⁹

La posibilidad de que la petición de protección hecha por Mora y Martínez sirviera de justificación para una mayor injerencia europea en Centro América motivó a Lamar a plantear al secretario Cass que había llegado el momento de resolver los asuntos del istmo sin más demoras. El asunto de mayor importancia en ese respecto era el diferendo entre Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la interpretación de varias clásulas del tratado Clayton Bulwer firmado en 1850. Estados Unidos no aceptaba la interpretación británica de que el tratado le autorizaba a mantener el protectorado sobre la Mosquitia y Belice.⁵⁰ Dada la rivalidad existente con los británicos, Lamar temió que esos aprovecharan la situación existente en el istmo para levantar un poderoso bastión de poder contra Estados Unidos. Por ello, instó a "desplegar la bandera de Monroe de una vez y a desafiar al enemigo a derribarla si podía" y agregó "si tenemos miedo de hacer eso, entonces volvamos a nuestra condición colonial y paguemos el impuesto del té sin otra queja, esto último en alusión a uno de los motivos principales de la lucha por la independencia de Inglaterra en el siglo XVIII.⁵¹

La Declaración de Rivas y el contrato del canal llegaron a manos del secretario de Estado Cass desde Europa por vía no oficial. Cass escribió una extensa carta a Lamar en la que expuso sus puntos de vista sobre lo que calificó como una muestra indigna de malos sentimientos y censurable si se tenía en consideración que Estados Unidos siempre había deseado la prosperidad de los estados de Centro América y el establecimiento en ellos de gobiernos libres, estables e ilustrados. Animado por esos sentimientos, Estados Unidos, dijo Cass, iba a tratar con clemencia la provocación descortés; no obstante se insistiría en que los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica hicieran el apropiado resarcimiento. De no hacerlo, se buscarían los medios más efectivos para lograr una reparación por las indignas acusaciones. Cass negó todo fundamento a la afirmación de que a Luis Molina, representante diplomático de Costa Rica, los funcionarios del gobierno en Washington le habían confesado que las leyes de neutralidad de Estados Unidos eran insuficientes para combatir el filibusterismo. El secretario de Estado hizo un repaso de las ocasiones en las que las autoridades habían actuado para evitar la salida de expediciones filibusteras y cuando habían fracasado en detenerlas, habían adoptado medidas para impedir que los aventureros recibieran refuerzos de hombres, armas y provisiones. Cass recordó que el origen de los problemas de Nicaragua residía en su propia inestabilidad política y que los primeros aventureros habían sido invitados a ingresar a su territorio.⁵²

Con respecto al protectorado de Gran Bretaña, Francia y Cerdeña, Cass escribió que el presidente Buchanan no creía que ninguna de las potencias había alentado a Mora y a Martínez a solicitarlo. En el caso de Francia, su gobierno había dejado claro que no tenía intenciones de interferir en los asuntos de Centro América y había negado que el empresario Felix Belly contara con el apoyo oficial para su proyecto de construcción de un canal interocéanico.53 No obstante, Cass expuso que la solicitud de los presidentes planteaba una línea de política que buscaba la intervención europea en los asuntos americanos, sobre la cual Estados Unidos hacía tiempo que había manifestado su oposición y su determinación de impedirla bajo todas circunstancias. Aludiendo implícitamente a la Doctrina Monroe, Cass argumentó que la postura adoptada por Estados Unidos en ese particular estaba fundada en el hecho que el continente americano tenía sus propios intereses desvinculados de los asuntos que continuamente se presentaban en Europa concernientes al equilibrio de poderes y otros temas de controversia que con frecuencia se solucionaban con la guerra. El secretario de Estado añadió que era de suprema importancia para los estados del hemisferio americano el no involucrarse en una unión con las potencias del Viejo Mundo que pudiese hacerlos parte de guerras en las que no tendrían ningún interés y generar hostilidades con otros estados americanos contiguos o distantes. En los años que habían transcurrido desde que fue enunciado el principio de separación del Viejo Mundo se había evidenciado la sabiduría contenida en él y eso, expresó Cass, reforzaba la determinación de Estados Unidos de mantenerlo y defenderlo.⁵⁴

Cumpliendo con las instrucciones del secretario de Estado, Lamar solicitó a los presidentes de Costa Rica y Nicaragua el responder por el agravio en el que habían incurrido contra los funcionarios del gobierno estadounidense con las acusaciones formuladas en la Declaración de Rivas. Mora lo hizo por medio de una carta que dirigió a Lamar en la cual explicó que el documento firmado con Martínez fue redactado bajo la influencia de sospechas originadas en nociones mal interpretadas y a causa de ellas emitieron un juicio que no era correcto. Agregó que había llegado al convencimiento de que los sentimientos expresados en el documento de Rivas carecían de todo sustento y en razón de ello cumplía con el deber de renunciar a ellos libre y espontáneamente y de expresar la completa confianza que tenía en la buena fe y en las honestas intenciones del presidente de los Estados Unidos. Mora escribió que lo hacía con mucha más satisfacción porque Lamar le había asegurado que su gobierno era favorable a la nacionalidad e independencia de Centro América y sabía que bajo los auspicios de su generosa amistad y buena voluntad, Costa Rica se sentía segura.⁵⁵

El ministro estadounidense le respondió a Mora que la retractación de la Declaración de Rivas no solo redundaba en el honor de su autor, sino que iba a producir los resultados más felices y deseables para Costa Rica. La pronta, amplia y espontánea justicia que se rendía al presidente de Estados Unidos sería debidamente apreciada por él y, escribió además Lamar, sin duda incrementaría el esfuerzo de su gobierno en pro de la prosperidad y felicidad del país. Lamar afirmó que aquellos que habían buscado alterar las relaciones amistosas entre las repúblicas de Centro América y Estados Unidos habían actuado más por odio a ese último y a sus instituciones libres que por algún interés por la suerte del bienestar de los primeros. Lamar reiteró la idea de la afinidad cuando señaló que no había ni podría haber en el futuro ningún  conflicto entre las naciones porque la posición geográfica, la semejanza de sus instituciones y la devoción común a la libertad y la independencia los hacían amigos naturales.⁵⁶

Unos meses después de que se resolvió la situación originada por la Declaración de Rivas, Lamar sostuvo una entrevista con el presidente Mora en la cual el tema principal de discusión fue la Doctrina Monroe. El diplomático estadounidense leyó una carta a Mora en la que exponía que el presidente Monroe fue el primero en declarar en 1823 el principio de no intervención europea cuya aplicación había salvado a las recién independizadas repúblicas hispanoamericanas de volver a la condición de colonias al impedir la ejecución de los planes de la Santa Alianza. Con la Doctrina Monroe, decía, Estados Unidos había puesto fin al despotismo europeo en una porción del continente americano y había afirmado a sus habitantes el derecho a un gobierno autónomo. Lamar argumentaba además en la carta que la doctrina de no intervención de los poderes monárquicos europeos en los asuntos políticos del hemisferio americano era necesaria para la paz y la seguridad de Estados Unidos y por ello la iba a mantener a cualquier costo. Hombres habilidosos, enemigos de Estados Unidos y de sus instituciones libres, expresaba Lamar, habían pervertido y corrompido los principios de la Doctrina Monroe. Sin embargo, enfatizaba en que la Doctrina Monroe no contenía ningún espíritu de anexión, absorción o de agresión hacia los países hispanoamericanos, solo pretendía que los destinos de estos fueran dejados en sus propias manos.⁵⁷

Lamar le informó a Cass que una vez concluida la lectura de la carta, Mora le expresó que él estaba completamente convencido de la sabiduría y viabilidad de la política contenida en la Doctrina Monroe, que era la verdadera política del continente americano y que él deseaba ver que fuese adoptada universalmente. El presidente dijo que en lo que concernía a él y a Costa Rica estaba listo para adoptarla de inmediato como la política del país si Lamar así lo deseaba. Si no se podía en ese momento, Mora empeñó su palabra de que lo haría en un futuro cuando fuera oportuno. Afirmó que él siempre había visto a Estados Unidos como un amigo natural y protector de los estados pequeños, pero que su política e intenciones hace ellos había sido tergiversada y mal entendida. Mora manifestó que suponía que eso se debía en gran medida al hecho de que hasta hacía pocos años Estados Unidos no había estado representado por funcionarios con autoridad para explicar la política y las medidas de su gobierno. Añadió que mientras tanto los representantes de las potencias europeas no habían desaprovechado la oportunidad de presentar la política de Estados Unidos hacia los pequeños estados como desnaturalizada y hostil. A eso Lamar respondió que ningún acto de Estados Unidos hacia los países centroamericanos había dado nunca pie para abrigar temores. Mora señaló que pensaba que eso era muy cierto y observó que Estados Unidos siempre había mostrado más deferencia hacia estos países que cualquier otra nación. Citó algunos ejemplos de medidas drásticas que Gran Bretaña y Francia habían tomado contra los países de la región mientras dijo que no había sabido de ningún ejemplo en el cual Estados Unidos hubiese procedido de igual manera. Mora agregó que se había difundido la idea  de que Estados Unidos era indiferente a la suerte de los países de Centro América y que la única  esperanza que tenían era mantener a cualquier costo la amistad con las potencias europeas. Manifestó que se sentía satisfecho al ver que sus verdaderos intereses residían en buscar relaciones armoniosas y la unidad de propósito con Estados Unidos. Mora expresó su temor de que el adoptar esa política hiciera recaer sobre él y su país el odio de los gobiernos europeos que en ese momento hacían declaraciones de amistad, pues no cabía duda que su decisión les causaría muchas molestias. Por lo tanto condicionó la adopción de la política a que Estados Unidos le diera garantía de que Costa Rica no iba a sufrir las consecuencias de esa decisión.⁵⁸ Al finalizar su reporte a Cass, Lamar apuntó había una franqueza en los modales del presidente Mora y en su modo de conversación, bien calculados para inspirar confianza y ganarle muchos amigos, que le hacían creer, con algunas reservas, que él le expresado sus verdaderos sentimientos y opiniones.⁵⁹

A pesar de los pronunciamientos de que defendería por todos los medios el principio de no intervención europea en el continente americano, Estados Unidos careció del poder suficiente para impedirla en la etapa de auge del filibusterismo. Con el propósito de proteger sus intereses comerciales, políticos y estratégicos, Gran Bretaña y Francia ordenaron a los comandantes de las flotas en aguas del Caribe y el pacífico vigilar las costas de Centro América e impedir el desembarco de expediciones filibusteras. El incremento de la presencia naval británica y francesa en el istmo generó recelos y protestas en Estados Unidos porque temió que se anularan sus derechos marítimos si se abordaban y requisaban barcos mercantes con su bandera para indagar sobre las personas abordo y el tipo de carga que transportaban. El triunfo de los estados norte sobre los del sur en la Guerra Civil terminó con el conflicto regional en torno a la extensión de la esclavitud y marcó el fin del filibusterismo. Sin embargo, Estados Unidos debió esperar hasta finales del siglo XIX para alcanzar el poderío militar y naval suficiente para excluir a las potencias  europeas y ejercer hegemonía en el continente americano con lo cual se abrió una nueva etapa en las relaciones con los vecinos hispanoamericanos.

Fecha de recepción: 06 mayo de 2011 - Fecha de aceptación: 30 agosto de 2011