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Diálogos Revista Electrónica de Historia
On-line version ISSN 1409-469X
Diálogos rev. electr. hist vol.12 n.1 San Pedro Aug. 2011
Rentismo y modelo liberalizador en Costa Rica. El caso de la Fundación Omar Dengo: 1987-2009
Randall Blanco Lizano
Docente e investigador Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica. Magister Scientia en Sociología y Doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como Profesor e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y del Posgrado Centroamericano en Sociología. Docente de la Escuela de Planificación Económica y Promoción Social de la Universidad Nacional. Investigador especialista en temas de sociología política, desarrollo local, Estado y descentralización, sistemas de partidos y democracia local, género y derechos de las mujeres indígenas. Teléfonos: casa: 22780012 / Celular: 83735479 / Correo electrónico: randall.blanco@gmail.com
Dirección para correspondencia
Resumen
Este artículo indaga sobre los alcances de las discusiones propuestas por algunos economistas costarricenses al utilizar el concepto de rentismo y hace extensivo el uso del concepto para analizar un caso en particular: las prácticas de una de las instituciones insignias del nuevo modelo liberalizador: la Fundación Omar Dengo, para probar la justeza de las afirmaciones de los economistas costarricenses, en el sentido que la libre competencia elimina las prácticas rentistas.
El fenómeno del rentismo se trataba de un fenómeno exclusivo del modelo de sustitución de importaciones o se trata de una modalidad de usufructo extensiva al modelo liberalizador?. Y si esa modalidad de aprovechamiento es extensiva al nuevo modelo: ¿quiénes son los nuevos rentistas en la Costa Rica de la libre competencia y qué mecanismos utilizan para producir sus rentas?.
Palabras claves: Buscadores de rentas, modelo de libre comercio, Fundación Omar Dengo
Abstract
This paper examines the scope of the discussions proposed by some Costa Rican economists using the concept of rent-seeking and makes extensive use of the concept to analyze a particular case: the practices of the institutions of the new model badges liberalization: Fundación Omar Dengo, to prove the correctness of the statements of Costa Rican economists, in the sense that competition eliminates rent-seeking practices.
The phenomenon of rent seeking was a phenomenon exclusive to the import substitution model or is it a form of usufruct extend the liberalization model?. And if this form of exploitation is extended to the new model: Who are the new renters in the Costa Rica of competition and what mechanisms they use to produce your income?.
Key words: Rent seekers, free trade model, Fundación Omar Dengo.
Introducción
En el estudio de las transformaciones del modelo de desarrollo nacional acaecidas en las últimas dos décadas, diversos economistas costarricenses han recurrido al concepto de rentismo para caracterizar una modalidad particular de usufructo de los bienes públicos por parte de grupos de interés de diversa naturaleza (empresariales, gremiales, sociales) que se aprovecharon de sus influencias políticas e institucionales para hacer valer sus intereses por encima del interés colectivo, señalando con ello que las prácticas rentistas eran consustanciales al modelo de sustitución de importaciones y que esto sucedía gracias al proteccionismo característico de dicho modelo.
El principal ideólogo de tales argumentos en Costa Rica es el señor Eduardo Lizano Fait, quién desde sus cargos como presidente ejecutivo del Banco Central y como consultor de la Academia de Centro América, se preocupó por demostrar que si había una razón de peso para dejar atrás el modelo de sustitución de importaciones costarricense, esa razón era precisamente para acabar con las prácticas voraces de los grupos rentistas que, según la lógica sui generis de don Eduardo, desaparecerían tan pronto apareciera la “varita mágica” de la competencia.
Sin embargo, el razonamiento de don Eduardo se amparaba en un conjunto de dogmas y de supuestos básicos de la Economía neoclásica y no en análisis científicos que permitieran no sólo mostrar sólidamente las prácticas rentistas de todos los grupos privilegiados del modelo de sustitución, sino que además debía garantizar, desde su posición como funcionario político del más alto rango económico durante las administraciones Monge Alvarez (1982-1986) y Arias Sánchez (1986-1990) y posterior-mente en la Administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) que tales grupos y prácticas serían eliminados ante el empuje doctrinario de la “mano invisible” y con el poder de la competencia que permitiría superar dichos males con la aplicación del modelo de libre comercio que tan fuertemente se propuso impulsar para eliminar el desgastado y “depredador” modelo de sustitución de importaciones costarricense.
Según Monge y Lizano Fait (1997: 7) el modelo de sustitución de importaciones es un modelo esencialmente “predador” y antieconómico porque facilita el usufructo de los recursos públicos por parte de grupos de interés. Según sus palabras:
“El modelo de sustitución de importaciones adoptado en los años cincuenta y que todavía influye en alguna medida en la política económica de Costa Rica, permitió la consecución de rentas económicas por parte de grupos de interés específicos. Durante este tiempo, el Gobierno se convirtió en un mecanismo interventor, promotor y distribuidor de rentas y en un productor de bienes (en cursiva en el original), en contraste con el papel regulador que había tenido durante el modelo agro-exportador inicial. Este comportamiento del Gobierno fue consistente con la Teoría del Estado Predador (cursiva en original), un mecanismo dedicado a transferir ingreso y riqueza de unos miembros a otros de la sociedad, manipulado por poderosos grupos de interés”.
Con éstas razones justificaban la creación del nuevo modelo aperturista o liberalizador1 que alejaría las influencias “políticas” de las decisiones económicas “técnicas” y con ello se garantizaría eficiencia y competitividad -sin gollerías para grupos privilegiados-. Sin duda, el grueso de los razonamientos de los economistas costarricenses que han usado este concepto han estado dirigidos con dos sentidos tal como lo mostraremos más adelante: por un lado, desacreditar el modelo de sustitución de importaciones como un modelo de Estado y de economía ineficiente y despilfarrador, y por otro lado, lo han utilizado para desacreditar organizaciones sociales, laborales o de pequeños o medianos productores presentándolos como grupos interesados que se aprovechan de sus influencias para “desangrar” las finanzas públicas.
Este artículo indaga sobre los alcances de las discusiones propuestas por algunos economistas costarricenses al utilizar el concepto de rentismo y utilizará las características fundantes de dicho concepto para indagar un caso en particular: las prácticas de una de las instituciones insignias del nuevo modelo liberalizador: la Fundación Omar Dengo, para probar la justeza de las afirmaciones de los economistas costarricenses, en el sentido que la libre competencia elimina las prácticas rentistas.
El rentismo costarricense: ¿se trat8aba de un fenómeno exclusivo del modelo de sustitución de importaciones o resulta una modalidad de usufructo extensiva al modelo liberalizador?. Y si esa modalidad de aprovechamiento era extensiva al nuevo modelo: ¿quiénes son los nuevos rentistas en la Costa Rica “eficiente” de la libre competencia y qué mecanismos utilizan para producir sus rentas?.
I. Conceptualizaciones sobre el rentismo
Según Zurbriggen (2005: 89):
“el rentismo es una expresión usada en la literatura latinoamericana y en otras sociedades para expresar la relación entre empresarios y el Estado, que alimenta la tendencia de la búsqueda de “rentas políticas” antes que “competitivas” y consiste en la búsqueda de privilegios por parte de los empresarios quienes a partir de la influencia política que desarrollan ante el gobierno consiguen modificaciones de medidas económicas, tales como excepciones, tipos de cambios favorables, ventajas tarifarias, cuotas para la importación, etc”.
Para esta autora la generación de rentas políticas acaban siendo un sustituto de las rentas económicas lo que implica un desplazamiento de las lógicas de mejoramiento de la competitividad de los bienes y servicios producidos por las empresas hacia una concentración de recursos destinados al logro de beneficios políticos que aseguren ingresos económicos.
Zurbriggen (2005) muestra cómo los aportes principales sobre el rentismo proviene de la economía y especialmente de los enfoques de la elección racional. Los principales paradigmas analíticos han sido desarrollados por autores como Bhagwati (1982), Krueger (1974) y Tullock (1967). Los principales argumentos se resumen a continuación:
De ahí que las posibilidades de lograr capturar rentas se constituyan en un incentivo suficientemente poderoso para que los grupos emprendan un intenso cabildeo con las autoridades de gobierno y otros grupos, con el fin de proteger y ampliar sus intereses.
También agentes políticos o representantes de gobierno tratarán de defender sus propios intereses, los cuales pueden ser en algunos casos coincidentes con los de otras instituciones públicas, agentes privados, gremios económicos y agentes individuales que destacan por su poder económico o político.
Esta primera caracterización de la literatura especializada sobre el rentismo, sus agentes y sus mecanismos nos permite acotar mejor nuestro esfuerzo de indagación en el marco del modelo liberalizador costarricense. Porque sucede que deseamos aproximarnos aquí a modalidades rentistas que no se vinculan directamente con los sectores empresariales o productivos costarricenses sino que se refieren directamente a grupos de interés privado que resultan una mescolanza de exfuncionarios públicos, profesionales liberales y políticos tradicionales que en el marco del nuevo modelo aperturista han creado asociaciones o fundaciones privadas -sin fines de lucro como suelen autodefinirse- que se han valido de los mecanismos institucionales del Estado costarricense2 para asegurarse rentas que resultan evidentemente beneficiosas para sus intereses particulares pero notablemente onerosas para los intereses colectivos que terminan financiando los privilegios de pequeñas minorías gracias a sus relaciones políticas y económicas.
II. El rentismo en la perspectiva de los economistas costarricenses
Jorge Corrales identifica prácticas rentistas directamente ligadas al desarrollo del modelo de sustitución de importaciones por el tipo de entramado político institucional que favorecía el proteccionismo y todo tipo de posibilidades para que grupos de interés lograran la imposición de sus intereses particulares en detrimento del interés general gracias a las posibilidades de tales grupos de verse favorecidos por la administración estatal.
Según Corrales (1993: 143-144):
“Nuestra decisión de adoptar un modelo de desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones de bienes finales fue muy influenciada por el pensamiento de la CEPAL de los años cincuenta. (...) No se pasó de una situación de libre cambio hacia el proteccionismo regional, sino que se sustituyó políticas proteccionistas a ciertas actividades y a empresas específicas, así como tratados bilaterales de libre comercio, por un mecanismo regional de protección uniforme ante terceros países. Esto, implicó que, por más de dos décadas, ciertos grupos disfrutaron de un mecanismo institucional que les generó fuertes rentas.
Aunque desde el punto de vista de un país como un todo, el libre comercio brinda el óptimo económico, en la realidad uno no se encuentra tal situación de intercambio, sino que, por el contrario, la protección caracteriza el comercio. Esto es, existe un mercado para el proteccionismo, donde la demanda la llevan a cabo grupos específicos de beneficiados y la oferta la realizan políticos y burócratas.
Como la protección genera ganancias extraordinarias a grupos concretos, estan dispuestos a dedicar recursos en su logro. Esta búsqueda de rentas, apropiadas por tales grupos através de la protección, en el caso de Costa Rica y en el marco del mercado por la protección es lo que, en esta ocasión motiva mis reflexiones".
Stewart (1993:182) clasifica los mecanismos dominantes en Costa Rica para la captura de rentas en el sector agropecuario. Según este autor:
“En Costa Rica han existido y existen básicamente tres mecanismos o arreglos institucionales mediante los cuales las rentas son buscadas por y transferidas a grupos específicos dentro del sector agropecuario. Estos son:
a. la creación de instituciones públicas que intervienen directamente en la comercialización de productos específicos
b. la creación de entidades a las cuales se les confiere además de otras atribuciones el poder de fijar precios y de limitar el comercio exterior y,
c. la presión directa del Poder Ejecutivo o legislativo desde afuera o mediante colusión con los jerarcas para crear programas que son utilizados para transferir grandes sumas desde las arcas estatales al sector privado”.
Stewart también demuestra el carácter rentista de ciertas políticas de beneficio para grupos de interés empresarial forestal o agroexportador tales los casos de los Certificados de abono tributario (CATs) y los certificados de abono forestal (CAFs). Lo que nos lleva a extender el rentismo como una práctica extensiva al modelo liberalizador y no exclusivo del modelo de sustitución de importaciones, aunque evidentemente existe rentismo en otras actividades que no son específicamente agrícolas, pero que este autor privilegia en sus indagaciones. Thelmo Vargas en sus estudios sobre el rentismo en Costa Rica identifica los principales sectores beneficiarios de rentas aunque señalemos de inmediato, tiene un sesgo marcado hacia los funcionarios públicos, sectores medios, agricultores, y algunos políticos, excluyendo por completo a los sectores empresariales exportadores (tradicionales o no) o financieros tan claramente identificados en las indagaciones de Mesalles y Stewart.
Dice Vargas (1993: 196):
“Los grupos de interés pueden estar conformados por: a) particulares por ejemplo, habitantes de una cierta zona geográfica donde se invierte en obra pública relativamente más que en otras zonas, agricultores que reciben por sus productos precios superiores a los del mercado internacional, industriales que tienen mercados cautivos por barreras arancelarias; pensionados de regímenes con cargo al presupuesto nacional, estudiantes universitarios que reciben altas dosis de subsidio en el costo de la enseñanza, b) servidores públicos y c) políticos quienes gastando con habilidad los dineros de todos ataren votos para ellos y sus partidos”.
Mesalles (1993) por su parte identifica distintos actores y mecanismos que se encuentran en capacidad de capturar rentas controlando el sistema financiero y de nuevo concentra sus análisis en el modelo de sustitución de importaciones aunque nos parece que sus reflexiones son extensivas a otros modelos de desarrollo. Sobre todo pensando en el principio epistemológico resumido por Mesalles que sostiene que “las fuerzas políticas son fuerzas económicas en su raíz” de donde se sigue claramente que estamos en condiciones de explorar los distintos tipos de relacionamientos entre agentes políticos y sus bases económicas y viceversa. Posibilidad analítica que en nuestra reflexión consideramos de interés dados sus alcances interpretativos en distintos contextos históricos, y por ende en distintos modelos de sociedad y de economía.
Dice Mesalles (1993: 1622-170):
“El paradigma de la economía política está fundamentado en el concepto que las fuerzas políticas son fuerzas económicas en su raíz. Visto desde el punto de vista de este nuevo paradigma, el sistema financiero provee una gran oportunidad para la creación de rentas. Por un lado, los acreedores pueden extraer rentas por medio de la búsqueda de regulaciones que restrinjan el nivel de las tasa de interés, de mecanismos de asignación selectiva del crédito, tales como topes de cartera y los avíos y por medio de políticas suaves de cobro de créditos.
De igual manera los bancos tiene un incentivo para presionar por regulaciones que restrinjan la entrada en el mercado, de tal manera que adquieran algún grado de poder monopolístico en la actividad de prestamista y de poder monopsomista en el mercado de captación de depósitos” .
“La posibilidad de extraer rentas en el sistema financiero crea un gran incentivo para que los agentes económicos traten de influenciar las decisiones de política crediticia y monetaria del Banco Central, así como presionar cambios en la legislación respectiva. Al mismo tiempo, los individuos tiene incentivo para formar grupos de presión debido a las economías de escala y de alcance en la asociación para fines políticos. Tal es el caso de diferentes cámaras que forman parte de la economía política de Costa Rica.
Las cámaras emprenden lo que Bhagwati ha llamado actividades “buscadoras de ganancia directamente improductivas” (DUP). Las actividades DUP consisten, por ejemplo, en que los grupos de interés ejercen presión sobre la Junta Directiva del Banco Central en forma de cartas o por medio de publicidad en los medios de comunicación. Sin embargo, las formas de presión más efectivas no son abiertas. El uso de políticos influyentes o conversaciones directas con miembros de la Junta Directiva son métodos más efectivos. Otro mecanismo de competir por rentas ha sido el cabildeo para obtener leyes especiales que aseguren un monto mínimo de crédito para ciertas actividades. Tal ha sido el caso de cooperativas, de empresas de autogestión y de la Liga de la Caña” .
Tal como podemos observar los estudios de Mesalles especifican actores diversos como cámaras empresariales, cooperativas, empresas autogestionarias y un menú también diverso de mecanismos para asegurar las rentas de beneficio particular.
Si pensamos que los pocos economistas que han trabajado el concepto de rentismo en Costa Rica lo han hecho para desacreditar las organizaciones sindicales y sociales como los únicos rentistas y siempre ligados al aparato público, Mesalles tiene la seriedad suficiente para mostrar cómo los grupos políticos y empresariales han usufructuado históricamente de los recursos públicos de la banca estatal.
Los aportes realizados por algunos economistas costarricenses en el estudio del fenómeno político económico del rentismo nos permiten concluir que existe un campo sugerente de estudio para las indagaciones sociológicas y aquí deseamos aportar una serie de reflexiones para tratar de caracterizar algunas tendencias vinculadas a la existencia de nuevos grupos rentistas en el modelo liberalizador costarricense que han sido poco caracterizados por los estudios de los economistas.
III. Rentismo en el modelo aperturista: la fundación Omar Dengo y una interpretación sociológica
A partir de las indagaciones precedentes deseamos ahora aportar el estudio de un caso que en nuestra opinión ilustra bien la existencia de grupos rentistas en Costa Rica que se aprovechan de los mecanismos del sistema presidencialista costarricense para presentar sus demandas específicas como si fueran necesidades colectivas.
Según la página electrónica de la Fundación Omar Dengo:
“La Fundación Omar Dengo es una entidad privada, sin fines de lucro, fundada en 1987 por un grupo de intelectuales y empresarios costarricenses, con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de la educación costarricense por medio de la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones educativas.
El sector bancario nacional ha colaborado ampliamente con la Fundación. El Banco Central de Costa Rica propició que la institución participara en un programa de conversión de deuda externa que ha proporcionado fondos destinados al mantenimiento de los equipos” (http://www.fod.ac.cr, consultada marzo de 2003).
Rentismo y mecanismos rentistas. El caso de la fundación Omar Dengo
El caso de la FOD resulta paradigmático de un comportamiento rentista. En el año 1987 fue fundada entre otros por el entonces Ministro de Educación Pública Francisco Antonio Pacheco (expresidente del Partido Liberación Nacional, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa 2006-2010), tiempo en el que se firman los documentos de cooperación entre FOD-MEP, donde se le “entrega” a la FOD el Programa de Informática Educativa que venía desarrollando el MEP desde 1985 y que para entonces se ejecutaba exitosamente en 16 escuelas.
La composición de la Junta Directiva y la Asamblea de fundadores resultan de interés para nuestra indagación.
La Asamblea de Fundadores está integrada de la siguiente manera:
Entre 1988 y 1990, reciben fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de los Estados Unidos del Programa de Estabilización y Recuperación Económica (ERE) por un monto inicial de 200 millones de colones, un año después reciben una nueva donación por 176 millones de colones y en 1990, ulna tercera financiación por 271 millones de colones (Sojo, 1992: 101-104).
Si reparamos en la composición de su asamblea de socios -activos y honorarios- podemos ver claramente la cantidad de funcionarios y exfuncionarios públicos, exdiputados, profesionales liberales y políticos de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, que gozan de los recursos de poder suficientes como para afectar estructuralmente una institución pública y transferir sus funciones y presupuestos al órgano rentista.
Para el 2002, luego de 15 años de existencia de la FOD, se firma un nuevo acuerdo por parte del Consejo Superior de Educación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica donde se le “traslada” a la FOD el Programa de Informática Educativa de la Secundaria (PRIES) desarrollado exitosamente por el MEP desde 1994 y que funcionaba normalmente en los colegios costarricenses.3 El ministro proponente de tal “transferencia” que es votada por unanimidad por el Consejo Superior de Educación4 lo es el Lic. Guillermo Vargas, miembro honorario de la FOD. Las transferencias presupuestarias las autoriza el señor Alberto Dent, Ministro de Hacienda y miembro de la FOD.
Es decir, que la FOD recibió solo por concepto de partidas del Presupuesto Nacional 2002-2003 un monto cercano a los 4 millones de dólares para ejecutar un Programa que inicialmente fue creado y desarrollado por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en 1985 y que fue “trasladado” a la FOD, tal como ya vimos por el entonces ministro de educación quién a su vez es socio fundador de la FOD.
El Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa en su informe del 2009, establece los montos exorbitantes a que han llegado las transferencias del presupuesto público dirigidos a la Fundación Omar Dengo:
“Fundación Omar Dengo ¢9.790,5 millones. Si tomamos en cuenta ¢2.797,1 millones que se encuentran localizadas en Transferencias Corrientes, el total asignado a la Fundación Omar Dengo es por ¢12.587,6 millones, lo que presentaría un crecimiento del 313,5% (¢9.543,8 millones) respecto del 2008”. http//:www.asamblea.racsa.co.cr/actas/comision/.../audiencia_210_educacion.doc,consultado el 20 de junio del 2010.
De manera que el mecanismo rentista ha resultado exitoso y han sido crecientes y sostenidas las transferencias de recursos del presupuesto nacional a dicha Fundación.
Nos interesa destacar que todo este tipo de transferencias están sujetas a la “vigilancia superior de la Contraloría General de la República” tal y como lo establece la Ley 8207 que consigna la “Declaración de utilidad pública del Programa de Informática Educativa” del 20 de diciembre del 2001.
Lo que llama la atención es que los diputados y diputadas de Costa Rica tengan que declarar de utilidad pública un Programa que inicialmente era de una institución pública y que dejó de serlo desde que dicho Programa fue “trasladado” a la FOD.
¿No resultaba mas apegado a la tradición institucional de más de medio siglo de la sociedad costarricense el haber destinado estos recursos millonarios a fortalecer al aparato público que ya venía desarrollando exitosamente estos programas que “trasladarlos” a los nuevos rentistas de la tecnología educativa para tener que decretar su “utilidad pública” quince años después?.
Entre otras transferencias que se asignan a la FOD del Presupuesto Nacional 2002-2003 destacan las siguientes:
IV. A manera de conclusiones
Nuestras indagaciones en torno al concepto de rentismo han resultado de utilidad para conocer mejor y más a fondo algunos de los sectores y mecanismos que se benefician de los recursos institucionales para allegar rentas que aseguren sus intereses privados. Tal como lo muestran algunos de los economistas citados el concepto, la práctica y los mecanismos del rentismo no son exclusivos del proteccionismo inherente al modelo de sustitución de importaciones como sí lo sostiene el enfoque de Corrales Quesada.
El caso de la Fundación Omar Dengo nos permite mostrar cómo la alianza entre políticos de los dos partidos tradicionales en Costa Rica, profesionales liberales y exfuncionarios públicos pueden articular sus intereses particulares para presentarlos como intereses de beneficio nacional y conseguir con ello las rentas que les permite presentarse como “instituciones eficientes y competitivas” según el leit motiv dominante en los discursos del modelo aperturista costarricense.
Lo que casi nunca se dice es que como se aprovechan de todo tipo de influencias y recursos de poder que les garantiza tales posibilidades de usufructo de los recursos y presupuestos públicos.
Tal como lo muestra Mesalles “las formas de presión más efectivas no son abiertas” y en el caso que aquí estudiamos el “traslado” del Programa de Informática Educativa de Secundaria a la FOD se da por unanimidad en el seno del Consejo Superior de Educación Pública, propuesto por el ministro de Educación que al mismo tiempo es socio honorario de la FOD y avalado el traspaso de recursos del presupuesto nacional por el ministro de Hacienda quién al mismo tiempo es socio de la FOD.
Thelmo Vargas5 y Luis Mesalles muestran la importancia de “utilizar” políticos influyentes para asegurar las rentas y en este caso tal enfoque resulta más que comprobado, así como el mecanismo planteado por Stewart de transferir recursos públicos al sector privado rentista por medio de acciones del Ejecutivo o el legislativo que en este caso también comprobamos a cabalidad.
Finalmente, quisiéramos agregar que gracias a los enfoques desarrollados contamos con un nuevo acervo de herramientas analíticas para seguir escudriñando la realidad de nuestra sociedad y nuestra economía, del pomposo modelo de desarrollo de “libre comercio”, ahora también desde las herramientas de la sociología.
Bibliografía
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Citas y notas
1. El modelo ha recibido diferentes caracterizaciones. Según Lizano Fait se trata de un modelo liberalizador (1999: 40). Para Delgado Quesada (1990: 6) se trata de un modelo de desarrollo hacia fuera o de fomento a las exportaciones. Finalmente Cordero Peña lo define como un sistema basado en el libre comercio (2004: 4).
2. Para profundizar sobre los mecanismos y redes de las organizaciones corporatistas en Costa Rica ver Blanco Lizano, Randall. Reformas neocorporativas y disputas por el control de los recursos biogenéticos en la constitución del campo político de la biodiversidad en Costa Rica 1989-2003. Tesis de Maestría en Sociología. Universidad de Costa Rica, 2004. También de Blanco Lizano su tesis doctoral en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad de Costa Rica, 2010.
3. De diciembre de 1997 a mayo de 1999 el PRIES involucró a 1114 funcionarios en sus programas. Misión del Banco Mundial para la instalación del Programa Enlace Mundial para el Desarrollo, 2000 (http//:www. Worldbank.org/worldlinks/english/assets/costarica_feasibility. Consultada en junio 2000).
4. Actas del Consejo Superior de Educación, (http//:www.mep.go.cr/historicoacuerdos.html.marzo), consultada marzo del 2002.
5. Pese a ser un crítico feroz del Estado el señor Vargas ha gozado de importantes cargos en juntas directivas como en el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y Ministro de Hacienda de 1994 a 1996. No cabe duda que don Thelmo ha sabido mantenerse en el aparato público que tanto critica. Otros estilos del rentismo costarricense.
Correspondencia a: Randall Blanco Lizano. Docente e investigador Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica. Magister Scientia en Sociología y Doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como Profesor e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y del Posgrado Centroamericano en Sociología. Docente de la Escuela de Planificación Económica y Promoción Social de la Universidad Nacional. Investigador especialista en temas de sociología política, desarrollo local, Estado y descentralización, sistemas de partidos y democracia local, género y derechos de las mujeres indígenas. Teléfonos: casa: 22780012 / Celular: 83735479 / Correo electrónico: randall.blanco@gmail.com
Fecha de recepción: 04 de febrero, 2011 - Fecha de aceptación: 3 de junio, 2011.