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Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social

Print version ISSN 1409-1259

Rev. cienc. adm. financ. segur. soc vol.8 n.2 San José Jul. 2000

 

La Ley de Protección al Trabajador
retos de la Gerencia Financiera


Lic. Alberto Acuña, MBA; Gerente División Financiera; CCSS

 

Introducción

La Ley de Protección al Trabajador, recientemente promulgada puede considerarse una de las mayores reformas sociales de los últimos 50 años. Con la entrada en vigencia se fortalece el régimen de protección económica y se crean los instrumentos para una mejor fiscalización de los aportes obrero-patronales y las otras cargas sociales cuya recaudación corresponderá a la Caja.

No obstante, dicha Ley conlleva transformaciones significativas en varias áreas de la Caja. Me voy a referir específicamente a la responsabilidad de crear el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), por cuanto ello demanda un enorme esfuerzo institucional en dedicación de recursos humanos y económicos.

El desarrollo del mismo constituye un reto y una oportunidad. Un reto por cuanto se le otorga a la Institución un tiempo relativamente corto (6 meses) para ponerlo a funcionar y una oportunidad por cuanto este sistema permitirá crear una plataforma de comunicación y utilización de desarrollo tecnológicos que conllevarán a brindar un mejor servicio a favor de sus usuarios.

Este nuevo sistema estará orientado a generar una efectiva gestión para la captación, recaudación y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, patronos y el Estado; y por ende, una recaudación y administración eficiente de esos recursos. De ahí que el reto que se plantea es garantizar la recaudación y disponibilidad oportuna de los recursos financieros, velando para que dichos recursos
ingresen a la Caja y otras instituciones beneficiadas en el monto y en el tiempo que corresponde.

La Caja, a través del Sistema Centralizado de Recaudación, tendrá la tarea de registrar, controlar y administrar los recursos financieros, para lo cual, al mes de agosto del 2000, debe contar con un Sistema de Recaudación acorde con las exigencias de la Ley de Protección al Trabajador. En este momento, se cuenta con la ventaja de que la Institución está desarrollando una iniciativa de mejoramiento de su sistema de información de facturación y recaudación que no contemplaba parte de los requerimientos establecidos en la Ley, toda vez que esa iniciativa fue concebida y está siendo desarrollada como un sistema de facturación y recaudación único para todas aquellas deducciones relacionadas con el salario; es decir, que el esfuerzo que se está realizando con el Nuevo Sistema de Facturación Institucional cumple con los requerimientos que exige esta Ley.

La incorporación de la Ley de Protección al Trabajador dentro del marco de desarrollo del Sistema de Facturación, identifica la necesidad de concebir el Sistema Centralizado de Recaudación como la unión de los esfuerzos de desarrollo del Sistema de Facturación con las nuevas funcionalidades requeridas por la Ley de Protección al Trabajador, donde se visualiza una masa cotizante, tanto del sector formal como del sector informal de la economía, que será de primordial relevancia para la verificacion y comprobación de los aportes de patronos, trabajadores y Estado a los regímenes de Salud y Pensiones.

Asimismo, se presenta la posibilidad de utilizar el sistema interbancario de negociación y pagos eléctricos (SINPE), como un modelo de operación donde interactúan dos planos: el financiero y el de información.

En el plano financiero, se ubican las relaciones financieras con todas las entidades a las que la ley les confiere la administración de los fondos de pensiones, delineándose un canal primario para que los fondos captados por la Caja, y desglosados por operadoras, se giren por medio del Banco Central de Costa Rica.

En el plano de la información, se debe resaltar que la Institución procesa los informes individuales de todas las cotizaciones recibidas y que se derivan de la aplicación del segundo y tercer pilar, a fin de remitir con detalle los reportes, tanto a las operadoras de pensiones elegidas por los trabajadores, como a la Superintendencia de Pensiones para verificación.

Lo anterior permitirá que los fondos pertenecientes a los trabajadores sean depositados oportunamente en sus cuentas, para lograr eficiencia en el proceso financiero y, por ende, en una mayor rentabilidad en las cuentas individuales de cada uno de los trabajadores.

Así las cosas, la Institución enfrenta con alto sentido de responsabilidad el presente reto y aprovecha la oportunidad de dar un gran salto tecnológico de las últimas décadas, con el sueño de contar en el corto plazo con uno de los sistemas de recaudación más avanzados de América Latina.