La eliminación del artículo 34 del la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial y del artículo 265 del Código Laboral, termina con el recurso de apelación ante el Consejo Médico Forense, lo que pareciera ser una decisión abolicionista, para un ente que tiene más de 8 lustros de fungir como órgano de alzada en nuestro país.

Al respecto surgen muchos cuestionamientos de carácter obligado, como los son las connotaciones que en el ámbito institucional conlleva su eliminación, lo mismo qué beneficios y perjuicios comporta la pretendida supresión de este cuerpo colegiado, y como se afectan de igual forma, todos los protagonistas de los procesos penales y laborales.

Nuestro país se caracteriza por tener un modelo de Administración de Justicia, que es ejemplo a nivel de América Latina. Comprende una fórmula muy particular ya que la Defensa Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, -como parte de éste o dependiendo directamente está el Departamento de Medicina Legal y el Departamento de Ciencias Forenses, y sus diversas secciones especializadas- están inmersos dentro del Poder Judicial, como órganos auxiliares.

El tema cobra especial relevancia, si consideramos que nuestro país no escapa al fenómeno de la globalización, ni tampoco a las nuevas relaciones de mercado, que imponen estructuras de intercambio de bienes y servicios, acordes con intereses, mayoritariamente, foráneos, que no se detienen a considerar nuestra idiosincrasia ni las posibles consecuencias, que acarrea su implementación, para algunos sectores del país.

En la actualidad como fenómeno mundial atravesamos por una tendencia a que el libre mercado es el que marque la pauta en las diverso quehacer humano. Aunado a lo anterior, de gran importancia es que se atraviesa por una aguda crisis económica y financiera de las naciones, situación en la que los países subdesarrollados, como el nuestro son los más afectados. En concreto, en el tema de la Administración de Justicia, ésta no escapa a esta realidad mundial. El factor económico marca el desarrollo de las Instituciones Públicas.

La realidad informa que cada día el presupuesto asignado no es congruente con todas las necesidades del Poder Judicial, es así como se ha ido dando este proceso de metamorfosis en la medicina al servicio de la administración de justicia, buscando adecuarse a las condiciones imperantes en épocas muy disímiles, entre sí.

Esta falta de recursos podría generar una tendencia a privatizar algunos servicios u órganos auxiliares de la Administración de Justicia, como lo seria la posibilidad de la privatización de las pericias Médicos Legales.

En esta edición ofrecemos los artículos, La necesidad pericial forense del Estado Costarricense y El Consejo Médico Forense y su función en alzada: Beneficios y Perjuicios de su eliminación, que nos ayudaran a formar opinión.