La esterilización de una persona puede obedecer a varias causas: la primera, relacionada con la medicina, es debida a la necesidad de quitar un órgano de reproducción, masculino o femenino, afectado por una enfermedad; la segunda consiste en evitar el agravamiento ya existente, si la mujer se embaraza. En ambos casos parece haber consenso médico social y universal para realizarla.

Por otro lado, existe la llamada "esterilización voluntaria", consentida o solicitada por la persona, ya sea hombre o mujer, y que no perjudica a terceros, debido a causas familiares, sociales o económicas. La Sala IV se había pronunciado hace tiempo respecto a permitir la esterilización voluntaria, lo cual dio margen a los médicos del Seguro Social, para efectuarla a aquellas mujeres u hombres que, por tener varios hijos, problemas de pobreza, etc., deseaban que se les hiciera, sin temor a ser acusados legalmente.

Con lo anterior se equiparó a la asegurada y a la mujer pobre, con la de recursos económicos, ya que mientras esta era esterilizada en las clínicas privadas sin ningún problema, la asegurada era discriminada en los hospitales de la Caja, donde no se permitían las esterilizaciones por razones sociales o económicas e incluso se exigía el permiso de los esposos, para una esterilización.

Gracias a la esterilización voluntaria, a la mujer de escasos recursos económicos o que trabaja, y que no cuenta con otros métodos para evitar embarazos, se le da la oportunidad de limitar su familia al número de hijos que pueda educar adecuadamente, y además, disfrutar de una sexualidad normal, sin temer un embarazo no deseado.

A nuestro juicio y desde el punto de vista social, este derecho aceptado en casi todos los países del mundo, no debe desaparecer, sobre todo si consideramos que las esterilizaciones en los hogares pobres, o en las madres solteras de cierta edad, previenen los embarazos no deseados, que, en nuestro país, fomentan una sociedad con niños y jóvenes sin padres, y funestas consecuencias sociales. Además, evitan también la mala práctica del aborto, al que concurren muchas mujeres cuando se embarazan accidentalmente, poniendo en riesgo su vida y haciendo desaparecer, cuando el embarazo tiene más de un mes, a un embrión en clara formación.

Deseamos aclarar que si el médico, por razones de convicción personal o religiosa, no está de acuerdo en realizar una esterilización, tiene derecho a no practicarla, excepto en los casos en que, siendo el único cirujano en una región, se precise efectuarla en forma terapéutica, para evitar que un embarazo agrave una enfermedad preexistente.

Por lo tanto, reiteramos nuestra posición acerca de que el derecho a la esterilización voluntaria no debe desaparecer. Los servicios de este tipo deben ser parte de cualquier política de salud reproductiva.

Para proceder a una esterilización, terapéutica o voluntaria, los individuos deben dar su consentimiento, tras haber sido plenamente informados de las consecuencias, por parte de personal calificado.

En lo referente a políticas de salud, la profesión médica tiene el deber de ser vocera de la razón y la compasión, apoyando a las personas o a los enfermos, cuando la legislación o los reglamentos interfieren con su libre decisión para mejorar su estado o evitar un tratamiento médico más adecuado.
 
 
¹ Presidente Academia Nacional de Medicina