Resumen

BARRIENTOS ARAYA, Jeann Carlo. El proceso de contratación administrativa y sus principios rectores, como mandato constitucional al legislador. Rev. cienc. adm. financ. segur. soc [online]. 2001, vol.9, n.1, pp.99-108. ISSN 1409-1259.

Del artículo 50 y 74 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, se deriva en adelante el objetivo primordial del Estado Costarricense, sea, procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, derivados del principio cristiano de justicia social, de manera que con ello se verifique el interés de la colectividad y su máxima satisfacción. Tal satisfacción de necesidades humanas siempre creciente, determina el crecimiento mismo del estado costarricense: "(...) ha planteado la importancia de una actividad que usualmente estaba relegada en el quehacer público, la administración de Recursos Materiales, estudio que hoy día se considera trascendental, por la época en que vivimos, caracterizado por los fuertes y rápidos cambios en el mundo, la crisis económica, la escasez de recursos y la demanda, cada día creciente, de servicios públicos. " Al respecto la Sala Constitucional de Costa Rica, establece, sobre del proceso de compra que este servirá para: "(...) conseguir mayores posibilidades de acierto en el cumplimiento del servicio público, en la calidad de la prestación que se brinda a los usuarios y según la naturaleza de cada caso, de las condiciones económicas(...)" De tal manera, el uso de los fondos públicos por parte de entidades públicas o algunas privadas, determinará en adelante la aplicación de los principios que se definen en adelante al momento de gestionar cualquier adquisición. El presente estudio tiene como objetivos específicos los siguientes: Definir el marco legal, al análisis de los preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales; que rigen el proceso de contratación administrativa Definir si el proceso de contratación administrativa se conceptúa como mandato constitucional al legislador o si por el contrario se preceptúa como garantía constitucional.